A más de un mes de los terremotos en Venezuela, vecinos de La Guaira continúan entre los escombros para rescatar y reconocer a sus seres queridos, a las víctimas fatales del desastre. La sociedad civil exige transparencia a la administración pública para proteger la dignidad de los venezolanos en las actividades forenses
En una iglesia incompleta en Caraballeda, más de 122 vecinos de La Guaira se reunieron para velar a sus familiares. Ese 15 de julio honraron la memoria de 88 personas que fallecieron tras los terremotos del pasado 24 de junio de 2026.
El sol ya se ocultaba, pero su luz entraba sin problemas: la extensión de la iglesia Nuestra Señora de La Candelaria aún no tiene paredes. El templo lleva más de 10 años en construcción.
Entre los pilares y las columnas de concreto había 20 urnas con las cenizas de madres, de hijas, de esposos… Esas personas que hoy representan las 5.546 víctimas fatales que el gobierno venezolano ha reconocido hasta el 24 de julio.
Desde ese entonces la administración pública lleva 7 días sin actualizar la cifra.
Diomar Fajardo (44), una agente de atención al cliente del salón VIP del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, fue una de las 105 mujeres que asistió a la eucaristía ese día. Ella no duda que la cifra de fallecidos seguirá creciendo.
Cada día ella se sienta en esa iglesia para velar a los más de 20 nombres que cambian diariamente desde los seísmos. Por ahora vive en la iglesia, buscando almohadas y sábanas para que otros vecinos que duermen allí, como ella, descansen mejor.
Ese 15 de julio por fin pudo velar a su esposo: Adelso Abadía (45), despachador de vuelos de Rutaca Airlines. Su urna y su foto estaban acompañadas por sus vecinos.
—Es en la fe donde he podido sobrellevar el reencuentro con mi esposo, y todo lo que eso conlleva.
Repitió (y repetirá) que las autoridades tardaron 19 días para sacar a Adelso de los escombros del edificio Aguamarina, en Caraballeda.
El derecho al duelo
Horas antes de esa misa, a las 02:00 p.m., un par de militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) botaron dos cruces de madera que Diomar y su suegro, Antonio, habían montado para honrar la memoria de Adelso. Las tiraron junto a los escombros del edificio Aguamarina, detrás de una pared del estacionamiento, donde nadie las vería con facilidad.
Los militares estaban acompañados por otros 20 funcionarios. Le dijeron a Diomar y a Antonio que debían borrar las paredes donde ellos pedían auxilio para recuperar el cuerpo de Adelso, y pidieron que desmantelaran un pequeño altar que hicieron en la entrada del edificio, donde habían puesto su foto.
«No queremos más problemas», se escuchó hablar a uno de los militares. «No queremos más noticias malintencionadas»: Adelso ya no estaba en el edificio.
La FANB le pidió a Diomar que le enseñara el edificio. Tomaron un video y luego se fueron. La visita no tardó más de 15 minutos.
Unos pasos más al fondo, Diomar revisó una vez más el sótano donde quedó atrapado Adelso.
—Yo he visitado este lugar muchas veces. El olor es muy fuerte, aumentaba cada vez que nos acercabamos más a mi esposo —relató Diomar, señalando con la linterna de su teléfono celular la zona donde se encontraba Adelso.
Las Naciones Unidas y la Cruz Roja y la Media Luna Roja Internacional establecen en su libro «La gestión de cadáveres en situaciones de desastre: guía práctica para equipos de respuesta» que las autoridades deben respetar los procesos de duelo de los familiares de las víctimas y evitar la exposición innecesaria para la identificación de los cuerpos.
“Nosotros [en Venezuela] no tenemos un protocolo armado específicamente para las muertes masivas en desastres socioambientales. Pero, por suerte, hay muchos organismos internacionales que se han dado la tarea de hacer esas guías —especialmente después de los terremotos de Haití [de 2010], después de el tsunami de 2004 en el Océano Índico— para dar instrucciones a otras naciones”, explicó Diana Osuna, antropóloga especializada en la labor forense durante los desastres.
Osuna es profesora de la escuela de sociología de la Universidad Central de Venezuela e investigadora del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Ella explicó que las Naciones Unidas “establecen que los objetivos de todas estas guías y protocolos es el trato con dignidad de los cuerpos y preservar la dignidad de las familias. (…) Es evitar la improvisación”.
La antropóloga afirmó que la dignidad de las familias también se expresa en los rituales, religiosos o no, que cada persona necesita para resignificar la relación que tenía alguien con su ser querido.
“Entonces, el interrumpir o el no permitir que estas prácticas tengan lugar —como, por ejemplo, tener un altar y que lo retiren— no solo interrumpe ese mecanismo que estamos teniendo para procesar la muerte, sino que puede de alguna forma generar más estrés, puede generar culpa, puede generar un sin fin de emociones que hará más difícil poder expresar el duelo nuevamente o el poder procesarlo”, agregó Osuna.
Diomar y Antonio recogieron ellos mismos los escombros del edificio Aguamarina. El padre de Adelso montó el altar y pintó las paredes pidiendo ayuda. Ellos declararon ante la prensa al menos 10 veces sobre su caso, con la esperanza de agilizar el rescate.
—No lo niego: con el pasar de los días llegó la ayuda. En el edificio también había vecinos que tenían sus familiares allí y llamaban a otros vecinos y amigos—dijo Diomar—. Mi suegro y yo ayudamos a los rescatistas, a cuatro muchachos que despejaban los escombros del sótano.
Una vez que retiraron a Adelso del edificio, Diomar tuvo que ir a Los Silos, una morgue improvisada ubicada en el puerto de La Guaira. Allí recordó que debió ver decenas de calaveras y cientos de cuerpos, uno acostado al lado del otro.
Dos días después de esa visita, los vecinos de La Guaira afirmaron a Redsonadoras que el proceso ha cambiado desde entonces: ahora la identificación pasa por reconocer al ser querido entre varias fotos.
Opacidad que revictimiza
A un mes del desastre que ocurrió en Venezuela, las puertas de las morgues ya no presencian a tantos familiares. Aún no dejan pasar a la prensa para precisar la cantidad de fallecidos dentro de las instalaciones. Pero aún, desde la distancia, se pueden ver personas envueltas en bolsas mortuorias bajo el sol.
En la entrada de Los Silos, la mayoría de las personas que van a identificar a sus seres queridos son mujeres. Madres, sobrinas, nietas e hijas se congregaron en una especie de círculo y discutían quién tenía el valor para entrar a la morgue improvisada.
El proceso de identificación podría tardar dos horas o más.
“Las madres, las hijas, las esposas son las que están buscando a sus seres queridos y, además, están haciendo los trámites en las morgues. Ellas son las que están organizando los funerales y organizan las ayudas de los familiares que siguen buscando entre los escombros. Ojo, todos llevamos un duelo colectivo; pero los desastres revelan todas estas condiciones subyacentes en la sociedad que existían antes del desastre y que en ese momento se intensifican y lo vemos con más claridad, como el trabajo adicional que lleva a cabo la mujer y la vulnerabilidades que ellas tienen dentro de esa sociedad”, explicó Osuna.
Ante ese proceso han pasado los familiares de Sheyla Guerra, Angelina Guerra Figueroa y Jaime Infante, quienes han visitado las morgues en Caracas y La Guaira para dar con el paradero de sus seres queridos. Todos ellos están desaparecidos, hasta la fecha, pese a que la información que manejan sus familias indica que han fallecido.
Para Liliana Ortega, abogada, defensora de los derechos humanos y fundadora del Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo (Cofavic), el gobierno ha sido opaco sobre el proceso de identificación de las víctimas fatales del desastre y el acompañamiento a las víctimas sobrevivientes.
Cofavic ha llevado tres casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde se ha evidenciado que el gobierno venezolano por más de 40 años no ha seguido los protocolos internacionales de atención a las víctimas fatales en contextos de desastres. Entre esos litigios está el caso «Blanco Romero y otros vs. Venezuela» (con sentencia el 28 de noviembre de 2005), que denuncia la desaparición forzada de venezolanos en el contexto de los deslaves del estado Vargas (hoy estado La Guaira) en diciembre de 1999.
“El gobierno debería tener como primer paso una lista unificada oficial y pública de las personas desaparecidas. Y, adicionalmente, debe crearse un banco genético», afirmó la abogada. «Aunque es cierto que la identificación e individualización de restos en un desastre masivo como el que se vivió en Venezuela recientemente no es una tarea que se hace en pocas horas, sí es muy importante que desde el minuto cero comience, digamos, a levantarse información. También es muy importante robustecer la cadena de custodio”.
Pero solo el 25 de julio de 2026 hubo algún dato sobre los desaparecidos en Venezuela. La cifra fue de 156 personas. Desde ese día no volvió a darse.
Sobrecarga ciudadana
La falta de datos llevó a los ciudadanos y periodistas a crear plataformas digitales para aproximar un número de desaparecidos y la identidad de los fallecidos.
«Hasta encontrarles», una iniciativa de la Red de Periodistas Venezolanas, ha registrado a través de un formulario y de denuncias en redes sociales corroboradas por periodistas a 4.418 personas desaparecidas: al menos 408 figuran como fallecidas. De ese grupo de víctimas mortales, 186 se identificaban como mujeres (48,38 %).
«Las miles de vidas que el terremoto apagó» —una plataforma creada por el proyecto periodístico Monitor de Víctimas, con el apoyo de Runrunes, El Pitazo y Connectas— ha identificado 1.042 fallecidos hasta la fecha. De esa población, 589 son mujeres (56,52 %).
Mientras tanto, las Naciones Unidas estimó que el desastre ha dejado entre 40.000 y 50.000 desaparecidos.
Si bien el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) anunció en un comunicado el pasado 23 de julio que las personas que tengan a un familiar desaparecido deben ir a la Morgue de Bello Monte (en Caracas) para tomar muestras de ADN, Ortega aseguró que el gobierno debe aplicar más mecanismos de identificación y acompañamiento a los familiares.
“La colaboración de las víctimas sobrevivientes es muy importante para dar datos que individualicen a las víctimas mortales —como información odontológica, datos sobre tatuajes, radiografías, peso, estatura y color de piel—, pero no se puede poner en ellas toda la carga de la identificación», aseveró la abogada. «El Estado venezolano está en la obligación de crear múltiples rutas para llegar al mismo destino, que la identificación no solo sea una fotografía o una sola comparativa de datos pre-mortem o post-mortem”.
El equipo de Redsonadoras pudo contactar con un miembro de la Morgue de Bello Monte para precisar si existían fallecidos que aún no habían sido identificados por sus familiares. Bajo confidencialidad, por temor a represalias del Estado, afirmó que, para el 17 de julio, existían al menos 19 personas identificadas pero que no habían sido retiradas de la morgue. Ninguno coincidía con los nombres de Sheyla, Angelina ni de Jaime.
Poco después, el 24 de julio, el Senamecf publicó un comunicado para llamar a los padres o representantes para identificar los cuerpos de 38 niños, niñas y adolescentes que no habían sido reclamados por sus familiares directos. La Organización Panamericana de la Salud, por su parte, denunció que hay más de 300 víctimas fallecidas sin identificar.
Pausa entre los escombros
Ante la incertidumbre de los datos, personas como José Gregorio Mora, un mototaxista de 54 años, se quedan en el último lugar donde creen que están sus seres queridos. Él espera a Brenda Tibisay Mora, su hija de 17 años, entre los escombros del complejo habitacional Luisa Cáceres de Arismendi, en Playa Grande.
—Llevo aquí más de 27 días esperando para ver si puedo rescatar el cuerpo de mi hija, sea con vida o como Dios me la quiera entregar —dijo a escasos metros de un edificio inclinado, donde solo se ven las columnas, las vigas y las habitaciones que hace menos de un mes albergaba a sus vecinos.
José y otras 40 personas esperan a escasos metros del complejo habitacional creado durante la Gran Misión Vivienda Venezuela (2015). Hacen carpas improvisadas con sábanas para protegerse del sol. Allí descansan cuando no están entre los escombros.
Él estaba con su hija minutos antes del terremoto. Vivían en el piso 3 de la torre D del complejo. José salió a comprar agua y un cigarro; su hija se quedó en casa, chateando con sus amigas. El edificio colapsó.
—Y desde el minuto uno he estado aquí, ayudando a salvar o a recuperar a las personas. Entre nosotros mismos, los vecinos. Luego de unos días es que tuvimos el apoyo de las autoridades.
No sabe con exactitud cuántas personas han sacado del edificio. Recuerda, eso sí, que casi a diario, entre las 02:00 y las 05:00 p.m., los vecinos consiguen a una persona y las autoridades se las llevan a Los Silos.
José recuerda que a veces llegan en menos de una hora, otras veces tardan más.
Con el pasar de los días, con la gravedad, las labores de rescate cada vez son más peligrosas para José y sus vecinos. La torre C del complejo Luisa Cáceres de Arismendi, a unos metros donde José remueve los escombros, se inclina para tocar el suelo: los cuatro primeros pisos del edificio colapsaron también y la estructura sigue agrietándose.
—Pero seguiré acá, cerca de mi hija. No me iré hasta encontrarla. Lo único que pediría es una moto para volver a trabajar o para llevar a mi hija conmigo cuando la consiga.
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El 30 de julio de 2026 el gobierno venezolano derrumbó la Torre C del complejo Luisa Cáceres de Arismendi con explosivos. José Gregorio continúa en la búsqueda de su hija.
El edificio Aguamarina, donde Diomar Fajardo y su suegro Antonio Abadía trabajaron para recuperar a Adelso, ahora tiene las paredes completamente pintadas de blanco. Aún así, se puede ver los trazos de la pintura negra donde alguna vez pidieron auxilio.
