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Liderar al borde del abismo: cuando las mujeres quedan al frente de la política venezolana

El inédito ascenso de mujeres al centro del poder en Venezuela ocurre en el momento de mayor colapso político e institucional. Lejos de representar un avance sostenido hacia la igualdad de género o una conquista feminista, politólogas advierten que estas designaciones responden al fenómeno del “acantilado de cristal”: liderazgos femeninos llamados a gestionar crisis casi irresolubles, con alto costo político y escaso margen de maniobra, mientras las estructuras tradicionales se resguardan del fracaso

El 2026 inició con un giro histórico en el escenario político venezolano: por primera vez en la historia reciente, todos los principales liderazgos del país son encabezados por mujeres. Un marcado contraste con respecto a las elecciones presidenciales del 2024, que no contaron con candidatas mujeres en el tarjetón. 

Hoy tenemos al frente a Delcy Rodríguez, figura clave del oficialismo que pasó de la Vicepresidencia Ejecutiva a ejercer la jefatura del Estado, en condición de presidenta encargada, luego de que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenara su asunción tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en una operación militar ocurrida el 3 de enero de 2026, lo que fue interpretado dentro del marco legal como una “falta temporal” que debía ser suplida conforme a la Constitución para garantizar la continuidad administrativa del país. También María Corina Machado continúa como líder principal de la oposición desde su victoria en las primarias de 2022. Incluso Laura Dogu, la nueva encargada de negocios designada por EEUU para atender el caso de Venezuela, es mujer. 

Pero este ascenso simultáneo de las mujeres al centro del poder no puede atribuirse completamente a un avance hacia la igualdad de género. Estas designaciones no parecen surgir precisamente como una respuesta de apertura democrática, sino más bien como una forma de respuesta estratégica para la gestión de la crisis. Dicho patrón ha sido estudiado en distintos contextos y recibe el nombre de “acantilado de cristal” en la teoría política y organizacional.

Alicia Montiel, politóloga y consultora política, explicó que el concepto de “acantilado” alude, justamente, al riesgo implícito de esas designaciones.

“Son cargos a los que se llega cuando la posibilidad de fracaso es muy alta, cuando el margen de maniobra es mínimo y el costo político o reputacional está prácticamente garantizado”, explicó la especialista.

Comentó que este patrón también cumple una función simbólica dentro de las dinámicas de poder, porque desplazar el riesgo hacia figuras femeninas permite proteger liderazgos masculinos previamente consolidados. “Cuando ya no hay respuestas y las soluciones parecen agotadas, se abre espacio para que una mujer asuma el mando, incluso como una forma de resguardar trayectorias masculinas y evitar que sean ellas las que carguen con el costo del fracaso”.

La politóloga Carmen Herrera agrega que este escenario no siempre se presenta como una oportunidad visible de promoción, sino como “una trampa política cuidadosamente construida”. 

“No se trata de un ascenso real, sino de una oferta que llega cuando el cargo ya está atravesando una crisis prácticamente insolucionable. Muchas mujeres aceptan estos cargos no porque las condiciones sean favorables, sino porque representan la primera, y a veces la única ocasión real de acceder a espacios de poder que históricamente les han sido negados. La alternativa suele ser seguir esperando una oportunidad que nunca llega”, explicó.

La experiencia internacional muestra que el “acantilado de cristal” se ha repetido en distintos países y momentos históricos, destacando el caso de Theresa May como primera ministra del Reino Unido en 2016, quedando a la cabeza de una crisis política y económica inmediatamente posterior al referéndum del Brexit. En Australia, Julia Gillard llegó al gobierno tras la fragmentación interna del Partido Laborista que desencadenó dudas sobre su legitimidad durante todo su periodo. En Finlandia, Sanna Marin encabezó el Ejecutivo durante la pandemia de COVID-19, enfrentando una crisis sanitaria combinada con críticas centradas en su edad, su vida personal y su estilo. Asimismo, Xiomara Castro en Honduras y Dina Boluarte en Perú asumieron la presidencia en contextos de inestabilidad institucional, falta de confianza en los liderazgos masculinos y polarización. 

Y en el caso venezolano, no es casualidad que este reordenamiento del poder de la política ocurra luego de la profundización de la crisis por el vacío de poder que dejó la operación del gobierno de Estados Unidos contra Nicolás Maduro y el desgaste de los liderazgos masculinos tradicionales, tanto del oficialismo como de la oposición, que hoy generan desconfianza o apatía

Los resultados de la encuesta Latam-Wide de AtlasIntel y Bloomberg de enero de 2026 confirman el deterioro de la imagen pública de los principales líderes masculinos opositores que dominaron la escena política venezolana durante la última década. Juan Guaidó presenta apenas 29 % de imagen positiva, frente a 34 % negativa y un elevado nivel de indefinición (37 %. Henrique Capriles, excandidato presidencial y actual diputado registra 15 % de valoración positiva, con 25 % negativa y un 60 % de respuestas “no sabe”, después de  haber conseguido el 49,12% de los votos en las elecciones presidenciales del 2013. Leopoldo López aparece aún más rezagado, con solo 16 % de imagen positiva, 24 % negativa y 61 % de indefinición, lo que sugiere una figura de liderazgo ya desdibujada.

Política

Sin mencionar la ausencia de otros liderazgos con legitimidad social y política que deben permanecer fuera del radar público por encontrarse en el exilio, en la clandestinidad como Delsa Solórzano, o privados de libertad como Juan Pablo Guanipa.

Eva Sabariego, politóloga y directora de EmpoderaME, mencionó también que las mujeres asumen la vocería en escenarios de mayor peligro, y el éxito o el fracaso de la estrategia recae absolutamente sobre la figura femenina. “Son ellas quienes asumen el costo personal, legal y reputacional del desenlace, mientras las estructuras de poder tradicionales observan desde lejos”, puntualizó Sabariego. 

Liderazgo femenino como última carta

En el ámbito hispanoamericano, autoras como Tània Verge y Silvia Claveria, han analizado el fenómeno al mostrar cómo las mujeres suelen ser llamadas a ocupar cargos de liderazgo para “salvar el día” cuando estallan escándalos protagonizados por hombres, ya sea por corrupción, abuso de poder, violencia o escándalos sexuales.

Alicia Montiel señaló que mientras que los escándalos empresariales suelen resolverse con menor exposición pública, las crisis políticas están inevitablemente sometidas al escrutinio ciudadano. La política, recordó, es un servicio público, y quienes ocupan cargos electos no responden a accionistas, sino a votantes, lo que hace que los costos reputacionales sean mayores y más visibles.

Allí es donde la investigación académica identificó que ciertos estereotipos tradicionalmente asociados a las mujeres son percibidos como especialmente útiles en momentos de crisis y se instrumentalizan para suavizar la imagen de los gobiernos, como la empatía y el rol de cuidadoras.

“Cuando un hombre falla en política, se habla de errores estratégicos, de coyunturas adversas, de sistemas complejos. Cuando falla una mujer, la narrativa cambia: se cuestiona su capacidad, su temple, su liderazgo. El error deja de ser individual y se convierte en colectivo, y refuerza estereotipos históricos en donde las mujeres son “buenas para limpiar crisis”, pero no para gobernar en tiempos normales”, destacó Montiel.

Carmen Herrera explica que, en contextos normales, las cúpulas mayoritariamente masculinas tienden a promover y validar a perfiles similares a los suyos, reproduciendo liderazgos masculinos de forma sostenida. Las mujeres, aunque participan activamente, suelen quedar relegadas a tareas de coordinación comunitaria o trabajo de base —sin acceso a la vocería ni al reconocimiento público— y quien no tiene vocería difícilmente acumula legitimidad. Por eso, incluso cuando las mujeres realizan trabajo sustantivo, los logros suelen ser capitalizados por hombres que ocupan el espacio protagónico.

Cuando sobreviene una crisis porque los liderazgos tradicionales comienzan a “quemarse”, asumir la vocería se vuelve demasiado costoso.

Herrera lo atribuye a que ese acceso ocurre en condiciones profundamente adversas, porque la expectativa social es inmediata, la tolerancia al error es mínima y el castigo político suele ser más severo. “La mujer que asume no solo debe gestionar la crisis, sino también enfrentar una mayor exposición, ataques personalizados y una evaluación constante de su capacidad”.

Gobernar sin margen de maniobra

Desde la teoría del acantilado de cristal, Montiel interpreta la designación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada como un mecanismo de “lavado de cara” del chavismo, en medio de negociaciones de alto nivel que permanecen fuera del conocimiento público.

“Sobre el 3 de enero no tenemos todos los elementos, no sabemos realmente qué pasó ni qué está ocurriendo en este momento, pero circulan múltiples versiones: desde quienes sostienen que Maduro fue entregado, hasta quienes afirman que salió del país por decisión propia. Algún día sabremos todo eso, pero mientras tanto, lo que sí puede afirmarse es que Rodríguez asume un liderazgo profundamente condicionado”, asevera.

Según la especialista, la presidenta encargada se encuentra atrapada entre expectativas contradictorias que hacen extremadamente difícil consolidar respaldo político. “Debe responder a una base chavista, que observa con desconfianza su relación con el gobierno de Estados Unidos, su interlocución con la administración Trump y la recepción de funcionarios estadounidenses; pero debe mantener un discurso público de exigencia por la liberación de Maduro y Cilia Flores de su secuestro”.

En América Latina, se puede identificar el patrón en la gestión de Dilma Rousseff en Brasil, que permitió una recomposición parcial del capital político del Partido de los Trabajadores y facilitó el retorno de Luiz Inácio Lula da Silva al poder.

A su criterio, resulta igualmente improbable que Rodríguez logre generar confianza en la oposición y en una mayoría de venezolanos que rechazan al chavismo. “Está en una posición en la que sólo puede fracasar, justo como lo indica la teoría del acantilado de cristal”, resumió la consultora política.

Reconocimiento tardío

El acantilado también está presente cuando las mujeres acceden al liderazgo tras largos periodos de exclusión. El ejemplo de María Corina Machado en este caso resulta particularmente ilustrativo.

“Durante buena parte del período chavista, Machado intentó posicionarse como una alternativa política sin lograr el reconocimiento que probablemente habría obtenido un dirigente masculino en condiciones similares”, expuso. 

La consultora Montiel consideró igualmente que el respaldo masivo a Machado no se produjo sino hasta que otros liderazgos masculinos se agotaron, y cuando se hizo visible la estrategia de custodia de las actas electorales del 28 de julio, que había sido planteada por la dirigente en años anteriores sin encontrar eco. Aún así, pese a haber sostenido una campaña centrada en su figura y al considerable esfuerzo físico y emocional que ello implicó, María Corina Machado no sería quien asumiera la Presidencia, pues debió canalizar ese capital político a través de la candidatura de un hombre, una decisión condicionada por las circunstancias políticas del momento. Recordó además que la primera alternativa femenina, la académica Corina Yoris, fue excluida del proceso, lo que terminó por reforzar la paradoja de un liderazgo femenino ampliamente legitimado que no pudo traducirse en una postulación directa.

Carmen Herrera también alude a que Machado —a pesar de ser una figura con larga trayectoria pública— sólo logró consolidarse como lideresa opositora en el momento más crítico del deterioro democrático, añadiendo presión extrema y una volatilidad alta del respaldo ciudadano. En este escenario, la expectativa de “salvación” suele ser tan elevada que cualquier resultado insuficiente se traduce rápidamente en críticas, por haber asumido en un momento prácticamente irresoluble. 

“Durante años fue considerada una outsider, ajena a la cúpula opositora dominada por hombres, cuyos liderazgos se fueron desgastando progresivamente. Machado obtiene reconocimiento precisamente por ese carácter externo al patrón dominante, lo que le permitió ganar las primarias y convertirse en referente. Sin embargo, lo hizo en el peor momento posible: con una crisis profunda y sin condiciones para desarrollar una gestión o un proyecto político a largo plazo. Su liderazgo, en ese contexto, se convierte en una tarea constante de contención y respuesta inmediata”, sostuvo.

Pero no es el único riesgo asociado a la teoría: también existe la posibilidad de que se minimicen los logros reales de las mujeres líderes al presentar sus éxitos únicamente como respuestas excepcionales a dichas situaciones límite.

Los estereotipos de género a su vez continúan influyendo de forma decisiva en la manera en que la opinión pública evalúa a las mujeres que asumen roles de liderazgo. Eva Sabariego advierte que las mujeres no solo enfrentan los desafíos políticos o técnicos del cargo, sino también una carga simbólica adicional asociada a su género, porque una misma conducta puede ser interpretada de manera radicalmente distinta dependiendo de quién la ejerza. 

“Si una mujer tiene una actitud firme y decisiva en un contexto de crisis puede ser atacada por ser ‘poco femenina’ o ‘agresiva’, por encajar o no en dinámicas sociales preconcebidas. Si esa misma actitud viene de un hombre, suele asociarse positivamente con control y dominio de la situación”, afirma. 

Ese escrutinio diferenciado tiene efectos que van más allá del caso individual. De acuerdo con Sabariego, los errores de una mujer en posiciones de alta visibilidad se maximizan y terminan repercutiendo de forma ejemplarizante sobre otras mujeres.

La politóloga Montiel coincide en que la concepción de que la mujer debe ser primero esposa y madre, mientras que el protagonismo público y político se reserva para el hombre continúa operando como una barrera invisible en la política contemporánea.

Esta resistencia no es exclusiva de países con democracias frágiles o sistemas políticos cerrados. Incluso en contextos considerados consolidados, como Estados Unidos, se han reproducido dinámicas similares. Montiel recordó los casos de Hillary Clinton y Kamala Harris, dos candidatas con amplias credenciales políticas y experiencia institucional, cuya imagen pública fue evaluada bajo estándares distintos a los aplicados a sus contrincantes.

“Aunque el género no puede considerarse la única variable explicativa de esos resultados electorales, es difícil no preguntarse por qué dos mujeres con trayectorias sólidas perdieron frente a un candidato que no tenía experiencia política ni formación en el funcionamiento bipartidista del país”, apuntó la especialista aludiendo a Donald Trump.

En ese sentido, Montiel insistió en que los partidos políticos y las estructuras tradicionales de poder han funcionado históricamente como espacios predominantemente masculinos que han promovido principalmente las carreras de otros hombres dentro de sus propias filas. Como resultado, incluso cuando emergen liderazgos femeninos visibles y con respaldo social, estos enfrentan mayores obstáculos para traducirse en poder institucional efectivo. 

Cuando la crisis pasa, ¿el poder retrocede?

Sabariego advierte que el sistema tiende a revertir a sus patrones masculinos tradicionales cuando la crisis pasa, por la falta de mecanismos que aseguren esa permanencia en el poder de las mujeres que ascendieron por coyunturas políticas. “Resulta más fácil responsabilizar al género femenino si la estrategia fracasa y volver a un liderazgo masculino tradicional. Las mujeres aceptan estos puestos como su única vía de escalar, y los hombres la evitan para proteger su carrera o reputación”, refirió.

En Venezuela, esta fragilidad estructural se ve agravada por la ausencia de una normativa robusta que garantice la participación igualitaria de las mujeres en los espacios de poder. El Centro de Justicia y Paz (Cepaz) en 2023 documentó que ni la Ley Orgánica de Procesos Electorales ni la Ley de Partidos Políticos establecen de forma clara y vinculante criterios de paridad y alternabilidad. Lo que ha existido hasta ahora son iniciativas que se han limitado a resoluciones administrativas de carácter temporal, con bajo rango normativo, publicación intempestiva y sin mecanismos eficaces de sanción.

La directora de EmpoderaME reconoce que el debate sobre las leyes de paridad sigue abierto, pero que sin presión legal, la experiencia demuestra que las estructuras de poder no ceden de forma voluntaria.

“El debate sobre la Ley de paridad aún no tiene un consenso definitivo. Por un lado, se presentan como una herramienta necesaria para obligar la participación equitativa en espacios públicos y romper el bloqueo histórico. Por otro lado, existe la crítica de si es beneficioso que esta participación sea impuesta por ley en lugar de ser un proceso espontáneo y voluntario. Quienes cuestionan la ley temen que se perciba como una concesión y no como un reconocimiento al mérito, mientras que sus defensores argumentan que, sin una obligación legal, el sistema nunca cederá espacios voluntariamente”.

La estructura misma de los partidos políticos son otra clave para entender por qué el liderazgo femenino sigue siendo excepcional (y no la norma) en la política venezolana. Estos están históricamente diseñados y dirigidos por hombres, añade la politóloga Carmen Herrera.

“En Venezuela, los partidos políticos han estado mayoritariamente liderados por hombres, no solo en la práctica, sino también en sus reglamentos y en la forma en que están organizados. Esto contrasta con lo que ocurre a nivel comunitario, la organización y la coordinación comunitaria están protagonizadas por mujeres, pero ese trabajo no suele traducirse en visibilidad política ni en vocería pública”.

Este desequilibrio en la legitimidad -donde las personas terminan otorgándole mayor protagonismo a quien hace la vocería y no al que está coordinando y sacando adelante el trabajo de hormiga en las comunidades- responde a patrones tradicionales de ascenso dentro de los partidos, donde no existen procesos democráticos sólidos para la elección interna de liderazgos. 

“No hay estructuras democráticas reales de elección; las decisiones suelen tomarse de manera unidireccional, a dedo, por una sola persona. Ese mecanismo facilita que se reproduzcan siempre los mismos perfiles. Quien decide suele reproducir el mismo patrón que lo puso a él en el poder”, apuntó Herrera.

Ahora, para evitar que el acceso de las mujeres a los espacios de decisión quede limitado a contextos de crisis requiere transformaciones estructurales, no soluciones simbólicas ni coyunturales. El primer paso, remarcó Herrera, es un proceso de concientización ciudadana y formación cívica que debe ser sostenido en el tiempo.

“Las personas deben entender que, incluso en medio de una crisis o una emergencia, el liderazgo no puede ni debe recaer en una sola persona. Esta visión permitiría aliviar la carga desproporcionada que suele recaer sobre las mujeres”, prosiguió. 

Ese giro implicaría desmontar dos pilares profundamente arraigados en la cultura política venezolana: el mito del salvador y el personalismo. Para la politóloga, se trata de que los ciudadanos entiendan que la resolución de una crisis no depende de que una mujer lo solucione todo, sino de un equipo estratégico más amplio, conformado por ella y por otras personas que influyen de distintas formas en la solución del problema.

En el plano partidista, Herrera fue enfática en la necesidad de democratizar los mecanismos de selección interna. A su juicio, mientras predominen prácticas como el amiguismo o el nepotismo, las desigualdades se seguirán reproduciendo. “Si tú te pareces a mí, si estás más cerca de mí, eres quien asume. Ese patrón es el que hay que romper”, advirtió, porque los partidos políticos son de los principales nichos de participación política de las personas.

Mujeres

La lucha por la libertad de los presos políticos también la sostienen las mujeres

En Venezuela, las excarcelaciones de presos políticos avanzan con lentitud, poca transparencia y libertad condicionada. En esa espera —en la calle, ante los penales, frente a la prensa— quienes sostienen la lucha por justicia y reparación son, mayoritariamente, madres, esposas y hermanas

Un piquete de la Policía Nacional Bolivariana custodia un penal con presos políticos y al frente, en el piso, una mujer yace con una cobija rosada sobre su cuerpo. Parece haber logrado conciliar el sueño ante la mirada impasible de los funcionarios. Esa imagen evidencia cómo avanza el proceso de excarcelaciones en Venezuela 14 días después de que el gobierno interino de Delcy Rodríguez anunciara la salida de prisión de “gran número” de personas: con lentitud, escasa transparencia, libertad condicionada y la condena familiar a una eterna espera. 

Acostarse en la calle. Denunciar una y otra vez ante la prensa el caso de los suyos. Orar a ver si un milagro se cumple y las puertas se abren. Un ciclo, un bucle. Ser familiar de un preso o de una presa política te convierte en eso: una persona insistente frente a una circunstancia cargada de irregularidades. 

Fotografía: @realidadhelicoide
Fotografía: @realidadhelicoide

Lo innegable, porque es claro frente a las cámaras y ante cualquier persona que esté cerca, es que esa lucha por la libertad, la justicia y la reparación tiene nombres de mujeres detrás. De mujeres que se mueven diariamente por el reencuentro en un sistema que no solo vulnera los derechos de sus seres queridos, sino también los individuales. 

Parecen situaciones tácitas, pero no. Todas revelan una realidad: las detenciones arbitrarias también afectan de forma diferenciada a hombres y mujeres. La desigualdad basada en género sobresale sin importar si ellas están dentro de una celda o a las afueras de un centro de reclusión pidiendo una fe de vida.

Sencillamente: es otra dimensión de la violencia del Estado y el sistema de justicia de Venezuela contra las mujeres.

El Centro de Justicia y Paz (Cepaz), así como otras organizaciones defensoras de derechos humanos, enfatizan que los actos de persecución y criminalización política en Venezuela son generalizados. Es decir, afectan a mujeres y hombres por igual. 

Familiares de presos políticos en Venezuela pasan la décima noche esperando información sobre sus seres queridos, a las afueras del Centro de Detención de la Zona 7 de la Policía Nacional en Caracas, Venezuela. Fotografía: REUTERS/Gaby Oraa

Lo que dicen está respaldado con datos: de al menos 1.000 personas detenidas por razones políticas, según registros extraoficiales, 700 u 800 son hombres y el resto mujeres. Sin embargo, cuando la tortura y/o el trato cruel se ejerce sobre ellas, destacan patrones discriminatorios que se generan por motivos de género.

“No hay una política de persecución contra las mujeres, pero el daño que se causa a mujeres detenidas por razones políticas por supuesto que sí tiene unos efectos diferenciados, precisamente por su condición de mujer”, señala Martha Tineo, abogada y activista.Tineo explica que esto ocurre desde el momento de la detención y en los procesos de tortura: “Son sometidas a tratos crueles que tienen que ver con humillarlas y denigrarlas por ser mujeres. Las torturas refieren a razones de género. Sufren ofensas, tocamientos, violencia sexual. Hay un daño diferenciado contra ellas”.

Entre las 143 excarcelaciones de presos políticos desde el 8 de enero de 2026, según datos del Foro Penal Venezolano, familiares han denunciado que las mujeres han sido minoría.

La vulneración femenina tiene registro

El último informe de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU, publicado en septiembre de 2025 y que documenta la violación de derechos humanos desde el 28 de julio de 2024 hasta agosto pasado, incluyó un apartado de violencia sexual y basada en género porque hay hechos que demuestran esta diferenciación. 

En el último año y medio, la Misión registró un aumento de casos de violencia sexual y de género contra mujeres, niñas y adolescentes, así como hombres privados de libertad. Conocieron los casos a través del testimonio de organizaciones, testigos y familiares. Estas personas fueron víctimas de sexo transaccional coercitivo, requisas masivas con desnudez forzada, violencia reproductiva y posibles actos de esclavitud sexual y/o prostitución forzada

Entre julio de 2024 y agosto de 2025, se documentaron 22 casos de este tipo en seis estados de Venezuela. 

Todas las tardes, durante las semanas de septiembre de 2024, las familias se reunían para rezar y cantar alabanzas fuera del penal de Tocuyito, en el estado Carabobo. Todo empezaba con un círculo de oración. La mayoría de sus integrantes eran mujeres: madres, esposas, hijas, nietas, sobrinas o tías. Fotografía: María José Dugarte

“Al menos una mujer y cinco adolescentes (15-17 años) fueron sometidas a explotación sexual a través de actos de sexo transaccional coercitivo. Una mujer que estuvo detenida en una dependencia de la GNB por cuatro meses informó a la Misión que fue testigo de un acto de violencia sexual contra otra mujer privada de libertad. También informó que los sargentos hombres exigían a las mujeres mantener relaciones sexuales a cambio de acceso a llamadas telefónicas”, señala el informe. 

Hay diversas situaciones que evidencian la desigualdad sistemática y la violencia que sufren las mujeres en prisión porque requieren otro tipo de atenciones que, normalmente, no son consideradas cuando se trata de un hombre. 

Si se nombra lo más sencillo: ellas necesitan acceder a productos de higiene menstrual y servicios de salud sexual con regularidad. Si se complejiza: hay mujeres privadas de libertad con un embarazo en desarrollo o en proceso de lactancia que necesitan condiciones mínimas para culminar estas etapas de su vida, que además es compartida con su hija o hijo.

Aun así, durante la represión postelectoral de 2024, dos mujeres embarazadas fueron arrestadas arbitrariamente y ninguna recibió la atención médica gineco-obstétrica que requerían, según la Misión de la ONU. El reporte detalla que “a una de ellas, con un embarazo de alto riesgo de 11 semanas cuando fue detenida, se le denegó la realización de ecografías y pruebas de control durante la detención. Otra mujer, detenida el 2 de agosto de 2024 por la GNB, fue separada de su bebé lactante y sólo se le permitió amamantarlo ocasionalmente y a discreción de sus custodios. Estos le exigieron favores sexuales (sometimiento a través de la coerción sexual) a cambio de permitirle alimentar regularmente a su bebé”.

Familiares de presos políticos en Venezuela pasan una sexta noche durmiendo en el suelo frente a las cárceles mientras esperan las liberaciones de sus allegados. Fotografía: REUTERS/Gaby Oraa

El informe La violencia en femenino –  El Libro Violeta de la represión en Venezuela, elaborado y publicado por Cepaz en noviembre de 2024, recoge el testimonio de una menor de edad que estaba embarazada y sufrió malos tratos durante su detención: “Fue obligada a realizar ejercicios físicos, como saltar y trotar, mientras la amenazaban con forzarla a abortar, «para que no pariera a un guarimbero»”.

La violencia en femenino explica que “los comentarios, amenazas y actos de contenido misógino y sexual, pronunciados en momentos de extrema vulnerabilidad, buscan intimidar y deshumanizar a las mujeres, exacerbando el abuso de poder y la violación de sus derechos fundamentales durante la detención”. 

Estos patrones diferenciados de violencia no son nuevos. El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) ha explicado en varios informes que el país “no ha desarrollado políticas penitenciarias acordes a los estándares internacionales para la construcción de espacios para mujeres”. 

Solo hay dos espacios medianamente compatibles con la reclusión de mujeres, el INOF y La Crisálida; incluso así, los tratos con perspectiva de género son exiguos, especialmente cuando se trata de presas políticas. 

Emirlendris Benítez: cuando la tortura y la violencia detienen tu vida


Martha Tineo recuerda el caso de Emirlendris Benítez, una mujer que fue detenida la madrugada del 5 agosto de 2018 y resultó implicada, sin pruebas, en el magnicidio fallido de Nicolás Maduro, Cilia Flores y el alto mando militar.

Benítez fue sometida a torturas aunque manifestó a los funcionarios que estaba embarazada. El libro Ahora van a conocer el diablo documenta que le martillaron el pulgar del pie derecho. La asfixiaron con una bolsa plástica mientras sumergían su cara en un tobo con agua. La golpearon en la zona abdominal y le aplicaron descargas eléctricas en el estómago, a pesar de conocer esta información.

“Las torturas le produjeron un aborto y le fue practicado un curetaje sin su consentimiento, sin ni siquiera tener conciencia. Todo eso devino a que ahora está en silla de ruedas. No puede caminar por sus propios medios. Entonces, ahí vemos cómo aplicar el mismo tipo de torturas a una mujer, con las condiciones físicas de una mujer, puede tener impactos distintos”, detalla Tineo, quien lleva un registro muy cercano del caso.

Emirlendris Benitez, presa política

Emirlendris es madre de dos hijos, una joven que ahora vive fuera de Venezuela y un niño que está al cuidado de su papá. Ellos también sufrieron una vulneración de sus derechos como menores de edad: la prohibición de ver y estar con su mamá.

A Emirlendris la condenaron a 30 años de prisión, pena máxima en Venezuela. Ella es una de las 16 presas políticas preelectorales. Desde la desaparición forzada que sufrió, su caso lo han visibilizado dos mujeres: Beatriz y Melania Benítez, sus hermanas, quienes también han sido violentadas de múltiples formas.

La carga de cuidado como forma de violencia

Cepaz señala que “las mujeres familiares de los presos políticos, que en definitiva son mayoritariamente hombres, enfrentan una dimensión de violencia poco visibilizada. Estas madres, esposas y hermanas, quienes quedan a cargo no sólo de la búsqueda de justicia, sino del cuidado de sus familiares que el Estado no garantiza, no solo soportan la separación y el sufrimiento por sus seres queridos, sino que también son criminalizadas y perseguidas”.

Enfrentan violencia de género, insultos sexistas, agresiones físicas y sexuales en allanamientos y detenciones de sus familiares, y lo que se ha visto en los últimos días: tratos crueles constantes que se manifiestan con negativas de que su ser querido se encuentra en determinado penal; prohibición de visitas; y el aislamiento. 

Familiares de presos políticos esperan afuera de la cárcel de El Rodeo, después de que se anunciara que varios prisioneros serían liberados, en El Rodeo, estado Miranda. Fotografía: REUTERS/Gaby Oraa

“Recientemente, una mujer nos decía que su hermano estuvo en situación de desaparición forzada unos cuantos meses y cuando finalmente logró ubicar el centro de reclusión en el que estaba, y logró ingresar, fue abusada sexualmente. Lo que le dijeron los funcionarios que hicieron esto fue: «Bueno, mira, esto para que no te queden ganas de seguir viniendo para acá»”, indica Martha Tineo, quien coordina también la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP).

Todas son situaciones que profundizan la desesperación y el trauma familiar e individual. Son heridas que cargan las mujeres venezolanas en medio de una crisis humanitaria compleja que persiste.

Hay que tratar de dimensionarlo: si las estimaciones extraoficiales de las ONG señalan que hay más de 1.000 presos políticos en Venezuela, entonces hay mil familias cuyos derechos humanos son violentados a diario. 

Como es el caso de Carmen Farfán, una mujer de 56 años, quien desde el 25 de noviembre de 2025 no ha parado de buscar respuestas sobre su hijo, José Gregorio Reyes Farfán, y su nuera Marylin Del Valle Gil. Ambos fueron detenidos de manera arbitraria en Monagas por agentes de la División de Inteligencia Estratégica (DIE) de la PNB. 

Carmen cuenta que su nuera fue detenida junto con su nieto de 14 años. Ella no presenció el allanamiento porque se encontraba con su hijo en el hospital por una consulta médica. Ahí lo buscaron y se lo llevaron bajo amenaza.

“Ya perdí la cuenta de a cuántos lugares he ido. Para donde me mandan, voy. Para la persona que quiere a su familiar, esto es fuerte. Pero más que todo para una madre. Si lo tienen detenido y le dan su derecho, que uno pueda visitarlo o llevarle ropa o comida, pero no. Lo tienen prácticamente secuestrado, no preso”, expresa Carmen.

En la mayoría de los casos, estas familias son representadas por mujeres porque son ellas quienes, históricamente, han ejercido las labores de cuidado en Venezuela. Los datos más recientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), publicados en 2024, determinaron que en Venezuela 15,4 millones de personas trabajan en labores de cuidado no remunerado en los hogares y, de este total, 10 millones son mujeres

Familiares de privados de libertad siguen en los centros de detención y cárceles a la espera de información, fe de vida y la liberación de todos los presos políticos. Fotografía: Rosalí Hernández

Son ellas quienes, incluso con un trabajo formal, atienden a personas dependientes: niños y niñas, adultos mayores, algún familiar con discapacidad y enfermos. Ahora, a esta lista, se puede incluir una categoría más: aquel familiar detenido por razones políticas.

Las mujeres familiares de presos políticos sufren impactos económicos importantes porque, en la mayoría de los casos, quedan a la deriva cuando la persona proveedora o colaboradora termina en prisión. 

Casi por defecto, ellas asumen la responsabilidad del hogar y en paralelo inicia una búsqueda de recursos para visitar y proveer alimentos y/o productos esenciales a sus familiares en prisión. Muchas se ven obligadas a viajar horas para verlos y, en muchos casos, si lo logran, son extorsionadas para procurar la supervivencia de sus seres queridos.

En estos procesos, la situación se agrava cuando las mujeres pierden sus empleos. Cuando ya se vuelve imposible asistir a una oficina porque el seguimiento de lo que ocurre prevalece, la comprensión de un jefe o una jefa llega al límite. Y a eso hay que agregar el desarrollo de enfermedades por desgaste físico y mental sin posibilidad de conseguir atención médica inmediata por falta de dinero.

Son situaciones que se repiten en múltiples centros de detención del país, incluyendo penales transitorios o comandancias de la GNB, mientras lees esto. 

Fotografía: @clippve

Carmen Farfán, por ejemplo, tuvo que dejar su trabajo como vendedora de pescado en Güiria, donde reside, para atender el caso de su hijo. Además, cuando pudo ver a José Gregorio y Marylin luego de su detención arbitraria, le entregaron a su nieto.

“A él le hace falta su familia, su mamá y su papá. No va al liceo porque estudia en Monagas y su abuela materna, que vive en Caracas, lo cuida. Estamos esperando a ver si los sueltan y puede regresar, o sino toca cambiarlo”, comenta.

En el informe La violencia en femenino, Cepaz resalta que no hay que olvidar el contexto social, político y económico de las víctimas de la reciente represión postelectoral: “La mayor parte de las víctimas (…) fueron hombres de sectores desfavorecidos (…) y la mayoría de las personas que han han asumido la exigencia de justicia (…) y cuidados de estos detenidos son sus familiares mujeres (…) que provienen de sectores económicamente deprimidos, donde imperan los hogares monomaternales”.

Mujeres sosteniéndose en red

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), un grupo conformado por activistas y familiares de detenidos postelectorales, ha contado múltiples veces que muchas de estas cuidadoras no tienen dinero para asistir a las visitas y entre ellas han hecho colectas para apoyarse. 

Es la misma colaboración que se ha visto en los últimos días a las afueras de los principales centros de reclusión de presos políticos: mujeres que duermen en carpas y comparten panes, galletas, café, agua, medicamentos o alguna toalla sanitaria. 

Son mujeres que han desarrollado un sentido de comunidad y contención que las mantiene activas, incluso cuando su familiar detenido es excarcelado. 

Familiares de presos políticos se arrodillan frente a los policías que custodian el centro de detención de la Policía Nacional Bolivariana en la Zona 7 de Caracas, Venezuela. Fotografía: AP/ Ariana Cubillos

Clippve es un ejemplo de eso: algunas defensoras son familiares de expresos políticos, casi todas madres o hermanas, que luego se ofrecen como voluntarias para asesorar sobre procedimientos legales o trámites más sencillos, como enseñar la etapa para realizar una denuncia de manera correcta. 

Estas mujeres han hecho red al punto de crear su propio comité: Madres en Defensa de la Verdad. Su cuenta en Instagram se convirtió en un canal que muestra sus esfuerzos por organizarse y denunciar lo que ocurre con los presos políticos en el país. 

Estos grupos tienen antecedentes que van más allá de las detenciones o la represión por motivos políticos. Son resultado de una grave crisis de derechos humanos extendida a todos los sectores de la sociedad.

Por ejemplo, Madres Poderosas es una agrupación de mamás que se organizaron para exigir justicia para sus hijos asesinados extrajudicialmente desde 2016. Juntas han logrado conseguir la condena de los funcionarios que asesinaron a sus hijos.  

De una forma similar, nació Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) en 2017, una organización creada por Rosa Orozco, madre de Geraldin Moreno, una joven que fue asesinada durante las protestas del año 2014. Su objetivo es claro: acompañar a las familias de víctimas de ejecuciones extrajudiciales en contextos de represión política en la búsqueda de justicia.

Las vulneraciones que sufren han llevado a estas agrupaciones a converger. JEP acompaña a las mujeres familiares de presos políticos y también las capacita para que asuman su propia vocería, para intentar vencer el miedo impuesto por la represión y la coerción de las fuerzas estatales.  

Familiares de presos políticos esperan a las afueras el centro de detención de la Policía Nacional Bolivariana en la Zona 7 de Caracas, Venezuela, para saber de sus seres queridos. Fotografía: AP/ Ariana Cubillos

Hablar de estas vulneraciones de los derechos de las mujeres es necesario porque el daño que se produce es transversal a cada aspecto de sus vidas. Son sacrificios que generan sufrimientos que se invisibilizan porque, normalmente, solo se comparten miradas generales sobre las víctimas de la represión en el país.

Cepaz explica que omitir estas realidades suprime la “reconstrucción histórica plena” de la crisis de derechos humanos de Venezuela e invita a “reconocer y dar voz a estas mujeres”. 

No basta solo con registrar lo que han sufrido las presas y presos políticos, sino empezar a llevar a la conversación mediática sus nombres y el de sus principales defensoras: las mujeres de su familia.

La espera mata

Las consecuencias por esperar una excarcelación ya se ven a las afueras de los centros de reclusión. Hay madres y esposas, sobre todo aquellas que son adultas mayores, que sufren descompensaciones debido a las condiciones a las que se exponen: sol inclemente, lluvia, desbordamiento emocional y un cansancio profundo ante las idas y venidas obligatorias. 

Las patologías previas se agravan, sobre todo cuando la encarcelación se prolonga por meses o años. En el último mes, por ejemplo, tres madres de exdetenidos políticos han fallecido antes de ver a sus hijos fuera de su centro de reclusión.

La muerte más reciente fue la de Omaira Navas, madre del periodista Ramón Centeno, quien falleció el martes 27 de enero tras sufrir un ACV. Un día antes, ella acompañaba a su hijo a la primera audiencia de presentación tras su excarcelación. 

Omaira solo disfrutó la presencia de Ramón por 13 días. Fue la primera en abrazarlo luego de que pasara cuatro meses sin visitas. Ella pasó cuatro años exigiendo la liberación de Ramón. Denunció cómo se deterioraba la salud de su hijo durante su encarcelamiento, pues fue detenido en medio de un proceso de recuperación por un accidente de tránsito. 

La vitalidad acompañó a Omaira hasta ver a su hijo en casa, pero no resistió una lucha que continúa: alcanzar la libertad plena y verlo andar sin usar silla de ruedas.

Yarelis Salazar tenía 39 años y murió esperando la libertad de su hijo, Kevin Orozco, un detenido postelectoral. Sufrió un infarto a las afueras de la cárcel de Yare, en el estado Miranda, el pasado 21 de enero. 

Cuatro días después, la excarcelación se concretó: Kevin volvió a casa, pero el abrazo materno se lo dio su abuela. No pudo despedirse. 

Un día después de que reportaran la muerte de Yarelis, falleció Carmén Dávila, madre del médico ginecólogo Jorge Yéspica Dávila. No supo que lo habían excarcelado. Esperó su libertad durante 14 meses.

Para ellas, la espera fue una sentencia, una privación de su derecho a querer y compartir con los suyos. La condena parece extenderse a las que aún resisten a las afueras de los centros de reclusión. Aun así, el deseo de un reencuentro está ahí, imponiéndose a la incertidumbre, al silencio y a la injusticia. 

Cuidado (1)

Un patrón de abusos y violencia: las voces detrás del “fotonarcisista”

Una cuenta de Instagram, conocida como “fotonarcisista”, decidió exponer las acciones de un periodista venezolano: Iván Ernesto Reyes. En los testimonios se revela cómo se configuró un patrón de abusos y violencias denunciados por las mujeres, entre las que se encuentran la violencia psicológica, sexual y digital 

Un grupo de mujeres se unió para crear la cuenta de Instagram @fotonarcisista, un espacio donde comenzaron a visibilizar las experiencias de violencia emocional, digital y sexual que vivieron. En el perfil se encuentran 14 testimonios, nueve de ellos pertenecientes a periodistas.

En las entrevistas recopiladas para este artículo, las víctimas señalan a Iván Ernesto Reyes como el agresor. Reyes es un periodista venezolano conocido por haber trabajado en medios nacionales como Efecto Cocuyo y VivoPlay, además de colaborar con plataformas internacionales como DW, CNN, The Washington Post, Salud con Lupa, Cosecha Roja, The New Humanitarian y El Tiempo, entre otros.

Desde Redsonadoras se intentó establecer comunicación con Reyes para obtener su versión de los hechos, pero no se obtuvo respuesta.

Un hombre que parecía “encantador” 

Más allá de haber sido sobrevivientes del mismo agresor, estas mujeres comparten una percepción inicial similar: creían estar frente a un hombre que parecía haber sido “escrito por una mujer”. Lo percibían como alguien “encantador”, “inteligente”, “deconstruido”, “aliado feminista” y, sobre todo, “sensible”. Un hombre que parecía comprender cualquier emoción, por compleja que fuera.

Todas estas características se alinean al concepto de “hombre performativo”, un nuevo arquetipo de la masculinidad en la que ciertos hombres trabajan en su estética, parecen ser fan de la literatura escrita por mujeres e incluso de la poesía, suelen hablar de equidad o igualdad de género y se venden como “aliados” de luchas sociales. El término se ha convertido en tendencia en redes sociales y como reza un artículo de The New York Times: “Son hombres que intentan adaptarse a lo que creen que les gusta a las mujeres feministas”. 

Cuando Betty* conoció a Iván pensó –a primera vista– que era extraordinario y diferente a cualquier otro hombre que había conocido. “Validaba mis emociones, era cariñoso, cercano y parecía honesto. Tenía una respuesta serena ante mis dudas y jamás me hizo sentir mal cuando me mostraba insegura”, contó. 

Se conocieron en uno de sus viajes de trabajo por Venezuela, a finales de 2024. Describe su conexión como “instantánea” y, casi de inmediato, generó una especie de apego hacia él. Se encargaba de hacerla sentir como “la única” en su vida y que estaban hechos el uno para el otro. 

La llenó de tantas atenciones que Betty pensó que era difícil que tuviera otros vínculos similares. Pero la realidad cambió cuando otras mujeres que sostuvieron algún vínculo con él, la contactaron. 

Betty afirma que después de conocer otras historias de cómo esta persona usaba información para manipularla, entendió que “No hubo errores de su parte. Fueron actos calculados y una estrategia que se repitió al pie de la letra con todas”. 

Según la Organización de las Naciones Unidas para las Mujeres (ONU Mujeres), el abuso emocional es un patrón de comportamiento que utiliza palabras, acciones o gestos para controlar, manipular, humillar y disminuir la autoestima de otra persona. Este abuso no implica violencia física, pero incluye amenazas, intimidaciones, aislamiento, criticismo constante, chantaje emocional y otras tácticas destinadas a infundir miedo y dependencia.

Este patrón era constante en las relaciones que tejía este periodista. Luisa* lo conoció en el ámbito periodístico, en el año 2019 en Caracas. Salieron por unas tres semanas, después ella se dio cuenta de que salía con otra persona y detuvo ese vínculo. Sin embargo, continuaron como colegas, ya que escribían temas similares. 

La relación dio un giro en el 2024, cuando nuevamente comenzaron a salir y coincidió con un momento difícil de su vida: “Mi mamá tenía cáncer de pulmón y todo avanzó muy rápido. Al poco tiempo ella dejó de hablar y de caminar. Él me decía que estaba dispuesto a quedarse y que quería estar para mí”. 

“El primer mes fue buenísimo, después mi mamá enfermó, murió y, por supuesto, me sentía muy vulnerable. Él no estaba en el país y sentía que todo (la relación ) era muy raro. A pesar de esto, él me decía que yo me sentía así porque mi mamá había muerto. Invalidaba mis emociones”, menciona. 

Sus ganas de terminar la relación la superaban, pero él buscaba mecanismos para detenerla apelando a sus emociones: “Me daba vueltas, me convencía y me dejó su gata. Gata que estaba en una condición de negligencia y abandono. Yo me hice cargo de todos los gastos porque él decía que no tenía trabajo, lo que después descubrí que era mentira”. 

En los testimonios vinculados con Reyes el patrón de la mentira se repite: mentía sobre su situación laboral, económica y sobre sí mismo. Luisa* lo corroboró cuando decidió hablar con él por última vez. Se vieron en Bogotá, ella había descubierto que tenía otras relaciones y que estaba a punto de irse a vivir con “su novia” de dos años. 

“Llevaba más de 12 horas continuas mintiéndome y me obligó a hablar sobre eso, me perseguía por todo el lugar, me abrazaba, no me dejaba tranquila”. En ese instante, Luisa se sintió vulnerada y desprotegida, él actuó y abusó sexualmente de ella. Después de eso, el cuerpo de Luisa se sentía cansado y ella experimentó una mezcla de emociones. Cuando él decidió irse del apartamento, ella le dijo que no quería saber más de él. “Le dije que era un monstruo”, cuenta Luisa y él le contestó: “Me alegra que por fin lo veas”. 

De 13 mujeres que mantuvieron un vínculo sexo-afectivo con Reyes, seis de ellas denuncian violencia sexual. De hecho, algunas afirman que fueron manipuladas para no usar preservativo, que hubo contagio de infecciones de transmisión sexual (ITS), como el Virus del Papiloma Humano (VPH). Tres de ellas se sintieron abusadas sexualmente por esta persona. 

Declaran que insistieron en el “no” y que él no respetó y las forzó a mantener encuentros íntimos. 

De acuerdo a la psicóloga y especialista en casos de violencia de género, Kika Martorell, la violencia sexual se trata de un acto intencionado de naturaleza sexual que es forzado en otra persona sin su consentimiento y puede incluir el uso de la fuerza física, la coerción e intimidación. 

Martorell explica que aquellas mujeres que son sobrevivientes de violencia sexual y deciden no denunciar ante instancias legales, ya están sufriendo un gran impacto psicológico: “debido a la violencia sufrida, presentan algunos síntomas como estrés postraumático, ansiedad, ataques de pánico, insomnio, entre otros. A esto se suma el miedo, la vergüenza, o el temor a que no le crean”. 

Añade que se puede enumerar una lista de las razones por las cuales las mujeres deciden no denunciar y entre ellas destaca: miedo a ser señalada, a ser juzgada, aunado a la inexistencia de un sistema de justicia que las proteja, y por el contrario, existe una alta impunidad en casos de violencia contra las mujeres, lo que se traduce en revictimización”. 

La psicóloga indica que en estos casos, es indispensable que las víctimas tengan algún tipo de validación emocional, ya que puede ser difícil lidiar con lo que significa ser una persona abusada de manera psicológica y sexual. 

“La validación emocional y el reconocimiento es primordial en estos casos porque le hace hacer sentir a la mujer que su palabra y la experiencia violenta es válida y real. La hace sentirse acompañada, que no está sola. Esto favorece a la recuperación de su integridad que fue lastimada y dañada producto de la violencia”, dice. 

E insiste en que: “Además de que el reconocimiento permite desculpabilizar a la persona víctima de violencia y pone la responsabilidad y culpa en quien la merece, el agresor, el victimario. La contención emocional que le puedan brindar en sus espacios más cercanos es importante”. 

Violencia digital 

Al igual que Luisa, Helena* también se sintió vulnerada y violentada por Reyes. Cuenta que se conocieron en el verano del año 2021 en Estados Unidos. Él recién estaba llegando al país y expresa que el inicio de su relación fue “intensa, tormentosa y me dejó profundas secuelas psicológicas de las que todavía estoy tratando de deshacerme”. 

Describe ese vínculo marcado por el abuso emocional y sexual. Al inicio, “parecía un hombre confiable”, se mostró disponible, dispuesto a escucharla y a entenderla e incluso se presentó como “un hombre feminista” que quería explorar la “no monogamia ética”, pero que después de un tiempo ella describe como “una máscara y una estrategia siniestra para manipular y confundir”. 

Sin embargo, lo que comenzó como “una relación abierta”, pronto se convirtió en un vínculo marcado por la manipulación. Helena recuerda que muchas ocasiones se sintió en la posición de pedir disculpas o humillarse para que “él la perdonara”. 

“Lloraba constantemente. Me sentía atrapada y al mismo tiempo que no era suficiente. Me comparaba constantemente con otras mujeres en su vida. A la vez, conforme yo iba avanzando profesionalmente -mientras él estaba un poco estancado- me cuestionaba mis logros, minando también ese aspecto de mi vida. La relación con él se sentía como una montaña rusa: un día estaba en la cima y al otro en el hueco más profundo”, reflexiona. 

Pero, el punto más abusivo de la relación, según Helena, llegó cuando en momentos de discusiones o peleas se alternaban con encuentros sexuales que en algunos momentos fueron violentos y no se respetaron los límites establecidos. Pese a esto, en los últimos meses de la relación, comenzaron a vivir juntos y durante ese tiempo, no aportó para la renta o ayudaba con los gastos, a pesar de tener trabajo, una acción que configura un patrón de violencia económica. 

Insistía que tenía que “reunir dinero” para regresar a Venezuela. Además, expresó que como Helena estaba en una “situación de privilegios” era injusto que él diera una contribución.

Otro tipo de violencia que se evidencia en los testimonios es la violencia digital. Tanto Helena como Luisa aseguran que Reyes tiene material íntimo de ambas que nunca quiso borrar, incluso, una de ellas afirma que grabó varios vídeos sin su consentimiento. Temen que pueda hacer algo con ese material. 

La Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en Venezuela sanciona la violencia informática, la cual define como “Cualquier acto que use tecnologías de la información y comunicación para ejercer violencia psicológica, acoso, hostigamiento o violencia mediática contra una mujer”. 

La abogada Aslee Pirela, coordinadora de la Red de Mujeres en el estado Zulia, aclara que aunque la ley lo establece, dentro de los organismos del país aún existe un largo camino por recorrer, ya que no existen mecanismos que se consideren eficaces para respaldar a las mujeres en este tipo de denuncia. Aunque insiste que es importante seguir denunciando y visibilizando estos casos. 

Pirela también sostiene que al momento de denunciar, las mujeres tienen derecho a mantener la confidencialidad, pero en el caso de la legislación venezolana esto no siempre se cumple. Eso dificulta que las sobrevivientes acudan a las instancias correspondientes. Informa que en caso de violencia sexual, el proceso puede ser más difícil e incluso doloroso. 

“A pesar de los esfuerzos realizados para sensibilizar sobre el trato adecuado a las víctimas de violencia de género, estos han provenido principalmente de organizaciones de la sociedad civil. Es necesario capacitar a los funcionarios que reciben las denuncias, para que cuenten con los conocimientos necesarios y puedan brindar a las víctimas la información correcta, ya que muchos no comprenden la legislación venezolana que tipifica los delitos sexuales. A esto se suma que, con frecuencia, las personas que deciden denunciar experimentan una doble victimización. Esta comienza en el momento de la denuncia, se prolonga hasta la divulgación pública del caso —si es que esta ocurre— y, en muchas ocasiones, persiste a lo largo de todo el proceso judicial”, explica. 

Helena agrega que para ella ha sido un camino difícil salir de esa relación: “Darme cuenta de que, con el mismo libreto, le hizo daño a otras mujeres, ha sido difícil porque es como sentir los golpes una y otra vez. No sé si él tenga la capacidad de reconocer el daño que inflige en los demás, no creo. Espero que contar nuestra historia públicamente evite que otras caigan y que sirva de algún modo para que lo que me hizo, lo que nos hizo, no se lo lleve el viento”. 

Las historias de Betty, Luisa, Helena y más de una docena de mujeres revelan un patrón sostenido de manipulación, violencia emocional, sexual y digital ejercida por Reyes. Ellas decidieron romper el silencio y se unieron a una red de apoyo que trasciende más allá de una denuncia colectiva. La cuenta #fotonarcisista no solo se convierte en un archivo testimonial, también es un acto de resistencia colectiva en un contexto donde las instituciones y la sociedad siguen fallando. 

*Las identidades fueron cambiadas a petición de las víctimas. 

Portada #FN

#FotoNarcisista vuelve a abrir la conversación de la violencia de género a cuatro años del #YoTeCreoVzla

El lunes 27 de octubre una cuenta en Instagram volvió a abrir la conversación acerca de las violencias que experimentan las mujeres. La cuenta #FotoNarcisista expone los testimonios de 13 mujeres, nueve de ellas periodistas, y señala a un fotoperiodista venezolano sin mencionar el nombre. De las 13 personas que tuvieron un vínculo afectivo con esta persona, siete reportaron efectos “negativos severos” a su salud mental.

Hasta ahora la cuenta @fotonarcisista comparte ocho de 13 testimonios y más que las historias revelan un patrón de conducta con múltiples violencias: nueve de ellas denuncia violencia emocional y psicológica y tres denuncian abuso sexual. En uno de los post las víctimas expresan que: “Intentaron frenar el encuentro al sentirse maltratadas físicamente, pero su negativa no fue respetada y este persistió”.

Asimismo, cinco denuncian violencia psicológica por más de un año, seis reportan “violencia sexual, como manipulaciones para no usar preservativos, contagio de enfermedades de transmisión sexual, grabación de vídeos íntimos sin consentimiento, archivo de material íntimo con consentimiento revocado”. Y cinco reportaron aprovechamiento económico y laboral. 

Según la ONU, una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia física o sexual en su vida. 

Un día después de la primera publicación, el martes 28 de octubre, las denunciantes informaron que la cuenta desde la cual se difundieron los testimonios fue bloqueada durante unos minutos, “aparentemente debido a denuncias”. “Creemos que esto no es casual: el silencio ha sido el mejor aliado para que el #FotoNarcisista pueda ejercer múltiples violencias contra muchas de nosotras”, sostuvieron en un mensaje difundido a la prensa.

La cuenta #FotoNarcisista volvió a publicar luego de esta breve interrupción y los posts sucesivos ampliaron el mensaje de lo que ha significado para ellas entrar de nuevo en una conversación que hace cuatro años removió cimientos a partir del movimiento #YoTeCreoVzla.

En abril de 2021, un río de denuncias se desparramó por las redes sociales con la etiqueta #YoTeCreoVzla Cientos de mujeres denunciaron a sus agresores por violencia de género, la conversación destapó una herida y también una conversación que había estado sepultada desde siempre. 

Durante semanas la conversación no se detuvo, testimonios aparecían y aparecían y en apenas ocho días la plataforma Yo Te Creo Venezuela registró 565 denuncias, de las cuales 86 personas pidieron ayuda psicológica. La mayoría de las historias señalaba a hombres del mundo de las artes, pero también de los medios de comunicación. 

Antes del #YoTeCreoVzla -en febrero de 2020- una redacción se solidarizó con una víctima de violencia de género y sentó un precedente: le creyó a la mujer que ponía la denuncia y además tomó acciones. “Una bomba en la redacción” levantó varios testimonios en ese momento, pero la viralidad del movimiento llegó un año después, casi como el #MeToo en Estados Unidos.

El 9 de febrero de 2020 el medio Cinco8 decidió hablar de lo que apenas empezaba a circular en redes sociales, la escritora Andrea Paola Hernández denunciaba a su primer novio por abuso emocional y psicológico, un editor de dicho medio.

“En muy poco tiempo pudimos ver que las denuncias se iban haciendo más y más graves y que eran muy consistentes entre sí (…) A nosotros nos estalló una bomba en nuestra minúscula sala de redacción de menos de diez personas. Había estado siempre ahí pero no la habíamos visto. La vimos porque una mujer habló, y porque la escuchamos”, reza una parte del editorial.

Este editorial sentó un precedente para el resto de los medios de comunicación venezolanos, le creyó a la víctima, lo expuso, y además echó de su equipo al agresor. La violencia de género en este gremio ha quedado plasmada en informes.

La investigación “Acoso sexual contra periodistas en Venezuela”, publicada en noviembre de 2021 y elaborada por la Red de Periodistas Venezolanas, entrevistó a 111 mujeres periodistas de todo el país, de diferentes edades, cargos y tipos de medios, el principal hallazgo fue que 45 % afirmó haber sufrido acoso sexual en el desempeño de su labor como periodista.

Pero la situación empeora para las fotorreporteras, en ese sentido, 100 % de las entrevistadas indicaron haber sufrido más de una situación de acoso, hostigamiento o agresión de carácter sexual en el ámbito laboral y, en la mayor parte de los casos, estas situaciones les ocurrían con frecuencia. 

Marcela* (identidad protegida) explica: “Precisamente porque las cosas han cambiado mucho desde 2021 es que decidimos usar otro tipo de estrategia. Creo que aprendimos acerca de la importancia de compartir nuestras experiencias, al mismo tiempo que nos protegemos. Venezuela es un país muy distinto al que tuvimos hace cuatro años, especialmente para periodistas y defensoras de derechos. Ya que la mayoría de las víctimas estamos de alguna u otra forma en situación de riesgo, decidimos que decir menos era decir más y una mejor manera de empezar una conversación que rápidamente se esparció en el gremio periodístico. En ese sentido nuestra intención era que fuese una funa comunitaria, no solo porque nosotras somos ocho personas en la organización, sino porque necesitábamos que nuestra comunidad y gremio nos ayudara a decir lo que nosotras no necesariamente podíamos”.

Algunos de los testimonios que narran parte de estas historias y protegen sus identidades revelan patrones de abuso y violencia de diferentes tipos.

Helena: “Destruyó mi autoestima y me alteró gravemente la percepción de la realidad”.

Marta: “Minimizó constantemente mis logros profesionales, haciéndome sentir insegura incluso al recibir un reconocimiento internacional”.

Vicky: “Mantuvo múltiples relaciones en paralelo sin yo saber, mientras formalizaba una relación conmigo”.

Betty: “Saber que era parte de un patrón de abuso emocional y que había tantas afectadas me destruyó. Hoy no soy capaz de creer en mi propio juicio”.  

La cuenta que recoge los testimonios de 13 mujeres una vez más pone la lupa en la violencia machista y se vale de las redes sociales para amplificar un mensaje que muestra: dolor, abusos y silencio. Entre las demandas que hacen las víctimas hay un foco importante: “Las periodistas venezolanas merecen vivir una vida personal y laboral sin violencias constantes”.

Marcela lo resume en una idea que muestra la complejidad en la cual se le exige a las víctimas, lo que nunca se le pide a un agresor: “Creo que las funas son valiosas porque nos obligan a enfrentar cosas con las cuales siempre miramos a otro lado. Es fundamental escuchar a las personas que están sobreviviendo distintos tipos de violencia en Venezuela, y eso incluye a quienes viven violencias psicológicas y sexuales. Sin embargo, no es una experiencia agradable, ni siquiera recomendada. Es realmente una pesadilla que la única forma de que nos escuchen sea a través de la exposición de historias bien delicadas. Con esta campaña quisimos garantizar nuestro bienestar a pesar de la exposición que conlleva hacer públicamente una denuncia de esa gravedad y complejidad”.

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Cuatro científicas detrás de este hallazgo: una nueva especie de mosquito, potencial transmisor de malaria

La ciencia celebra un nuevo hallazgo: la detección de una nueva especie de mosquito, potencial transmisor de la malaria en el estado Bolívar, al sur de Venezuela. Cuatro científicas están frente a esta investigación.

El anuncio lo hace la bióloga y PhD en ecología y epidemiología venezolana, María Eugenia Grillet, quien es experta en enfermedades infecciosas. El equipo que lideró la investigación está conformado por siete personas, cuatro de ellas son mujeres.

Pero no se trata de cualquier grupo: son académicas que le siguen el rastro a los mosquitos desde hace décadas, en el caso de Grillet tiene más de 30 años de profesión, con el ojo clavado en las enfermedades epidemiológicas, en el avance de la malaria en Venezuela y en la relación entre la transformación de un territorio hostil que se deforesta y abre paso a nuevas y más calamidades.

Grillet cuenta que este estudio comenzó en 2022 y les tomó tres años de trabajo de campo en el municipio Sifontes del estado Bolívar en Venezuela, con salidas que constaban de unos 20 días de trabajo en campo además de los viajes entre localidades. Pese a los desafíos que tuvieron en el camino la investigación fue publicada en agosto de 2025.

Entre los problemas que consiguieron para sacar adelante el trabajo está la logística, pues debían adentrarse en áreas de difícil acceso. ”Enfrentamos problemas de limitaciones de gasolina en la zona y recursos financieros limitados para la investigación de campo en Venezuela que es muy costosa por gastos de sobrevivencia”, dice Grillet. Sin embargo, el estudio contó con el apoyo del National Institute for Health (NIH). 

Grillet fue seleccionada en 2021 para recibir el premio Hemingway otorgado por la Royal Society of Tropical Medicine & Hygiene por sus destacadas investigaciones en las áreas de ecología y epidemiología de enfermedades infecciosas transmitidas por insectos vectores.

María Eugenia Grillet es una de las cuatro mujeres científicas al frente de la investigación.
Cortesía: Andrés Kerese

La científica venezolana cuenta a la Red de Periodistas Venezolanas que su colega de Brasil -Maria Anice Mureb Sallum- con quien comparte esta investigación, fue quien describió a esta especie por primera vez en ese país. 

La especie encontrada por primera vez en Venezuela, específicamente en siete comunidades del municipio Sifontes, se llama Nyssorhynchus rondoniensis.

Mureb Sallum es investigadora del Departamento de Epidemiología de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de São Paulo. Su enfoque es la investigación de campo sobre la malaria en la cuenca del río Amazonas y a su vez se dedica a medir el impacto del cambio ambiental en las comunidades de mosquitos y el aumento del riesgo de contraer infecciones por Plasmodium.

La académica de Brasil en 2023 resultó elegida por la Sociedad Americana de Medicina Tropical e Higiene como Miembro Internacional Distinguido de la (ASTMH) por sus eminentes contribuciones a diversas áreas de la medicina tropical y la higiene. 

Las otras dos investigadoras que conforman el grupo de cuatro científicas son las estadounidenses Sara Bickersmith y Jan Conn, ambas son biólogas moleculares y expertas en taxonomía molecular de especies vectoras de malaria en las Américas, explicó Grillet.

El hallazgo

Se trata de la primera detección de una nueva especie de mosquito, potencial vector de malaria. “Hasta ahora el Nyssorhynchus rondoniensis había sido identificado erróneamente por morfología. Lo preocupante es que se encontró infectado con Plasmodium falciparum, lo que sugiere un rol en la transmisión de la malaria en esta zona”, escribió la bióloga venezolana en la plataforma X.

La investigación sostiene que la deforestación por la minería de oro que se lleva a cabo en esta zona de Venezuela, “causa cambios en la diversidad de los vectores de malaria en la región”, y advierte que los esfuerzos por eliminar la malaria en América enfrentan un desafío en la identificación precisa de mosquitos.  

También puedes leer: Cómo las mujeres de Los Andes protegen los humedales con ciencia y saberes ancestrales

El informe señala que la malaria endémica sigue siendo un problema de salud pública, que continúa afectando negativamente las vidas y los medios de vida de millones de habitantes en todo el mundo. “El número de casos anuales de malaria en Venezuela es alto (135.000 en 2023), solo superado por Brasil (163.000), según la Organización Mundial de la Salud en 2024”.

“Se ha determinado que en el sur de Venezuela los aumentos de temperatura directamente vinculados al calentamiento global intensifican la transmisión de malaria en las zonas mineras, exacerbando un escenario desafiante, remoto y complejo”, refiere el estudio.

La especie recientemente encontrada Nyssorhynchus rondoniensis se conocía hasta ahora solo de los estados de Acre y Rondônia en el oeste de Brasil, pero por primera vez es detectada en Venezuela.

La mayoría de los casos analizados tienen que ver con los medios de vida, pues la investigación sostiene que se concentran en quienes se dedican a la minería en comparación con otros oficios como labores domésticas, estudiante u operador de maquinaria. Otro factor destacado es que en la población menor de 15 años hubo más casos diagnosticados en comparación con cualquier otro grupo de edad.

Informe acoso 2

#NiUnaMenos y los titulares que no queremos escribir

Génesis, Angely, Betzabé, Ninoska, Ana Cecilia. En cinco días, cinco titulares que repiten un dolor, una herida abierta e impune: el feminicidio como la expresión más extrema de la violencia de género con la que conviven las mujeres, las adolescentes y las niñas cada día, cada hora, cada minuto de sus vidas. Decimos y repetimos como un mantra #NiUnaMenos, pero cada vez es #UnaMás.

El conteo es una punzada diaria que nos quiebra como sociedad, y duele más al saber que solo estamos viendo los casos que llegan a la nota de sucesos en los medios de comunicación. Los familiares se ahogan en exigencias de justicia. Las autoridades van convirtiendo los casos en anécdotas, según se observa en las publicaciones de los entes oficiales con competencia en la materia: el Cicpc y el Ministerio Público, que relatan versiones imprecisas y muchas veces revictimizantes, tal como denunciaron familiares de Génesis Medina, quienes incluso tuvieron que desmentir con los resultados de la autopsia, una versión oficial que mencionaba que la joven estaba embarazada.

En el foro público, cada caso de femicidio es un espejo en el que no queremos vernos como sociedad. Los comentarios en el historial de publicaciones en redes sociales revelan que aún estamos lejos de comprender las raíces profundas y multifactoriales que hacen de los feminicidios una amenaza más letal para las mujeres que cualquier pandemia, virus o guerra.

Los femicidas cumplen con el perfil que las estadísticas ya nos han dibujado: la amenaza está en casa. La mayoría son sus parejas actuales o exparejas o sencillamente hombres cercanos que deciden tomar la vida de una mujer porque el sistema se los permite, porque “tu cuerpo es mío, tu decisión es mía”, porque decir “no quiero” es imposible. Porque quieren y porque pueden.

Los hombres pueden escalar en sus violencias porque el sistema no atiende las alertas. Porque las mujeres y las adolescentes que entran en una relación que se va tornando violenta, aunque hagan todo lo que dice el deber ser, en la realidad tienen que resolver por su cuenta. Las víctimas se van quedando sin alternativas, sin protección, sin mecanismos de denuncia, sin medidas reales que pongan límites a los femicidas.

Y aunque todas estamos a la corta distancia de un noviazgo, una relación de pareja, o incluso a un “no como respuesta” de que nuestro nombre aparezca en el nuevo titular, el mensaje social sigue reiterando que es nuestra culpa, que hicimos algo, que lo merecemos. Por decir que no o por decir que sí. Por denunciar o por callar. Por caminar solas, por ir a la playa o por salir a trabajar. Porque sí. Por ser mujer.

En Venezuela, solo entre la última quincena de julio y los siete primeros días de agosto la cuenta suma 12 mujeres víctimas de femicidio y al menos 61 mujeres más entre enero y mayo de 2025, según el monitoreo realizado por la organización Utopix, un dato que sigue siendo un subregistro, pero que arroja algo de luz dentro de la política de opacidad oficial instaurada por las autoridades gubernamentales, otro elemento que sirve de manto de oscuridad para minimizar la dimensión de los femicidios y hacerlos invisibles. Lo que no se cuenta no existe.

Pero como medios no podemos olvidar que las palabras construyen realidades y sabemos que este problema sí tiene nombre: feminicidio, femicidas, víctimas, sobrevivientes, justicia, impunidad, violencia de género. No hay pasión en el asesinato, no hay locura en el abuso, no hay celos en el maltrato, no hay arrebatos en el crimen.

Cinco días y fueron cinco menos. Sus nombres son más que un registro, más que un titular: son rostros, voces, historias, son el dolor de alguien:

Génesis Gabriela Medina Puertas, de 21 años, San Felipe, estado Yaracuy.

Ninoska Maryelis García Garrido, de 28 años, Puerto Ayacucho, estado Amazonas.

Betzabé Yulimar Díaz González, de 24 años, Mamporal, estado Miranda.

Angely Benavides, de 17 años, Puerto Ordaz, estado Bolívar.

Ana Cecilia Carreazo Briceño, de 18 años de edad, Boca de Uchire, estado Anzoátegui.

Nos duelen. Nos queremos vivas. #NiUnaMenos

Mujeres que salvan Ilustración La Nación 7

Mujeres que salvan mujeres: Una casa de segundas oportunidades (III)

En esta tercera entrega del seriado sonoro Mujeres que salvan mujeres, a través de la historia del Centro de acogida y capacitación La Esperanza conoceremos la voz de mujeres que trabajan en condiciones elevadas de riesgo y condiciones adversas para auxiliar y rescatar a víctimas y sobrevivientes se hace vital en el camino de sanar y superar las múltiples violencias que no cesan en medio del contexto migratorio 

La Esperanza es el nombre del Centro de Acogida y Capacitación de las Hermanas Oblatas en Medellín, Colombia, una congregación que hace más de siglo y medio acoge a mujeres prostituidas que eran excluidas y rechazadas en otras instituciones, les brindan formación en oficios diversos y acompañamiento psicosocial 

Para las Oblatas, la prostitución, la pornografía y las actividades en los estudios webcams no son trabajos, son la antesala de la trata de mujeres con fines de explotación sexual y están ligadas a la feminización de la pobreza y la desigualdad social creciente, postura que dicen compartir con la Relatora Especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas de la ONU, Reem Alsalem.

Entre la calidez que se respira en La Esperanza el trabajo en red es incansable. Natalia Marín, psicóloga del centro, documenta y atiende a las que tocan las puertas y que traen consigo secuelas emocionales, conductuales y psicológicas severas.

“Muchas presentan trastornos duales, muchas son obligadas a consumir sustancias psicoactivas o alcohol, lo que deriva en trastornos depresivos, de ansiedad e incluso psicóticos”. 

Las Oblatas también trabajan de la mano de voluntarias como Jeny, mujer afrocolombiana quien de adolescente fue víctima de explotación sexual, captada en la ciudad de Medellín y trasladada bajo engaño junto a otras adolescentes hasta el departamento del Meta, municipio rural de San Martín (zona de distensión de los paramilitares entre 1998 y 2002) donde fueron encerradas en cuartos bajo cadenas las 24 horas del día. 

Aquí puedes escuchar la historia de sus propias voces.

Mujeres que salvan Ilustración La Nación 5

Mujeres que salvan mujeres: Cruzar para salvarte y salvar a otras (II)

El segundo capítulo de este seriado sonoro narra la historia de Fany, quien se vio forzada a migrar desde los llanos venezolanos hacia Colombia hace seis años. Las historias de sororidad y supervivencia de mujeres que han sido víctimas de trata y explotación sexual ha hecho merecedor el trabajo de Mujeres que salvan mujeres y a las periodistas Paula Andrea Jiménez y Rosalinda Hernández como Ganadoras de la 2.ª edición del Premio de Periodismo “Sofía Ímber” de la Asociación de Periodistas Venezolanos en el Extranjero (APEVEX) y URBE.

Medir 1,70 de estatura y pesar menos de 45 kilos, fue para Fany lo más cercano a sentir que se extinguía junto a sus dos niños, ambos casi en el umbral de la desnutrición. 

En 2018, cuando atravesaba el último río hacia Colombia quedó bajo el fuego cruzado entre grupos armados en el departamento de Norte de Santander. Tirarse al piso, arrastrarse y chocar con una guerra ajena: así entraba y no había vuelta atrás. 

Tras vivir en condiciones muy precarias y bajo la promesa de un trabajo como “mesera en un bar” accedió a ser trasladada a una zona rural, pero fue captada bajo engaño previamente por una familiar.

“Nos vendaron y luego de 5 horas por carretera desde Cúcuta nos entregaron a un grupo armado para ser esclavas sexuales junto a otras 20 mujeres venezolanas y colombianas. Las que se negaban, los milicianos las mataban, ahí pasaba un río cerca, ahí las tiraban”.

Esta es la historia de Fany.

Mujeres que salvan Ilustración La Nación 2

Mujeres que salvan mujeres: El discurso de la dignidad: sobrevivir para contarla (I)

Ilustraciones: Ernesto Cáceres

En este seriado sonoro las protagonistas son las voces de valor y solidaridad que trabajan por y con las mujeres víctimas y sobrevivientes de trata de personas en el contexto migratorio venezolano. Estas historias narran cómo las redes de apoyo entre mujeres rescatan vidas y se convierten en plataforma para transformar y tender la mano a otras mujeres.

En este primer episodio conoceremos la historia de Claudia Quintero, quien se plantó en agosto de 2018, en el más alto estrado de la justicia en Colombia: la Corte Constitucional, para pronunciar en 13 minutos su emblemático Discurso de la Dignidad. Retumbaba entre la solemnidad de los magistrados, togas y rostros que mudaban de la circunspección al asombro.

El verbo de Claudia Quintero es poderoso y vehemente y es una de las caras más visibles de la lucha contra la explotación sexual y contra la prostitución en Colombia, defensora de la dignidad de niñas y mujeres colombianas y migrantes venezolanas.

Con una convicción inquebrantable dirige la Fundación Empodérame con el apoyo de voluntarias, incluyendo a mujeres sobrevivientes. Ha sido pionera en la lucha en las más altas cortes de Colombia para la defensa de las mujeres víctimas de explotación sexual y prostitución: ha ganado cantidad de casos ante la justicia, a favor de colombianas, venezolanas y otras nacionalidades. Su fundación apoya y rescata en promedio a unas 500 mujeres víctimas y sobrevivientes por año.

Portada salud menstrual

Sin acceso, sin educación, sin voz: la deuda con la salud menstrual en Venezuela

El 28 de mayo se conmemora el Día de la Salud Menstrual, una fecha establecida por la Organización de las Naciones Unidas para visibilizar las barreras estructurales que enfrentan millones de personas menstruantes que dificultan vivir de forma digna y segura la gestión menstrual


En Venezuela, menstruar sigue siendo un desafío marcado por la desigualdad. Lejos de ser solo un proceso biológico, la menstruación representa un reto mensual para millones de mujeres y personas menstruantes en el país, afectadas por la pobreza, la escasez de productos de gestión, la desinformación y los prejuicios sociales.

En el marco del Día de la Menstruación Digna, también conocido como Día de la Salud Menstrual —establecido por la ONU para visibilizar esta problemática—, se vuelve necesario subrayar las barreras estructurales que lo hacen difícil y así comprender en contextos de crisis compleja, como en Venezuela, la dimensión más amplia que recoge el término gestión menstrual, que abarca todas las herramientas e información que las mujeres y personas menstruantes deben tener a disposición para experimentar este proceso.

Pensar desde el concepto “gestión menstrual” marca diferencias con el concepto “higiene menstrual” porque mientras este refiere a un conjunto de prácticas y cuidados higiénicos de la menstruación, la gestión menstrual incluye aspectos como disponibilidad de productos (tampones, toallas sanitarias, copas menstruales y/o cualquier otro con la función de contener el sangrado); acceso a agua potable, instalaciones sanitarias, educación y salud menstrual libre de estigma y prejuicios. La gestión menstrual incorpora un enfoque socioeconómico, educativo, de garantía de derechos, acceso a oportunidades, sostenibilidad y gestión ambiental. 

Según el informe 2024 de la Red de Mujeres Constructoras de Paz, titulado “Mujeres que resisten: el alto precio de la desigualdad”, 34 % de las mujeres encuestadas en 16 estados del país ha tenido que ausentarse de su trabajo o estudios durante la menstruación. Las razones van desde la falta de recursos para adquirir productos menstruales, hasta el dolor físico o la carencia de condiciones básicas como agua potable.

En zonas del país donde la pobreza y la exclusión social son más marcadas, la gestión menstrual se vuelve aún más complicada. Marianicer Celina Figueroa Agreda, psicóloga, doctora en innovación educativa y educadora menstrual, advierte que el acceso a productos de gestión menstrual en estas comunidades es cada vez más limitado, lo que puede traer consecuencias “devastadoras”.

Muchas mujeres, ante la imposibilidad de adquirir productos adecuados, se ven obligadas a recurrir a métodos caseros durante su periodo. Figueroa, quien también dirige la Escuela de Bienestar Integrativo de la Mujer, cita un estudio de Acción Solidaria que revela el uso frecuente de materiales como “trapitos viejos, franelas, telas o sacos”. En contextos con escaso acceso al agua potable, mantener estos métodos en condiciones higiénicas adecuadas resulta casi imposible.

“Esto las expone a un sinfín de infecciones urinarias, vaginales, candidiasis”, señala Figueroa. La encuesta incluso documenta el uso de cartones de huevo por parte de algunas mujeres como método improvisado para contener el sangrado.

Más allá del impacto físico, las consecuencias emocionales y sociales también son profundas. “La situación afecta la autoestima y el bienestar emocional. Muchas niñas dejan de ir a la escuela durante su menstruación, y hay mujeres que se aíslan de entornos laborales y familiares”, advierte Figueroa.

El mismo estudio de Acción Solidaria, del año 2022, detalla que una de cada cuatro mujeres en Venezuela no cuenta nunca o solo algunas veces con toallas sanitarias desechables en su hogar. En el caso de otros productos menstruales, como toallas reutilizables, copas menstruales o tampones, la cifra es aún más alarmante: tres de cada cinco mujeres no tienen acceso regular a estos insumos.

La falta de información también representa una barrera importante. América Villegas, directora de la iniciativa Parir Por Placer, señala que hay muy poco conocimiento sobre productos como copas menstruales, pantis menstruales, discos o toallas reutilizables. “Tampoco es una información que esté masificada, y son productos que requieren aprendizaje para su uso”, explica.

Villegas cuenta que desde su organización elaboran toallas de tela para la venta, pero su aceptación aún es limitada. “No se venden mucho por los prejuicios. Algunas personas lo asocian con el pasado: ‘eso era lo que usaba mi abuela’, dicen. Se percibe como un retroceso, o como algo sin estatus simbólico”, añade.

Barreras políticas, sociales y culturales

La crisis económica, social y política que atraviesa Venezuela ha profundizado las desigualdades estructurales que afectan de manera particular a las mujeres y personas menstruantes. Así lo advierte Suzany González Zambrano, abogada y directora ejecutiva del Centro de Estudios de Derechos Sexuales y Reproductivos (CEDESEX).

“Existe un gran estigma asociado a la menstruación. Es un tema del que se habla poco, tanto en el ámbito formal —como las escuelas— como en la sociedad en general. Hablar de menstruación está casi prohibido. Incluso entregar un producto para la gestión menstrual puede ser visto como algo inapropiado o vergonzoso”, afirmó González.

La falta de educación científica e integral sobre la menstruación, sumada al silencio social y a los prejuicios culturales, limita seriamente el ejercicio del derecho a una salud menstrual digna, segura e informada.

“Hay demasiados mitos y creencias que atraviesan la menstruación. El desconocimiento impide que las personas menstruantes puedan gestionar su ciclo de forma adecuada y acceder plenamente a sus derechos”, sentenció. 

La menstruación sigue siendo un tema invisibilizado en Venezuela, incluso desde las instituciones del Estado. Así lo señala González Zambrano y advierte que este tema no forma parte de las prioridades políticas ni legislativas del país.

“La salud menstrual no está presente en el discurso político, no se incluye en las propuestas legislativas ni se discute en términos de políticas públicas. No se aborda desde un enfoque de derechos, y tampoco existen planes oficiales que garanticen el acceso a productos de gestión menstrual”, subraya González.

Aunque el Ministerio de Educación contempla algunos contenidos relacionados en su programa de educación integral de la sexualidad, González aclara que no se enseña de manera generalizada ni equitativa en todo el país. Esto contribuye a perpetuar la desinformación y el estigma.

“Este vacío alimenta un ambiente de absoluto silencio y fortalece las falsas creencias que rodean la menstruación. Es urgente sacar este tema de la oscuridad y garantizar el acceso a información certera, adecuada y libre de prejuicios”, afirmó.

González también enfatiza la importancia de hablar de menstruación desde edades tempranas. “No hay que esperar a la menarquia —la primera menstruación— para comenzar a informar a las niñas. La educación menstrual debe ser progresiva, respetuosa y adaptada a cada etapa del desarrollo”, dijo. 

Para América Villegas, de la iniciativa Parir con Placer, la forma en que la sociedad aborda la menstruación sigue profundamente influenciada por el patriarcado, que históricamente ha limitado a las mujeres a su rol reproductivo. Esta visión ha impedido que la menstruación se reconozca como una cuestión de derechos humanos y de equidad de género.

“La menstruación no es solo un proceso biológico o fisiológico, también es un tema social. Afecta el acceso a la educación, al trabajo y a la salud. Cuando hablamos de esto, hablamos de derechos sexuales y reproductivos. Todas las personas deberían poder vivir su menstruación con dignidad, acceder a los recursos necesarios para gestionarla, y entender lo que ocurre en sus cuerpos sin barreras ni discriminación”, señala Villegas.

También sostiene que se trata de un asunto de equidad de género, ya que es indispensable romper con los estigmas, desmontar estereotipos y promover políticas públicas que garanticen una educación adecuada y el acceso a productos menstruales que respondan a las necesidades de cada cuerpo.

Esta perspectiva es compartida por Marianicer Figueroa Agreda, psicóloga y educadora menstrual, quien afirma que la menstruación está íntimamente ligada a la dignidad humana y a la salud emocional.

“Los tabúes y el estigma en torno a la menstruación, la falta de acceso a productos adecuados, la carencia de instalaciones dignas para la gestión menstrual y la ausencia de programas educativos generan exclusión social, discriminación y vulneran derechos fundamentales como la educación y el trabajo”, advierte Figueroa.

Ambas expertas coinciden en que millones de mujeres y niñas enfrentan estas barreras mes a mes. Superarlas no es solo una cuestión de salud: es una deuda pendiente con la igualdad y la justicia social.

Iniciativas comunitarias buscan garantizar la salud menstrual en Venezuela

En medio de un contexto marcado por la precariedad económica y la falta de políticas públicas en materia de salud menstrual, diversas organizaciones feministas en Venezuela han asumido la tarea de visibilizar la problemática y brindar apoyo directo a las comunidades más vulnerables. Entre ellas destacan el Centro de Estudios de Derechos Sexuales y Reproductivos (CEDESEX), la iniciativa Parir por Placer y la colectiva Uquira.

Desde CEDESEX, su directora ejecutiva, Suzany González Zambrano, explica que han desarrollado iniciativas en comunidades de Caracas y Miranda, con presencia permanente, centradas en el acceso y la educación menstrual. “Trabajamos la salud menstrual desde un enfoque de derechos humanos. Abordamos la menstruación como un proceso natural, biológico y poderoso de los cuerpos de las mujeres, niñas y personas menstruantes”, señala.

En estas actividades, CEDESEX distribuye toallas sanitarias, copas menstruales y productos reutilizables acompañados de material educativo. Cada entrega está vinculada a procesos de sensibilización, donde se abordan los ciclos menstruales desde un enfoque científico e integral.

Por su parte, Parir por Placer ha desarrollado talleres comunitarios que abordan los ciclos menstruales y desmontan mitos alrededor del tema. También distribuyen productos de gestión menstrual y han diseñado la primera agenda menstrual del país, una herramienta pedagógica que permite rastrear el ciclo menstrual y educar sobre los cambios del cuerpo. Además, elaboran y comercializan toallas de tela reutilizables, lo que les permite autofinanciar donaciones a mujeres en situación de vulnerabilidad.

Otra organización que ha incorporado la salud menstrual en su agenda es Uquira, una colectiva feminista interseccional que trabaja especialmente con personas trans y no binarias, una población que enfrenta barreras aún mayores.

“No solo donamos kits menstruales; también ofrecemos espacios seguros donde estas personas pueden hablar de sus experiencias sin prejuicios”, explica Nohelia Urbina, integrante de la colectiva. Urbina advierte que la experiencia de menstruar en este contexto “puede ser muy dura” y representa una constante vulneración de los derechos sexuales y reproductivos, especialmente para hombres trans y personas no binarias.

“Si las mujeres cis enfrentan dificultades para acceder a productos de gestión menstrual o servicios de salud, las personas trans enfrentan aún más obstáculos: estigmas, desinformación y discriminación, lo que muchas veces las aleja del sistema de salud”, apunta.

Además, muchas de estas personas enfrentan el desempleo y la falta de ingresos como una barrera estructural. “Sin recursos económicos no es posible acceder de forma constante a productos adecuados. Esto incrementa el uso de alternativas inseguras como papel higiénico o paños, lo que eleva el riesgo de infecciones y complicaciones ginecológicas”, advierte.

En ausencia de políticas estatales efectivas, estas organizaciones sostienen con esfuerzo propio una red de apoyo que intenta responder a una necesidad básica: gestionar la menstruación con dignidad.