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Mujeres construyen la transición exigiendo su lugar en la toma de decisiones 

Mujeres, lideresas comunitarias, activistas, defensoras de derechos humanos y académicas de distintas regiones y sectores se reunieron en el foro “Mujeres Construyendo la Transición” para compartir propuestas sobre democracia, justicia, reconciliación y construcción de paz, y reivindicar su papel en el futuro de Venezuela

Hay espacios donde la palabra deja de ser un simple discurso político para convertirse en un abrazo colectivo, en un refugio cálido donde la resistencia civil adquiere rostros, nombres y memorias compartidas.

La historia reciente de Venezuela no se entiende sin la fuerza de sus mujeres, esas arquitectas invisibles que sostienen el tejido social cuando todo colapsa. En los momentos más oscuros de nuestra geografía, las mujeres han estado ahí sin vacilar, con una valentía inagotable para resguardar la dignidad humana y garantizar el sustento de la vida diaria.

Ese latido femenino recorrió el foro “Mujeres Construyendo la Transición: Sin mujeres no hay democracia”, un encuentro promovido por la Red de Mujeres Constructoras de Paz junto a una coalición de nueve organizaciones: Laboratorio de Paz; Justicia, Encuentro y Perdón; Plataforma Encuentros; Raíces; Alianza de Mujeres Políticas; Instituto Prensa y Sociedad (Ipys Venezuela); Centro de Investigación y de Formación Padre Joaquín de Fe y Alegría; Soy Mujer/ Juntas nos crecieron alas y la Red de Periodistas Venezolanas, espacio que convocó a educadoras, abogadas, periodistas, investigadoras, defensoras de derechos humanos y lideresas comunitarias.

Todas acudieron a la cita del jueves 17 de septiembre, para compartir sus vivencias, visibilizar la realidad de sus regiones y demostrar que la reconstrucción del país posee el sello irrenunciable de su gente.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de María Isabel Párraga e Isabella González, mientras Gabriela Rojas marcó el tono reflexivo de la jornada, concebida para escuchar las voces de quienes han recorrido distintos espacios y las experiencias de su trabajo cotidiano en esas comunidades.

Cuando organizarse también es hacer política

“Allí no hay color político al momento de rescatar el bienestar común”, expresó Gabriela Rojas al explicar cómo las organizaciones de base articulan soluciones frente a los vacíos estatales. Este planteamiento tuvo eco en la voz de Auris Fermín, integrante de la Plataforma Encuentros, al señalar que “si nosotras no cambiamos este tejido social, no se va a recuperar”.

Desde los barrios y las escuelas también participan activamente el Programa de Formación Raíces y la Red de Mujeres Constructoras de Paz, junto al trabajo riguroso de Ipys Venezuela en la documentación de la realidad regional y la defensa de la libertad de expresión a nivel local.

Estas iniciativas territoriales han hecho posible la creación de redes de soporte emocional, comedores comunitarios, talleres de formación y centros de acopio en estados afectados por emergencias sociales. Por eso, cada testimonio coincidió en que la acción comunitaria femenina constituye una propuesta política de transformación desde la base, capaz de reconstruir los lazos de confianza destruidos por la polarización y de ofrecer respuestas efectivas allí donde las instituciones han fallado.

Rosalinda Hernández, desde Ipys Venezuela, mencionó que la organización ha encontrado a mujeres que han trascendido el papel tradicional de fuentes para convertirse en aliadas de periodistas y protagonistas de iniciativas que buscan transformar sus comunidades.

Para ellas, como con otras organizaciones, hablar de transición no ha sido una conversación reciente que solo se haya planteado por la transición. En esos territorios, hacer política también ocurre en lo cotidiano: cuando una mujer se organiza para conseguir respuestas ante las necesidades de su comunidad, exigir derechos o encontrar soluciones frente a la ausencia institucional.

Como impulsora de la Red de Periodistas Venezolanas, Gabriela Rojas cuestionó la idea de que existan asuntos exclusivamente femeninos y planteó que la política, la economía, la salud y las decisiones que atraviesan la vida cotidiana también deben ser contadas desde sus experiencias.

“Todos los temas son de mujeres”, fue una de las premisas planteadas durante el encuentro. Desde esta perspectiva, incorporar sus voces no implica crear una agenda paralela, sino reconocer que las mujeres forman parte de todas las dimensiones de la vida pública.

De la participación cotidiana a los espacios de poder

El encuentro profundizó en las propuestas estratégicas de lideresas pertenecientes a iniciativas como Soy Mujer, Juntas nos crecieron alas y la Alianza de Mujeres Políticas. Representadas por voces firmes como las de Daniela Ropero, Marysabel Centeno y Evelyn Pinto, las ponentes exigieron que la transición política rechace los acuerdos exclusivos de cúpulas para convertirse en un proceso participativo, amplio y descentralizado.

“Ninguna mesa de negociación será legítima si ignora la voz de las mujeres”, manifestaron al recalcar la urgencia de situar a la familia, la educación pública y la protección integral de la infancia en el centro de las decisiones públicas.

Centeno destacó la importancia de crear referentes para las nuevas generaciones de mujeres que aspiran a participar en la vida pública y Pinto puso en duda la percepción de que son pocas las mujeres que participan en política; el problema, dijo, está en cuánto de ese trabajo logra hacerse visible y en la brecha que persiste entre la participación cotidiana de las mujeres y su presencia en los espacios formales de poder.

Una brecha que también se escribe en cifras

No se trata de algo aislado. Este protagonismo local y estratégico contrasta de forma directa con un panorama global adverso para los derechos de las mujeres. Una realidad documentada en el informe anual publicado en septiembre de 2026 por ONU Mujeres, el cual advierte que el planeta experimenta retrocesos graves frente a la igualdad de género y que, bajo el ritmo actual de estancamiento institucional, la paridad plena tardará en alcanzarse hasta el año 2197.

Las cifras de este organismo internacional revelan brechas severas. Aunque el número de mujeres jefas de Estado o de gobierno aumentó de 20 a 28 entre 2020 y enero de 2026, 6 de cada 7 países continúan bajo el liderazgo exclusivo de hombres.

En los parlamentos mundiales, la proporción de legisladoras sufrió caídas en 54 países durante los últimos 5 años, y el número de ministras se redujo un 20% a escala global.

En paralelo, las organizaciones de mujeres atraviesan una crisis severa de financiación debido a recortes en la cooperación internacional, al recibir históricamente menos del 1% de la ayuda oficial al desarrollo.

Esta radiografía internacional resuena con crudeza en Venezuela, donde las mujeres enfrentan un colapso humanitario que las obligó a asumir el cuidado de familias enteras.

La transición también necesita verdad, memoria y justicia

La jornada también adentró sus reflexiones en la reconciliación y la justicia transicional, con los aportes de espacios fundamentales como el Laboratorio de Paz, Justicia, Encuentro y Perdón, y el Centro de Formación e Investigación Padre Joaquín.

A través de las contribuciones de Lexys Rendón, Martha Tineo, Ingrid Lux González, y la educadora Luisa Pernalete, referente y fundadora del programa Madres constructoras de paz desarrollado hace más de una década en las escuelas de Fe y Alegría, el debate profundizó en las condiciones éticas indispensables para sanar las heridas sociales.

Durante este segmento, Lexys Rendón recalcó con firmeza que buscar el reencuentro “no es aceptar impunidad, no es exigir olvido, ni es resignarse a la injusticia”.

Por su parte, Martha Tineo reflexionó sobre la necesidad de transformar el dolor acumulado en puentes de diálogo al afirmar que “reencontrarnos no significa pensar igual, sino tener madurez democrática de abrazar nuestras diferencias y convivir en paz, sin entregar jamás la propia dignidad”, al tiempo que advirtió que la paz “no se edifica sobre la amnesia ni sobre el dolor silenciado de las víctimas”.

La paz también se aprende en casa

Luisa Pernalete del Centro de Formación e Investigación Padre Joaquín, instancia de Fe y Alegría, Pernalete dió una cátedra sobre las razones y condiciones que se necesitan para cambiar el entorno y trabajar desde la enseñanza de la paz como incidencia social desde el hogar, la escuela y las comunidades.

Asimismo, condujo la conversación hacia hacia las familias, uno de los espacios donde también se juega la reconstrucción del país. “La primera escuela para enseñar a convivir es la familia”, sostuvo. Desde allí planteó la prevención de la violencia y la construcción de una convivencia basada en herramientas para relacionarse de otras maneras.

En 2010, luego de un episodio de violencia que afectó a una comunidad educativa en Bolívar, Pernalete impulsó el programa Madres Promotoras de Paz. La experiencia partió de una pregunta sobre cómo prevenir, reducir y erradicar la violencia y de una decisión concreta sobre dónde comenzar: con las madres.

“A mamá todo el mundo le echa la culpa y nadie le tiende la mano”, recordó al explicar el origen de la iniciativa. Para ella, transformar las formas de relacionarse “son un proceso”, que requieren algo más que una simple charla. Ese acompañamiento ha incluido a madres, abuelas, hermanas y otras mujeres que han asumido tareas de crianza, partiendo de la idea de que algunas prácticas de maltrato pueden estar relacionadas con la falta de herramientas para afrontar esas responsabilidades.

La Red de Mujeres Constructoras de paz hizo un reconocimiento a la trayectoria de Luisa Pernalete, por más de 50 años dedicada al trabajo en educación popular para la paz.

Sin mujeres no hay democracia

Las participantes coincidieron en que la verdad, la memoria histórica y la reparación integral son pilares irrenunciables para evitar la repetición de los abusos del pasado y garantizar un futuro democrático.

“Escúchennos, considérennos y caminen junto a nosotras, no como un gesto de cortesía, sino como una condición de viabilidad histórica, porque ninguna transición será sostenible, próspera ni democrática si se diseña a espaldas de las mujeres que han sostenido la vida misma de esta nación”, manifestó Tineo, quien finalizó con un discurso en el que tradujo el sentir colectivo en un mandato directo a las estructuras de poder en el país.

En cada calle, en cada aula y en cada espacio comunitario del país, la convicción de este movimiento permanece intacta. Queda la certeza de que, en los momentos más oscuros, las mujeres han estado ahí, firmes para sostener la vida y convertirse en las verdaderas arquitectas de la paz por venir.

El foro concluyó con la certeza compartida de que “sin justicia no hay futuro, sin verdad no hay reencuentro y sin las mujeres jamás habrá democracia”.

Para quienes deseen revivir el intercambio de ideas o ver la transmisión en diferido, el evento completo se encuentra disponible en YouTube a través del siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=cojT5vDNgSQ

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Las guardianas del voto en Carora: una red de resistencia popular

Ante un padrón electoral dominado por mujeres en el municipio Torres, vecinas de distintas trayectorias se capacitaron para convertirse en defensoras clave del sufragio y resguardar las actas electorales del 28 de julio

Meses antes de las elecciones presidenciales de 2024 en Venezuela, en la ciudad de Carora, capital del municipio Torres del estado Lara, se tejía una sólida red para defender la voluntad popular que se manifestó a través del voto. Sus protagonistas fueron mujeres que se prepararon para contribuir a la construcción del país con el que sueñan.

Este movimiento nació, originalmente, de un espacio de resistencia gremial, de un grupo de trabajadoras del sector educativo que se reunían para exigir salarios dignos, la restitución de los contratos colectivos y el cese de la política de bonificación del ingreso. Sin embargo, en medio de esos debates, la conversación dio un giro decisivo: para transformar sus condiciones laborales era imprescindible incidir en el poder. 

Así fue como el grupo decidió abrir sus puertas a amas de casa, militantes de organizaciones políticas e integrantes de la sociedad civil en general. Mediante talleres, asambleas y charlas formativas comenzaron a capacitarse en la defensa del derecho al sufragio, aprendiendo que el voto es una herramienta para influir en la toma de decisiones locales, regionales y nacionales.

El objetivo final apuntó a fortalecer la participación política de las mujeres en los 138 centros de votación del municipio Torres, donde 75 % del padrón electoral está conformado por mujeres, según los últimos datos disponibles del Consejo Nacional Electoral (CNE). Buscaban garantizar que sus voces realmente se escucharan en un contexto político complejo.

En estos espacios, mujeres de distintas edades y con diferentes historias consolidaron redes de apoyo, compartieron experiencias, discutieron los retos que enfrentan a diario y planificaron acciones conjuntas. Ahí germinó un sentido de comunidad y solidaridad.

El grupo creció entre colegas educadoras, amigas, familiares, con las que, aún dos años después, comparten como una gran familia. Ahora la red está formada por profesionales en diversas carreras y oficios, pero también por mujeres que no tuvieron acceso a la educación y ahora se sienten escuchadas.

El paso a un liderazgo activo

“Nos preparamos para ser parte de lo que soñamos”, contó Marileyda Rojas, licenciada en educación inicial e integrante del partido político Encuentro Ciudadano, al recordar su experiencia formativa en este movimiento de mujeres.  

La educadora admitió que antes de estos espacios no se sentía  capaz de lograr muchas cosas en su vida, que tenía una actitud más sumisa. “Actualmente me siento una líder; estoy fortalecida porque sé que aporto mi grano de arena para la libertad de este país”.

Para Marlene Pérez, secretaria de la Escuela Bolivariana Priscilo Véliz desde hace 30 años, la motivación de participar en este grupo y por esa causa fue querer el bienestar de sus hijos y de toda su familia. “El padrón electoral lo conformamos en su mayoría mujeres. Nos sentimos identificadas con la necesidad de un cambio y somos responsables al momento de tomar decisiones”, dijo.

Ella se siente protagonista de esas transformaciones que ha habido en el país, particularmente desde el 3 de enero de 2026. Opinó que aunque lentos, son un avance significativo y que sin duda tienen su antecedente en el 28 de julio de 2024: “Fui coordinadora de uno de los centros electorales y al momento de tomar decisiones somos aguerridas. Las mujeres tenemos un control que nadie logra”.

Pérez relató que antes de este evento electoral, la mayoría de mujeres que ahora son parte de la red desconocían sus derechos, y el poder transformador del que ahora son conscientes. “Nos acostumbraron a hacer las tareas del hogar, nos limitaron a cumplir con la casa, la familia, pero no nos dijeron lo que podemos lograr a través de nuestra participación activa en la toma de decisiones de un país”.

Ahora, con una certeza inquebrantable y una fe intacta, se mantiene de pie junto al gran grupo que se ha logrado conformar.

El trabajo de resguardar las actas el 28 de julio

Para muchas de estas mujeres lo que vivieron aquel 28 de julio de 2024 era un trabajo totalmente desconocido. El rol que jugaron durante aquella jornada fue fundamental: resguardaron las actas electorales que luego la oposición venezolana difundió como una prueba del triunfo de Edmundo González Urrutia, aunque el CNE había nombrado a Nicolás Maduro como ganador. 

Sobre aquel día recordaron, por ejemplo, cómo se blindaron. Tenían nombres, fotos y referencias de quiénes irían a los centros de votación para recoger las copias físicas de las actas que imprimían directamente las máquinas de votación. Tenían grupos de WhatsApp donde se comunicaban constantemente y verificaban cada paso del proceso: no hacían la entrega hasta tanto tener la confirmación de que era la persona correcta. 

Todo el trabajo que hicieron, sin embargo, enfrentó una fuerte repercusión apenas horas después de que el Poder Electoral anunciara sus resultados. Ahí comenzó la pesadilla para muchas. Noches de insomnio, desespero y zozobra debido a la persecución que emprendió el Gobierno de Maduro contra la disidencia.

Tras la activación de la llamada “Operación tun-tun”, hombres vestidos de negro que llegaban a las viviendas de las señaladas como “traidoras a la patria”. Las amedrentaban y, en algunos casos, las llevaban detenidas.

“Los días se hicieron largos, el temor de salir a la calle se incrementó con el correr de las horas. La comunicación entre familiares, amigos y la estructura del partido era casi nula, ya que desconocíamos si había alguna interferencia en nuestros equipos celulares”, contó una de las integrantes del grupo.

Otras de las mujeres del movimiento narraron cómo cambiaron sus rutinas. Solo salían a la calle a hacer diligencias puntuales, no confiaban en sus vecinos, temían por su vida y la de sus hijos. La incertidumbre era mayor con el pasar del tiempo.

“Nos comunicábamos con mensajes que se autodestruyen. Yo no dormía. Me mantenía alerta porque las detenciones no paraban”, agregó otra de las entrevistadas. Para protegerse evitaban a toda costa estar en lugares públicos: “Nos enmudecieron por un tiempo, del tema no se hablaba, solo se pensaba porque decirlo se convertía en un arma para que te acusaran de incitación al odio”.

La persecución que dio pie al exilio y la cárcel

Tras las protestas postelectorales que se desataron en varios estados del país, el alcalde opositor de Carora, Javier Oropeza, fue víctima de una fuerte persecución y decidió huir del país junto a su familia. 

Iraida Timaure, quien formaba parte del gabinete de Oropeza, fue nombrada alcaldesa encargada. Sin embargo, el acoso y el asedio por parte del Ejecutivo nacional también la alcanzó e igualmente tuvo que exiliarse. La acusaron, sin pruebas, de una serie de delitos. Además, allanaron su vivienda y el Estado venezolano confiscó sus bienes. 

Otro caso emblemático de esta persecución fue la detención de Yenny Lucía Barrios, militante de Voluntad Popular, defensora de derechos humanos y de los animales, y una mujer destacada en la sociedad caroreña. La lideresa padecía linfoma no Hodgkin y su salud ya estaba comprometida cuando la apresaron el 9 de septiembre de 2024 y la trasladaron a una cárcel en la ciudad de Barquisimeto. 

Su arresto generó consternación entre amigos, familiares y allegados. La acusaron de terrorismo e instigación al odio. Gracias a la lucha de organizaciones defensoras de DDHH nacionales e internacionales, se logró que la excarcelaran el 11 de diciembre, pero con una medida de presentación ante los tribunales.

Poco después la familia recibió otro golpe:  detuvieron al hijo de Yenny, Diego Sierralta, cuando intercambiaba unos medicamentos que su madre no necesitaba por otros que sí. En ese entonces, ella estaba recibiendo un segundo ciclo de quimioterapias. Al joven lo acusaron de tráfico de medicinas.

Yenny murió el 5 de noviembre del año 2025 por complicaciones asociadas al cáncer, muy afectada además por la detención de su hijo. A Diego lo excarcelaron el 6 de noviembre, un día después de la muerte de su madre, para que asistiera a su funeral.

Pese a las heridas de ese duro momento, muchas de las integrantes del movimiento piensan que salieron fortalecidas. Opinaron que incluso Barrios murió con la certeza de que trabajó por la libertad de Venezuela y la defensa del voto de la ciudadanía.

La fuerza, resiliencia y las ganas de darle un giro a la historia democrática de un país, llevó a estas mujeres a ser parte de lo que ahora definen como una “masa inquebrantable”.  Sin embargo, reconocen que la sombra de la persecución sigue al acecho. 

Luego de meses en el exilio, tanto el alcalde Javier Oropeza como Iraida Timaure decidieron regresar a Venezuela con la esperanza de retomar sus espacios; pero la vulnerabilidad a la que aún están expuestos quedó en evidencia este jueves, 17 de septiembre, cuando hombres vestidos de negro a bordo de una camioneta negra se llevaron a Javier Oropeza cuando salía de una entrevista en el diario El Informador en Barquisimeto, según denunciaron testigos. Lo sucedido sacude especialmente a la comunidad larense y demuestra que el asedio contra la disidencia sigue latente, aún viviendo “un nuevo momento político”.

Cuidado (1)

Sin nosotras no hay transición: sostener al país a pulso no es lo mismo que gobernarlo

La Red de Mujeres Constructoras de Paz e IPYS Venezuela presentaron su cuarto informe anual, un diagnóstico que desarma el mito de la apatía: 69 % de las venezolanas sabe que su rol es vital para una transición democrática, pero apenas 2 % milita en partidos. Entre jornadas de cuidado que consumen más de ocho horas al día, precariedad salarial y miedo a la persecución, el debate en el CIAP-UCAB dejó una exigencia clara: no más cuotas de adorno ni acuerdos cocinados a sus espaldas

Con la presentación de su cuarto informe anual, “Sin nosotras no hay transición: la mujer venezolana y su participación política para la democracia”, la Red de Mujeres Constructoras de Paz y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS Venezuela) abrieron un debate urgente sobre el costo de hacer política en el país. El jueves 3 de septiembre en el CIAP-UCAB, más que un balance estadístico, expusieron la desconexión sistemática entre el trabajo de base que lideran las mujeres en los sectores populares y la resistencia de las cúpulas partidistas a compartir espacios reales de decisión.

La moderación estuvo a cargo de Rosalinda Hernández, de la Red de Mujeres Constructoras de Paz, quien explicó cómo se armó el diagnóstico. No se quedaron solo en la encuesta digital a 1.226 mujeres en todo el país; bajaron al terreno con grupos de discusión en Caracas, Maracaibo y Puerto La Cruz, además de entrevistas a lideresas sociales. Detrás de las estadísticas, Hernández recordó que están las rutinas de amas de casa, maestras, comerciantes informales y profesionales de entre 25 y 60 años.

La premisa de arranque fue directa: hablar de recuperar la democracia o de reconstruir a Venezuela al margen de quienes sostienen el tejido social es un sinsentido.

Marianela Balbi, directora ejecutiva de IPYS Venezuela, le puso cifras al nudo central del informe: 69 % de las venezolanas tiene clarísimo que sin su participación no habrá una transición real, pero apenas 2 % milita activamente en algún partido político. Ese abismo no es apatía; es supervivencia pura y dura. 

En un país donde los ingresos mensuales promedio rondan entre los 117 y 170 dólares y el 62 % de las encuestadas vive en casas con pisos de cemento, el tiempo es un lujo inalcanzable. El 68 % de las madres con hijos pequeños pasa ocho horas o más al día en faenas de cuidado y labores del hogar no remuneradas, frente a un escaso 8 % de los padres. A esa asfixia cotidiana se suma el miedo: tras el 28 de julio de 2024, el costo de alzar la voz se volvió aún más peligroso y empujó a muchas a replegarse para proteger a los suyos.

María Fernanda Rodríguez, corresponsal de IPYS Venezuela, repasó las conclusiones del documento insistiendo en que la presencia femenina en la política no puede seguir tratándose como una cuota de adorno o una concesión moral. Rodríguez planteó que sin medidas concretas (como redes comunitarias de cuidado infantil y atención a adultos mayores) es imposible liberar horas reales para que las mujeres hagan vida pública. También alertó sobre el desencanto de las más jóvenes, donde solo 56 % cree que su papel es determinante, y reclamó paridad efectiva en las boletas electorales, además de castigos claros para la violencia política y el hostigamiento que hoy obligan a tantas a autocensurarse.

El aterrizaje a la realidad cotidiana lo trajo Gabriela Rojas, impulsora de la Red de Periodistas Venezolanas, al desarmar esa división artificial que suele hacerse entre la labor social y la política. 

Rojas hizo hincapié en cómo organizar la cola del gas, cuadrar cuándo llega el agua, coordinar la comida de un comedor popular o gestionar jornadas de salud vecinales equivale a suplir al Estado en tareas públicas fundamentales, solo que de gratis y sin una pizca de poder formal. Advirtió también sobre el efecto expansivo del castigo: meter presa o amenazar a una dirigenta no solo la frena a ella, sino que busca paralizar a su familia y a toda su comunidad por terror.

Por eso, recalcó, el periodismo tiene que dejar de mandar estos temas a las páginas de “sociedad” y entender que la perspectiva de género atraviesa la economía y la política dura.

Mabel Sarmiento, periodista e integrante de la Red, completó el panel mirando hacia los barrios y hacia las generaciones que vienen. En las comunidades populares las mujeres no están esperando que las inviten a participar; ya están resolviendo los problemas a diario, aunque nadie las nombra. Sarmiento insistió en que hay que dirigir la mirada a ver a las jóvenes de los liceos, a las adolescentes que ya organizan a sus grupos y que deberían tener un lugar en la agenda pública. Para ella, el reto de los medios y de las organizaciones es subirle el costo político al machismo institucional y dejar de ver la política únicamente desde lo que ocurre en las cúpulas.

Un detalle que no pasó inadvertido en la sala fue la ausencia total de los hombres convocados, un vacío elocuente sobre las resistencias que todavía imperan en los espacios tradicionales de decisión. Sin embargo, el público compensó esa falta con un intercambio intergeneracional de mucho peso. 

En las filas del auditorio se sentaron y tomaron la palabra pioneras del movimiento de mujeres en el país: Lilian Arvelo, histórica parlamentaria, dirigente sindical y fundadora del Frente Nacional de Mujeres; María Cristina Parra, redactora del proyecto de la Ley sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia e impulsora de la convención CEDAW; la jueza Mildred Camero y la diplomática Carmen de Grijalva, ambas con un papel clave en la Comisión Nacional de Primaria; junto a lideresas como Paola Di Matthia y Mary Mogollón, formadoras de cuadros de base.

Escucharlas arropar a las investigadoras y debatir de tú a tú con las periodistas más jóvenes le dio a la jornada un aire de continuidad histórica: las peleas que dieron las abuelas y madres por las leyes laborales y electorales son el mismo hilo que hoy conecta a quienes reclaman que el cambio político no se cocine a sus espaldas. 

El informe Sin nosotras no hay transición dejó una conclusión tajante: las venezolanas no están pidiendo permiso ni esperando que las salven; el país ya se reconstruye a diario en sus manos. Lo que toca ahora es que esa fuerza de base se traduzca en puestos reales, con voz y poder de voto, en las mesas donde se definirá el rumbo de Venezuela.

El informe completo, con el desglose metodológico, los gráficos por región y los testimonios de las lideresas consultadas, está disponible para lectura y descarga en la web de Tejiendo Redes de IPYS Venezuela.

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La encrucijada venezolana y el rol de las mujeres en las transiciones políticas

Tres figuras femeninas marcan sus ritmos en el proceso político del país, bajo el acompañamiento o presión —dependiendo del espectro donde se esté— de Estados Unidos. La coyuntura a partir del 3 de enero, dicen las expertas María Isabel Puerta y Mireya Rodríguez, debe aprovecharse para forzar una salida a la crisis y avanzar hacia una transición democrática

A partir del 3 de enero, con la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses y el “plan de tres fases” con el que presiona la administración de Donald Trump, el poder del chavismo quedó en manos de Delcy Rodríguez. Con María Corina Machado al frente de la oposición y Dinorah Figuera ungida como figura dialogante por Estados Unidos, una posible transición en Venezuela pasa por el concierto de tres mujeres que deben conciliar intereses nacionales y extranjeros.

Bajo la presión de EE. UU., Delcy Rodríguez ha aceptado y ordenado decisiones que hasta diciembre de 2025 estaban fuera del tablero: una Ley de Amnistía y excarcelaciones recurrentes de presos políticos; cambios en leyes para favorecer inversión extranjera; el restablecimiento de relaciones con Washington y otros gobiernos; además de un diálogo con la Asamblea Nacional (AN) de 2015, que era tachada por el oficialismo como una estructura criminal que bloqueaba el acceso a activos en el exterior.

Los terremotos del 24 de junio también impusieron una presión extra sobre el diálogo, que el 12 de agosto produjo unos primeros acuerdos sobre la atención de los afectados, justamente con los activos que custodiaba la AN 2015, y una primera vía para la recuperación e independencia de las instituciones por medio de un cambio en la composición del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Las politólogas Mireya Rodríguez y María Isabel Puerta coinciden en que bajo este escenario EE. UU. no es un observador discreto o un mediador neutral.

Washington, afirma Rodríguez, actúa como “el árbitro determinante que ejerce un abierto tutelaje sobre la crisis venezolana, administrando los tiempos, las licencias y la legitimidad de cada actor”.

Bajo esa perspectiva, puntualiza, la administración Trump ha manejado tres aspectos: una “ingeniería de interlocutores”, al modelar quiénes se sientan en la mesa de diálogo; el “control de incentivos y supervivencia económica”, al administrar las licencias petroleras, sanciones, protecciones judiciales; y el control de activos en el exterior. El otro punto es la “dosificación del ritmo de transición”.

“Mientras María Corina Machado abandera la urgencia del cambio democrático inmediato respaldado por el apoyo popular, el tutelaje estadounidense busca gestionar un pragmático ‘cambio administrado’ que contenga riesgos geopolíticos, flujos migratorios e inestabilidad energética regional”, apunta la politóloga.

En todo caso, reitera Mireya Rodríguez, la dinámica impuesta evidencia “que el destino del proceso no depende solo de la correlación de fuerzas en las calles de Caracas, sino de los límites y concesiones que fija el tutor externo a cada una de las tres figuras políticas”.

Ellas en el frente

María Isabel Puerta, politóloga y profesora adjunta en el Valencia College, señala que hay una coincidencia en que sean mujeres las que estén al frente de la coyuntura actual en Venezuela. Pareciera haber un elemento común de confianza “en el poder de la mujer”.

“En el caso del régimen político venezolano, el gobierno de los EE. UU. parece tener confianza en Delcy Rodríguez. En el caso de Dinorah Figuera, de igual manera, pareciera que los elementos que están tomando decisiones en la resolución del conflicto tienen confianza en ella”.

Sobre María Corina Machado, refiere la profesora, sigue representando esa voluntad y aspiración de los venezolanos que apostaron por una salida política pacífica. “Lamentablemente esta ha sido una circunstancia donde los venezolanos han quedado por fuera de cualquier tipo de decisión… Sobre todo para quienes están en Venezuela esperando un cambio tangible”.

Afirma que Machado entiende este punto y, además, sabe que hay un costo político “desde el punto de vista de su proyecto y sus aspiraciones de involucrarse en esta fase del proceso que apenas da sus primeros pasos para una reinstitucionalización, ni hablar de una transición democrática en el país”.

Mireya Rodríguez enfatiza en que para entender el papel de Machado, Rodríguez y Figuera es necesario entender que “no estamos ante un diálogo convencional”.

Para la experta en negociación, se está ante “una triangulación de fuerzas en tensión gestionada bajo el tutelaje de EE. UU. Washington actúa como el árbitro que administra los tiempos, las sanciones y la legitimidad, mientras cada lideresa encarna un arquetipo político muy preciso frente a ese poder exterior”.

A juicio de Rodríguez, María Corina Machado encarna un “liderazgo visionario” con autoridad moral, el apoyo de una parte gruesa de la población y, además, ejerce presión “por una transición real sin concesiones de impunidad”.

“Para el tutor estadounidense, el liderazgo visionario es un dilema estructural: es indispensable porque ostenta la fuerza social que convalida cualquier proceso, pero resulta incómodo para la realpolitik diplomática porque se niega a subordinar sus principios éticos a un ‘cambio administrado’”, resalta.

La profesora Rodríguez advierte la mandataria interina ejerce un “liderazgo perverso” al representar la “continuidad del aparato estatal de facto y la contención del cambio estructural”.

Esta líder no busca democratizar el país, “sino asegurar la supervivencia de la cúpula de poder. Su interacción con Washington es puramente transaccional: cede margen operativo o acceso a mercados, a cambio de licencias petroleras y oxigenación económica”.

Mientras que a Dinorah Figuera, la experta la ubica en su plano como “liderazgo negociador” que ostenta no sólo representación legal de la Asamblea Nacional 2015, sino la custodia de activos en el exterior. “Para la administración estadounidense, la lideresa negociadora funciona como la contraparte institucional ideal: un perfil predecible, volcado al trámite legal y dependiente del reconocimiento externo, perfecto para dar encuadre burocrático a los acuerdos sin alterar el balance geopolítico”.

De cara a los actores internacionales y el propio escenario venezolano, dice Mireya Rodríguez, hay tres formas de poder fragmentadas: “la legitimidad popular sin control del Estado (Machado), el control del Estado sin legitimidad popular (Rodríguez) y la legalidad reconocida sin control territorial (Figuera)”.

Mujeres, ¿sinónimo de éxito en las transiciones?

El politólogo John Magdaleno señala varios episodios de democratización donde las mujeres han tomado un rol importante, no sólo en puestos ejecutivos sino en las luchas sociales.

Tal es el caso argentino donde las Abuelas de Plaza de Mayo se organizaron en dos agrupaciones:: las de familiares de desaparecidos y la asociación Mujeres por la Vida, fundado en 1983. En Chile, el movimiento de Mujeres por la Democracia “contribuyó a la unificación de la oposición, que estaba tremendamente fragmentada”.

En Nicaragua, Violeta Barrios de Chamorro fue fundamental dentro de la resistencia a la dictadura Somoza tras el asesinato de su esposo y director del diario La Prensa, Joaquín Chamorro, en 1978. Durante un año integró la junta de reconstrucción nacional, pero luego se distanció del sandinismo y mantuvo fuertes críticas. Alcanzó la presidencia de ese país en 1990.

En Bolivia, a finales de de 1977, cuatro mujeres mineras, junto a sus hijos, iniciaron una huelga de hambre para exigir a la dictadura de Hugo Banzer la libertad de prisioneros políticos, amnistía general, fin del exilio y la reincorporación de mineros despedidos. Al movimiento se sumaron miles de personas, y recibieron apoyo de la Iglesia católica y otros sectores.

La presión obligó a Banzer a decretar la amnistía y propició el adelanto de las elecciones presidenciales. “También influyó en ello la presión del gobierno de Jimmy Carter como consta en documentos desclasificados”, acota Magdaleno.

En Sudáfrica, indica el profesor, la National Women’s Coalition “tuvo un papel muy importante en ciclos de movilización colectiva, incluso exigiendo una representación directa en las negociaciones del fin del apartheid. En Filipinas es inevitable la referencia a Corazón Aquino, quien terminó liderando las protestas de la famosa ‘People Power Revolution’. Las mujeres jugaron un papel importante y la misma Aquino es electa presidenta. En la propia Primavera Árabe, en la cual el único caso exitoso fue Túnez, y lo digo porque ya no es democracia, la Asociación de Mujeres Demócratas insistió y presionó por algunos principios paritarios en la Constitución del año 2012”.

Sin embargo, menciona Magdaleno, también hay casos fallidos de democratización donde se involucró la figura de mujeres tal como en Bielorrusia o Myanmar, este último liderado por Aung San Suu Kyi, quien había sido vista como un referente democrático pero luego fue ampliamente criticada al defender el genocidio de la minoría rohinyá y la persecución de la junta militar, la misma que la acusó de corrupción —entre otros cargos— y mantiene en prisión desde 2021. 

¿Qué esperar del proceso venezolano?

Con un avance visible mediato, luego de que el Parlamento introdujera los cambios para modificar la constitución del Comité de Postulaciones que elige a los magistrados principales y suplentes del TSJ, queda observar si la coalición gobernante seguirá implementando esas medidas “democratizadoras” o se impondrán nuevas tramas que EE. UU. se verá obligado a encauzar.

Justamente, María Isabel Puerta cuestiona que el Gobierno de Trump tenga una verdadera disposición o capacidad “no solamente de impulsar una transición democrática en Venezuela, sino de comprometerse con los valores y principios democráticos que, en la experiencia sabemos, no son rasgos característicos de esta administración”.

Otro punto es la propia estabilidad de Trump, indica la profesora del Valencia College. “No sabemos cuál va a ser el resultado de las elecciones de medio término en EE. UU. por mucho que se diga que los demócratas tienen posibilidades de triunfo. Creo que para el régimen político en Venezuela y para la Casa Blanca, el año 2027 va a ser un año clave porque es el último año efectivamente para poder avanzar, en el caso venezolano con una convocatoria a elecciones”.

Puerta asegura que 2027 va a ser un año “de mucho pulso para la coalición que sobrevive en el chavismo”, debido a lo que puede influir la administración Trump durante su último tramo. “Sabemos que ambos partidos (en EE. UU.) se van a preparar para ese evento que es la elección general del 2028 y eso va a tener incidencia en la capacidad que tenga el Presidente no solamente de influir sobre Delcy Rodríguez, sino de garantizar su permanencia en el poder”.

Sin embargo, la politóloga Puerta comenta que en esta coyuntura —que no identifica si camina hacia una transición democrática o la profundización autoritaria— es vital que la oposición aproveche para forzar una salida política a la crisis en Venezuela.

“Creo que es importante entender que este es un proceso político que, de desaprovecharse, no sé si tendremos otro. Lo peor que puede pasar en Venezuela no es que haya un recrudecimiento dictatorial, eso ya existe. El problema es que no haya una forma de evitar que Venezuela termine siendo un Estado fallido”.

A juicio de Mireya Rodríguez, al evaluar el proceso que ha avanzado durante 2026, se puede esperar “un escenario de transición administrada y de alta tensión estructural” con cuatro dinámicas centrales.

La primera de ellas, dice, es un “modelo de estabilización pragmática impulsado desde el exterior” al tener un tutelaje norteamericano que prioriza “la gobernabilidad energética, la seguridad regional y el control de flujos migratorios sobre la pureza del diseño democrático. Veremos un avance acelerado en acuerdos de exploración, reformas al marco de hidrocarburos y apertura financiera, condicionado al mantenimiento de una paz operativa mínima en el país”.

Como segunda característica, explica la experta, se verá la “coexistencia forzada entre la legalidad procedimental y el poder de facto” al utilizar la figura negociadora de la AN 2015 como “el vehículo jurídico para la convalidación internacional de acuerdos, licencias y protección de activos. Sin embargo, su capacidad de incidir en la política territorial cotidiana continuará siendo limitada frente al aparato ejecutivo que opera en Caracas”.

También se observarán los intentos de “atrincheramiento” por parte del sector gobernante, al camuflarse con excepciones “en el terreno económico, energético y en la liberación dosificada de presos políticos para aliviar la presión internacional, mientras intentará frenar a toda costa una apertura política total que ponga en riesgo su impunidad o su continuidad estructural en el poder”.

Por último, indica Rodríguez, va a persistir un conflicto de legitimidad. “El mayor riesgo de este proceso administrado es pretender sustituir la transición política democrática por una mera normalización económica. Mientras no se atienda el mandato popular de masas que representa el liderazgo visionario (María Corina Machado), cualquier acuerdo de convivencia formal carecerá de anclaje social y sufrirá un déficit permanente de estabilidad a mediano plazo”.

La especialista coincide con Puerta en que aún Venezuela no está en un escenario de restitución plena del orden democrático, aunque sí en “una reconfiguración geopolítica del statu quo. El desenlace definitivo dependerá de si la presión ética y la movilización popular logran transformar este tutelaje pragmático en un verdadero itinerario de democratización e institucionalidad real”.

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Construir autonomía para romper el círculo de violencia

En los espacios del centro cultural La Poeteca, en Caracas, el miércoles 2 de septiembre, un pequeño grupo de mujeres de distintas edades se congregó para hablar sobre autonomía económica. No se conocían entre sí, pero todas habían llegado allí por la misma inquietud: la de lograr su independencia.

Aquella búsqueda parte de una certeza que bien expresó Virginia Woolf en su ensayo Una habitación propia: “Uno no puede pensar bien, amar bien, dormir bien, si no ha comido bien”. 

Cubrir lo material es una necesidad para sostener el cuerpo y la vida. Pero para las mujeres la lucha por la autonomía es una resistencia sostenida frente a una construcción patriarcal fuertemente arraigada. 

A partir de esa premisa, la iniciativa Juntas, de la organización Soy Mujer, propone reflexionar sobre el significado de la autonomía para identificar tanto desafíos como oportunidades y que independizarse deje de ser una lucha y se convierta en una realidad, en un derecho pleno libre de imposiciones.

La trampa de la dependencia 

Las mujeres han estado relegadas al rol del cuidado por una mera función biológica como si este fuese su único propósito de vida. Incluso, hace poco más de un siglo, se las consideraba incapaces de tener participación política y económica, necesitaban siempre una figura masculina que velara por ellas. 

Pensar en ello resulta alarmante y, sin embargo, no estamos tan distantes de esta realidad. 

Así lo expuso Elaine Díaz, estudiante del último año de Estudios Internacionales en la Universidad Central de Venezuela, quien lideró la ponencia de Juntas e hizo énfasis en el ciclo de violencia que esto conlleva: “Existen roles de género muy arraigados en la sociedad latinoamericana donde se asume que la mujer debe permanecer en el hogar y el hombre debe ser el proveedor. Esto perpetúa un ciclo de violencia sustentado en la dependencia financiera”.

Al no poseer recursos propios y depender de un tercero, la mujer no logra ejercer su autonomía.

Además, la facilitadora puntualizó que “si una mujer queda confinada al hogar dedicándose exclusivamente al cuidado no remunerado de terceros (hijos, adultos mayores o pareja), se le priva de la posibilidad de tener una vida política y social activa”.

Para la toma de decisiones sobre su propia vida, la libertad y la capacidad de participar en la sociedad resultan pilares fundamentales.

Autonomía desde un enfoque de género 

Esta fue la pregunta que Elaine le hizo a su audiencia y la mayoría de las asistentes contestaron: “Poder de decisión”. 

Precisamente, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la autonomía es la capacidad y libertad de las mujeres para tomar decisiones propias e informadas sobre su vida en condiciones de igualdad, sin sufrir violencia ni coacciones.

Sobre esto, Elaine explicó que la igualdad de género se sostiene sobre tres dimensiones fundamentales: la autonomía física, la autonomía económica y la autonomía en la toma de decisiones. Ninguna de ellas puede existir de manera aislada. 

Es por eso que la falta de ingresos propios es solo la punta del iceberg, ya que no solo limita la libertad financiera, sino que restringe directamente la capacidad de decidir sobre el propio cuerpo, salir de situaciones de violencia y participar activamente en la sociedad.

Sin embargo, la “capacidad” y la “libertad” —dos pilares fundamentales de la autonomía en los que la ponente enfatizó— se ven reducidas frente a las barreras estructurales de la sociedad: la desigualdad y violencia económica, las brechas salariales, la exclusión laboral, la dependencia financiera y el acceso limitado a recursos y formación. 

El cuidado del hogar como un peso invisible 

Además de este entramado de desigualdades, existe la sobrecarga de trabajo dentro del hogar, un factor que suele invisibilizarse y que sostiene la estructura productiva. 

De acuerdo con la CEPAL, la economía del cuidado representa entre 15,9 % y 27,6 % del Producto Interno Bruto (PIB) en la región. Sin embargo, su distribución es profundamente desigual. Datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) revelan que las mujeres asumen hasta el 72 % del tiempo total dedicado a estas tareas, invirtiendo en promedio 22 horas semanales al trabajo de cuidados no remunerado dentro del hogar, el doble del tiempo aportado por los hombres.

Para ilustrarlo de forma práctica, Elaine solo necesitó una hoja y un lápiz: las mujeres debían escribir todo lo que hacían durante su día y contabilizar las horas. Entre las asistentes se encontraban jóvenes universitarias y madres de mediana edad.

Descubrir el resultado fue un golpe de realidad para todas: la suma de sus rutinas diarias superaba con frecuencia las 24 horas. Pese a la diversidad de edades y circunstancias, el grupo compartía la misma carga invisible. Ninguna se limitaba a estudiar o trabajar; todas asumían las tareas del hogar, el cuidado de familiares —que en el caso de las madres absorbía la mayor parte del día— y, además, gestionaban algún emprendimiento propio. Una muestra clara de cómo, en el contexto socioeconómico venezolano, un solo ingreso ha dejado de ser suficiente para subsistir. 

A esa sobrecarga, muchas veces se le suma la renuncia cotidiana de la cuidadora. Marian, educadora de 54 años de edad, conmovida por la actividad, compartió cómo muchas veces dejó de desayunar para que sus niñas, al despertarse, pudieran hacerlo. 

Frente a esta realidad vivida por las asistentes, Eliannys Vidosa, coordinadora de la iniciativa Juntas, expresa que “las mujeres siempre han sido muy conscientes de sus realidades, aunque quizás no tanto de los entornos que las rodean y estructuran. Muchas reconocen el trabajo que realizan, las horas que dedican y las dificultades que enfrentan”.

Construcción de redes para el cambio

Pero no basta con reconocerlo. En un contexto de crisis económica como el actual, y con tantas barreras estructurales, ¿cómo pueden las mujeres romper ese ciclo de violencia y dependencia? 

Las reflexiones de las asistentes tomaron dos vertientes. Por un lado, las más jóvenes hablaron sobre la importancia de la participación política de la mujer para que exista un verdadero cambio en las políticas públicas para una deconstrucción estructural, y por otro, las madres de mediana edad coincidieron en comenzar a priorizarse a sí mismas por encima de la sobrecarga del cuidado doméstico. 

Ambas visiones son dos caras de la misma moneda: la autonomía femenina y la redistribución de la carga.  

Al respecto, la ponente concluyó que para alcanzar la autonomía económica hay que trabajar en red: “Siempre va a haber otra mujer al lado dispuesta a apoyar. Romper este ciclo parte de reconocernos a nosotras mismas, reconocer nuestros liderazgos y los de las mujeres a nuestro alrededor. A partir de allí podemos organizarnos y crear redes de apoyo que impulsen soluciones para lograr sociedades más inclusivas, justas y sostenibles”. 

Históricamente se ha vendido el discurso de la independencia como un logro individual y esto demuestra que el primer paso para lograr la autonomía es entender que es un esfuerzo colectivo para crear redes de contención, tanto en el ámbito privado como en el público, que impulsen un verdadero cambio social. 

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El liderazgo femenino se abre paso en las elecciones de la Universidad de Los Andes

Aunque históricamente Venezuela ha registrado una baja representación política femenina, las actuales planchas de la Universidad de Los Andes reflejan otra realidad. De cara a las elecciones de cogobierno y gobierno universitario, pautadas para el 7 de octubre y el 11 de noviembre de 2026, las estadísticas revelan que, si bien persiste una brecha de participación entre hombres y mujeres, en este nuevo proceso democrático el liderazgo femenino se hace notar.

Los datos de la Comisión Electoral de la ULA sobre las planchas de cogobierno muestran un panorama de contrastes. En los máximos órganos de decisión, la presencia masculina sigue siendo mayor. Por ejemplo, en el Consejo Universitario, de 96 candidaturas inscritas, 68 son hombres y solo 28 son mujeres; es decir, siete de cada diez candidatos son hombres. Esta tendencia se mantiene en los Consejos de Facultad, donde ellos lideran con 133 postulaciones frente a 114 de mujeres.

Sin embargo, en los Consejos de Escuela la balanza se invierte: la presencia femenina asume el liderazgo con 102 candidaturas frente a 97 masculinas. Esto está fuertemente marcado por las áreas de estudio; mientras que en Artes y Educación dominan las candidaturas de mujeres, en Ciencias Económicas y de la Salud existe un balance casi paritario entre ellos y ellas, dejando a las Ingenierías como el espacio donde predominan las postulaciones de hombres.

Esto se agudiza al observar los cargos de gobierno universitario, donde la representación femenina es mínima. De un total de 51 postulaciones para las máximas autoridades, solo 13 corresponden a mujeres frente a 38 hombres. Esta brecha de género se evidencia claramente, pues apenas hay una candidata para el rectorado y dos para el vicerrectorado académico, mientras que las listas para los decanatos de las distintas facultades están dominadas casi en su totalidad por figuras masculinas. 

Los nombres detrás de las cifras

Detrás de los números hay nombres y trayectorias. ULA Mujer conversó con seis mujeres cuyas candidaturas emergen para debatir los espacios de decisión en la Universidad de Los Andes. Por autoridades rectorales y decanales se encuentran Laura Luciani Toro, candidata al Vicerrectorado Administrativo, y Raiza Madriz, quien aspira al Decanato de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas (FACIJUP).

A su vez, la lucha por transformar el cogobierno universitario cuenta con los liderazgos de María Eugenia Noguera (Facultad de Medicina), María Alejandra La Cruz y Maribel Valero (Facultad de Ciencias), todas ellas candidatas al Consejo Universitario. Por su parte, Linda Bustillos, quien busca un puesto en el Consejo de FACIJUP. Juntas dan un panorama sobre las próximas elecciones universitarias.

A pesar de los distintos cargos y facultades, a las seis candidatas las el sentido de pertenencia hacia la ULA. «La universidad siempre ha sido mi hogar», manifiesta Madriz, quien desde el 2001 ha estado en los espacios de la universidad. 

Ese mismo sentido de pertenencia es lo que las impulsó a dar el salto de los pasillos académicos a las planchas electorales. Entienden que el afecto por la institución debe traducirse en gestión y toma de decisiones. Para Linda Bustillos, esta decisión responde a un motivo claro: «Fortalecer la institucionalidad y consolidar espacios para el debate».

Pero el camino no está libre de obstáculos. Noguera, Madriz y Luciani coinciden en que han enfrentado cuestionamientos a sus postulaciones, pero han sabido superarlos con rigor académico. «La política universitaria no está exenta de los sesgos que existen en la sociedad», asegura Noguera. 

«Ser mujer en proceso electoral implica estar expuesta a cualquier cantidad de atropellos y abusos», enfatiza Laura Luciani, quien hace 18 años también fue candidata al vicerrectorado administrativo. 

En la otra cara de la moneda, las candidatas Bustillos, Lacruz y Valero aseguran no haber experimentado dificultades asociadas a su género durante el desarrollo de sus candidaturas. Esto demuestra que los desafíos electorales para las mujeres no son uniformes y pueden variar significativamente dependiendo del entorno o cargo.

Decidir para alcanzar una universidad más inclusiva

Superar los cuestionamientos es apenas el medio para alcanzar un fin mayor: la toma de decisiones institucionales. Las diversas propuestas de las candidatas contemplan la mejora de la Universidad de Los Andes de forma integral, con proyectos diseñados para impactar a todos los ulandinos: estudiantes, profesores, personal administrativo y obreros.

En este sentido, la candidata al Consejo Universitario, Maribel Valero, señala que el eje central de su campaña «es la representación gremial técnica y transparente», otorgando prioridad a la salud, la familia, la carrera docente y las alternativas de financiamiento. Con esta visión de eficiencia coincide María Alejandra Lacruz, cuya propuesta para el mismo Consejo está enfocada en «una construcción de mapas de capacidades para optimizar la infraestructura y el talento humano».

Por otra parte, Laura Luciani destaca que es fundamental gerenciar por y para los universitarios y trabajadores, prestando especial atención a las personas con condiciones especiales y a quienes atraviesan conflictos emocionales. «Desde el Vicerrectorado Administrativo yo puedo contribuir con el desarrollo de la Universidad de Los Andes», expresó Luciani.

Esta necesidad de transformación también se respira en las facultades. Desde su aspiración al Consejo de Facultad en FACIJUP, Linda Bustillos plantea como prioridad el «fortalecimiento, la excelencia académica y la dinamización de la investigación en las tres escuelas que integran la Facultad». En esa misma línea, Raiza Madriz advierte desde su candidatura al Decanato que es urgente un cambio en todos los niveles para actualizar el currículo y devolver a la ULA su sitio como una de las mejores universidades del mundo.

Finalmente, desde la Facultad de Medicina, María Eugenia Noguera resume esta visión, apostando desde el Consejo Universitario por la construcción de una «ULA sostenible, humana e inclusiva».

Si bien cada candidata tiene puntos de vista distintos, todas tienen una meta en común: construir una universidad equitativa y segura. La salud mental y la perspectiva de género ocupan un lugar central en sus candidaturas. En este sentido, coinciden en que se debe prestar especial atención al reforzamiento de los programas de atención psicoterapéutica y a la consolidación del Reglamento Interno de la Universidad de Los Andes para la Prevención y Atención en Casos de Violencia Basada en Género Contra las Mujeres o en Casos de Discriminación.

Comunidad ulandina vuelve a elegir después de 18 años

Tras 18 años sin poder renovar autoridades por impedimentos gubernamentales, se espera que las elecciones del 7 de octubre y el 11 de noviembre transcurran con total tranquilidad. «Estas elecciones representan la oportunidad de consolidar el esfuerzo institucional que ha mantenido en pie a la ULA y dar un paso a la modernización», manifestó Valero. Además, la candidata destacó que la Universidad de Los Andes no está comenzando de cero en este proceso electoral: «Partimos del trabajo, la resistencia y el compromiso con nuestra universidad». 

Las seis candidatas extienden una invitación a la comunidad femenina ulandina para que participe activamente en la vida política universitaria. María Eugenia Noguera afirma que «no hay un momento perfecto. Su voz, su experiencia y su manera de liderar son necesarias hoy en día». A este llamado se suma María Alejandra La Cruz, quien insta a las mujeres a confiar plenamente en sus capacidades para asumir estos espacios. 

Detrás de cada candidata que hoy invita a otras a dar un paso al frente, se encuentran referentes de lucha e inspiración. Asumir el reto de liderar los espacios universitarios requiere de espejos donde mirarse y, al evaluar el camino recorrido, las candidatas afirman que son las estudiantes, investigadoras, profesoras y trabajadoras quienes sostienen día a día la academia y el entramado comunitario, las que motivan la continuidad de este liderazgo transformador.

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Construir memoria es un trabajo colectivo

Desde las escuelas de Historia y Sociología de la Universidad Central de Venezuela se abrieron espacios para reconstruir y documentar testimonios de personas que participaron en labores de rescate tras los terremotos, y otras que diseñaron iniciativas de ayuda

¿Cómo construir memoria colectiva? ¿Cómo sostener la solidaridad y la cooperación tras los terremotos del 24 de junio?

Con esas preguntas en mente, un grupo de profesores de las escuelas de Historia y Sociología, y el equipo de la Dirección de Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela (UCV), se juntaron para materializar una iniciativa que les permitiera reconstruir testimonios, documentar voces y rostros para configurar, poco a poco, un archivo de la solidaridad. 

La tarde del 29 de julio, en la placita techada del Reloj de la UCV, se reunieron estudiantes, profesores, la comunidad universitaria, personas de la sociedad civil y rescatistas para escuchar, de primera mano, testimonios de personas que participaron en labores de rescate y diseñaron iniciativas de ayuda durante la emergencia. 

“Hay que construir memoria, porque no solo tenemos que edificar espacios físicos, también tenemos que edificar la cultura de la solidaridad y de instituciones que nos protejan”, dice la psicóloga social Chelina Sepúlveda, profesora de la Escuela de Sociología de la Central.

A partir de ese primer encuentro, que se llamó “Testimonios de la solidaridad”, comenzaron a sistematizar registros audiovisuales de las historias y los testimonios en un canal de YouTube que está abierto al público. La profesora Sepúlveda enfatiza que la reconstrucción de la memoria es una labor colectiva, no es solamente una tarea de historiadores, sociólogos y personas académicas. La memoria implica un trabajo con actores sociales e instituciones, para construir un conocimiento compartido sobre lo que pasó, y que pueda ser transmitido a las siguientes generaciones. 

Escuchar todas las voces 

Durante el evento, hubo una veintena de testimonios, en su mayoría de hombres rescatistas que narraron sus experiencias en las labores de ayuda y recolección de insumos. 

Yefferson Torres, ingeniero y miembro del grupo de rescate “Los Morrones”, mostró un álbum de fotos que encontró en La Guaira, entre los escombros de los edificios que se cayeron. Lo pasó entre los asistentes, que fueron viendo cada una de las imágenes: un grupo de personas riendo en la playa; unas niñas jugando en la arena; una pareja que se besa; unos amigos brindan con cerveza. ¿Quiénes son? ¿Fueron rescatados durante la emergencia? Torres enfatizó que guardar esas fotografías también es una forma de preservar la memoria.

Mientras que Suhey Ochoa, activista del voluntariado “Pan y Rosas”, habló de una iniciativa para la recolección de kits de higiene menstrual. “Como parte de este voluntariado hemos visitado refugios para entregar los kits, y hemos visto que las mujeres son quienes están al frente: sostienen el día a día, la cotidianidad; la comida que llega la distribuyen de forma equitativa”, dijo.

Por su parte, Narwin Gil contó su experiencia preparando sopas para los más vulnerables en La Guaira. 

Otro de los rescatistas explicó cómo las mujeres eran las que organizaban la gestión de las labores de rescate en las comunidades más afectadas y administraban los recursos. Para la profesora Sepúlveda, este liderazgo no es al azar: tiene que ver con el conocimiento que tienen las mujeres de la realidad de sus localidades.

Sin embargo, aunque la invitación al evento fue pública, no eran ellas quienes estaban allí contando sus vivencias. ¿Por qué? La profesora considera que uno de los retos es incorporar más voces de mujeres que están en el terreno, y que son parte fundamental de la respuesta colectiva. “Generar espacios donde estos testimonios también resuenen, en condiciones de igualdad, tal y como se expresan en los lugares afectados. Cuando visitamos las comunidades afectadas, por ejemplo, son las mujeres quienes asumen la construcción de redes de apoyo”. 

Un archivo que sirva para el futuro 

A los profesores que se han unido a esta iniciativa los motivó que la universidad haya tenido un papel importante en cuanto a la ayuda y la asistencia humanitaria, en la dotación de insumos, recursos técnicos y sanitarios. La Plaza del Rectorado de la UCV llegó a reunir a más de mil voluntarios dedicados a labores de rescate y recolección de insumos los días posteriores al doblete sísmico. 

“Sentíamos que faltaba un aporte desde las ciencias sociales y desde las humanidades, que tenía que ver con cómo construimos un conocimiento de lo que ha pasado y de sus efectos sociales”, explica Sepúlveda.

En contextos de desastres socionaturales, como el doblete sísmico, el rol de la academia está asociado a la producción de recursos técnicos para abordar la emergencia y contribuir a salvar vidas, y al conocimiento para analizar y ponderar el impacto. Es decir, para debatir los temas que generan incertidumbre: qué pasó y qué va a pasar. Pero también para ponerse al servicio de la reconstrucción. 

“Más allá de la idea del voluntariado y la ayuda humanitaria, la solidaridad es un principio de relacionamiento social. Es la esperanza convertida en acción colectiva a través de la articulación de voluntades y saberes”, considera Sepúlveda.

Hacer memoria y reconstruir un archivo es parte de esa tarea. En esta iniciativa, liderada por la Escuela de Historia, también se están vinculando periodistas y personas que han participado en los procesos de documentación tras los sismos. “Es un esfuerzo que debe ir más allá de la universidad. Hacer memoria es un trabajo colectivo”, reitera la profesora. 

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“Nos vemos mañana a las 9”: cómo estudiantes de la UCV abrieron el principal centro de acopio tras los terremotos

Tras el doblete sísmico del 24 de junio, estudiantes, profesores, trabajadores y egresados de la UCV convirtieron la Plaza del Rectorado en un centro de acopio que llegó a reunir a más de 1.000 voluntarios en una sola mañana. Lo que comenzó como una respuesta improvisada ante la emergencia se transformó en una red de ayuda, rescate y distribución de insumos hacia las zonas más afectadas. Casi dos meses después, cuando las donaciones han disminuido y las necesidades de la emergencia persisten, los estudiantes intentan convertir esa movilización espontánea en una respuesta sostenible

Faltaban apenas 16 días para las elecciones universitarias. El 24 de junio de 2026, aunque era feriado nacional, estudiantes de los distintos movimientos políticos de la Universidad Central de Venezuela (UCV) estaban en el campus de Ciudad Universitaria con un solo objetivo: terminar de preparar los materiales para la campaña electoral. Cuando se disponían a tomar las fotos oficiales de cada candidato, pasadas las 6:00 p.m., la tierra se empezó a sacudir. 

Minutos antes habían bajado de lo más alto del edificio de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, una decisión que agradecieron porque sintieron menos angustia durante los dos terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5, que ocurrieron cuando ya estaban en los espacios abiertos de la universidad. Superado el susto, los actuales miembros de la Federación de Centros Universitarios (FCU) de la UCV y los nuevos candidatos y candidatas comenzaron a recorrer la universidad en busca de daños. 

Evaluaron visualmente cada edificación. Encontraron un muro caído en el Decanato de Ingeniería, daños en la Plaza Cubierta, grietas en las paredes de Bioanálisis y afectación en el propio edificio de la FCU. Entonces, decidieron ir hasta el Hospital Universitario de Caracas (HUC, Clínico), donde ya los pacientes, como los primeros reportes de la situación en la capital, empezaban a llegar. 

“En la noche fuimos al Clínico y vimos que estaban desalojando a los pacientes. Lo que hicimos fue acompañar a los familiares y personas que estaban llegando al hospital porque ya sabíamos de las evacuaciones y del colapso del edificio Rita, en San Bernardino, y el Petunia, en Los Palos Grandes”, recuerda Miguelangel Borsegui, secretario de Relaciones Internacionales de la FCU. 

Poco después, se trasladaron hasta la sede de los Bomberos de la UCV. Allí registraron las primeras necesidades: faltaba combustible para la ambulancia y para un jeep, carecían de suficientes guantes y tapabocas, de agua, comida y otros insumos. Entonces pusieron dinero de sus propios bolsillos y canalizaron una primera donación. Todavía no dimensionaban la magnitud del desastre. No tenían buena comunicación. 

Cuatro horas después de los sismos, cuando los mensajes finalmente empezaron a llegar, confirmaron que varios edificios se habían desplomado en La Guaira. Ahí decidieron que lo más importante para el día siguiente era abrir un centro de acopio, una medida que habían aplicado en el pasado como agrupación: para ayudar a familiares de presos políticos a inicios de 2026, por ejemplo, o para responder al deslave de Las Tejerías de 2022 (bajo la gestión anterior).

En esta oportunidad, empezar a recibir insumos y donaciones desde el 25 de junio para ayudar a las personas de la comunidad universitaria, y a todas las personas afectadas por los terremotos, lucía para ellos como lo más importante. 

“El sentimiento de todos, al realmente dimensionar lo que estaba pasando, fue ‘¿qué vamos a hacer?’. Siempre desde el primer momento pensamos en cómo íbamos a contribuir a esto”, asegura Alejandra Zamora, actual presidenta del Centro de Estudiantes de la Escuela de Comunicación Social. “Dijimos ‘nos vemos mañana a las 8-9 de la mañana’”.

David Campobasso, secretario de Cultura de la FCU, explica que los integrantes de la agrupación que estaban en la universidad se juntaron para grabar un video que publicaron casi a las 11:00 p.m. del 24 de junio en redes sociales. En él, llamaban a la población a acudir al día siguiente a la Plaza del Rectorado con donativos como agua potable, linternas, alimentos no perecederos, insumos médicos, medicamentos y baterías portátiles. 

A las 8:00 a.m. del 25 de junio, llegaron con tres toldos negros que instalaron frente al edificio de la FCU para arrancar la jornada una hora después. La respuesta a esa primera convocatoria todavía no los deja de asombrar. 

“Así como no dimensionamos todo el daño que había ocurrido tras el terremoto, la respuesta de la comunidad universitaria fue sorprendente. Llegamos a tener más de 1.000 voluntarios en una mañana. La gente se agrupaba para descargar donaciones, clasificarlas y organizarlas en espacios. Así empezaron a llegar más ayudas”, añade Borsegui. 

Durante las primeras horas, estudiantes, profesores, voluntarios, egresados, personal obrero y empresas privadas llegaron a la Plaza del Rectorado a ayudar. Cada vez más personas seguían sumándose. Pudieron contabilizar más de 100 motorizados estacionados en la UCV esperando instrucciones para trasladar la ayuda hasta las zonas más afectadas de La Guaira.

“Casi todos los caraqueños vinieron a este centro de acopio y lo volvieron suyo. No teníamos pensado que sería un centro tan grande como se convirtió. La misma gente confió en la universidad, confió en los estudiantes, confió en lo que significa la UCV para venir para acá a entregar desde una harina pan hasta descargar una gandola entera desde el Táchira o Ciudad Guayana”, destaca Campobasso.

La Plaza del Rectorado se llenó de botellas de agua, papel, medicamentos, alimentos no perecederos, pañales, ropa, artículos de higiene personal, alimentos para mascotas y herramientas. Algunos momentos fueron de caos y desorden. Al principio, todos hacían “de todo”, hasta que fueron identificando sus fortalezas y ubicándose en los roles donde tenían mejor desempeño. Todos coinciden que ha sido una experiencia de ensayo y error. Las diferencias políticas también quedaron a un lado. 

“Estábamos en plena campaña, pero desde el primer momento eso pasó a segundo plano. Lo más importante era contribuir. Si tú tienes un carro y yo tengo los insumos, cargamos y nos vamos. Fue bonito ver que más allá de los intereses políticos, lo que nos sigue uniendo es apoyar a esa persona que se quedó sin casa, que tiene a un familiar hospitalizado o que todavía no consigue a sus familiares”, agrega Alejandra Zamora, quien solo alcanzaba a dormir tres horas esos primeros días. “A veces hay inconvenientes, pero llegamos a un punto medio porque esto es más grande que cualquier aspiración política”. 

Recibieron camiones desde estados como Mérida, Táchira y Zulia y desde países como Brasil y Colombia. Transcurridos los primeros días, surgió la necesidad de crear una sala situacional, mediante una mesa técnica que instalaron con el Rectorado. Debían garantizar que los insumos llegaran a donde más los necesitaban y que la ayuda se sistematizara de mejor manera. Que se levantara información en el terreno y que la implementación se hiciera con apoyo de profesionales, como trabajadores sociales.

Poco a poco empezaron a llegar herramientas y materiales necesarios para la búsqueda de personas: guantes, palas, picos, cascos, mascarillas y lentes de seguridad. Estudiantes de distintas escuelas, miembros del club de rugby e incluso personas externas a la comunidad universitaria se organizaron para bajar a La Guaira a ayudar. Así nacieron brigadas de rescate y apoyo voluntario, como la “Brigada de Respuesta Inmediata ATUN” o la brigada “Pico y Pala”, la cual estableció un centro de acopio en una cancha en Los Chaguaramos. 

Los insumos médicos que recibían en la Plaza del Rectorado eran resguardados en una oficina que “quedó pequeña”, cuenta Andrea Coppola, estudiante de Medicina que apoya en la coordinación y entrega de donaciones. Tras conversaciones entre la Federación y el Decanato de la Facultad de Medicina, lograron organizar todas las medicinas e insumos médicos en el Instituto de Medicina Tropical (IMT), con el apoyo de su directora, la doctora Belkisyole Alarcón de Noya. 

“Después del 24 de junio simplemente vine a la UCV. Me preguntaron ‘¿qué vas a hacer?’ y dije que quería estar donde estuvieran los medicamentos. Al IMT llegó una carga gigante. Yo no conocía a nadie de aquí ni de Medicina. Vine, entramos y empezamos a agarrar medicamentos y a clasificarlos. Luego nos fuimos conociendo y compenetrando poco a poco. Ahora nos conocemos todos los de Medicina con los de Farmacia, conocemos a la Dirección del Instituto y hay un respeto y un cariño mutuo”, relata Luis Ramos, estudiante de cuarto año de Farmacia. 

Ahora este trabajo se movió a la Facultad de Farmacia. Quienes hayan sido afectados por la emergencia, sean voluntarios, personal universitario, de cuerpos de rescate o familiares que necesiten un medicamento o insumo médico, pueden acercarse hasta ese edificio de lunes a sábado. Allí indican lo que necesitan, los estudiantes procesan la solicitud, organizan las medicinas o insumos en cajas y aprueban la entrega.

“Hacen falta vitaminas, antidiarreicos, antieméticos, antiparasitarios. Con la falta de agua y las comidas que a veces quedan mucho tiempo al sol, se ha vuelto necesario. También solicitamos ivermectina y jabones para la dermatitis”, agrega Coppola, quien baja con regularidad a La Guaira. 

Un mes y tres semanas después de los terremotos, las donaciones han bajado tanto en la Plaza del Rectorado como en Medicina Tropical. El gran volumen de donativos de los primeros días ya no está. Los estudiantes, conscientes de las distintas fases de la emergencia, saben que las necesidades no se acaban después de 30 días. Mientras evalúan cómo reorganizar los centros de acopio para que la ayuda sea sostenible, siguen llamando a las personas a donar.

“Todos nos alegramos cuando llega una donación porque sabemos que eso nos va a permitir seguir ayudando. Entendiendo que es una situación terrible, este ha sido un espacio de encuentro, de reflexión, de compartir, de llevar ese luto también porque muchas personas acá han perdido seres queridos, familia, amigos, casas. Hoy el gran rol que tenemos desde este centro de acopio es transformar la ayuda para que podamos seguir siendo útiles”, dice Borsegui. 

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Terremotos y gobernanza: por qué necesitamos una perspectiva de género en las crisis acumuladas de Venezuela

Como una de las casi 8 millones de personas que integramos la diáspora venezolana, la noticia de los dos terremotos que sacudieron al país el 24 de junio me tomó por sorpresa. Ambos superaron la magnitud 7 en la escala de Richter y ocurrieron con apenas 39 segundos de diferencia.

Aunque las y los venezolanos estamos acostumbrados a navegar entre series de noticias impactantes —incluyendo intervenciones extranjeras, protestas masivas y violencia política, a la par de la severa precariedad cotidiana que afronta la mayor parte de la población—, casi nadie se esperaba estos sismos. No hubo ninguna alerta o advertencia pública sobre la probabilidad de que un desastre de esta magnitud azotara al país en el corto plazo.

Tras pasar las primeras horas comunicándome con familiares y amistades para asegurarme de que estuvieran a salvo, la investigadora y activista feminista que hay dentro de mí entró en acción. Comencé a dialogar con otras feministas venezolanas que se encontraban en el territorio, buscando formas de apoyar su trabajo mientras trataba de comprender la situación: ¿cuántas personas resultaron afectadas?, ¿qué sistemas existen para brindar apoyo tanto a quienes eran rescatados como a quienes realizaban los rescates?

Estas preguntas no surgieron de la nada. Mi investigación ‘Embodying the Cost of a Predatory State: Depletion via Social Reproduction in Venezuela’s Crisis (2013–2021)’, en coautoría con Antulio Rosales, explora la emergencia humanitaria compleja que se ha venido desarrollando en Venezuela desde hace más de una década. La capacidad del Estado se encuentra  profundamente limitada; a modo de ejemplo, Caracas, la capital apenas dispone de entre 2 y 12 ambulancias públicas activas por día, de acuerdo con la fuente que se consulte.

El deterioro institucional resulta innegable y ha impactado de manera desproporcionada a las mujeres y las niñas, quienes tradicionalmente asumen la tarea de sostener un sistema de cuidados en ruinas. Si a esto le sumamos el impacto de un desastre de aparición súbita como un terremoto, el resultado es una tormenta perfecta de necesidades crecientes e interconectadas, acompañadas de riesgos diferenciados por género. 11 de los 23 estados del país sufrieron afectaciones a causa de los sismos, siendo el estado La Guaira, partes del estado Miranda y de la capital, Caracas, las zonas más golpeadas.

Al 20 de julio, las cifras oficiales contabilizan 5.398 personas fallecidas y 16.740 heridas. OCHA estima que 23.820 personas se encuentran en albergues y prevé que 1,3 millones de personas necesitarán algún tipo de asistencia en los próximos seis meses.

Sin embargo, no existen datos desagregados por sexo y género ni información disponible, o cuando menos es sumamente limitada, sobre las necesidades en materia de Derechos y la Salud Sexual y Reproductiva (DSSR) o sobre la Violencia Basada en Género (VBG) en el marco de esta nueva emergencia humanitaria.

Una crisis humanitaria preexistente con profundas implicaciones de género

La compleja crisis humanitaria que enfrenta el país desde hace más de una década es el resultado de la interacción entre políticas gubernamentales insostenibles y la mala gestión de la industria petrolera.

Las limitadas capacidades institucionales del Estado se han redirigido al control de la población y a la represión de la disidencia. Esta violencia estatal se evidencia, por ejemplo, en que las muertes de civiles a manos de la policía se multiplicaron por siete entre 2010 y 2018, proceso que ocurrió en paralelo al dramático deterioro de los servicios públicos y del acceso a los alimentos.

En este contexto, aproximadamente 7,9 millones de personas han abandonado el país, la mayoría a partir de 2018, y han llegado a sus destinos con diversos grados de necesidad de protección internacional. A todo esto se suma que, en enero de 2026, el gobierno estadounidense llevó a cabo una intervención militar en Venezuela y detuvo al entonces presidente, Nicolás Maduro, otorgando su respaldo a la vicepresidenta Delcy Rodríguez e inaugurando una nueva era de tutela estadounidense sobre el país.

La prolongada crisis humanitaria que precedió a los terremotos tiene impactos significativos diferenciados de género. Es alarmante que Venezuela registre la segunda tasa de mortalidad materna más alta de América Latina y el Caribe, con 227 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. También, el acceso a métodos anticonceptivos se encuentra crónicamente limitado debido, entre otros factores, a su escasez y a la imposibilidad de costearlos. El aborto continúa penalizado en la mayoría de los casos, bajo una de las legislaciones más restrictivas de la región.

De igual manera, el profundo deterioro de los servicios públicos incrementó la carga de trabajo de cuidados no remunerados que recae sobre las mujeres y las niñas, especialmente sobre aquellas en situación de pobreza. Esto se traduce en una drástica caída de la participación laboral femenina, la cual en 2015 se redujo al 39%.

La necesidad de una perspectiva de género ante una crisis de aparición súbita y una crisis humanitaria compleja 

Históricamente, la división sexual del trabajo ha situado a las mujeres venezolanas en el centro de la labor comunitaria. Durante décadas, múltiples gobiernos venezolanos se han apoyado en el trabajo no remunerado de las mujeres en las bases sociales para acceder a sus comunidades e, incluso, para implementar políticas públicas.

El profundo deterioro de la capacidad estatal de la última década agravó esta dependencia excesiva del trabajo no remunerado de mujeres y niñas; una dinámica que hoy también se reproduce en la respuesta humanitaria a la crisis prolongada. Incluso antes de los terremotos, las mujeres ya venían asumiendo la mayor parte de la distribución de ayuda humanitaria, facilitando el acceso a las comunidades y gestionando, dentro de lo posible, la atención a sus necesidades.

Tras los sismos y en las primeras 72 horas de funcionamiento de los albergues para personas desplazadas, Tinta Violeta identificó 22 casos de violencia sexual. Este dato resalta la urgencia de garantizar condiciones de mayor seguridad y protección, especialmente para las mujeres, las infancias y las adolescencias, que constituyen los grupos poblaciones con mayor riesgo. Esto incluye, entre otras medidas, acceso a agua corriente y a servicios sanitarios seguros y privados, acceso sostenido a productos de higiene menstrual y la promoción de espacios de convivencia pacífica y segura.

Las respuestas humanitarias deben orientarse a prevenir la mortalidad, la morbilidad y la discapacidad en las poblaciones afectadas por crisis, integrando plenamente los DSSR. UNFPA estima que 36.700 mujeres embarazadas resultaron afectadas por los terremotos, incluyendo aproximadamente 4.000 que se esperaba dieran a luz en el mes siguiente. Así mismo, OCHA reporta que 154 mujeres en albergues temporales recibieron atención prenatal, pero no hace mención de ningún parto transcurrido un mes desde los sismos. Resulta evidente y preocupante que existe una desconexión  entre las necesidades identificadas al inicio de la emergencia y la atención obstétrica reportada. 

En este contexto, y dada la alta tasa de mortalidad materna preexistente en el país, resulta imperativo asegurar un acceso suficiente, sostenido y consensuado a opciones anticonceptivas; así como controles prenatales rigurosos; espacios de parto accesibles, seguros e higiénicos que cuenten con personal de salud capacitado para atender a quienes se encuentran tanto dentro como fuera de los albergues temporales.

Una crisis humanitaria crítica con importantes desafíos de gobernanza

La complejidad de cualquier crisis humanitaria a gran escala tiende a agravar los desafíos al funcionamiento de todo sistema de gobernanza, exponiendo la fragilidad preexistente de las instituciones. Estos desafíos se ven exacerbados en gobiernos autoritarios que operan bajo la tutela de potencias extranjeras.

Múltiples reportes periodísticos dan cuenta de una respuesta estatal tardía, con demoras en la llegada a las zonas críticas y una capacidad de despliegue sumamente limitada. A más de un mes de los sismos, cientos de familias continúan buscando a sus seres queridos sin saber si sobrevivieron ni cuál es su paradero, mientras que el sistema de información pública no registra ninguna actualización desde el 2 de julio. Aun cuando no existen datos oficiales sobre las personas desaparecidas, la iniciativa de la sociedad civil Desaparecidos Terremoto Venezuela estima que hay más de 29.000 personas en esta situación.

Al momento de redactar este artículo, existen 107 albergues temporales distribuidos en cinco estados. La gestión de estos espacios ha sido asignada a distintos ministerios del gobierno, independientemente de sus áreas de competencia. El acceso de la sociedad civil a los albergues es limitado y está supeditado a la aprobación del ministerio a cargo de cada uno. UNFPA, por ejemplo, brindó apoyo en materia de DSSR a tan solo cuatro albergues (de los 107 habilitados) durante el primer mes posterior a los terremotos, lo que evidencia el alcance limitado de los enfoques específicos en el área. Esta estrategia fragmentada restringe la rendición de cuentas y obstaculiza la posibilidad de abordar cuestiones urgentes, como la VBG y las necesidades de DSSR, en todas las dimensiones de la respuesta humanitaria.

Fortalecer la respuesta a la VBG y a las necesidades en materia de DSSR

El hecho de que Venezuela esté enfrentando una emergencia humanitaria de aparición súbita superpuesta a una crisis prolongada preexistente plantea desafíos específicos. La colaboración con organizaciones de la sociedad civil ya existentes, cuya experiencia técnica en VBG y DSSR es fundamental, resulta esencial para la seguridad y supervivencia de las mujeres y niñas desplazadas por esta crisis.

Al mismo tiempo, estas organizaciones enfrentan desafíos estructurales. En primer lugar, se encuentran sometidas a una demanda extrema, dado que ya estaban en la primera línea de respuesta ante las consecuencias de la emergencia humanitaria crónica. En segundo lugar, al igual que todas las organizaciones no gubernamentales, operan en un contexto de restricción en el que la libertad de asociación se encuentra en riesgo.

En términos estadísticos, Venezuela ya era un lugar peligroso para dar a luz desde antes de los terremotos. Este hecho por sí solo debería situar las necesidades en materia de DSSR en primer plano. Un enfoque fragmentado, con un alcance limitado en los albergues y basado en intervenciones esporádicas, no será suficiente para hacer frente a los enormes retos que se avecinan.

En última instancia, los DSSR no deben ser un componente accesorio de los esfuerzos de reconstrucción, sino una prioridad en su núcleo central.

‘Earthquakes and governance: why we need a gender lens in Venezuela’s compounding crises’ fue publicado originalmente en inglés en ODI.org el 4 de agosto 2026. Disponible en: https://odi.org/en/insights/earthquakes-governance-gender-lens-venezuela-compounding-crises/

Maikelis Bandres, mujer embarazada que vive en un campamento solidario en la Av. Bolivar post el terremoto del 24 de junio, resultando con graves daños el edificio de la mision vivienda donde vivía.

Gestar y maternar en el desastre: ¿cómo vivieron las embarazadas los terremotos?

Según estimaciones del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), más de 36 mil embarazadas resultaron directamente afectadas por los terremotos que golpearon a Venezuela el 24 de junio. Hoy enfrentan desplazamiento forzado, estrés agudo y la frustración por lo perdido, a lo que se suma la afectación de la salud mental y el enorme desafío de empezar de cero con un recién nacido en brazos

El doble terremoto coincidió con las últimas semanas de gestación de Maikelis Bandres. Cuando vio que cedieron las paredes de su apartamento en el primer piso del urbanismo OPPPE 16, en la Av. Bolívar, pensó en saltar por la ventana. “Si yo me lanzo de aquí, me voy a morir, pero si me quedo aquí también me voy a morir”, pensó. Como pudo, bajó por las escaleras, pero el temblor la tumbó al piso. El dolor, sin embargo, llegó una vez la tierra dejó de moverse. “Por la caída y el susto, sentía como si el bebé se me impulsaba hacia abajo”, recuerda.

Hoy, con fecha de parto prevista para agosto, Maikelis pasa sus días en un campamento instalado en el estacionamiento del Museo Cruz-Diez, donde enfrenta la angustia de no tener un espacio seguro a dónde llevar a su recién nacido. La idea de que ocurra otro sismo la mantiene tensa. Y a eso se suma el cansancio por dormir en el piso. Confiesa que, con este embarazo cruzado por el desastre, se ha sentido “como en coma”, por lo que pasa la mayor parte del día acostada en la carpa.

“A veces me pongo a llorar, porque quién se iba a imaginar que esto iba a pasar. Ya estoy a punto de dar a luz y ¿a dónde me voy a ir? Ahorita están recuperando las viviendas, pero no es lo mismo. Yo sí quiero irme por no estar aquí. Quiero estar acostada en mi cuarto, con mis cosas, pero me da miedo”, cuenta.

Maikelis Bandres, mujer embarazada que vive en un campamento solidario en la Av. Bolivar post el terremoto del 24 de junio, resultando con graves daños el edificio de la mision vivienda donde vivía. Foto: Redsonadoras/ Mairet Chourio.

Así como Maikelis, unas 36.700 mujeres embarazadas resultaron directamente afectadas por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron Venezuela hace ya un mes, y al menos 4.000 darían a luz en las semanas inmediatas a la catástrofe, según estimaciones del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

Para las embarazadas que están en campamentos o permanecen en zonas aisladas sin acceso inmediato a consultas, la educación sobre los signos de complicación es vital. Desde la Asociación Civil de Planificación Familiar (Plafam), advierten que la presencia de sangrado vaginal, pérdida de líquido amniótico, disminución drástica o ausencia de movimientos del bebé, las contracciones dolorosas o los síntomas de preeclampsia —como dolor de cabeza persistente, visión borrosa, zumbidos e hinchazón repentina— exigen evaluación médica inmediata.

Maikelis Bandres, mujer embarazada que vive en un campamento solidario en la Av. Bolivar post el terremoto del 24 de junio, resultando con graves daños el edificio de la mision vivienda donde vivía. Foto: Redsonadoras/ Mairet Chourio.

Parir lejos de casa

La Guaira fue el estado más golpeado por el doblete sísmico. La devastación en el litoral central fue tal que agencias internacionales como la OCHA confirmaron el desplazamiento de cientos de familias hacia otras regiones del país. Ese fue el caso de Selena Corea, quien dejó su casa en Playa Grande para refugiarse en Falcón, con sus suegros.

Ante el colapso de los centros de salud, permanecer en La Guaira no era una opción viable. “En mis últimos controles se me ha dicho que yo voy a ser cesárea, porque la bebé viene muy grande. Entonces, los quirófanos no van a prestar la atención que requiero“, explica.

La preocupación de Selena no es infundada. De acuerdo con UNFPA, 38 centros sanitarios quedaron dañados, “lo que limita considerablemente el acceso a servicios esenciales de salud materna para mujeres y recién nacidos”. Igualmente, la ONU reportó que los terremotos llevaron al límite a los hospitales de La Guaira, donde faltan camas, suministros y personal, por lo que fueron instalados hospitales de campaña para atender a los afectados.

En su nuevo hogar, Selena intenta mantener un “autocontrol constante” para que su hijo pequeño no la vea ansiosa y que el miedo tampoco impacte en su embarazo. Emilio Altahona, obstetra ginecólogo de Plafam, explica que la descarga constante de cortisol y adrenalina puede desencadenar picos de presión arterial —aumentando el riesgo de preeclampsia—, provocar contracciones prematuras o alterar el patrón de movimiento del bebé dentro del vientre.

Desde que ocurrió el terremoto, el doctor Altahona cuenta que ha detectado entre sus pacientes un aumento de hipertensión, hemorragias del primer, segundo y tercer trimestre, y cuadros de estrés agudo con episodios de insomnio.

Selena Corea vivía en el sector Playa Grande, en La Guaira. El edificio al lado de su casa se derrumbó. Aunque su vivienda quedó en pie, no sabe cuándo volverá a habitarla. Foto: Redsonadoras/ Mairet Chourio.

Esa alteración provocada por la angustia la vivió Katherin Landazabal. Con la urgencia del sismo, “a mí se me olvidó la barriga, a mí se me olvidó todo. No sentía nada”, relata. Pasó la noche en una montaña por la alerta de tsunami y, a la mañana siguiente, con las piernas raspadas, el abdomen prensado y sin sentir a su bebé, tuvo que manejar desde el sector Caribe, en La Guaira, hasta Los Teques para ponerse a salvo en casa de sus padres.

Instalada en Miranda, las secuelas físicas y emocionales persisten: “No duermo. Estoy ida. Con cualquier nervio que me da, el bebé se mueve mucho. Me dicen que es normal, pero no es normal para mí. Tengo que tener mucha calma por mi esposo y por mi otro niño, pero es el estrés de que ya no tengo la casa, el estrés de adaptarme aquí y de que el bebé tiene que estar sano”, confiesa.

Katherin Landazabal, mujer embarazada que vivía en La Guaira y tras los terremotos ocurridos el 24 de junio, se mudó con su esposo e hijo a la casa de sus padres en Los Teques. Foto: Redsonadoras/ Mairet Chourio.

Ese desplazamiento no solo interrumpió sus controles y canceló el parto que tenía planificado en Macuto, sino que la dejó sin la vivienda en la que había invertido todos sus ahorros y sin los insumos que ya tenía listos para la llegada de su bebé, Noah.

Reponer lo perdido no luce fácil. El esposo de Katherin se fracturó el talón y sufrió lesiones significativas en la columna durante el terremoto, por lo que le espera una larga rehabilitación. Ella tampoco podrá trabajar por el reposo postparto. E incluso cuando ambos se recuperen, el futuro laboral es incierto: vivían de volar parapente en La Guaira.

“No sé cuánto tiempo nos quedaremos aquí, si en algún momento vamos a volver a La Guaira. Tengo la casa, pero qué hago yo con la casa. No me la puedo traer y llevármela a otro lado. ¿La vendo? ¿La vendo en qué? Todo lo que invertí ahí, no me lo va a pagar nadie. Nadie quiere saber nada de La Guaira y eso me deprime más, porque ¿con quién queda uno? ¿Con quién cuenta uno?”.

Katherin Landazabal, mujer embarazada que vivía en La Guaira y tras los terremotos ocurridos el 24 de junio, se mudó con su esposo e hijo a la casa de sus padres en Los Teques. Foto: Redsonadoras/ Mairet Chourio.

Ante la urgencia de empezar de cero, una amiga le abrió una campaña en GoFundMe con la meta de costear los gastos médicos e intentar reconstruir un nuevo espacio para cuidar al recién nacido.

Redefinir el hogar

El “nido” de Victoria Romero también desapareció con el terremoto. Su apartamento en La Guaira quedó para demolición y, con él, se perdió el patrimonio que planificó durante años junto a su esposo, además de su récord médico y las cosas que había reunido para su bebé, Carlotta.

En Valencia, no solo enfrenta las secuelas que dejó el sismo en su sistema nervioso, sino también el reto de encontrar un centro médico de confianza para atender la recta final de su gestación. Probó suerte en el Hospital Central de San Diego, pero el personal la asustó más de lo que la aliviaron. “No tenían los equipos para la frecuencia cardíaca ni nada. De hecho, hasta sentí que tuve violencia obstétrica allí porque me hicieron estudios que yo no quería, citología y esas cosas. Yo dije que no quería hacerme esos exámenes y ellas prácticamente me obligaron”, señala.

Como trabajadora humanitaria, Victoria está más acostumbrada a brindar apoyo que a recibirlo. Asumir la vulnerabilidad fue un choque interno e incluso recibir los donativos le generó sentimientos encontrados. “Yo me sentía molesta porque no fueron las cosas que nosotros como padres elegimos. Pero es ahora lo que nos toca”, dice. Pudo recuperar algunas de las pertenencias de Carlotta porque le pagó a alguien para que entrara a lo que quedó de su edificio, sin importar si le desvalijaban el departamento.

Hoy recauda fondos en GoFundMe para cubrir gastos médicos, alquiler, enseres básicos y cualquier otro imprevisto. “Una de las cosas que más me duele es que mi esposo y yo hicimos un plan: compramos nuestra casa, nos casamos y ahí fue donde empezamos a buscar a la bebé. Dijimos que para nosotros casarnos pues teníamos que tener algo de nosotros para poder dárselo a la bebé. Estamos bajo un techo y gracias a Dios estamos vivos, pero nuestro plan de que Carlotta naciera en una casa de ella no está ya”, confiesa.

Pese al duelo y la incertidumbre por el futuro, agradece tener un lugar donde resguardarse y empezar a construir el espacio de Carlotta, combinando lo que logró rescatar con el apoyo recibido. Aceptar esa ayuda le ha dado estabilidad y le dejó una certeza final: “una lección que aprendimos en todo esto, mi familia y yo, es que el hogar se construye con las personas que lo habitan”.