Las elecciones realizadas en Venezuela este domingo 25 de mayo para elegir gobernaciones, Asamblea Nacional y Consejos Legislativos es el proceso número 23 desde 1998. Un proceso electoral polémico por tantas razones, que el debate central sobre la paridad y la participación de las mujeres en espacios de toma de decisión se va quedando en la cola, de nuevo y como siempre.
Venezuela no tiene una ley específica de cuota o paridad de género que garantice en la práctica los espacios de participación para las mujeres en la política. En cada elección el Consejo Nacional Electoral (CNE) emite reglamentos sobre el tema y aunque en estos 25 años el porcentaje de participación femenina en contiendas electorales ha aumentado, poder decir que existe algo como la paridad es más retórica que realidad.
El estudio realizado por ONU Mujeres denominado “Mujeres en la política 2020“ ubicaba a Venezuela en el puesto 90 de 190 países en relación al porcentaje de mujeres en el parlamento. La representación de diputadas en la Asamblea Nacional que está por terminar el período 2020-2025, apenas alcanza 22% del total.
Para este proceso que se llevó a cabo el domingo 25 de mayo, en el que se renuevan los cargos en los gobiernos regionales, apenas 19% de las candidaturas son de mujeres, y en 28% de los estados no hay ni una sola mujer inscrita. En el caso de la Asamblea Nacional los partidos tanto de la oposición como del oficialismo pusieron a la mayoría de sus candidatas en puestos alejados de «los salidores». El pacto patriarcal está por encima de las diferencias políticas.
En 2020, el Consejo Nacional Electoral publicó el Proyecto de Composición Paritaria y Alterna para la participación en las elecciones a la Asamblea Nacional 2020. Pero la publicación de este proyecto se hizo a pocos días del inicio de las postulaciones, y a escasos meses para la celebración de las elecciones, contraviniendo el artículo 298 de la Constitución Nacional que prohíbe la modificación de leyes electorales entre el día de la elección y los seis meses anteriores a la misma.
¿Qué plantea la norma? El reglamento promulgado para las elecciones parlamentarias de 2020 establece dos conceptos que son claves: paridad y alternabilidad. “Las postulaciones listas deben realizarse de acuerdo a la composición paritaria y alterna de cincuenta por ciento (50%) para cada género”. Esto quiere decir que las postulaciones deben ser de igual número de mujeres y hombres y de forma combinada uno y uno por cada género.
Pero cinco años después, los números de las candidaturas para los cargos a la Asamblea Nacional de esta elección distan mucho de lo que propone el reglamento. Se registraron 1886 postulaciones en listas y el número de mujeres postuladas fue de 859, es decir apenas alcanzó 46% del total. Además todas las listas nacionales fueron encabezadas por un hombre y las mujeres candidatas fueron ubicadas en los últimos lugares. En siete de las 11 listas nacionales las mujeres quedaron en la segunda mitad de la lista, y por tanto, con poca posibilidad de ser electas.
En la conformación de las postulaciones, cuando se aplica la alternabilidad, esa composición viene con trampita incluida. Por ejemplo: armar una dupla mujer-hombre para que ocupen los cargos de principales y suplentes, en vez de que ambas candidatas sean mujeres.
Cuando la combinación entre candidata principal es para una mujer y su suplente es un hombre, en lugar de ser otra mujer, el cargo queda a expensas de que en caso de ausencia o renuncia, nuevamente esa posición será ocupada por un hombre.
Un ejemplo es lo que ocurrió con las postulaciones presentadas por la alianza de los partidos Un Nuevo Tiempo y Unica en los estados Falcón, Mérida, Sucre y Táchira, donde la misma candidata a gobernadora también está postulada como cabeza de lista regional para la Asamblea Nacional, y sus respectivos suplentes son todos candidatos… masculinos.
A pesar de y no gracias a, el trabajo de las mujeres que hacen política en Venezuela sigue impulsando la posibilidad de tener paridad de género en Venezuela e ir saldando la deuda histórica, que se demuestra en la falta de voluntad política para centrar el debate no solo en legislación específica que garantice este derecho, sino que en realidad las estructuras partidistas cambien internamente para que sea factible que en los consiguientes procesos electorales, las mujeres representen en los espacios de toma de decisión lo que ya se evidencia en las estructuras de organización de base en sectores populares y de movilización: las mujeres hacen política, participan activamente y son mayoría en los liderazgos a toda escala social.
Para poder crecer, alguien tiene que cuidarnos. Sobrevivimos a nuestra infancia y llegamos a la adultez porque alguien nos cuidó en el pasado. Si tenemos alguna condición de salud, podemos sobrellevarla gracias a que alguien nos cuida. Y ese alguien, la mayoría de las veces, es una mujer.
En todo el mundo, 708 millones de mujeres están fuera de la fuerza laboral debido a responsabilidades de cuidado no remuneradas, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En contraste, solo 40 millones de hombres están en una situación similar.
En Venezuela, un análisis publicado en 2024 por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estima que 15,4 millones de personas trabajan en labores de cuidado no remunerado en los hogares del país y, de este total, 10 millones son mujeres. Según el estudio, el 88,7% de las mujeres mayores de 10 años en Venezuela hace trabajo doméstico no remunerado en su hogar o fuera de él. Las mujeres dedican 6 horas y 18 minutos diarios a estas actividades, 75% más tiempo que los hombres.
Quienes ejercen labores de cuidado resuelven las necesidades físicas, psicológicas y emocionales de otras personas. Desde una perspectiva más específica, cuidar implica estar a cargo de otras personas dependientes: niños, niñas, personas con discapacidad, con enfermedades crónicas o personas mayores que no pueden cuidarse por sí mismas, lo que impide que quien cuida pueda trabajar remuneradamente. Las mujeres que se dedican al cuidado contribuyen al desarrollo, pero especialistas destacan que su labor no es reconocida ni recompensada.
Recientemente, el debate sobre el cuidado ha ganado terreno en la agenda global. Aunque ya estaba presente, previamente se referían al cuidado como “trabajo doméstico” o una “doble jornada”, que recaía sobre las mujeres debido a los estereotipos de género y la división sexual del trabajo, asegura Alba Carosio, profesora y coordinadora de la Maestría en Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Para la experta, la pandemia de covid-19 fue el principal evento que potenció el discurso sobre el cuidado al mostrar su relevancia para el sostenimiento de la sociedad.
“Fueron las mujeres en sus casas quienes mantuvieron diversos servicios, tanto los servicios que tienen que ver con la educación, cuando acompañaron a sus hijos con la formación que se hacía online, y luego tomaron muchísimas medidas de salud, de cuidado de la higiene, para minimizar los contagios. El trabajo que se hacía fuera de la casa también entró en la casa, y eso duplicó, triplicó, cuadruplicó el trabajo del hogar, de la limpieza, además de otras medidas más fuertes. Eso hizo evidente la importancia del cuidado en la sociedad. Siempre estuvo ahí, pero con la pandemia se hizo más claro”, explica.
Desde antes de la pandemia, las mujeres en América Latina y el Caribe ya dedicaban el triple de tiempo que los hombres al trabajo de cuidados no remunerado, y la creciente demanda de cuidados agravó su situación, según ONU Mujeres, la entidad de Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer, y Comisión Económica para América Latina (Cepal). Aunque la pandemia impulsó la agenda del cuidado, todavía es una labor invisibilizada. Hacer visibles los cuidados es, precisamente, una de las principales tareas del periodismo y de los medios de comunicación, según Carosio.
“Hay un sinnúmero de tareas que se hacen en una casa, y a veces fuera, porque el cuidado que las mujeres ejercen sobre su familia no es solamente dentro de la casa. Hay un cuidado social que tiene que ver con acompañar al médico, con estar pendiente de todas las indicaciones. Eso se hace tan rutinariamente que no se ve ni se valora. La función de los medios de comunicación es mostrarlo, hacerlo más evidente”, expresa.
Destacar la corresponsabilidad en el cuidado
En el caso de los cuidados directos a personas dependientes en Venezuela, el estudio publicado por el BID indica que el 22,6% de las mujeres provee cuidados directos a niños, personas mayores, personas con discapacidad o enfermedades, una proporción que es casi tres veces mayor a la tasa de participación de los hombres en ese tipo de actividades.
Quienes cuidan a niños, niñas y adolescentes con enfermedades crónicas en el principal hospital pediátrico de Venezuela, el J.M. de los Ríos, son mujeres (98%), según un informe de la organización no gubernamental Prepara Familia publicado en 2023. Ellas se encargan del cuidado físico y emocional de sus hijos, de la higiene, de la gestión de recursos para conseguir medicamentos y muchas veces de sustituir al personal auxiliar de salud, pero no reciben incentivos ni apoyo económico. Tampoco pueden trabajar porque el cuidado absorbe todo su tiempo.
Frente a estas realidades, la labor de los medios va más allá de solo visibilizar las tareas que recaen sobre las mujeres: para la profesora Carosio, también es función del periodismo recordar que el cuidado es un trabajo que debe ser acompañado por toda la sociedad.
“Tiene que haber una corresponsabilidad, tanto de la familia a la que pertenecen el niño o la niña y la mujer, como también de toda la sociedad, porque hay cosas que la sociedad debiera hacer: dar apoyos materiales, hacer más fáciles las tareas. Para eso la humanidad evoluciona, no para que estemos como en una época antigua que había que cargar agua, que había que juntar leña para hacer la comida y los hombres tenían que cazar. Realmente el acompañamiento y el apoyo social son indispensables. Cuando hablamos de corresponsabilidad, hablamos de la familia pero también de la sociedad toda a través de sus instituciones, tanto las públicas como las privadas”, añade la investigadora sobre feminismo e igualdad.
Para la experta, los medios de comunicación pueden mostrar de qué maneras la sociedad puede hacerse corresponsable en las labores de cuidado. Destaca como ejemplo cómo algunos países asignan un ingreso mensual para las mujeres que acompañan a sus hijos, hijas o familiares con enfermedades crónicas y cómo conciben sistemas para aliviar la carga que asumen las mujeres cuidadoras.
“Otro ejemplo es un sistema de apoyo que por lo menos les permita a esas mujeres que están 24 horas al lado de la cama de un niño, o 24 horas llevándolo y trayéndolo del tratamiento, luego encargándose del alimento y de la higiene necesaria para que esos niños sigan viviendo y haciendo diferentes actividades, tener dos o tres veces por semana unos tiempos de descanso, que (quienes son cuidados) quedaran en manos de personas experimentadas que pudieran hacer esa tarea una parte del día para que ellas pudieran descansar”, señala.
Educar desde la perspectiva de género
Hablar de corresponsabilidad significa mostrar cómo los cuidados deben ser compartidos por personas de las familias, las comunidades, las empresas y el Estado: se trata de reconocer, reducir, redistribuir, recompensar y representar el trabajo de cuidados. En el caso del hogar, debe aumentar el trabajo de cuidados por parte de los hombres para que el reparto de las tareas sea equitativo.
“Sin duda también hay que promover la responsabilidad de los padres, porque generalmente quienes cuidan son las mujeres, y muchas de ellas están solas porque ocurre que el padre no se responsabiliza frente a un niño o niña que tiene algún problema. Hay padres que frecuentemente huyen. Socialmente se tiene que entender que eso no es lo correcto y que debe haber alguna sanción moral. Todo eso también es cuestión de educación, y los medios de comunicación son medios que educan. La comunicación tiene también una función educadora”, agrega la profesora Carosio.
Esta función educadora fue reconocida en 1995 con la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, una hoja de ruta acordada por 189 países, durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, para lograr la igualdad de derechos para las mujeres y niñas de todo el mundo. Una de sus áreas de acción trata sobre los medios de difusión, identificados como importantes “medios de educación” capaces de promover una imagen equilibrada y no estereotipada de las mujeres, así como de potenciar su papel en la sociedad.
Para alcanzar ese último objetivo, la Declaración de Beijing exhorta a los medios a introducir la perspectiva de género en todas las cuestiones de interés para la sociedad y a “fomentar la participación en pie de igualdad en las responsabilidades familiares”, mediante campañas que hagan hincapié en la igualdad de género y en la exclusión de los estereotipos basados en el género de los papeles que desempeñan las mujeres y los hombres dentro de la familia.
Treinta años después de la Declaración de Beijing, surgen nuevos desafíos: la violencia en línea contra las mujeres crece mientras la inteligencia artificial generativa populariza estereotipos discriminatorios, según un análisis de ONU Mujeres. Pero los medios siguen teniendo un papel crucial ante viejos y nuevos retos para construir un mundo más justo.
“Si queremos hacer una sociedad más justa, más humana, donde todas y todos cumplamos con nuestras responsabilidades y las compartamos con otros y otras, deben disminuir y desaparecer los estereotipos de género, que hacen que los hombres se comporten de una manera, a veces poco afectiva, y las mujeres al contrario. Cuando no puede cumplir los estándares exigentísimos que la sociedad le impone a una madre o una mujer, ella luego se siente culpable. Hay estándares de belleza y hay estándares de comportamiento. En seguida si un niño se porta mal o tiene problemas, culpan a la madre. Pero hay un cúmulo de personas que educan, no solamente las madres”, afirma la profesora Alba Carosio.
“Hay mucho que los medios de comunicación pueden hacer en materia comunicativa, que en realidad es educativa, porque los medios modelan conductas y pueden incluso, con el tiempo, no de inmediato, cambiarlas, transformarlas. Ojalá sea para mejor, para una sociedad más justa”.
El Centro Comunitario Pedro Zerolo nació en la cabeza de Stephany Herrera. Lo soñó como una casa para acoger a quienes viven con VIH, pues cuando a ella misma le llegó el diagnóstico, lo que más recuerda es que esos primeros años fueron muy solitarios.
Sin tener con quién hablarlo, con los miedos propios de una enfermedad tan estigmatizada, el camino se veía poco esperanzador. Sin embargo, ese lugar pasó de la cabeza de Stephany a ser una idea tangible que hoy recibe a decenas de personas que buscan en el arte un refugio para vivir libres de prejuicios.
“El centro comunitario empieza acá, en mi cabecita, como una idea para comenzar a sentirse como un lugar de protección, un lugar de pares, un lugar de conversación, un lugar de divertimento y de formación”, comenta Herrera, coordinadora del centro, a Redsonadoras.
Como una persona que convive con VIH desde hace 13 años, a Stephany le faltaba alguien con quien conversar o un lugar donde pudiera sentirse libre y acompañada. Y poco a poco junto a amistades y colaboradores este centro comunitario, ubicado al oeste de Caracas, ha dado las pinceladas necesarias para convertirse en lo que se imaginó.
El sueño se materializó gracias a una convocatoria del Gobierno de Las Canarias, en España. Stephany participó, armó el proyecto y resultó ganador. Esto le dio las piernas y los brazos que el centro necesitaba para comenzar a andar en diciembre de 2024 y ser un espacio seguro.
El centro Zerolo ya empieza a ser testigo de sus primeros milagros: ver cómo las personas llegan siendo tímidas y luego con las clases de actuación notan una evolución, comienzan a hablar en público de forma más natural, se integran a los grupos de apoyo y comparten cosas que en otros lugares sería impensable, por ejemplo, lo tedioso que resulta tener que cumplir diariamente con el tratamiento, lo complejo, lo doloroso, los saberes propios de su experiencia. Para quienes le dan vida al centro el encuentro entre pares es su razón de ser.
Un desierto para las mujeres
Para Stephany el camino hoy es distinto. En ese sentido, cuenta que no es lo mismo una chica de 20 años con un diagnóstico de VIH, que una mujer de 36. “Uno se va armando, se va empoderando, tiene otras herramientas, uno sabe con quién comunicarse, a dónde ir, a dónde no ir, qué batallas dar, hasta dónde dar esas batallas, entonces eso te va dando también compañía. Y tener formación, insisto, eso te da mucho coraje”, dice.
Para ella la formación ha sido clave, sobre todo, por esas mismas ansias de entender lo que la academia aún no le ha dado. Se hizo enfermera y después cursó un postgrado en Investigación Clínica, luego una maestría en Estudios y Políticas de Género, así como un diplomado en VIH, ITS (Infecciones de Transmisión Sexual) y en educación sexual integral.
A pesar de que el camino para Stephany hoy está más acompañado, a nivel de salud aún hay desiertos, pues señala que en materia sanitaria falta mucho por hacer desde una perspectiva de género.
“Hay unos vacíos tremendos que todavía no han entrado en disputa, hay un camino que todavía no está resuelto, a las mujeres que vivimos con VIH nos tratan por iguales a sabiendas que nuestros cuerpos son distintos a los masculinos, que pasamos por otras hormonas, que pasamos por otros procesos mucho más complejos como son las maternidades. No se nos está investigando, no existen muchas investigaciones”, reprocha.
Ahora el centro hace una campaña para lograr atraer a más mujeres, pues por ahora la mayoría de sus asistentes son hombres de la comunidad Lgbtiq+. Las razones es que casi siempre detrás de un diagnóstico de una mujer con VIH hay un proceso de violencia, lo que hace que sean mucho más reservadas y tiendan a aislarse.
“Nos cuesta muchísimo que vengan. Nosotros estamos haciendo justo una campaña para ir conociéndolas, pero es un proceso. Hay que llenar la confianza, hay que decir que hay un centro, que hay un lugar seguro, protegido, pero bueno, es un caminito que hay que hacer”, dice Stephany.
Por ahora, construye una comunidad que crece y que se apoya, le da trabajo a amigos y activistas y se erige desde el optimismo. Para su fundadora uno puede rescatar desde los lugares y “los lugares también los hace uno” y desde allí se aferra para hacer del centro un espacio seguro, lleno de amor y de esperanza.
Mucho por hacer
Stephany estuvo 13 años en Argentina y desde allá sentía que quería hacer cosas buenas para Venezuela. “Yo tengo que volver a mi país, comenzar a hacer algo, no puede ser que yo me he formado y mi país está como desahuciado, tenía ese sentimiento como de deuda conmigo misma. Entonces dije: si yo hago un proyecto lo tengo que hacer en mi país”, se decía.
Para la fundadora del centro Pedro Zerolo existía la necesidad de transformar eso que nació como una tristeza, una dolencia, una especie de “muerte segura” y convertirlo en un sitio donde pudieran reír, conversar, ser cómplices y aliados. A su juicio la razón de esa tristeza era no contar con información, apropiada, estar sola, lidiar con el estigma y la desinformación.
Jhorman Vera, coordinador general del área artística, indica que les llena de mucha alegría que este sea el primer centro comunitario para personas que viven con VIH. Al principio costó que la gente llegara, y dice que esto era debido al mismo temor al estigma, sin embargo, ahora muchos van y toman los cursos artísticos, de maquillaje o de dramaturgia, para expresarse y pasar un rato agradable.
“Hay personas que pasan aquí todo el día desde desde la mañana en un taller y se terminan yendo a final de la tarde porque la pasan bastante bien acá. También vienen personas Lgbtiq+, personas que no necesariamente conviven con VIH y que solo son aliadas”, comenta Vera.
El centro tiene tres áreas de trabajo: una de salud que cuenta con una consejería psicológica la cual ofrece sesiones gratuitas individuales y grupales, así como pruebas rápidas para detectar infecciones de transmisión sexual; una cultural en la que se organizan talleres artísticos, de escritura creativa o cineforos y un área que se dedica a archivo.
Para Stephany mientras más se hable del tema y se naturalice pues será más fácil para quien lo vive, y también más sano y más fluido si quisiera develar su diagnóstico. “El estigma realmente es el que mata a las personas, las personas se suicidan cuando tienen un diagnóstico o se echan a morir, como quien dice, precisamente por la desinformación y el estigma”, apunta.
La narrativa de inclusión que celebra que el vuelo suborbital de la compañía Blue Origin haya sido completamente hecho con tripulación femenina pone en el foco un discurso que prioriza lo espectacular y lo simbólico, mientras en paralelo las políticas públicas reducen presupuesto para el desarrollo científico y tecnológico y desplazan a las mujeres de los puestos en toma de decisión
El 14 de abril de este 2025 despegó y aterrizó el último vuelo suborbital de Blue Origin, la compañía privada aeroespacial de Jeff Bezos. La misión NS-31 fue presentada como un acontecimiento histórico: por primera vez desde 1963, cuando la astronauta soviética Valentina Tereshkova voló sola en el Vostok 6, una tripulación completamente femenina se elevó al borde del espacio.
Liderado por Lauren Sánchez —pareja de Bezos— y acompañada por figuras como la cantante pop Katy Perry, la ingeniera aeroespacial de ascendencia bahameña Aisha Bowe, la productora de cine Kerianne Flynn, la activista de derechos civiles y científica Amanda Nguyen y la periodista Gayle King, el viaje fue ampliamente celebrado por los medios como un avance simbólico en la inclusión de género. Las mujeres se embarcaron en un viaje suborbital a bordo del cohete New Shepard, desde el oeste de Texas, experimentando unos minutos de ingravidez y obteniendo una perspectiva única de la tierra. Marcó el undécimo vuelo espacial humano de la compañía con fines recreativos.
Según explicó Sánchez en una entrevista para la revista ELLE —realizada a todas las astronautas participantes—, la intención del vuelo fue inspirar a las futuras generaciones a estudiar carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas por sus siglas en inglés) a través de diversas narradoras, todas con historias e intereses diferentes.
Sin embargo, mientras las cámaras apuntaron al cielo y la cantante pop besó el suelo luego de un vuelo de apenas 11 minutos —cuyo precio, si no se tiene el perfil y el capital social para ser seleccionado por invitación, ronda el millón de dólares por asiento— en la tierra, en Estados Unidos, el presidente Donald Trump, junto al principal contratista de la NASA, Elon Musk, prometió llevar a la humanidad al espacio y plantar la bandera estadounidense en Marte, e incluso más allá.
Pero la respuesta fue el cierre de oficinas claves dentro de la histórica institución aeroespacial. El 10 de abril fue el último día de trabajo de la doctora Katherine Calvin, científica principal y experta en climatología, quien dirigía la Oficina del Científico Jefe, también se clausuraron la Oficina de Tecnología, Política y Estrategia y la división de Diversidad, Equidad, Inclusión y Accesibilidad (DEIA) dentro de la Oficina de Igualdad de Oportunidades. Se despidieron 22 funcionarios más y se advirtió una posible reestructuración con mayores recortes.
En un contexto de crisis climática y desigualdad, el turismo espacial se encuentra en una encrucijada que abre un debate incómodo: ¿estamos priorizando lo espectacular por sobre lo esencial?
Justicia simbólica o real
La narrativa del NS-31 parece cuidadosamente diseñada para proyectar una imagen de progreso. Una tripulación de mujeres, diversas, mediáticas. Una búsqueda inspiradora. Pero cuando se contrasta este gesto simbólico con los recortes a instituciones científicas, el impacto ambiental del turismo espacial y la desigualdad en el acceso a estas experiencias, la inclusión, en este caso, opera más como una estrategia de legitimación que como una transformación real.
Celebrar que más mujeres lleguen al espacio es valioso, pero hacerlo dentro de un sistema profundamente excluyente y elitista reduce esa representación a una imagen decorativa. El feminismo —al igual que la ciencia— no puede limitarse a una presencia simbólica en proyectos impulsados por el capital privado, mientras se desmantelan políticas públicas que afectan directamente a las mujeres más vulnerables y a las comunidades más expuestas a las consecuencias del cambio climático.
Bezos defiende el avance de la tecnología para la exploración recreativa del universo y junto con su prometida, Lauren Sánchez, aprovechó un vacío importante: la ausencia de tripulaciones completamente femeninas en vuelos espaciales. De los viajes cancelados por no tener indumentaria espacial adecuada para mujeres, pasamos a astronautas con trajes diseñados a la medida por firmas reconocidas de moda, asesoría en maquillaje y estilismo. Aunque a primera vista esto podría parecer superficial, se convirtió en una de las banderas tanto de la empresa como de sus pasajeras, relacionando este gesto de humanización con un rasgo feminista relevante.
“Esta dicotomía entre ingenieros y científicos, y luego belleza y moda. Somos multitud. Las mujeres somos multitud. Voy a usar lápiz labial”, aseguró Amanda Nguyen en la entrevista con Elle.
Sin embargo, este discurso también ha recibido críticas. Figuras públicas como la actriz Emily Ratajkowski han calificado la misión como oportunista y han cuestionado su autenticidad como logro feminista. En varios videos en TikTok, Ratajkowski ha señalado cómo esto desvía la atención de los problemas estructurales más urgentes, a esto también se suman diversas columnas de opinión que han cuestionado abiertamente la narrativa presentada a los medios.
Hay que reconocer que la estrategia de Blue Origin no es nueva. En su primer vuelo tripulado en 2021, Bezos invitó a Mary Wallace “Wally” Funk, una aviadora estadounidense que formó parte del programa “Mercury 13”, desestimado por la NASA en 1962 por razones de género. Con 82 años y tras seis décadas de espera, Funk logró finalmente subir al espacio, en lo que fue un gesto simbólico y profundamente emotivo.
Quizás no se trata de restar importancia a la representación, sino de preguntarse qué tipo de inclusión se celebra. Aunque la misión Vostok sí marcó un momento importante, pasaron 62 años para el siguiente vuelo; la participación de mujeres en las instituciones aeroespaciales cuyos fines son científicos ha sido más que una “representación femenina” en un viaje para obtener su “perspectiva”.
Con ellas se han logrado hechos importantes como avances tecnológicos y luchas por derechos y espacios laborales, que hoy continúan con otras referentes, quizás no con tanto alcance como esta noticia, cuya inclusión parece profundamente selectiva más que un cambio estructural del sistema. Tener solo mujeres en la tripulación no cambia el hecho de que el turismo espacial es un lujo inalcanzable, mientras en la tierra, muchas mujeres luchan por sobrevivir en un planeta cada vez más desigual, amenazado por el cambio climático y ahora también por la crisis de uno de los mejores sistemas científicos del mundo.
El lujo con huella: costo climático y económico
El interés del turismo espacial y su competencia, gira en torno a una promesa: “democratizar el espacio”. Sin embargo, esta intención trae consigo un costo energético y una huella de carbono considerable que aún se desconoce en su totalidad.
Aunque el New Shepard es reutilizable y su motor utiliza hidrógeno líquido y oxígeno líquido —cuya combustión produce principalmente vapor de agua, sin emisiones directas de CO₂—, debe considerarse todo el proceso. Esto incluye las emisiones asociadas a la fabricación, logística y preparación del lanzamiento, así como el impacto del vapor de agua liberado en la estratósfera y otros gases de efecto invernadero.
En general, las misiones espaciales liberan compuestos en las capas altas de la atmósfera, afectando negativamente la capa de ozono. Si bien los vuelos como el del New Shepard son suborbitales y tienen una huella ecológica menor al no entrar en órbita, su impacto sigue siendo significativo.
“No deja de ser cuestionable que, en un momento en que urge reducir nuestro impacto ambiental, surja esta nueva forma de ocio. Accesible solo a una minoría y que supone que cada pasajero emite en solo unos minutos el mismo dióxido de carbono que dos o tres personas de media durante un año entero”, señala la revista Ethic.
A medida que las élites siguen alcanzando el espacio, surgen cuestionamientos sobre la responsabilidad de estos proyectos frente a los efectos devastadores del cambio climático. De acuerdo con documentos presupuestarios filtrados en un amplio artículo publicado por la revista científica Nature, en Estados Unidos las políticas gubernamentales recortaron fondos para investigaciones científicas clave, como las de la NASA y la NOAA, que se centran en monitorear y mitigar las amenazas climáticas.
“El presupuesto científico de la NASA para el año fiscal 2026 se reduciría casi a la mitad, a 3.900 millones de dólares. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de EE. UU., que monitorea el clima terrestre y realiza pronósticos meteorológicos, vería su presupuesto para 2026 reducido en 27 %, a 4.500 millones de dólares”, señalan.
La paradoja que se presenta es clara: ¿cómo justificar un espacio inaccesible para la mayoría, mientras se desmantelan programas que podrían ofrecer soluciones concretas para salvar el planeta? En lugar de concentrar esfuerzos en enfrentar las crisis climáticas a través de la ciencia y la cooperación internacional, la atención se desvía hacia una competencia espacial privada impulsada, por ahora, en intereses económicos.
Las decisiones que hoy se toman —quién accede al espacio, quién paga el precio ambiental y quién queda excluido del futuro— no son neutras. Son políticas. Y en tiempos de urgencia planetaria como la que estamos atravesando, los símbolos no bastan. Lo que necesitamos es una verdadera redistribución de poder, recursos y posibilidades
La Red de Periodistas Venezolanas realizó la gira Género En Foco Universitario, una serie de talleres destinados a sensibilizar sobre la importancia de incorporar la perspectiva de género en el periodismo local y promover la formación desde las aulas. Esta gira recorrió tres ciudades del país: Puerto Ordaz, Caracas y Maracaibo, entre el 24 de febrero y el 10 de marzo de 2025.
El primer taller se celebró en Puerto Ordaz, en la Universidad Católica Andrés Bello núcleo Guayana, el 24 de febrero. Allí, Valeria Pedicini y Gabriela Rojas, impulsoras de la Red de Periodistas Venezolanas, estuvieron a cargo de la actividad para compartir su experiencia personal y profesional sobre la necesidad de encontrar espacios de formación en las universidades que desde antes del ejercicio profesional promuevan en los y las estudiantes, un periodismo más equitativo.
“La gente agradece mucho que nos hayamos tomado el tiempo para hablar de estos temas. A pesar de que los encuentros en línea ayudan un montón, nada se compara con la presencialidad. No hay nada como eso”, expresó Pedicini.
El evento en Puerto Ordaz se realizó en alianza con la Escuela de Comunicación Social de la UCAB Guayana y su directora, María de los Ángeles Ramírez, como parte de un ciclo de talleres intersemestrales. Además, contó con la participación de integrantes de la Cátedra Libre Teresa de la Parra, un espacio de investigación académica sobre género, lo que permitió ampliar el debate más allá del ámbito periodístico.
Para Pedicini, el mayor valor de estos encuentros fue descentralizar la formación en periodismo con perspectiva de género. “Si ya de por sí todo lo relacionado con formaciones e incluso oportunidades laborales se centra en Caracas, que podamos ir hasta las regiones, a estas ciudades, a dar talleres en universidades donde sabemos que hay un vacío de formación en temas de género, es súper importante. Yo creo que eso fue lo más valioso”, concluyó.
El siguiente taller tuvo lugar en Caracas, en la Universidad Central de Venezuela, el 26 de febrero. En esta oportunidad, las panelistas explicaron que el periodismo con enfoque de género busca cuestionar las prácticas tradicionales que perpetúan las desigualdades y promover una cobertura más equitativa.
Gabriela Rojas explicó que uno de los principales sesgos sexistas en la cobertura mediática se encuentra en el uso del lenguaje, ya que en muchas ocasiones, refuerza estereotipos y perpetúa la invisibilización de las mujeres.
“El uso del masculino genérico para referirse a ambos géneros es una práctica común que excluye a las mujeres, generando una percepción de que su presencia es secundaria o irrelevante. Además, el empleo de términos despectivos o sexualizados para describir a las mujeres refuerza estereotipos que las reducen a su apariencia o a su rol tradicional en la sociedad, mientras que sus logros y capacidades suelen quedar relegados a un segundo plano. En este sentido, la omisión de las mujeres en las narrativas informativas es otra forma de sesgo que contribuye a su invisibilización”, sostuvo en su intervención.
El enfoque de género también prioriza la protección y el bienestar de quienes comparten sus historias, al evitar la revictimización y narrar los acontecimientos con sensibilidad, para minimizar cualquier posible daño psicológico o emocional a las personas involucradas.
“Este periodismo no deja a nadie por fuera y reconoce el poder de la palabra en la construcción de realidades. Nombrar a todas las personas y grupos es un acto de reconocimiento y visibilización, fundamental para una comunicación más equitativa”, resaltó Rojas.
Pedicini resaltó el interés genuino que despertó el taller entre los asistentes. “Cuando salimos del taller, mucha gente se nos acercó para preguntar sobre la Red, sobre qué hacíamos. También nos hicieron comentarios como: ‘¡Qué fino que hagan esto!’, ‘¡Qué importante!’. Y eso nos pareció excelente, porque no solo fueron a escuchar la charla y ya, sino que la gente se nos acercó, interesada en la información y en lo que hacemos”, añadió.
La gira culminó en Maracaibo, en la Universidad Rafael Belloso Chacín (URBE), el 10 de marzo. En esta ciudad, Wendy Racines y Francis Peña, también impulsoras de la RPV, fueron las encargadas de moderar los talleres.
Francis Peña destacó que uno de los aspectos fundamentales del periodismo con enfoque de género es que no necesita una sección específica para abordar temas relacionados con las mujeres, de hecho, la inclusión es transversal, permanente y sistemática en todos los contenidos y discusiones que se generan.
A su criterio, no se trata de cubrir exclusivamente “temas de mujeres”, sino de aplicar una perspectiva de género en todas las áreas del periodismo, para que la equidad sea un principio rector en la producción de noticias.
Para finalizar, se llevó a cabo un panel de preguntas y respuestas con Rosmina Suárez y María José Túa, dos miembras locales de la RPV. Durante la sesión, Suárez dijo que en la Red encontró “su tribu, su manada”, y compartió su experiencia como beneficiaria de las becas de producción de la Red y su trabajo en el ámbito del periodismo con enfoque feminista.
El programa Narrar Fronteras de la Red de Periodistas Venezolanas llegó a su fin con la publicación de cuatro investigaciones periodísticas, resultado de la formación de periodistas especializadas en temas fronterizos y de derechos humanos, con enfoque de género.
A través de siete sesiones de formación, se abordó la cobertura de migración hasta la perspectiva de género con el foco puesto en la vida de las fronteras, además de abordar temas cruciales como el tráfico de personas, el acceso a derechos en zonas fronterizas y la seguridad integral para los y las periodistas que cubren estos contextos.
De las 40 personas interesadas en participar en el programa, 31 obtuvieron su certificado de participación tras cumplir con los requisitos del programa. Ocho de estas participantes, además, fueron beneficiadas con acompañamiento editorial para desarrollar proyectos periodísticos colaborativos, los cuales se centraron en temas cruciales sobre la realidad fronteriza.
Durante el proceso de formación, las participantes no solo adquirieron nuevas herramientas y conocimientos, sino que también formaron una comunidad comprometida que sigue creciendo. A través de la construcción de alianzas con otras organizaciones, se organizaron dos forochats adicionales para reforzar la interacción y el aprendizaje compartido, abordando temas como el storytelling creativo junto a La República TV y la seguridad digital para periodistas con RedesAyuda.
Los cuatro trabajos periodísticos finales fueron:
“En Güiria la mar deja cicatrices: historias de las que se fueron y las que se quedaron”, un reportaje multimedia que narra las historias de migración forzada y tráfico de personas de mujeres que intentaban migrar desde Güiria, Venezuela, hacia Trinidad y Tobago. Las autoras, Nairobi Rodríguez y Danielly Rodríguez, se centraron en detalles de las vidas de Unyerlin, Dielimar y Fiannelys, tres venezolanas que desaparecieron en el mar, y la de sus familias, que siguen imaginando cómo sería la vida con ellas.
“Enfermedades de transmisión sexual: asesinas silenciosas en el territorio wayuu”, este podcast producido por Ana Karolina Mendoza y Sailyn Fernández profundiza en la problemática de las enfermedades de transmisión sexual entre las comunidades wayuu, y cómo la desinformación, el temor a la estigmatización y los tabúes culturales son las principales brechas para prevenir y paliar las ETS en la frontera colombo-venezolana.
Otro tema que se enfoca en las comunidades indígenas fue “Mujeres wayuu enfrentan violencia obstétrica y exclusión en la frontera colombo-venezolana”, un reportaje multimedia que examina cómo las mujeres wayuu enfrentan la violencia obstétrica y la exclusión en el acceso a la atención médica, las barreras culturales, legales y estructurales que dificultan el ejercicio pleno de sus derechos en la movilidad binacional de Colombia y Venezuela. Las autoras Betsabé Molero, María Fernanda Padilla y Génesis Daniela Prada contaron la historia de Fabiana y otras mujeres wayuu, quienes diariamente sortean bloqueos, trochas peligrosas y violencia obstétrica, mientras son tratadas como migrantes irregulares, negándoseles su identidad ancestral.
Y el cuarto trabajo realizado como parte de las becas fue “Que aparezca mi muchacho”, a través de un podcast, la investigación de Kaoru Yonekura y Walter Molina documenta la desaparición de migrantes venezolanos, en medio de las dificultades propias de la migración y el tráfico de personas en la región fronteriza. A lo largo de los capítulos, cuentan lo que ocurre en las trochas y las duras realidades que enfrentan quienes huyen en busca de un futuro mejor.
Todas estas investigaciones están disponibles en la página web www.redsonadoras.com.
Compartimos esta historia como un ejemplo de transición pacífica del poder, tradición y liderazgo femenino, en la que una capitana pemón es celebrada por otras mujeres y hombres de su comunidad debido a su trabajo impecable y su compromiso. Lisa Henrito deja su cargo rodeada de figuras de autoridad para su pueblo, junto a su gente, sentados en la misma mesa.
⸺Vamos a darle un aplauso a la Junta directiva saliente, a la capitana Lisa Henrito y su equipo ⸺ expresó el encargado de conducir la juramentación de Ángel Williams, quien sucedió a Lisa Henrito al frente de la Capitanía de la comunidad indígena pemón de Maurak en la Gran Sabana.
Corría el primer domingo de enero de 2025, habían transcurrido cuatro años, ni un día más ni uno menos, desde que Henrito fue juramentada como autoridad legítima de la comunidad indígena pemón de Maurak en la Gran Sabana, en el sureste extremo de Venezuela, a 12, 5 kilómetros de Santa Elena de Uairén y similar distancia de la frontera venezolana con Brasil.
Ella es una lideresa indígena recocida como defensora de la naturaleza y de los derechos colectivos e individuales de su pueblo. Efecto Cocuyo la incluyó entre las Mujeres que brillaron en 2021 por su determinación en la defensa del territorio y su pueblo aun ante las limitaciones pandémicas y los retos del contexto país. Él es un joven formado en Electrónica. Se desempeña como gerente del Aeropuerto Internacional de Santa Elena de Uairén. Fue capitán una vez.
Aplausos…
Los habitantes de Maurak son en su mayoría adventistas. Comienzan la semana el domingo, después del descanso del sábado. La ceremonia se realizó en la Casa Comunal, una construcción de dos aguas, techada en láminas metálicas, cerrada por medias paredes a través de la cuales se colaba el aire cálido del mediodía, se veían las plantas de cambur y guamo y asomaban algunos de los miembros de la comunidad.
Lisa Henrito cuando fue nombrada capitana. Fotografía de Lisa Henrito. Extraída de Revista SIC.
Una mesa para todos y todas
Terminado el reconocimiento subieron a la tarima, menos de un metro por encima de los asistentes, los representantes del Consejo Electoral Comunal, de la junta directiva saliente, incluyendo a la capitana, y una representación del Consejo de Ancianos, el órgano asesor de más alto nivel dentro de la organización comunitaria tradicional. En ese orden se sentaron detrás de la mesa principal, tan larga que había espacio para todos. Abajo, las primeras filas de un lado estaban reservadas para los capitanes comunales y sectoriales (el pueblo indígena pemón de la Gran Sabana está organizado por sectores y estos por comunidades) y del otro, los representantes de las instituciones civiles y militares y los particulares invitados.
A partir de las primeras dos o tres filas se desplegó la asamblea.
En Maurak habitan 1.737 personas. Cientos se refugiaron en las comunidades indígenas del lado brasileño, tras los hechos del febrero de 2019, de la intervención de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ante el ingreso de la ayuda humanitaria que consideró un agravio a la soberanía.
⸺Cada persona que yo invité es porque de una manera u otra apoyó este proyecto social. Acérquense, por favor, los que están allá lejos, para que nos escuchemos ⸺dijo Lisa Henrito, en su última intervención como capitana de Maurak.
⸺Felicitaciones a la capitanía saliente por el trabajo, ha sido una gran bendición para la comunidad e igual felicitaciones para la capitanía entrante ⸺dijo el pastor adventista Alexander Martínez, quien advirtió que, sin entrar en temas políticos, era oportuno reflexionar con respecto a la autoridad como condescendencia divina cuyo ejercicio implica el reconocimiento de la superioridad de Dios.
Martínez llamó a los dos capitanes, la saliente y el entrante, y los bendijo. Williams al lado de Henrito, de ojos cerrados y cabezas inclinadas. El nuevo capitán llevaba una sencilla camisa marrón, mientras que Henrito, vestida de verde, llevaba un collar de tejido típico en negro y amarillo, como el plumaje de un turpial, el pájaro nacional.
Comunidad Maurak
Kelly Lezama, el segundo capitán de la junta saliente, prefirió despedirse con una breve reseña en torno la historia fundacional y el nombre de la comunidad. Refrescar la memoria.
Hace 78 años, ante la llegada de “la civilización”, de los misioneros católicos y la Inspectoría de Fronteras, al cerro Akurimä, al lugar en donde hasta ese momento se habían concentrado buena parte de las familias pemón de esta región de la Gran Sabana, los abuelos y los líderes decidieron internarse a las nacientes del río Uaiyén (para los no indígenas Uairén), hacia donde tenían los conucos, cazaban y pescaban. Usaban el tejido del bejuco conocido como maurai, la liana con la que se teje la nasa de pescar. Por eso el nombre de la comunidad.
Los de Maurak continúan viviendo de sus conucos, cosechan las piñas más dulces, yuca dulce y amarga, cambur, plátanos, granos, pescan, son maestros o enfermeros. La comunidad cuenta con tres instituciones educativas y un ambulatorio. Ante la crisis y la proliferación de la minería al sur del Orinoco, cada vez más personas van a las minas distantes, pero los jóvenes de Maurak, hombres y mujeres, practican fútbol y sueñan con hacerse atletas profesionales en lugar de mineros.
En ese sueño se enfocó la gestión que culmina y en la constitución de alianzas para proyectar y materializar soluciones a las principales urgencias de la comunidad: servicios de agua, salud.
Lisa Henrito antes de colocarle la bufanda a Ángel Williams en la Casa Comunal de la Maurak, comunidad indígena pemón en la Gran Sabana, Venezuela. Un sencillo símbolo que identifica el traspaso de la autoridad de la saliente al nuevo capitán. Fotografía: Morelia Morillo.
Una ceremonia pacífica
El cronograma electoral se activó en abril con la apertura del Registro que contabilizó 1.500 electores. De las elecciones, celebradas en diciembre pasado, participaron 467 personas. Ángel David Williams fue electo con 203 votos. Una vez leída, el acta fue firmada por el presidente y secretario del Consejo Electoral y por los capitanes saliente y entrante. Los que se despedían entregaron las bufandas blancas que en esta oportunidad identifican a los responsables de cada uno de los cargos y abandonaron la mesa y los recién juramentados tomaron los puestos.
Ángel Páez, capitán general del Sector 6-Akurimä, felicitó a la capitana Henrito y a su equipo por hacer el trabajo para el cual habían sido electos “y hacerlo bien” y recordó que se trata de una labor a tiempo completo, 24 horas, los siete días de la semana, los 365 días del año.
De acuerdo a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas y el Reglamento Sectorial, juramentó a Ángel David Williams.
Culminada la ceremonia, la comunidad, sus líderes e invitados compartieron el almuerzo, el tumá, el consomé típico de los pemón, hecho de cacería o pesca, mucho ají y una pizca de sal.
En las costas que separan Güiria y Trinidad y Tobago navegan testimonios de mujeres que desaparecieron o murieron en el mar, en medio de la migración forzada y el tráfico de personas. Y de mujeres que quedaron en tierra firme, en el naufragio del dolor y la pérdida. Esta investigación reúne las historias de Unyerlin, Dielimar y Fiannelys, tres venezolanas que partieron desde Güiria, pero jamás llegaron a su destino; y de sus dolientes, que siguen soñando cómo sería la vida con ellas.
Una vez al año Amarilis canta. Cada 14 de septiembre se levanta a las cuatro de la mañana, enciende una vela y, en el medio de la sala de su casa, a viva voz, entona el cumpleaños feliz para su hija Unyerlin. Pero ella ya no la escucha, ya no está. Desapareció en el mar.
En su pequeña vivienda ya no quedan rastros de su hija. La estructura de bloques y techo de zinc, está ubicada en una barriada de calles de tierra en Cumaná -la capital del estado Sucre, al nororiente de Venezuela- Allí ya no hay prendas de vestir, ni retratos de la joven. Pero su recuerdo arropa todo.
Amarilis Velasquez junto a su nieta Xavielys frente a su casa en Cumaná, estado Sucre, Venezuela. 17 de noviembre de 2024.
Unyerlin Velásquez tenía solo 16 años de edad cuando zarpó junto a otras personas en un pequeño bote pesquero de madera llamado Jhonaili José . Era martes, 23 de abril de 2019. Partían desde el puerto de Güiria, un poblado costero de Sucre, con destino a Trinidad y Tobago.
En promedio, una embarcación tarda cuatro horas y 45 minutos en recorrer los 137 kilómetros que separan el último rincón de Sucre, hasta la isla antillana.
Es una distancia que no cuenta la travesía física y emocional que implica para las mujeres, en su mayoría jóvenes o adolescentes, atravesar esta frontera, forzadas por circunstancias como el hambre y la falta de oportunidades. A menudo, atrapadas en redes de tráfico de personas, en su mayoría con fines de explotación sexual, se arriesgan a morir o desaparecer en altamar.
Esa distancia tampoco cuenta lo que viven las que se quedan, llevando el peso de un duelo por perder a los suyos, mientras siguen lidiando con el mismo entorno hostil.
El pueblo está rodeado de aguas intensas, tiene una actividad comercial constante y bulliciosa; también tiene amplias calles cuyas casas, en su mayoría fueron diseñadas bajo la arquitectura antillana, con puertas altas, largos pasillos y grandes ventanas para enfrentar las inclemencias del calor.
En esencia es un lugar colorido, aunque tiene grietas labradas a pulso por la pobreza, el crimen y la pérdida de personas en altamar, ya que ha sido escenario de una serie de tragedias ligadas a la pobreza.
Los viajes clandestinos desde Güiria no son nuevos y, en el fondo, todos tienen un mismo origen: el hambre.
Los naufragios tampoco son ya una novedad, sino una realidad presente que lacera familias y que moldea a la sociedad. El pueblo se convirtió en puerta de salida para la migración irregular, no solo de los nativos sino de personas de todas partes del país.
El naufragio del peñero Jhonaili José en el que iba Unyerlin, fue el primero en aparecer en medios de comunicación. Unas 38 personas iban a bordo, ocho lograron sobrevivir y 29 siguen desaparecidas desde hace seis años. El cadáver de Dielimar, otra adolescente de 16, fue el único que devolvió el mar.
Casa en donde vivía Amarilis junto a su hija Unyerlin Vasquez en Cumaná, estado Sucre, Venezuela.17 de noviembre de 2024.
Unyerlin desapareció en la rebeldía del mar
Desde hace seis años ella se convirtió en una ausencia que duele, justo desde esa noche en la que se fue de casa junto a una amiga y su prima Omarlys, llevando solo lo que tenía puesto.
El 24 de abril de 2019, una llamada ocasionó un tsunami de lágrimas en su casa. Una voz desconocida le dijo a Amarilis, que mientras intentaba llegar a Trinidad y Tobago en una embarcación precaria y en medio de la noche, el bote zozobró y su hija se ahogó.
Diez días antes, sus familiares la vieron por última vez. Poco antes de las diez de la noche de ese domingo, había llegado a su casa con una amiga.
–Se llama Luisannys y estudia conmigo– dijo.
Sin sospechar lo que se avecinaba, su mamá le pidió que se acostara a dormir.
El plan de ambas era irse a Trinidad y Tobago con Héctor, un hombre que conocieron unas semanas antes en una de las fiestas a las que solía ir Unyerlin. Él también naufragó y desapareció, y con él las respuestas que seis años después aún busca Amarilis.
A Unyerlin Vélasquez la recuerdan alegre y extrovertida en su uniforme de bachillerato. Pero también como una jovencita de carácter explosivo que podía pelear durante horas con su hermana y proteger a su sobrina, para ese entonces de tres años de edad, de los regaños por travesuras.
–Le gustaba comer. Dormía hasta tarde. Su vida era normal, iba al liceo, estaba con sus amigas, le gustaba también salir e ir a fiestas. A veces se me desaparecía dos días y yo iba a buscarla y la encontraba en casa de sus amigas. “Mamá, yo siempre vuelvo”, me decía cuando la regañaba- recuerda su madre.
Pero esta vez no volvió.
Como madre soltera, Amarilis trabajaba para darle lo que podía. En medio de carencias, tenía lo básico para vivir: algo de comida en la mesa, ropa y calzado de acuerdo con las posibilidades y acceso a educación pública.
Algunas amigas, incluyendo a su prima, sabían del plan de irse a Trinidad y Tobago. Días antes, en una fiesta en Bebedero –una barriada que para ese momento tenía fama de peligrosa por los altos índices de criminalidad- conoció a María y a Héctor.
Los testimonios apuntan a que fue María, una joven que no pasaba de los 20 de edad, quien les presentó a Héctor y juntos les ofrecieron a las adolescentes irse a Trinidad y Tobago con la promesa de mejorar su calidad de vida.
Allá podrían acceder a todo lo que no podían tener por las condiciones económicas de sus familias: ropa, calzado, comida en abundancia y dinero en dólares para ella y para los suyos.
Amarilis muestra una fotografía de su hija desaparecida Unyerlin del Valle Vasquez Velasquez, en su casa en Cumaná, estado Sucre, Venezuela. 17 de noviembre de 2024.
El primer paso era irse a Güiria, allí estarían en una vivienda mientras se terminaba de organizar el viaje. Unyerlin, Omarlys y Luisanny pernoctaron nueve días en la casa de Héctor, conocido en el pueblo con el apodo de Tico. Él era de Güiria y poco antes del naufragio había culminado unos cursos para optar por un empleo en Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa).
En esa casa, una vivienda familiar y desgastada, amplia, de varias habitaciones y con un patio grande, situada en una barriada conocida como Calle Boyacá, estuvieron en una habitación junto con otras muchachas que también se embarcarían hacia la isla antillana.
Había cinco jóvenes en total, tres de ellas menores de edad. Tico se encargaba de darles comida, ropa y también las llevaba a fiestas en el pueblo.
En 2019, Eloaiza Torres, una de las hermanas de Tico, aseguró en una entrevista realizada una semana después del naufragio, que él solo “hizo un favor a María” cuando recibió a las adolescentes en su casa.
Esa tarde en la que decidió hablar, Eloaiza evitaba sostener la mirada, sus ojos se enfocaban en el piso, volteaba el rostro, acariciaba sus rodillas con las manos, como quien habla queriendo evadir la conversación.
–A él lo llamó una amiga que él conoció en una fiesta, una tal María. Le dijo: “Mira, Tico, para allá van unas amigas mías que van para Trinidad. Para ver si les puedes dar el apoyo de quedarse unos días en tu casa, hasta que llegue el bote que las va a llevar”, y él no vio problemas en eso- dijo la hermana en lo que parecía un intento de desligarlo de la presunta red de trata de personas.
Pero los rumores en el vecindario eran fuertes. Muchos apuntaban a que las jóvenes estuvieron en esa casa en contra de su voluntad, aunque la familia Torres, quienes convivieron por última vez con las adolescentes, desmintieron esto una y otra vez.
–No pueden decir que estaban secuestradas. A ellas se les prestaba teléfono para que llamaran, ellas salían a fiestas. Una vez fui con ellas a la playa – contó Eloaiza en esa oportunidad. También aseguró que los familiares de las jovencitas sabían que viajarían a Trinidad. Dijo que eran ellas quienes llamaban a la isla para solicitar información del viaje, y que Héctor había accedido a ir con ellas para “comprar comida” que luego su hermana revendería en el pueblo.
–Él sólo aprovechó que había un bote en el que no pagaría pasaje. Yo le pedí que fuera a comprarme harina de trigo, porque yo la revendía a las panaderías aquí. Pero él no quería ir.
Sin embargo, ese día ella no supo explicar el por qué su familia se encargaba de darles comida y dotarlas de ropa y calzado. Ni tampoco de dónde salió el dinero para cubrir los gastos que ocasionó tener personas adicionales en una vivienda grande, pero en condiciones de pobreza, con las paredes envejecidas y sucias, y muebles deteriorados por el uso y los años.
En esa casa vieron a Unyerlin por última vez el 23 de abril a las ocho de la noche, hora en la que salieron de allí para embarcarse en el Jhonaili José desde Muelle del Medio.
–Antes de que zarpara el bote, estaban llegando las chicas que se irían a Trinidad. En total habían 25 mujeres. Salieron al mar como a las diez de la noche y se rumora que el capitán fue recogiendo personas en todos los puertos hasta llegar a Macuro- contó Eloaiza.
Agregó que el capitán, conocido como Julio Carrión y quien fue uno de los nueve sobrevivientes, pasó por varios muelles. Los primeros fueron El Faro y Las Salinas, allí subieron al bote un lote de cobre, limón, tamarindo y embarcaron a varias personas más.
–De allí fueron a Macuro, montaron a nueve adolescentes más. A las dos de la tarde del otro día me dicen que no llegaron a Trinidad, que se escucha el rumor de que el bote se volteó y no aparecen. Cuando trajeron a las primeras rescatadas, ellas dijeron que unos murieron al instante y que otros sobrevivieron porque se montaron en pimpinas donde transportaban gasolina– narró la hermana de Héctor.
Las sobrevivientes le habrían contado a Eloaiza que su hermano les ayudó a amarrarse a pimpinas para sobrevivir. Le dijeron que después de eso, se tocó el pecho, se hundió y no apareció más. Él era paciente cardiaco.
Otra versión que escuchó dice que después del naufragio llegaron botes procedentes de Trinidad y recogieron a la mayor cantidad de personas que pudieron.
–No nos explicamos cómo 28 personas no aparecieron. Ni un cuerpo, ni ropa, ni maletas. No aparecieron ni las pimpinas donde estaban montadas– destacó.
Las autoridades venezolanas tampoco dan explicaciones ni avances sobre las investigaciones oficiales. Las respuestas también naufragaron en un mar de incertidumbre. Lo último que supo Amarilis, la mamá de Unyerlin, es que María, aquella mujer con la que se fue su hija antes del naufragio, fue arrestada por seis meses, luego salió en libertad y emigró.
Mientras tanto, el recuerdo de la joven sigue naufragando en el estrecho de Boca Dragón donde se dividen las aguas de Güiria y Trinidad y Tobago, y donde las aguas son tan turbulentas y saladas como las lágrimas que aún derraman por ella.
Retrato de Amarilis Velásquez, madre de Unyerlin del Valle Vásquez Velásquez en su casa en Cumaná, estado Sucre, Venezuela. 17 de noviembre de 2024.
El limbo de Amarilis
El día que la embarcación zozobró también empezó el naufragio en el alma de Amarilis Velásquez que no la abandona ni un minuto.
Ella tiene 49 años. Es una mujer alta, robusta, de piel clara y de largos cabellos negros, tiene una voz triste y una mirada en la que se nota la soledad de la lágrima fácil. No puede evitar hablar de su hija entre sollozos.
-A veces quiero colgar los guantes, pero pienso en el rostro de mi Unye y me digo ¡No! y me pongo a orar, orar y orar- dice.
No solo el mar es un limbo.
Amarilis está sumergida en un limbo. Desde 2019 busca respuestas. No las tuvo en las horas posteriores al naufragio, cuando las autoridades venezolanas tardaron en iniciar la búsqueda de la embarcación y fueron los pescadores de la localidad, ayudados por una angustiada comunidad que hizo lo posible por dotarles de alimentos y gasolina, quienes encontraron a los sobrevivientes.
Y es que, aunque el informe de la Organización Nacional de Salvamento y Seguridad Marítima (ONSA) especificó que la Guardia Costera inició las labores de búsqueda pocas horas después de que las autoridades locales recibieran notificación del accidente marítimo, las malas condiciones de las embarcaciones oficiales y la escasez de combustible limitaron sus acciones.
De hecho, no fue sino hasta el 27 de abril, cuatro días después del naufragio, que las autoridades dispusieron de un helicóptero y una avioneta para buscar desaparecidos o víctimas en altamar. Esa búsqueda solo duró un día, ya que desde la alcaldía del pueblo informaron que el uso del helicóptero sumaba un costo de ocho mil dólares por día y no había quién pudiera pagar esa suma de dinero.
La noche del martes, 14 de abril, cuando Unyerlin se fue de su casa, no llevaba nada más que la ropa que vestía en ese momento. Otras veces había salido de fiesta y tardaba hasta un par de días en llegar o el tiempo que le tomara a Amarilis encontrarla en casa de amigas. Pero esa noche le dijo que se fuera a dormir y a la mañana siguiente no la encontró. Nadie supo decirle dónde estaba. El recuerdo de la última vez que escuchó su voz la llena de angustia.
La que era la habitación de Unyerlin cuando vivía junto a su madre Amarilis en Cumaná, estado Sucre, Venezuela. 17 de noviembre de 2024.
–Me llamó por teléfono. Le dije que necesitaba que regresara y me respondió que no me mortificara, que ella regresaba dentro de tres meses y que estaba tranquila, en una casa de playa– cuenta.
Más adelante, otra llamada cambiaría el curso de su vida. Aquella en la que le informaban del naufragio donde iba su hija. Lo que siguió después ha sido una historia que se repite en círculos. Llorar, sumergirse en una tristeza infinita, pedir ayuda a las instituciones del Estado y no obtener respuesta alguna.
Amarilis forma parte de un grupo de familiares de desaparecidos que se organizaron en 2019, poco después del naufragio, para exigir a las autoridades venezolanas una investigación, una búsqueda, algo que les haga calmar el dolor de la pérdida inconclusa, que les traiga de vuelta el amor que se fue en el mar.
La primera denuncia sobre la desaparición de su hija la hizo pocas horas después de la llamada fatal. Acudió a la Fiscalía del Ministerio Público en Cumaná. Allí dio todos los detalles que sabía. Poco después hizo lo mismo en la Fiscalía de Carúpano, la segunda ciudad más importante de Sucre y la más cercana geográficamente a Güiria. No hubo respuestas.
Durante los seis años que siguieron a la desaparición, el grupo de familiares ha sumado varias protestas frente a la sede del Ministerio Público en la capital del país, y al menos una decena de viajes hasta Caracas con la esperanza de encontrar respuestas en las instituciones centrales.
Una lista de documentos con denuncias, solicitudes, escritos, cartas, se ha quedado en escritorios de la Fiscalía del Ministerio Público, de la Asamblea Nacional y de la Vicepresidencia del país.
Unos meses después de que ocurriera el naufragio, a finales de 2019, el grupo acudió a Interpol para descubrir que no había siquiera la activación de una alerta amarilla para los desaparecidos o una alerta roja para los responsables. La Fiscalía no había enviado la información a este organismo.
Una lista extensa de diferimientos de audiencias y poca información sobre los detenidos son los avances de la investigación. Es todo lo que hay seis años después de la tragedia.
En retrospectiva, más allá de la presencia en el pueblo del gobernador de ese entonces, Edwin Rojas, y de autoridades militares en la zona del desastre, así como de la diligencia de dos diputados de tendencia opositora en la Asamblea Nacional, quienes acompañaron a los familiares de las víctimas en el proceso de denuncias, no hubo en 2019 un pronunciamiento institucional por parte del poder central. Y tampoco lo ha habido a lo largo de los años.
–Los viajes a Caracas no son fáciles– comenta Amarilis. Implican una inversión de dinero en pasajes, alojamiento y alimentación. Recursos de los que no dispone.
Para ella es complicado tener un trabajo estable y generar dinero en un estado altamente dependiente de empleos gubernamentales, con poco desarrollo industrial y con más de 98% de pobreza extrema en Venezuela, según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) de 2022, elaborada de forma independiente por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), ante la falta de datos oficiales sobre condiciones económicas y sociales del país.
Antes hacía dulces para vender en el barrio. Ahora trabaja vendiendo cartones de lotería para una especie de bingo comunitario que se celebra cada dos sábados en la ciudad y que resulta en una fiesta enorme en la que hay desde ventas de fritangas y cervezas, hasta grupos musicales en vivo. Aunque eso logra distraer su mente por algunas horas, lo que gana solo le sirve para llevar comida a su casa y encargarse de gastos básicos.
–No he podido ir a todos los viajes porque no tengo suficiente dinero-.
En estos años de duelo inconcluso, Amarilis no solo perdió la paz, también enfrentó una ruptura sentimental al perder a su pareja, quien decidió marcharse de casa al no poder lidiar con sus estados de ánimo.
–No me soportó. Es que me daba rabia todo.
Perdió el sueño y la salud mental, ya que atraviesa por prolongados estados de ansiedad y llanto. Su cuerpo se hiela y necesita caminar de un lado a otro mientras llora. Ha logrado encontrar algo de consuelo en su hija y su nieta de nueve años.
–Si no fuera por ellas, ya estaría muerta, porque a veces eso es lo que quiero.
No suele soñar con su hija, pero las dos veces que lo ha hecho, la ve con el rostro de cuando tenía 16 años y la vio por última vez: ella le aparece vestida de blanco, arrinconada en una esquina, pidiéndole que la ayude.
Aún hay dos cosas que Amarilis no ha perdido: la esperanza de volver a abrazar a Unyerlin y la entereza para seguir pidiendo al Estado venezolano que le dé respuestas.
–No dejaré de insistir. Mi hija está viva. Lo sé.
Y, en el mismo peñero en el que ella desapareció, murió Dielimar.
Los naufragios de pequeñas embarcaciones que trasladaban personas desde Güiria hacia Trinidad y Tobago se volvieron una constante desde 2019, tras el hundimiento del bote Jhonaili José.
Con esto, las denuncias sobre migración forzada impulsada por las condiciones socioeconómicas del país, así como el tráfico de personas con fines de explotación sexual, también se volvieron parte de las historias de los naufragios.
Esta investigación, realizada por la periodista Nayrobis Rodríguez y la fotógrafa Danielly Rodríguez, fue publicada originalmente enRunrun.es. Es uno de los productos periodísticos del programa de becas “Narrar Fronteras”, organizado y desarrollado por la Red de Periodistas Venezolanas (RDPV).
La desinformación, el temor a la estigmatización y los tabúes culturales son las principales brechas para prevenir y paliar las ETS en la zona indígena fronteriza. Las personas contagiadas que son diagnosticadas con VIH en Colombia, por lo general, no continúan su control médico ni en el país vecino, ni en Venezuela.
Llamémosle Alberto. Iba, en su moto, por la Troncal del Caribe, a las 8:00 de la noche. El tramo estaba oscuro y no vio salir un carro de uno de los vericuetos de Los Filúos, sector comercial de la parroquia Guajira, municipio indígena Guajira del estado Zulia, en Venezuela. El vehículo lo lanzó sobre el pavimento y arrancó a toda velocidad. Como pudo, llamó a sus familiares para que le socorrieran. Lo llevaron al Hospital Binacional de Paraguaipoa, donde no le pudieron atender, porque no había una máquina para hacer rayos X. Tampoco ambulancia.
Entonces, sus parientes lo llevaron al Hospital San José de Maicao, municipio fronterizo del departamento La Guajira, en Colombia. Le ingresaron por ser indígena wayuu, porque solo tiene la cédula de identidad venezolana.
El examen de sangre le arrojó un diagnóstico que no sabía: VIH positivo.
Le curaron las heridas, le trataron las contusiones y le proveyeron el retroviral. Tras darle el alta, Alberto regresó a Paraguaipoa, donde sigue trabajando como mototaxista.
Su gente no sabe que es seropositivo.
Alberto pertenece a una familia indígena wayuu muy tradicional, en la que su tío materno es autoridad, la virilidad es un honor y las Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) las asocian con la homosexualidad.
Su experiencia es como la de tantos otros jóvenes con VIH que viven en el eje fronterizo Guajira colombo-venezolano. Entre 18 y 23 años es la población joven contagiada, según precisó un vocero de la Fundación Waleker, organización binacional reconocida por los ministerios de Salud de Colombia y de Venezuela.
Esta organización tiene 15 años trabajando en Colombia bajo la cobertura de la Superintendencia de Salud y, mediante la Unión Temporal Ka’i, regularizan a personas wayuu con el certificado de la autoridad indígena para la atención de personas seropositivas y, así, garantizarles los retrovirales.
La desinformación y los tabúes
En el estado Zulia, fronterizo con Colombia, acceder a los retrovirales es un desafío. Porque son costosos y porque los gratuitos están regulados por el Estado. La secretaría de Salud, adscrita a la Gobernación del Zulia, tiene activo el Programa Regional de VIH-SIDA y TS que, en articulación con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), realiza jornadas en las que dictan charlas informativas y realizan la prueba rápida.
En diciembre pasado, fue en el Hospital Binacional de Paraguaipoa y el personal médico y paramédico se encontró con que la colectividad desconocía acerca de la jornada; además, quienes llegaron lo hicieron con la intención de hacerse un examen de hematología y, al informarles que era la prueba rápida para VIH, la mayoría se marchó.
Carmen Cambar, directora municipal de salud del municipio Guajira -institución adscrita a la Autoridad Única de Salud del estado Zulia regida por el Ministerio de Salud-, resalta que esto se debe a la desinformación que maneja la población; sino, también, el personal que trabaja en el centro de salud.
«Sabemos que hay muchos pacientes que lo tienen, pero que no se conoce. El VIH es un enemigo silencioso que está acabando con nuestros jóvenes. Debemos decirles que una vez que sientan ese temor, se acerquen a alguna institución que los pueda ayudar. No es fácil llegar a un hospital, a un ambulatorio y decir. ´me quiero hacer una prueba de VIH, de sífilis o de otra ETS´, porque está el temor a que lo estigmaticen. Pero debemos buscar una estrategia para informarnos y mantener la confidencialidad».
Urge la educación sexual
En dos «Círculos de la palabra» -espacios de diálogo, de transmisión e intercambio de saberes propios de la cultura indígena wayuu- se conversó con estudiantes de las escuelas Fe y Alegría Paraguaipoa y Francisco Babbini: sólo dos de cada 10 jóvenes -en cada grupo- sabía qué son las ETS y cómo se contagian, pero desconocían los tratamientos.
Cambar exhorta a las madres, padres, personas a cargo o figuras de autoridad para que orienten a los jóvenes. «Ninguno debe negarse a saber que su hija, por ejemplo, desde que tiene la menarquia ya puede empezar a tener relaciones sexuales, igual en los varones. A los adultos wayuu debemos involucrarles para conversar con ellos. Hemos planteado la necesidad de hacer abordaje con líderes y lideresas de comunidad, voceros; pero, tampoco se logra un control general de la comunidad. Yo creo que en la familia siempre hay alguien, alguna autoridad a quien se le atiende, se le escucha».
Pero en la sociedad wayuu la sexualidad es un tema muy cerrado, asegura la sabedora Neima Paz, quien, también, reconoce que los tabúes causan daños, sobre todo, a las majayut -término, en lengua wayuunaiki, que se le da a la adolescente que ya vio su primera menstruación y que ya está lista, biológicamente, para crear y dar vida-.
En «encierro» -ritual wayuu que practica la abuela con la nieta cuando le viene la primera menstruación- la orientación de la anciana sabedora es vital para la jovencita, pues no sólo es un tiempo de recogimiento, baño y corte de cabello como símbolos de la transición de niña a mujer; sino espacios de aprendizaje para la vida como el autocuidado.
«Hay algo muy lindo que escribe mi papá -el docente, sabedor, investigador y lingüista wayuu, Ramón Paz Ipuana- en su texto, Ale´eya: cuando la muchacha está en el ‘encierro’, hay unas palabras que la abuela le dice a la majayut: ‘Hija mía, quiero que seas buena, juiciosa. Que tengas un corazón limpio, portadora de grandes beneficios’. La limpia, la baña para que su cuerpo no despida malos olores, para que se embellezca. Y dice: ‘para que tu alma aprenda a temer lo malo. Recuérdalo, no lo olvides. Esta agua enfriará el ánimo de los hombres ávidos’. Es decir, purificar a una joven para que no entre en la promiscuidad que trae, como consecuencia, las enfermedades de transmisión sexual».
El contexto
Desde la perspectiva wayuu, ese sería el ideal; pero, la realidad es que la mayoría de las adolescentes y jóvenes que habitan en comunidades del eje fronterizo es distinta, pues la dinámica de la frontera pauta, en gran medida, la cotidianidad de quienes viven en la Guajira: el comercio, la economía, el flujo de personas, el tráfico vehicular, el bullicio y un largo etcétera.
Entre agosto de 2015 y septiembre de 2022, el tránsito de vehículos en la frontera colombo-venezolana estuvo cerrado por decisión de Nicolás Maduro. En este tiempo, el país llegó a una crisis humanitaria compleja por la que más de ocho millones de venezolanos migraron, en su mayoría, en condiciones muy vulnerables, para buscar una mejor calidad de vida para sus familias. Entre ellos muchas mujeres cabeza de hogar y jóvenes indígenas wayuu.
La invisibilidad de las realidades que enfrentan adolescentes y jóvenes indígenas wayuu, porque viven en comunidades aisladas -muchas sin servicios básicos- y expuestos a cualquier tipo de vulneración de derechos: en su mayoría, conviven sólo con la mamá y su pareja que no es el padre, o en entornos de violencia física y sexual por parte de hombres que también son familia -tíos, primos-.
Desde hace dos años y cinco meses que se activó el comercio informal con la reapertura de la frontera, se ha visto que tanto colombianos como venezolanos e indígenas wayuu han construido un comercio ilegal en la Guajira, como locales nocturnos que abren de jueves a sábado, donde adolescentes y jóvenes wayuu son quienes prestan el servicio sexual.
Igual, sucede en Maicao -del lado colombiano-: en el casco central, hay mujeres wayuu y migrantes venezolanas, de 18 a 20 años, contagiadas de VIH, ya que habitan en entornos de explotación sexual como estaderos -bares- o billares, precisó un vocero de la Fundación Waleker. «Pero, no sólo de VIH; sino, también, del Virus del Papiloma Humano (VPH) y herpes».
Hospital II Binacional de Paraguaipoa Dr. José Leonardo Fernández, ubicado en el municipio Guajira.
La fuente, quien por razones de seguridad opta por el anonimato, explicó que en comunidades fronterizas como Paraguaipoa y Guarero hay familias enteras contagiadas de VIH, bien sea por sus parejas que retornaron, por el abuso sexual por parte de algún pariente o por la poligamia que practica el hombre wayuu. Estas personas contagiadas por VIH, por lo general, son diagnosticadas del lado colombiano, bien sea por la Fundación Waleker, el Hospital San José de Maicao o la organización de cooperación internacional AHF; pero, no todas se comprometen con su seguimiento médico y su tratamiento.
«Como ciudadanos binacionales que son los wayuu y que van y vienen de un país a otro, es muy difícil tener el control, porque regresan a sus comunidades en Venezuela y, aquí, no se han hecho control. Está planteado, epidemiológicamente, la necesidad de colocar un punto de atención en la frontera, en Paraguachón del lado nuestro», puntualiza Cambar.
Venciendo las barreras
Debajo de la enramada está un telar, donde la abuelita teje un chinchorro rojo con morado para luego venderlo y tener algo con qué subsistir. Y, ahí, debajo de la sombra también está Juan, sonriente, callado, expectante.
Tiene 15 años y es portador del VIH. Lo absorbió en el canal de parto, pues su mamá también tenía el virus y se dio cuenta, justamente, antes de dar a luz. A ella la contagió su marido, quien lo adquirió, mientras trabajaba en el Oriente venezolano, al otro extremo del país.
Los días de Juan comienzan cuando se asoma el sol y terminan al oscurecer el cielo. Entretanto, anda en su bicicleta por la sabana de su comunidad en la Guajira venezolana. No recuerda la última vez que fue a Paraguaipoa o a Maracaibo. Tampoco ha ido a la escuela: no sabe leer ni escribir, sumar ni restar… Trata sólo a los niños, niñas y adolescentes que viven cerca de su casa de tabla y yotojoro -fibra vegetal wayuu parecida a la palma-.
Sus ojos amarillentos y los párpados hundidos indican que no está del todo bien. Eso refuerza su delgadez por la mala nutrición: a veces, come pescado, yuca o topocho; pero, por lo general, come arroz y toma chicha de maíz, propia del pueblo wayuu.
Juan tiene un año sin recibir el retroviral. «Cuando me tomo la pastillita me siento mejor», asegura. Su abuela cuenta que él está inscrito en un programa en el Hospital de El Moján, ubicado en el municipio Mara perteneciente a la subregión Guajira del estado Zulia, Venezuela. Pero, no tienen los recursos para movilizarse hasta allá.
Ella no le permite salir. Aunque ambos saben que tiene una enfermedad, desconocen su magnitud. «Yo prefiero cuidarlo y que nos quedemos tranquilitos aquí», expresa la señora en su poco español.
En Maicao hay mujeres wayuu y migrantes venezolanas contagiadas de VIH, que se encuentran en entornos de explotación sexual.
Con el apoyo del proyecto Narrar Fronteras y de la Red de Periodistas Venezolanas se articuló con la Fundación Waleker y Juan viajó, a principio de febrero, a Maicao, donde lo regularizaron mediante el Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV) y está a la espera de su Permiso de Protección Temporal (PPT) para ingresarlo en el sistema de salud colombiano y asegurarle su retroviral mensualmente.
Así, como la Fundación Waleker también AHF brinda atención a la población seropositiva que habita en el eje Guajira de la frontera colombo-venezolana. Andrea Molina, representante de AHF Colombia en La Guajira AHF, informó que la organización abrirá un Centro Wellness en Maicao. «Son espacios diseñados para brindar atención inmediata a toda la población en casos de VIH e infecciones de transmisión sexual, pues se ha incrementado la población pendular».
Funcionarán a tiempo completo, de 7:00 a. m. a 6:00 p. m., todos los días. Se proyecta su apertura para el mes de marzo; sin embargo, debido a la situación actual, es posible que haya retrasos. Este Wellness estará ubicado en la Cruz Roja de Maicao, punto estratégico para brindar una atención integral a las personas contagiadas: desde asesoría jurídica hasta atención psicosocial.
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Escucha el podcast realizado por Ana Karolina Mendoza y Ayleen Fernández:
El relato de Fabiana y otras mujeres wayuu revela las dificultades del parto en la frontera entre Colombia y Venezuela, donde enfrentan barreras económicas, legales y culturales para acceder a una atención digna. En su movilidad binacional, deben sortear bloqueos, trochas peligrosas y violencia obstétrica, mientras son tratadas como migrantes irregulares, negándoseles su identidad ancestral.
Cuando Fabiana Pushaina volvió en sí después de desmayarse al parir, sintió que algo estaba mal. El llanto que llenaba la sala no era el de su bebé. Al girar la cabeza, vio a la doctora arrodillada en el suelo, rezando con desesperación a algún dios para que el pequeño diera señales de vida. Su bebé, con el rostro morado, apenas respiraba, luchando por quedarse en este mundo. “¡Despierta y respira, para que el bebé pueda respirar!”, le clamó una voz que retumbó en la sala. En ese instante, el grito de Jesús —como le llamaron al recién nacido convencidas de que su vida era una prueba de fe— se convirtió en un milagro.
A la una de la madrugada del 26 abril de 2020, Fabiana tuvo las primeras contracciones de su segundo parto. Como todas las mujeres wayuu, sabía que debía respirar y aguantar, aguantar hasta estar al borde de dar a luz para correr hacia el hospital. De lo contrario, podría enfrentarse a las trabas burocráticas que vivió con Julio Sebastián, su primer hijo, por ser una mujer migrante, según la considera el Estado colombiano.
Fabiana ingresó al Hospital San Agustín en el municipio Fonseca, en el departamento de La Guajira, a las cinco de la mañana de aquel abril. Tenía nueve centímetros de dilatación. No había tiempo de esperar una ambulancia para trasladarla a otro centro de salud, era una emergencia. Pujó con miedo, pues apenas había transcurrido un año y medio de la cesárea de su primogénito. Pujó hasta que salió su bebé, luego se desmayó.
Llegó a Colombia desde Venezuela en 2016 para trabajar como empleada doméstica. Fabiana y su familia, al igual que los 650 mil wayuu que habitan entre los dos países (380 mil en Colombia y 270 mil en Venezuela), se han movilizado y comunicado entre clanes de ambos lados de la frontera colombo-venezolana. No en vano, los indígenas wayuu se consideran un pueblo binacional, cuyo territorio ancestral trasciende los límites geopolíticos de los dos Estados, determinados de manera definitiva en 1941. Sin embargo, la situación era distinta cuando Fabiana cruzó a suelo colombiano, estaba migrando forzosamente dada la crisis multidimensional (social, económica y política) venezolana.
En la desértica península de La Guajira se encuentra la frontera norte entre Colombia y Venezuela. La línea limítrofe se extiende en medio de grandes dunas de arena y vastas playas, donde cinco siglos atrás la etnia Wayuu estableció su pueblo. Diseño: Camila Sastre.
El nacimiento de Jesús en 2020 no fue el único parto hospitalario lleno de complicaciones en este punto fronterizo. En 2018, durante la víspera del alumbramiento de Julio Sebastián,Fabiana comenzó a expulsar líquido de su vientre. Por la falta de experiencia, no sabía qué hacer. Junto a su esposo esperaron para ver cómo avanzaba. Al día siguiente, el fluido se transformó en sangre, pero recordó la regla: debía soportar los dolores hasta que se intensificaran antes de ir al hospital. Cuando llegó al centro médico, estuvo tres horas en la sala de espera porque no tenía documentos para que la pudieran atender. Verificaron su registro de nacimiento, y solicitaron autorización para los procedimientos al gobernador indígena del resguardo wayuu Mayabangloma, donde reside.
“Me regañaron porque no estuve en controles médicos. Me dijeron que era culpa mía que mi bebé estuviera en problemas. Les expliqué que no tenía plata para pagar 50 mil o 60 mil pesos colombianos (11 y 13 dólares americanos) por día para que me atendieran”, recuerda. Después de los cuestionamientos, los médicos trasladaron a Fabiana al quirófano para practicarle una cesárea. Tras su nacimiento, Julio Sebastián fue llevado a la Unidad de Cuidados Intensivos. Fabiana volvió a ver a su bebé hasta una semana más tarde, cuando al pequeño le dieron de alta. No podía amamantarlo porque al nacer la criatura no fue pegada a su pecho y, en consecuencia, la leche materna se había estancado en sus mamas. La angustia se apoderó de ella y con esta, apareció la depresión posparto.
“No quería hablar con nadie. No había quién me ayudara, y yo tenía la herida de esa cesárea. Pensaba que el culpable era el bebé, pero no era su culpa”, lamenta.
El parto del pequeño Fabián José (centro), de seis meses de edad, ocurrió libre de las violencias que atravesaron las llegadas de sus hermanos Jesús (izq) y Julio Sebastián (der), pero Fabiana (centro) parió a su tercer hijo aun indocumentada. Fotografía: Betsabé Molero.
A pesar de los cierres suscitados en reiteradas ocasiones en el eje fronterizo colombo-venezolano, como el implementado tras la fractura del vínculo diplomático entre Colombia y Venezuela, las mujeres wayuu caminan su amplia nación ancestral de grandes dunas de arena, vastas playas y bosques secos tropicales. Dos razones motivan su movilidad en dirección a Colombia: trabajo y acceso a servicios. Hacen el viaje en motocicletas, autobuses, camiones o a pie, bajo el extenuante sol y los vientos más fuertes de la península.
El anterior es el método elegido por las indígenas de Venezuela para tener controles prenatales e ingresar a las salas de partos en Maicao, u otros municipios colombianos. Al producirse bloqueos en los pasos autorizados en las zonas limítrofes, se ven obligadas a atravesar cualquiera de las más de 200 trochas (caminos ilegales flanqueados por grupos criminales), detectadas entre el estado venezolano de Zulia y La Guajira.
La sociedad wayuu está distribuida en los municipios que rodean la frontera colombo-venezolana, organizada en clanes que administran las mujeres wayuu. Diseño: Camila Sastre.
Si bien pertenecen a un pueblo binacional, las wayuu han enfrentado distintos obstáculos para recibir atención en salud en este corredor fronterizo, en especial para tener partos respetados y asesorías de planificación familiar. Cuando las mujeres wayuu en Colombia ven llegar al hospital a una tawala (hermana wayuu en wayuunaiki) embarazada de Venezuela, no dudan en aconsejarle que debe esperar hasta que el bebé esté por nacer para evitar que retrasen su atención o le practiquen una cesárea.
El principal miedo alrededor de las cesáreas radica en que las heridas que quedan en los cuerpos de las indígenas wayuu al ser sometidas a partos quirúrgicos corren el riesgo de infectarse en medio de los trabajos de cuidado que realizan, o las mujeres intervenidas no saben tratar los cortes porque las cesáreas son ajenas a su medicina tradicional. Si la vida de las mujeres wayuu peligra, también peligra el destino de su pueblo: sobre ellas descansa la misión ancestral de asülüjaa (dar), es decir, de prolongar y transmitir la cultura. Por lo tanto, su bienestar es una promesa de supervivencia para su comunidad.
Siguiendo las simbologías de su pueblo, Annie Montero representa mediante líneas y espirales en su vientre la vida, la descendencia y la interconexión entre el pasado, el presente y el futuro. Fotografía: Betsabé Molero.
—Jumüi tü wayuku tü ishaakaa jümaa tü e´iruku aa´inwaatasuupula jien tü astouutakaa jümawaii taii jiatü wayujierka ipoorka nojorüle saisha´ajaa jerrulüi jule tü seeseeta jununuwa mojusuu e´iruku tü jierka. (Para los wayuu, la carne y la sangre es muy importante porque es nuestro cuerpo donde está la vida, y dar vida lo hace la mujer. No es natural que deban quedar marcas y hacer daño a la carne) —explica sobre las cesáreas Mirian Jaraliyuu Uriana, partera wayuu.
Mirian es una de las pocas parteras wayuu en el resguardo Mayabangloma, ubicado cerca de Caicemapa, en el sur de La Guajira. La médica tradicional de 74 años atiende en su modesta casa de barro y heno, donde el techo de palma apenas ofrece consuelo ante el implacable calor de inicios de diciembre. Hasta su hogar viajan mujeres desde la Alta Guajira, inquietas por el índice creciente de cesáreas en indígenas wayuu que presentan complicaciones durante el parto o tienen la oportunidad de recibir medicina occidental.
La misma angustia sintió Luz Eliannys Fernández, quien estaba convencida hasta su última evaluación prenatal que tendría a su bebé por parto natural, porque el niño estaba en buena posición dentro del útero y el embarazo había evolucionado según lo esperado. El 15 de noviembre de 2024, cuando comenzaron las contracciones, la wayuu de 18 años cruzó la frontera desde la localidad Laguna del Pájaro en Paraguaipoa, en Venezuela, hasta Maicao, en Colombia. Un trayecto de 50 minutos aproximadamente. En el Hospital público San José de Maicao, le aseguraron que le harían una cesárea.
Las mujeres indígenas en Venezuela arriban a Paraguachón, al final de la Troncal del Caribe, para llegar tras un larga travesía hasta Maicao, allí inician en avanzado estado de gestación, incluso a punto de parir, el viacrucis a través de La Guajira colombiana. Diseño: Camila Sastre.
“Nos dijeron que mi bebé se quedó sin líquido (amniótico) y que debía ser cesárea. Mi mamá les preguntó por qué, si en el otro hospital (en Venezuela) afirmaron que tendría parto normal, y entregó los papeles de los controles. Ellos los revisaron y le dijeron que, si me hacían parir, me podía morir. Entonces no comentamos nada más”, cuenta. “Me metieron a un cuarto y no vi a la niña cuando nació. Me la enseñaron dos días después”.
El equipo médico le explicó que no podía sacar a la bebé del centro de salud porque había nacido baja de peso y, posteriormente, una infección en la sangre le provocó fiebre. Por un mes, Luz Eliannys tuvo que caminar dos kilómetros desde su hospedaje en Maicao hasta el hospital para ver y amamantar a su hija, pese a la herida sin cicatrizar y el reposo posparto interrumpido. “Para mí la cesárea ha sido mucho gasto y va ser difícil para los oficios en la casa. Es mejor parir”, reflexiona.
Binacionales, pero sin nación ni salud
La identidad, la migración y el desamparo institucional del pueblo binacional Wayuu se entrelazan en las experiencias de Fabiana y Luz Eliannys para convertir el nacimiento de sus hijos en un calvario. Los wayuu permanecen estancados en un limbo legal, pues el documento de identidad venezolano (cédula) desconoce su pertenencia étnica, y Colombia los etiqueta de migrantes. La intermitencia de las relaciones diplomáticas entre los países vecinos, la crisis en Venezuela, y la transformación de Colombia en el principal país receptor de migrantes venezolanos ha agudizado la violencia en contra de esta comunidad indígena.
El Estado colombiano ha implementado una serie de mecanismos de protección migratoria exclusivos para venezolanos, como el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes (ETPV), creado en 2021, mediante el cual obtienen el Permiso de Protección Temporal (PPT). Con este documento de identificación, los ciudadanos de Venezuela legalizan su estatus migratorio, acceden a programas sociales y derechos, ingresan y salen de Colombia, y tienen un lapso de 10 años para adquirir una visa de residencia.
José David González, coordinador general del Comité de Derechos Humanos de La Guajira, asegura que, si bien estas medidas contribuyen al amparo de la población migrante y refugiada, al enfrentarse con las dinámicas cotidianas de quienes desenvuelven sus vidas entre fronteras, pierden alcance en términos de protección porque acogen a unos grupos, pero excluyen a otros, generalmente más vulnerables.
No existe una versión del manual del ETPV en idioma wayuunaiki, y este estatuto no posee un apartado que contemple las características específicas de los pueblos originarios establecidos en los ejes fronterizos; asimismo, el instrumento legal ignora las barreras idiomáticas, educativas y socioeconómicas que los indígenas pueden encontrar en sus intentos por tramitar el PPT. Por lo tanto, parte importante de la comunidad indígena wayuu “migrante” en Colombia está destinada a la irregularidad migratoria.
“El pueblo Wayuu en realidad necesita que los gobiernos de Venezuela y Colombia tengan voluntad política para diseñar e implementar una serie de acuerdos de carácter binacional, capaces de aliviar la crisis que viven los hermanos indígenas en la zona fronteriza, y garantizar el acceso a derechos fundamentales, siendo la vida, la salud y la legalidad los más álgidos”, sentencia González.
La falta de inclusión de los pueblos originarios en los proyectos de normalización migratoria ha derivado en su incapacidad de afiliarse a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) en Colombia. Aunque con el PPT las personas wayuu podrían acogerse a programas sociales, desconocen cómo funcionan; además, en caso de pretender vincularse a un plan, se encuentran con inconvenientes mayúsculos.
“Mujeres y hombres del pueblo wayuu acudieron al Comité después que las EPS los abordaron en Colombia para ofrecerles sus servicios; cuando les solicitaron un documento de identificación para inscribirse, tenían cédula colombiana y venezolana, pero en Colombia fueron registrados con un nombre, y en Venezuela con otro distinto”, explica Sailyn Fernández, comunicadora indígena y miembro del Comité de Derechos Humanos de La Guajira.
El fenómeno del doble registro civil es una de las consecuencias del vacío legal en el que flota la comunidad wayuu. Como Colombia es el destino final de los embarazos de las mujeres indígenas, las niñas y niños son presentados primero ante la registraduría colombiana y, al regresar a Venezuela, sus nacimientos son asentados por segunda ocasión, esta vez en registros civiles venezolanos.
Los pueblos binacionales poseen un doble vínculo jurídico y político con más de un país. En otras palabras, estas poblaciones deberían gozar de los derechos fundamentales de cada Estado y del reconocimiento de la ciudadanía. Debido al doble registro, las personas pueden ser consideradas apátridas, perder oportunidades laborales, y encontrar obstáculos en el acceso a salud y educación. El fin del problema parece lejano, dado que los efectos del doble registro sobre el sentido de pertenencia y la ciudadanía del pueblo Wayuu se transmiten por generaciones.
González afirma que “los wayuu no somos colombianos, ni somos venezolanos, ni somos migrantes. Somos una gran nación Wayuu. Nuestras vidas, nuestras familias pertenecen históricamente a toda esa franja fronteriza”.
Las viviendas de la comunidad wayuu se distribuyen en rancherías, conjuntos de casas rectangulares que comparten un mismo espacio, construidas con una mezcla de barro, heno o caña seca, como la casa de Mirian. Fotografía: Betsabé Molero.
Embarazos y partos en desesperanza
Los sistemas de salud de Colombia y Venezuela, en particular en la región guajira, lidian con la falta de infraestructura y la escasez de personal capacitado. Las mujeres embarazadas del municipio venezolano de Paraguaipoa, una de las rutas centrales que conducen a la frontera internacional, deben gestionar el embarazo en un contexto singular: un especialista en gineco-obstetricia viaja al Hospital II Binacional Dr. José Leonardo Fernández una vez por mes, y lleva a cabo revisiones superficiales, pues en la entidad hospitalaria no practican ecografías. En muchos casos, las madres vuelven a sus hogares sin certezas sobre su propio bienestar, sin escuchar los latidos de sus bebés. De hecho, “cerca del 50 % de las mujeres en los poblados fronterizos no pueden acceder a servicios de salud sexual y reproductiva”, expone la Red de Mujeres Constructoras de Paz.
En un hospital público en Venezuela el precio de una cesárea ronda los 228 dólares, aproximadamente 65 sueldos mínimos, alerta la red venezolana Médicos por la Salud en la Encuesta Nacional de Hospitales de 2024. Debido al desabastecimiento del sistema sanitario público del país, en las salas de maternidad las mujeres reciben una lista de más de 30 insumos para comprar.
En Colombia, la Superintendencia de Salud ha encontrado irregularidades en dos centros médicos, que atienden a una amplia población wayuu. El Hospital San José de Maicao está bajo la intervención forzosa de la autoridad sanitaria a fin de corregir la administración financiera y la prestación del servicio. En el Hospital San Agustín de Fonseca, el Estado descubrió 56 inconsistencias, que evidencian la inestabilidad generalizada de la entidad, donde “no está garantizada la seguridad de las usuarias/os”.
En medio de la precarizada atención en salud, las mujeres wayuu en Colombia se enfrentan a una forma de vulneración que atraviesa sus cuerpos, pero aún no tiene traducción en su lengua: la violencia obstétrica. En la Sentencia T-576 de 2023, la Corte Constitucional colombiana señala que implica “todos los maltratos y abusos que padecen las mujeres durante la prestación de servicios de salud relacionados con el embarazo, parto y posparto”.
La negligencia médica, la represión de emociones y las amenazas o intimidaciones son las principales causas de esta expresión de la violencia basada en género contra las mujeres, reveló un estudio del Movimiento Nacional por la Salud Sexual y Reproductiva en Colombia (Mnssr). Entre 2022 y 2023, el 39,8 % de los partos fueron por cesárea. De ese porcentaje, el 33,1 % de las madres no recibió información ni dio consentimiento para que el procedimiento fuera practicado, agrega el informe.
Damaris Fernández, de 24 años de edad, quien salió de Venezuela en 2021 y reside en Fonseca, relata que fue a su último control al Hospital San Agustín, donde le aseguraron que su bebé tenía un latido anormal y que debían enviarla a otro centro de atención. Al llegar a la entidad hospitalaria de San Juan del Cesar, tras la revisión médica, le dijeron que estaba bien, pero no le permitieron regresar a su casa. Según el personal de salud, solo faltaban nueve días para el parto.
“Me colocaron una pastilla y ni siquiera me explicaron para qué era”, aclara. Más tarde, Damaris comprendería que el medicamento que le suministraron indujo y aceleró sus contracciones. En la sala de espera, su esposo recibió la noticia de que el parto fue natural porque el bebé estaba en la posición correcta. En realidad, a Damaris le efectuaron una cesárea. Entre el dolor y la confusión, recibió maltratos verbales: “Me dijeron que a las venezolanas les gusta parir mucho”.
Damaris tuvo su primera revisión prenatal hasta el quinto mes de gestación, durante las consultas médicas y el nacimiento de Jaiker Darían nunca le brindaron información en wayuunaiki. Fotografía: Betsabé Molero.
Ni Fabiana, ni Luz Eliannys, ni Damaris sabían cómo identificar las conductas denigrantes propias de la violencia obstétrica. La medicalización sin consentimiento informado previo, junto a los señalamientos recibidos por Damaris y Luz Eliannys son violencia obstétrica; la culpabilización y el abandono experimentados por Fabiana en aquella sala de emergencias cuando se encontraba en labor de parto son también expresiones de la violencia obstétrica. Sus miedos, identidad, costumbres y creencias tampoco fueron tomados en cuenta.
La deshumanización de los alumbramientos guarda una relación directa con el desarrollo de la depresión posparto, señala un estudio del Instituto Tecnológico de Antioquía. De hecho, uno de los síntomas principales de este trastorno es la dificultad para vincularse con el bebé. La ausencia de comunicación efectiva del personal médico con Fabiana, al proporcionarle escasa información sobre el estado de salud de su pequeño, anuló la posibilidad de la mujer wayuu de tener el primer contacto piel a piel con el bebé, un momento decisivo para el inicio de la lactancia.
—Mojulawa si jo’ uuchonkai mapa mochoojoo’u nos napaii si jichirraka jaukai. Mapa ainkaa ayuije aapuuwa cáncer junai jichirraka jaukai aneichi mulojouchii aütüma jüchirra niakai jüpala karchiwai. (Eso es malo, porque después el bebé la desconoce y no quiere recibir la teta. Entonces puede causar enfermedad en los senos de la mamá y el bebé no se cría. Debe ser criado con la leche de su mamá para que crezca con fuerza y rápido) —afirma Mirian.
La relevancia de las palabras de la partera wayuu se refleja en la sentencia T-302 de 2017, mediante la cual la Corte Constitucional de Colombia ordenó medidas para proteger la infancia wayuu, y prevenir las muertes de niños y niñas por malnutrición. Tan solo entre enero y noviembre de 2024, 31 infantes murieron en La Guajira. El máximo tribunal reconoce que la desnutrición materna y la falta de acceso a servicios de salud adecuados afectan directamente el bienestar de las madres y, por ende, el de sus hijos.
La consejera venezolana en lactancia, Leimar Carrero, advierte que la lactancia materna es un asunto colectivo, que involucra el acompañamiento informado y empático del personal de salud.
Mujeres binacionales, pedagogía y partería
Para la activista del Movimiento Feminista Niñas y Mujeres Wayuu, Adriana Pushaina, cualquier cambio en la prestación del cuidado sanitario para madres será insuficiente si la discriminación histórica de las indígenas continua, por su género e identidad, y en el caso de las mujeres wayuu de Venezuela por ser consideradas migrantes. El reconocimiento de la binacionalidad y el acceso efectivo a servicios de salud con enfoque intercultural son requisitos claves para garantizar que mujeres, niñas y adolescentes del pueblo Wayuu ejerzan sus derechos plenamente. La articulación de ambos factores es condición sustancial en la prevención de la violencia obstétrica.
Los partos humanizados, dignos y respetados son un derecho de todas las mujeres, y dependen del acceso a educación en materia de derechos sexuales y reproductivos, pero “el orden patriarcal, las leyes jurídicas propias y el abandono institucional en el que deben sobrevivir las mujeres wayuu, anula sus posibilidades de tener autonomía sobre sus propios cuerpos”, argumenta Adriana. Debido a la carga cultural, y el descuido gubernamental, el uso de anticonceptivos y la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia son derechos prohibidos para una parte significativa de las mujeres de esta comunidad indígena: “obligándolas a hacerlo en clandestinidad”.
Los esfuerzos dedicados a la construcción de un futuro justo para el pueblo Wayuu en la frontera entre Colombia y Venezuela exigen también que los procedimientos legales, administrativos y sanitarios, que lo permitan, valoren su idioma mediante la integración de intérpretes en las oficinas de gestión correspondientes, y la disposición de información en lengua wayuunaiki. Del mismo modo, las políticas públicas que acompañen tal propósito, deben considerar su nivel educativo, en muchas ocasiones limitado por el contexto de exclusión y marginación. Así los Estados atenderán sus necesidades y respetarán su autonomía y tradición.
La organización social wayuu es matrilineal, la herencia y el poder se transmiten a través de las mujeres: Annie, con cuatro meses de embarazo, transferirá a su hija la cultura del pueblo Wayuu, tal como lo han hecho sus tawalayuu y antepasadas. Fotografía: Betsabé Molero.
Annie Montero, de 25 años, procedente de Maracaibo, capital del estado Zulia, es un ejemplo del impacto diferenciado que el acceso a procesos de regularización migratoria puede tener en la población. Después de la vinculación laboral de su mamá con una entidad de salud en La Guajira, Annie obtuvo información para recibir el servicio. “Al principio no entendía el proceso, pero mi mamá me ayudó a conseguir el PPT, el Sisbén y la EPS. Cuando estaba embarazada (de su primer hijo) en Valledupar, me buscaban en casa, me llevaban al hospital y me regresaban”, detalla.
De acuerdo con Mirian, la partera es una figura trascendental en los alumbramientos hospitalarios, su acompañamiento representa una lección de sabiduría ancestral sobre los embarazos y nacimientos. “Una mujer embarazada también puede cuidarse a ella misma. Cuando está con la barriga, debe sobarse, pero siempre es bueno tener ayuda porque puede pasar que se muera el bebé”, afirma. No obstante, el desinterés de las nuevas generaciones y la no remuneración de la partería amenazan la permanencia de esta práctica médica tradicional. “Estos conocimientos se van a perder y nadie les dará valor hasta que ya no existan más. Eso me causa rabia porque quisiera ser recordada por esta gran labor”.
La suerte del pueblo Wayuu está íntimamente enlazada con la protección de sus mujeres. Ante las violencias y el olvido, cada parto es un riesgo, y cada nueva vida un milagro de resistencia. Sin políticas destinadas a su resguardo, sus cuerpos resultan territorios de lucha y dolor. Mientras tanto, las mujeres wayuu siguen caminando entre fronteras para no dejar morir la cultura de su pueblo.
Carta desde La Guajira para las tawalayuu (hermanas) del mundo:
Este contenido fue publicado originalmente enRevista Raya. Es uno de los productos periodísticos del programa de becas “Narrar Fronteras”, organizado y desarrollado por la Red de Periodistas Venezolanas (RDPV).
