Presas políticas venezolanas permanecen en cárceles marcadas por el abandono, la falta de atención médica, el desarraigo forzado y las condiciones indignas de higiene y alimentación. Sus familiares denunciaron frente al INOF que el sistema penitenciario ejerce violencias específicas contra las mujeres, agravadas por su rol como cuidadoras, mientras hijas e hijos enfrentan las consecuencias emocionales y económicas de un encierro que también castiga a quienes quedan afuera
Las rejas de una cárcel no solo encierran un cuerpo, fracturan de raíz el entramado que sostiene la vida afuera. Cuando una mujer entra a prisión en Venezuela, el castigo impacta con doble fuerza debido a su rol histórico como cuidadora y pilar del hogar. Su ausencia desmorona economías familiares enteras, deja infancias a la deriva y traslada la responsabilidad de la resistencia a las madres, hermanas y abuelas que se ven obligadas a asumir la supervivencia en la calle.
Este martes, 26 de mayo, frente al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), en Los Teques, las consignas y los carteles alzados por los familiares no solo exigieron expedientes limpios o celeridad procesal. Sostenían nombres de mujeres que resisten a la enfermedad, relatos de maternidades que se defienden a la distancia y el eco de una dignidad firme que tiene rostro de mujer.
La actividad ocurrió luego de promesas de nuevas liberaciones por parte de Delcy Rodríguez, la presidenta encargada designada luego de la intervención militar de Estados Unidos, un anuncio que reactivó la movilización de los hogares afectados. El pancartazo, convocado por las familiares de las privadas de libertad, expuso cómo el sistema penal se convirtió en una máquina de violencia institucional que busca, sin éxito, quebrar el entorno de las detenidas.
Cuando cuidar se vuelve un peligro
La historia de Yazmín del Carmen Fajardo muestra con precisión cómo la vulnerabilidad de las mujeres se agudizó en el contexto carcelario. El 7 de mayo de 2025, Yazmín no huía de la justicia. Viajaba desde Barinas hasta el centro penitenciario de Yare III, en Miranda.
Acumuló siete meses en ese recorrido extenuante para cumplir con el mandato silencioso que recae sobre las mujeres, que es proveer la “paquetería” —comida, insumos de higiene y medicinas— indispensable para que su esposo sobreviviera al encierro.
En una de esas visitas, el rol de cuidadora se transformó en “trampa”. Una orden de averiguación bastó para que las autoridades la detuvieran y la implicaran en la misma causa judicial que a su pareja, bajo los cargos de “asociación para delinquir y modalidad de transporte”. Su familia insiste en que no existe una sola prueba en su contra.
Yoannis Suárez, madre de Yazmín, acudió a los tribunales y entes pertinentes en busca de respuestas, solo para toparse con la misma pared burocrática de siempre. Hasta la fecha, el juicio no tuvo fecha de apertura. Mientras el proceso legal se congeló, la salud de Yazmín se deterioró de forma alarmante debido a su cuadro de diabetes.
En un entorno donde el agua potable es un lujo y la alimentación es deficiente, la falta de atención médica adecuada convirtió su reclusión en una agresión diaria contra su propio cuerpo. Su madre expresó con impotencia el dolor de esta injusticia al afirmar que “nadie está bien tras las rejas y menos cuando le espera un hijo, viendo que estás pagando por algo que no has hecho”.
Maternidades fragmentadas
El impacto más devastador de esta reclusión recayó sobre una niña de cinco años, la hija de Yazmín, quien requirió atención psicológica para intentar procesar la ausencia de sus padres. Las familias insistieron constantemente en que, en estos escenarios de desamparo institucional, “los niños y niñas sufren”.
Durante una videollamada hecha a Annerys Fajardo, hermana de Yazmín, la niña le preguntó: “Tía, ¿por qué todos mis compañeros y amiguitos tienen a su mamá y yo no tengo a mi mamá? ¿Tú también me vas a abandonar?”.
Las lágrimas de Annerys al recordar la escena revelaron el trauma invisible de una generación de hijos e hijas que crecen con madres bajo custodia del Estado. Son los huérfanos del sistema judicial, cuyas vidas quedaron suspendidas entre la nostalgia y el miedo al olvido.
La carga económica de esta lucha transformó por completo la estructura del hogar. Yoannis Fajardo, la madre de Yasmín, perdió su empleo debido a las gestiones judiciales y a los extenuantes viajes de reclusión. Yasmín y su esposo eran comerciantes independientes en Barinas, pero el negocio familiar desapareció tras las detenciones.
Para subsistir y costear los gastos de su familia tuvo que dedicarse por completo a las ventas de chucherías, bisutería y lo que les diera para pagar “el día a día”.
El INOF y La Crisálida: espejos de la violencia carcelaria femenina
Las cárceles de mujeres en Venezuela padecen un abandono sistemático que se ensaña directamente contra su salud e integridad, pues las necesidades biológicas y de higiene de la población femenina reciben nula atención del Estado.
En el INOF, las internas enfrentan racionamientos severos de agua potable, lo que obliga a las familias a cargar pesados botellones en cada visita. La falta de este recurso elemental sabotea la posibilidad de mantener condiciones mínimas de higiene en las celdas y en las áreas comunes.
Para una mujer, la escasez de agua es un factor de riesgo que detona infecciones urinarias y ginecológicas recurrentes que, en reclusión, rara vez reciben tratamiento médico adecuado.
De acuerdo con las documentaciones de la organización Amnistía Internacional y el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), la gestión de la menstruación tras las rejas se convirtió en una humillación cotidiana. Los registros de estas instituciones confirmaron que el Ministerio para el Servicio Penitenciario no suministra toallas sanitarias a la población reclusa, por lo que cada mes las presas dependen exclusivamente de lo que sus familiares logran introducir en los paquetes.
Provea advirtió que, cuando el cerco económico impidió a las familias costear estos productos, las mujeres se vieron obligadas a recurrir a trapos o retazos de sábanas viejas, una práctica precaria que compromete gravemente su salud reproductiva en medio de la falta de intimidad y el hacinamiento. Y, aunque el informe de la organización data de mayo de 2025, esta realidad se mantiene.
El dolor de Emirlendris y la voz de Melania
La manifestación frente al INOF también trajo a la acera casos de resistencia y dignidad frente al deterioro físico extremo, como el de Emirlendris Benítez, detenida desde agosto de 2018 y sentenciada a 30 años de prisión en un proceso que su defensa denunció como carente de pruebas.
Su hermana, Melania Rosales, ha sido la voz incansable fuera de los muros del penal para relatar cómo las severas secuelas físicas de los maltratos terminaron por confinar a Emirlendris a una silla de ruedas.
Pese a contar con medidas de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2020 y un dictamen del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU que exige su liberación inmediata, las autoridades venezolanas han hecho caso omiso a los llamados. Melania denunció que le han negado sistemáticamente las consultas con los especialistas médicos requeridos para atender sus hernias discales, su cuadro de fibromialgia crónica y los intensos dolores de cabeza cotidianos.
Lejos de amedrentarse, el reclamo de su hermana sigue firme en el espacio público, exigiendo el derecho básico a la salud y a la justicia.
El desarraigo como política de aislamiento
Los familiares de las mujeres recluidas tanto en el INOF como en el Anexo Femenino de la Comunidad Penitenciaria Crisálida coincidieron en una denuncia estructural durante la jornada. El traslado y confinamiento de las detenidas en estados alejados de sus regiones de origen funcionó como una política de aislamiento, por lo que insistieron en que poner a las mujeres en estados lejanos “también es una forma de tortura”, debido a que esto dificulta el traslado de insumos básicos.
Dejar a una presa sin visitas equivale a dejarla sin alimentos. Por eso, el Comité para la Libertad de Presos Políticos (Clippve) calificó este desarraigo geográfico como una forma de presión psicológica y física. Diego Casanova, vocero de la organización, enfatizó que “quienes hoy encarcelan en Venezuela maltratan a las mujeres, las someten a distintas formas de violencia. Por eso vemos que quienes mantienen a estas personas son capaces de llevarlas hasta la muerte”.
Casanova recordó que la detención se vive como una condena de muerte anticipada debido a que en las cárceles no tienen condiciones de salud ni de higiene, y las internas son sometidas constantemente a tortura psicológica.
Las madres que partieron por la espera
La tragedia de la espera cobró vidas definitivas. El pancartazo funcionó también como un memorial para aquellas madres y familiares cuyos corazones fallaron antes de que se abrieran los candados de los penales.
Los manifestantes recordaron los nombres de Carmen Teresa Navas, Omaira Navas, Yarelys Salas, Carmen Dávila, María Concepción Sánchez y Yenny Barrios. Todas ellas compartieron un mismo destino: fallecieron enfermas, desgastadas por la angustia y la precariedad económica, mientras luchaban por ver a sus hijos e hijas caminar en libertad. Murieron en la acera de la exigencia, lo que dejó un vacío doble en sus hogares.
Según las cifras presentadas por Clippve, todavía más de cien mujeres siguen privadas de libertad en Venezuela por motivos políticos o bajo procesos judiciales viciados por la falta de debido proceso. Datos del Foro Penal Venezolano indican que 34 muejres siguen tras las rejas. Detrás de cada cifra existe un hogar desconfigurado, una abuela que dobló turnos de trabajo, una hermana que respondió preguntas difíciles y una infancia que esperó frente a un teléfono.
A pesar del desgaste evidente en los rostros de las madres, hermanas y abuelas concentradas frente al INOF, la consigna de cierre de la jornada dejó claro que la rendición no es una opción. En unísono, las familias provenientes de distintos estados del país insistieron en que seguirán denunciando y en las calles “hasta que la última sea libre”.
