“¿Ustedes van a matar a mi hija? ¿Ustedes le van a hacer daño a una muchacha inocente porque no me pudieron agarrar a mí?”. Esas son las palabras de Xiomara Barreto, activista social y dirigente del partido opositor Copei, en una grabación de audio publicada en redes sociales el pasado 25 de agosto de 2024.
Barreto es la madre de Ana Carolina Guaita Barreto, reportera del portal noticioso en línea La Patilla, a quien detuvieron autoridades venezolanas en las afueras de su casa el 20 de agosto, en el estado La Guaira, en el litoral central de Venezuela.
Guaita Barreto es la tercera mujer periodista detenida en la ola de protestas que estallaron tras las elecciones presidenciales venezolanas del 28 de julio. También, es una de las 230 mujeres detenidas en el marco de la represión ejecutada por el Estado, según datos de la organización de derechos humanos Foro Penal.
Los familiares de Guaita Barreto dicen que su detención fue una retaliación en contra de sus padres, quienes apoyaron la campaña electoral del opositor venezolano Edmundo González Urrutia.
“Tengo a mi hija de 32 años como rehén del gobernador [José Alejandro Terán]”, continuó Barreto en la grabación de audio. “Les pido que dejen a mi hija en libertad”.
Mujeres periodistas acusadas de terrorismo sin pruebas
Su hermano, Carlos Guaita, dijo a LatAm Journalism Review (LJR) que sus familiares pudieron visitar a Guaita Barreto en detención después de no saber de su paradero durante ocho días. Compareció ante el Ministerio Público y se le acusó de asociación para delinquir, terrorismo y actos violentos.
Una representante de la Red de Periodistas Venezolanas (RDPV) dijo a LJR sentir una profunda preocupación ante la creciente persecución dirigida contra mujeres periodistas.
“Han sido objeto de detenciones arbitrarias y acusaciones como terrorismo e instigación al odio”, dijo la vocera de la red, que pidió no ser identificada por temor a represalias. “Estas acciones no solo son injustas, sino que además violan flagrantemente el debido proceso, privando a las detenidas de su derecho a una defensa adecuada”.
Mujeres periodistas son también víctimas de censura, estigmatizaciones y agresiones físicas y verbales. El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS) registró, entre el 29 de julio y el 4 de agosto, 79 vulneraciones a la libertad de prensa. De estas, 23 fueron contra mujeres.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó, el 27 de agosto, medidas cautelares a favor de Guaita Barreto, diciendo que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable.
Otros casos contra periodistas mujeres
La reportera Deysi Peña también se encuentra en prisión y se le acusa de terrorismo, incitación al odio, resistencia a la autoridad, vandalismo y otros crímenes, de acuerdo con el grupo activista juvenil Sin Mordaza.
Peña fue detenida por tomar y publicar fotos en sus redes sociales sobre una protesta el 30 de julio. En un video publicado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), la hija de Peña dijo que Peña era la cabeza económica del hogar y que sus dos hermanitos menores de 7 años no paran de preguntar dónde está su madre.
“Mis hermanos y yo solo queremos a mi mamá de vuelta a casa porque informar no es un delito”, dijo Bárbara Canino Peña en el video publicado el 6 de agosto. Otra periodista mujer que sufrió detención, luego de la elección, fue la reportera de espectáculos Carmela Longo.
El 20 de agosto, Longo fue despedida del diario de tendencia oficialista Últimas Noticias. Cinco días después miembros de la policía nacional allanaron su vivienda, se la llevaron detenida, y la acusaron de terrorismo e incitación al odio, según el SNTP.
Preocupación por condiciones de detención
En Venezuela, la vida en la cárcel está marcada por el hacinamiento, la falta de acceso a servicios básicos, y la violencia de género, según ha afirmado el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), una ONG que defiende los derechos de los presos.
De acuerdo a la OVP, las mujeres privadas de libertad en Venezuela corren el riesgo de recibir tortura física y psicológica, e inclusive negación de atención médica adecuada.
En el caso de Peña, se encuentra recluida en una cárcel de mujeres en Ocumare del Tuy (estado Miranda), a tres horas de su residencia familiar. Esto dificulta y aumenta los costos del traslado de sus familiares al lugar, de acuerdo al SNTP.
Por su parte, Guaita Barreto sigue detenida en la Dirección de Seguridad de la Gobernación de La Guaira en un espacio apartada de la población reclusa.
“Nos dijo que no ha sido agredida ni física ni psicológicamente y que le están dando sus comidas diarias. Dentro de lo malo, ‘está bien’”, dijo su hermano a LJR.
La vocera de la Red de Periodistas Venezolanas dijo que las mujeres periodistas, activistas y políticas detenidas se enfrentan a vulnerabilidades exacerbadas en Venezuela.
“Hay que sumar los riesgos de violencia sexual y de sufrir de desatención de necesidades básicas relacionadas con la salud menstrual y la salud sexual y reproductiva”, dijo la vocera de la red. “La escalada de violencia y persecución estatal que enfrentamos como periodistas no solo vulnera nuestros derechos como comunicadoras, sino que también tiene un impacto devastador en nuestra salud mental y física”.
Redacción: Katherine Pennacchio.
Foto referencial. Crédito: Sergio Ortiz Barbolla/WOLA.
Nota original publicada en Latam Journalism Review del Centro Knight para el periodismo en las Américas.
