Tras el devastador doble terremoto de 7.1 y 7.5 ocurrido en Venezuela el 24 de junio de 2026, con epicentro al oeste de Morón, cientos de familias continúan buscando información sobre el paradero de sus seres queridos en los estados más afectados: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua y Carabobo.
Este buscador reúne reportes de personas desaparecidas, localizadas, hospitalizadas y fallecidas, con el objetivo de facilitar el acceso a información actualizada en medio de la emergencia.
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Una iniciativa de la Red de Periodistas Venezolanas y Redsonadoras, realizada por Alejandra Otero, Ámbar Maldonado, Andrea Fajardo, Desire Santander, Diana Cid, Eliana Daza, Elisa Orellana, Felipe Torres, Fiorella Agostini, Gladylis Flores, Gretta Gil, Johanna Osorio, Joshua De Freitas, Lauren Franco, Liliana Rivas, Lucrecia Cisneros Rincón, María Angela Arellano, Omarela Depablos, Valeria Pedicini y un generoso grupo de personas voluntarias.
En los últimos seis meses, al menos seis madres de presos políticos que dedicaron sus últimos días a la defensa de los derechos humanos de sus hijos, han fallecido. Dos madres más murieron poco días después de que sus hijos fuesen excarcelados. Sus historias revelan cómo la presión política también atraviesa y desgasta física, emocional y económicamente a las familias, especialmente a las mujeres que sostienen la búsqueda, el cuidado y la denunciafrente a la ausencia de respuestas del Estado
En Venezuela, la prisión política dejó de ser solo una vulneración de derechos fundamentales y una forma de castigar exclusivamente a quienes permanecen tras las rejas. El castigo se extendió hacia sus familias mediante desapariciones, retrasos judiciales, aislamiento, amenazas, traslados arbitrarios y ausencia deliberada de información oficial.
En ese circuito de desgaste e incertidumbre, al menos ocho madres de presos políticos murieron mientras esperaban la liberación de sus hijos, pocos días después de reencontrarse con ellos o sin haber podido despedirse; seis de ellas, fallecieron en los últimos seis meses.
“El cautiverio político es una forma de violencia estatal que consume la existencia de familias enteras. Las causas de estos decesos, que transitan entre infartos, accidentes cerebrovasculares y complicaciones agudas, son el reflejo clínico de un duelo prolongado, de la vigilia constante ante centros penitenciarios y de la desolación que produce la falta de respuestas oficiales”, asegura la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) en su página web.
Aseguran que la muerte de una madre esperando por la la liberación de su hijo detenido no es un daño colateral sino la prueba de una “falla institucional absoluta”.
Madres, hermanas, hijas, esposas que esperan afuera de las cárceles venezolanas sostienen, día tras día, la búsqueda de justicia de sus presos políticos. Su presencia constante revela el costo humano de la detención prolongada. Fotografía: Gaby Oráa.
Una cadena de muertes atravesadas por la espera
El caso más sonado ha sido el de Carmen Teresa Navas de 81 años, fallecida el 17 de mayo en Caracas, diez días después de enterarse de que su hijo, Víctor Hugo Navas, había muerto meses atrás bajo custodia estatal y había sido sepultado sin notificación familiar en una fosa compartida.
Su hijo fue detenido arbitrariamente a inicios de 2025 y de inmediato fue víctima de desaparición forzosa. Durante 16 meses, Carmen Teresa Navas recorrió instituciones, cárceles, tribunales; exigió respuestas sobre su paradero, pidió una fe de vida y denunció públicamente la desaparición y posterior muerte de su hijo. Su fallecimiento expuso nuevamente el costo extremo de la incertidumbre prolongada y de la carga emocional que deben enfrentar los familiares de personas detenidas por motivos políticos.
El más reciente fallecimiento reportado es el de María Concepción Sánchez, madre del trabajador petrolero y preso político, Joan Enrique Cruz Sánchez, ocurrido el domingo 24 de mayo en San Juan de los Morros, estado Guárico. Diversas organizaciones informaron que la mujer había permanecido hospitalizada tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) el pasado 21 de mayo.
De acuerdo con versiones de su entorno, la crisis de salud se habría desencadenado tres días después de recibir la noticia de que su hijo no fue incluido en una reciente lista de excarcelaciones de trabajadores petroleros, 11 empleados de la refinería de Cardón y otros 16 que trabajaban en Cardón. Fuentes cercanas a la familia indicaron que la información le provocó un fuerte impacto emocional que derivó en el infarto.
Joan Enrique Cruz Sánchez permanece detenido sin sentencia en el marco del caso Pdvsa-Obrero, que agrupa a decenas de trabajadores petroleros desde 2024 y 2025, arrestados en medio de denuncias por supuestas irregularidades y conflictos laborales.
Meses antes, el 27 de enero de 2026, murió también por un accidente cerebrovascular Omaira Navas, madre del periodista Ramón Centeno, apenas 13 días después de su excarcelación.
Centeno permaneció casi cuatro años detenido en una causa cuestionada por organizaciones de derechos humanos y el gremio periodístico. Durante ese tiempo sufrió graves complicaciones de salud, incluida una fractura de cadera no atendida que lo dejó en silla de ruedas al momento de recuperar su libertad.
Su madre se convirtió en una de las voces más activas reclamando medidas humanitarias, atención médica y celeridad judicial. El Colegio Nacional de Periodistas afirmó que Omaira fue la representación de la resiliencia de muchas madres venezolanas que luchan por sus hijos injustamente detenidos.
También en enero falleció Yarelis Salas, de 39 años, tras sufrir un infarto, sin haber visto en libertad a su hijo Kevin Orozco, de 25 años. Orozco había sido detenido bajo cargos de conspiración y menoscabo a la integridad nacional, delitos señalados por organismos internacionales como herramientas de criminalización contra la disidencia.
Salas dedicó sus últimos meses a exigir justicia y participó en vigilias frente al penal de Tocorón, donde estaba recluido su hijo tras las protestas postelectorales de 2024. Kevin fue liberado cinco días después de su muerte. “Ninguna madre debería morir esperando la libertad de su hijo”, expresó la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP).
Otra historia similar fue la de Carmen Dávila, de 90 años, madre del ginecólogo Jorge Yéspica Dávila, fallecida el 20 de enero de 2026. Su hijo estuvo más de un año detenido en Tocorón por acusaciones de incitación al odio. Durante meses, Dávila participó en protestas y campañas públicas denunciando el deterioro físico, aislamiento y presuntas torturas sufridas por el médico en prisión.
Cuando Yéspica fue excarcelado bajo medidas cautelares, Carmen permanecía hospitalizada tras sufrir una crisis hipertensiva. Él logró llegar al centro médico para verla, pero ya estaba inconsciente y entubada. Ella murió dos días después.
En noviembre de 2025 falleció Yenny Barrios, expresa política y paciente oncológica, mientras su hijo Diego Sierralta seguía detenido. Su muerte ocurrió un día después de que organizaciones exigieran urgentemente la liberación de Diego para que pudiera reencontrarse con ella y acompañarla en su estado crítico.
No hubo respuesta oficial.
Barrios había sido detenida arbitrariamente en septiembre de 2024, atravesó quimioterapias y hospitalizaciones durante su proceso judicial y fue excarcelada en diciembre. Su salud se agravó durante ese período. Un mes después, su hijo Diego fue detenido mientras buscaba medicamentos para su tratamiento, en un caso que organizaciones calificaron como represalia política.
“La separación forzada impuesta por un sistema de persecución hace que esta pérdida sea aún más dolorosa”, denunció JEP. La ONG Provea calificó el caso como un acto de trato cruel, inhumano y degradante contra la familia.
Son ellas quienes sostienen la espera. Frente a la incertidumbre, las madres de presos políticos se convierten en el principal sostén de la búsqueda de justicia en Venezuela. Fotografía: Gaby Oráa.
El duelo y la separación forzada
Aunque la mayoría de los casos documentados corresponden a madres que asumieron un rol activo en la denuncia pública, la búsqueda de información y la exigencia de justicia para sus hijos —recorriendo cárceles, tribunales y organismos del Estado—, al menos dos historias evidencian otra dimensión del daño: la de madres de edad avanzada o con condiciones de salud vulnerables cuyo deterioro se profundizó durante el tiempo de separación forzada.
El 19 de marzo murió Yolly Alviarez, once días después de la excarcelación de su hijo, Henry Alviarez, dirigente de Vente Venezuela.
Henry permaneció dos años detenido en El Helicoide y continúa bajo régimen de presentación quincenal. Antes de morir, Yolly fue mencionada públicamente por su hijo como una de sus principales fuentes de fortaleza. “A menudo me preguntan de dónde saco la fuerza para seguir adelante tras los tiempos difíciles. La respuesta está en ellas. En la mirada sabia de mi madre, que me enseñó que la integridad no se negocia”.
A esto se suma María Cristina Evans, madre del politólogo Nicmer Evans, fallecida siete días después de su liberación de la DGCIM en 2020, tras recibir un indulto presidencial, anunciado para 110 dirigentes de oposición, presos políticos y exiliados.
Evans estuvo casi tres meses detenido por instigación al odio, luego de publicar un mensaje en redes sociales. Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas y de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar allanaron su vivienda.
Tras conocer la muerte de Carmen Teresa Navas, recordó a su madre:
“Madre patria Carmen Navas, me negué a verte, porque cada vez que te escuchaba recordaba a mi madre María Cristina, que murió 7 días después de mi salida de la DGCIM en el 2020, ella me esperó, como tú esperaste a Victor. Hoy, con el llanto de un hijo huérfano, me dejas el consuelo de saber que has ido al encuentro de por quien tanto luchaste”.
En estos casos, aunque estas madres no estuvieron necesariamente al frente de protestas o campañas, la angustia prolongada, la incertidumbre sobre el estado de sus hijos y la imposibilidad de compartir con ellos sus últimos meses o años de vida también tuvieron consecuencias devastadoras.
La prisión política no solo interrumpió vínculos familiares esenciales, sino que privó a estas mujeres del acompañamiento, cuidado y cercanía de sus hijos en etapas particularmente frágiles de sus vidas, una pérdida irreparable agravada por decisiones estatales que prolongaron innecesariamente la separación.
Mientras el país sigue su curso, ellas permanecen. Las madres de presos políticos en Venezuela sostienen la espera, el duelo y la exigencia de justicia con una fuerza que no se nombra lo suficiente. Fotografía: Gaby Oráa.
Víctimas secundarias de la prisión política
Según la organización Cepaz, estos casos evidencian el daño acumulativo que enfrentan las mujeres familiares de personas detenidas por motivos políticos.
En Venezuela, madres, esposas, hermanas o hijas suelen asumir la responsabilidad de garantizar alimentación, medicinas, ropa, asistencia legal y seguimiento médico para sus familiares encarcelados, ante la ausencia de garantías básicas dentro de los centros de detención.
Esto, señalan, implica costos profundos: viajes largos, gastos imposibles de sostener, revisiones degradantes, humillaciones, exposición a riesgos y abandono de sus propias rutinas, empleos y cuidados personales.
“El daño que enfrentan es continuo y acumulativo. No es un efecto colateral, sino una extensión directa de la violencia estructural. En un contexto de emergencia humanitaria, esta carga se intensifica”, advierte la organización.
Cepaz identifica a estas mujeres como víctimas secundarias: personas directamente impactadas por la represión estatal, aunque no sean quienes permanecen privadas de libertad. Pero también subraya otro elemento: estas mujeres no solo resisten. Documentan, denuncian, sostienen la memoria y se convierten en actoras fundamentales en la búsqueda de justicia.
“Es por ello que la respuesta debe entender su afectación como víctimas pero también su rol y sus voces en procesos de justicia y transformación”. Organizaciones de derechos humanos han insistido en incorporar atención psicosocial, acompañamiento multidisciplinario y mecanismos de reparación integral para familiares de presos políticos.
El impacto de la prisión política sobre las familias también ha sido estudiado desde el concepto de Sippenhaft, una práctica utilizada por el régimen nazi para perseguir, presionar y castigar a los familiares cercanos de quienes eran considerados opositores.
En el contexto venezolano, esta lógica se ha expresado mediante detenciones de familiares, desapariciones forzadas, amenazas, hostigamiento, aislamiento y torturas psicológicas dirigidas no solo contra quienes son perseguidos políticamente, sino también contra su entorno cercano. Padres, madres, hijos, hermanos, parejas y allegados han sido convertidos en blancos de presión y represalia.
Algunos de los casos más conocidos y documentados de prácticas asociadas al Sippenhaft en Venezuela han sido denunciados por organizaciones como el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU y distintas ONG, al menos, desde las protestas masivas de 2017.
Entre ellos destaca el caso de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, detenida junto a varios miembros de su familia, incluidos su hija, hermanos, exesposo y actual pareja. También el de la periodista Ana Carolina Guaita, arrestada cuando funcionarios no lograron localizar a sus padres; o el de familiares del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa y del dirigente Biagio Pilieri, cuyos allegados también fueron detenidos. Organizaciones han advertido que estas acciones buscan trasladar la presión y el castigo hacia el entorno familiar de personas consideradas opositoras o disidentes.
En vigilia, estas mujeres sostienen la espera por sus familiares presos políticos. Reunidas, convierten la incertidumbre en presencia y la ausencia en una exigencia compartida de justicia. Fotografía: Gaby Oráa.
“Murió de dolor”: el lenguaje colectivo frente a la pérdida
Tras conocerse la muerte de Carmen Teresa Navas, las redes sociales se llenaron de mensajes que repetían una misma idea: “murió de dolor”, “murió de tristeza”, “murió de pena”, “murió con el corazón roto”.
Estas expresiones han sido utilizadas para nombrar el sufrimiento acumulado que han tenido que enfrentar muchas familias de presos políticos en Venezuela, especialmente las mujeres que sostienen la espera, la denuncia y el cuidado cotidiano. Pero también demuestran que hay una percepción colectiva sobre el impacto emocional y físico que puede provocar una búsqueda interminable atravesada por incertidumbre, desgaste y violencia institucional.
Diversos estudios médicos han documentado cómo situaciones de estrés extremo, duelo prolongado e incertidumbre sostenida pueden tener consecuencias físicas severas, especialmente en mujeres mayores o con condiciones de salud preexistentes.
Un aumento repentino y sostenido de hormonas del estrés puede afectar temporalmente el funcionamiento cardíaco y aumentar el riesgo de eventos cardiovasculares, particularmente en mujeres mayores de 50 años, uno de los grupos más vulnerables a esta condición.
Entre estas afecciones se encuentra el llamado síndrome del corazón roto, también conocido como miocardiopatía por estrés o síndrome de Takotsubo: una alteración cardíaca temporal desencadenada frecuentemente por emociones intensas, muerte de un ser querido o pérdidas repentinas, además de situaciones de alta presión psicológica o una discusión acalorada.
“A menudo, un suceso físico o emocional intenso es el que da paso al síndrome del corazón roto. Todo aquello que cause una reacción emocional fuerte puede desencadenar esta afección”, señala un estudio de MayoClinic.
En el contexto venezolano, donde madres, esposas e hijas de presos políticos asumen durante meses o años la carga de sostener alimentación, medicinas, asistencia legal y búsqueda de información en condiciones precarias, el impacto del estrés crónico adquiere una dimensión aún más profunda.
Aunque no existe evidencia para confirmar la relación de estos fallecimientos con el “síndrome del corazón roto”, en varios de los casos documentados, las muertes ocurrieron tras meses o años de presión emocional extrema, deterioro físico, incertidumbre judicial y separación forzada de sus hijos. Incluso, varias de estas mujeres murieron tras cuadros cardiovasculares como accidentes cerebrovasculares, crisis hipertensivas o infartos, en contextos atravesados por largos períodos de angustia, separación forzada, incertidumbre judicial y desgaste físico.
Ese patrón ha llevado a organizaciones de derechos humanos y especialistas a insistir en que el impacto de la prisión política también debe analizarse desde sus consecuencias sobre la salud mental y física de los familiares, ya que puede deteriorar progresivamente la salud física de quienes sostienen la espera.
Recordar quienes son los responsables
Las muertes de Carmen Teresa Navas, Omaira Navas, Yarelis Salas, Carmen Dávila, Yenny Barrios, Yolly Alviarez y María Cristina Evans muestran que la prisión política en Venezuela no es un hecho aislado: sino como parte de una crisis que se extiende más allá de las cárceles y alcanza de forma directa la salud y la vida de quienes esperan afuera. También desgasta, enferma y, en algunos casos, mata a quienes esperan del otro lado de las rejas.
Asimismo, reorganiza violentamente la vida doméstica, profundiza las cargas históricas de cuidado asignadas a las mujeres y deteriora su salud física y mental.
En un comunicado, la organización JEP plantea la necesidad de cambiar la estrategia de documentación y exigencia de justicia frente a casos de presos políticos y sus familias, incorporando la idea de “daño extensivo” o impacto en la salud y vida de los familiares como posible responsabilidad del Estado.
Propone que las organizaciones de derechos humanos amplíen sus registros para incluir el deterioro físico y emocional de los núcleos familiares como parte de las violaciones a la integridad personal, vinculándolos a acciones u omisiones de los entes penitenciarios y judiciales.
También plantea la activación de mecanismos internacionales —como la ONU, la CIDH y la Corte Penal Internacional— para que estos casos sean considerados dentro de posibles patrones sistemáticos de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
Finalmente, enfatiza la necesidad de construir expedientes individuales y promover responsabilidades penales contra funcionarios involucrados en detenciones arbitrarias, dilaciones procesales o incumplimiento de medidas internacionales, subrayando que estas prácticas deben tener consecuencias jurídicas a nivel internacional.
“Hacer memoria por ellas es un acto de resistencia absoluta contra la normalización del horror. Sus nombres ya no pertenecen a la crónica del dolor, sino al altar invisible de la dignidad de todo un país”, cierra el comunicado.
La espera también es una forma de resistencia. Las madres, hijas, esposas, hermanas de presos políticos sostienen la exigencia de justicia frente a un sistema que prolonga la incertidumbre y traslada el peso del castigo a las familias. Fotografía: Gaby Oráa.
Caracas, 31 de marzo de 2025. En el marco del Día Internacional de la Visibilidad Trans, el Observatorio de Violencia LGBTI denuncia la situación de desprotección estructural que enfrentan las personas trans en Venezuela, agravada por el incumplimiento sistemático de la legislación vigente y las omisiones del Estado en materia de derechos humanos
16 años de una promesa incumplida: La Ley Orgánica de Registro Civil
En 2009, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica de Registro Civil, la cual establece en su artículo 146 la posibilidad de realizar cambios o rectificaciones en las actas del Registro Civil por vía administrativa cuando la persona interesada haya cambiado su identidad de género, previa presentación de informes médicos correspondientes.
Este artículo pudo ser la cristalización de un avance significativo para el reconocimiento de la identidad de género de las personas trans en Venezuela. Sin embargo, 16 años después de su promulgación, esta disposición jamás ha sido implementada.
El Estado venezolano nunca desarrolló el reglamento necesario para hacer operativo este artículo, ni estableció los protocolos administrativos correspondientes. Esta omisión deliberada ha dejado a las personas trans en un limbo jurídico, obligándolas a portar documentos de identidad que no reflejan quiénes son, con todas las consecuencias de discriminación, exclusión y violencia que esto conlleva.
Una deuda que se acumula: Omisiones sistemáticas
La falta de implementación del artículo 146 de la Ley Orgánica de Registro Civil no es un hecho aislado, sino parte de un patrón de negligencia estatal que incluye:
Vacío legislativo persistente. A pesar de que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en su artículo 21 el principio de no discriminación, no existe legislación específica que proteja a las personas trans contra crímenes de odio ni que sancione la discriminación por identidad de género.
Exclusión del sistema de salud. Las personas trans carecen de acceso a tratamientos de afirmación de género dentro del sistema público de salud. No existen protocolos de atención integral, y la crisis humanitaria ha profundizado las barreras para acceder a tratamientos hormonales y atención médica especializada.
Ausencia de datos oficiales. El Estado no recopila estadísticas sobre violencia, discriminación, acceso a empleo, educación o salud de la población trans, perpetuando su invisibilización en las políticas públicas.
Impunidad ante crímenes de odio. Los asesinatos y agresiones contra personas trans permanecen en su mayoría impunes, sin que el Estado realice investigaciones adecuadas ni reconozca el componente de odio en estos crímenes.
Recomendaciones internacionales ignoradas
Venezuela ha recibido múltiples recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos, incluyendo el Comité de Derechos Humanos de la ONU, el Examen Periódico Universal (EPU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instando al Estado a adoptar legislación que reconozca la identidad de género, implementar medidas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género, investigar y sancionar los crímenes de odio contra personas LGBTIQ+ y garantizar el acceso a servicios de salud integrales.
Estas recomendaciones han sido sistemáticamente desatendidas por el Estado venezolano.
El costo humano de la negligencia
La falta de reconocimiento legal de la identidad de género tiene consecuencias concretas y devastadoras en la vida cotidiana de las personas trans: exclusión laboral, deserción escolar forzada, negación de servicios de salud, imposibilidad de abrir cuentas bancarias, dificultades para acceder a la vivienda y exposición constante a situaciones de violencia y humillación.
El Día de la Visibilidad Trans representa una oportunidad para visibilizar esta realidad y exigir que el Estado venezolano cumpla con sus obligaciones constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos.
Durante demasiado tiempo nos dijeron que el periodismo debía ser neutral.
Pero lo que llamaron objetividad o neutralidad fue, muchas veces, silencio.
Silencio frente a las violencias. Silencio frente a las desigualdades. Silencio frente a las historias que nunca llegaron a convertirse en noticia. Porque eran vistas como complicadas, muy sensibles, profundas, delicadas de contar, incluso exageradas.
Nos dijeron que había temas más “importantes” y temas “de mujeres”. Nos dijeron que había voces autorizadas y otras que debían esperar turno. Durante demasiado tiempo el mundo fue narrado desde los centros del poder. Y el poder casi siempre tuvo las mismas voces.
Mientras tanto, muchas historias quedaron fuera del relato.
Las de las mujeres. Las de quienes habitan los márgenes. Las de las disidencias. Las de quienes sostienen la vida incluso en medio de la crisis.
Aunque las mujeres somos la mitad de la población mundial, sólo representan el 26% de las personas vistas, escuchadas o mencionadas en las noticias impresas o televisivas; 29% si se trata de sitios web, según el Global Monitoring Project 2025.
¿Cómo entendemos el mundo si las historias de la mitad de su población quedan por fuera? Nombrar esa falla también es un acto político.
Por eso nace Redsonadoras.
Nace como una chispa en medio del silencio. Una llama pequeña, pero obstinada, intensa, minuciosa, rebelde, testaruda.
Porque las historias también pueden encender algo: preguntas, memoria, comunidad, reparación. Y hay llamas que, con la energía suficiente, no se apagan.
Por qué existimos
Redsonadoras nace como un espacio de resistencia narrativa en un contexto donde el silencio ha sido impuesto y la neutralidad ha servido de refugio a la injusticia.
Durante años, muchas historias en Venezuela han sido contadas desde miradas que invisibilizan, simplifican, minimizan o distorsionan las experiencias de las mujeres y de muchas otras identidades.
Las violencias se narran como sucesos aislados, sin contexto o mayor explicación. El dolor se convierte en espectáculo, en puro morbo. Las expertAs —que no son pocas— aparecen menos que los expertOs. Las historias de cuidado o resistencia quedan fuera de la agenda pública.
¿El resultado? Un país contado a medias. Y un país contado a medias entiende mal sus problemas y limita sus posibilidades de cambio.
Redsonadoras nace para combatir ese relato.
Porque contar el mundo desde una perspectiva feminista no es un acto simbólico ni un capricho editorial: es una forma de hacer periodismo más honesto, más riguroso y más justo.
Quiénes somos
Redsonadoras es un medio venezolano abiertamente feminista e interseccional. Pensado, creado y parido por periodistas venezolanas quienes por años querían un lugar donde hacer ese periodismo que siempre habían soñado.
Hoy, 8 de marzo, es un hecho.
No entendemos el feminismo como una sección temática, sino como una forma de mirar el poder, sus silencios y sus desigualdades. Creemos en un periodismo que ensancha la democracia y las conversaciones públicas cuando amplía las voces que cuenta y se detiene a escuchar.
Por eso queremos hacer un periodismo que pone a las personas —sobre todo a las mujeres y diversidades— en el centro, que cuestiona las estructuras de poder, que documente desigualdades, amplifica voces históricamente invisibilizadas y construye memoria colectiva. Queremos contar Venezuela desde otros lugares: desde quienes sostienen la vida, desde quienes enfrentan violencias que rara vez ocupan titulares, desde quienes hacen comunidad incluso en las condiciones más difíciles.
En Redsonadoras queremos demostrar que es posible hacer periodismo riguroso sin ser excluyente, crítico sin ser deshumanizado y comprometido sin renunciar a la verdad porque es una forma de construir y defender la democracia.
Queremos que este espacio sea también una llama compartida: un lugar donde las historias, las preguntas y las resistencias de muchas personas puedan encontrarse, encenderse entre sí y seguir propagándose. Venimos de una red de periodistas que entiende que contar historias no es solo describir el mundo: también es disputar su sentido.
Nuestros principios
(8 principios para el 8 de marzo)
1. La empatía es nuestra brújula Rechazamos la frialdad de la “fuente oficial” como verdad absoluta. Las mujeres son fuentes, protagonistas y creadoras de conocimiento. En este medio, la vivencia de la mujer rural, las personas trans y la joven activista tiene tanto peso como la voz académica. La experiencia de quienes viven las injusticias también es conocimiento.
2. El feminismo es nuestra mirada editorial y práctica diaria No es una sección del medio: la perspectiva de género será transversal, permanente y sistemática. Será nuestra forma de analizar el poder, sus silencios y sus desigualdades, una manera de entender cómo se organizan las sociedades. El periodismo feminista no solo debe explicar el mundo que existe, sino abrir preguntas sobre el mundo que queremos construir.
3. El periodismo debe incomodar al poder Cuando las estructuras de poder —políticas, económicas o culturales— producen desigualdades, el periodismo no puede limitarse a repetir discursos oficiales. Queremos contar historias humanas que interpelan a quienes toman decisiones porque los relatos que importan muchas veces están fuera de los centros de poder.
4. Cuidamos las narrativas Nuestro periodismo va a proteger y no revictimizar. Nos negamos a reproducir la pornografía del dolor o a convertir el sufrimiento en espectáculo. Las historias de violencia merecen contexto, dignidad, respeto y responsabilidad.
5. Creemos en la interseccionalidad y diversidad de voces Las mujeres no somos un grupo homogéneo. Las desigualdades que se cruzan con el territorio, la raza, la clase, la sexualidad, la discapacidad y la migración también importan. Queremos nombrar a todas las personas, sin dejar a nadie por fuera. No hay historias simples.
6. Defendemos el rigor como herramienta política Nuestros datos se verifican, nuestras fuentes se contrastan y nuestras historias se sostienen en evidencia. Vamos a llamar las cosas por su nombre porque las palabras importan y construyen realidades. Las violencias de género no son hechos aislados: son problemas estructurales. No son “crímenes pasionales”, son femicidios.
7. Creemos en el poder de la comunidad Así como el feminismo no se construye en soledad, este medio también se va a construir de la misma manera: en red. En escuchar a nuestra audiencia y estar abiertas a la crítica y al cambio constante.
8. Cuidamos a quienes informan No creemos en el sacrificio periodístico que agota la salud mental. Un medio que no protege la salud mental de sus periodistas no puede pretender cuidar las historias de otras personas. Asimismo, tendremos tolerancia cero con las violencias en nuestros espacios de trabajo.
Encendimos esta llama para contar un país que también nos pertenece. Y para que cada historia que se publique en este nuevo medio resuene como parte de un mismo fuego colectivo.
Génesis, Angely, Betzabé, Ninoska, Ana Cecilia. En cinco días, cinco titulares que repiten un dolor, una herida abierta e impune: el feminicidio como la expresión más extrema de la violencia de género con la que conviven las mujeres, las adolescentes y las niñas cada día, cada hora, cada minuto de sus vidas. Decimos y repetimos como un mantra #NiUnaMenos, pero cada vez es #UnaMás.
El conteo es una punzada diaria que nos quiebra como sociedad, y duele más al saber que solo estamos viendo los casos que llegan a la nota de sucesos en los medios de comunicación. Los familiares se ahogan en exigencias de justicia. Las autoridades van convirtiendo los casos en anécdotas, según se observa en las publicaciones de los entes oficiales con competencia en la materia: el Cicpc y el Ministerio Público, que relatan versiones imprecisas y muchas veces revictimizantes, tal como denunciaron familiares de Génesis Medina, quienes incluso tuvieron que desmentir con los resultados de la autopsia, una versión oficial que mencionaba que la joven estaba embarazada.
En el foro público, cada caso de femicidio es un espejo en el que no queremos vernos como sociedad. Los comentarios en el historial de publicaciones en redes sociales revelan que aún estamos lejos de comprender las raíces profundas y multifactoriales que hacen de los feminicidios una amenaza más letal para las mujeres que cualquier pandemia, virus o guerra.
Los femicidas cumplen con el perfil que las estadísticas ya nos han dibujado: la amenaza está en casa. La mayoría son sus parejas actuales o exparejas o sencillamente hombres cercanos que deciden tomar la vida de una mujer porque el sistema se los permite, porque “tu cuerpo es mío, tu decisión es mía”, porque decir “no quiero” es imposible. Porque quieren y porque pueden.
Los hombres pueden escalar en sus violencias porque el sistema no atiende las alertas. Porque las mujeres y las adolescentes que entran en una relación que se va tornando violenta, aunque hagan todo lo que dice el deber ser, en la realidad tienen que resolver por su cuenta. Las víctimas se van quedando sin alternativas, sin protección, sin mecanismos de denuncia, sin medidas reales que pongan límites a los femicidas.
Y aunque todas estamos a la corta distancia de un noviazgo, una relación de pareja, o incluso a un “no como respuesta” de que nuestro nombre aparezca en el nuevo titular, el mensaje social sigue reiterando que es nuestra culpa, que hicimos algo, que lo merecemos. Por decir que no o por decir que sí. Por denunciar o por callar. Por caminar solas, por ir a la playa o por salir a trabajar. Porque sí. Por ser mujer.
En Venezuela, solo entre la última quincena de julio y los siete primeros días de agosto la cuenta suma 12 mujeres víctimas de femicidio y al menos 61 mujeres más entre enero y mayo de 2025, según el monitoreo realizado por la organización Utopix, un dato que sigue siendo un subregistro, pero que arroja algo de luz dentro de la política de opacidad oficial instaurada por las autoridades gubernamentales, otro elemento que sirve de manto de oscuridad para minimizar la dimensión de los femicidios y hacerlos invisibles. Lo que no se cuenta no existe.
Pero como medios no podemos olvidar que las palabras construyen realidades y sabemos que este problema sí tiene nombre: feminicidio, femicidas, víctimas, sobrevivientes, justicia, impunidad, violencia de género. No hay pasión en el asesinato, no hay locura en el abuso, no hay celos en el maltrato, no hay arrebatos en el crimen.
Cinco días y fueron cinco menos. Sus nombres son más que un registro, más que un titular: son rostros, voces, historias, son el dolor de alguien:
Génesis Gabriela Medina Puertas, de 21 años, San Felipe, estado Yaracuy.
Ninoska Maryelis García Garrido, de 28 años, Puerto Ayacucho, estado Amazonas.
Betzabé Yulimar Díaz González, de 24 años, Mamporal, estado Miranda.
Angely Benavides, de 17 años, Puerto Ordaz, estado Bolívar.
Ana Cecilia Carreazo Briceño, de 18 años de edad, Boca de Uchire, estado Anzoátegui.
Las elecciones realizadas en Venezuela este domingo 25 de mayo para elegir gobernaciones, Asamblea Nacional y Consejos Legislativos es el proceso número 23 desde 1998. Un proceso electoral polémico por tantas razones, que el debate central sobre la paridad y la participación de las mujeres en espacios de toma de decisión se va quedando en la cola, de nuevo y como siempre.
Venezuela no tiene una ley específica de cuota o paridad de género que garantice en la práctica los espacios de participación para las mujeres en la política. En cada elección el Consejo Nacional Electoral (CNE) emite reglamentos sobre el tema y aunque en estos 25 años el porcentaje de participación femenina en contiendas electorales ha aumentado, poder decir que existe algo como la paridad es más retórica que realidad.
El estudio realizado por ONU Mujeres denominado “Mujeres en la política 2020“ ubicaba a Venezuela en el puesto 90 de 190 países en relación al porcentaje de mujeres en el parlamento. La representación de diputadas en la Asamblea Nacional que está por terminar el período 2020-2025, apenas alcanza 22% del total.
Para este proceso que se llevó a cabo el domingo 25 de mayo, en el que se renuevan los cargos en los gobiernos regionales, apenas 19% de las candidaturas son de mujeres, y en 28% de los estados no hay ni una sola mujer inscrita. En el caso de la Asamblea Nacional los partidos tanto de la oposición como del oficialismo pusieron a la mayoría de sus candidatas en puestos alejados de «los salidores». El pacto patriarcal está por encima de las diferencias políticas.
En 2020, el Consejo Nacional Electoral publicó el Proyecto de Composición Paritaria y Alterna para la participación en las elecciones a la Asamblea Nacional 2020. Pero la publicación de este proyecto se hizo a pocos días del inicio de las postulaciones, y a escasos meses para la celebración de las elecciones, contraviniendo el artículo 298 de la Constitución Nacional que prohíbe la modificación de leyes electorales entre el día de la elección y los seis meses anteriores a la misma.
¿Qué plantea la norma? El reglamento promulgado para las elecciones parlamentarias de 2020 establece dos conceptos que son claves: paridad y alternabilidad. “Las postulaciones listas deben realizarse de acuerdo a la composición paritaria y alterna de cincuenta por ciento (50%) para cada género”. Esto quiere decir que las postulaciones deben ser de igual número de mujeres y hombres y de forma combinada uno y uno por cada género.
Pero cinco años después, los números de las candidaturas para los cargos a la Asamblea Nacional de esta elección distan mucho de lo que propone el reglamento. Se registraron 1886 postulaciones en listas y el número de mujeres postuladas fue de 859, es decir apenas alcanzó 46% del total. Además todas las listas nacionales fueron encabezadas por un hombre y las mujeres candidatas fueron ubicadas en los últimos lugares. En siete de las 11 listas nacionales las mujeres quedaron en la segunda mitad de la lista, y por tanto, con poca posibilidad de ser electas.
En la conformación de las postulaciones, cuando se aplica la alternabilidad, esa composición viene con trampita incluida. Por ejemplo: armar una dupla mujer-hombre para que ocupen los cargos de principales y suplentes, en vez de que ambas candidatas sean mujeres.
Cuando la combinación entre candidata principal es para una mujer y su suplente es un hombre, en lugar de ser otra mujer, el cargo queda a expensas de que en caso de ausencia o renuncia, nuevamente esa posición será ocupada por un hombre.
Un ejemplo es lo que ocurrió con las postulaciones presentadas por la alianza de los partidos Un Nuevo Tiempo y Unica en los estados Falcón, Mérida, Sucre y Táchira, donde la misma candidata a gobernadora también está postulada como cabeza de lista regional para la Asamblea Nacional, y sus respectivos suplentes son todos candidatos… masculinos.
A pesar de y no gracias a, el trabajo de las mujeres que hacen política en Venezuela sigue impulsando la posibilidad de tener paridad de género en Venezuela e ir saldando la deuda histórica, que se demuestra en la falta de voluntad política para centrar el debate no solo en legislación específica que garantice este derecho, sino que en realidad las estructuras partidistas cambien internamente para que sea factible que en los consiguientes procesos electorales, las mujeres representen en los espacios de toma de decisión lo que ya se evidencia en las estructuras de organización de base en sectores populares y de movilización: las mujeres hacen política, participan activamente y son mayoría en los liderazgos a toda escala social.
Para poder crecer, alguien tiene que cuidarnos. Sobrevivimos a nuestra infancia y llegamos a la adultez porque alguien nos cuidó en el pasado. Si tenemos alguna condición de salud, podemos sobrellevarla gracias a que alguien nos cuida. Y ese alguien, la mayoría de las veces, es una mujer.
En todo el mundo, 708 millones de mujeres están fuera de la fuerza laboral debido a responsabilidades de cuidado no remuneradas, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En contraste, solo 40 millones de hombres están en una situación similar.
En Venezuela, un análisis publicado en 2024 por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estima que 15,4 millones de personas trabajan en labores de cuidado no remunerado en los hogares del país y, de este total, 10 millones son mujeres. Según el estudio, el 88,7% de las mujeres mayores de 10 años en Venezuela hace trabajo doméstico no remunerado en su hogar o fuera de él. Las mujeres dedican 6 horas y 18 minutos diarios a estas actividades, 75% más tiempo que los hombres.
Quienes ejercen labores de cuidado resuelven las necesidades físicas, psicológicas y emocionales de otras personas. Desde una perspectiva más específica, cuidar implica estar a cargo de otras personas dependientes: niños, niñas, personas con discapacidad, con enfermedades crónicas o personas mayores que no pueden cuidarse por sí mismas, lo que impide que quien cuida pueda trabajar remuneradamente. Las mujeres que se dedican al cuidado contribuyen al desarrollo, pero especialistas destacan que su labor no es reconocida ni recompensada.
Recientemente, el debate sobre el cuidado ha ganado terreno en la agenda global. Aunque ya estaba presente, previamente se referían al cuidado como “trabajo doméstico” o una “doble jornada”, que recaía sobre las mujeres debido a los estereotipos de género y la división sexual del trabajo, asegura Alba Carosio, profesora y coordinadora de la Maestría en Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Para la experta, la pandemia de covid-19 fue el principal evento que potenció el discurso sobre el cuidado al mostrar su relevancia para el sostenimiento de la sociedad.
“Fueron las mujeres en sus casas quienes mantuvieron diversos servicios, tanto los servicios que tienen que ver con la educación, cuando acompañaron a sus hijos con la formación que se hacía online, y luego tomaron muchísimas medidas de salud, de cuidado de la higiene, para minimizar los contagios. El trabajo que se hacía fuera de la casa también entró en la casa, y eso duplicó, triplicó, cuadruplicó el trabajo del hogar, de la limpieza, además de otras medidas más fuertes. Eso hizo evidente la importancia del cuidado en la sociedad. Siempre estuvo ahí, pero con la pandemia se hizo más claro”, explica.
Desde antes de la pandemia, las mujeres en América Latina y el Caribe ya dedicaban el triple de tiempo que los hombres al trabajo de cuidados no remunerado, y la creciente demanda de cuidados agravó su situación, según ONU Mujeres, la entidad de Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer, y Comisión Económica para América Latina (Cepal). Aunque la pandemia impulsó la agenda del cuidado, todavía es una labor invisibilizada. Hacer visibles los cuidados es, precisamente, una de las principales tareas del periodismo y de los medios de comunicación, según Carosio.
“Hay un sinnúmero de tareas que se hacen en una casa, y a veces fuera, porque el cuidado que las mujeres ejercen sobre su familia no es solamente dentro de la casa. Hay un cuidado social que tiene que ver con acompañar al médico, con estar pendiente de todas las indicaciones. Eso se hace tan rutinariamente que no se ve ni se valora. La función de los medios de comunicación es mostrarlo, hacerlo más evidente”, expresa.
Destacar la corresponsabilidad en el cuidado
En el caso de los cuidados directos a personas dependientes en Venezuela, el estudio publicado por el BID indica que el 22,6% de las mujeres provee cuidados directos a niños, personas mayores, personas con discapacidad o enfermedades, una proporción que es casi tres veces mayor a la tasa de participación de los hombres en ese tipo de actividades.
Quienes cuidan a niños, niñas y adolescentes con enfermedades crónicas en el principal hospital pediátrico de Venezuela, el J.M. de los Ríos, son mujeres (98%), según un informe de la organización no gubernamental Prepara Familia publicado en 2023. Ellas se encargan del cuidado físico y emocional de sus hijos, de la higiene, de la gestión de recursos para conseguir medicamentos y muchas veces de sustituir al personal auxiliar de salud, pero no reciben incentivos ni apoyo económico. Tampoco pueden trabajar porque el cuidado absorbe todo su tiempo.
Frente a estas realidades, la labor de los medios va más allá de solo visibilizar las tareas que recaen sobre las mujeres: para la profesora Carosio, también es función del periodismo recordar que el cuidado es un trabajo que debe ser acompañado por toda la sociedad.
“Tiene que haber una corresponsabilidad, tanto de la familia a la que pertenecen el niño o la niña y la mujer, como también de toda la sociedad, porque hay cosas que la sociedad debiera hacer: dar apoyos materiales, hacer más fáciles las tareas. Para eso la humanidad evoluciona, no para que estemos como en una época antigua que había que cargar agua, que había que juntar leña para hacer la comida y los hombres tenían que cazar. Realmente el acompañamiento y el apoyo social son indispensables. Cuando hablamos de corresponsabilidad, hablamos de la familia pero también de la sociedad toda a través de sus instituciones, tanto las públicas como las privadas”, añade la investigadora sobre feminismo e igualdad.
Para la experta, los medios de comunicación pueden mostrar de qué maneras la sociedad puede hacerse corresponsable en las labores de cuidado. Destaca como ejemplo cómo algunos países asignan un ingreso mensual para las mujeres que acompañan a sus hijos, hijas o familiares con enfermedades crónicas y cómo conciben sistemas para aliviar la carga que asumen las mujeres cuidadoras.
“Otro ejemplo es un sistema de apoyo que por lo menos les permita a esas mujeres que están 24 horas al lado de la cama de un niño, o 24 horas llevándolo y trayéndolo del tratamiento, luego encargándose del alimento y de la higiene necesaria para que esos niños sigan viviendo y haciendo diferentes actividades, tener dos o tres veces por semana unos tiempos de descanso, que (quienes son cuidados) quedaran en manos de personas experimentadas que pudieran hacer esa tarea una parte del día para que ellas pudieran descansar”, señala.
Educar desde la perspectiva de género
Hablar de corresponsabilidad significa mostrar cómo los cuidados deben ser compartidos por personas de las familias, las comunidades, las empresas y el Estado: se trata de reconocer, reducir, redistribuir, recompensar y representar el trabajo de cuidados. En el caso del hogar, debe aumentar el trabajo de cuidados por parte de los hombres para que el reparto de las tareas sea equitativo.
“Sin duda también hay que promover la responsabilidad de los padres, porque generalmente quienes cuidan son las mujeres, y muchas de ellas están solas porque ocurre que el padre no se responsabiliza frente a un niño o niña que tiene algún problema. Hay padres que frecuentemente huyen. Socialmente se tiene que entender que eso no es lo correcto y que debe haber alguna sanción moral. Todo eso también es cuestión de educación, y los medios de comunicación son medios que educan. La comunicación tiene también una función educadora”, agrega la profesora Carosio.
Esta función educadora fue reconocida en 1995 con la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, una hoja de ruta acordada por 189 países, durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, para lograr la igualdad de derechos para las mujeres y niñas de todo el mundo. Una de sus áreas de acción trata sobre los medios de difusión, identificados como importantes “medios de educación” capaces de promover una imagen equilibrada y no estereotipada de las mujeres, así como de potenciar su papel en la sociedad.
Para alcanzar ese último objetivo, la Declaración de Beijing exhorta a los medios a introducir la perspectiva de género en todas las cuestiones de interés para la sociedad y a “fomentar la participación en pie de igualdad en las responsabilidades familiares”, mediante campañas que hagan hincapié en la igualdad de género y en la exclusión de los estereotipos basados en el género de los papeles que desempeñan las mujeres y los hombres dentro de la familia.
Treinta años después de la Declaración de Beijing, surgen nuevos desafíos: la violencia en línea contra las mujeres crece mientras la inteligencia artificial generativa populariza estereotipos discriminatorios, según un análisis de ONU Mujeres. Pero los medios siguen teniendo un papel crucial ante viejos y nuevos retos para construir un mundo más justo.
“Si queremos hacer una sociedad más justa, más humana, donde todas y todos cumplamos con nuestras responsabilidades y las compartamos con otros y otras, deben disminuir y desaparecer los estereotipos de género, que hacen que los hombres se comporten de una manera, a veces poco afectiva, y las mujeres al contrario. Cuando no puede cumplir los estándares exigentísimos que la sociedad le impone a una madre o una mujer, ella luego se siente culpable. Hay estándares de belleza y hay estándares de comportamiento. En seguida si un niño se porta mal o tiene problemas, culpan a la madre. Pero hay un cúmulo de personas que educan, no solamente las madres”, afirma la profesora Alba Carosio.
“Hay mucho que los medios de comunicación pueden hacer en materia comunicativa, que en realidad es educativa, porque los medios modelan conductas y pueden incluso, con el tiempo, no de inmediato, cambiarlas, transformarlas. Ojalá sea para mejor, para una sociedad más justa”.
La Red de Periodistas Venezolanas realizó la gira Género En Foco Universitario, una serie de talleres destinados a sensibilizar sobre la importancia de incorporar la perspectiva de género en el periodismo local y promover la formación desde las aulas. Esta gira recorrió tres ciudades del país: Puerto Ordaz, Caracas y Maracaibo, entre el 24 de febrero y el 10 de marzo de 2025.
El primer taller se celebró en Puerto Ordaz, en la Universidad Católica Andrés Bello núcleo Guayana, el 24 de febrero. Allí, Valeria Pedicini y Gabriela Rojas, impulsoras de la Red de Periodistas Venezolanas, estuvieron a cargo de la actividad para compartir su experiencia personal y profesional sobre la necesidad de encontrar espacios de formación en las universidades que desde antes del ejercicio profesional promuevan en los y las estudiantes, un periodismo más equitativo.
“La gente agradece mucho que nos hayamos tomado el tiempo para hablar de estos temas. A pesar de que los encuentros en línea ayudan un montón, nada se compara con la presencialidad. No hay nada como eso”, expresó Pedicini.
El evento en Puerto Ordaz se realizó en alianza con la Escuela de Comunicación Social de la UCAB Guayana y su directora, María de los Ángeles Ramírez, como parte de un ciclo de talleres intersemestrales. Además, contó con la participación de integrantes de la Cátedra Libre Teresa de la Parra, un espacio de investigación académica sobre género, lo que permitió ampliar el debate más allá del ámbito periodístico.
Para Pedicini, el mayor valor de estos encuentros fue descentralizar la formación en periodismo con perspectiva de género. “Si ya de por sí todo lo relacionado con formaciones e incluso oportunidades laborales se centra en Caracas, que podamos ir hasta las regiones, a estas ciudades, a dar talleres en universidades donde sabemos que hay un vacío de formación en temas de género, es súper importante. Yo creo que eso fue lo más valioso”, concluyó.
El siguiente taller tuvo lugar en Caracas, en la Universidad Central de Venezuela, el 26 de febrero. En esta oportunidad, las panelistas explicaron que el periodismo con enfoque de género busca cuestionar las prácticas tradicionales que perpetúan las desigualdades y promover una cobertura más equitativa.
Gabriela Rojas explicó que uno de los principales sesgos sexistas en la cobertura mediática se encuentra en el uso del lenguaje, ya que en muchas ocasiones, refuerza estereotipos y perpetúa la invisibilización de las mujeres.
“El uso del masculino genérico para referirse a ambos géneros es una práctica común que excluye a las mujeres, generando una percepción de que su presencia es secundaria o irrelevante. Además, el empleo de términos despectivos o sexualizados para describir a las mujeres refuerza estereotipos que las reducen a su apariencia o a su rol tradicional en la sociedad, mientras que sus logros y capacidades suelen quedar relegados a un segundo plano. En este sentido, la omisión de las mujeres en las narrativas informativas es otra forma de sesgo que contribuye a su invisibilización”, sostuvo en su intervención.
El enfoque de género también prioriza la protección y el bienestar de quienes comparten sus historias, al evitar la revictimización y narrar los acontecimientos con sensibilidad, para minimizar cualquier posible daño psicológico o emocional a las personas involucradas.
“Este periodismo no deja a nadie por fuera y reconoce el poder de la palabra en la construcción de realidades. Nombrar a todas las personas y grupos es un acto de reconocimiento y visibilización, fundamental para una comunicación más equitativa”, resaltó Rojas.
Pedicini resaltó el interés genuino que despertó el taller entre los asistentes. “Cuando salimos del taller, mucha gente se nos acercó para preguntar sobre la Red, sobre qué hacíamos. También nos hicieron comentarios como: ‘¡Qué fino que hagan esto!’, ‘¡Qué importante!’. Y eso nos pareció excelente, porque no solo fueron a escuchar la charla y ya, sino que la gente se nos acercó, interesada en la información y en lo que hacemos”, añadió.
La gira culminó en Maracaibo, en la Universidad Rafael Belloso Chacín (URBE), el 10 de marzo. En esta ciudad, Wendy Racines y Francis Peña, también impulsoras de la RPV, fueron las encargadas de moderar los talleres.
Francis Peña destacó que uno de los aspectos fundamentales del periodismo con enfoque de género es que no necesita una sección específica para abordar temas relacionados con las mujeres, de hecho, la inclusión es transversal, permanente y sistemática en todos los contenidos y discusiones que se generan.
A su criterio, no se trata de cubrir exclusivamente “temas de mujeres”, sino de aplicar una perspectiva de género en todas las áreas del periodismo, para que la equidad sea un principio rector en la producción de noticias.
Para finalizar, se llevó a cabo un panel de preguntas y respuestas con Rosmina Suárez y María José Túa, dos miembras locales de la RPV. Durante la sesión, Suárez dijo que en la Red encontró “su tribu, su manada”, y compartió su experiencia como beneficiaria de las becas de producción de la Red y su trabajo en el ámbito del periodismo con enfoque feminista.
El programa Narrar Fronteras de la Red de Periodistas Venezolanas llegó a su fin con la publicación de cuatro investigaciones periodísticas, resultado de la formación de periodistas especializadas en temas fronterizos y de derechos humanos, con enfoque de género.
A través de siete sesiones de formación, se abordó la cobertura de migración hasta la perspectiva de género con el foco puesto en la vida de las fronteras, además de abordar temas cruciales como el tráfico de personas, el acceso a derechos en zonas fronterizas y la seguridad integral para los y las periodistas que cubren estos contextos.
De las 40 personas interesadas en participar en el programa, 31 obtuvieron su certificado de participación tras cumplir con los requisitos del programa. Ocho de estas participantes, además, fueron beneficiadas con acompañamiento editorial para desarrollar proyectos periodísticos colaborativos, los cuales se centraron en temas cruciales sobre la realidad fronteriza.
Durante el proceso de formación, las participantes no solo adquirieron nuevas herramientas y conocimientos, sino que también formaron una comunidad comprometida que sigue creciendo. A través de la construcción de alianzas con otras organizaciones, se organizaron dos forochats adicionales para reforzar la interacción y el aprendizaje compartido, abordando temas como el storytelling creativo junto a La República TV y la seguridad digital para periodistas con RedesAyuda.
Los cuatro trabajos periodísticos finales fueron:
“En Güiria la mar deja cicatrices: historias de las que se fueron y las que se quedaron”, un reportaje multimedia que narra las historias de migración forzada y tráfico de personas de mujeres que intentaban migrar desde Güiria, Venezuela, hacia Trinidad y Tobago. Las autoras, Nairobi Rodríguez y Danielly Rodríguez, se centraron en detalles de las vidas de Unyerlin, Dielimar y Fiannelys, tres venezolanas que desaparecieron en el mar, y la de sus familias, que siguen imaginando cómo sería la vida con ellas.
“Enfermedades de transmisión sexual: asesinas silenciosas en el territorio wayuu”, este podcast producido por Ana Karolina Mendoza y Sailyn Fernández profundiza en la problemática de las enfermedades de transmisión sexual entre las comunidades wayuu, y cómo la desinformación, el temor a la estigmatización y los tabúes culturales son las principales brechas para prevenir y paliar las ETS en la frontera colombo-venezolana.
Otro tema que se enfoca en las comunidades indígenas fue “Mujeres wayuu enfrentan violencia obstétrica y exclusión en la frontera colombo-venezolana”, un reportaje multimedia que examina cómo las mujeres wayuu enfrentan la violencia obstétrica y la exclusión en el acceso a la atención médica, las barreras culturales, legales y estructurales que dificultan el ejercicio pleno de sus derechos en la movilidad binacional de Colombia y Venezuela. Las autoras Betsabé Molero, María Fernanda Padilla y Génesis Daniela Prada contaron la historia de Fabiana y otras mujeres wayuu, quienes diariamente sortean bloqueos, trochas peligrosas y violencia obstétrica, mientras son tratadas como migrantes irregulares, negándoseles su identidad ancestral.
Y el cuarto trabajo realizado como parte de las becas fue “Que aparezca mi muchacho”, a través de un podcast, la investigación de Kaoru Yonekura y Walter Molina documenta la desaparición de migrantes venezolanos, en medio de las dificultades propias de la migración y el tráfico de personas en la región fronteriza. A lo largo de los capítulos, cuentan lo que ocurre en las trochas y las duras realidades que enfrentan quienes huyen en busca de un futuro mejor.
Todas estas investigaciones están disponibles en la página web www.redsonadoras.com.
Creada por La Red de Periodistas Venezolanas (RDPV) a mediados de 2024, Redsonadoras.com emerge como una comunidad digital dedicada a la difusión de contenidos, historias e iniciativas que resuenen como un grito colectivo para impulsar el periodismo feminista en el país y la región.
Con una línea editorial independiente, este espacio se centra en la promoción del periodismo con perspectiva de género y una visión transversal de la inclusión. Este medio ofrece un espacio seguro donde las mujeres de todas las comunidades y colectivos sociales pueden informarse y expresarse, con contenidos creados con respeto, ética y sensibilidad social.
Desafíos y logros de mujeres y periodistas
Redsonadoras.com se reconoce también como divulgadora del activismo en derechos humanos y defensora de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes. La plataforma publica una variedad de contenidos, incluyendo aprendizajes clave de las formaciones ofrecidas por la RDPV, productos de programas de becas, y artículos de otros medios aliados. Estas notas y reportajes se enfocan en los desafíos y logros de las mujeres y periodistas venezolanas.
Ante un panorama mediático donde muchos medios tradicionales en Venezuela continúan cosificando y descalificando a las mujeres, Redsonadoras.com demuestra que es posible adoptar un periodismo más respetuoso, empático y riguroso en la cobertura de situaciones que afectan a la mitad de la población mundial.
El objetivo a largo plazo de esta plataforma es consolidarse como el principal medio feminista en Venezuela, lograr alcance nacional e internacional y ampliar la resonancia de la labor de las periodistas venezolanas y latinoamericanas al tejer nuevas redes sororas y significativas en la región.
Cuatro fructíferos años de la RDPV
Desde su fundación en junio de 2020, la RDPV ha crecido para incluir a más de 260 mujeres periodistas que trabajan en diversos medios y organizaciones. La Red fue impulsada inicialmente por María Laura Chang y Estefanía Reyes, quienes convocaron a colegas y amigas para crear un espacio de conexión y colaboración en medio de la pandemia.
Entre sus iniciativas más destacadas se encuentra el Informe sobre Acoso Sexual contra periodistas en Venezuela, que visibilizó una problemática silenciada. En sus hallazgos se expuso una realidad conocida por muchas personas de los medios, pero que permanecía en la sombra, queriendo normalizarse para comodidad de los agresores.
El Bootcamp “Género en Foco” fue otro proyecto clave, proporcionando un espacio para el debate y aprendizaje sobre temas urgentes como el antirracismo, las crisis ambientales y los derechos humanos. Este evento presencial en Caracas combinó sesiones in situ y virtuales para maximizar su alcance y efectividad, al incluir a la mayoría de las miembras de la RDPV.
La campaña #LasPalabrasImportan, en colaboración con la Agencia de las Naciones Unidas para la Salud Sexual y Reproductiva en Venezuela y al Fondo para la Población de Naciones Unidas (UNFPA), se dedicó al activismo para erradicar la violencia contra la mujer.
Desarrollada en un marco de 16 días de activismo en redes sociales, esta campaña se enfoca en sensibilizar sobre la importancia del lenguaje y la forma en que se informa sobre la violencia de género.
Programas de Becas “Redsonadoras” y “Narrar Fronteras”
Además, los programas de becas como “Redsonadoras” y “Narrar Fronteras“, con convocatorias abiertas y sesiones de formación, han apoyado la producción de contenidos periodísticos que abordan temas de justicia de género, diversidad e inclusión, así como las complejas realidades de las zonas fronterizas.
Estos programas han proporcionado financiamiento y formación a periodistas y activistas, fortaleciendo la cobertura de temas cruciales en regiones marginalizadas.
La RDPV continúa su compromiso de transformar el periodismo venezolano, mostrando que es posible un enfoque más respetuoso y empático hacia las mujeres en los medios, y aspirando a consolidarse como referencia de periodismo feminista en Venezuela.
Crisleida Porras, periodista y editora de Redsonadoras.com, representó a la RDPV en el curso “Narrativas que tejen igualdad: Género, medios y periodismo” organizado por UNFPA en Venezuela. Tras detallar los objetivos de la Red y los proyectos realizados, resaltó que “este no es solo un recuento de metas alcanzadas. Al presentarles esta iniciativa hoy, queremos invitar a las participantes de este taller a inspirarse y hacer realidad sus proyectos periodísticos”.
Añadió que lograr estas metas implica grandes sacrificios personales y profesionales, así como enfrentar desafíos particulares del contexto que significa hacer periodismo independiente en Venezuela. Pero no por ello es imposible y la RDPV existe como prueba irrefutable.
