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El liderazgo femenino se abre paso en las elecciones de la Universidad de Los Andes

Aunque históricamente Venezuela ha registrado una baja representación política femenina, las actuales planchas de la Universidad de Los Andes reflejan otra realidad. De cara a las elecciones de cogobierno y gobierno universitario, pautadas para el 7 de octubre y el 11 de noviembre de 2026, las estadísticas revelan que, si bien persiste una brecha de participación entre hombres y mujeres, en este nuevo proceso democrático el liderazgo femenino se hace notar.

Los datos de la Comisión Electoral de la ULA sobre las planchas de cogobierno muestran un panorama de contrastes. En los máximos órganos de decisión, la presencia masculina sigue siendo mayor. Por ejemplo, en el Consejo Universitario, de 96 candidaturas inscritas, 68 son hombres y solo 28 son mujeres; es decir, siete de cada diez candidatos son hombres. Esta tendencia se mantiene en los Consejos de Facultad, donde ellos lideran con 133 postulaciones frente a 114 de mujeres.

Sin embargo, en los Consejos de Escuela la balanza se invierte: la presencia femenina asume el liderazgo con 102 candidaturas frente a 97 masculinas. Esto está fuertemente marcado por las áreas de estudio; mientras que en Artes y Educación dominan las candidaturas de mujeres, en Ciencias Económicas y de la Salud existe un balance casi paritario entre ellos y ellas, dejando a las Ingenierías como el espacio donde predominan las postulaciones de hombres.

Esto se agudiza al observar los cargos de gobierno universitario, donde la representación femenina es mínima. De un total de 51 postulaciones para las máximas autoridades, solo 13 corresponden a mujeres frente a 38 hombres. Esta brecha de género se evidencia claramente, pues apenas hay una candidata para el rectorado y dos para el vicerrectorado académico, mientras que las listas para los decanatos de las distintas facultades están dominadas casi en su totalidad por figuras masculinas. 

Los nombres detrás de las cifras

Detrás de los números hay nombres y trayectorias. ULA Mujer conversó con seis mujeres cuyas candidaturas emergen para debatir los espacios de decisión en la Universidad de Los Andes. Por autoridades rectorales y decanales se encuentran Laura Luciani Toro, candidata al Vicerrectorado Administrativo, y Raiza Madriz, quien aspira al Decanato de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas (FACIJUP).

A su vez, la lucha por transformar el cogobierno universitario cuenta con los liderazgos de María Eugenia Noguera (Facultad de Medicina), María Alejandra La Cruz y Maribel Valero (Facultad de Ciencias), todas ellas candidatas al Consejo Universitario. Por su parte, Linda Bustillos, quien busca un puesto en el Consejo de FACIJUP. Juntas dan un panorama sobre las próximas elecciones universitarias.

A pesar de los distintos cargos y facultades, a las seis candidatas las el sentido de pertenencia hacia la ULA. «La universidad siempre ha sido mi hogar», manifiesta Madriz, quien desde el 2001 ha estado en los espacios de la universidad. 

Ese mismo sentido de pertenencia es lo que las impulsó a dar el salto de los pasillos académicos a las planchas electorales. Entienden que el afecto por la institución debe traducirse en gestión y toma de decisiones. Para Linda Bustillos, esta decisión responde a un motivo claro: «Fortalecer la institucionalidad y consolidar espacios para el debate».

Pero el camino no está libre de obstáculos. Noguera, Madriz y Luciani coinciden en que han enfrentado cuestionamientos a sus postulaciones, pero han sabido superarlos con rigor académico. «La política universitaria no está exenta de los sesgos que existen en la sociedad», asegura Noguera. 

«Ser mujer en proceso electoral implica estar expuesta a cualquier cantidad de atropellos y abusos», enfatiza Laura Luciani, quien hace 18 años también fue candidata al vicerrectorado administrativo. 

En la otra cara de la moneda, las candidatas Bustillos, Lacruz y Valero aseguran no haber experimentado dificultades asociadas a su género durante el desarrollo de sus candidaturas. Esto demuestra que los desafíos electorales para las mujeres no son uniformes y pueden variar significativamente dependiendo del entorno o cargo.

Decidir para alcanzar una universidad más inclusiva

Superar los cuestionamientos es apenas el medio para alcanzar un fin mayor: la toma de decisiones institucionales. Las diversas propuestas de las candidatas contemplan la mejora de la Universidad de Los Andes de forma integral, con proyectos diseñados para impactar a todos los ulandinos: estudiantes, profesores, personal administrativo y obreros.

En este sentido, la candidata al Consejo Universitario, Maribel Valero, señala que el eje central de su campaña «es la representación gremial técnica y transparente», otorgando prioridad a la salud, la familia, la carrera docente y las alternativas de financiamiento. Con esta visión de eficiencia coincide María Alejandra Lacruz, cuya propuesta para el mismo Consejo está enfocada en «una construcción de mapas de capacidades para optimizar la infraestructura y el talento humano».

Por otra parte, Laura Luciani destaca que es fundamental gerenciar por y para los universitarios y trabajadores, prestando especial atención a las personas con condiciones especiales y a quienes atraviesan conflictos emocionales. «Desde el Vicerrectorado Administrativo yo puedo contribuir con el desarrollo de la Universidad de Los Andes», expresó Luciani.

Esta necesidad de transformación también se respira en las facultades. Desde su aspiración al Consejo de Facultad en FACIJUP, Linda Bustillos plantea como prioridad el «fortalecimiento, la excelencia académica y la dinamización de la investigación en las tres escuelas que integran la Facultad». En esa misma línea, Raiza Madriz advierte desde su candidatura al Decanato que es urgente un cambio en todos los niveles para actualizar el currículo y devolver a la ULA su sitio como una de las mejores universidades del mundo.

Finalmente, desde la Facultad de Medicina, María Eugenia Noguera resume esta visión, apostando desde el Consejo Universitario por la construcción de una «ULA sostenible, humana e inclusiva».

Si bien cada candidata tiene puntos de vista distintos, todas tienen una meta en común: construir una universidad equitativa y segura. La salud mental y la perspectiva de género ocupan un lugar central en sus candidaturas. En este sentido, coinciden en que se debe prestar especial atención al reforzamiento de los programas de atención psicoterapéutica y a la consolidación del Reglamento Interno de la Universidad de Los Andes para la Prevención y Atención en Casos de Violencia Basada en Género Contra las Mujeres o en Casos de Discriminación.

Comunidad ulandina vuelve a elegir después de 18 años

Tras 18 años sin poder renovar autoridades por impedimentos gubernamentales, se espera que las elecciones del 7 de octubre y el 11 de noviembre transcurran con total tranquilidad. «Estas elecciones representan la oportunidad de consolidar el esfuerzo institucional que ha mantenido en pie a la ULA y dar un paso a la modernización», manifestó Valero. Además, la candidata destacó que la Universidad de Los Andes no está comenzando de cero en este proceso electoral: «Partimos del trabajo, la resistencia y el compromiso con nuestra universidad». 

Las seis candidatas extienden una invitación a la comunidad femenina ulandina para que participe activamente en la vida política universitaria. María Eugenia Noguera afirma que «no hay un momento perfecto. Su voz, su experiencia y su manera de liderar son necesarias hoy en día». A este llamado se suma María Alejandra La Cruz, quien insta a las mujeres a confiar plenamente en sus capacidades para asumir estos espacios. 

Detrás de cada candidata que hoy invita a otras a dar un paso al frente, se encuentran referentes de lucha e inspiración. Asumir el reto de liderar los espacios universitarios requiere de espejos donde mirarse y, al evaluar el camino recorrido, las candidatas afirman que son las estudiantes, investigadoras, profesoras y trabajadoras quienes sostienen día a día la academia y el entramado comunitario, las que motivan la continuidad de este liderazgo transformador.

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Construir memoria es un trabajo colectivo

Desde las escuelas de Historia y Sociología de la Universidad Central de Venezuela se abrieron espacios para reconstruir y documentar testimonios de personas que participaron en labores de rescate tras los terremotos, y otras que diseñaron iniciativas de ayuda

¿Cómo construir memoria colectiva? ¿Cómo sostener la solidaridad y la cooperación tras los terremotos del 24 de junio?

Con esas preguntas en mente, un grupo de profesores de las escuelas de Historia y Sociología, y el equipo de la Dirección de Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela (UCV), se juntaron para materializar una iniciativa que les permitiera reconstruir testimonios, documentar voces y rostros para configurar, poco a poco, un archivo de la solidaridad. 

La tarde del 29 de julio, en la placita techada del Reloj de la UCV, se reunieron estudiantes, profesores, la comunidad universitaria, personas de la sociedad civil y rescatistas para escuchar, de primera mano, testimonios de personas que participaron en labores de rescate y diseñaron iniciativas de ayuda durante la emergencia. 

“Hay que construir memoria, porque no solo tenemos que edificar espacios físicos, también tenemos que edificar la cultura de la solidaridad y de instituciones que nos protejan”, dice la psicóloga social Chelina Sepúlveda, profesora de la Escuela de Sociología de la Central.

A partir de ese primer encuentro, que se llamó “Testimonios de la solidaridad”, comenzaron a sistematizar registros audiovisuales de las historias y los testimonios en un canal de YouTube que está abierto al público. La profesora Sepúlveda enfatiza que la reconstrucción de la memoria es una labor colectiva, no es solamente una tarea de historiadores, sociólogos y personas académicas. La memoria implica un trabajo con actores sociales e instituciones, para construir un conocimiento compartido sobre lo que pasó, y que pueda ser transmitido a las siguientes generaciones. 

Escuchar todas las voces 

Durante el evento, hubo una veintena de testimonios, en su mayoría de hombres rescatistas que narraron sus experiencias en las labores de ayuda y recolección de insumos. 

Yefferson Torres, ingeniero y miembro del grupo de rescate “Los Morrones”, mostró un álbum de fotos que encontró en La Guaira, entre los escombros de los edificios que se cayeron. Lo pasó entre los asistentes, que fueron viendo cada una de las imágenes: un grupo de personas riendo en la playa; unas niñas jugando en la arena; una pareja que se besa; unos amigos brindan con cerveza. ¿Quiénes son? ¿Fueron rescatados durante la emergencia? Torres enfatizó que guardar esas fotografías también es una forma de preservar la memoria.

Mientras que Suhey Ochoa, activista del voluntariado “Pan y Rosas”, habló de una iniciativa para la recolección de kits de higiene menstrual. “Como parte de este voluntariado hemos visitado refugios para entregar los kits, y hemos visto que las mujeres son quienes están al frente: sostienen el día a día, la cotidianidad; la comida que llega la distribuyen de forma equitativa”, dijo.

Por su parte, Narwin Gil contó su experiencia preparando sopas para los más vulnerables en La Guaira. 

Otro de los rescatistas explicó cómo las mujeres eran las que organizaban la gestión de las labores de rescate en las comunidades más afectadas y administraban los recursos. Para la profesora Sepúlveda, este liderazgo no es al azar: tiene que ver con el conocimiento que tienen las mujeres de la realidad de sus localidades.

Sin embargo, aunque la invitación al evento fue pública, no eran ellas quienes estaban allí contando sus vivencias. ¿Por qué? La profesora considera que uno de los retos es incorporar más voces de mujeres que están en el terreno, y que son parte fundamental de la respuesta colectiva. “Generar espacios donde estos testimonios también resuenen, en condiciones de igualdad, tal y como se expresan en los lugares afectados. Cuando visitamos las comunidades afectadas, por ejemplo, son las mujeres quienes asumen la construcción de redes de apoyo”. 

Un archivo que sirva para el futuro 

A los profesores que se han unido a esta iniciativa los motivó que la universidad haya tenido un papel importante en cuanto a la ayuda y la asistencia humanitaria, en la dotación de insumos, recursos técnicos y sanitarios. La Plaza del Rectorado de la UCV llegó a reunir a más de mil voluntarios dedicados a labores de rescate y recolección de insumos los días posteriores al doblete sísmico. 

“Sentíamos que faltaba un aporte desde las ciencias sociales y desde las humanidades, que tenía que ver con cómo construimos un conocimiento de lo que ha pasado y de sus efectos sociales”, explica Sepúlveda.

En contextos de desastres socionaturales, como el doblete sísmico, el rol de la academia está asociado a la producción de recursos técnicos para abordar la emergencia y contribuir a salvar vidas, y al conocimiento para analizar y ponderar el impacto. Es decir, para debatir los temas que generan incertidumbre: qué pasó y qué va a pasar. Pero también para ponerse al servicio de la reconstrucción. 

“Más allá de la idea del voluntariado y la ayuda humanitaria, la solidaridad es un principio de relacionamiento social. Es la esperanza convertida en acción colectiva a través de la articulación de voluntades y saberes”, considera Sepúlveda.

Hacer memoria y reconstruir un archivo es parte de esa tarea. En esta iniciativa, liderada por la Escuela de Historia, también se están vinculando periodistas y personas que han participado en los procesos de documentación tras los sismos. “Es un esfuerzo que debe ir más allá de la universidad. Hacer memoria es un trabajo colectivo”, reitera la profesora. 

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“Nos vemos mañana a las 9”: cómo estudiantes de la UCV abrieron el principal centro de acopio tras los terremotos

Tras el doblete sísmico del 24 de junio, estudiantes, profesores, trabajadores y egresados de la UCV convirtieron la Plaza del Rectorado en un centro de acopio que llegó a reunir a más de 1.000 voluntarios en una sola mañana. Lo que comenzó como una respuesta improvisada ante la emergencia se transformó en una red de ayuda, rescate y distribución de insumos hacia las zonas más afectadas. Casi dos meses después, cuando las donaciones han disminuido y las necesidades de la emergencia persisten, los estudiantes intentan convertir esa movilización espontánea en una respuesta sostenible

Faltaban apenas 16 días para las elecciones universitarias. El 24 de junio de 2026, aunque era feriado nacional, estudiantes de los distintos movimientos políticos de la Universidad Central de Venezuela (UCV) estaban en el campus de Ciudad Universitaria con un solo objetivo: terminar de preparar los materiales para la campaña electoral. Cuando se disponían a tomar las fotos oficiales de cada candidato, pasadas las 6:00 p.m., la tierra se empezó a sacudir. 

Minutos antes habían bajado de lo más alto del edificio de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, una decisión que agradecieron porque sintieron menos angustia durante los dos terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5, que ocurrieron cuando ya estaban en los espacios abiertos de la universidad. Superado el susto, los actuales miembros de la Federación de Centros Universitarios (FCU) de la UCV y los nuevos candidatos y candidatas comenzaron a recorrer la universidad en busca de daños. 

Evaluaron visualmente cada edificación. Encontraron un muro caído en el Decanato de Ingeniería, daños en la Plaza Cubierta, grietas en las paredes de Bioanálisis y afectación en el propio edificio de la FCU. Entonces, decidieron ir hasta el Hospital Universitario de Caracas (HUC, Clínico), donde ya los pacientes, como los primeros reportes de la situación en la capital, empezaban a llegar. 

“En la noche fuimos al Clínico y vimos que estaban desalojando a los pacientes. Lo que hicimos fue acompañar a los familiares y personas que estaban llegando al hospital porque ya sabíamos de las evacuaciones y del colapso del edificio Rita, en San Bernardino, y el Petunia, en Los Palos Grandes”, recuerda Miguelangel Borsegui, secretario de Relaciones Internacionales de la FCU. 

Poco después, se trasladaron hasta la sede de los Bomberos de la UCV. Allí registraron las primeras necesidades: faltaba combustible para la ambulancia y para un jeep, carecían de suficientes guantes y tapabocas, de agua, comida y otros insumos. Entonces pusieron dinero de sus propios bolsillos y canalizaron una primera donación. Todavía no dimensionaban la magnitud del desastre. No tenían buena comunicación. 

Cuatro horas después de los sismos, cuando los mensajes finalmente empezaron a llegar, confirmaron que varios edificios se habían desplomado en La Guaira. Ahí decidieron que lo más importante para el día siguiente era abrir un centro de acopio, una medida que habían aplicado en el pasado como agrupación: para ayudar a familiares de presos políticos a inicios de 2026, por ejemplo, o para responder al deslave de Las Tejerías de 2022 (bajo la gestión anterior).

En esta oportunidad, empezar a recibir insumos y donaciones desde el 25 de junio para ayudar a las personas de la comunidad universitaria, y a todas las personas afectadas por los terremotos, lucía para ellos como lo más importante. 

“El sentimiento de todos, al realmente dimensionar lo que estaba pasando, fue ‘¿qué vamos a hacer?’. Siempre desde el primer momento pensamos en cómo íbamos a contribuir a esto”, asegura Alejandra Zamora, actual presidenta del Centro de Estudiantes de la Escuela de Comunicación Social. “Dijimos ‘nos vemos mañana a las 8-9 de la mañana’”.

David Campobasso, secretario de Cultura de la FCU, explica que los integrantes de la agrupación que estaban en la universidad se juntaron para grabar un video que publicaron casi a las 11:00 p.m. del 24 de junio en redes sociales. En él, llamaban a la población a acudir al día siguiente a la Plaza del Rectorado con donativos como agua potable, linternas, alimentos no perecederos, insumos médicos, medicamentos y baterías portátiles. 

A las 8:00 a.m. del 25 de junio, llegaron con tres toldos negros que instalaron frente al edificio de la FCU para arrancar la jornada una hora después. La respuesta a esa primera convocatoria todavía no los deja de asombrar. 

“Así como no dimensionamos todo el daño que había ocurrido tras el terremoto, la respuesta de la comunidad universitaria fue sorprendente. Llegamos a tener más de 1.000 voluntarios en una mañana. La gente se agrupaba para descargar donaciones, clasificarlas y organizarlas en espacios. Así empezaron a llegar más ayudas”, añade Borsegui. 

Durante las primeras horas, estudiantes, profesores, voluntarios, egresados, personal obrero y empresas privadas llegaron a la Plaza del Rectorado a ayudar. Cada vez más personas seguían sumándose. Pudieron contabilizar más de 100 motorizados estacionados en la UCV esperando instrucciones para trasladar la ayuda hasta las zonas más afectadas de La Guaira.

“Casi todos los caraqueños vinieron a este centro de acopio y lo volvieron suyo. No teníamos pensado que sería un centro tan grande como se convirtió. La misma gente confió en la universidad, confió en los estudiantes, confió en lo que significa la UCV para venir para acá a entregar desde una harina pan hasta descargar una gandola entera desde el Táchira o Ciudad Guayana”, destaca Campobasso.

La Plaza del Rectorado se llenó de botellas de agua, papel, medicamentos, alimentos no perecederos, pañales, ropa, artículos de higiene personal, alimentos para mascotas y herramientas. Algunos momentos fueron de caos y desorden. Al principio, todos hacían “de todo”, hasta que fueron identificando sus fortalezas y ubicándose en los roles donde tenían mejor desempeño. Todos coinciden que ha sido una experiencia de ensayo y error. Las diferencias políticas también quedaron a un lado. 

“Estábamos en plena campaña, pero desde el primer momento eso pasó a segundo plano. Lo más importante era contribuir. Si tú tienes un carro y yo tengo los insumos, cargamos y nos vamos. Fue bonito ver que más allá de los intereses políticos, lo que nos sigue uniendo es apoyar a esa persona que se quedó sin casa, que tiene a un familiar hospitalizado o que todavía no consigue a sus familiares”, agrega Alejandra Zamora, quien solo alcanzaba a dormir tres horas esos primeros días. “A veces hay inconvenientes, pero llegamos a un punto medio porque esto es más grande que cualquier aspiración política”. 

Recibieron camiones desde estados como Mérida, Táchira y Zulia y desde países como Brasil y Colombia. Transcurridos los primeros días, surgió la necesidad de crear una sala situacional, mediante una mesa técnica que instalaron con el Rectorado. Debían garantizar que los insumos llegaran a donde más los necesitaban y que la ayuda se sistematizara de mejor manera. Que se levantara información en el terreno y que la implementación se hiciera con apoyo de profesionales, como trabajadores sociales.

Poco a poco empezaron a llegar herramientas y materiales necesarios para la búsqueda de personas: guantes, palas, picos, cascos, mascarillas y lentes de seguridad. Estudiantes de distintas escuelas, miembros del club de rugby e incluso personas externas a la comunidad universitaria se organizaron para bajar a La Guaira a ayudar. Así nacieron brigadas de rescate y apoyo voluntario, como la “Brigada de Respuesta Inmediata ATUN” o la brigada “Pico y Pala”, la cual estableció un centro de acopio en una cancha en Los Chaguaramos. 

Los insumos médicos que recibían en la Plaza del Rectorado eran resguardados en una oficina que “quedó pequeña”, cuenta Andrea Coppola, estudiante de Medicina que apoya en la coordinación y entrega de donaciones. Tras conversaciones entre la Federación y el Decanato de la Facultad de Medicina, lograron organizar todas las medicinas e insumos médicos en el Instituto de Medicina Tropical (IMT), con el apoyo de su directora, la doctora Belkisyole Alarcón de Noya. 

“Después del 24 de junio simplemente vine a la UCV. Me preguntaron ‘¿qué vas a hacer?’ y dije que quería estar donde estuvieran los medicamentos. Al IMT llegó una carga gigante. Yo no conocía a nadie de aquí ni de Medicina. Vine, entramos y empezamos a agarrar medicamentos y a clasificarlos. Luego nos fuimos conociendo y compenetrando poco a poco. Ahora nos conocemos todos los de Medicina con los de Farmacia, conocemos a la Dirección del Instituto y hay un respeto y un cariño mutuo”, relata Luis Ramos, estudiante de cuarto año de Farmacia. 

Ahora este trabajo se movió a la Facultad de Farmacia. Quienes hayan sido afectados por la emergencia, sean voluntarios, personal universitario, de cuerpos de rescate o familiares que necesiten un medicamento o insumo médico, pueden acercarse hasta ese edificio de lunes a sábado. Allí indican lo que necesitan, los estudiantes procesan la solicitud, organizan las medicinas o insumos en cajas y aprueban la entrega.

“Hacen falta vitaminas, antidiarreicos, antieméticos, antiparasitarios. Con la falta de agua y las comidas que a veces quedan mucho tiempo al sol, se ha vuelto necesario. También solicitamos ivermectina y jabones para la dermatitis”, agrega Coppola, quien baja con regularidad a La Guaira. 

Un mes y tres semanas después de los terremotos, las donaciones han bajado tanto en la Plaza del Rectorado como en Medicina Tropical. El gran volumen de donativos de los primeros días ya no está. Los estudiantes, conscientes de las distintas fases de la emergencia, saben que las necesidades no se acaban después de 30 días. Mientras evalúan cómo reorganizar los centros de acopio para que la ayuda sea sostenible, siguen llamando a las personas a donar.

“Todos nos alegramos cuando llega una donación porque sabemos que eso nos va a permitir seguir ayudando. Entendiendo que es una situación terrible, este ha sido un espacio de encuentro, de reflexión, de compartir, de llevar ese luto también porque muchas personas acá han perdido seres queridos, familia, amigos, casas. Hoy el gran rol que tenemos desde este centro de acopio es transformar la ayuda para que podamos seguir siendo útiles”, dice Borsegui. 

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Terremotos y gobernanza: por qué necesitamos una perspectiva de género en las crisis acumuladas de Venezuela

Como una de las casi 8 millones de personas que integramos la diáspora venezolana, la noticia de los dos terremotos que sacudieron al país el 24 de junio me tomó por sorpresa. Ambos superaron la magnitud 7 en la escala de Richter y ocurrieron con apenas 39 segundos de diferencia.

Aunque las y los venezolanos estamos acostumbrados a navegar entre series de noticias impactantes —incluyendo intervenciones extranjeras, protestas masivas y violencia política, a la par de la severa precariedad cotidiana que afronta la mayor parte de la población—, casi nadie se esperaba estos sismos. No hubo ninguna alerta o advertencia pública sobre la probabilidad de que un desastre de esta magnitud azotara al país en el corto plazo.

Tras pasar las primeras horas comunicándome con familiares y amistades para asegurarme de que estuvieran a salvo, la investigadora y activista feminista que hay dentro de mí entró en acción. Comencé a dialogar con otras feministas venezolanas que se encontraban en el territorio, buscando formas de apoyar su trabajo mientras trataba de comprender la situación: ¿cuántas personas resultaron afectadas?, ¿qué sistemas existen para brindar apoyo tanto a quienes eran rescatados como a quienes realizaban los rescates?

Estas preguntas no surgieron de la nada. Mi investigación ‘Embodying the Cost of a Predatory State: Depletion via Social Reproduction in Venezuela’s Crisis (2013–2021)’, en coautoría con Antulio Rosales, explora la emergencia humanitaria compleja que se ha venido desarrollando en Venezuela desde hace más de una década. La capacidad del Estado se encuentra  profundamente limitada; a modo de ejemplo, Caracas, la capital apenas dispone de entre 2 y 12 ambulancias públicas activas por día, de acuerdo con la fuente que se consulte.

El deterioro institucional resulta innegable y ha impactado de manera desproporcionada a las mujeres y las niñas, quienes tradicionalmente asumen la tarea de sostener un sistema de cuidados en ruinas. Si a esto le sumamos el impacto de un desastre de aparición súbita como un terremoto, el resultado es una tormenta perfecta de necesidades crecientes e interconectadas, acompañadas de riesgos diferenciados por género. 11 de los 23 estados del país sufrieron afectaciones a causa de los sismos, siendo el estado La Guaira, partes del estado Miranda y de la capital, Caracas, las zonas más golpeadas.

Al 20 de julio, las cifras oficiales contabilizan 5.398 personas fallecidas y 16.740 heridas. OCHA estima que 23.820 personas se encuentran en albergues y prevé que 1,3 millones de personas necesitarán algún tipo de asistencia en los próximos seis meses.

Sin embargo, no existen datos desagregados por sexo y género ni información disponible, o cuando menos es sumamente limitada, sobre las necesidades en materia de Derechos y la Salud Sexual y Reproductiva (DSSR) o sobre la Violencia Basada en Género (VBG) en el marco de esta nueva emergencia humanitaria.

Una crisis humanitaria preexistente con profundas implicaciones de género

La compleja crisis humanitaria que enfrenta el país desde hace más de una década es el resultado de la interacción entre políticas gubernamentales insostenibles y la mala gestión de la industria petrolera.

Las limitadas capacidades institucionales del Estado se han redirigido al control de la población y a la represión de la disidencia. Esta violencia estatal se evidencia, por ejemplo, en que las muertes de civiles a manos de la policía se multiplicaron por siete entre 2010 y 2018, proceso que ocurrió en paralelo al dramático deterioro de los servicios públicos y del acceso a los alimentos.

En este contexto, aproximadamente 7,9 millones de personas han abandonado el país, la mayoría a partir de 2018, y han llegado a sus destinos con diversos grados de necesidad de protección internacional. A todo esto se suma que, en enero de 2026, el gobierno estadounidense llevó a cabo una intervención militar en Venezuela y detuvo al entonces presidente, Nicolás Maduro, otorgando su respaldo a la vicepresidenta Delcy Rodríguez e inaugurando una nueva era de tutela estadounidense sobre el país.

La prolongada crisis humanitaria que precedió a los terremotos tiene impactos significativos diferenciados de género. Es alarmante que Venezuela registre la segunda tasa de mortalidad materna más alta de América Latina y el Caribe, con 227 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. También, el acceso a métodos anticonceptivos se encuentra crónicamente limitado debido, entre otros factores, a su escasez y a la imposibilidad de costearlos. El aborto continúa penalizado en la mayoría de los casos, bajo una de las legislaciones más restrictivas de la región.

De igual manera, el profundo deterioro de los servicios públicos incrementó la carga de trabajo de cuidados no remunerados que recae sobre las mujeres y las niñas, especialmente sobre aquellas en situación de pobreza. Esto se traduce en una drástica caída de la participación laboral femenina, la cual en 2015 se redujo al 39%.

La necesidad de una perspectiva de género ante una crisis de aparición súbita y una crisis humanitaria compleja 

Históricamente, la división sexual del trabajo ha situado a las mujeres venezolanas en el centro de la labor comunitaria. Durante décadas, múltiples gobiernos venezolanos se han apoyado en el trabajo no remunerado de las mujeres en las bases sociales para acceder a sus comunidades e, incluso, para implementar políticas públicas.

El profundo deterioro de la capacidad estatal de la última década agravó esta dependencia excesiva del trabajo no remunerado de mujeres y niñas; una dinámica que hoy también se reproduce en la respuesta humanitaria a la crisis prolongada. Incluso antes de los terremotos, las mujeres ya venían asumiendo la mayor parte de la distribución de ayuda humanitaria, facilitando el acceso a las comunidades y gestionando, dentro de lo posible, la atención a sus necesidades.

Tras los sismos y en las primeras 72 horas de funcionamiento de los albergues para personas desplazadas, Tinta Violeta identificó 22 casos de violencia sexual. Este dato resalta la urgencia de garantizar condiciones de mayor seguridad y protección, especialmente para las mujeres, las infancias y las adolescencias, que constituyen los grupos poblaciones con mayor riesgo. Esto incluye, entre otras medidas, acceso a agua corriente y a servicios sanitarios seguros y privados, acceso sostenido a productos de higiene menstrual y la promoción de espacios de convivencia pacífica y segura.

Las respuestas humanitarias deben orientarse a prevenir la mortalidad, la morbilidad y la discapacidad en las poblaciones afectadas por crisis, integrando plenamente los DSSR. UNFPA estima que 36.700 mujeres embarazadas resultaron afectadas por los terremotos, incluyendo aproximadamente 4.000 que se esperaba dieran a luz en el mes siguiente. Así mismo, OCHA reporta que 154 mujeres en albergues temporales recibieron atención prenatal, pero no hace mención de ningún parto transcurrido un mes desde los sismos. Resulta evidente y preocupante que existe una desconexión  entre las necesidades identificadas al inicio de la emergencia y la atención obstétrica reportada. 

En este contexto, y dada la alta tasa de mortalidad materna preexistente en el país, resulta imperativo asegurar un acceso suficiente, sostenido y consensuado a opciones anticonceptivas; así como controles prenatales rigurosos; espacios de parto accesibles, seguros e higiénicos que cuenten con personal de salud capacitado para atender a quienes se encuentran tanto dentro como fuera de los albergues temporales.

Una crisis humanitaria crítica con importantes desafíos de gobernanza

La complejidad de cualquier crisis humanitaria a gran escala tiende a agravar los desafíos al funcionamiento de todo sistema de gobernanza, exponiendo la fragilidad preexistente de las instituciones. Estos desafíos se ven exacerbados en gobiernos autoritarios que operan bajo la tutela de potencias extranjeras.

Múltiples reportes periodísticos dan cuenta de una respuesta estatal tardía, con demoras en la llegada a las zonas críticas y una capacidad de despliegue sumamente limitada. A más de un mes de los sismos, cientos de familias continúan buscando a sus seres queridos sin saber si sobrevivieron ni cuál es su paradero, mientras que el sistema de información pública no registra ninguna actualización desde el 2 de julio. Aun cuando no existen datos oficiales sobre las personas desaparecidas, la iniciativa de la sociedad civil Desaparecidos Terremoto Venezuela estima que hay más de 29.000 personas en esta situación.

Al momento de redactar este artículo, existen 107 albergues temporales distribuidos en cinco estados. La gestión de estos espacios ha sido asignada a distintos ministerios del gobierno, independientemente de sus áreas de competencia. El acceso de la sociedad civil a los albergues es limitado y está supeditado a la aprobación del ministerio a cargo de cada uno. UNFPA, por ejemplo, brindó apoyo en materia de DSSR a tan solo cuatro albergues (de los 107 habilitados) durante el primer mes posterior a los terremotos, lo que evidencia el alcance limitado de los enfoques específicos en el área. Esta estrategia fragmentada restringe la rendición de cuentas y obstaculiza la posibilidad de abordar cuestiones urgentes, como la VBG y las necesidades de DSSR, en todas las dimensiones de la respuesta humanitaria.

Fortalecer la respuesta a la VBG y a las necesidades en materia de DSSR

El hecho de que Venezuela esté enfrentando una emergencia humanitaria de aparición súbita superpuesta a una crisis prolongada preexistente plantea desafíos específicos. La colaboración con organizaciones de la sociedad civil ya existentes, cuya experiencia técnica en VBG y DSSR es fundamental, resulta esencial para la seguridad y supervivencia de las mujeres y niñas desplazadas por esta crisis.

Al mismo tiempo, estas organizaciones enfrentan desafíos estructurales. En primer lugar, se encuentran sometidas a una demanda extrema, dado que ya estaban en la primera línea de respuesta ante las consecuencias de la emergencia humanitaria crónica. En segundo lugar, al igual que todas las organizaciones no gubernamentales, operan en un contexto de restricción en el que la libertad de asociación se encuentra en riesgo.

En términos estadísticos, Venezuela ya era un lugar peligroso para dar a luz desde antes de los terremotos. Este hecho por sí solo debería situar las necesidades en materia de DSSR en primer plano. Un enfoque fragmentado, con un alcance limitado en los albergues y basado en intervenciones esporádicas, no será suficiente para hacer frente a los enormes retos que se avecinan.

En última instancia, los DSSR no deben ser un componente accesorio de los esfuerzos de reconstrucción, sino una prioridad en su núcleo central.

‘Earthquakes and governance: why we need a gender lens in Venezuela’s compounding crises’ fue publicado originalmente en inglés en ODI.org el 4 de agosto 2026. Disponible en: https://odi.org/en/insights/earthquakes-governance-gender-lens-venezuela-compounding-crises/

Maikelis Bandres, mujer embarazada que vive en un campamento solidario en la Av. Bolivar post el terremoto del 24 de junio, resultando con graves daños el edificio de la mision vivienda donde vivía.

Gestar y maternar en el desastre: ¿cómo vivieron las embarazadas los terremotos?

Según estimaciones del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), más de 36 mil embarazadas resultaron directamente afectadas por los terremotos que golpearon a Venezuela el 24 de junio. Hoy enfrentan desplazamiento forzado, estrés agudo y la frustración por lo perdido, a lo que se suma la afectación de la salud mental y el enorme desafío de empezar de cero con un recién nacido en brazos

El doble terremoto coincidió con las últimas semanas de gestación de Maikelis Bandres. Cuando vio que cedieron las paredes de su apartamento en el primer piso del urbanismo OPPPE 16, en la Av. Bolívar, pensó en saltar por la ventana. “Si yo me lanzo de aquí, me voy a morir, pero si me quedo aquí también me voy a morir”, pensó. Como pudo, bajó por las escaleras, pero el temblor la tumbó al piso. El dolor, sin embargo, llegó una vez la tierra dejó de moverse. “Por la caída y el susto, sentía como si el bebé se me impulsaba hacia abajo”, recuerda.

Hoy, con fecha de parto prevista para agosto, Maikelis pasa sus días en un campamento instalado en el estacionamiento del Museo Cruz-Diez, donde enfrenta la angustia de no tener un espacio seguro a dónde llevar a su recién nacido. La idea de que ocurra otro sismo la mantiene tensa. Y a eso se suma el cansancio por dormir en el piso. Confiesa que, con este embarazo cruzado por el desastre, se ha sentido “como en coma”, por lo que pasa la mayor parte del día acostada en la carpa.

“A veces me pongo a llorar, porque quién se iba a imaginar que esto iba a pasar. Ya estoy a punto de dar a luz y ¿a dónde me voy a ir? Ahorita están recuperando las viviendas, pero no es lo mismo. Yo sí quiero irme por no estar aquí. Quiero estar acostada en mi cuarto, con mis cosas, pero me da miedo”, cuenta.

Maikelis Bandres, mujer embarazada que vive en un campamento solidario en la Av. Bolivar post el terremoto del 24 de junio, resultando con graves daños el edificio de la mision vivienda donde vivía. Foto: Redsonadoras/ Mairet Chourio.

Así como Maikelis, unas 36.700 mujeres embarazadas resultaron directamente afectadas por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron Venezuela hace ya un mes, y al menos 4.000 darían a luz en las semanas inmediatas a la catástrofe, según estimaciones del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

Para las embarazadas que están en campamentos o permanecen en zonas aisladas sin acceso inmediato a consultas, la educación sobre los signos de complicación es vital. Desde la Asociación Civil de Planificación Familiar (Plafam), advierten que la presencia de sangrado vaginal, pérdida de líquido amniótico, disminución drástica o ausencia de movimientos del bebé, las contracciones dolorosas o los síntomas de preeclampsia —como dolor de cabeza persistente, visión borrosa, zumbidos e hinchazón repentina— exigen evaluación médica inmediata.

Maikelis Bandres, mujer embarazada que vive en un campamento solidario en la Av. Bolivar post el terremoto del 24 de junio, resultando con graves daños el edificio de la mision vivienda donde vivía. Foto: Redsonadoras/ Mairet Chourio.

Parir lejos de casa

La Guaira fue el estado más golpeado por el doblete sísmico. La devastación en el litoral central fue tal que agencias internacionales como la OCHA confirmaron el desplazamiento de cientos de familias hacia otras regiones del país. Ese fue el caso de Selena Corea, quien dejó su casa en Playa Grande para refugiarse en Falcón, con sus suegros.

Ante el colapso de los centros de salud, permanecer en La Guaira no era una opción viable. “En mis últimos controles se me ha dicho que yo voy a ser cesárea, porque la bebé viene muy grande. Entonces, los quirófanos no van a prestar la atención que requiero“, explica.

La preocupación de Selena no es infundada. De acuerdo con UNFPA, 38 centros sanitarios quedaron dañados, “lo que limita considerablemente el acceso a servicios esenciales de salud materna para mujeres y recién nacidos”. Igualmente, la ONU reportó que los terremotos llevaron al límite a los hospitales de La Guaira, donde faltan camas, suministros y personal, por lo que fueron instalados hospitales de campaña para atender a los afectados.

En su nuevo hogar, Selena intenta mantener un “autocontrol constante” para que su hijo pequeño no la vea ansiosa y que el miedo tampoco impacte en su embarazo. Emilio Altahona, obstetra ginecólogo de Plafam, explica que la descarga constante de cortisol y adrenalina puede desencadenar picos de presión arterial —aumentando el riesgo de preeclampsia—, provocar contracciones prematuras o alterar el patrón de movimiento del bebé dentro del vientre.

Desde que ocurrió el terremoto, el doctor Altahona cuenta que ha detectado entre sus pacientes un aumento de hipertensión, hemorragias del primer, segundo y tercer trimestre, y cuadros de estrés agudo con episodios de insomnio.

Selena Corea vivía en el sector Playa Grande, en La Guaira. El edificio al lado de su casa se derrumbó. Aunque su vivienda quedó en pie, no sabe cuándo volverá a habitarla. Foto: Redsonadoras/ Mairet Chourio.

Esa alteración provocada por la angustia la vivió Katherin Landazabal. Con la urgencia del sismo, “a mí se me olvidó la barriga, a mí se me olvidó todo. No sentía nada”, relata. Pasó la noche en una montaña por la alerta de tsunami y, a la mañana siguiente, con las piernas raspadas, el abdomen prensado y sin sentir a su bebé, tuvo que manejar desde el sector Caribe, en La Guaira, hasta Los Teques para ponerse a salvo en casa de sus padres.

Instalada en Miranda, las secuelas físicas y emocionales persisten: “No duermo. Estoy ida. Con cualquier nervio que me da, el bebé se mueve mucho. Me dicen que es normal, pero no es normal para mí. Tengo que tener mucha calma por mi esposo y por mi otro niño, pero es el estrés de que ya no tengo la casa, el estrés de adaptarme aquí y de que el bebé tiene que estar sano”, confiesa.

Katherin Landazabal, mujer embarazada que vivía en La Guaira y tras los terremotos ocurridos el 24 de junio, se mudó con su esposo e hijo a la casa de sus padres en Los Teques. Foto: Redsonadoras/ Mairet Chourio.

Ese desplazamiento no solo interrumpió sus controles y canceló el parto que tenía planificado en Macuto, sino que la dejó sin la vivienda en la que había invertido todos sus ahorros y sin los insumos que ya tenía listos para la llegada de su bebé, Noah.

Reponer lo perdido no luce fácil. El esposo de Katherin se fracturó el talón y sufrió lesiones significativas en la columna durante el terremoto, por lo que le espera una larga rehabilitación. Ella tampoco podrá trabajar por el reposo postparto. E incluso cuando ambos se recuperen, el futuro laboral es incierto: vivían de volar parapente en La Guaira.

“No sé cuánto tiempo nos quedaremos aquí, si en algún momento vamos a volver a La Guaira. Tengo la casa, pero qué hago yo con la casa. No me la puedo traer y llevármela a otro lado. ¿La vendo? ¿La vendo en qué? Todo lo que invertí ahí, no me lo va a pagar nadie. Nadie quiere saber nada de La Guaira y eso me deprime más, porque ¿con quién queda uno? ¿Con quién cuenta uno?”.

Katherin Landazabal, mujer embarazada que vivía en La Guaira y tras los terremotos ocurridos el 24 de junio, se mudó con su esposo e hijo a la casa de sus padres en Los Teques. Foto: Redsonadoras/ Mairet Chourio.

Ante la urgencia de empezar de cero, una amiga le abrió una campaña en GoFundMe con la meta de costear los gastos médicos e intentar reconstruir un nuevo espacio para cuidar al recién nacido.

Redefinir el hogar

El “nido” de Victoria Romero también desapareció con el terremoto. Su apartamento en La Guaira quedó para demolición y, con él, se perdió el patrimonio que planificó durante años junto a su esposo, además de su récord médico y las cosas que había reunido para su bebé, Carlotta.

En Valencia, no solo enfrenta las secuelas que dejó el sismo en su sistema nervioso, sino también el reto de encontrar un centro médico de confianza para atender la recta final de su gestación. Probó suerte en el Hospital Central de San Diego, pero el personal la asustó más de lo que la aliviaron. “No tenían los equipos para la frecuencia cardíaca ni nada. De hecho, hasta sentí que tuve violencia obstétrica allí porque me hicieron estudios que yo no quería, citología y esas cosas. Yo dije que no quería hacerme esos exámenes y ellas prácticamente me obligaron”, señala.

Como trabajadora humanitaria, Victoria está más acostumbrada a brindar apoyo que a recibirlo. Asumir la vulnerabilidad fue un choque interno e incluso recibir los donativos le generó sentimientos encontrados. “Yo me sentía molesta porque no fueron las cosas que nosotros como padres elegimos. Pero es ahora lo que nos toca”, dice. Pudo recuperar algunas de las pertenencias de Carlotta porque le pagó a alguien para que entrara a lo que quedó de su edificio, sin importar si le desvalijaban el departamento.

Hoy recauda fondos en GoFundMe para cubrir gastos médicos, alquiler, enseres básicos y cualquier otro imprevisto. “Una de las cosas que más me duele es que mi esposo y yo hicimos un plan: compramos nuestra casa, nos casamos y ahí fue donde empezamos a buscar a la bebé. Dijimos que para nosotros casarnos pues teníamos que tener algo de nosotros para poder dárselo a la bebé. Estamos bajo un techo y gracias a Dios estamos vivos, pero nuestro plan de que Carlotta naciera en una casa de ella no está ya”, confiesa.

Pese al duelo y la incertidumbre por el futuro, agradece tener un lugar donde resguardarse y empezar a construir el espacio de Carlotta, combinando lo que logró rescatar con el apoyo recibido. Aceptar esa ayuda le ha dado estabilidad y le dejó una certeza final: “una lección que aprendimos en todo esto, mi familia y yo, es que el hogar se construye con las personas que lo habitan”.

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La dignidad del adiós: la lucha por rescatar a sus seres queridos después de los terremotos

A más de un mes de los terremotos en Venezuela, vecinos de La Guaira continúan entre los escombros para rescatar y reconocer a sus seres queridos, a las víctimas fatales del desastre. La sociedad civil  exige transparencia a la administración pública para proteger la dignidad de los venezolanos en las actividades forenses

En una iglesia incompleta en Caraballeda, más de 122 vecinos de La Guaira se reunieron para velar a sus familiares. Ese 15 de julio honraron la memoria de 88 personas que fallecieron tras los terremotos del pasado 24 de junio de 2026. 

El sol ya se ocultaba, pero su luz entraba sin problemas: la extensión de la iglesia Nuestra Señora de La Candelaria aún no tiene paredes. El templo lleva más de 10 años en construcción. 

Entre los pilares y las columnas de concreto había 20 urnas con las cenizas de madres, de hijas, de esposos… Esas personas que hoy representan las 5.546 víctimas fatales que el gobierno venezolano ha reconocido hasta el 24 de julio.

Desde ese entonces la administración pública lleva 7 días sin actualizar la cifra.

Interior de la iglesia Nuestra Señora de La Candelaria, en Caraballeda. La mayoría de los feligreses que velan por sus familiares son mujeres. Foto: Redsonadoras/ Adrián Naranjo.

Diomar Fajardo (44), una agente de atención al cliente del salón VIP del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, fue una de las 105 mujeres que asistió a la eucaristía ese día. Ella no duda que la cifra de fallecidos seguirá creciendo. 

Cada día ella se sienta en esa iglesia para velar a los más de 20 nombres que cambian diariamente desde los seísmos. Por ahora vive en la iglesia, buscando almohadas y sábanas para que otros vecinos que duermen allí, como ella, descansen mejor.

Ese 15 de julio por fin pudo velar a su esposo: Adelso Abadía (45), despachador de vuelos de Rutaca Airlines. Su urna y su foto estaban acompañadas por sus vecinos. 

—Es en la fe donde he podido sobrellevar el reencuentro con mi esposo, y todo lo que eso conlleva. 

Repitió (y repetirá) que las autoridades tardaron 19 días para sacar a Adelso de los escombros del edificio Aguamarina, en Caraballeda.

Según el gerente de seguridad de los cementerios del municipio Libertador, Emilio Rivas, los familiares de las víctimas mortales de los terremotos del pasado 24 de junio optan por el servicio de cremación, que es gratuito en el Cementerio General del Oeste, en Caracas. Luego, las familias regresan a La Guaira para continuar el proceso del duelo. Foto: Redsonadoras/ Adrián Naranjo.

El derecho al duelo

Horas antes de esa misa, a las 02:00 p.m., un par de militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) botaron dos cruces de madera que Diomar y su suegro, Antonio, habían montado para honrar la memoria de Adelso. Las tiraron junto a los escombros del edificio Aguamarina, detrás de una pared del estacionamiento, donde nadie las vería con facilidad.

Los militares estaban acompañados por otros 20 funcionarios. Le dijeron a Diomar y a Antonio que debían borrar las paredes donde ellos pedían auxilio para recuperar el cuerpo de Adelso, y pidieron que desmantelaran un pequeño altar que hicieron en la entrada del edificio, donde habían puesto su foto. 

«No queremos más problemas», se escuchó hablar a uno de los militares. «No queremos más noticias malintencionadas»: Adelso ya no estaba en el edificio.

La FANB le pidió a Diomar que le enseñara el edificio. Tomaron un video y luego se fueron. La visita no tardó más de 15 minutos.

Estas tres cruces estaban en la entrada del edificio Aguamarina, donde Antonio Abadía y Diomar Fajardo armaron un altar para Adelso. Foto: Redsonadoras/ Adrián Naranjo.

Unos pasos más al fondo, Diomar revisó una vez más el sótano donde quedó atrapado Adelso. 

—Yo he visitado este lugar muchas veces. El olor es muy fuerte, aumentaba cada vez que nos acercabamos más a mi esposo —relató Diomar, señalando con la linterna de su teléfono celular la zona donde se encontraba Adelso.

Las Naciones Unidas y la Cruz  Roja y la Media Luna Roja Internacional establecen en su libro «La gestión de cadáveres en situaciones de desastre: guía práctica para equipos de respuesta» que las autoridades deben respetar los procesos de duelo de los familiares de las víctimas y evitar la exposición innecesaria para la identificación de los cuerpos.

“Nosotros [en Venezuela] no tenemos un protocolo armado específicamente para las muertes masivas en desastres socioambientales. Pero, por suerte, hay muchos organismos internacionales que se han dado la tarea de hacer esas guías —especialmente después de los terremotos de Haití [de 2010], después de el tsunami de 2004 en el Océano Índico— para dar instrucciones a otras naciones”, explicó Diana Osuna, antropóloga especializada en la labor forense durante los desastres. 

Osuna es profesora de la escuela de sociología de la Universidad Central de Venezuela e investigadora del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Ella explicó que las Naciones Unidas “establecen que los objetivos de todas estas guías y protocolos es el trato con dignidad de los cuerpos y preservar la dignidad de las familias. (…) Es evitar la improvisación”.

Diomar Fajardo visitó reiteradas veces el sótano donde su esposo estaba atrapado, viendo su cuerpo varias veces y percibiendo a escasos centímetros los fluidos y el olor que le salían por la descomposición. Foto: Redsonadoras/ Adrián Naranjo.

La antropóloga afirmó que la dignidad de las familias también se expresa en los rituales, religiosos o no, que cada persona necesita para resignificar la relación que tenía alguien con su ser querido. 

“Entonces, el interrumpir o el no permitir que estas prácticas tengan lugar —como, por ejemplo, tener un altar y que lo retiren— no solo interrumpe ese mecanismo que estamos teniendo para procesar la muerte, sino que puede de alguna forma generar más estrés, puede generar culpa, puede generar un sin fin de emociones que hará más difícil poder expresar el duelo nuevamente o el poder procesarlo”, agregó Osuna. 

Diomar y Antonio recogieron ellos mismos los escombros del edificio Aguamarina. El padre de Adelso montó el altar y pintó las paredes pidiendo ayuda. Ellos declararon ante la prensa al menos 10 veces sobre su caso, con la esperanza de agilizar el rescate.

—No lo niego: con el pasar de los días llegó la ayuda. En el edificio también había vecinos que tenían sus familiares allí y llamaban a otros vecinos y amigos—dijo Diomar—. Mi suegro y yo ayudamos a los rescatistas, a cuatro muchachos que despejaban los escombros del sótano. 

Una vez que retiraron a Adelso del edificio, Diomar tuvo que ir a Los Silos, una morgue improvisada ubicada en el puerto de La Guaira. Allí recordó que debió ver decenas de calaveras y cientos de cuerpos, uno acostado al lado del otro. 

Dos días después de esa visita, los vecinos de La Guaira afirmaron a Redsonadoras que el proceso ha cambiado desde entonces: ahora la identificación pasa por reconocer al ser querido entre varias fotos.

Antonio Abadía escribió en las paredes del edificio Aguamarina para que recuperaran a su hijo. Foto: Redsonadoras/ Adrián Naranjo.

Opacidad que revictimiza

A un mes del desastre que ocurrió en Venezuela, las puertas de las morgues ya no presencian a tantos familiares. Aún no dejan pasar a la prensa para precisar la cantidad de fallecidos dentro de las instalaciones. Pero aún, desde la distancia, se pueden ver personas envueltas en bolsas mortuorias bajo el sol. 

En la entrada de Los Silos, la mayoría de las personas que van a identificar a sus seres queridos son mujeres. Madres, sobrinas, nietas e hijas se congregaron en una especie de círculo y discutían quién tenía el valor para entrar a la morgue improvisada. 

El proceso de identificación podría tardar dos horas o más. 

“Las madres, las hijas, las esposas son las que están buscando a sus seres queridos y, además, están haciendo los trámites en las morgues. Ellas son las que están organizando los funerales y organizan las ayudas de los familiares que siguen buscando entre los escombros. Ojo, todos llevamos un duelo colectivo; pero los desastres revelan todas estas condiciones subyacentes en la sociedad que existían antes del desastre y que en ese momento se intensifican y lo vemos con más claridad, como el trabajo adicional que lleva a cabo la mujer y la vulnerabilidades que ellas tienen dentro de esa sociedad”, explicó Osuna.

A más de un mes del desastre, la morgue improvisada de La Guaira aún alberga cadáveres bajo el sol tropical. Foto: Redsonadoras/ Adrián Naranjo.

Ante ese proceso han pasado los familiares de Sheyla Guerra, Angelina Guerra Figueroa y Jaime Infante, quienes han visitado las morgues en Caracas y La Guaira para dar con el paradero de sus seres queridos. Todos ellos están desaparecidos, hasta la fecha, pese a que la información que manejan sus familias indica que han fallecido. 

Para Liliana Ortega, abogada, defensora de los derechos humanos y fundadora del Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo (Cofavic), el gobierno ha sido opaco sobre el proceso de identificación de las víctimas fatales del desastre y el acompañamiento a las víctimas sobrevivientes. 

Cofavic ha llevado tres casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde se ha evidenciado que el gobierno venezolano por más de 40 años no ha seguido los protocolos internacionales de atención a las víctimas fatales en contextos de desastres. Entre esos litigios está el caso «Blanco Romero y otros vs. Venezuela» (con sentencia el 28 de noviembre de 2005), que denuncia la desaparición forzada de venezolanos en el contexto de los deslaves del estado Vargas (hoy estado La Guaira) en diciembre de 1999.

“El gobierno debería tener como primer paso una lista unificada oficial y pública de las personas desaparecidas. Y, adicionalmente, debe crearse un banco genético», afirmó la abogada. «Aunque es cierto que la identificación e individualización de restos en un desastre masivo como el que se vivió en Venezuela recientemente no es una tarea que se hace en pocas horas, sí es muy importante que desde el minuto cero comience, digamos, a levantarse información. También es muy importante robustecer la cadena de custodio”.

Pero solo el 25 de julio de 2026 hubo algún dato sobre los desaparecidos en Venezuela. La cifra fue de 156 personas. Desde ese día no volvió a darse.

La última fotografía de Adelso Abadía. Su padre tuvo que viajar unas cuadras para imprimirla y ponerla en el altar del edificio Aguamarina. Ahora, la FANB obligó a quitar el altar. Foto: Redsonadoras/ Adrián Naranjo.

Sobrecarga ciudadana

La falta de datos llevó a los ciudadanos y periodistas a crear plataformas digitales para aproximar un número de desaparecidos y la identidad de los fallecidos. 

«Hasta encontrarles», una iniciativa de la Red de Periodistas Venezolanas, ha registrado a través de un formulario y de denuncias en redes sociales corroboradas por periodistas a 4.418 personas desaparecidas: al menos 408 figuran como fallecidas. De ese grupo de víctimas mortales, 186 se identificaban como mujeres (48,38 %).

«Las miles de vidas que el terremoto apagó» —una plataforma creada por el proyecto periodístico Monitor de Víctimas, con el apoyo de Runrunes, El Pitazo y Connectas— ha identificado 1.042 fallecidos hasta la fecha. De esa población, 589 son mujeres (56,52 %).

Mientras tanto, las Naciones Unidas estimó que el desastre ha dejado entre 40.000 y 50.000 desaparecidos.

Si bien el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) anunció en un comunicado el pasado 23 de julio que las personas que tengan a un familiar desaparecido deben ir a la Morgue de Bello Monte (en Caracas) para tomar muestras de ADN, Ortega aseguró que el gobierno debe aplicar más mecanismos de identificación y acompañamiento a los familiares.

“La colaboración de las víctimas sobrevivientes es muy importante para dar datos que individualicen a las víctimas mortales —como información odontológica, datos sobre tatuajes, radiografías, peso, estatura y color de piel—, pero no se puede poner en ellas toda la carga de la identificación», aseveró la abogada. «El Estado venezolano está en la obligación de crear múltiples rutas para llegar al mismo destino, que la identificación no solo sea una fotografía o una sola comparativa de datos pre-mortem o post-mortem”.

El equipo de Redsonadoras pudo contactar con un miembro de la Morgue de Bello Monte para precisar si existían fallecidos que aún no habían sido identificados por sus familiares. Bajo confidencialidad, por temor a represalias del Estado, afirmó que, para el 17 de julio, existían al menos 19 personas identificadas pero que no habían sido retiradas de la morgue. Ninguno coincidía con los nombres de Sheyla, Angelina ni de Jaime. 

Poco después, el 24 de julio, el Senamecf publicó un comunicado para llamar a los padres o representantes para identificar los cuerpos de 38 niños, niñas y adolescentes que no habían sido reclamados por sus familiares directos. La Organización Panamericana de la Salud, por su parte, denunció que hay más de 300 víctimas fallecidas sin identificar.

Pausa entre los escombros

Ante la incertidumbre de los datos, personas como José Gregorio Mora, un mototaxista de 54 años, se quedan en el último lugar donde creen que están sus seres queridos. Él espera a Brenda Tibisay Mora, su hija de 17 años, entre los escombros del complejo habitacional Luisa Cáceres de Arismendi, en Playa Grande. 

—Llevo aquí más de 27 días esperando para ver si puedo rescatar el cuerpo de mi hija, sea con vida o como Dios me la quiera entregar —dijo a escasos metros de un edificio inclinado, donde solo se ven las columnas, las vigas y las habitaciones que hace menos de un mes albergaba a sus vecinos.

José Gregorio Mora posa cerca de la Torre C del complejo habitacional Luisa Cáceres de Arismendi, en Playa Grande, La Guaira. El edificio donde vivía, la torre D, colapsó por completo. Foto: Redsonadoras/ Adrián Naranjo.

José y otras 40 personas esperan a escasos metros del complejo habitacional creado durante la Gran Misión Vivienda Venezuela (2015). Hacen carpas improvisadas con sábanas para protegerse del sol. Allí descansan cuando no están entre los escombros. 

Él estaba con su hija minutos antes del terremoto. Vivían en el piso 3 de la torre D del complejo. José salió a comprar agua y un cigarro; su hija se quedó en casa, chateando con sus amigas. El edificio colapsó. 

—Y desde el minuto uno he estado aquí, ayudando a salvar o a recuperar a las personas. Entre nosotros mismos, los vecinos. Luego de unos días es que tuvimos el apoyo de las autoridades. 

No sabe con exactitud cuántas personas han sacado del edificio. Recuerda, eso sí, que casi a diario, entre las 02:00 y las 05:00 p.m., los vecinos consiguen a una persona y las autoridades se las llevan a Los Silos. 

José recuerda que a veces llegan en menos de una hora, otras veces tardan más. 

Como José Gregorio Mora, decenas de familias pernoctan en las cercanías de los edificios de la Gran Misión Vivienda Venezuela que han colapsado en La Guaira tras los terremotos. El objetivo de todos es el mismo: encontrar a sus seres queridos. Foto: Redsonadoras/ Adrián Naranjo.

Con el pasar de los días, con la gravedad, las labores de rescate cada vez son más peligrosas para José y sus vecinos. La torre C del complejo Luisa Cáceres de Arismendi, a unos metros donde José remueve los escombros, se inclina para tocar el suelo: los cuatro primeros pisos del edificio colapsaron también y la estructura sigue agrietándose. 

—Pero seguiré acá, cerca de mi hija. No me iré hasta encontrarla. Lo único que pediría es una moto para volver a trabajar o para llevar a mi hija conmigo cuando la consiga.

***

El 30 de julio de 2026 el gobierno venezolano derrumbó la Torre C del complejo Luisa Cáceres de Arismendi con explosivos. José Gregorio continúa en la búsqueda de su hija. 

El edificio Aguamarina, donde Diomar Fajardo y su suegro Antonio Abadía trabajaron para recuperar a Adelso, ahora tiene las paredes completamente pintadas de blanco. Aún así, se puede ver los trazos de la pintura negra donde alguna vez pidieron auxilio.