Compartimos esta historia como un ejemplo de transición pacífica del poder, tradición y liderazgo femenino, en la que una capitana pemón es celebrada por otras mujeres y hombres de su comunidad debido a su trabajo impecable y su compromiso. Lisa Henrito deja su cargo rodeada de figuras de autoridad para su pueblo, junto a su gente, sentados en la misma mesa.
⸺Vamos a darle un aplauso a la Junta directiva saliente, a la capitana Lisa Henrito y su equipo ⸺ expresó el encargado de conducir la juramentación de Ángel Williams, quien sucedió a Lisa Henrito al frente de la Capitanía de la comunidad indígena pemón de Maurak en la Gran Sabana.
Corría el primer domingo de enero de 2025, habían transcurrido cuatro años, ni un día más ni uno menos, desde que Henrito fue juramentada como autoridad legítima de la comunidad indígena pemón de Maurak en la Gran Sabana, en el sureste extremo de Venezuela, a 12, 5 kilómetros de Santa Elena de Uairén y similar distancia de la frontera venezolana con Brasil.
Ella es una lideresa indígena recocida como defensora de la naturaleza y de los derechos colectivos e individuales de su pueblo. Efecto Cocuyo la incluyó entre las Mujeres que brillaron en 2021 por su determinación en la defensa del territorio y su pueblo aun ante las limitaciones pandémicas y los retos del contexto país. Él es un joven formado en Electrónica. Se desempeña como gerente del Aeropuerto Internacional de Santa Elena de Uairén. Fue capitán una vez.
Aplausos…
Los habitantes de Maurak son en su mayoría adventistas. Comienzan la semana el domingo, después del descanso del sábado. La ceremonia se realizó en la Casa Comunal, una construcción de dos aguas, techada en láminas metálicas, cerrada por medias paredes a través de la cuales se colaba el aire cálido del mediodía, se veían las plantas de cambur y guamo y asomaban algunos de los miembros de la comunidad.
Lisa Henrito cuando fue nombrada capitana. Fotografía de Lisa Henrito. Extraída de Revista SIC.
Una mesa para todos y todas
Terminado el reconocimiento subieron a la tarima, menos de un metro por encima de los asistentes, los representantes del Consejo Electoral Comunal, de la junta directiva saliente, incluyendo a la capitana, y una representación del Consejo de Ancianos, el órgano asesor de más alto nivel dentro de la organización comunitaria tradicional. En ese orden se sentaron detrás de la mesa principal, tan larga que había espacio para todos. Abajo, las primeras filas de un lado estaban reservadas para los capitanes comunales y sectoriales (el pueblo indígena pemón de la Gran Sabana está organizado por sectores y estos por comunidades) y del otro, los representantes de las instituciones civiles y militares y los particulares invitados.
A partir de las primeras dos o tres filas se desplegó la asamblea.
En Maurak habitan 1.737 personas. Cientos se refugiaron en las comunidades indígenas del lado brasileño, tras los hechos del febrero de 2019, de la intervención de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ante el ingreso de la ayuda humanitaria que consideró un agravio a la soberanía.
⸺Cada persona que yo invité es porque de una manera u otra apoyó este proyecto social. Acérquense, por favor, los que están allá lejos, para que nos escuchemos ⸺dijo Lisa Henrito, en su última intervención como capitana de Maurak.
⸺Felicitaciones a la capitanía saliente por el trabajo, ha sido una gran bendición para la comunidad e igual felicitaciones para la capitanía entrante ⸺dijo el pastor adventista Alexander Martínez, quien advirtió que, sin entrar en temas políticos, era oportuno reflexionar con respecto a la autoridad como condescendencia divina cuyo ejercicio implica el reconocimiento de la superioridad de Dios.
Martínez llamó a los dos capitanes, la saliente y el entrante, y los bendijo. Williams al lado de Henrito, de ojos cerrados y cabezas inclinadas. El nuevo capitán llevaba una sencilla camisa marrón, mientras que Henrito, vestida de verde, llevaba un collar de tejido típico en negro y amarillo, como el plumaje de un turpial, el pájaro nacional.
Comunidad Maurak
Kelly Lezama, el segundo capitán de la junta saliente, prefirió despedirse con una breve reseña en torno la historia fundacional y el nombre de la comunidad. Refrescar la memoria.
Hace 78 años, ante la llegada de “la civilización”, de los misioneros católicos y la Inspectoría de Fronteras, al cerro Akurimä, al lugar en donde hasta ese momento se habían concentrado buena parte de las familias pemón de esta región de la Gran Sabana, los abuelos y los líderes decidieron internarse a las nacientes del río Uaiyén (para los no indígenas Uairén), hacia donde tenían los conucos, cazaban y pescaban. Usaban el tejido del bejuco conocido como maurai, la liana con la que se teje la nasa de pescar. Por eso el nombre de la comunidad.
Los de Maurak continúan viviendo de sus conucos, cosechan las piñas más dulces, yuca dulce y amarga, cambur, plátanos, granos, pescan, son maestros o enfermeros. La comunidad cuenta con tres instituciones educativas y un ambulatorio. Ante la crisis y la proliferación de la minería al sur del Orinoco, cada vez más personas van a las minas distantes, pero los jóvenes de Maurak, hombres y mujeres, practican fútbol y sueñan con hacerse atletas profesionales en lugar de mineros.
En ese sueño se enfocó la gestión que culmina y en la constitución de alianzas para proyectar y materializar soluciones a las principales urgencias de la comunidad: servicios de agua, salud.
Lisa Henrito antes de colocarle la bufanda a Ángel Williams en la Casa Comunal de la Maurak, comunidad indígena pemón en la Gran Sabana, Venezuela. Un sencillo símbolo que identifica el traspaso de la autoridad de la saliente al nuevo capitán. Fotografía: Morelia Morillo.
Una ceremonia pacífica
El cronograma electoral se activó en abril con la apertura del Registro que contabilizó 1.500 electores. De las elecciones, celebradas en diciembre pasado, participaron 467 personas. Ángel David Williams fue electo con 203 votos. Una vez leída, el acta fue firmada por el presidente y secretario del Consejo Electoral y por los capitanes saliente y entrante. Los que se despedían entregaron las bufandas blancas que en esta oportunidad identifican a los responsables de cada uno de los cargos y abandonaron la mesa y los recién juramentados tomaron los puestos.
Ángel Páez, capitán general del Sector 6-Akurimä, felicitó a la capitana Henrito y a su equipo por hacer el trabajo para el cual habían sido electos “y hacerlo bien” y recordó que se trata de una labor a tiempo completo, 24 horas, los siete días de la semana, los 365 días del año.
De acuerdo a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas y el Reglamento Sectorial, juramentó a Ángel David Williams.
Culminada la ceremonia, la comunidad, sus líderes e invitados compartieron el almuerzo, el tumá, el consomé típico de los pemón, hecho de cacería o pesca, mucho ají y una pizca de sal.
En las costas que separan Güiria y Trinidad y Tobago navegan testimonios de mujeres que desaparecieron o murieron en el mar, en medio de la migración forzada y el tráfico de personas. Y de mujeres que quedaron en tierra firme, en el naufragio del dolor y la pérdida. Esta investigación reúne las historias de Unyerlin, Dielimar y Fiannelys, tres venezolanas que partieron desde Güiria, pero jamás llegaron a su destino; y de sus dolientes, que siguen soñando cómo sería la vida con ellas.
Una vez al año Amarilis canta. Cada 14 de septiembre se levanta a las cuatro de la mañana, enciende una vela y, en el medio de la sala de su casa, a viva voz, entona el cumpleaños feliz para su hija Unyerlin. Pero ella ya no la escucha, ya no está. Desapareció en el mar.
En su pequeña vivienda ya no quedan rastros de su hija. La estructura de bloques y techo de zinc, está ubicada en una barriada de calles de tierra en Cumaná -la capital del estado Sucre, al nororiente de Venezuela- Allí ya no hay prendas de vestir, ni retratos de la joven. Pero su recuerdo arropa todo.
Amarilis Velasquez junto a su nieta Xavielys frente a su casa en Cumaná, estado Sucre, Venezuela. 17 de noviembre de 2024.
Unyerlin Velásquez tenía solo 16 años de edad cuando zarpó junto a otras personas en un pequeño bote pesquero de madera llamado Jhonaili José . Era martes, 23 de abril de 2019. Partían desde el puerto de Güiria, un poblado costero de Sucre, con destino a Trinidad y Tobago.
En promedio, una embarcación tarda cuatro horas y 45 minutos en recorrer los 137 kilómetros que separan el último rincón de Sucre, hasta la isla antillana.
Es una distancia que no cuenta la travesía física y emocional que implica para las mujeres, en su mayoría jóvenes o adolescentes, atravesar esta frontera, forzadas por circunstancias como el hambre y la falta de oportunidades. A menudo, atrapadas en redes de tráfico de personas, en su mayoría con fines de explotación sexual, se arriesgan a morir o desaparecer en altamar.
Esa distancia tampoco cuenta lo que viven las que se quedan, llevando el peso de un duelo por perder a los suyos, mientras siguen lidiando con el mismo entorno hostil.
El pueblo está rodeado de aguas intensas, tiene una actividad comercial constante y bulliciosa; también tiene amplias calles cuyas casas, en su mayoría fueron diseñadas bajo la arquitectura antillana, con puertas altas, largos pasillos y grandes ventanas para enfrentar las inclemencias del calor.
En esencia es un lugar colorido, aunque tiene grietas labradas a pulso por la pobreza, el crimen y la pérdida de personas en altamar, ya que ha sido escenario de una serie de tragedias ligadas a la pobreza.
Los viajes clandestinos desde Güiria no son nuevos y, en el fondo, todos tienen un mismo origen: el hambre.
Los naufragios tampoco son ya una novedad, sino una realidad presente que lacera familias y que moldea a la sociedad. El pueblo se convirtió en puerta de salida para la migración irregular, no solo de los nativos sino de personas de todas partes del país.
El naufragio del peñero Jhonaili José en el que iba Unyerlin, fue el primero en aparecer en medios de comunicación. Unas 38 personas iban a bordo, ocho lograron sobrevivir y 29 siguen desaparecidas desde hace seis años. El cadáver de Dielimar, otra adolescente de 16, fue el único que devolvió el mar.
Casa en donde vivía Amarilis junto a su hija Unyerlin Vasquez en Cumaná, estado Sucre, Venezuela.17 de noviembre de 2024.
Unyerlin desapareció en la rebeldía del mar
Desde hace seis años ella se convirtió en una ausencia que duele, justo desde esa noche en la que se fue de casa junto a una amiga y su prima Omarlys, llevando solo lo que tenía puesto.
El 24 de abril de 2019, una llamada ocasionó un tsunami de lágrimas en su casa. Una voz desconocida le dijo a Amarilis, que mientras intentaba llegar a Trinidad y Tobago en una embarcación precaria y en medio de la noche, el bote zozobró y su hija se ahogó.
Diez días antes, sus familiares la vieron por última vez. Poco antes de las diez de la noche de ese domingo, había llegado a su casa con una amiga.
–Se llama Luisannys y estudia conmigo– dijo.
Sin sospechar lo que se avecinaba, su mamá le pidió que se acostara a dormir.
El plan de ambas era irse a Trinidad y Tobago con Héctor, un hombre que conocieron unas semanas antes en una de las fiestas a las que solía ir Unyerlin. Él también naufragó y desapareció, y con él las respuestas que seis años después aún busca Amarilis.
A Unyerlin Vélasquez la recuerdan alegre y extrovertida en su uniforme de bachillerato. Pero también como una jovencita de carácter explosivo que podía pelear durante horas con su hermana y proteger a su sobrina, para ese entonces de tres años de edad, de los regaños por travesuras.
–Le gustaba comer. Dormía hasta tarde. Su vida era normal, iba al liceo, estaba con sus amigas, le gustaba también salir e ir a fiestas. A veces se me desaparecía dos días y yo iba a buscarla y la encontraba en casa de sus amigas. “Mamá, yo siempre vuelvo”, me decía cuando la regañaba- recuerda su madre.
Pero esta vez no volvió.
Como madre soltera, Amarilis trabajaba para darle lo que podía. En medio de carencias, tenía lo básico para vivir: algo de comida en la mesa, ropa y calzado de acuerdo con las posibilidades y acceso a educación pública.
Algunas amigas, incluyendo a su prima, sabían del plan de irse a Trinidad y Tobago. Días antes, en una fiesta en Bebedero –una barriada que para ese momento tenía fama de peligrosa por los altos índices de criminalidad- conoció a María y a Héctor.
Los testimonios apuntan a que fue María, una joven que no pasaba de los 20 de edad, quien les presentó a Héctor y juntos les ofrecieron a las adolescentes irse a Trinidad y Tobago con la promesa de mejorar su calidad de vida.
Allá podrían acceder a todo lo que no podían tener por las condiciones económicas de sus familias: ropa, calzado, comida en abundancia y dinero en dólares para ella y para los suyos.
Amarilis muestra una fotografía de su hija desaparecida Unyerlin del Valle Vasquez Velasquez, en su casa en Cumaná, estado Sucre, Venezuela. 17 de noviembre de 2024.
El primer paso era irse a Güiria, allí estarían en una vivienda mientras se terminaba de organizar el viaje. Unyerlin, Omarlys y Luisanny pernoctaron nueve días en la casa de Héctor, conocido en el pueblo con el apodo de Tico. Él era de Güiria y poco antes del naufragio había culminado unos cursos para optar por un empleo en Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa).
En esa casa, una vivienda familiar y desgastada, amplia, de varias habitaciones y con un patio grande, situada en una barriada conocida como Calle Boyacá, estuvieron en una habitación junto con otras muchachas que también se embarcarían hacia la isla antillana.
Había cinco jóvenes en total, tres de ellas menores de edad. Tico se encargaba de darles comida, ropa y también las llevaba a fiestas en el pueblo.
En 2019, Eloaiza Torres, una de las hermanas de Tico, aseguró en una entrevista realizada una semana después del naufragio, que él solo “hizo un favor a María” cuando recibió a las adolescentes en su casa.
Esa tarde en la que decidió hablar, Eloaiza evitaba sostener la mirada, sus ojos se enfocaban en el piso, volteaba el rostro, acariciaba sus rodillas con las manos, como quien habla queriendo evadir la conversación.
–A él lo llamó una amiga que él conoció en una fiesta, una tal María. Le dijo: “Mira, Tico, para allá van unas amigas mías que van para Trinidad. Para ver si les puedes dar el apoyo de quedarse unos días en tu casa, hasta que llegue el bote que las va a llevar”, y él no vio problemas en eso- dijo la hermana en lo que parecía un intento de desligarlo de la presunta red de trata de personas.
Pero los rumores en el vecindario eran fuertes. Muchos apuntaban a que las jóvenes estuvieron en esa casa en contra de su voluntad, aunque la familia Torres, quienes convivieron por última vez con las adolescentes, desmintieron esto una y otra vez.
–No pueden decir que estaban secuestradas. A ellas se les prestaba teléfono para que llamaran, ellas salían a fiestas. Una vez fui con ellas a la playa – contó Eloaiza en esa oportunidad. También aseguró que los familiares de las jovencitas sabían que viajarían a Trinidad. Dijo que eran ellas quienes llamaban a la isla para solicitar información del viaje, y que Héctor había accedido a ir con ellas para “comprar comida” que luego su hermana revendería en el pueblo.
–Él sólo aprovechó que había un bote en el que no pagaría pasaje. Yo le pedí que fuera a comprarme harina de trigo, porque yo la revendía a las panaderías aquí. Pero él no quería ir.
Sin embargo, ese día ella no supo explicar el por qué su familia se encargaba de darles comida y dotarlas de ropa y calzado. Ni tampoco de dónde salió el dinero para cubrir los gastos que ocasionó tener personas adicionales en una vivienda grande, pero en condiciones de pobreza, con las paredes envejecidas y sucias, y muebles deteriorados por el uso y los años.
En esa casa vieron a Unyerlin por última vez el 23 de abril a las ocho de la noche, hora en la que salieron de allí para embarcarse en el Jhonaili José desde Muelle del Medio.
–Antes de que zarpara el bote, estaban llegando las chicas que se irían a Trinidad. En total habían 25 mujeres. Salieron al mar como a las diez de la noche y se rumora que el capitán fue recogiendo personas en todos los puertos hasta llegar a Macuro- contó Eloaiza.
Agregó que el capitán, conocido como Julio Carrión y quien fue uno de los nueve sobrevivientes, pasó por varios muelles. Los primeros fueron El Faro y Las Salinas, allí subieron al bote un lote de cobre, limón, tamarindo y embarcaron a varias personas más.
–De allí fueron a Macuro, montaron a nueve adolescentes más. A las dos de la tarde del otro día me dicen que no llegaron a Trinidad, que se escucha el rumor de que el bote se volteó y no aparecen. Cuando trajeron a las primeras rescatadas, ellas dijeron que unos murieron al instante y que otros sobrevivieron porque se montaron en pimpinas donde transportaban gasolina– narró la hermana de Héctor.
Las sobrevivientes le habrían contado a Eloaiza que su hermano les ayudó a amarrarse a pimpinas para sobrevivir. Le dijeron que después de eso, se tocó el pecho, se hundió y no apareció más. Él era paciente cardiaco.
Otra versión que escuchó dice que después del naufragio llegaron botes procedentes de Trinidad y recogieron a la mayor cantidad de personas que pudieron.
–No nos explicamos cómo 28 personas no aparecieron. Ni un cuerpo, ni ropa, ni maletas. No aparecieron ni las pimpinas donde estaban montadas– destacó.
Las autoridades venezolanas tampoco dan explicaciones ni avances sobre las investigaciones oficiales. Las respuestas también naufragaron en un mar de incertidumbre. Lo último que supo Amarilis, la mamá de Unyerlin, es que María, aquella mujer con la que se fue su hija antes del naufragio, fue arrestada por seis meses, luego salió en libertad y emigró.
Mientras tanto, el recuerdo de la joven sigue naufragando en el estrecho de Boca Dragón donde se dividen las aguas de Güiria y Trinidad y Tobago, y donde las aguas son tan turbulentas y saladas como las lágrimas que aún derraman por ella.
Retrato de Amarilis Velásquez, madre de Unyerlin del Valle Vásquez Velásquez en su casa en Cumaná, estado Sucre, Venezuela. 17 de noviembre de 2024.
El limbo de Amarilis
El día que la embarcación zozobró también empezó el naufragio en el alma de Amarilis Velásquez que no la abandona ni un minuto.
Ella tiene 49 años. Es una mujer alta, robusta, de piel clara y de largos cabellos negros, tiene una voz triste y una mirada en la que se nota la soledad de la lágrima fácil. No puede evitar hablar de su hija entre sollozos.
-A veces quiero colgar los guantes, pero pienso en el rostro de mi Unye y me digo ¡No! y me pongo a orar, orar y orar- dice.
No solo el mar es un limbo.
Amarilis está sumergida en un limbo. Desde 2019 busca respuestas. No las tuvo en las horas posteriores al naufragio, cuando las autoridades venezolanas tardaron en iniciar la búsqueda de la embarcación y fueron los pescadores de la localidad, ayudados por una angustiada comunidad que hizo lo posible por dotarles de alimentos y gasolina, quienes encontraron a los sobrevivientes.
Y es que, aunque el informe de la Organización Nacional de Salvamento y Seguridad Marítima (ONSA) especificó que la Guardia Costera inició las labores de búsqueda pocas horas después de que las autoridades locales recibieran notificación del accidente marítimo, las malas condiciones de las embarcaciones oficiales y la escasez de combustible limitaron sus acciones.
De hecho, no fue sino hasta el 27 de abril, cuatro días después del naufragio, que las autoridades dispusieron de un helicóptero y una avioneta para buscar desaparecidos o víctimas en altamar. Esa búsqueda solo duró un día, ya que desde la alcaldía del pueblo informaron que el uso del helicóptero sumaba un costo de ocho mil dólares por día y no había quién pudiera pagar esa suma de dinero.
La noche del martes, 14 de abril, cuando Unyerlin se fue de su casa, no llevaba nada más que la ropa que vestía en ese momento. Otras veces había salido de fiesta y tardaba hasta un par de días en llegar o el tiempo que le tomara a Amarilis encontrarla en casa de amigas. Pero esa noche le dijo que se fuera a dormir y a la mañana siguiente no la encontró. Nadie supo decirle dónde estaba. El recuerdo de la última vez que escuchó su voz la llena de angustia.
La que era la habitación de Unyerlin cuando vivía junto a su madre Amarilis en Cumaná, estado Sucre, Venezuela. 17 de noviembre de 2024.
–Me llamó por teléfono. Le dije que necesitaba que regresara y me respondió que no me mortificara, que ella regresaba dentro de tres meses y que estaba tranquila, en una casa de playa– cuenta.
Más adelante, otra llamada cambiaría el curso de su vida. Aquella en la que le informaban del naufragio donde iba su hija. Lo que siguió después ha sido una historia que se repite en círculos. Llorar, sumergirse en una tristeza infinita, pedir ayuda a las instituciones del Estado y no obtener respuesta alguna.
Amarilis forma parte de un grupo de familiares de desaparecidos que se organizaron en 2019, poco después del naufragio, para exigir a las autoridades venezolanas una investigación, una búsqueda, algo que les haga calmar el dolor de la pérdida inconclusa, que les traiga de vuelta el amor que se fue en el mar.
La primera denuncia sobre la desaparición de su hija la hizo pocas horas después de la llamada fatal. Acudió a la Fiscalía del Ministerio Público en Cumaná. Allí dio todos los detalles que sabía. Poco después hizo lo mismo en la Fiscalía de Carúpano, la segunda ciudad más importante de Sucre y la más cercana geográficamente a Güiria. No hubo respuestas.
Durante los seis años que siguieron a la desaparición, el grupo de familiares ha sumado varias protestas frente a la sede del Ministerio Público en la capital del país, y al menos una decena de viajes hasta Caracas con la esperanza de encontrar respuestas en las instituciones centrales.
Una lista de documentos con denuncias, solicitudes, escritos, cartas, se ha quedado en escritorios de la Fiscalía del Ministerio Público, de la Asamblea Nacional y de la Vicepresidencia del país.
Unos meses después de que ocurriera el naufragio, a finales de 2019, el grupo acudió a Interpol para descubrir que no había siquiera la activación de una alerta amarilla para los desaparecidos o una alerta roja para los responsables. La Fiscalía no había enviado la información a este organismo.
Una lista extensa de diferimientos de audiencias y poca información sobre los detenidos son los avances de la investigación. Es todo lo que hay seis años después de la tragedia.
En retrospectiva, más allá de la presencia en el pueblo del gobernador de ese entonces, Edwin Rojas, y de autoridades militares en la zona del desastre, así como de la diligencia de dos diputados de tendencia opositora en la Asamblea Nacional, quienes acompañaron a los familiares de las víctimas en el proceso de denuncias, no hubo en 2019 un pronunciamiento institucional por parte del poder central. Y tampoco lo ha habido a lo largo de los años.
–Los viajes a Caracas no son fáciles– comenta Amarilis. Implican una inversión de dinero en pasajes, alojamiento y alimentación. Recursos de los que no dispone.
Para ella es complicado tener un trabajo estable y generar dinero en un estado altamente dependiente de empleos gubernamentales, con poco desarrollo industrial y con más de 98% de pobreza extrema en Venezuela, según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) de 2022, elaborada de forma independiente por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), ante la falta de datos oficiales sobre condiciones económicas y sociales del país.
Antes hacía dulces para vender en el barrio. Ahora trabaja vendiendo cartones de lotería para una especie de bingo comunitario que se celebra cada dos sábados en la ciudad y que resulta en una fiesta enorme en la que hay desde ventas de fritangas y cervezas, hasta grupos musicales en vivo. Aunque eso logra distraer su mente por algunas horas, lo que gana solo le sirve para llevar comida a su casa y encargarse de gastos básicos.
–No he podido ir a todos los viajes porque no tengo suficiente dinero-.
En estos años de duelo inconcluso, Amarilis no solo perdió la paz, también enfrentó una ruptura sentimental al perder a su pareja, quien decidió marcharse de casa al no poder lidiar con sus estados de ánimo.
–No me soportó. Es que me daba rabia todo.
Perdió el sueño y la salud mental, ya que atraviesa por prolongados estados de ansiedad y llanto. Su cuerpo se hiela y necesita caminar de un lado a otro mientras llora. Ha logrado encontrar algo de consuelo en su hija y su nieta de nueve años.
–Si no fuera por ellas, ya estaría muerta, porque a veces eso es lo que quiero.
No suele soñar con su hija, pero las dos veces que lo ha hecho, la ve con el rostro de cuando tenía 16 años y la vio por última vez: ella le aparece vestida de blanco, arrinconada en una esquina, pidiéndole que la ayude.
Aún hay dos cosas que Amarilis no ha perdido: la esperanza de volver a abrazar a Unyerlin y la entereza para seguir pidiendo al Estado venezolano que le dé respuestas.
–No dejaré de insistir. Mi hija está viva. Lo sé.
Y, en el mismo peñero en el que ella desapareció, murió Dielimar.
Los naufragios de pequeñas embarcaciones que trasladaban personas desde Güiria hacia Trinidad y Tobago se volvieron una constante desde 2019, tras el hundimiento del bote Jhonaili José.
Con esto, las denuncias sobre migración forzada impulsada por las condiciones socioeconómicas del país, así como el tráfico de personas con fines de explotación sexual, también se volvieron parte de las historias de los naufragios.
Esta investigación, realizada por la periodista Nayrobis Rodríguez y la fotógrafa Danielly Rodríguez, fue publicada originalmente enRunrun.es. Es uno de los productos periodísticos del programa de becas “Narrar Fronteras”, organizado y desarrollado por la Red de Periodistas Venezolanas (RDPV).
La desinformación, el temor a la estigmatización y los tabúes culturales son las principales brechas para prevenir y paliar las ETS en la zona indígena fronteriza. Las personas contagiadas que son diagnosticadas con VIH en Colombia, por lo general, no continúan su control médico ni en el país vecino, ni en Venezuela.
Llamémosle Alberto. Iba, en su moto, por la Troncal del Caribe, a las 8:00 de la noche. El tramo estaba oscuro y no vio salir un carro de uno de los vericuetos de Los Filúos, sector comercial de la parroquia Guajira, municipio indígena Guajira del estado Zulia, en Venezuela. El vehículo lo lanzó sobre el pavimento y arrancó a toda velocidad. Como pudo, llamó a sus familiares para que le socorrieran. Lo llevaron al Hospital Binacional de Paraguaipoa, donde no le pudieron atender, porque no había una máquina para hacer rayos X. Tampoco ambulancia.
Entonces, sus parientes lo llevaron al Hospital San José de Maicao, municipio fronterizo del departamento La Guajira, en Colombia. Le ingresaron por ser indígena wayuu, porque solo tiene la cédula de identidad venezolana.
El examen de sangre le arrojó un diagnóstico que no sabía: VIH positivo.
Le curaron las heridas, le trataron las contusiones y le proveyeron el retroviral. Tras darle el alta, Alberto regresó a Paraguaipoa, donde sigue trabajando como mototaxista.
Su gente no sabe que es seropositivo.
Alberto pertenece a una familia indígena wayuu muy tradicional, en la que su tío materno es autoridad, la virilidad es un honor y las Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) las asocian con la homosexualidad.
Su experiencia es como la de tantos otros jóvenes con VIH que viven en el eje fronterizo Guajira colombo-venezolano. Entre 18 y 23 años es la población joven contagiada, según precisó un vocero de la Fundación Waleker, organización binacional reconocida por los ministerios de Salud de Colombia y de Venezuela.
Esta organización tiene 15 años trabajando en Colombia bajo la cobertura de la Superintendencia de Salud y, mediante la Unión Temporal Ka’i, regularizan a personas wayuu con el certificado de la autoridad indígena para la atención de personas seropositivas y, así, garantizarles los retrovirales.
La desinformación y los tabúes
En el estado Zulia, fronterizo con Colombia, acceder a los retrovirales es un desafío. Porque son costosos y porque los gratuitos están regulados por el Estado. La secretaría de Salud, adscrita a la Gobernación del Zulia, tiene activo el Programa Regional de VIH-SIDA y TS que, en articulación con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), realiza jornadas en las que dictan charlas informativas y realizan la prueba rápida.
En diciembre pasado, fue en el Hospital Binacional de Paraguaipoa y el personal médico y paramédico se encontró con que la colectividad desconocía acerca de la jornada; además, quienes llegaron lo hicieron con la intención de hacerse un examen de hematología y, al informarles que era la prueba rápida para VIH, la mayoría se marchó.
Carmen Cambar, directora municipal de salud del municipio Guajira -institución adscrita a la Autoridad Única de Salud del estado Zulia regida por el Ministerio de Salud-, resalta que esto se debe a la desinformación que maneja la población; sino, también, el personal que trabaja en el centro de salud.
«Sabemos que hay muchos pacientes que lo tienen, pero que no se conoce. El VIH es un enemigo silencioso que está acabando con nuestros jóvenes. Debemos decirles que una vez que sientan ese temor, se acerquen a alguna institución que los pueda ayudar. No es fácil llegar a un hospital, a un ambulatorio y decir. ´me quiero hacer una prueba de VIH, de sífilis o de otra ETS´, porque está el temor a que lo estigmaticen. Pero debemos buscar una estrategia para informarnos y mantener la confidencialidad».
Urge la educación sexual
En dos «Círculos de la palabra» -espacios de diálogo, de transmisión e intercambio de saberes propios de la cultura indígena wayuu- se conversó con estudiantes de las escuelas Fe y Alegría Paraguaipoa y Francisco Babbini: sólo dos de cada 10 jóvenes -en cada grupo- sabía qué son las ETS y cómo se contagian, pero desconocían los tratamientos.
Cambar exhorta a las madres, padres, personas a cargo o figuras de autoridad para que orienten a los jóvenes. «Ninguno debe negarse a saber que su hija, por ejemplo, desde que tiene la menarquia ya puede empezar a tener relaciones sexuales, igual en los varones. A los adultos wayuu debemos involucrarles para conversar con ellos. Hemos planteado la necesidad de hacer abordaje con líderes y lideresas de comunidad, voceros; pero, tampoco se logra un control general de la comunidad. Yo creo que en la familia siempre hay alguien, alguna autoridad a quien se le atiende, se le escucha».
Pero en la sociedad wayuu la sexualidad es un tema muy cerrado, asegura la sabedora Neima Paz, quien, también, reconoce que los tabúes causan daños, sobre todo, a las majayut -término, en lengua wayuunaiki, que se le da a la adolescente que ya vio su primera menstruación y que ya está lista, biológicamente, para crear y dar vida-.
En «encierro» -ritual wayuu que practica la abuela con la nieta cuando le viene la primera menstruación- la orientación de la anciana sabedora es vital para la jovencita, pues no sólo es un tiempo de recogimiento, baño y corte de cabello como símbolos de la transición de niña a mujer; sino espacios de aprendizaje para la vida como el autocuidado.
«Hay algo muy lindo que escribe mi papá -el docente, sabedor, investigador y lingüista wayuu, Ramón Paz Ipuana- en su texto, Ale´eya: cuando la muchacha está en el ‘encierro’, hay unas palabras que la abuela le dice a la majayut: ‘Hija mía, quiero que seas buena, juiciosa. Que tengas un corazón limpio, portadora de grandes beneficios’. La limpia, la baña para que su cuerpo no despida malos olores, para que se embellezca. Y dice: ‘para que tu alma aprenda a temer lo malo. Recuérdalo, no lo olvides. Esta agua enfriará el ánimo de los hombres ávidos’. Es decir, purificar a una joven para que no entre en la promiscuidad que trae, como consecuencia, las enfermedades de transmisión sexual».
El contexto
Desde la perspectiva wayuu, ese sería el ideal; pero, la realidad es que la mayoría de las adolescentes y jóvenes que habitan en comunidades del eje fronterizo es distinta, pues la dinámica de la frontera pauta, en gran medida, la cotidianidad de quienes viven en la Guajira: el comercio, la economía, el flujo de personas, el tráfico vehicular, el bullicio y un largo etcétera.
Entre agosto de 2015 y septiembre de 2022, el tránsito de vehículos en la frontera colombo-venezolana estuvo cerrado por decisión de Nicolás Maduro. En este tiempo, el país llegó a una crisis humanitaria compleja por la que más de ocho millones de venezolanos migraron, en su mayoría, en condiciones muy vulnerables, para buscar una mejor calidad de vida para sus familias. Entre ellos muchas mujeres cabeza de hogar y jóvenes indígenas wayuu.
La invisibilidad de las realidades que enfrentan adolescentes y jóvenes indígenas wayuu, porque viven en comunidades aisladas -muchas sin servicios básicos- y expuestos a cualquier tipo de vulneración de derechos: en su mayoría, conviven sólo con la mamá y su pareja que no es el padre, o en entornos de violencia física y sexual por parte de hombres que también son familia -tíos, primos-.
Desde hace dos años y cinco meses que se activó el comercio informal con la reapertura de la frontera, se ha visto que tanto colombianos como venezolanos e indígenas wayuu han construido un comercio ilegal en la Guajira, como locales nocturnos que abren de jueves a sábado, donde adolescentes y jóvenes wayuu son quienes prestan el servicio sexual.
Igual, sucede en Maicao -del lado colombiano-: en el casco central, hay mujeres wayuu y migrantes venezolanas, de 18 a 20 años, contagiadas de VIH, ya que habitan en entornos de explotación sexual como estaderos -bares- o billares, precisó un vocero de la Fundación Waleker. «Pero, no sólo de VIH; sino, también, del Virus del Papiloma Humano (VPH) y herpes».
Hospital II Binacional de Paraguaipoa Dr. José Leonardo Fernández, ubicado en el municipio Guajira.
La fuente, quien por razones de seguridad opta por el anonimato, explicó que en comunidades fronterizas como Paraguaipoa y Guarero hay familias enteras contagiadas de VIH, bien sea por sus parejas que retornaron, por el abuso sexual por parte de algún pariente o por la poligamia que practica el hombre wayuu. Estas personas contagiadas por VIH, por lo general, son diagnosticadas del lado colombiano, bien sea por la Fundación Waleker, el Hospital San José de Maicao o la organización de cooperación internacional AHF; pero, no todas se comprometen con su seguimiento médico y su tratamiento.
«Como ciudadanos binacionales que son los wayuu y que van y vienen de un país a otro, es muy difícil tener el control, porque regresan a sus comunidades en Venezuela y, aquí, no se han hecho control. Está planteado, epidemiológicamente, la necesidad de colocar un punto de atención en la frontera, en Paraguachón del lado nuestro», puntualiza Cambar.
Venciendo las barreras
Debajo de la enramada está un telar, donde la abuelita teje un chinchorro rojo con morado para luego venderlo y tener algo con qué subsistir. Y, ahí, debajo de la sombra también está Juan, sonriente, callado, expectante.
Tiene 15 años y es portador del VIH. Lo absorbió en el canal de parto, pues su mamá también tenía el virus y se dio cuenta, justamente, antes de dar a luz. A ella la contagió su marido, quien lo adquirió, mientras trabajaba en el Oriente venezolano, al otro extremo del país.
Los días de Juan comienzan cuando se asoma el sol y terminan al oscurecer el cielo. Entretanto, anda en su bicicleta por la sabana de su comunidad en la Guajira venezolana. No recuerda la última vez que fue a Paraguaipoa o a Maracaibo. Tampoco ha ido a la escuela: no sabe leer ni escribir, sumar ni restar… Trata sólo a los niños, niñas y adolescentes que viven cerca de su casa de tabla y yotojoro -fibra vegetal wayuu parecida a la palma-.
Sus ojos amarillentos y los párpados hundidos indican que no está del todo bien. Eso refuerza su delgadez por la mala nutrición: a veces, come pescado, yuca o topocho; pero, por lo general, come arroz y toma chicha de maíz, propia del pueblo wayuu.
Juan tiene un año sin recibir el retroviral. «Cuando me tomo la pastillita me siento mejor», asegura. Su abuela cuenta que él está inscrito en un programa en el Hospital de El Moján, ubicado en el municipio Mara perteneciente a la subregión Guajira del estado Zulia, Venezuela. Pero, no tienen los recursos para movilizarse hasta allá.
Ella no le permite salir. Aunque ambos saben que tiene una enfermedad, desconocen su magnitud. «Yo prefiero cuidarlo y que nos quedemos tranquilitos aquí», expresa la señora en su poco español.
En Maicao hay mujeres wayuu y migrantes venezolanas contagiadas de VIH, que se encuentran en entornos de explotación sexual.
Con el apoyo del proyecto Narrar Fronteras y de la Red de Periodistas Venezolanas se articuló con la Fundación Waleker y Juan viajó, a principio de febrero, a Maicao, donde lo regularizaron mediante el Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV) y está a la espera de su Permiso de Protección Temporal (PPT) para ingresarlo en el sistema de salud colombiano y asegurarle su retroviral mensualmente.
Así, como la Fundación Waleker también AHF brinda atención a la población seropositiva que habita en el eje Guajira de la frontera colombo-venezolana. Andrea Molina, representante de AHF Colombia en La Guajira AHF, informó que la organización abrirá un Centro Wellness en Maicao. «Son espacios diseñados para brindar atención inmediata a toda la población en casos de VIH e infecciones de transmisión sexual, pues se ha incrementado la población pendular».
Funcionarán a tiempo completo, de 7:00 a. m. a 6:00 p. m., todos los días. Se proyecta su apertura para el mes de marzo; sin embargo, debido a la situación actual, es posible que haya retrasos. Este Wellness estará ubicado en la Cruz Roja de Maicao, punto estratégico para brindar una atención integral a las personas contagiadas: desde asesoría jurídica hasta atención psicosocial.
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Escucha el podcast realizado por Ana Karolina Mendoza y Ayleen Fernández:
El relato de Fabiana y otras mujeres wayuu revela las dificultades del parto en la frontera entre Colombia y Venezuela, donde enfrentan barreras económicas, legales y culturales para acceder a una atención digna. En su movilidad binacional, deben sortear bloqueos, trochas peligrosas y violencia obstétrica, mientras son tratadas como migrantes irregulares, negándoseles su identidad ancestral.
Cuando Fabiana Pushaina volvió en sí después de desmayarse al parir, sintió que algo estaba mal. El llanto que llenaba la sala no era el de su bebé. Al girar la cabeza, vio a la doctora arrodillada en el suelo, rezando con desesperación a algún dios para que el pequeño diera señales de vida. Su bebé, con el rostro morado, apenas respiraba, luchando por quedarse en este mundo. “¡Despierta y respira, para que el bebé pueda respirar!”, le clamó una voz que retumbó en la sala. En ese instante, el grito de Jesús —como le llamaron al recién nacido convencidas de que su vida era una prueba de fe— se convirtió en un milagro.
A la una de la madrugada del 26 abril de 2020, Fabiana tuvo las primeras contracciones de su segundo parto. Como todas las mujeres wayuu, sabía que debía respirar y aguantar, aguantar hasta estar al borde de dar a luz para correr hacia el hospital. De lo contrario, podría enfrentarse a las trabas burocráticas que vivió con Julio Sebastián, su primer hijo, por ser una mujer migrante, según la considera el Estado colombiano.
Fabiana ingresó al Hospital San Agustín en el municipio Fonseca, en el departamento de La Guajira, a las cinco de la mañana de aquel abril. Tenía nueve centímetros de dilatación. No había tiempo de esperar una ambulancia para trasladarla a otro centro de salud, era una emergencia. Pujó con miedo, pues apenas había transcurrido un año y medio de la cesárea de su primogénito. Pujó hasta que salió su bebé, luego se desmayó.
Llegó a Colombia desde Venezuela en 2016 para trabajar como empleada doméstica. Fabiana y su familia, al igual que los 650 mil wayuu que habitan entre los dos países (380 mil en Colombia y 270 mil en Venezuela), se han movilizado y comunicado entre clanes de ambos lados de la frontera colombo-venezolana. No en vano, los indígenas wayuu se consideran un pueblo binacional, cuyo territorio ancestral trasciende los límites geopolíticos de los dos Estados, determinados de manera definitiva en 1941. Sin embargo, la situación era distinta cuando Fabiana cruzó a suelo colombiano, estaba migrando forzosamente dada la crisis multidimensional (social, económica y política) venezolana.
En la desértica península de La Guajira se encuentra la frontera norte entre Colombia y Venezuela. La línea limítrofe se extiende en medio de grandes dunas de arena y vastas playas, donde cinco siglos atrás la etnia Wayuu estableció su pueblo. Diseño: Camila Sastre.
El nacimiento de Jesús en 2020 no fue el único parto hospitalario lleno de complicaciones en este punto fronterizo. En 2018, durante la víspera del alumbramiento de Julio Sebastián,Fabiana comenzó a expulsar líquido de su vientre. Por la falta de experiencia, no sabía qué hacer. Junto a su esposo esperaron para ver cómo avanzaba. Al día siguiente, el fluido se transformó en sangre, pero recordó la regla: debía soportar los dolores hasta que se intensificaran antes de ir al hospital. Cuando llegó al centro médico, estuvo tres horas en la sala de espera porque no tenía documentos para que la pudieran atender. Verificaron su registro de nacimiento, y solicitaron autorización para los procedimientos al gobernador indígena del resguardo wayuu Mayabangloma, donde reside.
“Me regañaron porque no estuve en controles médicos. Me dijeron que era culpa mía que mi bebé estuviera en problemas. Les expliqué que no tenía plata para pagar 50 mil o 60 mil pesos colombianos (11 y 13 dólares americanos) por día para que me atendieran”, recuerda. Después de los cuestionamientos, los médicos trasladaron a Fabiana al quirófano para practicarle una cesárea. Tras su nacimiento, Julio Sebastián fue llevado a la Unidad de Cuidados Intensivos. Fabiana volvió a ver a su bebé hasta una semana más tarde, cuando al pequeño le dieron de alta. No podía amamantarlo porque al nacer la criatura no fue pegada a su pecho y, en consecuencia, la leche materna se había estancado en sus mamas. La angustia se apoderó de ella y con esta, apareció la depresión posparto.
“No quería hablar con nadie. No había quién me ayudara, y yo tenía la herida de esa cesárea. Pensaba que el culpable era el bebé, pero no era su culpa”, lamenta.
El parto del pequeño Fabián José (centro), de seis meses de edad, ocurrió libre de las violencias que atravesaron las llegadas de sus hermanos Jesús (izq) y Julio Sebastián (der), pero Fabiana (centro) parió a su tercer hijo aun indocumentada. Fotografía: Betsabé Molero.
A pesar de los cierres suscitados en reiteradas ocasiones en el eje fronterizo colombo-venezolano, como el implementado tras la fractura del vínculo diplomático entre Colombia y Venezuela, las mujeres wayuu caminan su amplia nación ancestral de grandes dunas de arena, vastas playas y bosques secos tropicales. Dos razones motivan su movilidad en dirección a Colombia: trabajo y acceso a servicios. Hacen el viaje en motocicletas, autobuses, camiones o a pie, bajo el extenuante sol y los vientos más fuertes de la península.
El anterior es el método elegido por las indígenas de Venezuela para tener controles prenatales e ingresar a las salas de partos en Maicao, u otros municipios colombianos. Al producirse bloqueos en los pasos autorizados en las zonas limítrofes, se ven obligadas a atravesar cualquiera de las más de 200 trochas (caminos ilegales flanqueados por grupos criminales), detectadas entre el estado venezolano de Zulia y La Guajira.
La sociedad wayuu está distribuida en los municipios que rodean la frontera colombo-venezolana, organizada en clanes que administran las mujeres wayuu. Diseño: Camila Sastre.
Si bien pertenecen a un pueblo binacional, las wayuu han enfrentado distintos obstáculos para recibir atención en salud en este corredor fronterizo, en especial para tener partos respetados y asesorías de planificación familiar. Cuando las mujeres wayuu en Colombia ven llegar al hospital a una tawala (hermana wayuu en wayuunaiki) embarazada de Venezuela, no dudan en aconsejarle que debe esperar hasta que el bebé esté por nacer para evitar que retrasen su atención o le practiquen una cesárea.
El principal miedo alrededor de las cesáreas radica en que las heridas que quedan en los cuerpos de las indígenas wayuu al ser sometidas a partos quirúrgicos corren el riesgo de infectarse en medio de los trabajos de cuidado que realizan, o las mujeres intervenidas no saben tratar los cortes porque las cesáreas son ajenas a su medicina tradicional. Si la vida de las mujeres wayuu peligra, también peligra el destino de su pueblo: sobre ellas descansa la misión ancestral de asülüjaa (dar), es decir, de prolongar y transmitir la cultura. Por lo tanto, su bienestar es una promesa de supervivencia para su comunidad.
Siguiendo las simbologías de su pueblo, Annie Montero representa mediante líneas y espirales en su vientre la vida, la descendencia y la interconexión entre el pasado, el presente y el futuro. Fotografía: Betsabé Molero.
—Jumüi tü wayuku tü ishaakaa jümaa tü e´iruku aa´inwaatasuupula jien tü astouutakaa jümawaii taii jiatü wayujierka ipoorka nojorüle saisha´ajaa jerrulüi jule tü seeseeta jununuwa mojusuu e´iruku tü jierka. (Para los wayuu, la carne y la sangre es muy importante porque es nuestro cuerpo donde está la vida, y dar vida lo hace la mujer. No es natural que deban quedar marcas y hacer daño a la carne) —explica sobre las cesáreas Mirian Jaraliyuu Uriana, partera wayuu.
Mirian es una de las pocas parteras wayuu en el resguardo Mayabangloma, ubicado cerca de Caicemapa, en el sur de La Guajira. La médica tradicional de 74 años atiende en su modesta casa de barro y heno, donde el techo de palma apenas ofrece consuelo ante el implacable calor de inicios de diciembre. Hasta su hogar viajan mujeres desde la Alta Guajira, inquietas por el índice creciente de cesáreas en indígenas wayuu que presentan complicaciones durante el parto o tienen la oportunidad de recibir medicina occidental.
La misma angustia sintió Luz Eliannys Fernández, quien estaba convencida hasta su última evaluación prenatal que tendría a su bebé por parto natural, porque el niño estaba en buena posición dentro del útero y el embarazo había evolucionado según lo esperado. El 15 de noviembre de 2024, cuando comenzaron las contracciones, la wayuu de 18 años cruzó la frontera desde la localidad Laguna del Pájaro en Paraguaipoa, en Venezuela, hasta Maicao, en Colombia. Un trayecto de 50 minutos aproximadamente. En el Hospital público San José de Maicao, le aseguraron que le harían una cesárea.
Las mujeres indígenas en Venezuela arriban a Paraguachón, al final de la Troncal del Caribe, para llegar tras un larga travesía hasta Maicao, allí inician en avanzado estado de gestación, incluso a punto de parir, el viacrucis a través de La Guajira colombiana. Diseño: Camila Sastre.
“Nos dijeron que mi bebé se quedó sin líquido (amniótico) y que debía ser cesárea. Mi mamá les preguntó por qué, si en el otro hospital (en Venezuela) afirmaron que tendría parto normal, y entregó los papeles de los controles. Ellos los revisaron y le dijeron que, si me hacían parir, me podía morir. Entonces no comentamos nada más”, cuenta. “Me metieron a un cuarto y no vi a la niña cuando nació. Me la enseñaron dos días después”.
El equipo médico le explicó que no podía sacar a la bebé del centro de salud porque había nacido baja de peso y, posteriormente, una infección en la sangre le provocó fiebre. Por un mes, Luz Eliannys tuvo que caminar dos kilómetros desde su hospedaje en Maicao hasta el hospital para ver y amamantar a su hija, pese a la herida sin cicatrizar y el reposo posparto interrumpido. “Para mí la cesárea ha sido mucho gasto y va ser difícil para los oficios en la casa. Es mejor parir”, reflexiona.
Binacionales, pero sin nación ni salud
La identidad, la migración y el desamparo institucional del pueblo binacional Wayuu se entrelazan en las experiencias de Fabiana y Luz Eliannys para convertir el nacimiento de sus hijos en un calvario. Los wayuu permanecen estancados en un limbo legal, pues el documento de identidad venezolano (cédula) desconoce su pertenencia étnica, y Colombia los etiqueta de migrantes. La intermitencia de las relaciones diplomáticas entre los países vecinos, la crisis en Venezuela, y la transformación de Colombia en el principal país receptor de migrantes venezolanos ha agudizado la violencia en contra de esta comunidad indígena.
El Estado colombiano ha implementado una serie de mecanismos de protección migratoria exclusivos para venezolanos, como el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes (ETPV), creado en 2021, mediante el cual obtienen el Permiso de Protección Temporal (PPT). Con este documento de identificación, los ciudadanos de Venezuela legalizan su estatus migratorio, acceden a programas sociales y derechos, ingresan y salen de Colombia, y tienen un lapso de 10 años para adquirir una visa de residencia.
José David González, coordinador general del Comité de Derechos Humanos de La Guajira, asegura que, si bien estas medidas contribuyen al amparo de la población migrante y refugiada, al enfrentarse con las dinámicas cotidianas de quienes desenvuelven sus vidas entre fronteras, pierden alcance en términos de protección porque acogen a unos grupos, pero excluyen a otros, generalmente más vulnerables.
No existe una versión del manual del ETPV en idioma wayuunaiki, y este estatuto no posee un apartado que contemple las características específicas de los pueblos originarios establecidos en los ejes fronterizos; asimismo, el instrumento legal ignora las barreras idiomáticas, educativas y socioeconómicas que los indígenas pueden encontrar en sus intentos por tramitar el PPT. Por lo tanto, parte importante de la comunidad indígena wayuu “migrante” en Colombia está destinada a la irregularidad migratoria.
“El pueblo Wayuu en realidad necesita que los gobiernos de Venezuela y Colombia tengan voluntad política para diseñar e implementar una serie de acuerdos de carácter binacional, capaces de aliviar la crisis que viven los hermanos indígenas en la zona fronteriza, y garantizar el acceso a derechos fundamentales, siendo la vida, la salud y la legalidad los más álgidos”, sentencia González.
La falta de inclusión de los pueblos originarios en los proyectos de normalización migratoria ha derivado en su incapacidad de afiliarse a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) en Colombia. Aunque con el PPT las personas wayuu podrían acogerse a programas sociales, desconocen cómo funcionan; además, en caso de pretender vincularse a un plan, se encuentran con inconvenientes mayúsculos.
“Mujeres y hombres del pueblo wayuu acudieron al Comité después que las EPS los abordaron en Colombia para ofrecerles sus servicios; cuando les solicitaron un documento de identificación para inscribirse, tenían cédula colombiana y venezolana, pero en Colombia fueron registrados con un nombre, y en Venezuela con otro distinto”, explica Sailyn Fernández, comunicadora indígena y miembro del Comité de Derechos Humanos de La Guajira.
El fenómeno del doble registro civil es una de las consecuencias del vacío legal en el que flota la comunidad wayuu. Como Colombia es el destino final de los embarazos de las mujeres indígenas, las niñas y niños son presentados primero ante la registraduría colombiana y, al regresar a Venezuela, sus nacimientos son asentados por segunda ocasión, esta vez en registros civiles venezolanos.
Los pueblos binacionales poseen un doble vínculo jurídico y político con más de un país. En otras palabras, estas poblaciones deberían gozar de los derechos fundamentales de cada Estado y del reconocimiento de la ciudadanía. Debido al doble registro, las personas pueden ser consideradas apátridas, perder oportunidades laborales, y encontrar obstáculos en el acceso a salud y educación. El fin del problema parece lejano, dado que los efectos del doble registro sobre el sentido de pertenencia y la ciudadanía del pueblo Wayuu se transmiten por generaciones.
González afirma que “los wayuu no somos colombianos, ni somos venezolanos, ni somos migrantes. Somos una gran nación Wayuu. Nuestras vidas, nuestras familias pertenecen históricamente a toda esa franja fronteriza”.
Las viviendas de la comunidad wayuu se distribuyen en rancherías, conjuntos de casas rectangulares que comparten un mismo espacio, construidas con una mezcla de barro, heno o caña seca, como la casa de Mirian. Fotografía: Betsabé Molero.
Embarazos y partos en desesperanza
Los sistemas de salud de Colombia y Venezuela, en particular en la región guajira, lidian con la falta de infraestructura y la escasez de personal capacitado. Las mujeres embarazadas del municipio venezolano de Paraguaipoa, una de las rutas centrales que conducen a la frontera internacional, deben gestionar el embarazo en un contexto singular: un especialista en gineco-obstetricia viaja al Hospital II Binacional Dr. José Leonardo Fernández una vez por mes, y lleva a cabo revisiones superficiales, pues en la entidad hospitalaria no practican ecografías. En muchos casos, las madres vuelven a sus hogares sin certezas sobre su propio bienestar, sin escuchar los latidos de sus bebés. De hecho, “cerca del 50 % de las mujeres en los poblados fronterizos no pueden acceder a servicios de salud sexual y reproductiva”, expone la Red de Mujeres Constructoras de Paz.
En un hospital público en Venezuela el precio de una cesárea ronda los 228 dólares, aproximadamente 65 sueldos mínimos, alerta la red venezolana Médicos por la Salud en la Encuesta Nacional de Hospitales de 2024. Debido al desabastecimiento del sistema sanitario público del país, en las salas de maternidad las mujeres reciben una lista de más de 30 insumos para comprar.
En Colombia, la Superintendencia de Salud ha encontrado irregularidades en dos centros médicos, que atienden a una amplia población wayuu. El Hospital San José de Maicao está bajo la intervención forzosa de la autoridad sanitaria a fin de corregir la administración financiera y la prestación del servicio. En el Hospital San Agustín de Fonseca, el Estado descubrió 56 inconsistencias, que evidencian la inestabilidad generalizada de la entidad, donde “no está garantizada la seguridad de las usuarias/os”.
En medio de la precarizada atención en salud, las mujeres wayuu en Colombia se enfrentan a una forma de vulneración que atraviesa sus cuerpos, pero aún no tiene traducción en su lengua: la violencia obstétrica. En la Sentencia T-576 de 2023, la Corte Constitucional colombiana señala que implica “todos los maltratos y abusos que padecen las mujeres durante la prestación de servicios de salud relacionados con el embarazo, parto y posparto”.
La negligencia médica, la represión de emociones y las amenazas o intimidaciones son las principales causas de esta expresión de la violencia basada en género contra las mujeres, reveló un estudio del Movimiento Nacional por la Salud Sexual y Reproductiva en Colombia (Mnssr). Entre 2022 y 2023, el 39,8 % de los partos fueron por cesárea. De ese porcentaje, el 33,1 % de las madres no recibió información ni dio consentimiento para que el procedimiento fuera practicado, agrega el informe.
Damaris Fernández, de 24 años de edad, quien salió de Venezuela en 2021 y reside en Fonseca, relata que fue a su último control al Hospital San Agustín, donde le aseguraron que su bebé tenía un latido anormal y que debían enviarla a otro centro de atención. Al llegar a la entidad hospitalaria de San Juan del Cesar, tras la revisión médica, le dijeron que estaba bien, pero no le permitieron regresar a su casa. Según el personal de salud, solo faltaban nueve días para el parto.
“Me colocaron una pastilla y ni siquiera me explicaron para qué era”, aclara. Más tarde, Damaris comprendería que el medicamento que le suministraron indujo y aceleró sus contracciones. En la sala de espera, su esposo recibió la noticia de que el parto fue natural porque el bebé estaba en la posición correcta. En realidad, a Damaris le efectuaron una cesárea. Entre el dolor y la confusión, recibió maltratos verbales: “Me dijeron que a las venezolanas les gusta parir mucho”.
Damaris tuvo su primera revisión prenatal hasta el quinto mes de gestación, durante las consultas médicas y el nacimiento de Jaiker Darían nunca le brindaron información en wayuunaiki. Fotografía: Betsabé Molero.
Ni Fabiana, ni Luz Eliannys, ni Damaris sabían cómo identificar las conductas denigrantes propias de la violencia obstétrica. La medicalización sin consentimiento informado previo, junto a los señalamientos recibidos por Damaris y Luz Eliannys son violencia obstétrica; la culpabilización y el abandono experimentados por Fabiana en aquella sala de emergencias cuando se encontraba en labor de parto son también expresiones de la violencia obstétrica. Sus miedos, identidad, costumbres y creencias tampoco fueron tomados en cuenta.
La deshumanización de los alumbramientos guarda una relación directa con el desarrollo de la depresión posparto, señala un estudio del Instituto Tecnológico de Antioquía. De hecho, uno de los síntomas principales de este trastorno es la dificultad para vincularse con el bebé. La ausencia de comunicación efectiva del personal médico con Fabiana, al proporcionarle escasa información sobre el estado de salud de su pequeño, anuló la posibilidad de la mujer wayuu de tener el primer contacto piel a piel con el bebé, un momento decisivo para el inicio de la lactancia.
—Mojulawa si jo’ uuchonkai mapa mochoojoo’u nos napaii si jichirraka jaukai. Mapa ainkaa ayuije aapuuwa cáncer junai jichirraka jaukai aneichi mulojouchii aütüma jüchirra niakai jüpala karchiwai. (Eso es malo, porque después el bebé la desconoce y no quiere recibir la teta. Entonces puede causar enfermedad en los senos de la mamá y el bebé no se cría. Debe ser criado con la leche de su mamá para que crezca con fuerza y rápido) —afirma Mirian.
La relevancia de las palabras de la partera wayuu se refleja en la sentencia T-302 de 2017, mediante la cual la Corte Constitucional de Colombia ordenó medidas para proteger la infancia wayuu, y prevenir las muertes de niños y niñas por malnutrición. Tan solo entre enero y noviembre de 2024, 31 infantes murieron en La Guajira. El máximo tribunal reconoce que la desnutrición materna y la falta de acceso a servicios de salud adecuados afectan directamente el bienestar de las madres y, por ende, el de sus hijos.
La consejera venezolana en lactancia, Leimar Carrero, advierte que la lactancia materna es un asunto colectivo, que involucra el acompañamiento informado y empático del personal de salud.
Mujeres binacionales, pedagogía y partería
Para la activista del Movimiento Feminista Niñas y Mujeres Wayuu, Adriana Pushaina, cualquier cambio en la prestación del cuidado sanitario para madres será insuficiente si la discriminación histórica de las indígenas continua, por su género e identidad, y en el caso de las mujeres wayuu de Venezuela por ser consideradas migrantes. El reconocimiento de la binacionalidad y el acceso efectivo a servicios de salud con enfoque intercultural son requisitos claves para garantizar que mujeres, niñas y adolescentes del pueblo Wayuu ejerzan sus derechos plenamente. La articulación de ambos factores es condición sustancial en la prevención de la violencia obstétrica.
Los partos humanizados, dignos y respetados son un derecho de todas las mujeres, y dependen del acceso a educación en materia de derechos sexuales y reproductivos, pero “el orden patriarcal, las leyes jurídicas propias y el abandono institucional en el que deben sobrevivir las mujeres wayuu, anula sus posibilidades de tener autonomía sobre sus propios cuerpos”, argumenta Adriana. Debido a la carga cultural, y el descuido gubernamental, el uso de anticonceptivos y la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia son derechos prohibidos para una parte significativa de las mujeres de esta comunidad indígena: “obligándolas a hacerlo en clandestinidad”.
Los esfuerzos dedicados a la construcción de un futuro justo para el pueblo Wayuu en la frontera entre Colombia y Venezuela exigen también que los procedimientos legales, administrativos y sanitarios, que lo permitan, valoren su idioma mediante la integración de intérpretes en las oficinas de gestión correspondientes, y la disposición de información en lengua wayuunaiki. Del mismo modo, las políticas públicas que acompañen tal propósito, deben considerar su nivel educativo, en muchas ocasiones limitado por el contexto de exclusión y marginación. Así los Estados atenderán sus necesidades y respetarán su autonomía y tradición.
La organización social wayuu es matrilineal, la herencia y el poder se transmiten a través de las mujeres: Annie, con cuatro meses de embarazo, transferirá a su hija la cultura del pueblo Wayuu, tal como lo han hecho sus tawalayuu y antepasadas. Fotografía: Betsabé Molero.
Annie Montero, de 25 años, procedente de Maracaibo, capital del estado Zulia, es un ejemplo del impacto diferenciado que el acceso a procesos de regularización migratoria puede tener en la población. Después de la vinculación laboral de su mamá con una entidad de salud en La Guajira, Annie obtuvo información para recibir el servicio. “Al principio no entendía el proceso, pero mi mamá me ayudó a conseguir el PPT, el Sisbén y la EPS. Cuando estaba embarazada (de su primer hijo) en Valledupar, me buscaban en casa, me llevaban al hospital y me regresaban”, detalla.
De acuerdo con Mirian, la partera es una figura trascendental en los alumbramientos hospitalarios, su acompañamiento representa una lección de sabiduría ancestral sobre los embarazos y nacimientos. “Una mujer embarazada también puede cuidarse a ella misma. Cuando está con la barriga, debe sobarse, pero siempre es bueno tener ayuda porque puede pasar que se muera el bebé”, afirma. No obstante, el desinterés de las nuevas generaciones y la no remuneración de la partería amenazan la permanencia de esta práctica médica tradicional. “Estos conocimientos se van a perder y nadie les dará valor hasta que ya no existan más. Eso me causa rabia porque quisiera ser recordada por esta gran labor”.
La suerte del pueblo Wayuu está íntimamente enlazada con la protección de sus mujeres. Ante las violencias y el olvido, cada parto es un riesgo, y cada nueva vida un milagro de resistencia. Sin políticas destinadas a su resguardo, sus cuerpos resultan territorios de lucha y dolor. Mientras tanto, las mujeres wayuu siguen caminando entre fronteras para no dejar morir la cultura de su pueblo.
Carta desde La Guajira para las tawalayuu (hermanas) del mundo:
Este contenido fue publicado originalmente enRevista Raya. Es uno de los productos periodísticos del programa de becas “Narrar Fronteras”, organizado y desarrollado por la Red de Periodistas Venezolanas (RDPV).
Las redes sociales nunca han sido perfectas, pero no cabe duda de que, en los últimos meses, se han convertido en una extensión más de la manosfera. Así se le conoce a ese lado oscuro, antes semi-escondido, de la web 2.0 en donde la hostilidad hacia las mujeres y la misoginia son la regla, y depredadores sexuales como Andrew Tate son personajes venerados.
La primera red social en caer en este agujero negro fue X, ante conocida como Twitter, después de que Elon Musk la comprara en 2022 usando (cómo no) tácticas de mercado agresivas y éticamente cuestionables. En uno de sus primeros movimientos como principal accionista de X, el hombre más rico del mundo despidió a casi la mitad de su personal, incluyendo a los equipos responsables de diseñar políticas para proteger los derechos humanos, garantizar la accesibilidad de la plataforma para personas con discapacidad y mitigar los posibles sesgos y daños facilitados por su tecnología. Desde entonces, X se ha convertido en un hervidero de desinformación y mensajes de odio, amplificados por algoritmos supuestamente diseñados para promover la “libertad de expresión” pero claramente impregnados de sesgos que atentan contra los derechos humanos y la democracia.
Más recientemente, Meta le siguió los pasos tras emplear una serie de cambios en sus políticas que abren la puerta para que sus usuarios difundan contenido abiertamente discriminatorio y deshumanizante. Ahora no hay que sorprenderse si usuarios de Facebook, Instagram o Threads comparan a las personas con objetos inanimados, suciedad y enfermedades como el cáncer. Tampoco se molesten en reportar a los usuarios que llamen “enfermos mentales” a homosexuales o personas trans, ni tampoco a quienes consideren a las mujeres como “propiedad”.
Todos los intolerantes y misóginos son bienvenidos en el reino de Mark Zuckerberg, quien no solo ha adoptado una estética que parece un extraño cruce entre tech-bro y rappero gen Z en un intento desesperado por encajar en nuevos paradigmas, sino que ahora también aboga por celebrar la “energía masculina” y la “agresión” en las empresas de tecnología. Como si en Silicon Valley, donde las mujeres siguen siendo una minoría y ganan, en promedio, un 16 % menos que sus colegas hombres, alguna de esas dos cosas estuviera en peligro de extinción.
¿Dónde quedan los feminismos?
No sorprende a nadie que este completo abandono a cualquier pretensión de corrección política ha tenido un impacto especialmente duro contra las mujeres y las causas feministas. Por ejemplo, en un estudio reciente en Estados Unidos, la mayoría de las personas concuerda que el contenido de las redes sociales afecta negativamente más a las mujeres que a los hombres en áreas como la imagen corporal, el estilo de vida y la autoestima.
Por si fuera poco, las plataformas de Meta restringieron recientemente la visibilidad del contenido con etiquetas relacionadas con los derechos de las personas LGBTQ+, medida que afectó especialmente a los adolescentes. El New York Times, también reportó que Instagram y Facebook bloquearon y ocultaron publicaciones de proveedores de píldoras abortivas, una práctica que se intensificó tras la investidura de Donald Trump. Cabe destacar que Zuckerberg, Musk y otros ultra ricos de la tecnología, como Jeff Bezos y Sundar Pichai, estuvieron en primera fila durante la ceremonia inaugural del magnate, después de desembolsar millones de dólares para financiar este pomposo evento.
En Venezuela, el panorama se complica aún más, considerando que algunas de las redes sociales más populares, incluyendo TikTok y X, enfrentan sofisticados bloqueos que no solo restringen la libertad de expresión y el acceso a la información, sino que también imponen barreras adicionales para que activistas feministas y LGBTIQ+ puedan movilizar sus causas, denunciar injusticias e informar a sus comunidades.
Este contexto desalentador parece advertirnos que han quedado atrás los días en que movimientos como #MeToo, #NiUnaMenos y otras campañas feministas y progresistas encontraban en las redes sociales un terreno fértil para crecer y movilizar cambios sociales. Probablemente, Audri Lorde siempre ha tenido razón: Las herramientas del amo difícilmente nos servirán para desmantelar la casa del amo.
¿Aún quedan rincones seguros en Internet para quienes apoyamos las causas progresistas?
Resulta más urgente que nunca preguntarnos si la web 2.0 aún puede ofrecernos espacios seguros donde las personas interesadas en generar cambios podamos reagruparnos, comprender lo que está sucediendo en el mundo, desahogar frustraciones y, sobre todo, encontrar nuevas formas de movilización. Si no existen, entonces también cabe preguntarnos cómo podemos crear estos espacios para que no vengan sesgados por default en nuestra contra.
Por ahora, no parece haber respuestas claras a estas preguntas, pero algunas ventanas están abriéndose en plataformas alternativas, como Bluesky, una red social que nos recuerda a los inicios de Twitter, liderada por la joven Jay Graber. Como actual CEO, Graber desafía las tendencias dominantes al apostar por un modelo abierto y descentralizado que busca devolver a los usuarios el control sobre el contenido que consumen y sus datos personales. Este enfoque contrasta radicalmente con los algoritmos sesgados de las plataformas más populares, que no solo han erosionado el pensamiento crítico de muchos, sino que también han vendido al mejor postor la información privada de los usuarios para manipular sus opiniones políticas y hábitos de consumo (¿alo, Cambridge Analytica?). Aquí hemos encontrado refugio en los últimos meses miles de activistas, periodistas, académicos y personas críticas del status quo y hartas de los excesos de Musk.
Otra opción que poco a poco está creciendo en popularidad entre personas desesperadas por crear comunidad e informarse, lejos de la toxicidad de X, Instagram y Facebook, es Substack. Esta es una plataforma especialmente diseñada para bloggeros y creadores de newsletters que encontraron aquí un sistema para construir nuevas maneras de conectar con audiencias más alineadas a sus intereses y gestionar el contenido a través de suscripciones gratuitas o pagas.
Aunque Substack no está libre de intolerancia y contenido polarizante, aquí los usuarios tienen más poder de decidir qué publicar y cómo hacerlo, sin someterse al yugo de algoritmos que prioricen ciertos temas sobre otros. Lo más atractivo para muchos usuarios es también la posibilidad de construir una comunidad “íntima” y comprometida con los mismos valores y causas. En otras palabras, ofrece la oportunidad de construir pequeños oasis progresistas en medio de un ecosistema mediático cada vez más desalentador.
Sin embargo, aún está por verse si Bluesky, Substack u otras plataformas alternativas podrán darle la vuelta a las tendencias dañinas y reaccionarias que están promoviendo Musk, Zuckerberg y otros desesperados por ser parte de ese patético club de “bad boys”, demasiado ricos para el bien de la humanidad. A veces, me cuesta creer que la Internet podrá cumplir su promesa originaria de ser una herramienta para democratizar el mundo y lograr un futuro utópico. Parece que no podemos tener cosas lindas sin que el capitalismo y el patriarcado vengan a envenenarlo todo.
Tal vez, la respuesta está en hacer un esfuerzo por desvirtualizar nuestras vidas y relaciones, al menos hasta donde se pueda. De apagar el teléfono por un rato para volver a las tertulias en los cafés, los clubes de lectura o la movilización comunitaria. Quizás, en esos espacios, después de compartir un café y un abrazo, podremos volver a entendernos, encontrar puntos comunes y movilizar esfuerzos para resolver los problemas que amenazan la humanidad (la falta de derechos de las mujeres, personas racializadas y LGBTIQ+, el cambio climático, el colonialismo, la desigualdad económica, la violencia y la intolerancia… la lista es larga).
La Red de Periodistas Venezolanas (RDPV) cerró el 2024 con un tejido de iniciativas poderosas que impulsan un periodismo con perspectiva de género. Desde campañas virales en redes sociales hasta participaciones en foros internacionales, la RDPV enfocó sus esfuerzos en promover herramientas para que la perspectiva de género sea un ejercicio periodístico continuo y consciente.
#LasPalabrasImportan: una campaña para erradicar el término “crimen pasional”
En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la RDPV, en alianza con UNFPA, lanzó la campaña #LasPalabrasImportan. Esta iniciativa, que se extendió del 25 de noviembre al 10 de diciembre, buscó sensibilizar a periodistas y medios de comunicación sobre la importancia de utilizar un lenguaje responsable y ético al cubrir casos de violencia de género, especialmente femicidios.
#LasPalabrasImportan se centró en la necesidad de erradicar el término “crimen pasional” del discurso periodístico, ya que este minimiza la gravedad de la violencia de género y la presenta como un acto romántico o impulsivo. La campaña promovió el uso de los términos “femicidio” o “feminicidio” para referirse al asesinato de una mujer por razones de género, y ofreció a los periodistas herramientas y recomendaciones para una cobertura informativa responsable, que evite la revictimización de las víctimas y sus familias.
La Conversa de ARI: un espacio para la reflexión
El 26 de noviembre, María Laura Chang, impulsora de la RPDV, participó en La Conversa de ARI, un espacio de debate sobre la violencia de género y el rol del periodismo. Durante su intervención, Chang enfatizó la importancia de “desaprender formas inadecuadas de abordar la cobertura de la violencia basada en género” y subrayó la necesidad de que los medios de comunicación se deshagan de prejuicios y lugares comunes para lograr un enfoque adecuado en estos temas.
Chang señaló que la violencia de género se manifiesta de diversas formas, desde la violencia doméstica hasta la negación de oportunidades para que las mujeres alcancen posiciones de poder. Asimismo, denunció la falta de investigación y políticas públicas efectivas por parte del Estado para prevenir los femicidios. La participación de Chang en La Conversa de ARI generó un debate enriquecedor sobre el papel del periodismo en la lucha contra la violencia de género y la importancia de un enfoque responsable y ético en la cobertura de estos temas.
Comunicación con causa: género y ambiente en el Festival Cocuyo
El 28 de noviembre, Wendy Racines, impulsora de la RDPV,, participó en el panel “Comunicación con causa: género y ambiente” durante el 5to Festival Cocuyo, realizado en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). En este espacio, Racines compartió su experiencia y reflexiones con otros profesionales de la comunicación, destacando el papel del periodismo en el cambio social y la importancia de abordar temas como género y ambiente con responsabilidad.
El panel contó con la participación de Aimeé Zambrano Ortiz, fundadora de Utopix; Rosmina Suárez, periodista de Efecto Cocuyo y miembro de la Red de Periodistas Venezolanas; y Jhonatan Gutiérrez, coordinador para América Latina de Solutions Journalism Network. Rosmina Suárez, especializada en medio ambiente y cambio climático, desmintió la idea de que el periodismo ambiental “no vende” y resaltó la importancia de profundizar en las fuentes para ofrecer una cobertura completa y rigurosa.
Taller “Narrativas que tejen igualdad” con UNFPA
El mismo 28 de noviembre, Crisleida Porras, impulsora de la Red de Periodistas Venezolanas, participó en el taller “Narrativas que tejen igualdad”, organizado por Género, Medios y Periodismo de Naciones Unidas para la Salud Sexual y Reproductiva (UNFPA). En este espacio, Porras presentó la Red de Periodistas Venezolanas, destacando su labor en la transformación de la práctica periodística hacia una realidad más feminista, inclusiva y democrática.
Porras explicó el origen de la Red, su objetivo principal y los proyectos que ha desarrollado, incluyendo Redsonadoras.com, una comunidad digital que difunde contenidos con perspectiva de género. Señaló la importancia de Redsonadoras como un espacio seguro para informarse y expresarse, especialmente en un contexto en el que medios tradicionales venezolanos aún insisten en cosificar y revictimizar a las mujeres.
Un llamado a la acción en el Foro de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, la Red de Periodistas Venezolanas se unió al llamado a la acción de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género (RIPVG) y la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC).
Ambas redes hicieron un llamado urgente a los Estados, gobiernos y sociedad a tomar acciones concretas para poner fin a la violencia contra las mujeres. En un contexto de crecientes desafíos para la libertad de expresión y el acceso a la información, se enfatizó la importancia de tejer redes y estrategias para proteger a las periodistas, comunicadoras y activistas comprometidas con los derechos humanos.
Tejiendo redes en el encuentro “Periodismo en América Latina: un Pilar de la Democracia”
Del 4 al 6 de diciembre, la Red participó en el encuentro regional “Periodismo en América Latina: un Pilar de la Democracia”, celebrado en Bogotá, Colombia. Este evento reunió a líderes de medios y activistas de Venezuela, Colombia y Centroamérica para analizar los desafíos que enfrenta el periodismo en la región y buscar soluciones conjuntas.
La RDPV tuvo la oportunidad de intercambiar experiencias con otras organizaciones y periodistas, fortaleciendo vínculos con colegas que enfrentan desafíos similares a los de Venezuela. La Red presentó el trabajo realizado hasta ahora y sumó nuevos aliados en la región, fortaleciendo su red de apoyo y colaboración.
El periodismo durante 2024, en Venezuela y el mundo, transitó desafíos entre contextos políticos y sociales cambiantes. En medio de la incertidumbre, la Red de Periodistas Venezolanas se ha mantenido firme en su compromiso con la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. A través de sus iniciativas, la RDPV ha demostrado que las palabras tienen el poder de transformar realidades, de visibilizar injusticias y de generar conciencia.
En 2025, la RDPV seguirá tejiendo redes, abriendo espacios de diálogo y promoviendo un periodismo con perspectiva de género que contribuya a un futuro más esperanzador para todas las mujeres con su fuerza #Redsonadoras.
En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y los 16 Días de Activismo de la ONU, la Red de Periodistas Venezolanas (RDPV) junto a al Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) lanzó la campaña #LasPalabrasImportan. La iniciativa buscó sensibilizar a periodistas y medios de comunicación sobre el peso del lenguaje responsable y ético en la cobertura de casos de femicidios en Venezuela.
La campaña, que se desarrolló entre 25 de noviembre y el 10 de diciembre, se concentró en la necesidad de erradicar el término “crimen pasional” y promover el uso de “femicidio” o “feminicidio” para referirse al asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer. A través de una serie de contenidos en diversos formatos publicados en Instagram y Twitter, se ofreció a las y los periodistas herramientas y recomendaciones para crear contenidos responsables, que eviten la revictimización y sean críticos ante las fórmulas del lenguaje establecidas por años que normalizan la violencia.
La campaña #LasPalabrasImportan no solo buscó transformar el lenguaje utilizado en los medios de comunicación, sino también contribuir a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria para las mujeres.
En un mundo donde las palabras pueden herir o sanar, la campaña #LasPalabrasImportan se alza como un recordatorio poderoso de nuestra responsabilidad individual y colectiva. Alcemos la voz para decir “no” a la violencia de género, para exigir justicia, para nombrar la realidad sin eufemismos que la disfracen. Honremos la memoria de las víctimas y construyamos un futuro donde las palabras sean herramientas de respeto, igualdad y empoderamiento. Porque cada palabra cuenta, porque cada vida importa.
Alcance e impacto de #LasPalabrasImportan
La campaña #LasPalabrasImportan ha logrado un alcance significativo en redes sociales, con un total de 39.324 personas alcanzadas entre Instagram y Twitter. Se generaron 2.345 interacciones (me gusta, comentarios, compartidos) en ambas plataformas. También se promovió la participación de la audiencia a través de encuestas en stories de Instagram
La tasa de engagement promedio de la campaña fue de 8,63%, lo que indica un buen nivel de interacción por parte de la audiencia, lo cual se refleja en los tres contenidos de mayor impacto de la campaña:
Meme “Te mentí, no tengo Netflix…”: Este meme, que aborda la diferencia entre los términos “femicidio” y “feminicidio”, se posicionó como el contenido con mayor interacción, generando 1.034 interacciones y un alcance de 12.461 personas en Instagram. Destacó entre las demás publicaciones por su tono informal y humorístico, combinado con información relevante.
Carrusel con corrección de titulares: El carrusel que ejemplificaba el uso correcto del lenguaje en titulares sobre femicidios también tuvo un gran impacto. Su formato dinámico y visualmente atractivo, junto con la información precisa que proporcionaba, lo convirtieron en un recurso valioso para periodistas y público en general.
Reel con titulares de femicidios: Este reel, que mostraba la frecuencia de los femicidios en Venezuela a través de titulares de noticias, generó un alto nivel de engagement debido a la crudeza de los datos y la forma en que visibilizó la problemática. Su efectividad radica en la capacidad de generar conciencia sobre la magnitud de la violencia de género en el país.
Por otro lado, la transmisión en vivo con expertas en la cobertura de violencia de género alcanzó más de 12000 personas conectadas, dándole mayor eco y visibilidad a la campaña.
La campaña #LasPalabrasImportan demostró ser una iniciativa efectiva para sensibilizar sobre la importancia de un lenguaje responsable en la cobertura de femicidios.
El éxito de esta iniciativa radica en la combinación de estrategias de comunicación, como el uso de memes, carruseles informativos y transmisiones en vivo, que han permitido difundir un mensaje claro y contundente: las palabras importan en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.
Las personas desaparecidas mencionadas en cada episodio de este podcast son buscadas por el comité venezolano Esperanza de Madre. Escucha sus historias aquí:
Episodio 1: Las trochas
A veces migrar es llegar a ninguna parte: tras la crisis económica de Venezuela, José Gregorio Sánchez y Eliécer Antonio Hernández migraron a Colombia. Meses después, desaparecieron en “trochas” colombo venezolanas. Dicen los testigos que fueron capturados por grupos armados irregulares: José Gregorio en 2018 y Eliécer en 2021. Ambos son víctimas de desapariciones forzadas transfronterizas.
Episodio 2: Una oferta engañosa
Las venezolanas Marilyn Yorley Álvarez y “Mariana” fueron desaparecidas en Cúcuta tras aceptar una oferta de trabajo que acabó siendo un engaño. Dicen que a Marilyn la tiene un grupo armado irregular desde su desaparición en 2018. Por suerte, Mariana logró escapar en 2021 de donde la tenían. Ambas son víctimas del delito de trata de personas en la frontera colombo-venezolana.
Episodio 3: La migración pendular
Los venezolanos Alver Luis Sánchez y Sandra Luvic Barrios vivían en territorio venezolano y trabajaban del territorio colombiano. Ambos desaparecieron en la zona fronteriza de ambos países: Alver en 2020 tras una supuesta captura por parte de un grupo armado irregular. Sandra Luvic en 2018 sin dejar rastro ni testigos. Ambos son víctimas de desapariciones forzadas transfronterizas.
También puedes escuchar los episodios en Spotify:
Nota: Para cualquier información sobre las personas desaparecidas dejamos los siguientes datos, compartidos originalmente por La Gran Aldea:
Teléfono: +58 424 949 9267
Redes (Facebook, X-Twitter y TikTok): Esperanza de Madre (Desaparecidos).
Este contenido fue publicado originalmente en La Gran Aldea. Es uno de los productos periodísticos del programa de becas “Narrar Fronteras”, organizado y desarrollado por la Red de Periodistas Venezolanas (RDPV).
Creada por La Red de Periodistas Venezolanas (RDPV) a mediados de 2024, Redsonadoras.com emerge como una comunidad digital dedicada a la difusión de contenidos, historias e iniciativas que resuenen como un grito colectivo para impulsar el periodismo feminista en el país y la región.
Con una línea editorial independiente, este espacio se centra en la promoción del periodismo con perspectiva de género y una visión transversal de la inclusión. Este medio ofrece un espacio seguro donde las mujeres de todas las comunidades y colectivos sociales pueden informarse y expresarse, con contenidos creados con respeto, ética y sensibilidad social.
Desafíos y logros de mujeres y periodistas
Redsonadoras.com se reconoce también como divulgadora del activismo en derechos humanos y defensora de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes. La plataforma publica una variedad de contenidos, incluyendo aprendizajes clave de las formaciones ofrecidas por la RDPV, productos de programas de becas, y artículos de otros medios aliados. Estas notas y reportajes se enfocan en los desafíos y logros de las mujeres y periodistas venezolanas.
Ante un panorama mediático donde muchos medios tradicionales en Venezuela continúan cosificando y descalificando a las mujeres, Redsonadoras.com demuestra que es posible adoptar un periodismo más respetuoso, empático y riguroso en la cobertura de situaciones que afectan a la mitad de la población mundial.
El objetivo a largo plazo de esta plataforma es consolidarse como el principal medio feminista en Venezuela, lograr alcance nacional e internacional y ampliar la resonancia de la labor de las periodistas venezolanas y latinoamericanas al tejer nuevas redes sororas y significativas en la región.
Cuatro fructíferos años de la RDPV
Desde su fundación en junio de 2020, la RDPV ha crecido para incluir a más de 260 mujeres periodistas que trabajan en diversos medios y organizaciones. La Red fue impulsada inicialmente por María Laura Chang y Estefanía Reyes, quienes convocaron a colegas y amigas para crear un espacio de conexión y colaboración en medio de la pandemia.
Entre sus iniciativas más destacadas se encuentra el Informe sobre Acoso Sexual contra periodistas en Venezuela, que visibilizó una problemática silenciada. En sus hallazgos se expuso una realidad conocida por muchas personas de los medios, pero que permanecía en la sombra, queriendo normalizarse para comodidad de los agresores.
El Bootcamp “Género en Foco” fue otro proyecto clave, proporcionando un espacio para el debate y aprendizaje sobre temas urgentes como el antirracismo, las crisis ambientales y los derechos humanos. Este evento presencial en Caracas combinó sesiones in situ y virtuales para maximizar su alcance y efectividad, al incluir a la mayoría de las miembras de la RDPV.
La campaña #LasPalabrasImportan, en colaboración con la Agencia de las Naciones Unidas para la Salud Sexual y Reproductiva en Venezuela y al Fondo para la Población de Naciones Unidas (UNFPA), se dedicó al activismo para erradicar la violencia contra la mujer.
Desarrollada en un marco de 16 días de activismo en redes sociales, esta campaña se enfoca en sensibilizar sobre la importancia del lenguaje y la forma en que se informa sobre la violencia de género.
Programas de Becas “Redsonadoras” y “Narrar Fronteras”
Además, los programas de becas como “Redsonadoras” y “Narrar Fronteras“, con convocatorias abiertas y sesiones de formación, han apoyado la producción de contenidos periodísticos que abordan temas de justicia de género, diversidad e inclusión, así como las complejas realidades de las zonas fronterizas.
Estos programas han proporcionado financiamiento y formación a periodistas y activistas, fortaleciendo la cobertura de temas cruciales en regiones marginalizadas.
La RDPV continúa su compromiso de transformar el periodismo venezolano, mostrando que es posible un enfoque más respetuoso y empático hacia las mujeres en los medios, y aspirando a consolidarse como referencia de periodismo feminista en Venezuela.
Crisleida Porras, periodista y editora de Redsonadoras.com, representó a la RDPV en el curso “Narrativas que tejen igualdad: Género, medios y periodismo” organizado por UNFPA en Venezuela. Tras detallar los objetivos de la Red y los proyectos realizados, resaltó que “este no es solo un recuento de metas alcanzadas. Al presentarles esta iniciativa hoy, queremos invitar a las participantes de este taller a inspirarse y hacer realidad sus proyectos periodísticos”.
Añadió que lograr estas metas implica grandes sacrificios personales y profesionales, así como enfrentar desafíos particulares del contexto que significa hacer periodismo independiente en Venezuela. Pero no por ello es imposible y la RDPV existe como prueba irrefutable.
¿Quién dijo que a todas las pueden salvar? Muchas veces son devueltas en urnas al otro lado de la frontera o las entierran en suelo colombiano en la más absoluta soledad, con sus deudos a cientos de kilómetros resignados o viendo su funeral por una videollamada. Hay otras que simplemente siguen desaparecidas.
A algunas les roban sus niños o los separan institucionalmente de ellas, les quitan sus documentos y son confinadas mientras son explotadas sexualmente día tras día, noche tras noche. Otras son esclavizadas y entregadas a grupos armados en la guerra sin fin, en la Colombia profunda, o traficadas a otros países.
La muerte lenta les llega por VIH u otras infecciones de trasmisión sexual (ITS). Las inducen al consumo de sustancias psicoactivas, como alcohol u otras drogas, adicciones que las sumen en una destructiva vorágine. Un escaso número se reconoce como víctima, pocas se atreven a denunciar, mientras que los ínfimos casos retratados en los medios tradicionales ven luz bajo un enfoque revictimizante para saciar los clics.
La mayoría será parte del subregistro y de la negación y abandono de su Estado de origen, del Estado a donde migraron forzosamente o por donde pasan en tránsito. Las niñas, adolescentes y mujeres migrantes explotadas sexualmente o sometidas a contextos de prostitución llevan las de perder en todo momento.
Pero algo tienen todas en común: siempre hay alguien lucrándose una y otra vez de la venta de sus cuerpos a otros hombres que las demandan como una mercancía más. Mientras exista la demanda, la trata no cesará.
En este panorama, la voz de mujeres que trabajan en condiciones elevadas de riesgo y condiciones adversas para auxiliar y rescatar a víctimas y sobrevivientes se hace vital en el camino de sanar y superar las múltiples violencias que no cesan en medio del contexto migratorio.
Ilustraciones: Ernesto Cáceres
De víctimas a defensoras: un viaje de sanación y activismo
La lucha que libra la abogada Alejandra Vera contra las mafias proxenetas en la frontera colombo-venezolana hace quizá parte de su proceso de transformación: del dolor a la dignidad. Desde niña sufrió el desplazamiento forzado por el conflicto armado colombiano, la violencia brutal de su progenitor y luego ser vendida a una familia venezolana. Ha denunciado con fuerza las múltiples violencias que padecen las mujeres en la zona, que van desde cruentos asesinatos hasta el robo de sus hijos.
Es precisamente en Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela y puerta de entrada de migrantes forzados, el nódulo donde confluyen múltiples actores, que van desde grupos armados, redes de trata y bandas criminales, además de la proliferación de los estudios webcam (recintos destinados a generar contenido pornográfico a costa de la explotación sexual y laboral de niñas y mujeres) donde el trabajo de lideresas como Alejandra Vera, directora de la Corporación Mujer Denuncia y Muévete, cobra una labor vital, pero de altísimo riesgo.
Alejandra relató que en 2024 fue perfilada y expuesta por funcionarios de la alcaldía de Cúcuta y la Policía de Turismo ante los dueños de prostíbulos y proxenetas, después de haber revelado la crisis sanitaria que afectaba a cientos de mujeres víctimas de trata y prostitución.
En su organización, más de 12,000 mujeres migrantes han sido atendidas en los últimos tres años, muchas de ellas embarazadas y víctimas de trata desde niñas. “La violencia sexual y la explotación están normalizadas en algunas comunidades, donde incluso los cuidadores participan en estos abusos”.
Justo en torno a los derechos sexuales de las mujeres y a una vida libre de violencia, el debate entre los modelos para abordar la prostitución se mantiene abierto en Colombia, entre dos visiones: el regulacionismo, que pide su reconocimiento jurídico, la considera un trabajo, exige beneficios laborales, rechaza el punitivismo sobre quienes la ejercen y asegura que éstas lo hacen de manera “voluntaria” (agencia propia).
Por otro lado, el abolicionismo de la prostitución asegura que esta ni es sexo ni trabajo: es violencia sexual y machista, donde las mujeres son consideradas una mercancía u objeto de consumo al servicio de los hombres. En sus ejes está ofrecer una salida, protección a las víctimas y sobrevivientes (atención psicológica, jurídica, sanitaria y laboral), nunca criminalizarlas, perseguir al proxenetismo y sancionar la demanda.
Aunque en Colombia, la prostitución no está prohibida como tal y el debate se vuelve complejo, Vera insiste que se trata de una forma de explotación. Entre 2018 y 2024, la oenegé que lidera identificó a unas 5,000 mujeres en contextos de explotación sexual y víctimas de trata, la mayoría migrantes venezolanas.
En 2023, la organización que Alejandra dirige registró oficialmente cinco mujeres asesinadas en contextos de explotación sexual. La activista detalló que las mujeres son encontradas en costales en los canales u otras son llevadas a la zona del Catatumbo, región de Colombia en la que históricamente han accionado las guerrillas del ELN, las FARC, el EPL y los grupos paramilitares, “a través de formas inimaginables de la violencia, y que han dejado a su paso más de 130,600 víctimas”, como reseña el portal Rutas del Conflicto.
“Es muy duro oírlas llorar, cómo describen la violencia sexual a las que son sometidas, que desean salir de allí o cuando confiesan que han intentado quitarse la vida. Pero también es muy doloroso cuando terminan asesinadas, contactar a sus familias y repatriar sus cuerpos”, denuncia Vera.
Traspasar el dolor para servir
Una pistola en la cabeza cambió la dirección de una vida marcada por la explotación sexual a la que Kate estaba sometida desde que cruzó a Colombia. Fue el punto de giro en el tránsito de víctima a transformarse en un instrumento de auxilio y sanación en las historias de otras.
“Un hombre me amenazó, me quería matar y tuve que salir desnuda corriendo a pedir ayuda. Ese día pensé, ¿quién cuidaría de mi hija si algo me pasa? Eso fue lo que me llevó a decidir que era hora de cambiar”, recuerda esta mujer venezolana de 31 años, aún con dolor, mientras une los retazos del suceso que la llevó a convertirse en defensora de los derechos de mujeres migrantes y colombianas retornadas, desde Cúcuta, Norte de Santander, frontera con Venezuela.
Retrocede y recuerda el viaje emprendido en 2016, cuando llegó desde el estado Lara (a casi 370 km de Caracas) con su hija de 4 años, con la intención de trabajar y enviar dinero para el tratamiento médico de su padre enfermo.
La promesa de trabajo de una “amiga” la llevó a un lugar donde se ejercía la prostitución y durante dos meses estuvo inmersa en un ambiente de drogas, violencia y explotación, sometida por un proxeneta que le exigía pagos diarios a cambio de protección.
Cruzar esa dolorosa línea para Kate fue posible gracias al apoyo que recibió de varias organizaciones, entre ellas la Corporación Feminista Mujer Denuncia y Muévete.
No ha sido fácil el camino, pero el balance hoy en día lo considera positivo. Regresó a los burdeles, pero para extender su mano a otras.
“Todo fue cambiando cuando comencé a trabajar con una organización internacional. Ellos me dieron tarjetas canjeables por mercados y kits de higiene, lo que fue una bendición en ese momento”.
Meses después, la misma organización lanzó un proyecto destinado a ayudar a mujeres y gracias a su experiencia Kate fue seleccionada para unirse a esta iniciativa. Así, comenzó a enseñar a otras mujeres a reconocerse a sí mismas, a pesar de la violencia y el sometimiento que enfrentan, como rigurosos encierros, crueles golpizas y amenazas de muerte.
El proceso de auxiliar a otras también ha implicado poner su vida en riesgo. Durante la activación de una ruta de denuncias, alguien alertó a bandas delictivas que operan en el parque Mercedes Ábrego de Cúcuta (zona de impacto) y hoy Kate enfrenta amenazas por su trabajo como defensora de los derechos de muchas mujeres.
“El año pasado, acompañé a una niña venezolana que fue golpeada por un proxeneta al negarse a vender drogas. Hicimos la denuncia ante la fiscalía y un año después no ha pasado nada. La persona denunciada fue alertada de lo que estábamos haciendo”.
La niña tuvo que regresar a Venezuela debido a amenazas de muerte. No recibió protección de ninguna institución en Colombia. “Esta situación es común cuando se activan las rutas para víctimas de trata, convirtiéndose en un proceso lento en el que muchas mujeres han sido asesinadas”.
Kate conoce bien el pantanoso terreno que pisa y describe cómo las bandas criminales demuestran su control del territorio en los asentamientos de migrantes donde, junto a los proxenetas, imponen un férreo control sobre sus vidas:
“Una vez que alcanzan la pubertad, entre los 13 y 14 años le advierten bajo amenaza de muerte que no deben perder su virginidad sin su permiso, porque las consideran de su propiedad. Las marcan como reses, con tatuajes con los que las identifican como de su propiedad”.
Si una niña intenta escapar o su familia protegerla, no les queda otra salida que huir. Kate, insiste en las fallas de las rutas de protección para las víctimas de trata. “Existen casas de refugio para ellas y sus hijos, pero el tiempo de estancia es limitado y luego deben abandonar el refugio. Incluso, a veces la información sobre su caso se filtra, llega al victimario y agrava el escenario”.
Kate ha sido una voz activa para las mujeres migrantes víctimas de trata y sobrevivientes de violencia sexual en numerosos eventos en Colombia. Ha presentado peticiones de protección a diversas entidades estatales, cuestionando la atención y protección brindada a las víctimas, así como la gestión en procesos de regularización migratoria.
El discurso de la dignidad: sobrevivir para contarla
En agosto de 2018, el más alto estrado de la justicia en Colombia, la Corte Constitucional, se vio sacudido cuando Claudia Quintero se plantó para pronunciar en 13 minutos su emblemático Discurso de la Dignidad. Retumbaba entre la solemnidad de los magistrados, togas y rostros que mudaban de la circunspección al asombro.
“Pienso en cada noche en que pasé frío, los proxenetas me castigaban. Pienso que fue una vida de dolor, ¿voluntariamente elegida por mí? Sí, pero con una pistola simbólica en mi cabeza cargada de desplazamiento forzado en guerra, indiferencia, discriminación, abuso, falta de oportunidades (…) No quiero derechos laborales, quiero derechos humanos y esos no me los garantizó la prostitución”
Frases que llevan a un debate impostergable de cuánta agencia, voluntad propia o consentimiento existe en las mujeres empobrecidas o marginadas que son sometidas a la explotación sexual y a la prostitución. “En el burdel no se te garantiza ningún derecho, solo eres una mercancía (…), ahí te quieren drogada, alcoholizada y operada”, remata esta mujer.
A Claudia, nacida y criada en zona fronteriza colombo venezolana, su trabajo como activista de derechos humanos desde adolescente le costó amenazas, vejaciones por grupos paramilitares y el desplazamiento forzado junto a su familia a causa de la guerra en Colombia. La migración interna a la capital fue dura: con una bebé en brazos, embarazada y el abandono de su pareja, es enviada a un refugio en Bogotá. Allí, más empobrecida, con hambre y desesperada termina empujada a ejercer la prostitución en medio del consumo de sustancias que le permitían aguantar los abusos diarios y extremos. Es casi una década después cuando logra pedir auxilio a la Unidad de Víctimas, para salir de ese contexto y entrar en duros procesos de rehabilitación.
El verbo de Claudia es poderoso y vehemente y es una de las caras más visibles de la lucha contra la explotación sexual y contra la prostitución en Colombia, defensora de la dignidad de niñas ymujeres colombianas y migrantes venezolanas.
Con una convicción inquebrantable, está por graduarse de psicóloga y dirige la Fundación Empodérame con el apoyo de voluntarias, incluyendo a mujeres sobrevivientes. Ha sido pionera en la lucha en las más altas cortes de Colombia para la defensa de las mujeres víctimas de explotación sexual y prostitución: ha ganado cantidad de casos ante la justicia, a favor de colombianas, venezolanas y otras nacionalidades. Su fundación apoya y rescata en promedio a unas 500 mujeres víctimas y sobrevivientes por año.
Sobre la situación en Venezuela, Claudia elige calificarlo como “una tragedia humanitaria”. En particular, resalta que la situación de migración forzada especialmente de mujeres y niñas, las empuja a la explotación sexual en Colombia y en otras partes del mundo. “Es una vergüenza para la humanidad, es un castigo contra ellas por el hecho de ser mujeres y pienso que es un problema a raíz de la política dirigida por hombres”.
Confiesa reconocerse en la tragedia de otras, “me mueve la empatía que me brinda el hecho de haber sido víctima, siento que se repite en ellas mi historia del desplazamiento, de la explotación, del abuso a partir de la situación de movilidad que teníamos las víctimas del conflicto armado y que ahora tienen las migrantes”.
Cruzar para salvarte y salvar a otras
Bajo la batuta de Claudia Quintero, Empodérame sigue impactando innumerables vidas de mujeres locales y migrantes. Entre su equipo de voluntarias está Fany, quien se vio forzada a migrar desde los llanos venezolanos hacia Colombia hace 6 años. Medir 1,70 de estatura y pesar menos de 45 kilos, para ella era lo más cercano a sentir que se extinguía junto a sus dos niños, ambos casi en el umbral de la desnutrición.
En 2018, cuando atravesaba el último río hacia Colombia quedó bajo el fuego cruzado entre grupos armados en el departamento de Norte de Santander. Tirarse al piso, arrastrarse y chocar con una guerra ajena: así entraba y no había vuelta atrás.
Tras vivir en condiciones muy precarias y bajo la promesa de un trabajo como “mesera en un bar” accedió a ser trasladada a una zona rural, pero fue captada bajo engaño previamente por una familiar:
“Nos vendaron y luego de 5 horas por carretera desde Cúcuta nos entregaron a un grupo armado para ser esclavas sexuales junto a otras 20 mujeres venezolanas y colombianas. Las que se negaban, los milicianos las mataban, ahí pasaba un río cerca, ahí las tiraban”.
Fany no fue rescatada y tras huir a Medellín (Antioquia), a casi 700 km de la frontera, dormir en lugares diferentes cada noche por miedo a ser localizada por la red e intentar sobrevivir de varios modos, se vio obligada a ejercer la prostitución durante 4 años en el emblemático Parque Berrío.
Justo en una jornada de caracterización sobre la explotación sexual que hizo Empodérame en la ciudad, las vidas de Claudia y de Fany se cruzaron, tejiendo una historia de solidaridad y apoyo juntas: ambas como sobrevivientes de múltiples violencias, pero empeñadas en ayudar a otras.
En el tiempo que lleva como voluntaria de Empodérame, Fany ha sido enlace clave con mujeres víctimas, tanto de explotación sexual como en el ejercicio de la prostitución. En las jornadas de caracterización ayuda a identificar en éstas los riesgos que atraviesan y sus necesidades más apremiantes, además de ofrecer asesorías jurídicas para que las sobrevivientes entiendan y ejerzan sus derechos.
Justo en los operativos de abordaje otro caso emblemático de auxilio ha sido el de Grecia, migrante forzada con discapacidad cognitiva quien fue detectada en la calle junto a su hijo Matias de 5 años. Había sido víctima de violencia intrafamiliar y de explotación sexual en medio de su desesperada búsqueda de empleo. Captada bajo engaño por una mujer de su entorno, movilizada y entregada en zona rural de Santander a una red de trata, logró escapar del confinamiento y ser auxiliada para luego iniciar una ruta de protección para víctimas de explotación sexual que ha dejado expuestas innumerables fallas
La fundación Empodérame tuvo que trazar a los meses una enérgica estrategia jurídica para que pudiera recuperar a su niño, del cual fue separada cuando estaba a punto de perder el beneficio de refugio otorgado por el Estado colombiano. El accionar de la fundación fue clave para la reunificación de Matías y Grecia, pero la amenaza del desalojo del albergue y que le quiten de nuevo a su niño siguen latentes mientras siga en Colombia por la exigencia de conseguir un trabajo estable pese a no contar con ninguna red de apoyo, por lo que la fundación se mantiene vigilante.
Al día de hoy, las vidas de Grecia y Fany están unidas por la sororidad y la voluntad de una red de mujeres que no se rinde frente a los devastadores daños que deja la explotación sexual y la prostitución forzada en sus pares, reciben la compañía y el auxilio que ha significado un punto de giro en sus vidas.
Fany fue becada en 2023 y logró obtener un diplomado en servicios hoteleros, y aunque como mujer colombo-venezolana, ambos Estados le han fallado, sigue convencida en ayudar y orientar a mujeres que sufren el contexto que ella experimentó. Por su parte, Grecia solo espera impaciente la confirmación del reasentamiento hacia Australia en calidad de refugiada junto a su niño.
Del abuso y la deportación al auxilio de otras
Sororas e Irreverentes es el nombre de la organización que dirige Adriana, quien ha logrado caracterizar a unas 100 mujeres, entre venezolanas y colombianas que se identifican como víctimas de explotación sexual y sobrevivientes de violencia de género en la frontera colombo-venezolana, junto al apoyo de organizaciones como la Corporación Feminista Mujer Denuncia y Muévete Cúcuta.
La fundación que lidera procura ofrecerles a estas mujeres desde opciones para el cuidado de la salud sexual y reproductiva, pruebas de tamizaje, VPH, VIH hasta alternativas de emprendimientos para encontrar una salida segura de la prostitución, considerando que el factor económico es el principal motivo que las mantiene en esta situación.
“Nuestra vida es muy complicada y peligrosa. Desde afuera, parece que estamos aquí porque nos gusta, pero no es así. Las condiciones son extremas, estamos expuestas a enfermedades y, a veces, no podemos seguir los tratamientos porque no tenemos cómo pagarlos”, dice Adriana, quien sigue ejerciendo la prostitución.
Pero en los 42 años de vida de esta mujer, la ocurrencia de múltiples violencias ha sido más que abrumadora. Siendo una niña de apenas siete años sufrió durante un largo tiempo el abuso sexual de su padrastro. Todo empezó en época navideña en Colombia. “Durante la celebración de la Noche de Velitas, me violó. Mi mamá nunca me creyó”, recuerda.
Poner fin al infierno que vivía la empujó a escapar de su casa con quien finalmente fue el padre de sus hijos y quien la golpeaba salvajemente, por lo que fueron obligados a huir por estructuras criminales que ejercen control social en los territorios. Es cuando en 1999, escapa disfrazada de hombre a Venezuela, al estado Portuguesa. Ante la precariedad y la imposibilidad de regularización migratoria fue captada por una red de explotación sexual de la que logró salir y regresar a su país.
Pero en 2002, vuelve a ser víctima del conflicto armado. “En Cúcuta, mataron a mi papá delante de nosotros”, por lo que sufre su segundo desplazamiento forzado y vuelve a Venezuela: sin documentos venezolanos vuelve a estar marginada y opta por la prostitución en Caracas. “Me detuvieron. Yo no quería firmar la deportación, pero me obligaron. Fui violada por funcionarios de seguridad. La Guardia Nacional y oficiales de migración fueron los responsables de esto”, reveló Adriana.
La deportación desde Venezuela a Colombia agudizó su crisis económica y la empuja nuevamente a ejercer la prostitución en Cúcuta, desde donde también fue captada por una “amiga” resultando como víctima de trata en Ecuador.
Al día de hoy, con las represalias latentes, pero con la experiencia que le dan las cruentas batallas libradas, Adriana reta a las autoridades municipales de Cúcuta en busca de mayor protección y respeto a su labor:
“En una reunión con el alcalde, le explicamos que con nuestro cuerpo todos se lucran: el dueño del bar, los clientes y los traficantes de drogas porque inducen bajo amenaza a muchas chicas a ofrecer drogas a los clientes, lo que a veces les cuesta la vida, nos ha tocado repatriar los cuerpos de las venezolanas”.
Sororas e Irreverentes está compuesta por mujeres que como Adriana aun desempeñan la prostitución. “Nos protegemos mutuamente porque siempre hay quienes intentan agredirnos. Si eso ocurre, todas nos defendemos, incluso contra la policía, que a veces nos atropella o envía patrullas para dispersarnos, diciendo que no quieren ver a ninguna prostituta”.
Aves de paso y un ángel en el camino
Herminda Bermúdez ha perdido la cuenta de la cantidad de derechos que se le han negado en su vida. Vivió en situación de apatridia casi seis décadas, tiempo durante el cual el derecho a una nacionalidad, a la pertenencia y arraigo a su patria no lo había podido ejercer. No fue sino hasta los 59 años de edad que logró tener su identidad colombiana, mientras que, como desplazada forzada durante unas cuatro décadas en Venezuela por el conflicto armado, nunca logró tener un estatus migratorio regular, sino que por el contrario, sufrió la deportación en agosto del 2015, en medio del decreto de Estado de Excepción dictado por Nicolás Maduro en la frontera tachirense. Pero tras el retorno forzado a su país traía una misión: salvar las vidas de otras mujeres.
Aves Emigrantes de Paso Somos Uno Solo (FUNDAPASOVES), es el nombre que Herminda decidió darle a la fundación que lidera a través de la cual rescata, apoya y orienta a mujeres venezolanas y colombianas retornadas que han sido víctimas de trata y de violencia basada en género. La casa funciona en medio de un asentamiento irregular (invasión) en el que colombianos y migrantes venezolanos han levantado viviendas precarias. El asedio al que es sometida por grupos armados es constante, pero no detiene su labor en Cúcuta.
“En 2017, intenté rescatar a una mujer que era víctima de violencia intrafamiliar y terminé arrodillada, amenazada con una pistola en la cabeza por el marido de la víctima”, recuerda esta mujer, quien a sus 69 años se ha convertido en un “ángel” para la vida de muchas por medio de intervenciones en terreno, constantemente vive expuesta a contextos violentos y de lucha armada que se libra en esa zona fronteriza.
En agosto de 2024, una joven migrante venezolana que falleció en condiciones adversas en Cúcuta, pudo recibir una sepultura digna a través de las gestiones ejercidas por Herminda. El cuerpo de la joven había permanecido semanas en la morgue del hospital Erasmo Meoz de Cúcuta sin que nadie lo reclamara, pues su madre en Venezuela no contaba con los recursos para repatriarlo ni trasladarse al lugar. Herminda y su equipo gestionaron el entierro con la ayuda de instituciones locales, lo que fue profundamente agradecido por la mamá de la joven en Venezuela.
Gracias al apoyo de organizaciones internacionales como ACNUR y la ONU, así como de la Defensoría del Pueblo, esta lideresa ha logrado gestionar soluciones de emprendimiento para mujeres migrantes y retornadas. Estas iniciativas han permitido que muchas salgan del sometimiento y la violencia a las que viven sometidas. A través de charlas, apoyo psicológico y proyectos como peluquerías, panaderías y otras labores, se les brinda la oportunidad de mejorar sus condiciones de vida y superar la precaria situación en la que se encuentran.
Recompensa al trabajo en contextos de trata
Tiró la puerta, entró borracho, drogado y la golpeó con toda su fuerza, le reventó un ojo y la boca. Fiebre alta y una hemorragia vaginal aparecieron con los días. Como si se tratara de un despojo humano, el proxeneta que la mantenía encerrada se deshizo de ella porque ya no le generaba ganancias. Así inicia María Mercedes el relato de uno de los capítulos más dolorosos de su vida.
Sin embargo, la caridad de un hombre la ayudó a conseguir medicinas y un empleo temporal que sirvió para mantener a flote a esta mujer de 45 años, quien había salido en 2019 desde Maracay (Aragua) hacia Cúcuta, empujada por la precariedad que vivía.
“A mi hija de 7 años no la podía alimentar ni enviar a la escuela con hambre. Por las noches, la distraía para que se durmiera sin pedirme comida. Pero al día siguiente, tampoco tenía nada para darle”.
Justo en este capítulo de la vida de María Mercedes hay un nombre que queda indeleble: Magaly Castañeda, abogada y lideresa de la Fundación Frida Kahlo, quien le brindó apoyo emocional y orientación para un emprendimiento del cual vive actualmente, junto a su esposo y su niña, cuando finalmente se pudieron reunificar.
El 70% de las mujeres atendidas por esta organización desde 2018, han sido migrantes venezolanas, en edades comprendidas entre los 18 y 28 años. Magaly mantiene un trabajo incansable dedicado a salvar y restaurar las vidas de estas mujeres que en su mayoría han sido coaccionadas o engañadas. Trabaja en zonas de impacto de Cúcuta y Villa del Rosario lo que le ha permitido identificar que los casos de trata de personas han aumentado progresivamente: De 5 en 2022 a 56 hasta julio de 2024.
“Desde 2020 la vulnerabilidad de las mujeres migrantes, frente a los tratantes y grupos criminales va en aumento”, resume Castañeda, galardonada en 2022 con el Programa de Liderazgo de Visitantes Internacionales (International Visitor Leadership Program IVLP) del Departamento de Estado de EE. UU., por el impacto de su organización en mujeres víctimas de Violencias Basadas en Género (VBG) y trata de personas.
Casa de segundas oportunidades
La Esperanza es el nombre del Centro de Acogida y Capacitación de las Hermanas Oblatas en Medellín, congregación que hace más de siglo y medio acoge a mujeres prostituidas que eran excluidas y rechazadas en otras instituciones, les brindan formación en oficios diversos y acompañamiento psicosocial
Para las Oblatas, la prostitución, la pornografía y las actividades en los estudios webcams no son trabajos, son la antesala de la trata de mujeres con fines de explotación sexual y están ligadas a la feminización de la pobreza y la desigualdad social creciente, postura que dicen compartir con la Relatora Especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas de la ONU, Reem Alsalem.
“No podemos cruzar los brazos mientras estas mujeres siguen siendo tratadas como objetos”, dice una de sus integrantes quien prefiere mantener su identidad bajo resguardo.
Entre la calidez que se respira en La Esperanza el trabajo en red es incansable. Natalia Marín, psicóloga del centro, documenta y atiende a las que tocan las puertas y que traen consigo secuelas emocionales, conductuales y psicológicas severas. “Muchas presentan trastornos duales, muchas son obligadas a consumir sustancias psicoactivas o alcohol, lo que deriva en trastornos depresivos, de ansiedad e incluso psicóticos”.
Para Natalia, auxiliar a mujeres migrantes es todo un reto, en especial por los duelos que se les suman:
“Pierden su identidad, su autoestima, no encuentran su lugar en el mundo, se sienten propiedad de otro. Tratan de sostener a sus familias a distancia, mientras les toca defenderse y sobrevivir acá”.
Las Oblatas también trabajan de la mano de voluntarias como Jeny, mujer afrocolombiana quien de adolescente fue víctima de explotación sexual, captada en Medellín y trasladada bajo engaño junto a otras adolescentes hasta el departamento del Meta, municipio rural de San Martín (zona de distensión de los paramilitares entre 1998 y 2002) donde fueron encerradas en cuartos bajo cadenas las 24 horas del día.
“Cuando llegamos nos pusieron en fila, arrodilladas, listas para el tiro de gracia, frente al comandante paramilitar. Nos prometieron asesinarnos si alguna intentaba escapar o avisar a la familia”.
Tras su desaparición nadie de su familia la buscó ni avisó a autoridades policiales por miedo. Luego de un mes logró escapar de sus captores y en el intento falleció una de las adolescentes y un integrante de la organización criminal, quien les había abierto los candados de los cuartos donde eran sometidas.
Por muchísimos años Jeny guardó silencio por miedo a ser culpada. La falta de apoyo de su familia y los traumas de la guerra y la explotación la llevaron al consumo de alcohol, un embarazo temprano y a merced de la prostitución. Y aunque logró salir, el apoyo de las Hermanas Oblatas ha sido crucial para ella. Ganó una beca universitaria y se prepara para ser abogada con un propósito de vida irrevocable: asistir a las víctimas de explotación sexual y prostitución colombianas y migrantes.
Misión arriesgada, indetenible y contra todo pronóstico
Mientras el acuerdo internacional más importante en materia de lucha contra la trata de personas, el Protocolo de Palermo, exige a los Estados “desalentar la demanda que propicia cualquier forma de explotación”, especialmente de mujeres, niñas y niños, el Estado colombiano luce ambiguo o parece ir en dirección contraria. Las organizaciones consultadas para este reportaje advierten aún serias fallas para el reconocimiento de las víctimas, para iniciar y permanecer en la ruta de atención y acceder a un proceso de justicia y de reparación. Como si fuera poco, otro agravante lo constituye la ausencia de protección , resguardo y garantías a la integridad para estas mujeres que se mantienen en lucha ayudando a otras, expuestas ante el accionar de redes criminales pero inquebrantables en la denuncia de estos contextos y en el auxilio de sus pares. La falta de capacitación de jueces y fiscales para la tipificación adecuada del delito ya ha sido expuesta también en otras instancias .
En el caso de Venezuela, se suma la opacidad sobre las estadísticas y caracterización de las víctimas de trata, la ausencia de un mecanismo que acoja con dignidad a mujeres víctimas y sobrevivientes, y por ende la ausencia de políticas públicas de protección, incumpliendo tratados internacionales de los que son signatarios, como lo explicó para este informe la ONG Mulier Venezuela.
*Nota:Los nombres de algunas de las víctimas que aportaron sus testimonio para esta investigación fueron cambiados por resguardo a su integridad.
Este contenido fue publicado originalmente en el diario La Nación con el título Mujeres que salvan mujeres: al auxilio de víctimas de explotación sexual entre Venezuela y Colombia. Es uno de los productos periodísticos del programa de becas “Redsonadoras”, organizado y desarrollado por la Red de Periodistas Venezolanas (RDPV).
