En el marco del programa empresarial FemCycle impulsado por KloeCup en Caracas, abordamos cómo la pobreza menstrual en Venezuela y la normalización del dolor incapacitante impactan directamente en la productividad laboral y la equidad de género. A través de datos locales y regionales, se examina la urgencia de transitar del silencio corporativo a la Responsabilidad Social de impacto interno
En el contexto venezolano, el panorama de la salud femenina es complejo y restrictivo. La crisis socioeconómica obliga a miles de mujeres a enfrentarse a la dolorosa disyuntiva de elegir entre comprar alimentos o adquirir un producto para gestionar su período. Una investigación de la alianza editorial Historias que Laten y el informe de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (AVESA) describe una realidad masiva: 9 de cada 10 mujeres son pobres menstruales en el país porque no tienen dinero para comprar toallas o tampones ni acceso al agua para cuidar su higiene.
Quienes no pueden costearlos se ven obligadas a adaptar materiales de desecho para su uso como telas, ropa usada, medias viejas, papel higiénico, partes de pañales o toallas artesanales fabricadas con cartón de huevo. Esta precariedad no solo incrementa el ausentismo laboral y escolar, sino que alimenta un profundo aislamiento social, reforzado por el miedo y la vergüenza al manchado visible que expone a las mujeres al rechazo en sus propios entornos de convivencia.
Esta situación es observada de cerca por la pareja fundadora de KloeCup, una marca de gestión menstrual que se dedica tanto a la venta de copas menstruales como al diseño de servicios y soluciones para organizaciones no gubernamentales (ONG). Centrados en promover la autonomía menstrual y en desmitificar el ciclo biológico bajo el eslogan “Honra tu ritmo”, han diseñado un programa empresarial llamado FemCycle. Esta iniciativa busca integrar la educación menstrual y pautas de optimización biológica dentro de las organizaciones, transformando el bienestar de los equipos en una variable estratégica de sostenibilidad y equidad interna.
Bajo esta metodología, el reciente encuentro FemCycle —realizado en mayo de 2026 para el equipo de Rafatt Seguridad en los espacios del Club Santa Paula— evidenció cómo la salud e higiene menstrual constituyen una oportunidad innovadora para el ejercicio de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC). La jornada contó con la presencia de la Dra. Carwin Silva, quien abordó la necesidad de desmitificar la salud íntima, enfatizando una premisa crítica: “Estamos acostumbradas al dolor, pero la realidad médica es que no es normal vivir con dolor incapacitante”.
El valor del espacio formativo quedó en evidencia al constatar que 9 de cada 10 asistentes a la actividad manifestó no conocer las cuatro fases de su ciclo menstrual, coincidiendo en que habían normalizado ese umbral de malestar como parte de su rutina de trabajo.
Experiencia FemCycle para Raffatt Seguridad en los espacios del Club Santa Paula. Mayo 2026.
El espejo regional: presentismo masivo y sesgo de productividad por molestia menstrual
Esta tendencia local se alinea con los indicadores medidos con precisión en la región por el reporte Menstruación y productividad laboral, realizado en México por Dalia Empower, Plenna y Essity (2025). Dicho informe revela que 91% de las mujeres y personas menstruantes siente que su productividad disminuye en algún grado debido a las molestias mensuales. Asimismo, el estudio evidencia que el desbalance hormonal no atendido agrava condiciones como la ansiedad y la depresión, impactando directamente la rentabilidad, obligando a 45% de las mujeres a ausentarse de sus puestos y sumiendo a las organizaciones en una baja comprensión de los ciclos biológicos de su plantilla.
La urgencia se vuelve aún más evidente al correlacionar estos datos con la investigación global publicada por la Journal of the Egyptian Public Health Association, la cual arroja que la tasa de dismenorrea alcanza el 66.1% en mujeres trabajadoras, donde 64.7% reporta un dolor de moderado a severo.
Este estudio internacional desvela la verdadera dimensión del problema: las empleadas con dismenorrea registraron una tasa de presentismo de 96.1% y un deterioro del rendimiento laboral general de 96.4%. Esto demuestra que la pérdida de eficiencia no se limita a las ausencias físicas, sino que el verdadero impacto económico radica en el “presentismo masivo”: colaboradoras que asisten a cumplir sus jornadas en un estado de vulnerabilidad y dolor extremo por miedo al juicio corporativo o a sufrir penalizaciones.
Línea de productos para la gestión menstrual y comercialización de KloeCup. Parte de esta línea la desarrollan solo para kits de acción humanitaria a poblaciones vulnerables.
Alimentación y optimización biológica: herramientas para reducir el dolor menstrual
Frente a este escenario, la propuesta de KloeCup defiende que cada organismo es bioindividual y que el ciclo no debería gestionarse únicamente en torno a la fase de sangrado, sino también en torno a la ovulación, reconociendo la capacidad de transformación del cuerpo en todas sus dimensiones. En el encuentro, Gabriela Arévalo, coach de salud y bienestar, explicó cómo transicionar hacia una alimentación consciente guiada por las características propias de cada fase del ciclo. Al correlacionarse los entornos de alto estrés laboral con el incremento del riesgo de sufrir dolores menstruales severos, la gestión alimentaria realista surge como un elemento protector para reducir síntomas y prevenir los efectos inflamatorios.
Proceso de producción de panties menstruales. Patronaje de tallas para niñas y adultas.
Durante su ponencia se destacó que el cuerpo requiere un ajuste de rutinas según sus fluctuaciones hormonales: un reclamo latente en el mercado donde la mayoría de las mujeres exige flexibilidad laboral enfocada en los días de su período. Al transitar por la fase menstrual o lútea, por ejemplo, el organismo incrementa sus requerimientos calóricos y su necesidad de densidad nutricional a través de proteínas, carbohidratos complejos de la tierra y micronutrientes específicos como el magnesio y el calcio. Esto permite disminuir la inflamación corporal mediante soluciones naturales y asequibles —como infusiones de jengibre y manzanilla— en sustitución del consumo excesivo de café.
Como contrapropuesta científica, ambas especialistas facilitaron trucos y pautas de optimización biológica aplicables al alto rendimiento laboral:
Para regular estados reactivos: Pausar un momento para recargar la “batería emocional” en silencio mediante respiración consciente.
Para mejorar la circulación: Realizar ejercicios de puntillas y respiración diafragmática para mejorar la irrigación sanguínea en puestos de trabajo que exigen pasar periodos prolongados de pie.
Romper el estigma: el camino hacia un liderazgo sostenible
La dimensión humana del encuentro estuvo anclada en el testimonio de Adriana García Cruz, co-fundadora de KloeCup, quien detalló los obstáculos psicológicos y sociales de haber vivido su regla bajo el estigma del asco, silenciándola frente a sus hermanos, compañeros y su entorno laboral masculino antes de lograr reconciliarse con su propia anatomía.
La pertinencia de construir espacios corporativos seguros e inclusivos también la aborda el informe de México, el cual constata que 29% de las mujeres ha enfrentado repercusiones negativas directas en sus empleos debido a sus malestares menstruales, acumulando incidentes de acoso, discriminación o descuentos injustificados de sus jornadas. Este entorno hostil provoca que 54% de las mujeres prefiera ocultar en secreto el motivo real de su ausencia por temor a represalias o por pudor.
Si contrastamos esto con el hecho de que solo 5% de las colaboradoras encuestadas en el informe regional de México reportó trabajar en empresas con políticas en torno a molestias menstruales, se vuelve evidente la necesidad de asumir este compromiso empresarial para mitigar de forma medible el impacto de la pobreza menstrual en sus entornos laborales, dotando a sus trabajadoras de herramientas sostenibles y de información basada en evidencia ginecológica.
Mujeres costureras en la fábrica de comercialización y productos menstruales de KloeCup. La California, Caracas.
Al integrar dinámicas de concientización y educación, el sector empresarial no solo genera un impacto social inmediato en la reducción de la vulnerabilidad femenina en Venezuela, sino que también promueve un liderazgo sostenible y equitativo. Asimismo, influye de manera activa en la conservación ambiental; impulsar la transición hacia alternativas reutilizables (como la copa menstrual) ayuda a frenar la recurrencia de infecciones vaginales asociadas a los químicos de los productos desechables tradicionales, mientras se detiene la acumulación masiva de desechos plásticos no biodegradables.
Este contraste evidencia que uno de los caminos más efectivos para enfrentar las brechas de género es la educación menstrual técnica, romper estigmas culturales y validar las variables biológicas dentro de la dinámica organizacional.
Programas in-company como FemCycle son, en esencia, una invitación a que las organizaciones dejen de omitir la biología de su talento humano y propicien el paso de la “desconexión” al “sentir consciente”, entendiendo que el ciclo femenino nunca ha sido el problema, sino el silencio y el estigma que históricamente lo ha rodeado.
Copas menstruales de silicona de grado médico comercializadas por KloeCup.
Presas políticas venezolanas permanecen en cárceles marcadas por el abandono, la falta de atención médica, el desarraigo forzado y las condiciones indignas de higiene y alimentación. Sus familiares denunciaron frente al INOF que el sistema penitenciario ejerce violencias específicas contra las mujeres, agravadas por su rol como cuidadoras, mientras hijas e hijos enfrentan las consecuencias emocionales y económicas de un encierro que también castiga a quienes quedan afuera
Las rejas de una cárcel no solo encierran un cuerpo, fracturan de raíz el entramado que sostiene la vida afuera. Cuando una mujer entra a prisión en Venezuela, el castigo impacta con doble fuerza debido a su rol histórico como cuidadora y pilar del hogar. Su ausencia desmorona economías familiares enteras, deja infancias a la deriva y traslada la responsabilidad de la resistencia a las madres, hermanas y abuelas que se ven obligadas a asumir la supervivencia en la calle.
Este martes, 26 de mayo, frente al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), en Los Teques, las consignas y los carteles alzados por los familiares no solo exigieron expedientes limpios o celeridad procesal. Sostenían nombres de mujeres que resisten a la enfermedad, relatos de maternidades que se defienden a la distancia y el eco de una dignidad firme que tiene rostro de mujer.
La actividad ocurrió luego de promesas de nuevas liberaciones por parte de Delcy Rodríguez, la presidenta encargada designada luego de la intervención militar de Estados Unidos, un anuncio que reactivó la movilización de los hogares afectados. El pancartazo, convocado por las familiares de las privadas de libertad, expuso cómo el sistema penal se convirtió en una máquina de violencia institucional que busca, sin éxito, quebrar el entorno de las detenidas.
Cuando cuidar se vuelve un peligro
La historia de Yazmín del Carmen Fajardo muestra con precisión cómo la vulnerabilidad de las mujeres se agudizó en el contexto carcelario. El 7 de mayo de 2025, Yazmín no huía de la justicia. Viajaba desde Barinas hasta el centro penitenciario de Yare III, en Miranda.
Acumuló siete meses en ese recorrido extenuante para cumplir con el mandato silencioso que recae sobre las mujeres, que es proveer la “paquetería” —comida, insumos de higiene y medicinas— indispensable para que su esposo sobreviviera al encierro.
En una de esas visitas, el rol de cuidadora se transformó en “trampa”. Una orden de averiguación bastó para que las autoridades la detuvieran y la implicaran en la misma causa judicial que a su pareja, bajo los cargos de “asociación para delinquir y modalidad de transporte”. Su familia insiste en que no existe una sola prueba en su contra.
Yoannis Suárez, madre de Yazmín, acudió a los tribunales y entes pertinentes en busca de respuestas, solo para toparse con la misma pared burocrática de siempre. Hasta la fecha, el juicio no tuvo fecha de apertura. Mientras el proceso legal se congeló, la salud de Yazmín se deterioró de forma alarmante debido a su cuadro de diabetes.
En un entorno donde el agua potable es un lujo y la alimentación es deficiente, la falta de atención médica adecuada convirtió su reclusión en una agresión diaria contra su propio cuerpo. Su madre expresó con impotencia el dolor de esta injusticia al afirmar que “nadie está bien tras las rejas y menos cuando le espera un hijo, viendo que estás pagando por algo que no has hecho”.
Maternidades fragmentadas
El impacto más devastador de esta reclusión recayó sobre una niña de cinco años, la hija de Yazmín, quien requirió atención psicológica para intentar procesar la ausencia de sus padres. Las familias insistieron constantemente en que, en estos escenarios de desamparo institucional, “los niños y niñas sufren”.
Durante una videollamada hecha a Annerys Fajardo, hermana de Yazmín, la niña le preguntó: “Tía, ¿por qué todos mis compañeros y amiguitos tienen a su mamá y yo no tengo a mi mamá? ¿Tú también me vas a abandonar?”.
Las lágrimas de Annerys al recordar la escena revelaron el trauma invisible de una generación de hijos e hijas que crecen con madres bajo custodia del Estado. Son los huérfanos del sistema judicial, cuyas vidas quedaron suspendidas entre la nostalgia y el miedo al olvido.
La carga económica de esta lucha transformó por completo la estructura del hogar. Yoannis Fajardo, la madre de Yasmín, perdió su empleo debido a las gestiones judiciales y a los extenuantes viajes de reclusión. Yasmín y su esposo eran comerciantes independientes en Barinas, pero el negocio familiar desapareció tras las detenciones.
Para subsistir y costear los gastos de su familia tuvo que dedicarse por completo a las ventas de chucherías, bisutería y lo que les diera para pagar “el día a día”.
El INOF y La Crisálida: espejos de la violencia carcelaria femenina
Las cárceles de mujeres en Venezuela padecen un abandono sistemático que se ensaña directamente contra su salud e integridad, pues las necesidades biológicas y de higiene de la población femenina reciben nula atención del Estado.
En el INOF, las internas enfrentan racionamientos severos de agua potable, lo que obliga a las familias a cargar pesados botellones en cada visita. La falta de este recurso elemental sabotea la posibilidad de mantener condiciones mínimas de higiene en las celdas y en las áreas comunes.
Para una mujer, la escasez de agua es un factor de riesgo que detona infecciones urinarias y ginecológicas recurrentes que, en reclusión, rara vez reciben tratamiento médico adecuado.
De acuerdo con las documentaciones de la organización Amnistía Internacional y el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), la gestión de la menstruación tras las rejas se convirtió en una humillación cotidiana. Los registros de estas instituciones confirmaron que el Ministerio para el Servicio Penitenciario no suministra toallas sanitarias a la población reclusa, por lo que cada mes las presas dependen exclusivamente de lo que sus familiares logran introducir en los paquetes.
Provea advirtió que, cuando el cerco económico impidió a las familias costear estos productos, las mujeres se vieron obligadas a recurrir a trapos o retazos de sábanas viejas, una práctica precaria que compromete gravemente su salud reproductiva en medio de la falta de intimidad y el hacinamiento. Y, aunque el informe de la organización data de mayo de 2025, esta realidad se mantiene.
El dolor de Emirlendris y la voz de Melania
La manifestación frente al INOF también trajo a la acera casos de resistencia y dignidad frente al deterioro físico extremo, como el de Emirlendris Benítez, detenida desde agosto de 2018 y sentenciada a 30 años de prisión en un proceso que su defensa denunció como carente de pruebas.
Su hermana, Melania Rosales, ha sido la voz incansable fuera de los muros del penal para relatar cómo las severas secuelas físicas de los maltratos terminaron por confinar a Emirlendris a una silla de ruedas.
Pese a contar con medidas de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2020 y un dictamen del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU que exige su liberación inmediata, las autoridades venezolanas han hecho caso omiso a los llamados. Melania denunció que le han negado sistemáticamente las consultas con los especialistas médicos requeridos para atender sus hernias discales, su cuadro de fibromialgia crónica y los intensos dolores de cabeza cotidianos.
Lejos de amedrentarse, el reclamo de su hermana sigue firme en el espacio público, exigiendo el derecho básico a la salud y a la justicia.
El desarraigo como política de aislamiento
Los familiares de las mujeres recluidas tanto en el INOF como en el Anexo Femenino de la Comunidad Penitenciaria Crisálida coincidieron en una denuncia estructural durante la jornada. El traslado y confinamiento de las detenidas en estados alejados de sus regiones de origen funcionó como una política de aislamiento, por lo que insistieron en que poner a las mujeres en estados lejanos “también es una forma de tortura”, debido a que esto dificulta el traslado de insumos básicos.
Dejar a una presa sin visitas equivale a dejarla sin alimentos. Por eso, el Comité para la Libertad de Presos Políticos (Clippve) calificó este desarraigo geográfico como una forma de presión psicológica y física. Diego Casanova, vocero de la organización, enfatizó que “quienes hoy encarcelan en Venezuela maltratan a las mujeres, las someten a distintas formas de violencia. Por eso vemos que quienes mantienen a estas personas son capaces de llevarlas hasta la muerte”.
Casanova recordó que la detención se vive como una condena de muerte anticipada debido a que en las cárceles no tienen condiciones de salud ni de higiene, y las internas son sometidas constantemente a tortura psicológica.
Las madres que partieron por la espera
La tragedia de la espera cobró vidas definitivas. El pancartazo funcionó también como un memorial para aquellas madres y familiares cuyos corazones fallaron antes de que se abrieran los candados de los penales.
Los manifestantes recordaron los nombres de Carmen Teresa Navas, Omaira Navas, Yarelys Salas, Carmen Dávila, María Concepción Sánchez y Yenny Barrios. Todas ellas compartieron un mismo destino: fallecieron enfermas, desgastadas por la angustia y la precariedad económica, mientras luchaban por ver a sus hijos e hijas caminar en libertad. Murieron en la acera de la exigencia, lo que dejó un vacío doble en sus hogares.
Según las cifras presentadas por Clippve, todavía más de cien mujeres siguen privadas de libertad en Venezuela por motivos políticos o bajo procesos judiciales viciados por la falta de debido proceso. Datos del Foro Penal Venezolano indican que 34 muejres siguen tras las rejas. Detrás de cada cifra existe un hogar desconfigurado, una abuela que dobló turnos de trabajo, una hermana que respondió preguntas difíciles y una infancia que esperó frente a un teléfono.
A pesar del desgaste evidente en los rostros de las madres, hermanas y abuelas concentradas frente al INOF, la consigna de cierre de la jornada dejó claro que la rendición no es una opción. En unísono, las familias provenientes de distintos estados del país insistieron en que seguirán denunciando y en las calles “hasta que la última sea libre”.
El tribunal dictó privación de libertad contra el médico José García por presunto abuso sexual contra una joven yekuana en el CDI de La Esmeralda, Amazonas. La detención se logró tras la difusión viral de un video en redes sociales donde la víctima y su madre rompieron el silencio, respaldadas por organizaciones indígenas que exigieron justicia ante el ataque a su dignidad. Este caso pone de relieve la indefensión sistemática que sufren las mujeres de las comunidades originarias ante las severas barreras geográficas, lingüísticas e institucionales para acceder al sistema judicial
El silencio de la comunidad Yekuana —frente a un presunto caso de abuso sexual en el Amazonas venezolano— se rompió frente a la pantalla de un teléfono celular. Tras semanas de cargar con el peso de la agresión, Norelys Pérez y su madre, Noira, pertenecientes al pueblo originario Yekuana, decidieron hacer una denuncia pública. El video que grabaron con firmeza y lanzaron a las redes sociales el pasado 3 de mayo se convirtió en un grito desesperado de justicia para evitar que la denuncia contra el médico José García, del Centro de Diagnóstico Integral (CDI) de La Esmeralda, quedara sepultada bajo el olvido y la discriminación.
En la grabación, la madre de la joven no vaciló al señalar directamente a la jefa del centro médico por haber ignorado la situación. Lejos de ser un hecho aislado, la denuncia encendió las alarmas en la comunidad al destapar que el profesional de la salud presuntamente arrastraba una huella de agresiones contra otras mujeres indígenas en el municipio Alto Orinoco. La presión digital fue tal que las autoridades se vieron obligadas a actuar, logrando días después la captura del señalado.
Precisamente, tras esta aprehensión, el pasado viernes 15 de mayo se realizó en el Circuito Judicial Penal de Puerto Ayacucho (Circunscripción judicial del estado Amazonas) la audiencia de presentación del médico José García. El proceso judicial fue impulsado de manera conjunta por la Fiscalía 5° del Ministerio Público de Amazonas y la Fiscalía 91° Nacional, esta última especializada en la Protección y Defensa de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Ante los elementos presentados, el tribunal dictó la privación judicial preventiva de libertad en contra de García, asignándole como lugar de reclusión preventivo la delegación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en la capital del estado.
La mamá de la víctima, con rostro de indignación en el interior de su hogar, manifestó: “Personalmente hablé con ella del caso de mi hija, lo que sucedió el viernes 23 de marzo. Cuando yo estaba para mi conuco y, tres días después que regresé, cuando vi a mi hija, me contó lo que le sucedió en la consulta médica”.
En la muestra audiovisual, Norelys asegura que acudió al CDI, único centro de salud en la zona, para la colocación de un implante anticonceptivo; sin embargo, el médico, valiéndose de su investidura y el pretexto de una revisión de rutina, la agredió sexualmente durante la consulta. La joven afirma que logró salir del consultorio cuando su hijo de un año, a quien cargaba en brazos, comenzó a llorar.
Sede del CICPC en la capital del estado. Fotografía: cortesía
Ante este hecho registrado en el municipio Alto Orinoco, las mujeres recibieron apoyo de diversas instituciones y organizaciones indígenas, entre ellas la Organización Tejidos de Dignidad, quienes hicieron una denuncia pública pidiendo una investigación. Asimismo, la Organización Mujeres Indígenas Ye’Kwana del Alto Orinoco, a través de un comunicado, afirmó que este hecho es un ataque a la dignidad del pueblo Yekuana.
También la Organización de Los Pueblos Indígenas del estado Amazonas (Orpia), junto a sus organizaciones de base, acudieron a la sede principal del Ministerio Público donde hicieron entrega de un pronunciamiento y denuncia del caso ante las autoridades para que se iniciara la investigación. La comisión de indígenas fue recibida por la comisión nacional asignada para la averiguación en Puerto Ayacucho.
En este caso, las denunciantes viajaron kilómetros para llegar a Puerto Ayacucho con el apoyo de organizaciones indígenas e instituciones del Estado, como el Ministerio de los Pueblos Indígenas, entre otras. Lo hicieron con la firme convicción de no permitir que la impunidad se imponga.
Ahora, mujeres de los distintos pueblos originarios alzan su voz clara y contundente exigiendo a las autoridades judiciales una investigación completamente imparcial y la aplicación estricta de la ley ordinaria contra un profesional de la medicina de la región.
Impunidad sistemática y barreras geográficas
Las comunidades indígenas al sur de Venezuela enfrentan barreras significativas para acceder a la justicia de manera eficiente e inmediata. Existe una grave desconexión entre el sistema penal ordinario, las leyes especiales de violencia de género y la Jurisdicción Especial Indígena, lo que genera una impunidad sistemática.
La Esmeralda es una localidad de difícil acceso en el estado Amazonas, donde principalmente habitan los pueblos originarios Yanomami y Yekuana, y es un lugar accesible únicamente por vía fluvial o aérea. La situación de aislamiento geográfico profundiza la vulnerabilidad de las mujeres indígenas frente a la justicia: hay que recorrer hasta una semana navegando para interponer una denuncia ante los organismos receptores, a lo que se agrega la dificultad económica para el traslado (el transporte no es gratuito), y la barrera de no tener familiares que le ayuden a traducir su idioma materno. Las instituciones se concentran mayoritariamente en el municipio capital del estado Amazonas, lo que acentúa la desprotección y el desamparo en las regiones periféricas y territoriales.
En opinión de un especialista —consultado por Redsonadoras— que prefirió mantenerse en el anonimato, la indefensión sistemática de las mujeres indígenas del Amazonas venezolano, cuando son víctimas de abusos índole sexual, puede mirarse desde una doble perspectiva: la jurídica y la feminista. En este contexto, “la situación de desprotección de las mujeres, adolescentes y niñas indígenas es especialmente grave, pues padecen múltiples y simultáneas discriminaciones, producto de la discriminación étnica, pobreza estructural y opresión patriarcal”, señaló el experto, acotando que el caso de la joven yekuana no puede comprenderse como un hecho aislado, sino que se registra en una indefensión estructural que es necesario analizar.
Para una mujer indígena, la falta de transporte, la ausencia de servicios públicos y el aislamiento geográfico convierten la simple presentación de una denuncia en una odisea. A esto se suma el idioma, que se levanta como principal barrera lingüística y cultural. Comprender el proceso judicial, hacerse entender y ser creída depende de la existencia de intérpretes y de la sensibilidad cultural de los operadores de justicia; sin embargo, estos servicios son precarios en Amazonas.
La ausencia de una perspectiva intercultural en la atención a víctimas de violencia sexual conduce a la revictimización: sus testimonios pueden ser descalificados porque no se ajustan a los códigos culturales occidentales.
El contexto legal frente a la realidad territorial
En cuanto al ordenamiento legal vigente en el país, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) reconoce el carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe del país y dedica el Capítulo VIII a los derechos de los pueblos indígenas. Por otro lado, la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (Lopci/2005) desarrolla estos derechos, incluyendo en su Título VII disposiciones sobre la administración de justicia, que reconocen la Jurisdicción Especial Indígena y regulan los derechos de los pueblos indígenas ante la jurisdicción ordinaria. Asimismo, la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tipifica la violencia sexual como delito autónomo y establece penas agravadas cuando la víctima es niña o adolescente. El artículo 43 sanciona con prisión de 10 a 15 años la violencia sexual, y si la víctima es menor de edad la pena se eleva a entre 15 y 20 años.
No obstante, “cuando se presentan casos como el que nos ocupa y lo comparamos con causas de similar naturaleza, vemos como jóvenes mujeres indígenas han quedado sin la garantía de que se les otorgue justicia”, enfatizó el experto. Así las mujeres de estas comunidades se mantienen en estado de indefensión en forma sistemática. Mientras el Estado no reconozca y actúe sobre cada uno de los elementos que propician la indefensión, las mujeres indígenas seguirán siendo víctimas de una violencia que las leyes prohíben, pero que la realidad permite.
Un patrón de agresiones en la región
En Amazonas no es la primera vez que se presenta un caso de abuso sexual o de violencia extrema sin atención oportuna. En agosto del 2020, dos hermanas (de la comunidad, no sanguíneas) del pueblo indígena Jivi, Adina Díaz y Celis Chipiaje, denunciaron haber sido abusadas sexualmente por Roger Bracho, militar del puesto naval de Infantería de Marina del Muelle de Puerto Ayacucho. Aunque fueron dos años de lucha exigiendo justicia, el Tribunal Primero de Juicio en materia penal de la Circunscripción Judicial de Amazonas condenó al efectivo militar a 13 años de prisión, logrando de esta manera un fallo que no solo sanciona penalmente al agresor de las nativas, sino que sienta un precedente necesario para que el sistema judicial ordinario valide el derecho propio de los pueblos originarios. Aunque al condenado luego se le otorgó una medida y fue trasladado desde Amazonas al centro del país para dar continuidad al cumplimiento de su condena, actualmente se desconoce si esto se cumple o fue puesto en libertad.
A este patrón se suma lo ocurrido recientemente en el sector Cunucunuma, municipio Alto Orinoco, denunciado por medios de comunicación y organizaciones indígenas. El pasado 18 de marzo, una joven yekuana de 21 años, Yalitza, de la comunidad de Tawicure, y su bebé de 8 meses, resultaron gravemente heridos con un machete —herramienta de corte usada en la agricultura y labores de campo, consistente en un cuchillo grande—. El agresor fue su esposo, Oswaldo Turón, quien además de causar la herida trató de suturarla a pesar de sus graves lesiones, sin revisión médica en el momento.
La gravedad de sus lesiones llevó a los familiares a solicitar la intervención de entes del Estado para trasladar a las víctimas hasta Puerto Ayacucho para recibir atención médica de emergencia. No se logró el traslado; sin embargo, fue atendida por el personal y con los recursos que se tenían en esa comunidad remota de la capital. Yalitza fue trasladada junto a su bebé a la comunidad Acanaña, donde viven sus familiares, hasta su recuperación. Se tiene conocimiento de que no hubo actuación por parte de los organismos de seguridad del Estado o del Ministerio Público para investigar el caso, bajo el pretexto de que “estos casos son comunes por ser pueblos originarios”.
Comunidad indígena Yekuana del Amazonas venezolano. Fotografía: cortesía.
Identidad cultural y entorno geográfico
Para comprender la magnitud de estos eventos, es necesario entender el entorno donde ocurren. Amazonas, ubicado al sur de Venezuela, cuenta con una extensión de 177.617 km² y limita estratégicamente con el estado Bolívar, Apure, Brasil y Colombia. Según estimaciones del INE para el año 2023, cuenta con una población de 176.614 habitantes, de los cuales el 45,8% se identifica como indígena, distribuidos en 7 municipios y 23 parroquias. El idioma oficial es el castellano, pero los dialectos indígenas también son de uso oficial y se reconocen como patrimonio cultural.
Sus principales localidades, además de la capital, incluyen a San Fernando de Atabapo, San Carlos de Río Negro, Maroa, San Juan de Manapiare, Isla del Carmen de Ratón y la propia Esmeralda (Alto Orinoco); todas ubicadas a kilómetros de Puerto Ayacucho y conectadas únicamente de forma fluvial o aérea. En este contexto geográfico de vulnerabilidad, las personas de bajos recursos tienen un acceso extremadamente limitado a servicios básicos, salud y justicia.
Dentro de esta geografía habita el pueblo yekuana, uno de los 21 pueblos indígenas registrados por el ministerio competente y uno de los cinco con mayor población en la entidad (estimada entre 5.000 y 10.000 habitantes, registrando 7.753 personas en el censo de 2001). Su lengua originaria pertenece a la familia caribe y es hablada por los maquiritares —aproximadamente 6.000 personas en el sureste de Venezuela y la frontera con Brasil—, estando emparentada con el idioma pemón. Tienen un patrón de asentamiento ribereño y disperso, y prefieren la selva a la sabana para establecer sus comunidades y conucos.
El profesor Higinio Montiel, nativo de este pueblo indígena, docente y defensor de sus derechos, explica la profundidad de su identidad: “Ser yekuana es ser una persona dotada de espíritu, vida y sabiduría. Identificado con nono (la tierra). Con un saber y una cultura propia, con una forma de hablar y de comunicarse (un idioma), con una historia propia, con lugares sagrados, con un modo de vida y de pensamiento, con una organización social y política, con creencias, valores y símbolos”. Montiel afirma que son la creación de Wanaseduume: “él fue que nos creó a nosotros, creó la tierra (manedda nonoodü), el agua, el aire, el árbol o bosque, los animales para que nosotros podamos vivir”.
Comprender quiénes son los yekuana también implica entender la violencia ejercida contra sus mujeres. En ese entramado donde territorio, espiritualidad y memoria colectiva forman parte inseparable de la vida yekuana, la violencia contra las mujeres no solo atraviesa lo individual, sino también a una comunidad entera, su tejido espiritual y a sus formas ancestrales de existencia.
Por ello, desde el punto de vista del especialista consultado para Redsonadoras, el caso de la joven yekuana no puede resolverse únicamente con la condena penal de un médico, —que por supuesto es necesaria y debe producirse si las autoridades así lo consideran—. Para erradicar la indefensión sistemática se requiere implementar rutas de atención a víctimas de violencia sexual en Amazonas con enfoque intercultural, con personal sensible y altamente calificado, garantizando la existencia de intérpretes mujeres en las lenguas indígenas de la región en todas las sedes judiciales.
La creación de casas de acogida para mujeres víctimas de violencia sexual en Puerto Ayacucho es también un tema urgente. Además, se debe respetar el derecho a la Jurisdicción Especial Indígena, articulando con la justicia ordinaria para garantizar la protección de las mujeres víctimas.
Bajo la pregunta “¿Dónde están las feministas?”, activistas, periodistas, académicas y defensoras se reunieron en un espacio de resistenca colectiva para debatir sobre femicidios, transfeminicidios, violencia obstétrica, ecofeminismo y el rol político de la crianza y el periodismo. Tres años después de su nacimiento, esta iniciativa reafirma que el feminismo en Venezuela sigue vivo en la organización, el cuidado y la construcción de comunidad frente a las múltiples violencias del país
Hay semanas que empiezan “de golpe”. Con noticias que se instalan como un peso en el pecho. Desde el domingo 17 de mayo sabíamos que esta sería una de ellas: entre la incertidumbre por los bajones eléctricos, la deportación de Alex Saab y la herida abierta por la muerte de la señora Carmen Teresa Navas —cuyo fallecimiento en medio de la lucha por la libertad de su hijo preso político nos recordó el costo humano de nuestra crisis—, el escenario nacional se siente cargado. A esto se sumó la liberación de la adolescente Samantha Hernández y la noticia de la excarcelación de los policías metropolitanos detenidos desde 2002, un pequeño aliento de justicia en medio de la incertidumbre.
En este panorama, reunirse es un acto de resistencia. Por eso, el pasado martes 19 de mayo de 2026, la primera tarde sin el calor sofocante del mes, la Sala Cabrujas en Los Palos Grandes no fue solo un recinto; fue una trinchera.
Tres años después de aquella primera edición de Encuentros Feministas en 2023, donde la pregunta era un tímido “¿Aún necesitamos feminismos?”, la edición número 15 nos convocó bajo una interrogante mucho más punzante: “¿Dónde están las feministas?“.
Esa pregunta, usada tantas veces como arma para invalidar nuestro trabajo, regresó como espejo.
Encuentros Feministas es una iniciativa impulsada por la activista Lety Tovar, la periodista Ariadna García y la abogada Victoria Capriles. Estas tertulias bimensuales surgieron como un espacio diverso, de igualdad y respeto, diseñado para que cualquier persona pueda sentirse parte de conversaciones urgentes sobre el estado de los derechos de las mujeres en el país.
A través de paneles curados y el diálogo abierto, este proyecto se ha consolidado como un punto de encuentro ineludible para quienes creen que hablar, escuchar y nombrarnos es el camino para construir una sociedad más justa.
Es por eso que en el jardín abierto de la Sala Cabrujas, nos reunimos para honrar, palabra a palabra, estos tres años de camino compartido. Fuimos llenando una jarra de vidrio con mensajes escritos en papeles de colores, depositando allí nuestros deseos y mensajes de gratitud. Cada papel fue un tributo a ese aniversario y, sobre todo, un reconocimiento a Lety, Victoria y Ariadna, las tres feministas que hace tres años lanzaron al aire una pregunta que hoy nos sigue convocando.
“Para mí, estos encuentros han significado un espacio de conectar, de hacer nuevas amigas y generar un lugar seguro donde podemos encontrarnos, más allá de nuestras diferencias, en un contexto tan polarizado”, dice Lety Tovar, activista y una de las organizadoras.
A las 6 de la tarde, un equipo audiovisual confirmaba el inicio de la grabación en audio y video del panel conformado por la investigadora y antropóloga Aimee Zambrano, la co-directora de Trans AFAB Venezuela Andrea Carvajal, la periodistay profesora Gabriela Rojas y la ecofeminista e investigadora Liliana Buitrago. Bajo la moderación de Ariadna García, la sala se transformó en un ágora de reflexiones en la que se buscaba dejar un registro histórico de algunas de las voces que hoy sostienen el feminismo en Venezuela.
Aimee Zambrano, desde la iniciativa Utopix, nos invitó a mirar la realidad con rigor. Con 155 femicidios registrados en 2025, la antrópologa desglosó la diferencia necesaria entre los términos femicidio y feminicidio: mientras el primero nombra el asesinato por razones de género, el segundo sitúa la responsabilidad estatal, esa que se hace evidente cuando el Estado ignora, ralentiza procesos o deja libre a agresores. Aimee explicó cómo desde Utopix realizan un arduo trabajo de mapeo subregistrado —ante la opacidad oficial—, rastreando estas violencias que el sistema insiste en ocultar.
Zambrano hizo hincapié en el feminismo gineco-obstétrico, denunciando cómo el “parto cruel” es una forma de violencia que el sistema insiste en banalizar como una “práctica médica“, cuando en realidad es una vulneración estructural. También reflexionó sobre la revictimización continua de la prensa con los casos de transfeminicidios, en los que hasta usan su deadnaming al momento de explicar los hechos.
Como mujer trans y racializada, Andrea Carvajal, de Trans AFAB Venezuela, señaló el “oscurantismo” estadístico que enfrenta la comunidad venezolana trans e intersexual dentro y fuera del país. En contraste con países como Colombia, México o Brasil cuentan con legislaciones que permiten monitorear transfeminicidios y defender derechos, en nuestro país la ausencia de leyes de protección condena a las víctimas a la invisibilidad absoluta.
Andrea explicó que esta falta de registros no es una omisión casual, sino una violencia institucional que asesina a las víctimas por segunda vez: primero en el acto de odio y luego en la negación de su identidad. Para ella, la revictimización no ocurre solo en la calle, sino en los espacios que deberían proteger. Por ello, definió su participación como un acto político: “El que personas como yo entren en estos espacios y hablen desde la evidencia, obliga a quienes ocupan lugares mediáticos a cambiar la narrativa”. Entre sus distintas intervenciones, nos recordó que el feminismo debe ser, ante todo, un ejercicio de cuidado colectivo.
Por su parte, Liliana Buitrago nos llevó a la raíz de todo. Con la experiencia de ocho años al frente de Mujeres, Cuerpos y Territorios, nos recordó que el ecofeminismo es el movimiento que denuncia cómo la explotación de la tierra y la subordinación de las mujeres comparten la misma lógica: un modelo patriarcal y capitalista que mercantiliza la vida. “Nuestra apuesta ha sido siempre visibilizar las luchas socioambientales. Es necesario que estas luchas se carguen de un debate sobre los territorios explotados y las violencias múltiples que sufren las mujeres”.
Liliana nos dejó una lección vital aprendida de las comunidades: la importancia sagrada de la celebración colectiva. En medio de tantos duelos y tragedias, nos recordó que festejar juntas no es evadir la lucha, sino una estrategia política de resistencia.
Gabriela Rojas, quien desde su labor en TalCual y su impulso a Redsonadoras —el primer medio abiertamente feminista en Venezuela donde pueden leer sobre este y otros temas que importan—, enfatizó sobre cómo el periodismo tiene la responsabilidad de actualizarse y dejar de tratar el género como una “moda” o una categoría secundaria. La perspectiva de género es transversal, o no es.
Como docente universitaria y madre, Gabriela también destacó la labor política de la crianza: desde la mediación en la niñez, con sus docentes, hasta la incidencia en la educación superior, en cada espacio hay que defender y formar en valores de igualdad. Porque la crianza es un proceso de transformación constante y necesaria.
Al abrir el micrófono, el debate se amplió: más de ocho personas participaron con inquietudes y aportes con gran perspectiva. Por ejemplo, surgió la urgencia de romper la burbuja caraqueña y aprender de lo que sucede en el interior del país: el trabajo incansable del Movimiento Somos en Mérida, la labor del Observatorio Venezolano de Violencia Gineco-obstétrica —nacido de la unión de Parir con Placer, la Mesa de Mujeres, Mujeres por los Derechos, PLAFAM y la Alianza Salud para Todas—, y tantos otros colectivos que, desde su trinchera, visibilizan, cuidan y defienden.
El ambiente fue un manifiesto en sí mismo: un bebé, hijo de una feminista de convicción, irrumpió con sus tiernos balbuceos. Su madre, una feminista que se levantó para participar, confesó que habitar estos espacios es cada vez más difícil, pero precisamente por eso, imprescindible. Ese pequeño nos recordó que el feminismo también es —y debe ser— el espacio de las que cuidan, de las que cargan, de las que sostienen.
Fuimos dejando atrás el auditorio para llevar la reflexión hacia un brindis de celebración por el tercer aniversario de Encuentros Feministas. El jardín de la Sala Cabrujas se llenó de ruido de conversaciones apasionadas y apretones de manos. Se coreó un cumpleaños feliz al estilo venezolano, con torta y pasapalos.
“No importa lo que pase, aquí vamos a seguir haciendo los Encuentros Feministas para todas las personas” , aseguró Lety Tovar.
Martes 19 de Mayo, 8:15 P.M. Salía de la Sala Cabrujas con la certeza de que la respuesta a “¿Dónde están las feministas?” es más contundente que nunca: estamos aquí, nombrando, sosteniendo y tejiendo resistencia. Porque lo que no se nombra, lo que no se defiende y lo que no se abraza colectivamente, simplemente no existe.
En los últimos seis meses, al menos seis madres de presos políticos que dedicaron sus últimos días a la defensa de los derechos humanos de sus hijos, han fallecido. Dos madres más murieron poco días después de que sus hijos fuesen excarcelados. Sus historias revelan cómo la presión política también atraviesa y desgasta física, emocional y económicamente a las familias, especialmente a las mujeres que sostienen la búsqueda, el cuidado y la denunciafrente a la ausencia de respuestas del Estado
En Venezuela, la prisión política dejó de ser solo una vulneración de derechos fundamentales y una forma de castigar exclusivamente a quienes permanecen tras las rejas. El castigo se extendió hacia sus familias mediante desapariciones, retrasos judiciales, aislamiento, amenazas, traslados arbitrarios y ausencia deliberada de información oficial.
En ese circuito de desgaste e incertidumbre, al menos ocho madres de presos políticos murieron mientras esperaban la liberación de sus hijos, pocos días después de reencontrarse con ellos o sin haber podido despedirse; seis de ellas, fallecieron en los últimos seis meses.
“El cautiverio político es una forma de violencia estatal que consume la existencia de familias enteras. Las causas de estos decesos, que transitan entre infartos, accidentes cerebrovasculares y complicaciones agudas, son el reflejo clínico de un duelo prolongado, de la vigilia constante ante centros penitenciarios y de la desolación que produce la falta de respuestas oficiales”, asegura la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) en su página web.
Aseguran que la muerte de una madre esperando por la la liberación de su hijo detenido no es un daño colateral sino la prueba de una “falla institucional absoluta”.
Madres, hermanas, hijas, esposas que esperan afuera de las cárceles venezolanas sostienen, día tras día, la búsqueda de justicia de sus presos políticos. Su presencia constante revela el costo humano de la detención prolongada. Fotografía: Gaby Oráa.
Una cadena de muertes atravesadas por la espera
El caso más sonado ha sido el de Carmen Teresa Navas de 81 años, fallecida el 17 de mayo en Caracas, diez días después de enterarse de que su hijo, Víctor Hugo Navas, había muerto meses atrás bajo custodia estatal y había sido sepultado sin notificación familiar en una fosa compartida.
Su hijo fue detenido arbitrariamente a inicios de 2025 y de inmediato fue víctima de desaparición forzosa. Durante 16 meses, Carmen Teresa Navas recorrió instituciones, cárceles, tribunales; exigió respuestas sobre su paradero, pidió una fe de vida y denunció públicamente la desaparición y posterior muerte de su hijo. Su fallecimiento expuso nuevamente el costo extremo de la incertidumbre prolongada y de la carga emocional que deben enfrentar los familiares de personas detenidas por motivos políticos.
El más reciente fallecimiento reportado es el de María Concepción Sánchez, madre del trabajador petrolero y preso político, Joan Enrique Cruz Sánchez, ocurrido el domingo 24 de mayo en San Juan de los Morros, estado Guárico. Diversas organizaciones informaron que la mujer había permanecido hospitalizada tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) el pasado 21 de mayo.
De acuerdo con versiones de su entorno, la crisis de salud se habría desencadenado tres días después de recibir la noticia de que su hijo no fue incluido en una reciente lista de excarcelaciones de trabajadores petroleros, 11 empleados de la refinería de Cardón y otros 16 que trabajaban en Cardón. Fuentes cercanas a la familia indicaron que la información le provocó un fuerte impacto emocional que derivó en el infarto.
Joan Enrique Cruz Sánchez permanece detenido sin sentencia en el marco del caso Pdvsa-Obrero, que agrupa a decenas de trabajadores petroleros desde 2024 y 2025, arrestados en medio de denuncias por supuestas irregularidades y conflictos laborales.
Meses antes, el 27 de enero de 2026, murió también por un accidente cerebrovascular Omaira Navas, madre del periodista Ramón Centeno, apenas 13 días después de su excarcelación.
Centeno permaneció casi cuatro años detenido en una causa cuestionada por organizaciones de derechos humanos y el gremio periodístico. Durante ese tiempo sufrió graves complicaciones de salud, incluida una fractura de cadera no atendida que lo dejó en silla de ruedas al momento de recuperar su libertad.
Su madre se convirtió en una de las voces más activas reclamando medidas humanitarias, atención médica y celeridad judicial. El Colegio Nacional de Periodistas afirmó que Omaira fue la representación de la resiliencia de muchas madres venezolanas que luchan por sus hijos injustamente detenidos.
También en enero falleció Yarelis Salas, de 39 años, tras sufrir un infarto, sin haber visto en libertad a su hijo Kevin Orozco, de 25 años. Orozco había sido detenido bajo cargos de conspiración y menoscabo a la integridad nacional, delitos señalados por organismos internacionales como herramientas de criminalización contra la disidencia.
Salas dedicó sus últimos meses a exigir justicia y participó en vigilias frente al penal de Tocorón, donde estaba recluido su hijo tras las protestas postelectorales de 2024. Kevin fue liberado cinco días después de su muerte. “Ninguna madre debería morir esperando la libertad de su hijo”, expresó la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP).
Otra historia similar fue la de Carmen Dávila, de 90 años, madre del ginecólogo Jorge Yéspica Dávila, fallecida el 20 de enero de 2026. Su hijo estuvo más de un año detenido en Tocorón por acusaciones de incitación al odio. Durante meses, Dávila participó en protestas y campañas públicas denunciando el deterioro físico, aislamiento y presuntas torturas sufridas por el médico en prisión.
Cuando Yéspica fue excarcelado bajo medidas cautelares, Carmen permanecía hospitalizada tras sufrir una crisis hipertensiva. Él logró llegar al centro médico para verla, pero ya estaba inconsciente y entubada. Ella murió dos días después.
En noviembre de 2025 falleció Yenny Barrios, expresa política y paciente oncológica, mientras su hijo Diego Sierralta seguía detenido. Su muerte ocurrió un día después de que organizaciones exigieran urgentemente la liberación de Diego para que pudiera reencontrarse con ella y acompañarla en su estado crítico.
No hubo respuesta oficial.
Barrios había sido detenida arbitrariamente en septiembre de 2024, atravesó quimioterapias y hospitalizaciones durante su proceso judicial y fue excarcelada en diciembre. Su salud se agravó durante ese período. Un mes después, su hijo Diego fue detenido mientras buscaba medicamentos para su tratamiento, en un caso que organizaciones calificaron como represalia política.
“La separación forzada impuesta por un sistema de persecución hace que esta pérdida sea aún más dolorosa”, denunció JEP. La ONG Provea calificó el caso como un acto de trato cruel, inhumano y degradante contra la familia.
Son ellas quienes sostienen la espera. Frente a la incertidumbre, las madres de presos políticos se convierten en el principal sostén de la búsqueda de justicia en Venezuela. Fotografía: Gaby Oráa.
El duelo y la separación forzada
Aunque la mayoría de los casos documentados corresponden a madres que asumieron un rol activo en la denuncia pública, la búsqueda de información y la exigencia de justicia para sus hijos —recorriendo cárceles, tribunales y organismos del Estado—, al menos dos historias evidencian otra dimensión del daño: la de madres de edad avanzada o con condiciones de salud vulnerables cuyo deterioro se profundizó durante el tiempo de separación forzada.
El 19 de marzo murió Yolly Alviarez, once días después de la excarcelación de su hijo, Henry Alviarez, dirigente de Vente Venezuela.
Henry permaneció dos años detenido en El Helicoide y continúa bajo régimen de presentación quincenal. Antes de morir, Yolly fue mencionada públicamente por su hijo como una de sus principales fuentes de fortaleza. “A menudo me preguntan de dónde saco la fuerza para seguir adelante tras los tiempos difíciles. La respuesta está en ellas. En la mirada sabia de mi madre, que me enseñó que la integridad no se negocia”.
A esto se suma María Cristina Evans, madre del politólogo Nicmer Evans, fallecida siete días después de su liberación de la DGCIM en 2020, tras recibir un indulto presidencial, anunciado para 110 dirigentes de oposición, presos políticos y exiliados.
Evans estuvo casi tres meses detenido por instigación al odio, luego de publicar un mensaje en redes sociales. Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas y de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar allanaron su vivienda.
Tras conocer la muerte de Carmen Teresa Navas, recordó a su madre:
“Madre patria Carmen Navas, me negué a verte, porque cada vez que te escuchaba recordaba a mi madre María Cristina, que murió 7 días después de mi salida de la DGCIM en el 2020, ella me esperó, como tú esperaste a Victor. Hoy, con el llanto de un hijo huérfano, me dejas el consuelo de saber que has ido al encuentro de por quien tanto luchaste”.
En estos casos, aunque estas madres no estuvieron necesariamente al frente de protestas o campañas, la angustia prolongada, la incertidumbre sobre el estado de sus hijos y la imposibilidad de compartir con ellos sus últimos meses o años de vida también tuvieron consecuencias devastadoras.
La prisión política no solo interrumpió vínculos familiares esenciales, sino que privó a estas mujeres del acompañamiento, cuidado y cercanía de sus hijos en etapas particularmente frágiles de sus vidas, una pérdida irreparable agravada por decisiones estatales que prolongaron innecesariamente la separación.
Mientras el país sigue su curso, ellas permanecen. Las madres de presos políticos en Venezuela sostienen la espera, el duelo y la exigencia de justicia con una fuerza que no se nombra lo suficiente. Fotografía: Gaby Oráa.
Víctimas secundarias de la prisión política
Según la organización Cepaz, estos casos evidencian el daño acumulativo que enfrentan las mujeres familiares de personas detenidas por motivos políticos.
En Venezuela, madres, esposas, hermanas o hijas suelen asumir la responsabilidad de garantizar alimentación, medicinas, ropa, asistencia legal y seguimiento médico para sus familiares encarcelados, ante la ausencia de garantías básicas dentro de los centros de detención.
Esto, señalan, implica costos profundos: viajes largos, gastos imposibles de sostener, revisiones degradantes, humillaciones, exposición a riesgos y abandono de sus propias rutinas, empleos y cuidados personales.
“El daño que enfrentan es continuo y acumulativo. No es un efecto colateral, sino una extensión directa de la violencia estructural. En un contexto de emergencia humanitaria, esta carga se intensifica”, advierte la organización.
Cepaz identifica a estas mujeres como víctimas secundarias: personas directamente impactadas por la represión estatal, aunque no sean quienes permanecen privadas de libertad. Pero también subraya otro elemento: estas mujeres no solo resisten. Documentan, denuncian, sostienen la memoria y se convierten en actoras fundamentales en la búsqueda de justicia.
“Es por ello que la respuesta debe entender su afectación como víctimas pero también su rol y sus voces en procesos de justicia y transformación”. Organizaciones de derechos humanos han insistido en incorporar atención psicosocial, acompañamiento multidisciplinario y mecanismos de reparación integral para familiares de presos políticos.
El impacto de la prisión política sobre las familias también ha sido estudiado desde el concepto de Sippenhaft, una práctica utilizada por el régimen nazi para perseguir, presionar y castigar a los familiares cercanos de quienes eran considerados opositores.
En el contexto venezolano, esta lógica se ha expresado mediante detenciones de familiares, desapariciones forzadas, amenazas, hostigamiento, aislamiento y torturas psicológicas dirigidas no solo contra quienes son perseguidos políticamente, sino también contra su entorno cercano. Padres, madres, hijos, hermanos, parejas y allegados han sido convertidos en blancos de presión y represalia.
Algunos de los casos más conocidos y documentados de prácticas asociadas al Sippenhaft en Venezuela han sido denunciados por organizaciones como el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU y distintas ONG, al menos, desde las protestas masivas de 2017.
Entre ellos destaca el caso de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, detenida junto a varios miembros de su familia, incluidos su hija, hermanos, exesposo y actual pareja. También el de la periodista Ana Carolina Guaita, arrestada cuando funcionarios no lograron localizar a sus padres; o el de familiares del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa y del dirigente Biagio Pilieri, cuyos allegados también fueron detenidos. Organizaciones han advertido que estas acciones buscan trasladar la presión y el castigo hacia el entorno familiar de personas consideradas opositoras o disidentes.
En vigilia, estas mujeres sostienen la espera por sus familiares presos políticos. Reunidas, convierten la incertidumbre en presencia y la ausencia en una exigencia compartida de justicia. Fotografía: Gaby Oráa.
“Murió de dolor”: el lenguaje colectivo frente a la pérdida
Tras conocerse la muerte de Carmen Teresa Navas, las redes sociales se llenaron de mensajes que repetían una misma idea: “murió de dolor”, “murió de tristeza”, “murió de pena”, “murió con el corazón roto”.
Estas expresiones han sido utilizadas para nombrar el sufrimiento acumulado que han tenido que enfrentar muchas familias de presos políticos en Venezuela, especialmente las mujeres que sostienen la espera, la denuncia y el cuidado cotidiano. Pero también demuestran que hay una percepción colectiva sobre el impacto emocional y físico que puede provocar una búsqueda interminable atravesada por incertidumbre, desgaste y violencia institucional.
Diversos estudios médicos han documentado cómo situaciones de estrés extremo, duelo prolongado e incertidumbre sostenida pueden tener consecuencias físicas severas, especialmente en mujeres mayores o con condiciones de salud preexistentes.
Un aumento repentino y sostenido de hormonas del estrés puede afectar temporalmente el funcionamiento cardíaco y aumentar el riesgo de eventos cardiovasculares, particularmente en mujeres mayores de 50 años, uno de los grupos más vulnerables a esta condición.
Entre estas afecciones se encuentra el llamado síndrome del corazón roto, también conocido como miocardiopatía por estrés o síndrome de Takotsubo: una alteración cardíaca temporal desencadenada frecuentemente por emociones intensas, muerte de un ser querido o pérdidas repentinas, además de situaciones de alta presión psicológica o una discusión acalorada.
“A menudo, un suceso físico o emocional intenso es el que da paso al síndrome del corazón roto. Todo aquello que cause una reacción emocional fuerte puede desencadenar esta afección”, señala un estudio de MayoClinic.
En el contexto venezolano, donde madres, esposas e hijas de presos políticos asumen durante meses o años la carga de sostener alimentación, medicinas, asistencia legal y búsqueda de información en condiciones precarias, el impacto del estrés crónico adquiere una dimensión aún más profunda.
Aunque no existe evidencia para confirmar la relación de estos fallecimientos con el “síndrome del corazón roto”, en varios de los casos documentados, las muertes ocurrieron tras meses o años de presión emocional extrema, deterioro físico, incertidumbre judicial y separación forzada de sus hijos. Incluso, varias de estas mujeres murieron tras cuadros cardiovasculares como accidentes cerebrovasculares, crisis hipertensivas o infartos, en contextos atravesados por largos períodos de angustia, separación forzada, incertidumbre judicial y desgaste físico.
Ese patrón ha llevado a organizaciones de derechos humanos y especialistas a insistir en que el impacto de la prisión política también debe analizarse desde sus consecuencias sobre la salud mental y física de los familiares, ya que puede deteriorar progresivamente la salud física de quienes sostienen la espera.
Recordar quienes son los responsables
Las muertes de Carmen Teresa Navas, Omaira Navas, Yarelis Salas, Carmen Dávila, Yenny Barrios, Yolly Alviarez y María Cristina Evans muestran que la prisión política en Venezuela no es un hecho aislado: sino como parte de una crisis que se extiende más allá de las cárceles y alcanza de forma directa la salud y la vida de quienes esperan afuera. También desgasta, enferma y, en algunos casos, mata a quienes esperan del otro lado de las rejas.
Asimismo, reorganiza violentamente la vida doméstica, profundiza las cargas históricas de cuidado asignadas a las mujeres y deteriora su salud física y mental.
En un comunicado, la organización JEP plantea la necesidad de cambiar la estrategia de documentación y exigencia de justicia frente a casos de presos políticos y sus familias, incorporando la idea de “daño extensivo” o impacto en la salud y vida de los familiares como posible responsabilidad del Estado.
Propone que las organizaciones de derechos humanos amplíen sus registros para incluir el deterioro físico y emocional de los núcleos familiares como parte de las violaciones a la integridad personal, vinculándolos a acciones u omisiones de los entes penitenciarios y judiciales.
También plantea la activación de mecanismos internacionales —como la ONU, la CIDH y la Corte Penal Internacional— para que estos casos sean considerados dentro de posibles patrones sistemáticos de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
Finalmente, enfatiza la necesidad de construir expedientes individuales y promover responsabilidades penales contra funcionarios involucrados en detenciones arbitrarias, dilaciones procesales o incumplimiento de medidas internacionales, subrayando que estas prácticas deben tener consecuencias jurídicas a nivel internacional.
“Hacer memoria por ellas es un acto de resistencia absoluta contra la normalización del horror. Sus nombres ya no pertenecen a la crónica del dolor, sino al altar invisible de la dignidad de todo un país”, cierra el comunicado.
La espera también es una forma de resistencia. Las madres, hijas, esposas, hermanas de presos políticos sostienen la exigencia de justicia frente a un sistema que prolonga la incertidumbre y traslada el peso del castigo a las familias. Fotografía: Gaby Oráa.
