Activistas e investigadoras en materia de violencia basada en género temen que fenómenos sociales como este continúen siendo relegados aún en una posible transición. Coinciden en que un campo de batalla clave es el comunicacional, por lo que hacen propuestas para combatir la violencia contra las mujeres desde espacios aadémicos como la ULA y desde los medios de comunicación
“He presenciado cómo, al tocar temas de acoso en la facultad, algunos representantes profesorales justifican al agresor y minimizan el testimonio de la denunciante”, cuenta Diomary Escalante, estudiante de Comunicación Social y representante estudiantil ante el Consejo de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de Los Andes (ULA), en Mérida. La frase no describe un hecho aislado, sino una resistencia cultural e institucional que, según cuenta, sigue viva dentro del campus cada vez que se denuncia acoso o violencia.
La situación genera una indignación en parte de la comunidad estudiantil, y en este sentido los liderazgos estudiantiles han discutido sobre la necesidad de una formación obligatoria en perspectiva de género y derechos humanos en todos los ámbitos universitarios, para que la ULA sea, de verdad, un espacio seguro para estudiantes, profesoras y trabajadoras.
Un patrón que se repite fuera del campus
Lo que ocurre en los pasillos de la ULA no está desconectado del país. Mientras la opinión pública se concentra en la reorganización institucional de Venezuela, la violencia basada en género (VBG) queda al margen de la agenda nacional. La escasa formación en la materia y la ausencia de cifras oficiales le abren paso, además, a la desinformación.
El informe Venezuela después del 3 de enero: tres miradas para pensar lo público, de la Fundación Botín, advierte que una posible fase de transición obliga a repensar las prioridades del Estado y la reconstrucción del tejido democrático. Para la criminóloga y activista de derechos humanos Antonella Guerrero, la VBG es uno de los fenómenos que ya venía relegado por la crisis humanitaria y que corre el riesgo de seguir postergándose bajo la lógica de atender “lo urgente” sobre “lo importante”. El debate público, dice, suele polarizarse entre gobernabilidad y economía, dejando espacio a discursos de odio, revictimización y sesgos machistas.
Guerrero apunta directamente al tratamiento mediático: las noticias sensacionalistas y el manejo irresponsable de los relatos funcionan como un freno para las víctimas, alimentan el subregistro de casos y refuerzan la percepción de impunidad. A falta de estadísticas oficiales, un dato muy citado es el de la organización Utopix, que registró un femicidio consumado cada 57 horas durante 2025. Contar con cifras precisas, insiste la criminóloga, permitiría diseñar políticas públicas reales de prevención e intervención. Reclama además que la sensibilización en perspectiva de género deje de ser optativa en la formación de las y los comunicadores sociales.
El liderazgo estudiantil marca la agenda dentro de la ULA
Es justo ese vacío el que Escalante y sus compañeras buscan llenar desde dentro. Aunque reconoce que la ULA es históricamente un bastión de defensa democrática, la estudiante insiste en que eso no basta: hace falta incorporar materias obligatorias que conecten al estudiantado, de forma crítica, con las realidades más vulnerables de la región andina.
Su propuesta tiene un blanco concreto: el Departamento de Comunicación Social. Considera que este debe asumir un enfoque de derechos humanos riguroso, que forme profesionales capaces de ofrecer información veraz y educativa, y que le dé a la ciudadanía herramientas reales para tomar decisiones. Junto a sus compañeras de clase, ha discutido que las aulas deberían convertirse en laboratorios de verificación de datos, para que las narrativas engañosas externas no terminen dictando la cobertura informativa.
La investigación respalda lo que piden las estudiantes
Lo que Escalante plantea desde el activismo estudiantil coincide, en gran medida, con lo que sostiene la investigación académica. Nilsa Gulfo, periodista e investigadora del Observatorio Venezolano de Violencia con diez años estudiando el fenómeno, considera que la respuesta de la academia no puede limitarse a iniciativas aisladas o coyunturales: instituciones como la ULA primero deben reconocer que la VBG es un problema recurrente dentro de sus propias estructuras, y luego aplicar una reestructuración pedagógica profunda.
Para Gulfo, la perspectiva de género debe ser un eje transversal —en los proyectos de servicio comunitario, en las tesis de grado, en las asignaturas de periodismo—, de modo que el pensum funcione como un espacio de concientización donde se aprenda a identificar tempranamente los factores de riesgo. “Preservar la vida y la dignidad de una mujer es defender los derechos humanos en su dimensión más pura”, resume.
Sobre el ejercicio periodístico regional, es igual de directa: el mayor vicio al informar sobre violencia de género es la falta de investigación y de empatía, lo que deriva en notas superficiales o revictimizantes, tratadas como simples crónicas rojas. “Hace falta preparación en la terminología y en la contextualización para que la narrativa sea de calidad. Muchas veces los medios normalizan el tema y lo tratan únicamente como un suceso”, advierte.
La hoja de ruta de las nuevas comunicadoras
Frente a ese ecosistema mediático de coberturas planas y homogéneas, Escalante ve una oportunidad para su generación: narrar con enfoques más humanos y creativos. “En lugar de repetir las mismas voces, podemos diversificar las fuentes y consultar a mujeres especialistas, madres, amas de casa y lideresas comunitarias para reflejar el impacto diferenciador de la crisis”, plantea. “Tenemos el poder de contar historias que se posicionen en la agenda pública nacional y fortalezcan la democracia desde la región andina”.
Para la joven, ese ejercicio profesional debe sostenerse en alianzas y en sororidad gremial. Propone consolidar redes de trabajo entre estudiantes activas y periodistas egresadas de la ULA, que generen espacios de apoyo, mentoría y oportunidades laborales comprometidas con el rigor y la veracidad.
Mientras el país negocia su transición institucional, es el liderazgo estudiantil de la ULA el que insiste en que esa reconstrucción también se escriba con perspectiva de género, sin esperar a que la agenda nacional le haga espacio.
En las comunidades donde la subsistencia diaria es una prueba de resistencia y cuesta ver más allá de lo cotidiano, preguntar a una niña o adolescente qué quiere ser de grande no suele encontrar respuestas como “estudiar una carrera universitaria” o “trabajar en una oficina corporativa”; no cuando la incertidumbre es cuál será la siguiente comida.
La pobreza estructural, la falta de referentes, la desigualdad de género y la inestabilidad socioeconómica actúan como inhibidores de expectativas, que acaban con la imaginación y borran cualquier proyecto de vida a largo plazo. Es el resultado de un sistema que aparta el futuro para enfocarse en el presente más inmediato.
Desde el estado Anzoátegui, sin embargo, una asociación civil trabaja para tratar de rescatar esa “chispa”, para que niñas y adolescentes se convenzan de que tienen derecho a anhelar más, y que tienen la capacidad de lograr lo que se propongan.
La trampa de la supervivencia: cuando el presente acaba con el mañana
El primer gran obstáculo que frena la proyección de las jóvenes en contextos desfavorables es la urgencia de la subsistencia. Cuando el entorno familiar está marcado por la precariedad material, los recursos emocionales de una niña se enfocan directamente en las carencias básicas. Esto no solo limita el desarrollo práctico, sino que impacta profundamente en su mente.
Así lo explica Sandra Briceño, presidenta de la Fundación ConValores —creada en 2011 bajo el lema educar para al vida— tras la experiencia que han acumulado en los últimos años al trabajar de cerca con niñas y adolescentes de la Casa Hogar San José, ubicada en Barcelona estado Anzoátegui.
“Cuando una niña o adolescente ha crecido en entornos vulnerables o de desprotección, sus recursos emocionales y cognitivos están enfocados en el día a día. A esto se suma la creencia de que su realidad actual o las historias de su entorno inmediato dictan el techo de su destino”, advierte.
Briceño agrega que a muchas de ellas les faltan herramientas para manejar sus emociones, “lo que genera un temor profundo al fracaso y la idea de que ‘soñar en grande no es para ellas’. Romper la inmediatez para empezar a mirar el futuro requiere, primero que nada, restaurar la certeza de que son valiosas y merecedoras de oportunidades”.
En el ámbito de la salud esta dinámica se conoce como desesperanza aprendida o pobreza mental. Al respecto, la psicóloga egresada de la Universidad Arturo Michelena, Louisiana Rodríguez, explica que en estos contextos existe “una deficiencia, una desesperanza, esa resignación y sobre todo el creerme poco o mucho por un valor material”.
Advierte que la escasez material mal gestionada en el núcleo familiar, combinada con la falta de educación emocional, determina la manera en que las y los jóvenes perciben su propio valor y sus posibilidades de desarrollo frente al resto de la sociedad.
Cuidado temprano y roles impuestos: el costo de asumir responsabilidades adultas
A esta realidad se suma que la desigualdad de género se manifiesta de forma temprana en los hogares vulnerables, donde las niñas asumen roles de cuidado y apoyo emocional que corresponden a los adultos. Este cambio de funciones altera drásticamente las etapas del desarrollo.
Rodríguezdetalla que “las responsabilidades de cuidado temprano, y los estilos de crianza en familia donde el hijo es consejero de mamá o la hija acompaña a mamá o papá a que la pasen bien o mal, es el estilo donde el niño aprende a que su valor es por todo lo que le da a los demás. Esto hace que de adulto mida su valor por su capacidad de dar”.
Añade que este patrón de conducta convierte a la niña en un sostén emocional a temprana edad, eliminando su derecho a pasar por las etapas de crecimiento desde la seguridad y el juego. Al volverse adultas, cargan con una incapacidad crónica para poner límites, quedándose en relaciones de abuso o resignándose a situaciones de precariedad afectiva y laboral porque aprendieron tempranamente que “aguantar” es la única vía para recibir afecto.
La ausencia de referentes y el impacto en la identidad
No se puede desear lo que no se conoce. En los barrios y comunidades vulnerables del país, la escasez de profesionales o de modelos de éxito académico limita profundamente la capacidad mental de las adolescentes. Si el entorno cotidiano solo ofrece ejemplos de economía informal o de resolución violenta de conflictos, la educación superior se percibe como algo inalcanzable.
Sobre este vacío de referentes, Sandra Briceño de la Fundación ConValores argumenta que “la ausencia de referentes profesionales cercanos genera una brecha en la imaginación de posibilidades, si en su entorno cotidiano los únicos roles visibles están vinculados a la informalidad, estudiar una carrera o crear un emprendimiento lo pueden ver como innecesario o imposible”.
Sobre la inestabilidad económica, explica que la urgencia de generar ingresos a corto plazo suele sobrepasar los planes educativos a largo plazo: “Por eso, mostrarles modelos de vida distintos y conectarlas con profesionales que compartan sus historias es clave para que entiendan que ese camino también es posible para ellas”.
La psicóloga Louisiana coincide y destaca que el entorno familiar y comunitario impacta de manera directa en la construcción de la identidad y de las vivencias internas que frenan su desarrollo.
“Cuando vamos creciendo queremos cosas diferentes pero tenemos una voz interna que dice ‘no voy a poder por más que lo quiera hacer’… ¿Quién me enseñó a mí a fracasar antes de intentarlo, dónde aprendí que si no lo hacía excelente, no había hecho nada, dónde aprendí que no era suficiente? Mayormente esos conceptos los vi en mi entorno escolar, comunitario o familiar”, revela.
El costo global de apagar los sueños: datos que exigen un cambio
La falta de expectativas profesionales en las niñas no es un caso aislado o una anécdota local, representa una crisis estructural con repercusiones devastadoras. Organismos internacionales han documentado cómo el abandono educativo de las niñas contribuye a la pobreza global.
A nivel mundial, las estadísticas recopiladas por ONU Mujeres señalan que más de 119 millones de niñas siguen sin asistir a la escuela, enfrentándose a barreras sistémicas que van desde la falta de infraestructura escolar segura hasta la discriminación de género. Los informes globales respaldados por agencias de la ONU recuerdan que la falta de oportunidades educativas para las mujeres representa una pérdida billonaria para las economías mundiales, de hecho, los análisis de desarrollo señalan que “por cada dólar invertido en la educación de una niña, la economía global crece tres”.
Por el contrario, la permanencia en el sistema educativo actúa como el método más eficaz contra la vulnerabilidad. El poder económico de cada año escolar demuestra que un solo año adicional de enseñanza secundaria puede aumentar los futuros ingresos de una niña en la edad adulta en hasta un 20 %. A la vez, existe una relación directa con el matrimonio infantil: por cada año adicional que una niña logra permanecer en la escuela secundaria, la probabilidad de que se case o se una tempranamente en la infancia disminuye en un 6 %. La escuela, por lo tanto, no es solo un espacio para transmitir conocimientos, sino el principal escudo protector del plan de vida femenino.
Reconstruir el futuro: estrategias comunitarias y resiliencia
Frente al panorama de la desesperanza, la intervención institucional enfocada en el afecto, la estructura y el empoderamiento emocional demuestra que es posible encender la chispa de la ambición académica en la infancia vulnerable.
Al respecto, Sandra Briceño detalla cómo en Convalores trabajan desde el afecto, el acompañamiento y “la educación basada en valores e inteligencia emocional. No llegamos con respuestas impuestas, sino a construir puentes. A través de dinámicas de juego, arte, talleres de liderazgo, herramientas pedagógicas y jornadas de atención integral, creamos un espacio seguro donde se sienten escuchadas y respetadas”.
Su enfoque se concentra en dos pilares esenciales: autoestima y propósito. Les brindamos herramientas de comunicación asertiva y resolución de problemas para que reconozcan sus fortalezas internas. Cuando una niña descubre que su voz importa y que sus talentos tienen valor, empieza de forma natural a proyectar un futuro diferente”.
La especialista Louisiana Rodríguez indica que, para fomentar la resiliencia, el trabajo debe centrarse en el autoconocimiento profundo y en la estructuración de la cotidianidad: “No voy a tener una visión al futuro óptima o saludable para mí si no me conozco… fomentar el autoconocimiento es importante porque la mayoría de los pacientes cuando van al psicólogo ni siquiera conocen cómo son sus crisis… Un adolescente tiene que tener horario, rutina, hacer deporte, actividades donde explote su potencial y tiene que educarse mucho sobre sí mismo para que se logre ubicar”.
La efectividad de este enfoque se comprueba en el ámbito práctico. Sandra Briceño contó sobre las jornadas en las que han invitado a la Casa Hogar San José a mujeres profesionales y voluntarias para que compartan sus testimonios de vida con las niñas.
“En una de esas actividades, al finalizar las dinámicas, una de las niñas se me acercó y me dijo que antes pensaba que al salir de la Casa Hogar solo podría aspirar a trabajos informales, pero que al escuchar a las ponentes entendió que ella también podía estudiar y ser líder. Ver cómo pasa de la duda a decir con firmeza ‘yo quiero ser profesional’ o ‘yo quiero tener mi propio proyecto’ es la confirmación de que la chispa se encendió. Esos instantes hacen que cada esfuerzo valga la pena”, dice.
Garantizar que las niñas y adolescentes de sectores vulnerables puedan soñar con una profesión no es un acto de caridad, sino una exigencia de justicia social y derechos humanos.
Romper los patrones de la pobreza estructural y de la desigualdad de género exige eliminar la urgencia de la supervivencia cotidiana mediante redes de apoyo, estabilidad socioeconómica y programas de salud mental y liderazgo. Solo cuando la sociedad sea capaz de ofrecerles entornos seguros, referentes cercanos y la certeza de que su voz importa, el futuro dejará de ser un privilegio inaccesible para convertirse en una realidad conseguida.
Los estereotipos de género, la cultura de las empresas familiares y la sobrecarga de cuidados todavía limitan el acceso de las mujeres venezolanas a posiciones de decisión en el sector privado. Sin embargo, experiencias como el aumento de mujeres en cargos gerenciales del mercado de valores y la adopción de políticas de igualdad en empresas muestran prácticas que podrían ser aprovechadas y ampliadas en una eventual transición venezolana
Cinco casas de bolsa venezolanas están presididas hoy por mujeres. Estas profesionales tienen la tarea de atraer inversionistas y mantener rentable sus empresas en un mercado de valores pequeño. Sus cargos financieros son una excepción que comenzó durante la pandemia del Covid y que ahora, en la nueva etapa que vive Venezuela, se convierte en un recordatorio del terreno que le falta ganar al liderazgo empresarial femenino en el país.
“Sería interesante estudiar este caso del mercado de valores, porque no es lo usual. Las áreas financieras suelen considerarse como áreas duras y cosas de hombres, al igual que sucede en tecnología. De hecho, es dificilísimo encontrarse con una gerencia de mujer en cargos de finanzas u operaciones, aunque eso sea disonante con los datos de graduación en las universidades”, explicó Rosa Amelia González, investigadora del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA).
La mayoría de las altas gerencias corporativas a cargo de mujeres venezolanas, de hecho, suelen encontrarse en áreas vinculadas con seguros, recursos humanos o asuntos públicos. Mientras que en ámbitos de finanzas o tecnología suelen estar dirigidas por hombres. La brecha de género gerencial es amplia en el país, aunque lo importante parece ser reconocerla ahora, para comenzar a trabajar en el cambio.
La excepción de las casas de bolsa
Stephany Suárez asumió las riendas de la casa de bolsa Interbono en el año 2020. En aquel momento, se convirtió en la única presidenta de una casa de bolsa en Venezuela y también en la profesional más joven con un cargo gerencial de primer nivel en el mercado de valores nacional.
“Hoy, en la junta directiva de Interbono, somos cuatro mujeres y dos hombres. Mi línea gerencial son todas mujeres. Este cambio tiene alrededor de cinco años”, relató Suárez.
Ahora el reto lo comparte con otras cuatro líderes de casas de bolsa. María Emperatriz Salazar preside Mercosur, mientras que Denny Ojeda Leal dirige Acciona. Mayra Bastidas está al frente de World Trading. Aunque el caso más llamativo es el de Adriana Goncalves de Gois, quien es la presidenta ejecutiva de Merinvest, una casa de bolsa fundada en 1987 y cuya labor en la colocación de papeles comerciales ocupó el primer lugar del país en 1995.
María Emperatriz Salazar, por ejemplo, se convirtió en la presidenta de la casa de bolsa Mercosur en 2022. Su ascenso fue un reconocimiento a su entendimiento de un mercado nacional con diversos obstáculos durante la década pasada y también a sus 18 años de permanencia en una empresa con bastantes voces femeninas.
“70 % de la fuerza laboral de Mercosur son mujeres. Si miras los departamentos de atención al cliente, finanzas y negocios, contabilidad o administración verás que la mayoría son mujeres. Pero también estamos en las gerencias y la junta directiva. Quizás el único departamento donde son puros hombres es sistemas”, detalló Salazar.
Este panorama no se reduce a un puñado de casas de bolsas. Una encuesta realizada por la Cámara Nacional de Intermediarios del Mercado de Valores con el apoyo técnico de ONU Mujeres también reveló que, a febrero 2026, más de la mitad de los cargos gerenciales (53 %) en este sector son ocupados por mujeresprofesionales y que, al menos, una mujer se encuentra en la junta directiva de la mayoría (63 %) de las casas de bolsa venezolanas.
El liderazgo femenino resalta, además, en la Caja Venezolana de Valores, que es la única organización de custodia de las acciones en el país. En cambio, la directiva de la Bolsa de Valores de Caracas está representada en su totalidad por hombres.
Hay pocas explicaciones sobre por qué las mujeres lograron ampliar su presencia en las gerencias del mercado de valores nacional, aunque vale destacar que un sondeo hecho por el IESA en 2019 encontró un elemento diferenciador. “Las empresas nacionales demandaban honestidad y responsabilidad y, en ese sentido, se reconocía que las mujeres eran más centradas y menos corruptibles. Si las empresas tienen esa conciencia, eso puede llegar a ser una ventana para ellas”, apuntó González.
El peso del contexto venezolano
Fuera del mercado de valores o el sector de los seguros donde las mujeres también ocupan un número importante de altas gerencias, la crisis económica tuvo efectos disímiles en el camino a la promoción de un mayor liderazgo empresarial femenino en Venezuela.
Por un lado, el efecto migratorio de los profesionales con edades entre 25 y 45 años abrió las puertas de acceso a las mujeres para obtener más cargos gerenciales en el país. Mientras, la crisis económica empujó a muchas mujeres con formación técnica y universitaria a dedicarse a las tareas de cuidado de niños y adultos mayores.
“Los 10 años más recientes están caracterizados por dos tendencias: una mayor participación de mujeres como dueñas de empresas y una menor participación de las mujeres en la fuerza laboral en general”, advirtió José Luis Saboin en su investigación “La empresa venezolana: situación actual, retos y oportunidades”.
El análisis de Saboin proviene de una encuesta a compañías venezolanas realizada en conjunto entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el IESA. Un total de 263 empresas con operaciones en Venezuela contestaron a este sondeo entre finales de 2019 y comienzos de 2020. Si bien sus datos no pueden considerarse representativos, sí revelan factores claves para entender lo que debe cambiar de cara a una transición venezolana que también incluya una mayor participación femenina en el más alto nivel de las gerencias corporativas.
“Algo que me impresionó mucho es que las oficinas de recursos humanos no llevaban los datos desagregados por género, cuando les preguntamos. Si no generas los datos, ¿cómo vas a tener una política? Se ve que hay empresas venezolanas que ni siquiera consideran el género en su mindset corporativo”, detalló González, quien participó en otro sondeo con las compañías venezolanas hecho por el IESA.
Si se siguen las estadísticas de las empresas venezolanas que se sumaron a los Principios de Empoderamiento de las Mujeres (WEPS, por sus siglas en inglés) se descubre también lo difícil del camino por un cambio.
Estos principios globales fueron creados por las Naciones Unidas en 2010, para que las empresas apuesten por la igualdad salarial, la tolerancia cero frente al acoso sexual y las buenas prácticas para el avance de las mujeres a más cargos gerenciales.
Diez años después del trabajo de promoción de la oficina de las Naciones Unidas de Venezuela apenas una empresa había suscrito el acuerdo. El giro empezó a darse tras la pandemia del Covid y así se sumaron la firma de auditoría KPMG Venezuela (2020), Nestlé Venezuela (2021) Coca-Cola Femsa Venezuela (2022) y la Universidad Metropolitana (2023).
El listado completo cuenta con 82 empresas firmantes, tanto nacionales como multinacionales con operaciones en el país, a septiembre de 2026. Se incluye a los bancos Banesco, Banplus, Plaza y Nacional de Crédito (BNC), así como las petroleras Chevron y Repsol. Al igual que Arcos Dorados Venezuela, Pepsico Alimentos, Grupo Zoom, Telefónica Venezuela, Ubii Pagos y Venevisión.
Se sabe de la firma de los WEPS por parte de las empresas en el país, pero es difícil encontrar algún análisis sobre los resultados generados a lo interno de estas corporaciones en los seis años más recientes. Lo único que parece claro es que el contexto venezolano obliga a que se busquen soluciones adicionales a promover eventos de conexión entre profesionales o mentorías para las mujeres.
El impulso de los liderazgos empresariales femeninos debe considerar, además, la caída general de los salarios y la inexistencia de programas de cuidado diario para infantes y adultos mayores. En un país donde las profesionales prefieren quedarse en casa a cuidar a sus hijos y sus familiares mayores, antes que movilizarse por un bajo salario tampoco son posibles más ascensos de mujeres. Eso sin considerar el factor cultural.
“Hay un problema adicional en Venezuela, que es la cantidad de tejido de empresas familiares. Estas empresas tienen sus problemas propios a la visión de la familia y a lo que creen que son tareas de sus hijos varones o de sus hijas hembras a la hora de ocuparse de los negocios”, advirtió la investigadora del IESA.
La promoción de una mayor cantidad de liderazgos empresariales femeninos es un reto complejo, al igual que los otros cambios sociales, económicos o institucionales que requiere el nuevo momento político. La clave es no dejar esta tarea por fuera.
El impacto de las fallas de electricidad, agua y gas doméstico es mayor para las mujeres, en quienes ya recae, de manera desproporcionada, el trabajo doméstico y de cuidado
A las 2:00 de la madrugada, mientras su familia duerme, Alexandra García, de 51 años, atiende las necesidades del hogar. Lava la ropa, limpia un poco la casa y almacena agua en pipotes plásticos que usarán el resto del día, cuando las tuberías esten secas.
Al terminar, la mujer se recuesta en su cama con la esperanza de descansar un poco antes de volver a levantarse a las 5:00 a.m., preparar algo de comer y salir hacia el consultorio médico donde trabaja como secretaria. Alexandra tiene una hija y también vive con sus padres, que son adultos mayores, por lo que gran parte de las responsabilidades domésticas y de cuidado recaen sobre ella.
Su jornada resume una realidad que se repite en distintos hogares del estado Lara y el resto de Venezuela: las fallas en los servicios públicos alteran significativamente las rutinas de la población, y profundizan la carga del trabajo en casa que recae especialmente sobre las mujeres.
Vidas al servicio de los servicios
Los apagones y la falta de agua obligan a reorganizar los horarios, e incluso a sacrificar el sueño, para hacer actividades tan elementales como cocinar, lavar y limpiar.
Solo entre el 31 de agosto y el 6 de septiembre de 2026, la asociación Activos por la Luz registró 188 cortes de energía y 52 fluctuaciones (bajones) en 44 sectores del estado Lara, para un total acumulado de 853 horas y 16 minutos sin electricidad en una semana.
Esta organización ciudadana —que surgió en la entidad tras el megaapagón nacional de 2019 para documentar las fallas eléctricas, exigir información y respuestas— advirtió que los municipios Iribarren y Palavecino reportaron 137 y 41 cortes de luz respectivamente. Algunas comunidades presentaron interrupciones del servicio durante todos los días de esa semana.
A esta situación se suma otra irregularidad. Una encuesta realizada en 2021 por el Laboratorio de Desarrollo Humano (Ladeshu) a 971 hogares larenses arrojó que, para entonces, 94 % de los hogares tenía algún déficit en el acceso al gas doméstico.
El problema, sin embargo, no afectaba a todos los integrantes de la vivienda por igual. Casi la mitad de los encuestados (49 %) indicó que eran las mujeres quienes cargaban las bombonas desde el lugar de abastecimiento hasta sus casas. El estudio identificó que en la mitad de los hogares consultados, en los nueve municipios de la entidad, la jefatura correspondía a mujeres, quienes debían idear cómo compensar las horas perdidas por la gestión de las fallas en los servicios.
El Ladeshu —organización fundada en 2014 en Barquisimeto para visibilizar vulneraciones de derechos y acompañar a las comunidades— también documentó otros impactos de las fallas de gas. En el municipio Iribarren, 81 % de las familias entrevistadas utilizaba cocinas eléctricas, alternativa que se vuelve falible en un contexto de cortes de electricidad constantes. Mientras, los que empleaban leña dijeron que presentaron problemas respiratorios y lesiones oftalmológicas.
Administrar la incertidumbre
En El Coriano 2, al oeste de Barquisimeto, Doris de Pérez, de 60 años, también ajusta su jornada a la disponibilidad de electricidad. Es manicurista y atiende a clientas en sectores cercanos a su residencia. Algunas veces llega a una vivienda y descubre que se fue la luz, por lo que no puede trabajar.
Para Doris, cada apagón puede representar más que retrasar una tarea doméstica. También puede significar perder dinero, disminuir sus ingresos. Si una clienta le cancela la cita porque no tiene electricidad, debe reorganizar su agenda; al regresar a casa encuentra además los oficios acumulados. Doris vive con su hijo y suele preparar su almuerzo durante la mañana porque sabe que en la noche puede no disponer de electricidad para cocinar.
Mientras, en El Recreo, Luz Marina Maggiolo de 66 años vive con su esposo, de 74. Él tiene hipertensión y ella se encarga de atenderlo. Luz Marina padece artrosis y problemas del túnel carpiano. Debe utilizar una muñequera para evitar que su condición empeore, o tendría que someterse a cirugía, sin embargo, no cuenta con los recursos económicos para adquirirla.
Aunque tiene dos hijos, vive únicamente con su esposo y se dedica a los oficios del hogar porque no ha encontrado trabajo. Para ella, las fallas de los servicios se suman a esa carga doméstica y de cuidado que ya ocupa buena parte de su tiempo. Resolver las necesidades de la casa mientras atiende a su esposo significa administrar no solo la electricidad o el agua disponible, sino también sus propias limitaciones físicas.
Del cansancio físico al desgaste emocional
Otro estudio de Activos por la Luz realizado en septiembre de 2020 ya reportaba otras consecuencias de la crisis del sistema eléctrico que suelen pasar desapercibidas: prolongados sentimientos y manifestaciones de ansiedad, angustia, estrés, depresión, ira e incertidumbre. El documento también advertía sobre efectos en niñas, niños y adolescentes, así como jóvenes y adultos mayores.
En 2026, Susana Romero, coordinadora del Programa Psicosocial y Legal de la Asociación Larense de Planificación Familiar (Alaplaf), observa situaciones similares desde el trabajo comunitario. Entre las mujeres expuestas a la crisis de los servicios públicos identifica manifestaciones asociadas con ansiedad, estrés, alteraciones del sueño y depresión.
La relación no debe entenderse como una causalidad automática: los problemas emocionales pueden tener múltiples causas. Pero la incertidumbre permanente, la pérdida de horas de descanso, la sobrecarga doméstica y la dificultad para conciliar las responsabilidades laborales y familiares añaden factores de presión.
Alaplaf —una organización con décadas de trabajo en Lara vinculada históricamente con la salud sexual y reproductiva— ha ampliado parte de su intervención comunitaria hacia la formación, el acompañamiento psicosocial y la creación de redes.
Durante 2025-2026, reportó 2.476 mujeres sensibilizadas en cinco sectores de Iribarren y Palavecino: Portachuelo, Brisas del Parque, Las Cuibas, Colinas del Trompillo y Brisas del Norte.
El programa de formación de promotoras comunitarias busca fortalecer capacidades para identificar necesidades, gestionar emociones, acompañar a otras mujeres, reconocer recursos disponibles y generar respuestas desde las propias comunidades.
Para Romero, esa formación también permite superar una lógica exclusivamente asistencialista. Las mujeres reciben herramientas para analizar la realidad de sus comunidades, identificar problemas y gestionar soluciones con los recursos disponibles.
La apuesta, explica, es que puedan convertirse en canales de negociación y facilitación ante las instituciones. Es decir, que no solamente reciban respuestas, sino que desarrollen capacidades para plantear necesidades y buscar soluciones colectivas.
Redes de apoyo frente a una crisis que se multiplica
Romero considera que la precariedad de servicios como agua y electricidad puede analizarse también desde una perspectiva de violencia estructural, en la medida en que sus consecuencias se acumulan sobre mujeres, niñas y adolescentes encargadas de tareas de cuidado no remuneradas.
La organización ha encontrado que las dificultades no se limitan a las mujeres adultas. Adolescentes desde los 14 años participan en los espacios comunitarios y algunas enfrentan responsabilidades dentro de sus hogares que interfieren con su continuidad educativa.
Ese aspecto amplía la dimensión del problema. Una joven que debe permanecer en casa para cuidar, buscar agua, atender necesidades familiares o resolver tareas domésticas también puede perder horas destinadas al estudio.
En este escenario, las redes de apoyo funcionan como una forma de respuesta comunitaria. No sustituyen los servicios públicos ni resuelven las fallas estructurales, pero pueden reducir el aislamiento y permitir que las mujeres compartan información y herramientas para enfrentar situaciones que individualmente resultan más difíciles.
La crisis de los servicios públicos, medida en horas sin electricidad, días sin agua o meses con dificultades para conseguir gas, tiene así otra dimensión menos visible: el tiempo que las familias deben invertir para compensar las fallas.
Las historias permiten observar que las mujeres son más vulnerables ante la precariedad de los servicios, mientras las organizaciones buscan fortalecer las capacidades de esta población para gestionar emociones, organizarse y construir respuestas colectivas, tejiendo redes que se convierten en una herramienta para enfrentar la cotidianidad.
Lisbeth Rojas, Rumelys Rodríguez y Oscarlex Bolívar promueven el liderazgo femenino y la participación comunitaria en sectores populares de Anzoátegui, como una vía para enfrentar la normalización de la crisis venezolana y abrir camino a nuevas voces para el desarrollo nacional
En cada comunidad organizada del estado Anzoátegui, al oriente de Venezuela, hay historias cotidianas de resistencia, empatía y compromiso democrático. Así lo han constatado tres lideresas que, a través de la asociación civil Aprender Haciendo y la Red de Mujeres Constructoras de Paz, han llevado herramientas de formación e impacto social a sectores populares del norte, sur y oeste de la entidad.
El recorrido ha sido impulsado por la licenciada en docencia y psicopedagogía Lisbeth Rojas, directora de Aprender Haciendo, una organización sin fines de lucro que ejecuta programas de carácter social, humanitario y educativo, orientados al desarrollo comunitario y el bienestar de poblaciones en situación de vulnerabilidad.
El trabajo de Rojas ha sido clave para formar y fortalecer capacidades en las comunidades con el propósito de que las mujeres reconozcan sus derechos y desarrollen su participación social activa, principalmente en las zonas donde hacen vida.
“Por más de diez años hemos llevado información a las comunidades sobre los derechos de la mujer, violencia de género, participación política y el rol de cada una de ellas en la búsqueda de soluciones para sus comunidades. Realizamos unas cuatro actividades de formación al mes y en cada una de ellas hemos contado con la asistencia de entre 15 y 20 mujeres”, explica.
Además de promover talleres sobre el emprendimiento, su acompañamiento ha guiado a las beneficiarias en la solución directa de sus problemas. Destacan la recuperación de canchas deportivas gestionada por mujeres y hombres de algunas localidades anzoatiguenses como Barrio Razetti de Barcelona, Barrio Obrero en Clarines y Alí Primera en El Tigre.
La directora de Aprender Haciendo destaca que la participación de las mujeres es indispensable para el desarrollo colectivo y recomienda romper con esquemas históricos que limitan su accionar en el país.
“La mujer debe tener su espacio para la participación y no pensar que su rol principal es atender únicamente sus hogares, pues esa idea le resta el tiempo necesario para involucrarse en las grandes decisiones de su comunidad. No se trata de dejar de atender sus hogares, sino de entender que todo se puede lograr en unión familiar, compartiendo responsabilidades y con una buena organización. Hay que romper con los patrones patriarcales generacionales que han marcado nuestras conductas”, recalca.
A través de la asociación civil, fundada hace 12 años, algunas subcoordinadoras, como Rumelys Rodríguez y Oscarlex Bolívar, han llevado formación a las mujeres de las comunidades indígenas Kariña que hacen vida en los sectores Las Magnolias y Bajo Hondo, ubicados en los municipios Pedro María Freites y Simón Rodríguez de El Tigre, al sur de la entidad.
En estas zonas, afectadas por deficiencias en los servicios públicos como el agua y la electricidad, Rumelys Rodríguez ha visibilizado la fuerza del liderazgo indígena.
“En las comunidades Kariña hemos verificado cómo la participación política y social de las mujeres transforma la realidad. Cuando la mujer indígena reconoce su poder y sus derechos, se pone al frente de las exigencias para lograr agua, luz y dignidad para todo su pueblo. Sus voces son indispensables para reconstruir el tejido social”, sostiene.
Rumelys visita una vez por mes a los habitantes de las comunidades indígenas en la zona sur de la entidad, y revela que lograr la aceptación de las mujeres Kariña no ha sido fácil; sin embargo, han sido los conversatorios sobre violencia de género y derechos constitucionales los que le han permitido ganar la confianza de quienes en ellas habitan.
“En Las Magnolias, por ejemplo, desconocían que se podían dirigir a la alcaldía de Simón Rodríguez y solicitar la instalación de postes de alumbrado público, porque los residentes han limitado sus derechos a su cultura y forma de vivir, lo que les hacía pensar que la única solución para contar con energía eléctrica y alumbrado público era esperar ser tomados en cuenta”, asegura.
La joven activista, quien también es contadora pública, considera que ayudar a la comunidad indígena en el reconocimiento de sus derechos, bajo el enfoque y cultura de paz, ha sido el mayor aporte que ha podido dejar en la zona, donde ha notado como mujeres y hombres se han enfocado en la búsqueda de beneficios para todos, entre ellos; la activación de jornadas para la adquisición de bombonas de gas para quienes lo requieran.
Otro de los objetivos alcanzados por Rumelys en los últimos dos años es lograr el chequeo ginecológico de las mujeres kariña, a través de jornadas médicas que llevan a la localidad.
“Al principio no querían chequearse, pero poco a poco fueron ganando confianza. Incluso se negaban a ser revisadas por ginecólogos hombres y todo eso lo hemos ido trabajando con el fin de que todas puedan recibir atención oportuna”, cuenta.
Un relevo necesario
Para estas tres activistas, la participación política de la mujer en Venezuela no es solo un derecho, sino un requisito para avanzar hacia la democracia y el crecimiento sostenible nacional.
Frente a la precariedad y la crisis que enfrenta el país, advierten que el mayor riesgo es la resignación, por lo que resulta imprescindible multiplicar el esfuerzo y formar a las nuevas generaciones de relevo que transformaran a la sociedad.
Oscarlex Bolívar es activista política en la zona sur del estado Anzoátegui e integrante de la Red de Mujeres Constructoras de Paz, una alianza entre líderes comunitarias, activistas y periodistas de 16 estados de Venezuela, que tiene como objetivo aportar en el reconocimiento y la visibilización de la desigualdad de género, y también en la sensibilización sobre temas fundamentales relativos a las mujeres.
Destaca que las herramientas facilitadas durante las jornadas de formación comunitarias, sobre el reconocimiento de sus derechos y la participación política de la mujer, han ayudado a visibilizar los avances sociales locales y del país.
“Muchas veces normalizamos la vulneración de nuestros derechos. Tenemos que aprender a defender lo que por ley nos corresponde, pero primero tenemos que conocer cuáles son nuestros derechos y así poder generar criterios propios e identificación real de cada acto violatorio de ellos”, explica.
Recuerda la labor de sus padres desde el activismo político en la zona sur de Anzoátegui y asegura que desde su adolescencia aprendió a comprender que el liderazgo femenino debe servir como puente para demostrar que la acción pública es compatible con el crecimiento social.
“Es necesario evitar normalizar las carencias y el aislamiento. Como líderes, nuestra tarea es formar a nuevas mujeres para sumar esfuerzos por Venezuela. Al llegar a cada rincón de mi ciudad, le recuerdo a la ciudadanía que quienes hacemos política también tenemos una vida normal llena de retos como el trabajo, la familia y el hogar”, concluye Bolívar.
Su trabajo también alcanzó a mediados de 2026 a las mujeres desplazadas de otras regiones que llegaron al estado Anzoátegui luego del doblete sísmico del 24 de junio en Venezuela. Ambas organizaciones atendieron a esta población con jornadas médico asistenciales y entregas de kits de salud menstrual para mujeres.
En la actualidad, estas tres mujeres lideresas reconocen el riesgo que han enfrentado tras la defensa de los derechos ciudadanos en sus comunidades. Sin embargo, también agradecen la transformación y el crecimiento social que han podido presenciar luego de las acciones positivas que algunas mujeres en formación han guiado desde sus sectores.
Una red de amigas, activistas y doulas se unieron para ayudar a las mujeres embarazadas afectadas por los terremotos del 24 de junio: así llegaron a Darianny Tocuyo, quien perdió su hogar y todo lo que había comprado para cuando naciera su bebé
Cuando Darianny Tocuyo volvió en sí, se dio cuenta de que estaba en un Farmatodo del sector Playa Verde, en La Guaira. Escuchaba llantos y gritos a su alrededor; ahí comprendió que no era la única que intentaba procesar lo que había pasado. El 24 de junio reconfiguró la vida de miles de venezolanos y la suya. Ese día, Venezuela vivió un doblete sísmico con tan solo 39 segundos de diferencia. El primero tuvo de magnitud 7,2 y el segundo de 7,5.
“Ni me acordaba de que estaba embarazada. Escuché que una señora gritó: ‘Por favor, denle a la embarazada una silla’”, recuerda sobre ese día, cuando ella y su barriga de seis meses de gestación resaltaban en medio de aquel lugar.
Darianny entendió que la vida que había construido hasta entonces se había derrumbado delante de sus ojos. De la casa donde vivía con su pareja, que pertenecía a la abuela de él, no quedó nada.
Tras pasar una larga noche en el Farmatodo de Playa Verde, después de los sismos, Darianny y su pareja se fueron a casa de otros familiares a Santa Teresa del Tuy, en el estado Miranda. Ahí estuvieron un mes hasta que él tomó la decisión de irse a Colombia. “Me dejó sola y tuve que venir a casa de una tía aquí en Catia (Caracas). No tenía otro lugar a donde ir. Nos habíamos quedado sin nada”.
Semanas después, sentada en una silla en la casa de sus padres en el sector Nuevo Horizonte de Catia, la joven mira al cielo y suelta: “En ese momento perdí la memoria”. Busca en sus recuerdos, pero no ubica cómo salió de esa casa. La vivienda se convirtió en escombros porque encima le cayó una piscina y el agua lo tapó todo. Ella no solo perdió todas sus pertenencias, también todo lo que había podido comprar para su bebé.
La historia de Darianny no es un caso aislado. Un mes después de los terremotos, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) advirtió que el fenómeno natural agravó desigualdades ya existentes en el país y dejó a miles de personas con acceso aún más limitado a servicios esenciales de salud y protección.
Paula Narváez, la Directora Regional de Unfpa para América Latina y el Caribe, recalcó que “las emergencias no interrumpen los embarazos ni los partos, pero sí dificultan el acceso a la atención que mujeres y adolescentes necesitan para proteger su vida y su salud”.
La misma agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estimó que más de 36.000 mujeres resultaron afectadas por los terremotos. Pero, más allá de las cifras alarmantes, activistas, feministas y doulas se unieron para asistir a embarazadas porque observaron que, además de insumos, necesitaban acompañamiento.
Darianny Tocuyo, 20, toca su barriga durante una jornada médica para mujeres embarazadas en Coche, Caracas, Venezuela, el 13 de agosto de 2026. Fotografía: Andrea Hernández.
Mujeres desatendidas tras la emergencia
Después de los terremotos, Mariandreina Montilla, comunicadora social e integrante de la Alianza de Mujeres Políticas, comenzó a recorrer pequeños campamentos transitorios para las personas damnificadas. Con el apoyo de líderes y lideresas comunitarias, identificó a mujeres embarazadas que estaban atravesando situaciones complejas.
La activista compartió con una de sus amigas su preocupación por esta población y ella quiso ayudarla en una jornada. Comenzó localizando centros de acopio en Caracas para conseguir insumos que pudieran necesitar las embarazadas. Sin embargo, querían hacer más.
“Supimos que se tenía que brindar esta ayuda de forma focalizada. Así fue como se me ocurrió contactar con Uquira, porque son aliadas naturales, además de amigas, y les planteé la idea”, relata.
Al plan se sumó Aquamater, una organización no gubernamental conocida como el primer centro pionero en Venezuela dedicado de forma exclusiva al parto respetado, la maternidad consciente y el nacimiento humanizado. La unión surgió de la casualidad, ya que una voluntaria de la organización también estaba interesada en ayudar a una misma chica embarazada.
“Sí nos unimos, somos mucho más productivas, más fuertes. Así nació esta dinámica de colaboración y acompañamiento a las mujeres embarazadas. En una conversación entre amigas para ayudar y acompañar”, cuenta Montilla.
Más adelante, al proyecto de la Alianza de Mujeres Políticas, Uquira y Aquamater se sumaron Mi Convive, Fundación Andrés Bello y Alimenta la Solidaridad.
Para Darianny su primer encuentro con este grupo fue eso que ella llama “destino”. En medio del dolor que la embargaba, estaba navegando por TikTok y vio un video de una chica que hablaba de una iniciativa que ayudaba a mujeres embarazadas afectadas por los terremotos.
Con dudas sobre si podía ser real, la joven contactó a la chica de la publicación: “Mi mamá me dijo ‘escríbele, escríbele que tú necesitas’. Le expliqué toda mi situación y me dijo que escribiera a un número y lo hice”. Ese era el número de Mariandreina.
Las jornadas
Montilla señala que, al principio, pensaron en solo ayudar con kits, pero Aquamater sugirió ofrecer apoyo psicoemocional y ayudar a gestionar algunos de los partos. Después se sumó la Fundación Andrés Bello con atención ginecológica.
“Sacamos un flyer y me escribió la fotógrafa Andrea Hernández para pedirme más información sobre la forma en la que nos podía ayudar. Así que no solo era esta idea de los kits, también era la atención médica, el acompañamiento psicoemocional y el apoyo fotográfico, a cargo de Andrea”, explica la activista.
Se estableció entonces que las jornadas estarían compuestas por estaciones donde las madres recibirían atención ginecológica, asistencia con doulas y también se les ofrecía la posibilidad de maquillarse, para luego ser fotografiadas por Hernández.
Darianny llegó a una de estas jornadas en el campamento transitorio Pedro Emilio Coll, en la parroquia Coche de Caracas. Fue acompañada de su papá. Asistió a su consulta ginecológica y le dieron un kit con toallas sanitarias, toallas posparto, ácido fólico, vitaminas, toallas húmedas, pañales, jabón para bebé y uno de adulto, antibacterial, calcio, una caja de hierro, un paquete de tapa pezones y una crema antipañalitis.
—¿Quieres que te tomemos una foto?— le pregunta Andrea.
Darianny dice que sí y después se ponen a conversar. Cuenta que tiene una hermana gemela, y que tuvo que dejar la escuela cuando salió embarazada.
—¿Y qué estabas estudiando?—, pregunta la fotógrafa.
—Criminalística—, responde la joven.
—¿Te gustaba?—, repregunta Hernández.
—Sí—, dice Darianny y agrega que cuando estaba en el bachillerato, era ella quien le ayudaba a su hermana con las tareas.
Darianny de 20 años de edad —cumplidos el 27 de agosto— posa frente a la cámara con una tela azul de fondo. Andrea le entrega una foto impresa, ella agradece y se va.
Eili Córdova maquilla a Darianny Tocuyo, 21, en casa de sus padres en la zona popular de Catia, Caracas, Venezuela, el 28 de agosto de 2026. Fotografía: Andrea Hernández.
El nacimiento del bebé
Cuatro semanas después de ese encuentro, la joven dio a luz. Fue un parto de emergencia porque se adelantó. Como parte del seguimiento que realizan a quienes han atendido, Mariandreina y Andrea fueron a visitarla y a llevar algunas cosas para ella y el bebé.
—¿Se les hizo difícil llegar?—, pregunta la muchacha.
—No tanto—, dice Mariandreína.
Toda la familia de Darianny las estaba esperando. Sacan sillas de la casita y las reciben cariñosamente. Ella cuenta su experiencia, cómo tuvo dolores muy fuertes y las contracciones no la dejaban avanzar.
Sus padres hicieron lo que pudieron para movilizarla y el bebé nació sin más, a pesar de haber llegado antes de lo esperado. Darianny recibe a su hijo como un milagro. Como una muestra de que están vivos. En la casa de Nuevo Horizonte viven actualmente 13 personas, incluyendo a la joven. En un espacio reducido, todos se acomodan para estar.
Andrea le pregunta si quiere una foto con su bebé y ella responde que sí. En la sala de la vivienda aprovecha que hay una cortina de colores y la fotógrafa suelta: “Este espacio está lindísimo para la foto”.
Darianny busca a su bebé, que estaba medio dormido y medio despierto. Se acomoda el cabello y posa. Minutos después, la familia se une al retrato y Andrea le entrega la fotografía impresa. Todos se alegran en la sala.
Mariandreina no solo carga con insumos para Darianny y su familia, también, por pura coincidencia, lleva una torta y ahí se enteran que la joven cumplió 20 años el día anterior, el 27 de agosto, así que cantan el Cumpleaños feliz.
—El día de mi cumpleaños mi mamá me dijo que no tenía mucho para darme, pero que agradeciera que estaba viva— dice ella.
Darianny Tocuyo, 21, sostiene a su bebé recién nacido junto a su mamá, hermana y sobrina en casa de sus padres en la zona popular de Catia, Caracas, Venezuela, el 28 de agosto de 2026.Fotografía: Andrea Hernández
Las visitantes le aseguran que seguirán presentes en su proceso. Darianny cuenta que ha tenido problemas para amamantar, su bebé le ha roto los pezones. La activista recuerda que en el equipo hay doulas dispuestas a ayudar. La nueva mamá comenta que una de ellas le brindó atención antes y que no puede estar más agradecida.
Se abrazan y, de nuevo, prometen seguir en contacto. Darianny se despide con una sonrisa.
La importancia del apoyo de las doulas
En un país como Venezuela, donde la salud sexual y reproductiva parece estar en el último eslabón, las doulas juegan un rol importante. Ahora, durante la emergencia, han podido ayudar a decenas de mujeres embarazadas.
La Red Mundial de Doulas, cuenta su coordinadora Isabela Polito, se movilizó para identificar las primeras necesidades de las mujeres en conjunto con una red de voluntarias. Las doulas son personas que brindan asistencia durante el embarazo y después del parto. Lo hacen desde tres áreas principales: acompañamiento perinatal, apoyo continuo en el parto y sostén emocional o contención.
Para acompañar en terreno, elaboraron un protocolo y la red también se movilizó para ayudar desde la distancia, indica. Al ser una organización que se encuentra en diferentes países, todas se abocaron a la emergencia. Encontraron refugios sobrepoblados, historias sobre familias desplazadas e identificaron que se necesita más organización, ayuda material pero también apoyo emocional.
Melanie Agrinzones, doula y cofundadora de la colectiva feminista Uquira, coincidió con esta percepción. Dentro de los refugios temporales que visitaron había una necesidad palpable de apoyo emocional, en especial, para las embarazadas.
“Muchas se estaban enfrentando a la ansiedad y el miedo, y esto puede afectar el proceso de gestación, por eso la contención emocional era necesaria. Que ellas entendieran que podían tener a personas que las guíen en cómo ocurre un parto y cómo lactar en estas situaciones, personas que las acompañen durante el parto”, explica.
Darianny no es la única beneficiaria de la iniciativa. Suman más de 45 mujeres atendidas y que han podido sobrellevar sus embarazos en situaciones adversas. Para Agrinzones estas iniciativas, cercanas y que brindan contención emocional, las ayudan a entender que no están solas y que se pueden sostener en una red comunitaria, en una red de iguales para cuidarse entre ellas.
“Estas redes son las formas más amorosas de responder a las catástrofes: salvan vidas, organizan, planifican y, por supuesto, sostienen ante el miedo y ante la incertidumbre y crean espacios seguros de contención y de atención”, afirma.
Mariandreina Montilla, Eili Córdova y Darianny Tocuyo posan para un retrato en casa de sus padres en la zona popular de Catia, Caracas, Venezuela, el 28 de agosto de 2026. Fotografía: Andrea Hernández.
La confrontación directa con la muerte durante el doble terremoto del 24 de junio llevó a decenas de mujeres a pausar sus vidas cotidianas para volcarse al servicio. Asumieron labores de cocina, logística y organización, pero otras se enfrentaron al miedo y limitaciones convencionales para adentrarse en lo más profundo de los escombros. Su misión, tan riesgosa como compasiva, continúa: recuperar y devolver los cuerpos a aquellas familias que necesitan despedirse
Hay espacios, trajes, objetos y contextos que parecen propiedad masculina hasta que llega la tragedia. Hay labores que se asocian con la corporalidad, fuerza y el rostro de un hombre. Y también hay momentos que te enseñan que, en la emergencia, ninguna mano solidaria sobra porque la vida de alguien puede depender de la voluntad y el criterio de otro ser humano. Y a veces ese ser humano es una mujer, y a veces es una mujer que decide ser rescatista.
No saben si fue el hecho de ver las paredes de sus casas resquebrajarse. Sentir que mantenerse firme ya no era su decisión. Pensar que la vida se les iba en menos de 40 segundos. Pero el 24 de junio reprogramó su cotidianidad y transformó sus casas en carpas, sus zapatos en botas, habilidades que consideraban “corrientes” en capacidades técnicas indispensables para la recuperación de otro ser vivo o sus restos.
Antes del doble terremoto, Nadya Sabbagh (25) y Sarai Peña Castro (22) no se conocían, pero ahora sus historias están conectadas: de bailar en un salón pasaron a ser rescatistas de la extensión del equipo voluntario de los Topos Aztecas en Venezuela.
Nadie las llamó. Ellas se ofrecieron al ver, de frente, la gravedad del desastre: en La Guaira colapsaron más de 150 edificios. Según el Estado venezolano, 80 % eran residencias privadas.
En 2023, el gobierno de Nicolás Maduro reportó que había 14.000 bomberos y 7.411 funcionarios de Protección Civil activos a nivel nacional. De ese número, 34 % eran mujeres. Aunque la mayoría se movilizó para ayudar, Nadya y Sarai, y todo aquel que se ofreció como voluntario, se dieron cuenta de que nunca una cifra resultó ser tan insuficiente ante la magnitud de la emergencia.
Miles de muertos y heridos. Toneladas de escombros por remover con las uñas.
Decir que sí al llamado
«Voy a usar mi fuerza para ayudar allá», con ese pensamiento Nadya evacuó su edificio en San Antonio de Los Altos (Miranda) el día del terremoto. Lo hizo con el miedo encima, pero con la certeza de que tenía habilidades suficientes para apoyar.
«Soy acróbata, soy bailarina, tengo entrenamientos de horas al día y quería ponerlo a prueba», cuenta.
Su primer intento fue en el Edificio Moisés, que colapsó en la parroquia San Bernardino de Caracas. Ahí no pudo hacer mucho. El equipo de Protección Civil le negó el acceso: «No me dieron ni siquiera el chance de verificar si yo sabía usar las herramientas, de ver si yo tenía alguna condición. Simplemente me dijeron que no querían arriesgar vidas femeninas».
Insistió a Protección Civil durante cuatro días y le repetían lo mismo: primero los hombres.
Ninguno se ofreció.
Voluntarios que estaban bajando insumos y rescatistas a La Guaira la trasladaron. Ahí la insistencia se convirtió en acción y durante tres días la arropó la misma realidad que a miles de guaireños: dormir un par de horas en las calles, comer de los donativos, dejar para después las duchas, y procesar que cada hora que transcurría las vidas eran menos.
La primera misión de Nadya fue en las residencias Ritasol Palace de Caraballeda para intentar recuperar el cuerpo de la madre de un amigo. Recuerda la escena: había rescatistas, pero no podían entrar al túnel por su contextura.
«Yo puedo», recuerda que les dijo.
Nadie lo dudó. Nadya es alta, delgada y flexible, pero más allá de eso, el filtro que había lo superó por la seguridad con la que pronunció aquellas palabras.
Recorrió el túnel con el tacto y la precaución que produce lo desconocido. Comprendió la importancia del silencio y la observación. Puso a funcionar un rotomartillo y manejó una mandarria sin más que una explicación breve. A más de cinco o seis metros bajo tierra supo que la recuperación, como el baile, también tenía un ritmo que seguir.
«Las primeras veces no sabes qué estás haciendo. Dices: “Bueno, yo fui al frente, yo fui a la izquierda, yo fui a la derecha”. No sabes cómo decirlo. Ya con el tiempo cambia: “Avancé tantos metros. Esto tiene tanta profundidad para abajo, tiene tanta profundidad para arriba”».
La voluntad
De 50 personas que se sumaron al grupo de los Topos Aztecas de Venezuela durante los primeros días de la emergencia, al menos 20 eran mujeres menores de 30 años. Llegaron de distintos estados del país, como Distrito Capital, Aragua, Carabobo, Miranda, y entraron al equipo porque dijeron «sí quiero, sí puedo».
Ese es el común denominador de las rescatistas voluntarias: se atreven a colaborar sin recibir más que el agradecimiento de las familias. Aunque el ofrecimiento es individual, la decisión de integrarlas en contextos de emergencia implica la aprobación de un superior y acompañamiento para integrarlas.
«Dígale a las personas que yo también puedo ir. Déjeme encargada con alguien», le decía Sarai Peña los primeros días al topo mayor.
Funcionó y Sarai entró a los primeros túneles con la determinación necesaria: «Solo confiaba en lo que me decían mis compañeros».
Han transcurrido más de 80 días y las mujeres rescatistas continúan ayudando en La Guaira. Allí han aprendido que su rol ofrece aproximaciones distintas a la vulnerabilidad y al duelo.
«Las mujeres dentro del rescate no solamente hacemos lo mismo que los hombres. Te metes en un hueco. Usas herramientas. Te arriesgas. Pero sabemos hacer algo más: dar esperanza aquellas personas que creen que no se puede hacer algo por cualquier cosa», señala Sarai, quien tiene 22 años, es bailarina y llegó de Valencia.
Sabe por qué lo dice. En Carabobo, ayudó a salir de su edificio a adultos mayores y animales: perros, gatos, un conejo y un pez. Luego fue hasta la ciudad de Morón, donde 18 sectores quedaron afectados, y colaboró en el rescate de dos sobrevivientes de una estructura que colapsó.
No hubo casco, guantes ni botas: «Me metí sin nada porque estaban vivos. Fue un trabajo de cinco o seis horas y mi función fue sacar escombros. Lo único que yo pensaba era: donde me necesiten, voy a estar».
Fue comprender que cualquier vida, más joven o mayor, animal o no, contaba.
Y en La Guaira necesitaban mucho eso: insistir en donde parecía no haber ninguna posibilidad. Aún lo necesitan.
Votos de confianza y el ejemplo
«En este grupo no existe ningún tipo de género. En mi experiencia, es diferente a Protección Civil. Aquí, seas mujer o seas hombre, te enseñan igual. Te sueltan las herramientas igual. Claramente cada uno tiene sus capacidades y sus virtudes. No todas las mujeres topean y no todas las mujeres utilizan herramientas; no todos los hombres topean, no todos los hombres utilizan herramientas», comenta Nadya.
Pero las distinciones continúan existiendo en otros espacios.
En la duda de un familiar que no confía en el juicio de las rescatistas porque parecen inexpertas o muy jóvenes. En los rechazos de funcionarios. En el titubeo de las primeras horas.
Y luego llega la transformación.
La negociación al momento de asignar misiones es más calmada. Atienden los detalles. La organización es naturalmente metódica. La disciplina y la constancia son exhaustivas en la mayoría de los casos. Y aprenden que cualquier cuerpo —grueso o delgado; alto o bajo; más lento o más rápido— es funcional y necesario en distintas en las misiones.
Nadya tiene ejemplos: «Cuando viene la gente, y ven una mujer, le bajan dos. Se calman. Dicen: “A ella la puedo tratar de otra manera”. Tal vez viene del mismo machismo, pero sigue siendo una ventaja. Sigue siendo una ventaja en absoluto. Más allá de eso, también la contextura para el tema de topeo, que es lo que yo manejo, viene genial».
Pero las virtudes indispensables son otras: «Solemos ser naturalmente más flexibles, más ágiles, y eso ayuda bastante. Lo más importante es que aprendemos rápido».
«Antes no lo veía. Luego sí. Y quizás lo valoramos más porque a todas nos costó mucho estar aquí», señala Sarai, quien al inició pensó que pasaría una semana en La Guaira y terminó trabajando dos meses sin parar.
«Y todo eso lo hicimos inconscientemente y ahora hay niñas que nos ven y dicen en voz alta: “Quiero ser como tú”. Lo que parecía un trabajo de hombresya no lo es… eso es bonito», agrega.
Una de las pruebas de la camaradería y la inclusión, por ejemplo, llega cuando sus nombres ya no son la forma para identificarlas. Sus nombres pasan a ser otros, vinculados a sus atributos, características y formas de ser.
Nadya es Pluma, por calmada y liviana. Sarai es Blue, por su pelo azul.
Lo natural no se va
¿Qué va en el traje de una mujer rescatista?
Herramientas de trabajo: cinceles pequeños. Testigos. Linternas de apoyo. Alguna cuerda. Tapabocas. Algún amuleto personal. Colitas. Y en un bolsillo aparte, el más práctico y seguro, una toalla sanitaria. Porque sí, la menstruación no admite pausas en las emergencias.
«Cuando estaba cerca de mis días, me iba con una toalla puesta porque yo decía: “¿Y si me llega a bajar el periodo y estoy dentro de un túnel?”», recuerda Sarai.
Ese día estuvo cuatro horas y hasta que no completó esa primera etapa de la misión, no salió.
Nadya opina que los casos son distintos: «Es raro. A mí me duele cuando me viene, pero desde que estoy aquí ayudando, supongo que es también a nivel mental, no me ha dolido. No hay espacio para eso, pero hay otras compañeras que sí les duele».
Hay medicamentos para atenuar el dolor. Tampones y toallas para higienizarse. Y también la libertad de decir «hoy no puedo» y que una compañera o compañero tome tu lugar, aunque no es frecuente.
Entre la necesidad personal y la de una persona que espera a un familiar frente a una estructura rota, casi siempre gana la segunda.
«Yo estoy aquí porque el familiar no se puede meter acá, porque sé que más nadie se va a meter acá. Y si yo puedo y tengo la habilidad de hacerlo, ¿por qué no? Eso es lo que me calma», dice Nadya.
Algo se pierde, algo se pausa y mucho se gana
Cuando Nadya puso un pie en La Guaira, llevaba cinco años en una relación que terminó pocas semanas después. Tuvo que pausar la beca que ganó en una academia de danza para introducirse en decenas de túneles que también ayudó a abrir.
«Aquí todos perdimos y ganamos algo», expresa.
Tiene compañeros que perdieron sus trabajos y se divorciaron. Sabe de algunos que se perdieron las primeras veces de sus hijos o no pudieron despedirse de familiares o amigos. También de quienes descubrieron su verdadera vocación y quieren salvar vidas. Sarai, por ejemplo, ahora quiere ser veterinaria.
Pero hay algo que se gana: la gratitud.
La gratitud tiene muchas formas de verse. Una sopa caliente. El agua limpia que sale de una ducha a la intemperie. La toalla sanitaria que no irrita. El olor a ropa limpia porque esta vez sí dio tiempo de dejarla secar. La risa de una compañera que pudo haber muerto porque una viga le podía caer encima. Y la más importante: cuando una familia se abraza porque finalmente pudo recuperar el cuerpo de su ser querido.
«Los Topos Aztecas no cortamos cuerpos. Tratamos de sacarlos de la manera más completa posible», afirma Nadya, quien tuvo que tomar una pausa después de su primera misión.
Estuvo dos semanas en el Ritasol Palace intentando rescatar a la mamá de su amigo y lo logró. El cuerpo estaba íntegro hasta que una máquina oxicorte del Estado intervino.
El operador de la máquina cortó las cabillas de un solo extremo de la viga que apretaba el cuerpo de la mujer. El otro lado lo dejó igual. Esas cabillas sueltas las amarraron a una máquina para que elevara el cuerpo.
«Con el empuje, le desgarró la cadera, la rodilla, el pie frente a los hermanos, frente a los hijos, frente a los padres. Ese es el único caso donde tuve que agarrarme cuatro días de descanso. Ya cuando se logró sacar, la lanzó a la bolsa como si fuera un pedazo de escombro. Por más que sea, hay que tener mucha humanidad, hay que tener mucha dignidad con las personas que murieron», relata Nadya.
Eso también se gana: el respeto por el cuerpo. El respeto por el que pidió auxilio y esperó para despedirse.
«Tú tienes que hablar con ellos, con los cuerpos, tienes que hacerles saber que todo va a estar bien, que alguien está afuera esperándolos y hacerlo con el mayor respeto posible en todo momento».
Sarai también lo ve así: «La ganancia es poder darle paz a una familia, a un hijo, a un papá, a una mamá. Darle el cuerpo de su familiar para que pueda darle el descanso».
Misiones en curso
Hasta el 5 de septiembre pasado, en La Guaira se habían ejecutado nueve “demoliciones controladas” con explosivos. Quien tuvo su hogar y sobrevivió ya sabe que serán muchas más. El Ministerio de Obras Públicas anunció el 7 de septiembre un listado oficial con 39 residencias que serán implosionadas en los próximos días.
Nadya y Sarai se han aprendido los nombres de varios y otros los han ido olvidando. Los que recuerdan son la prueba de que ahí pasaron muchos días excavando, moviendo materiales, tratando de ubicar los cuerpos perdidos: Ritasol Palace, El Jurel y Tamiami.
«Estamos buscando a una señora. Hay que seguir escarbando. Hay que seguir explorando porque donde se encuentra hay bastantes vigas atravesadas y hay que romper», explica.
Sarai, por otro lado, tomó un descanso y regresó a Valencia (Carabobo) para visitar a su familia.
El sentimiento compartido de las rescatistas es que volver a la vida anterior ya no es posible.
«Cuando me he ido, me levanto con el pensamiento de que no iré constantemente a La Guaira. La normalidad es rara. Yo vengo de ver estructuras colapsadas, de meterme, de sacar gente muerta, de ver a familiares llorando, de ver escombros y de repente llegar a la normalidad. Todo explota en la mente», confiesa.
El futuro del rescate posible
Nadya y Sarai fueron parte del equipo de mujeres rescatistas que los Topos Azteca trasladaron a Colombia por el terremoto que ocurrió el 10 de agosto. Fue la primera misión internacional de ambas, el primer encuentro con otras reglas y formas de hacer las cosas.
Su apoyo fue limitado por el control que ejercieron las autoridades colombianas, pero Nadya se vino con la prueba de que cualquier vida cuenta: salvó un gato. Lo llamaron Tormenta y nunca lo olvidará porque terminó con un rasguño en el brazo.
«Nos montaron en el bus a varias mujeres porque sabían lo que podíamos aportar. Ya nos habían probado aquí», expresa con el tono de tranquilidad de quien hizo lo correcto.
Valiente. Atrevida. Cautelosa. Audaz. Aprendices. Esas son palabras que Pluma y Blue usan para describir esta nueva versión de sí mismas.
Para Sarai, la última es la más importante porque “todavía queda mucho por saber”. Le cuesta llamarse rescatista, pero reconoce que hay algo que le sobra: el deseo de formarse y continuar apoyando donde la llamen.
«Esto era algo para lo cual nadie estaba preparado y nosotras dimos cara a pesar de no tener experiencia. Eso es algo que se valora bastante», dice.
Les queda seguir estando presentes. Es la gran enseñanza a casi tres meses de que sus vidas se transformaran para siempre.
Nadya lo sabe: «Ahora viviremos una versión mejorada de la vida. Mucho más consciente de lo que estoy haciendo, mucho más agradecida de lo que estoy haciendo».
La Red de Mujeres Constructoras de Paz e IPYS Venezuela presentaron su cuarto informe anual, un diagnóstico que desarma el mito de la apatía: 69 % de las venezolanas sabe que su rol es vital para una transición democrática, pero apenas 2 % milita en partidos. Entre jornadas de cuidado que consumen más de ocho horas al día, precariedad salarial y miedo a la persecución, el debate en el CIAP-UCAB dejó una exigencia clara: no más cuotas de adorno ni acuerdos cocinados a sus espaldas
Con la presentación de su cuarto informe anual, “Sin nosotras no hay transición: la mujer venezolana y su participación política para la democracia”, la Red de Mujeres Constructoras de Paz y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS Venezuela) abrieron un debate urgente sobre el costo de hacer política en el país. El jueves 3 de septiembre en el CIAP-UCAB, más que un balance estadístico, expusieron la desconexión sistemática entre el trabajo de base que lideran las mujeres en los sectores populares y la resistencia de las cúpulas partidistas a compartir espacios reales de decisión.
La moderación estuvo a cargo de Rosalinda Hernández, de la Red de Mujeres Constructoras de Paz, quien explicó cómo se armó el diagnóstico. No se quedaron solo en la encuesta digital a 1.226 mujeres en todo el país; bajaron al terreno con grupos de discusión en Caracas, Maracaibo y Puerto La Cruz, además de entrevistas a lideresas sociales. Detrás de las estadísticas, Hernández recordó que están las rutinas de amas de casa, maestras, comerciantes informales y profesionales de entre 25 y 60 años.
La premisa de arranque fue directa: hablar de recuperar la democracia o de reconstruir a Venezuela al margen de quienes sostienen el tejido social es un sinsentido.
Marianela Balbi, directora ejecutiva de IPYS Venezuela, le puso cifras al nudo central del informe: 69 % de las venezolanas tiene clarísimo que sin su participación no habrá una transición real, pero apenas 2 % milita activamente en algún partido político. Ese abismo no es apatía; es supervivencia pura y dura.
En un país donde los ingresos mensuales promedio rondan entre los 117 y 170 dólares y el 62 % de las encuestadas vive en casas con pisos de cemento, el tiempo es un lujo inalcanzable. El 68 % de las madres con hijos pequeños pasa ocho horas o más al día en faenas de cuidadoy labores del hogar no remuneradas, frente a un escaso 8 % de los padres. A esa asfixia cotidiana se suma el miedo: tras el 28 de julio de 2024, el costo de alzar la voz se volvió aún más peligroso y empujó a muchas a replegarse para proteger a los suyos.
María Fernanda Rodríguez, corresponsal de IPYS Venezuela, repasó las conclusiones del documento insistiendo en que la presencia femenina en la política no puede seguir tratándose como una cuota de adorno o una concesión moral. Rodríguez planteó que sin medidas concretas (como redes comunitarias de cuidado infantil y atención a adultos mayores) es imposible liberar horas reales para que las mujeres hagan vida pública. También alertó sobre el desencanto de las más jóvenes, donde solo 56 % cree que su papel es determinante, y reclamó paridad efectiva en las boletas electorales, además de castigos claros para la violencia política y el hostigamiento que hoy obligan a tantas a autocensurarse.
El aterrizaje a la realidad cotidiana lo trajo Gabriela Rojas, impulsora de la Red de Periodistas Venezolanas, al desarmar esa división artificial que suele hacerse entre la labor social y la política.
Rojas hizo hincapié en cómo organizar la cola del gas, cuadrar cuándo llega el agua, coordinar la comida de un comedor popular o gestionar jornadas de salud vecinales equivale a suplir al Estado en tareas públicas fundamentales, solo que de gratis y sin una pizca de poder formal. Advirtió también sobre el efecto expansivo del castigo: meter presa o amenazar a una dirigenta no solo la frena a ella, sino que busca paralizar a su familia y a toda su comunidad por terror.
Por eso, recalcó, el periodismo tiene que dejar de mandar estos temas a las páginas de “sociedad” y entender que la perspectiva de género atraviesa la economía y la política dura.
Mabel Sarmiento, periodista e integrante de la Red, completó el panel mirando hacia los barrios y hacia las generaciones que vienen. En las comunidades populares las mujeres no están esperando que las inviten a participar; ya están resolviendo los problemas a diario, aunque nadie las nombra.Sarmiento insistió en que hay que dirigir la mirada a ver a las jóvenes de los liceos, a las adolescentes que ya organizan a sus grupos y que deberían tener un lugar en la agenda pública. Para ella, el reto de los medios y de las organizaciones es subirle el costo político al machismo institucional y dejar de ver la política únicamente desde lo que ocurre en las cúpulas.
Un detalle que no pasó inadvertido en la sala fue la ausencia total de los hombres convocados, un vacío elocuente sobre las resistencias que todavía imperan en los espacios tradicionales de decisión. Sin embargo, el público compensó esa falta con un intercambio intergeneracional de mucho peso.
En las filas del auditorio se sentaron y tomaron la palabra pioneras del movimiento de mujeres en el país: Lilian Arvelo, histórica parlamentaria, dirigente sindical y fundadora del Frente Nacional de Mujeres; María Cristina Parra, redactora del proyecto de la Ley sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia e impulsora de la convención CEDAW; la jueza Mildred Camero y la diplomática Carmen de Grijalva, ambas con un papel clave en la Comisión Nacional de Primaria; junto a lideresas como Paola Di Matthia y Mary Mogollón, formadoras de cuadros de base.
Escucharlas arropar a las investigadoras y debatir de tú a tú con las periodistas más jóvenes le dio a la jornada un aire de continuidad histórica: las peleas que dieron las abuelas y madres por las leyes laborales y electorales son el mismo hilo que hoy conecta a quienes reclaman que el cambio político no se cocine a sus espaldas.
El informe Sin nosotras no hay transición dejó una conclusión tajante: las venezolanas no están pidiendo permiso ni esperando que las salven; el país ya se reconstruye a diario en sus manos. Lo que toca ahora es que esa fuerza de base se traduzca en puestos reales, con voz y poder de voto, en las mesas donde se definirá el rumbo de Venezuela.
El informe completo, con el desglose metodológico, los gráficos por región y los testimonios de las lideresas consultadas, está disponible para lectura y descarga en la web de Tejiendo Redes de IPYS Venezuela.
Tres figuras femeninas marcan sus ritmos en el proceso político del país, bajo el acompañamiento o presión —dependiendo del espectro donde se esté— de Estados Unidos. La coyuntura a partir del 3 de enero, dicen las expertas María Isabel Puerta y Mireya Rodríguez, debe aprovecharse para forzar una salida a la crisis y avanzar hacia una transición democrática
A partir del 3 de enero, con la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses y el “plan de tres fases” con el que presiona la administración de Donald Trump, el poder del chavismo quedó en manos de Delcy Rodríguez. Con María Corina Machado al frente de la oposición y Dinorah Figuera ungida como figura dialogante por Estados Unidos, una posible transición en Venezuela pasa por el concierto de tres mujeres que deben conciliar intereses nacionales y extranjeros.
Bajo la presión de EE. UU., Delcy Rodríguez ha aceptado y ordenado decisiones que hasta diciembre de 2025 estaban fuera del tablero: una Ley de Amnistía y excarcelaciones recurrentes de presos políticos; cambios en leyes para favorecer inversión extranjera; el restablecimiento de relaciones con Washington y otros gobiernos; además de un diálogo con la Asamblea Nacional (AN) de 2015, que era tachada por el oficialismo como una estructura criminal que bloqueaba el acceso a activos en el exterior.
Los terremotos del 24 de junio también impusieron una presión extra sobre el diálogo, que el 12 de agosto produjo unos primeros acuerdos sobre la atención de los afectados, justamente con los activos que custodiaba la AN 2015, y una primera vía para la recuperación e independencia de las instituciones por medio de un cambio en la composición del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Las politólogas Mireya Rodríguez y María Isabel Puerta coinciden en que bajo este escenario EE. UU. no es un observador discreto o un mediador neutral.
Washington, afirma Rodríguez, actúa como “el árbitro determinante que ejerce un abierto tutelaje sobre la crisis venezolana, administrando los tiempos, las licencias y la legitimidad de cada actor”.
Bajo esa perspectiva, puntualiza, la administración Trump ha manejado tres aspectos: una “ingeniería de interlocutores”, al modelar quiénes se sientan en la mesa de diálogo; el “control de incentivos y supervivencia económica”, al administrar las licencias petroleras, sanciones, protecciones judiciales; y el control de activos en el exterior. El otro punto es la “dosificación del ritmo de transición”.
“Mientras María Corina Machado abandera la urgencia del cambio democrático inmediato respaldado por el apoyo popular, el tutelaje estadounidense busca gestionar un pragmático ‘cambio administrado’ que contenga riesgos geopolíticos, flujos migratorios e inestabilidad energética regional”, apunta la politóloga.
En todo caso, reitera Mireya Rodríguez, la dinámica impuesta evidencia “que el destino del proceso no depende solo de la correlación de fuerzas en las calles de Caracas, sino de los límites y concesiones que fija el tutor externo a cada una de las tres figuras políticas”.
Ellas en el frente
María Isabel Puerta, politóloga y profesora adjunta en el Valencia College, señala que hay una coincidencia en que sean mujeres las que estén al frente de la coyuntura actual en Venezuela. Pareciera haber un elemento común de confianza “en el poder de la mujer”.
“En el caso del régimen político venezolano, el gobierno de los EE. UU. parece tener confianza en Delcy Rodríguez. En el caso de Dinorah Figuera, de igual manera, pareciera que los elementos que están tomando decisiones en la resolución del conflicto tienen confianza en ella”.
Sobre María Corina Machado, refiere la profesora, sigue representando esa voluntad y aspiración de los venezolanos que apostaron por una salida política pacífica. “Lamentablemente esta ha sido una circunstancia donde los venezolanos han quedado por fuera de cualquier tipo de decisión… Sobre todo para quienes están en Venezuela esperando un cambio tangible”.
Afirma que Machado entiende este punto y, además, sabe que hay un costo político “desde el punto de vista de su proyecto y sus aspiraciones de involucrarse en esta fase del proceso que apenas da sus primeros pasos para una reinstitucionalización, ni hablar de una transición democrática en el país”.
Mireya Rodríguez enfatiza en que para entender el papel de Machado, Rodríguez y Figuera es necesario entender que “no estamos ante un diálogo convencional”.
Para la experta en negociación, se está ante “una triangulación de fuerzas en tensión gestionada bajo el tutelaje de EE. UU. Washington actúa como el árbitro que administra los tiempos, las sanciones y la legitimidad, mientras cada lideresa encarna un arquetipo político muy preciso frente a ese poder exterior”.
A juicio de Rodríguez, María Corina Machado encarna un “liderazgo visionario” con autoridad moral, el apoyo de una parte gruesa de la población y, además, ejerce presión “por una transición real sin concesiones de impunidad”.
“Para el tutor estadounidense, el liderazgo visionario es un dilema estructural: es indispensable porque ostenta la fuerza social que convalida cualquier proceso, pero resulta incómodo para la realpolitik diplomática porque se niega a subordinar sus principios éticos a un ‘cambio administrado’”, resalta.
La profesora Rodríguez advierte la mandataria interina ejerce un “liderazgo perverso” al representar la “continuidad del aparato estatal de facto y la contención del cambio estructural”.
Esta líder no busca democratizar el país, “sino asegurar la supervivencia de la cúpula de poder. Su interacción con Washington es puramente transaccional: cede margen operativo o acceso a mercados, a cambio de licencias petroleras y oxigenación económica”.
Mientras que a Dinorah Figuera, la experta la ubica en su plano como “liderazgo negociador” que ostenta no sólo representación legal de la Asamblea Nacional 2015, sino la custodia de activos en el exterior. “Para la administración estadounidense, la lideresa negociadora funciona como la contraparte institucional ideal: un perfil predecible, volcado al trámite legal y dependiente del reconocimiento externo, perfecto para dar encuadre burocrático a los acuerdos sin alterar el balance geopolítico”.
De cara a los actores internacionales y el propio escenario venezolano, dice Mireya Rodríguez, hay tres formas de poder fragmentadas: “la legitimidad popular sin control del Estado (Machado), el control del Estado sin legitimidad popular (Rodríguez) y la legalidad reconocida sin control territorial (Figuera)”.
Mujeres, ¿sinónimo de éxito en las transiciones?
El politólogo John Magdaleno señala varios episodios de democratización donde las mujeres han tomado un rol importante, no sólo en puestos ejecutivos sino en las luchas sociales.
Tal es el caso argentino donde las Abuelas de Plaza de Mayo se organizaron en dos agrupaciones:: las de familiares de desaparecidos y la asociación Mujeres por la Vida, fundado en 1983. En Chile, el movimiento de Mujeres por la Democracia “contribuyó a la unificación de la oposición, que estaba tremendamente fragmentada”.
En Nicaragua, Violeta Barrios de Chamorro fue fundamental dentro de la resistencia a la dictadura Somoza tras el asesinato de su esposo y director del diario La Prensa, Joaquín Chamorro, en 1978. Durante un año integró la junta de reconstrucción nacional, pero luego se distanció del sandinismo y mantuvo fuertes críticas. Alcanzó la presidencia de ese país en 1990.
En Bolivia, a finales de de 1977, cuatro mujeres mineras, junto a sus hijos, iniciaron una huelga de hambre para exigir a la dictadura de Hugo Banzer la libertad de prisioneros políticos, amnistía general, fin del exilio y la reincorporación de mineros despedidos. Al movimiento se sumaron miles de personas, y recibieron apoyo de la Iglesia católica y otros sectores.
La presión obligó a Banzer a decretar la amnistía y propició el adelanto de las elecciones presidenciales. “También influyó en ello la presión del gobierno de Jimmy Carter como consta en documentos desclasificados”, acota Magdaleno.
En Sudáfrica, indica el profesor, la National Women’s Coalition “tuvo un papel muy importante en ciclos de movilización colectiva, incluso exigiendo una representación directa en las negociaciones del fin del apartheid. En Filipinas es inevitable la referencia a Corazón Aquino, quien terminó liderando las protestas de la famosa ‘People Power Revolution’. Las mujeres jugaron un papel importante y la misma Aquino es electa presidenta. En la propia Primavera Árabe, en la cual el único caso exitoso fue Túnez, y lo digo porque ya no es democracia, la Asociación de Mujeres Demócratas insistió y presionó por algunos principios paritarios en la Constitución del año 2012”.
Sin embargo, menciona Magdaleno, también hay casos fallidos de democratización donde se involucró la figura de mujeres tal como en Bielorrusia o Myanmar, este último liderado por Aung San Suu Kyi, quien había sido vista como un referente democrático pero luego fue ampliamente criticada al defender el genocidio de la minoría rohinyá y la persecución de la junta militar, la misma que la acusó de corrupción —entre otros cargos— y mantiene en prisión desde 2021.
¿Qué esperar del proceso venezolano?
Con un avance visible mediato, luego de que el Parlamento introdujera los cambios para modificar la constitución del Comité de Postulaciones que elige a los magistrados principales y suplentes del TSJ, queda observar si la coalición gobernante seguirá implementando esas medidas “democratizadoras” o se impondrán nuevas tramas que EE. UU. se verá obligado a encauzar.
Justamente, María Isabel Puerta cuestiona que el Gobierno de Trump tenga una verdadera disposición o capacidad “no solamente de impulsar una transición democrática en Venezuela, sino de comprometerse con los valores y principios democráticos que, en la experiencia sabemos, no son rasgos característicos de esta administración”.
Otro punto es la propia estabilidad de Trump, indica la profesora del Valencia College. “No sabemos cuál va a ser el resultado de las elecciones de medio término en EE. UU. por mucho que se diga que los demócratas tienen posibilidades de triunfo. Creo que para el régimen político en Venezuela y para la Casa Blanca, el año 2027 va a ser un año clave porque es el último año efectivamente para poder avanzar, en el caso venezolano con una convocatoria a elecciones”.
Puerta asegura que 2027 va a ser un año “de mucho pulso para la coalición que sobrevive en el chavismo”, debido a lo que puede influir la administración Trump durante su último tramo. “Sabemos que ambos partidos (en EE. UU.) se van a preparar para ese evento que es la elección general del 2028 y eso va a tener incidencia en la capacidad que tenga el Presidente no solamente de influir sobre Delcy Rodríguez, sino de garantizar su permanencia en el poder”.
Sin embargo, la politóloga Puerta comenta que en esta coyuntura —que no identifica si camina hacia una transición democrática o la profundización autoritaria— es vital que la oposición aproveche para forzar una salida política a la crisis en Venezuela.
“Creo que es importante entender que este es un proceso político que, de desaprovecharse, no sé si tendremos otro. Lo peor que puede pasar en Venezuela no es que haya un recrudecimiento dictatorial, eso ya existe. El problema es que no haya una forma de evitar que Venezuela termine siendo un Estado fallido”.
A juicio de Mireya Rodríguez, al evaluar el proceso que ha avanzado durante 2026, se puede esperar “un escenario de transición administrada y de alta tensión estructural” con cuatro dinámicas centrales.
La primera de ellas, dice, es un“modelo de estabilización pragmática impulsado desde el exterior” al tener un tutelaje norteamericano que prioriza “la gobernabilidad energética, la seguridad regional y el control de flujos migratorios sobre la pureza del diseño democrático. Veremos un avance acelerado en acuerdos de exploración, reformas al marco de hidrocarburos y apertura financiera, condicionado al mantenimiento de una paz operativa mínima en el país”.
Como segunda característica, explica la experta, se verá la “coexistencia forzada entre la legalidad procedimental y el poder de facto” al utilizar la figura negociadora de la AN 2015 como “el vehículo jurídico para la convalidación internacional de acuerdos, licencias y protección de activos. Sin embargo, su capacidad de incidir en la política territorial cotidiana continuará siendo limitada frente al aparato ejecutivo que opera en Caracas”.
También se observarán los intentos de “atrincheramiento” por parte del sector gobernante, al camuflarse con excepciones “en el terreno económico, energético y en la liberación dosificada de presos políticos para aliviar la presión internacional, mientras intentará frenar a toda costa una apertura política total que ponga en riesgo su impunidad o su continuidad estructural en el poder”.
Por último, indica Rodríguez, va a persistir un conflicto de legitimidad. “El mayor riesgo de este proceso administrado es pretender sustituir la transición política democrática por una mera normalización económica. Mientras no se atienda el mandato popular de masas que representa el liderazgo visionario (María Corina Machado), cualquier acuerdo de convivencia formal carecerá de anclaje social y sufrirá un déficit permanente de estabilidad a mediano plazo”.
La especialista coincide con Puerta en que aún Venezuela no está en un escenario de restitución plena del orden democrático, aunque sí en “una reconfiguración geopolítica del statu quo. El desenlace definitivo dependerá de si la presión ética y la movilización popular logran transformar este tutelaje pragmático en un verdadero itinerario de democratización e institucionalidad real”.
Aunque históricamente Venezuela ha registrado una baja representación política femenina, las actuales planchas de la Universidad de Los Andes reflejan otra realidad. De cara a las elecciones de cogobierno y gobierno universitario, pautadas para el 7 de octubre y el 11 de noviembre de 2026, las estadísticas revelan que, si bien persiste una brecha de participación entre hombres y mujeres, en este nuevo proceso democrático el liderazgo femenino se hace notar.
Los datos de la Comisión Electoral de la ULA sobre las planchas de cogobierno muestran un panorama de contrastes. En los máximos órganos de decisión, la presencia masculina sigue siendo mayor. Por ejemplo, en el Consejo Universitario, de 96 candidaturas inscritas, 68 son hombres y solo 28 son mujeres; es decir, siete de cada diez candidatos son hombres. Esta tendencia se mantiene en los Consejos de Facultad, donde ellos lideran con 133 postulaciones frente a 114 de mujeres.
Sin embargo, en los Consejos de Escuela la balanza se invierte: la presencia femenina asume el liderazgo con 102 candidaturas frente a 97 masculinas. Esto está fuertemente marcado por las áreas de estudio; mientras que en Artes y Educación dominan las candidaturas de mujeres, en Ciencias Económicas y de la Salud existe un balance casi paritario entre ellos y ellas, dejando a las Ingenierías como el espacio donde predominan las postulaciones de hombres.
Esto se agudiza al observar los cargos de gobierno universitario, donde la representación femenina es mínima. De un total de 51 postulaciones para las máximas autoridades, solo 13 corresponden a mujeres frente a 38 hombres. Esta brecha de género se evidencia claramente, pues apenas hay una candidata para el rectorado y dos para el vicerrectorado académico, mientras que las listas para los decanatos de las distintas facultades están dominadas casi en su totalidad por figuras masculinas.
Los nombres detrás de las cifras
Detrás de los números hay nombres y trayectorias. ULA Mujer conversó con seis mujeres cuyas candidaturas emergen para debatir los espacios de decisión en la Universidad de Los Andes. Por autoridades rectorales y decanales se encuentran Laura Luciani Toro, candidata al Vicerrectorado Administrativo, y Raiza Madriz, quien aspira al Decanato de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas (FACIJUP).
A su vez, la lucha por transformar el cogobierno universitario cuenta con los liderazgos de María Eugenia Noguera (Facultad de Medicina), María Alejandra La Cruz y Maribel Valero (Facultad de Ciencias), todas ellas candidatas al Consejo Universitario. Por su parte, Linda Bustillos, quien busca un puesto en el Consejo de FACIJUP. Juntas dan un panorama sobre las próximas elecciones universitarias.
A pesar de los distintos cargos y facultades, a las seis candidatas las el sentido de pertenencia hacia la ULA. «La universidad siempre ha sido mi hogar», manifiesta Madriz, quien desde el 2001 ha estado en los espacios de la universidad.
Ese mismo sentido de pertenencia es lo que las impulsó a dar el salto de los pasillos académicos a las planchas electorales. Entienden que el afecto por la institución debe traducirse en gestión y toma de decisiones. Para Linda Bustillos, esta decisión responde a un motivo claro: «Fortalecer la institucionalidad y consolidar espacios para el debate».
Pero el camino no está libre de obstáculos. Noguera, Madriz y Luciani coinciden en que han enfrentado cuestionamientos a sus postulaciones, pero han sabido superarlos con rigor académico. «La política universitaria no está exenta de los sesgos que existen en la sociedad», asegura Noguera.
«Ser mujer en proceso electoral implica estar expuesta a cualquier cantidad de atropellos y abusos», enfatiza Laura Luciani, quien hace 18 años también fue candidata al vicerrectorado administrativo.
En la otra cara de la moneda, las candidatas Bustillos, Lacruz y Valero aseguran no haber experimentado dificultades asociadas a su género durante el desarrollo de sus candidaturas. Esto demuestra que los desafíos electorales para las mujeres no son uniformes y pueden variar significativamente dependiendo del entorno o cargo.
Decidir para alcanzar una universidad más inclusiva
Superar los cuestionamientos es apenas el medio para alcanzar un fin mayor: la toma de decisiones institucionales. Las diversas propuestas de las candidatas contemplan la mejora de la Universidad de Los Andes de forma integral, con proyectos diseñados para impactar a todos los ulandinos: estudiantes, profesores, personal administrativo y obreros.
En este sentido, la candidata al Consejo Universitario, Maribel Valero, señala que el eje central de su campaña «es la representación gremial técnica y transparente», otorgando prioridad a la salud, la familia, la carrera docente y las alternativas de financiamiento. Con esta visión de eficiencia coincide María Alejandra Lacruz, cuya propuesta para el mismo Consejo está enfocada en «una construcción de mapas de capacidades para optimizar la infraestructura y el talento humano».
Por otra parte, Laura Luciani destaca que es fundamental gerenciar por y para los universitarios y trabajadores, prestando especial atención a las personas con condiciones especiales y a quienes atraviesan conflictos emocionales. «Desde el Vicerrectorado Administrativo yo puedo contribuir con el desarrollo de la Universidad de Los Andes», expresó Luciani.
Esta necesidad de transformación también se respira en las facultades. Desde su aspiración al Consejo de Facultad en FACIJUP, Linda Bustillos plantea como prioridad el «fortalecimiento, la excelencia académica y la dinamización de la investigación en las tres escuelas que integran la Facultad». En esa misma línea, Raiza Madriz advierte desde su candidatura al Decanato que es urgente un cambio en todos los niveles para actualizar el currículo y devolver a la ULA su sitio como una de las mejores universidades del mundo.
Finalmente, desde la Facultad de Medicina, María Eugenia Noguera resume esta visión, apostando desde el Consejo Universitario por la construcción de una «ULA sostenible, humana e inclusiva».
Si bien cada candidata tiene puntos de vista distintos, todas tienen una meta en común: construir una universidad equitativa y segura. La salud mental y la perspectiva de género ocupan un lugar central en sus candidaturas. En este sentido, coinciden en que se debe prestar especial atención al reforzamiento de los programas de atención psicoterapéutica y a la consolidación del Reglamento Interno de la Universidad de Los Andes para la Prevención y Atención en Casos de Violencia Basada en Género Contra las Mujeres o en Casos de Discriminación.
Comunidad ulandina vuelve a elegir después de 18 años
Tras 18 años sin poder renovar autoridades por impedimentos gubernamentales, se espera que las elecciones del 7 de octubre y el 11 de noviembre transcurran con total tranquilidad. «Estas elecciones representan la oportunidad de consolidar el esfuerzo institucional que ha mantenido en pie a la ULA y dar un paso a la modernización», manifestó Valero. Además, la candidata destacó que la Universidad de Los Andes no está comenzando de cero en este proceso electoral: «Partimos del trabajo, la resistencia y el compromiso con nuestra universidad».
Las seis candidatas extienden una invitación a la comunidad femenina ulandina para que participe activamente en la vida política universitaria. María Eugenia Noguera afirma que «no hay un momento perfecto. Su voz, su experiencia y su manera de liderar son necesarias hoy en día». A este llamado se suma María Alejandra La Cruz, quien insta a las mujeres a confiar plenamente en sus capacidades para asumir estos espacios.
Detrás de cada candidata que hoy invita a otras a dar un paso al frente, se encuentran referentes de lucha e inspiración. Asumir el reto de liderar los espacios universitarios requiere de espejos donde mirarse y, al evaluar el camino recorrido, las candidatas afirman que son las estudiantes, investigadoras, profesoras y trabajadoras quienes sostienen día a día la academia y el entramado comunitario, las que motivan la continuidad de este liderazgo transformador.
