En el marco del programa empresarial FemCycle impulsado por KloeCup en Caracas, abordamos cómo la pobreza menstrual en Venezuela y la normalización del dolor incapacitante impactan directamente en la productividad laboral y la equidad de género. A través de datos locales y regionales, se examina la urgencia de transitar del silencio corporativo a la Responsabilidad Social de impacto interno
En el contexto venezolano, el panorama de la salud femenina es complejo y restrictivo. La crisis socioeconómica obliga a miles de mujeres a enfrentarse a la dolorosa disyuntiva de elegir entre comprar alimentos o adquirir un producto para gestionar su período. Una investigación de la alianza editorial Historias que Laten y el informe de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (AVESA) describe una realidad masiva: 9 de cada 10 mujeres son pobres menstruales en el país porque no tienen dinero para comprar toallas o tampones ni acceso al agua para cuidar su higiene.
Quienes no pueden costearlos se ven obligadas a adaptar materiales de desecho para su uso como telas, ropa usada, medias viejas, papel higiénico, partes de pañales o toallas artesanales fabricadas con cartón de huevo. Esta precariedad no solo incrementa el ausentismo laboral y escolar, sino que alimenta un profundo aislamiento social, reforzado por el miedo y la vergüenza al manchado visible que expone a las mujeres al rechazo en sus propios entornos de convivencia.
Esta situación es observada de cerca por la pareja fundadora de KloeCup, una marca de gestión menstrual que se dedica tanto a la venta de copas menstruales como al diseño de servicios y soluciones para organizaciones no gubernamentales (ONG). Centrados en promover la autonomía menstrual y en desmitificar el ciclo biológico bajo el eslogan “Honra tu ritmo”, han diseñado un programa empresarial llamado FemCycle. Esta iniciativa busca integrar la educación menstrual y pautas de optimización biológica dentro de las organizaciones, transformando el bienestar de los equipos en una variable estratégica de sostenibilidad y equidad interna.
Bajo esta metodología, el reciente encuentro FemCycle —realizado en mayo de 2026 para el equipo de Rafatt Seguridad en los espacios del Club Santa Paula— evidenció cómo la salud e higiene menstrual constituyen una oportunidad innovadora para el ejercicio de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC). La jornada contó con la presencia de la Dra. Carwin Silva, quien abordó la necesidad de desmitificar la salud íntima, enfatizando una premisa crítica: “Estamos acostumbradas al dolor, pero la realidad médica es que no es normal vivir con dolor incapacitante”.
El valor del espacio formativo quedó en evidencia al constatar que 9 de cada 10 asistentes a la actividad manifestó no conocer las cuatro fases de su ciclo menstrual, coincidiendo en que habían normalizado ese umbral de malestar como parte de su rutina de trabajo.
Experiencia FemCycle para Raffatt Seguridad en los espacios del Club Santa Paula. Mayo 2026.
El espejo regional: presentismo masivo y sesgo de productividad por molestia menstrual
Esta tendencia local se alinea con los indicadores medidos con precisión en la región por el reporte Menstruación y productividad laboral, realizado en México por Dalia Empower, Plenna y Essity (2025). Dicho informe revela que 91% de las mujeres y personas menstruantes siente que su productividad disminuye en algún grado debido a las molestias mensuales. Asimismo, el estudio evidencia que el desbalance hormonal no atendido agrava condiciones como la ansiedad y la depresión, impactando directamente la rentabilidad, obligando a 45% de las mujeres a ausentarse de sus puestos y sumiendo a las organizaciones en una baja comprensión de los ciclos biológicos de su plantilla.
La urgencia se vuelve aún más evidente al correlacionar estos datos con la investigación global publicada por la Journal of the Egyptian Public Health Association, la cual arroja que la tasa de dismenorrea alcanza el 66.1% en mujeres trabajadoras, donde 64.7% reporta un dolor de moderado a severo.
Este estudio internacional desvela la verdadera dimensión del problema: las empleadas con dismenorrea registraron una tasa de presentismo de 96.1% y un deterioro del rendimiento laboral general de 96.4%. Esto demuestra que la pérdida de eficiencia no se limita a las ausencias físicas, sino que el verdadero impacto económico radica en el “presentismo masivo”: colaboradoras que asisten a cumplir sus jornadas en un estado de vulnerabilidad y dolor extremo por miedo al juicio corporativo o a sufrir penalizaciones.
Línea de productos para la gestión menstrual y comercialización de KloeCup. Parte de esta línea la desarrollan solo para kits de acción humanitaria a poblaciones vulnerables.
Alimentación y optimización biológica: herramientas para reducir el dolor menstrual
Frente a este escenario, la propuesta de KloeCup defiende que cada organismo es bioindividual y que el ciclo no debería gestionarse únicamente en torno a la fase de sangrado, sino también en torno a la ovulación, reconociendo la capacidad de transformación del cuerpo en todas sus dimensiones. En el encuentro, Gabriela Arévalo, coach de salud y bienestar, explicó cómo transicionar hacia una alimentación consciente guiada por las características propias de cada fase del ciclo. Al correlacionarse los entornos de alto estrés laboral con el incremento del riesgo de sufrir dolores menstruales severos, la gestión alimentaria realista surge como un elemento protector para reducir síntomas y prevenir los efectos inflamatorios.
Proceso de producción de panties menstruales. Patronaje de tallas para niñas y adultas.
Durante su ponencia se destacó que el cuerpo requiere un ajuste de rutinas según sus fluctuaciones hormonales: un reclamo latente en el mercado donde la mayoría de las mujeres exige flexibilidad laboral enfocada en los días de su período. Al transitar por la fase menstrual o lútea, por ejemplo, el organismo incrementa sus requerimientos calóricos y su necesidad de densidad nutricional a través de proteínas, carbohidratos complejos de la tierra y micronutrientes específicos como el magnesio y el calcio. Esto permite disminuir la inflamación corporal mediante soluciones naturales y asequibles —como infusiones de jengibre y manzanilla— en sustitución del consumo excesivo de café.
Como contrapropuesta científica, ambas especialistas facilitaron trucos y pautas de optimización biológica aplicables al alto rendimiento laboral:
Para regular estados reactivos: Pausar un momento para recargar la “batería emocional” en silencio mediante respiración consciente.
Para mejorar la circulación: Realizar ejercicios de puntillas y respiración diafragmática para mejorar la irrigación sanguínea en puestos de trabajo que exigen pasar periodos prolongados de pie.
Romper el estigma: el camino hacia un liderazgo sostenible
La dimensión humana del encuentro estuvo anclada en el testimonio de Adriana García Cruz, co-fundadora de KloeCup, quien detalló los obstáculos psicológicos y sociales de haber vivido su regla bajo el estigma del asco, silenciándola frente a sus hermanos, compañeros y su entorno laboral masculino antes de lograr reconciliarse con su propia anatomía.
La pertinencia de construir espacios corporativos seguros e inclusivos también la aborda el informe de México, el cual constata que 29% de las mujeres ha enfrentado repercusiones negativas directas en sus empleos debido a sus malestares menstruales, acumulando incidentes de acoso, discriminación o descuentos injustificados de sus jornadas. Este entorno hostil provoca que 54% de las mujeres prefiera ocultar en secreto el motivo real de su ausencia por temor a represalias o por pudor.
Si contrastamos esto con el hecho de que solo 5% de las colaboradoras encuestadas en el informe regional de México reportó trabajar en empresas con políticas en torno a molestias menstruales, se vuelve evidente la necesidad de asumir este compromiso empresarial para mitigar de forma medible el impacto de la pobreza menstrual en sus entornos laborales, dotando a sus trabajadoras de herramientas sostenibles y de información basada en evidencia ginecológica.
Mujeres costureras en la fábrica de comercialización y productos menstruales de KloeCup. La California, Caracas.
Al integrar dinámicas de concientización y educación, el sector empresarial no solo genera un impacto social inmediato en la reducción de la vulnerabilidad femenina en Venezuela, sino que también promueve un liderazgo sostenible y equitativo. Asimismo, influye de manera activa en la conservación ambiental; impulsar la transición hacia alternativas reutilizables (como la copa menstrual) ayuda a frenar la recurrencia de infecciones vaginales asociadas a los químicos de los productos desechables tradicionales, mientras se detiene la acumulación masiva de desechos plásticos no biodegradables.
Este contraste evidencia que uno de los caminos más efectivos para enfrentar las brechas de género es la educación menstrual técnica, romper estigmas culturales y validar las variables biológicas dentro de la dinámica organizacional.
Programas in-company como FemCycle son, en esencia, una invitación a que las organizaciones dejen de omitir la biología de su talento humano y propicien el paso de la “desconexión” al “sentir consciente”, entendiendo que el ciclo femenino nunca ha sido el problema, sino el silencio y el estigma que históricamente lo ha rodeado.
Copas menstruales de silicona de grado médico comercializadas por KloeCup.
Presas políticas venezolanas permanecen en cárceles marcadas por el abandono, la falta de atención médica, el desarraigo forzado y las condiciones indignas de higiene y alimentación. Sus familiares denunciaron frente al INOF que el sistema penitenciario ejerce violencias específicas contra las mujeres, agravadas por su rol como cuidadoras, mientras hijas e hijos enfrentan las consecuencias emocionales y económicas de un encierro que también castiga a quienes quedan afuera
Las rejas de una cárcel no solo encierran un cuerpo, fracturan de raíz el entramado que sostiene la vida afuera. Cuando una mujer entra a prisión en Venezuela, el castigo impacta con doble fuerza debido a su rol histórico como cuidadora y pilar del hogar. Su ausencia desmorona economías familiares enteras, deja infancias a la deriva y traslada la responsabilidad de la resistencia a las madres, hermanas y abuelas que se ven obligadas a asumir la supervivencia en la calle.
Este martes, 26 de mayo, frente al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), en Los Teques, las consignas y los carteles alzados por los familiares no solo exigieron expedientes limpios o celeridad procesal. Sostenían nombres de mujeres que resisten a la enfermedad, relatos de maternidades que se defienden a la distancia y el eco de una dignidad firme que tiene rostro de mujer.
La actividad ocurrió luego de promesas de nuevas liberaciones por parte de Delcy Rodríguez, la presidenta encargada designada luego de la intervención militar de Estados Unidos, un anuncio que reactivó la movilización de los hogares afectados. El pancartazo, convocado por las familiares de las privadas de libertad, expuso cómo el sistema penal se convirtió en una máquina de violencia institucional que busca, sin éxito, quebrar el entorno de las detenidas.
Cuando cuidar se vuelve un peligro
La historia de Yazmín del Carmen Fajardo muestra con precisión cómo la vulnerabilidad de las mujeres se agudizó en el contexto carcelario. El 7 de mayo de 2025, Yazmín no huía de la justicia. Viajaba desde Barinas hasta el centro penitenciario de Yare III, en Miranda.
Acumuló siete meses en ese recorrido extenuante para cumplir con el mandato silencioso que recae sobre las mujeres, que es proveer la “paquetería” —comida, insumos de higiene y medicinas— indispensable para que su esposo sobreviviera al encierro.
En una de esas visitas, el rol de cuidadora se transformó en “trampa”. Una orden de averiguación bastó para que las autoridades la detuvieran y la implicaran en la misma causa judicial que a su pareja, bajo los cargos de “asociación para delinquir y modalidad de transporte”. Su familia insiste en que no existe una sola prueba en su contra.
Yoannis Suárez, madre de Yazmín, acudió a los tribunales y entes pertinentes en busca de respuestas, solo para toparse con la misma pared burocrática de siempre. Hasta la fecha, el juicio no tuvo fecha de apertura. Mientras el proceso legal se congeló, la salud de Yazmín se deterioró de forma alarmante debido a su cuadro de diabetes.
En un entorno donde el agua potable es un lujo y la alimentación es deficiente, la falta de atención médica adecuada convirtió su reclusión en una agresión diaria contra su propio cuerpo. Su madre expresó con impotencia el dolor de esta injusticia al afirmar que “nadie está bien tras las rejas y menos cuando le espera un hijo, viendo que estás pagando por algo que no has hecho”.
Maternidades fragmentadas
El impacto más devastador de esta reclusión recayó sobre una niña de cinco años, la hija de Yazmín, quien requirió atención psicológica para intentar procesar la ausencia de sus padres. Las familias insistieron constantemente en que, en estos escenarios de desamparo institucional, “los niños y niñas sufren”.
Durante una videollamada hecha a Annerys Fajardo, hermana de Yazmín, la niña le preguntó: “Tía, ¿por qué todos mis compañeros y amiguitos tienen a su mamá y yo no tengo a mi mamá? ¿Tú también me vas a abandonar?”.
Las lágrimas de Annerys al recordar la escena revelaron el trauma invisible de una generación de hijos e hijas que crecen con madres bajo custodia del Estado. Son los huérfanos del sistema judicial, cuyas vidas quedaron suspendidas entre la nostalgia y el miedo al olvido.
La carga económica de esta lucha transformó por completo la estructura del hogar. Yoannis Fajardo, la madre de Yasmín, perdió su empleo debido a las gestiones judiciales y a los extenuantes viajes de reclusión. Yasmín y su esposo eran comerciantes independientes en Barinas, pero el negocio familiar desapareció tras las detenciones.
Para subsistir y costear los gastos de su familia tuvo que dedicarse por completo a las ventas de chucherías, bisutería y lo que les diera para pagar “el día a día”.
El INOF y La Crisálida: espejos de la violencia carcelaria femenina
Las cárceles de mujeres en Venezuela padecen un abandono sistemático que se ensaña directamente contra su salud e integridad, pues las necesidades biológicas y de higiene de la población femenina reciben nula atención del Estado.
En el INOF, las internas enfrentan racionamientos severos de agua potable, lo que obliga a las familias a cargar pesados botellones en cada visita. La falta de este recurso elemental sabotea la posibilidad de mantener condiciones mínimas de higiene en las celdas y en las áreas comunes.
Para una mujer, la escasez de agua es un factor de riesgo que detona infecciones urinarias y ginecológicas recurrentes que, en reclusión, rara vez reciben tratamiento médico adecuado.
De acuerdo con las documentaciones de la organización Amnistía Internacional y el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), la gestión de la menstruación tras las rejas se convirtió en una humillación cotidiana. Los registros de estas instituciones confirmaron que el Ministerio para el Servicio Penitenciario no suministra toallas sanitarias a la población reclusa, por lo que cada mes las presas dependen exclusivamente de lo que sus familiares logran introducir en los paquetes.
Provea advirtió que, cuando el cerco económico impidió a las familias costear estos productos, las mujeres se vieron obligadas a recurrir a trapos o retazos de sábanas viejas, una práctica precaria que compromete gravemente su salud reproductiva en medio de la falta de intimidad y el hacinamiento. Y, aunque el informe de la organización data de mayo de 2025, esta realidad se mantiene.
El dolor de Emirlendris y la voz de Melania
La manifestación frente al INOF también trajo a la acera casos de resistencia y dignidad frente al deterioro físico extremo, como el de Emirlendris Benítez, detenida desde agosto de 2018 y sentenciada a 30 años de prisión en un proceso que su defensa denunció como carente de pruebas.
Su hermana, Melania Rosales, ha sido la voz incansable fuera de los muros del penal para relatar cómo las severas secuelas físicas de los maltratos terminaron por confinar a Emirlendris a una silla de ruedas.
Pese a contar con medidas de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2020 y un dictamen del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU que exige su liberación inmediata, las autoridades venezolanas han hecho caso omiso a los llamados. Melania denunció que le han negado sistemáticamente las consultas con los especialistas médicos requeridos para atender sus hernias discales, su cuadro de fibromialgia crónica y los intensos dolores de cabeza cotidianos.
Lejos de amedrentarse, el reclamo de su hermana sigue firme en el espacio público, exigiendo el derecho básico a la salud y a la justicia.
El desarraigo como política de aislamiento
Los familiares de las mujeres recluidas tanto en el INOF como en el Anexo Femenino de la Comunidad Penitenciaria Crisálida coincidieron en una denuncia estructural durante la jornada. El traslado y confinamiento de las detenidas en estados alejados de sus regiones de origen funcionó como una política de aislamiento, por lo que insistieron en que poner a las mujeres en estados lejanos “también es una forma de tortura”, debido a que esto dificulta el traslado de insumos básicos.
Dejar a una presa sin visitas equivale a dejarla sin alimentos. Por eso, el Comité para la Libertad de Presos Políticos (Clippve) calificó este desarraigo geográfico como una forma de presión psicológica y física. Diego Casanova, vocero de la organización, enfatizó que “quienes hoy encarcelan en Venezuela maltratan a las mujeres, las someten a distintas formas de violencia. Por eso vemos que quienes mantienen a estas personas son capaces de llevarlas hasta la muerte”.
Casanova recordó que la detención se vive como una condena de muerte anticipada debido a que en las cárceles no tienen condiciones de salud ni de higiene, y las internas son sometidas constantemente a tortura psicológica.
Las madres que partieron por la espera
La tragedia de la espera cobró vidas definitivas. El pancartazo funcionó también como un memorial para aquellas madres y familiares cuyos corazones fallaron antes de que se abrieran los candados de los penales.
Los manifestantes recordaron los nombres de Carmen Teresa Navas, Omaira Navas, Yarelys Salas, Carmen Dávila, María Concepción Sánchez y Yenny Barrios. Todas ellas compartieron un mismo destino: fallecieron enfermas, desgastadas por la angustia y la precariedad económica, mientras luchaban por ver a sus hijos e hijas caminar en libertad. Murieron en la acera de la exigencia, lo que dejó un vacío doble en sus hogares.
Según las cifras presentadas por Clippve, todavía más de cien mujeres siguen privadas de libertad en Venezuela por motivos políticos o bajo procesos judiciales viciados por la falta de debido proceso. Datos del Foro Penal Venezolano indican que 34 muejres siguen tras las rejas. Detrás de cada cifra existe un hogar desconfigurado, una abuela que dobló turnos de trabajo, una hermana que respondió preguntas difíciles y una infancia que esperó frente a un teléfono.
A pesar del desgaste evidente en los rostros de las madres, hermanas y abuelas concentradas frente al INOF, la consigna de cierre de la jornada dejó claro que la rendición no es una opción. En unísono, las familias provenientes de distintos estados del país insistieron en que seguirán denunciando y en las calles “hasta que la última sea libre”.
Bajo la pregunta “¿Dónde están las feministas?”, activistas, periodistas, académicas y defensoras se reunieron en un espacio de resistenca colectiva para debatir sobre femicidios, transfeminicidios, violencia obstétrica, ecofeminismo y el rol político de la crianza y el periodismo. Tres años después de su nacimiento, esta iniciativa reafirma que el feminismo en Venezuela sigue vivo en la organización, el cuidado y la construcción de comunidad frente a las múltiples violencias del país
Hay semanas que empiezan “de golpe”. Con noticias que se instalan como un peso en el pecho. Desde el domingo 17 de mayo sabíamos que esta sería una de ellas: entre la incertidumbre por los bajones eléctricos, la deportación de Alex Saab y la herida abierta por la muerte de la señora Carmen Teresa Navas —cuyo fallecimiento en medio de la lucha por la libertad de su hijo preso político nos recordó el costo humano de nuestra crisis—, el escenario nacional se siente cargado. A esto se sumó la liberación de la adolescente Samantha Hernández y la noticia de la excarcelación de los policías metropolitanos detenidos desde 2002, un pequeño aliento de justicia en medio de la incertidumbre.
En este panorama, reunirse es un acto de resistencia. Por eso, el pasado martes 19 de mayo de 2026, la primera tarde sin el calor sofocante del mes, la Sala Cabrujas en Los Palos Grandes no fue solo un recinto; fue una trinchera.
Tres años después de aquella primera edición de Encuentros Feministas en 2023, donde la pregunta era un tímido “¿Aún necesitamos feminismos?”, la edición número 15 nos convocó bajo una interrogante mucho más punzante: “¿Dónde están las feministas?“.
Esa pregunta, usada tantas veces como arma para invalidar nuestro trabajo, regresó como espejo.
Encuentros Feministas es una iniciativa impulsada por la activista Lety Tovar, la periodista Ariadna García y la abogada Victoria Capriles. Estas tertulias bimensuales surgieron como un espacio diverso, de igualdad y respeto, diseñado para que cualquier persona pueda sentirse parte de conversaciones urgentes sobre el estado de los derechos de las mujeres en el país.
A través de paneles curados y el diálogo abierto, este proyecto se ha consolidado como un punto de encuentro ineludible para quienes creen que hablar, escuchar y nombrarnos es el camino para construir una sociedad más justa.
Es por eso que en el jardín abierto de la Sala Cabrujas, nos reunimos para honrar, palabra a palabra, estos tres años de camino compartido. Fuimos llenando una jarra de vidrio con mensajes escritos en papeles de colores, depositando allí nuestros deseos y mensajes de gratitud. Cada papel fue un tributo a ese aniversario y, sobre todo, un reconocimiento a Lety, Victoria y Ariadna, las tres feministas que hace tres años lanzaron al aire una pregunta que hoy nos sigue convocando.
“Para mí, estos encuentros han significado un espacio de conectar, de hacer nuevas amigas y generar un lugar seguro donde podemos encontrarnos, más allá de nuestras diferencias, en un contexto tan polarizado”, dice Lety Tovar, activista y una de las organizadoras.
A las 6 de la tarde, un equipo audiovisual confirmaba el inicio de la grabación en audio y video del panel conformado por la investigadora y antropóloga Aimee Zambrano, la co-directora de Trans AFAB Venezuela Andrea Carvajal, la periodistay profesora Gabriela Rojas y la ecofeminista e investigadora Liliana Buitrago. Bajo la moderación de Ariadna García, la sala se transformó en un ágora de reflexiones en la que se buscaba dejar un registro histórico de algunas de las voces que hoy sostienen el feminismo en Venezuela.
Aimee Zambrano, desde la iniciativa Utopix, nos invitó a mirar la realidad con rigor. Con 155 femicidios registrados en 2025, la antrópologa desglosó la diferencia necesaria entre los términos femicidio y feminicidio: mientras el primero nombra el asesinato por razones de género, el segundo sitúa la responsabilidad estatal, esa que se hace evidente cuando el Estado ignora, ralentiza procesos o deja libre a agresores. Aimee explicó cómo desde Utopix realizan un arduo trabajo de mapeo subregistrado —ante la opacidad oficial—, rastreando estas violencias que el sistema insiste en ocultar.
Zambrano hizo hincapié en el feminismo gineco-obstétrico, denunciando cómo el “parto cruel” es una forma de violencia que el sistema insiste en banalizar como una “práctica médica“, cuando en realidad es una vulneración estructural. También reflexionó sobre la revictimización continua de la prensa con los casos de transfeminicidios, en los que hasta usan su deadnaming al momento de explicar los hechos.
Como mujer trans y racializada, Andrea Carvajal, de Trans AFAB Venezuela, señaló el “oscurantismo” estadístico que enfrenta la comunidad venezolana trans e intersexual dentro y fuera del país. En contraste con países como Colombia, México o Brasil cuentan con legislaciones que permiten monitorear transfeminicidios y defender derechos, en nuestro país la ausencia de leyes de protección condena a las víctimas a la invisibilidad absoluta.
Andrea explicó que esta falta de registros no es una omisión casual, sino una violencia institucional que asesina a las víctimas por segunda vez: primero en el acto de odio y luego en la negación de su identidad. Para ella, la revictimización no ocurre solo en la calle, sino en los espacios que deberían proteger. Por ello, definió su participación como un acto político: “El que personas como yo entren en estos espacios y hablen desde la evidencia, obliga a quienes ocupan lugares mediáticos a cambiar la narrativa”. Entre sus distintas intervenciones, nos recordó que el feminismo debe ser, ante todo, un ejercicio de cuidado colectivo.
Por su parte, Liliana Buitrago nos llevó a la raíz de todo. Con la experiencia de ocho años al frente de Mujeres, Cuerpos y Territorios, nos recordó que el ecofeminismo es el movimiento que denuncia cómo la explotación de la tierra y la subordinación de las mujeres comparten la misma lógica: un modelo patriarcal y capitalista que mercantiliza la vida. “Nuestra apuesta ha sido siempre visibilizar las luchas socioambientales. Es necesario que estas luchas se carguen de un debate sobre los territorios explotados y las violencias múltiples que sufren las mujeres”.
Liliana nos dejó una lección vital aprendida de las comunidades: la importancia sagrada de la celebración colectiva. En medio de tantos duelos y tragedias, nos recordó que festejar juntas no es evadir la lucha, sino una estrategia política de resistencia.
Gabriela Rojas, quien desde su labor en TalCual y su impulso a Redsonadoras —el primer medio abiertamente feminista en Venezuela donde pueden leer sobre este y otros temas que importan—, enfatizó sobre cómo el periodismo tiene la responsabilidad de actualizarse y dejar de tratar el género como una “moda” o una categoría secundaria. La perspectiva de género es transversal, o no es.
Como docente universitaria y madre, Gabriela también destacó la labor política de la crianza: desde la mediación en la niñez, con sus docentes, hasta la incidencia en la educación superior, en cada espacio hay que defender y formar en valores de igualdad. Porque la crianza es un proceso de transformación constante y necesaria.
Al abrir el micrófono, el debate se amplió: más de ocho personas participaron con inquietudes y aportes con gran perspectiva. Por ejemplo, surgió la urgencia de romper la burbuja caraqueña y aprender de lo que sucede en el interior del país: el trabajo incansable del Movimiento Somos en Mérida, la labor del Observatorio Venezolano de Violencia Gineco-obstétrica —nacido de la unión de Parir con Placer, la Mesa de Mujeres, Mujeres por los Derechos, PLAFAM y la Alianza Salud para Todas—, y tantos otros colectivos que, desde su trinchera, visibilizan, cuidan y defienden.
El ambiente fue un manifiesto en sí mismo: un bebé, hijo de una feminista de convicción, irrumpió con sus tiernos balbuceos. Su madre, una feminista que se levantó para participar, confesó que habitar estos espacios es cada vez más difícil, pero precisamente por eso, imprescindible. Ese pequeño nos recordó que el feminismo también es —y debe ser— el espacio de las que cuidan, de las que cargan, de las que sostienen.
Fuimos dejando atrás el auditorio para llevar la reflexión hacia un brindis de celebración por el tercer aniversario de Encuentros Feministas. El jardín de la Sala Cabrujas se llenó de ruido de conversaciones apasionadas y apretones de manos. Se coreó un cumpleaños feliz al estilo venezolano, con torta y pasapalos.
“No importa lo que pase, aquí vamos a seguir haciendo los Encuentros Feministas para todas las personas” , aseguró Lety Tovar.
Martes 19 de Mayo, 8:15 P.M. Salía de la Sala Cabrujas con la certeza de que la respuesta a “¿Dónde están las feministas?” es más contundente que nunca: estamos aquí, nombrando, sosteniendo y tejiendo resistencia. Porque lo que no se nombra, lo que no se defiende y lo que no se abraza colectivamente, simplemente no existe.
La presentación de El Eclipse de la Constitución, el más reciente informe de Provea sobre DDHH en Venezuela, estuvo acompañada de un homenaje al Comité de Madres en Defensa de la Verdad y al Comité por la Libertad de los Presos Políticos, en reconocimiento a su incansable lucha por la liberación de sus familiares
“Los eclipses no son permanentes, sino una interposición momentánea de la arbitrariedad”. Así presentó Óscar Murillo, coordinador general de Provea, el más reciente informe de esta organización no gubernamental, sobre la situación de los derechos humanos (DDHH) durante 2025, publicado este jueves, 14 de mayo.
Esta investigación representa una mirada sobre 14 áreas críticas de la vida en Venezuela, entre las que aparece: el colapso de los servicios públicos, la crisis hiperinflacionaria, el deterioro progresivo de la educación y la salud pública, la violencia generalizada, la desprotección de los ecosistemas y los pueblos indígenas y la huella de la minería ilegal, entre otros temas.
Cortesía: Provea
“Vemos con preocupación el aumento drástico de las desapariciones forzadas en 2025”, detalló Lissette González, socióloga y coordinadora de Monitoreo, Investigación y Medios de Provea, ya que la organización documentó 160 víctimas de desaparición forzosa en 2025, frente a 54 de 2024.
Algunos de los hallazgos más resaltantes sobre derechos económicos, sociales y ambientales:
24,2 % de las mujeres en edad reproductiva presenta anemia.
El salario mínimo cubrió apenas el 1 % de la Canasta Alimentaria Familiar, cuyo costo llegó a costar 565 dólares en 2025.
La inflación en alimentos durante 2025 fue de 259,3 % según datos del Banco Central de Venezuela.
63 % de los estudiantes no recibieron alimentación escolar durante 2025.
77 % de la población no recibe agua por tuberías de manera regular.
El presupuesto de salud representó apenas 4,24 % del gasto público, con una caída de 28 % respecto a 2024 y tercer año consecutivo de reducción.
Durante 2025 se registraron derrames petroleros en Falcón, Zulia, Anzoátegui y Monagas.
Sobre los derechos civiles y políticos:
Al menos 659 denuncias de violaciones al derecho a la integridad personal fueron registradas por PROVEA en 2025: tortura, tratos crueles, amenazas y hostigamiento.
596 presuntas violaciones a la libertad personal fueron registradas en 2025: 85,4 % corresponden a detenciones por razones políticas, 75 % de las víctimas fueron hombres; 11 % niños, niñas y adolescentes.
Las detenciones por razones políticas crecieron 102 % sobre el promedio de los últimos 17 años.
La ONU mantuvo vigilancia crítica sobre Venezuela durante 2025. El Alto Comisionado, Volker Türk, advirtió que la situación no había mejorado.
Cortesía: Provea
Representación de la mujer indígena
Para abordar el tema de la minería ilegal, Liz Hernández, lideresa indígena Pemón del municipio Gran Sabana, en el estado Bolívar, alertó sobre la devastación ambiental causada por esta práctica en la región. No obstante, el informe resalta que la minería ilegal se expandió a casi todo el país.
La lideresa también explicó que se ha profundizado la crisis de inseguridad en la zona, una situación que recientemente se evidenció con un ataque armado al Consejo de Caciques. Además, denunció el aumento de enfermedades como la malaria y las infecciones de transmisión sexual, problemática que —aseguró—, se agrava en medio de la precariedad económica que atraviesan las comunidades indígenas, lo que obliga a que un alto índice de mujeres indígenas se dediquen a esta actividad ilegal.
“Nos reconocen como Patrimonio Natural de la Humanidad, pero cuando nosotros reclamamos nuestros derechos, nos ignoran”.
Con respecto a Ley de Minas, aprobada en abril de este año, que —según el gobierno—, busca regularizar la exploración y explotación de recursos minerales y atraer inversión extranjera, Liz reclamó que los pueblos indígenas no fueron tomados en cuenta al momento de realizar una supuesta consulta previa.
“Ni terroristas ni delincuentes”
Al finalizar la presentación de El Eclipse de la Constitución, Provea honró la lucha inagotable de las mujeres que esperan aún por la liberación de sus seres queridos, a través de un reconocimiento al Comité de Madres en Defensa de la Verdad (Cmdv) y al Comité por la Libertad de los Presos Políticos.
“¡Ni terroristas, ni delincuentes, nuestros muchachos son inocentes!”, gritaron las madres y demás miembros del Cmdv al momento del homenaje.
“No queremos más traslados, no queremos más torturas ¡Exigimos la libertad plena de nuestros hijos! Como madres no aguantamos más”, exclamó Lourdes García, —con la voz entrecortada—. Ella es madre de Renny Gónzalez, detenido tras las elecciones presidenciales de 2024, por su presunta participación en un grupo de WhatsApp.
“Cuando comenzamos lo hicimos desde el dolor”
Más aplausos prosiguieron para honrar a los integrantes del ClippVe, Andreina y Margaret Baduel, hijas del ex militar Raúl Isaias Baduel, fallecido bajo custodia del Estado, y cuyo hermano Josnars Baduel continúa en la cárcel del Rodeo; Sairam Rivas, activista por los DDHH, que estuvo detenida en El Helicoide en 2014, y Hiowanka Ávila, activista y hermana de Henrybert Rivas, acusado de participar en un atentado con drones contra Nicolás Maduro en 2018.
“Cuando comenzamos lo hicimos desde el dolor que significó y sigue significando la detención injusta de un ser querido”, expresó Diego Casanova, miembro del ClippVe y hermano de José Pérez, detenido en 2024 y liberado un año después.
Cortesía: Provea
Entre los presentes estuvieron los activistas de DDHH Martha Lía Grajales, detenida en 2025 y posteriormente liberada; Javier Tarazona, quien estuvo más de cuatro años en prisión; Edward Ocariz, privado de libertad por cuatro meses, y Carlos Correa, detenido en enero en 2025 y a quien recientemente se le negó la solicitud de Amnistía.
Quiénes continúan a las afueras de las cárceles
Madres, hermanas, hijas, esposas, novias, sobrinas aún esperan a las afueras de los centros de reclusión por sus seres queridos. Mujeres que desde el 8 de enero, cambiaron sus rutinas tras la promesa incumplida de liberaciones masivas por parte del actual gobierno. Tan solo a las afueras de El Rodeo llegaron a ser más de 120 personas, la mayoría mujeres, entre jóvenes y adultas mayores. Hoy permanecen al menos 30 de ellas.
Una gran cantidad son de bajos recursos económicos, que, además, perdieron sus empleos o dejaron a sus hijas e hijos a cargo de otros familiares por mantenerse en vigilia a las afueras de las cárceles. Otras no tuvieron más opción que regresar a sus hogares, sin ver materializada la anhelada libertad de sus seres queridos.
Cortesía: Provea
Datos de la organización independiente Foro Penal estima que 454 personas siguen tras la rejas por motivos políticos: 41 son mujeres y una de ellas, Samantha Hernández, tiene tan solo 16 años de edad.
En un contexto de ingresos insuficientes, desigualdad laboral y la precarización del trabajo, las mujeres volvieron a las calles y marcharon este 1º de mayo, para exigir salarios dignos y el reconocimiento a sus múltiples cargas laborales, luchas que llevan años siendo reclamadas
Las mujeres no acompañaron, sino que marcaron el ritmo de la marcha de este 1 de mayo, Día Internacional de las Personas Trabajadoras. Desde jóvenes y hasta adultas mayores fueron mayoría visible y motor de la convocatoria, que recorrió Caracas desde la Plaza Brión de Chacaíto, hasta la Plaza Morelos, en el centro de la ciudad.
Docentes, enfermeras, ingenieras, comunicadoras, responsables del hogar, estudiantes, militantes de partidos políticos, sindicalistas y demás mujeres no solo hicieron presencia, también incidieron e insistieron en la exigencia de mejores condiciones laborales y sueldos más justos para las trabajadoras y los trabajadores venezolanos.
La movilización avanzó bajo la custodia de la Policía Nacional. Ya en la Plaza Morelos, el cerco aumentó con piquetes policiales, vehículos antidisturbios y funcionarios con indumentaria antimotín que rodeaban el espacio, marcando los límites de la manifestación de calle en Venezuela.
Un día después del “aumento”
El pasado jueves 30 de abril, Delcy Rodríguez anunció el aumento del llamado ingreso mínimo integral, que ahora suma 240 dólares y 70 dólares para los pensionados.
Sin embargo, no hubo mayores especificaciones sobre qué pasará con el salario mínimo, que, hasta el momento, sigue anclado a 130 bolívares desde 2022, lo que representa menos de un dólar, según datos del Banco Central de Venezuela.
Para muchas de las manifestantes, este anuncio no representó un avance estructural, sino la continuidad del modelo de bonificación impuesto por los gobiernos de los últimos años en Venezuela.
Así lo resumió la docente Zuleika Matamoros. “La narrativa que se pretende imponer es que el sector empresarial y el Estado no tienen dinero, pero los que no tenemos dinero somos las trabajadoras y los trabajadores que desde hace más de 10 años trabajamos por un salario que prácticamente es cero”, denunció Zuleika.
La doble y triple jornada
Delia Alejo dedicó más de 40 años de su vida a ejercer la enfermería dentro del sistema de salud público venezolano. Eligió esa profesión por vocación, aunque hoy sobreviva con una pensión que equivale a centavos de dólar. Su presencia en la marcha no responde a una consigna partidista, sino a una necesidad de mejores ingresos económicos que le permitan disfrutar de lo trabajado.
“Lo que ganamos no alcanza para costear una buena alimentación, mucho menos para comprar medicinas”, afirmó Delia. Pero su reclamo no se limitó a lo económico, Delia también aprovechó de recordar que “la mujer trabaja más en el hogar que en la calle”.
“En los últimos años se ha dicho que tenemos igualdad con los hombres, pero las mujeres seguimos llevando mayores cargas, sobre todo en el hogar, al tener que estar pendiente de los hijos, de llevarlos a la escuela. Somos psicólogas, transportistas, cajero automático, hacemos de todo”, complementó Delia.
Wilmaira Ríos, ingeniera agropecuaria y perteneciente al Bloque de Mujeres en Lucha, coincide. Para ella, el problema no es solo la precariedad salarial, sino la invisibilidad del trabajo doméstico por parte del Estado venezolano.
“No solamente trabajamos fuera de la casa, no hay que olvidar que nosotras también tenemos la carga de las labores domésticas que no son reconocidas por la ley venezolana”, detalló Wilmaira, quien también mencionó, que esa carga puede ser de dobles y hasta de triples jornadas laborales que pueden no reflejar ningún ingreso.
Hablemos de la desigualdad estructural
El 1° de mayo no es solo una fecha conmemorativa, también es un punto de partida para revisar las condiciones laborales del país, sobre todo de las mujeres, ya que en Venezuela persiste un profundo desequilibrio de género en materia laboral.
Sin embargo, la economía doméstica venezolana depende en gran medida de las mujeres. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), 52 % de los hogares venezolanos tiene como principal sustento a una mujer, y el 89 % de la población femenina del país tiene que dedicar gran parte de su tiempo a trabajos domésticos no remunerados.
Mientras tanto, estos trabajos, históricamente invisibilizados, representan entre 12,9 % y 15,0 % del PIB venezolano (según estimaciones del BID), valor que pone a estas actividades como el principal sector de la economía no petrolera.
Los ingresos no reflejan la trayectoria
Entre la multitud, Edilia Torrealba avanza con varias medallas colgando en su cuello. Lleva también una bolsa negra a modo de toga y un birrete hecho de cartón. Su vestimenta no es casual sino parte de su reclamo.
Durante 30 años Edilia trabajó como docente en instituciones públicas, formando generaciones de estudiantes. Hoy sus ingresos económicos no reflejan su trayectoria ni su nivel académico.
“Nos dicen que no hay dinero para aumentar el salario porque se robaron lo que había y lo que no había también”, afirmó Edilia, directiva del Colegio de Profesores de Venezuela.
“No me siento representada”
Desde enero, tras la extracción de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, el país es gobernado por Delcy Rodríguez, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar la presidencia venezolana. Sin embargo, hay quienes siguen sin ver con buenos ojos a esta figura política femenina.
“Las mujeres hemos hecho mucho y hemos logrado conquistar muchos espacios, pero jamás podré sentirme representada por una mujer que es símbolo y sinónimo de robar a una nación”, expresó Edilia.
Su postura se enmarca en el contexto político y económico de los últimos años. Delcy fue parte de los gobiernos de Maduro, durante los cuales se reportaron más de 255 casos de corrupción de fondos públicos que superan los 69 mil millones de dólares y que involucran a funcionarios de alto nivel, según Transparencia Venezuela.
Para Raquel Figueroa, profesora e integrante del Colegio de Profesores de Venezuela, la precarización del salario no es un hecho aislado sino el resultado de políticas de “miseria y pobreza”, por lo que salir a marchar fue un pequeño paso en una lucha que continuará hasta lograr que las demandas sean atendidas.
La marcha de este 1° de mayo dejó una imagen clara: la lucha laboral en Venezuela está atravesada por las mujeres.
El 8 de marzo ha trascendido a lo largo de la historia como el Día Internacional de la Mujer. Una fecha que, lejos de celebrar a las mujeres como seres de amor o como figuras ornamentales a quienes hay que rendir tributo regalando flores, felicitándolas y exaltando la hermosura de su ser, está vinculada a distintos acontecimientos y movimientos de lucha de las mujeres trabajadoras.
Estas luchas no solo buscaron reivindicaciones salariales, sino también irrumpir en los espacios de participación política que les habían sido negados debido a su confinamiento a la vida privada, a lo doméstico, a la sumisión y subordinación masculina.
La lucha por el voto emprendida por las sufragistas implicó no solo el deseo de participar en la vida política, sino también la necesidad de opinar y afirmar que la humanidad debía enrumbarse hacia alternativas que permitieran instaurar la paz en el mundo como un principio inquebrantable.
Un 8 de marzo de 1917, las mujeres del movimiento feminista en Rusia marcharon bajo la consigna “paz y pan” en señal de protesta contra el régimen autocrático que dirigía el país. Hoy, 109 años después, Rusia se enfrenta a una guerra contra Ucrania en un conflicto que, desde cualquier perspectiva, no es más que una lucha masculina por el poder.
Los escenarios bélicos actuales en distintas latitudes son muestra de lo que Rita Segato (2018) ha denominado el mandato de la masculinidad, entendido como el ejercicio de la violencia para dominar lo otro, lo diferente, dentro de un sistema-mundo colonial en el que el poder se utiliza para explotar, someter y exterminar.
Estas son las bases que permiten a las feministas definir la sociedad patriarcal no solo como un sistema creado por los patriarcas (padres y abuelos), sino como una estructura que se sustenta en el género como mecanismo de control y dominación. De él se desprenden opresiones raciales, étnicas, religiosas, económicas, identitarias y sexuales, así como aquellas que castigan la desobediencia de los roles y patrones del “orden” social imperante.
Las mujeres inician una revolución en Rusia bajo la consigna “paz y pan”
La definición de la sociedad patriarcal ha permitido entender que la lucha de las mujeres no se limita a la reivindicación de derechos. Si algo han demostrado las feministas europeas —representantes del feminismo blanco— es que no basta con alcanzar derechos que nos igualen a los hombres; aun así se continúa en desventaja. Ser iguales ante la ley no protege de la violencia.
Este es un problema estructural de un sistema que oprime y castiga con fuerza a quienes son considerados “inferiores”. Tal como afirma Kimberlé Crenshaw (2014), las violencias y opresiones se encuentran en intersecciones que las convierten en experiencias distintas para quienes las sufren. Así, una mujer negra y discapacitada, por ejemplo, sufrirá discriminación sexual y racial, además de enfrentar limitaciones y prejuicios relacionados con su discapacidad. Si a esto se suman la pobreza y una orientación sexual distinta a la heteronormativa, recaerán sobre ella múltiples opresiones que la conducirán a una vida marcada por la exclusión y la violencia social.
Erróneamente, desde algunos espacios se piensa el feminismo como la lucha de las mujeres contra los hombres o como el deseo de alcanzar las estructuras de poder para someterlos. Este planteamiento presenta al movimiento no como la liberación de la mujer, sino como la opresión del hombre. Nada más alejado de la realidad: no se trata de una guerra entre los sexos.
Hoy el feminismo se plantea no solo como un movimiento, sino también como teoría social y filosofía de vida. En primer lugar, busca denunciar libremente las violencias cotidianas y cómo estas recaen sobre las personas más vulnerables, así como sobre el medio ambiente, que en nombre del “progreso” ha sido explotado, modificado y contaminado, exterminando especies necesarias para el equilibrio del ecosistema.
En segundo lugar, procura develar las opresiones de las estructuras sociales que, en nombre del “orden”, terminan excluyendo a quienes deciden no participar de ellas. En tercer lugar, plantea modelos alternativos que ofrezcan la posibilidad de crear espacios para las disidencias.
El feminismo enseña que este mundo creado por los hombres y para los hombres ha terminado por oprimir también al varón. En esta sociedad se le exige cumplir un rol de género que lo obliga a ser agresivo y combatiente, convenciéndolo de que es por “naturaleza violento”.
Desde niños se les enseña a pelear, a disparar y a perseguir al otro para vencerlo, dominarlo o matarlo. El varón juega a la muerte, al exterminio y a la dominación, lo que termina por suprimir sus sensibilidades y deshumanizarlo. Cuando crece, concibe la violencia no como agresión contra el otro, sino como defensa. Está preparado para la guerra, para el combate.
El movimiento sufragista
Entender esto permite alejarnos de la idea de un movimiento que confronta mujeres y hombres y comprender el feminismo como un proyecto liberador para todas, todos y todes. En esa idea de liberación surge la comprensión del cuerpo como territorio, un planteamiento que propone concebir el cuerpo humano —y en especial el de las mujeres— como el primer territorio a liberar.
Esta idea resulta poderosa. En una sociedad compuesta por estructuras que obligan a pertenecer al partido político, la iglesia, la pareja, el centro comercial, el estatus socioeconómico, la estética correcta o la piel que valida la industria del consumo, el planteamiento de la liberación del cuerpo recupera la autonomía individual.
También recupera el derecho a comprendernos como seres capaces de actuar para transformar nuestra realidad. No se trata de despojar al Estado de la responsabilidad de gestionar bienestar, sino de reconectar conscientemente con el ser y convertir este concepto en una herramienta analítica y política. No es casualidad que este concepto haya surgido desde el pensamiento decolonial latinoamericano.
El feminismo en Latinoamérica se vive desde las comunidades, desde prácticas ancestrales indígenas y afroamericanas, recuperando la idea del cuerpo como un espacio vivido en conexión con la naturaleza, la tierra y la memoria originaria.
Se trata de comprender el cuerpo como una propiedad autónoma que debe protegerse de la violencia, del control y de la dominación sistemática, así como de la contaminación provocada por el consumo. Esto se convierte en una práctica de resistencia y lucha. En ese sentido, las voces de las mujeres se alzan para decir lo prohibido y desnudar la lógica patriarcal que presenta la cultura occidental como única.
En este marco, las mujeres racializadas resultan excluidas de los espacios políticos que las invisibilizan y les imponen cánones del “deber ser”. Esto se traduce en la negación y el borrado de lo que son, de su historia y de su memoria.
Tal como lo expresa Delmy Tania Cruz Hernández (2020), “la criminalización de las mujeres tiene tintes específicos, puesto que el foco de la violencia se centra en sus cuerpos y en el amedrentamiento de su ser ‘mujeres’ en las comunidades, donde la actuación moral se pone en duda” (p. 48).
Son ciudadanas de tercera categoría: pierden derechos, se les niega la palabra y el poder de decisión incluso en los espacios que han habitado desde tiempos inmemoriales.
Aun así, las mujeres hoy continuamos con el compromiso de sostener la humanidad: esa humanidad que se gesta en nuestros cuerpos y en la razón femenina del cuidado para la vida. Ya no desde la lógica de la explotación que, justificada en el “amor”, obliga a las mujeres a realizar trabajos de cuidado que supuestamente “por naturaleza les corresponden”, convirtiéndolas en la servidumbre sobre la cual el sistema patriarcal se reproduce. Sino desde el entendimiento de que los cuidados son necesarios y, por tanto, responsabilidad de todos, todas y todes.
El grupo Panteras Negras fue un actor fundamental para la comunidad negra estadounidense en general y para el feminismo negro en particular.
En este sentido surge la comprensión de los cuidados y del autocuidado como práctica humanitaria que rescata el sentir individual y colectivo, pues las, los y les seres humanos tenemos el mismo valor sin importar las diferencias que nos componen.
El reconocimiento de los cuidados como derecho humano constituye un hito en la historia, una conquista impulsada por las feministas quienes, a través de la lucha pacífica y organizada, lograron que en agosto de 2025 la Corte Interamericana de Derechos Humanos declarara que el cuidado constituye una necesidad básica, ineludible y universal, de la cual depende tanto la existencia de la vida humana como el funcionamiento de la vida en sociedad (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2025).
Logros como este evidencian la importancia de dar cabida a las voces femeninas y de generar espacios que permitan ejercitar la inclusión, la paz y la celebración de lo diverso como característica de las sociedades humanas.
Hoy más que nunca estas prácticas se vuelven urgentes. Mientras los líderes políticos hacen apología de la guerra para enriquecer sus bolsillos en nombre del “bienestar colectivo”, las mujeres somos conscientes de que la muerte no plantea solución alguna: solo constituye un negocio que permite a quienes ejercen el poder perpetuarse y enriquecerse.
Las prácticas feministas, por el contrario, implican la construcción de la paz, la inclusión de todas, todos y todes y la celebración de lo diverso. También implican comprender la vida humana más allá del consumo y la acumulación de riquezas como fin último.
Cuando las mujeres recurren al trueque, por ejemplo, no debe verse como una simple idea esnob. Esta práctica constituye una acción política que busca desmantelar la industria del consumo, sobre la cual se explota a las y los trabajadores, se contamina el ambiente y se generan necesidades irreales.
Además, el feminismo también pone el foco en el varón y en la necesidad de construir nuevas masculinidades, no solo para desmantelar el machismo que conduce a las violencias sexuales —cuya expresión más cruel se encuentra en los feminicidios—, sino también para la liberación del propio hombre, sometido a prácticas violentas que lo llevan a reafirmar su masculinidad ante otros hombres (Segato, 2018).
La percepción masculina de un mundo escaso, en el que el otro se convierte en enemigo porque supuestamente desea despojarme de lo que me pertenece, constituye un pensamiento que urge transformar. Esta es una tarea necesaria hoy más que nunca, en un planeta donde la coexistencia de la humanidad se encuentra en peligro.
Todo lo anterior hace que el pensamiento feminista cobre aún más vigencia, pues la humanidad está llegando a límites irreversibles.
Garantizar espacios de expresión y continuar alzando nuestras voces para denunciar aquello que atenta contra la dignidad humana constituye, sin duda, un acto de valentía, resistencia y lucha por la construcción de una humanidad verdaderamente pacífica, en la que todas, todos y todes podamos convivir en armonía y respeto.
Referencias: Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2025). Opinión consultiva OC-31/25: Derecho al cuidado. https://www.corteidh.or.cr/opiniones_consultivas.cfm
Crenshaw, K. (2014). On Intersectionality: Essential Writings. The New Press.
Segato, R. L. (2018). Contra-pedagogías de la crueldad. Prometeo Libros. Cruz Hernández, D. T. (2020). Mujeres, cuerpo y territorios: entre la defensa y la desposesión. En D. T. Cruz Hernández & M. Bayón Jiménez (Coords.), Cuerpos, territorios y feminismos: compilación latinoamericana de teorías, metodologías y prácticas políticas. Ediciones Abya‑Yala.
El inédito ascenso de mujeres al centro del poder en Venezuela ocurre en el momento de mayor colapso político e institucional. Lejos de representar un avance sostenido hacia la igualdad de género o una conquista feminista, politólogas advierten que estas designaciones responden al fenómeno del “acantilado de cristal”: liderazgos femeninos llamados a gestionar crisis casi irresolubles, con alto costo político y escaso margen de maniobra, mientras las estructuras tradicionales se resguardan del fracaso
El 2026 inició con un giro histórico en el escenario político venezolano: por primera vez en la historia reciente, todos los principales liderazgos del país son encabezados por mujeres. Un marcado contraste con respecto a las elecciones presidenciales del 2024, que no contaron con candidatas mujeres en el tarjetón.
Hoy tenemos al frente a Delcy Rodríguez, figura clave del oficialismo que pasó de la Vicepresidencia Ejecutiva a ejercer la jefatura del Estado, en condición de presidenta encargada, luego de que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenara su asunción tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en una operación militar ocurrida el 3 de enero de 2026, lo que fue interpretado dentro del marco legal como una “falta temporal” que debía ser suplida conforme a la Constitución para garantizar la continuidad administrativa del país. También María Corina Machado continúa como líder principal de la oposición desde su victoria en las primarias de 2022. Incluso Laura Dogu, la nueva encargada de negocios designada por EEUU para atender el caso de Venezuela, es mujer.
Pero este ascenso simultáneo de las mujeres al centro del poder no puede atribuirse completamente a un avance hacia la igualdad de género. Estas designaciones no parecen surgir precisamente como una respuesta de apertura democrática, sino más bien como una forma de respuesta estratégica para la gestión de la crisis. Dicho patrón ha sido estudiado en distintos contextos y recibe el nombre de “acantilado de cristal” en la teoría política y organizacional.
Alicia Montiel, politóloga y consultora política, explicó que el concepto de “acantilado” alude, justamente, al riesgo implícito de esas designaciones.
“Son cargos a los que se llega cuando la posibilidad de fracaso es muy alta, cuando el margen de maniobra es mínimo y el costo político o reputacional está prácticamente garantizado”, explicó la especialista.
Comentó que este patrón también cumple una función simbólica dentro de las dinámicas de poder, porque desplazar el riesgo hacia figuras femeninas permite proteger liderazgos masculinos previamente consolidados. “Cuando ya no hay respuestas y las soluciones parecen agotadas, se abre espacio para que una mujer asuma el mando, incluso como una forma de resguardar trayectorias masculinas y evitar que sean ellas las que carguen con el costo del fracaso”.
La politóloga Carmen Herrera agrega que este escenario no siempre se presenta como una oportunidad visible de promoción, sino como “una trampa política cuidadosamente construida”.
“No se trata de un ascenso real, sino de una oferta que llega cuando el cargo ya está atravesando una crisis prácticamente insolucionable. Muchas mujeres aceptan estos cargos no porque las condiciones sean favorables, sino porque representan la primera, y a veces la única ocasión real de acceder a espacios de poder que históricamente les han sido negados. La alternativa suele ser seguir esperando una oportunidad que nunca llega”, explicó.
La experiencia internacional muestra que el “acantilado de cristal” se ha repetido en distintos países y momentos históricos, destacando el caso de Theresa May como primera ministra del Reino Unido en 2016, quedando a la cabeza de una crisis política y económica inmediatamente posterior al referéndum del Brexit. En Australia, Julia Gillard llegó al gobierno tras la fragmentación interna del Partido Laborista que desencadenó dudas sobre su legitimidad durante todo su periodo. En Finlandia, Sanna Marin encabezó el Ejecutivo durante la pandemia de COVID-19, enfrentando una crisis sanitaria combinada con críticas centradas en su edad, su vida personal y su estilo. Asimismo, Xiomara Castro en Honduras y Dina Boluarte en Perú asumieron la presidencia en contextos de inestabilidad institucional, falta de confianza en los liderazgos masculinos y polarización.
Y en el caso venezolano, no es casualidad que este reordenamiento del poder de la política ocurra luego de la profundización de la crisis por el vacío de poder que dejó la operación del gobierno de Estados Unidos contra Nicolás Maduro y el desgaste de los liderazgos masculinos tradicionales, tanto del oficialismo como de la oposición, que hoy generan desconfianza o apatía.
Los resultados de la encuesta Latam-Wide de AtlasIntel y Bloomberg de enero de 2026 confirman el deterioro de la imagen pública de los principales líderes masculinos opositores que dominaron la escena política venezolana durante la última década. Juan Guaidó presenta apenas 29 % de imagen positiva, frente a 34 % negativa y un elevado nivel de indefinición (37 %. Henrique Capriles, excandidato presidencial y actual diputado registra 15 % de valoración positiva, con 25 % negativa y un 60 % de respuestas “no sabe”, después de haber conseguido el 49,12% de los votos en las elecciones presidenciales del 2013. Leopoldo López aparece aún más rezagado, con solo 16 % de imagen positiva, 24 % negativa y 61 % de indefinición, lo que sugiere una figura de liderazgo ya desdibujada.
Sin mencionar la ausencia de otros liderazgos con legitimidad social y política que deben permanecer fuera del radar público por encontrarse en el exilio, en la clandestinidad como Delsa Solórzano, o privados de libertad como Juan Pablo Guanipa.
Eva Sabariego, politóloga y directora de EmpoderaME, mencionó también que las mujeres asumen la vocería en escenarios de mayor peligro, y el éxito o el fracaso de la estrategia recae absolutamente sobre la figura femenina. “Son ellas quienes asumen el costo personal, legal y reputacional del desenlace, mientras las estructuras de poder tradicionales observan desde lejos”, puntualizó Sabariego.
Liderazgo femenino como última carta
En el ámbito hispanoamericano, autoras como Tània Verge y Silvia Claveria, han analizado el fenómeno al mostrar cómo las mujeres suelen ser llamadas a ocupar cargos de liderazgo para “salvar el día” cuando estallan escándalos protagonizados por hombres, ya sea por corrupción, abuso de poder, violencia o escándalos sexuales.
Alicia Montiel señaló que mientras que los escándalos empresariales suelen resolverse con menor exposición pública, las crisis políticas están inevitablemente sometidas al escrutinio ciudadano. La política, recordó, es un servicio público, y quienes ocupan cargos electos no responden a accionistas, sino a votantes, lo que hace que los costos reputacionales sean mayores y más visibles.
Allí es donde la investigación académica identificó que ciertos estereotipos tradicionalmente asociados a las mujeres son percibidos como especialmente útiles en momentos de crisis y se instrumentalizan para suavizar la imagen de los gobiernos, como la empatía y el rol de cuidadoras.
“Cuando un hombre falla en política, se habla de errores estratégicos, de coyunturas adversas, de sistemas complejos. Cuando falla una mujer, la narrativa cambia: se cuestiona su capacidad, su temple, su liderazgo. El error deja de ser individual y se convierte en colectivo, y refuerza estereotipos históricos en donde las mujeres son “buenas para limpiar crisis”, pero no para gobernar en tiempos normales”, destacó Montiel.
Carmen Herrera explica que, en contextos normales, las cúpulas mayoritariamente masculinas tienden a promover y validar a perfiles similares a los suyos, reproduciendo liderazgos masculinos de forma sostenida. Las mujeres, aunque participan activamente, suelen quedar relegadas a tareas de coordinación comunitaria o trabajo de base —sin acceso a la vocería ni al reconocimiento público— y quien no tiene vocería difícilmente acumula legitimidad. Por eso, incluso cuando las mujeres realizan trabajo sustantivo, los logros suelen ser capitalizados por hombres que ocupan el espacio protagónico.
Cuando sobreviene una crisis porque los liderazgos tradicionales comienzan a “quemarse”, asumir la vocería se vuelve demasiado costoso.
Herrera lo atribuye a que ese acceso ocurre en condiciones profundamente adversas, porque la expectativa social es inmediata, la tolerancia al error es mínima y el castigo político suele ser más severo. “La mujer que asume no solo debe gestionar la crisis, sino también enfrentar una mayor exposición, ataques personalizados y una evaluación constante de su capacidad”.
Gobernar sin margen de maniobra
Desde la teoría del acantilado de cristal, Montiel interpreta la designación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada como un mecanismo de “lavado de cara” del chavismo, en medio de negociaciones de alto nivel que permanecen fuera del conocimiento público.
“Sobre el 3 de enero no tenemos todos los elementos, no sabemos realmente qué pasó ni qué está ocurriendo en este momento, pero circulan múltiples versiones: desde quienes sostienen que Maduro fue entregado, hasta quienes afirman que salió del país por decisión propia. Algún día sabremos todo eso, pero mientras tanto, lo que sí puede afirmarse es que Rodríguez asume un liderazgo profundamente condicionado”, asevera.
Según la especialista, la presidenta encargada se encuentra atrapada entre expectativas contradictorias que hacen extremadamente difícil consolidar respaldo político. “Debe responder a una base chavista, que observa con desconfianza su relación con el gobierno de Estados Unidos, su interlocución con la administración Trump y la recepción de funcionarios estadounidenses; pero debe mantener un discurso público de exigencia por la liberación de Maduro y Cilia Flores de su secuestro”.
En América Latina, se puede identificar el patrón en la gestión de Dilma Rousseff en Brasil, que permitió una recomposición parcial del capital político del Partido de los Trabajadores y facilitó el retorno de Luiz Inácio Lula da Silva al poder.
A su criterio, resulta igualmente improbable que Rodríguez logre generar confianza en la oposición y en una mayoría de venezolanos que rechazan al chavismo. “Está en una posición en la que sólo puede fracasar, justo como lo indica la teoría del acantilado de cristal”, resumió la consultora política.
Reconocimiento tardío
El acantilado también está presente cuando las mujeres acceden al liderazgo tras largos periodos de exclusión. El ejemplo de María Corina Machado en este caso resulta particularmente ilustrativo.
“Durante buena parte del período chavista, Machado intentó posicionarse como una alternativa política sin lograr el reconocimiento que probablemente habría obtenido un dirigente masculino en condiciones similares”, expuso.
La consultora Montiel consideró igualmente que el respaldo masivo a Machado no se produjo sino hasta que otros liderazgos masculinos se agotaron, y cuando se hizo visible la estrategia de custodia de las actas electorales del 28 de julio, que había sido planteada por la dirigente en años anteriores sin encontrar eco. Aún así, pese a haber sostenido una campaña centrada en su figura y al considerable esfuerzo físico y emocional que ello implicó, María Corina Machado no sería quien asumiera la Presidencia, pues debió canalizar ese capital político a través de la candidatura de un hombre, una decisión condicionada por las circunstancias políticas del momento. Recordó además que la primera alternativa femenina, la académica Corina Yoris, fue excluida del proceso, lo que terminó por reforzar la paradoja de un liderazgo femenino ampliamente legitimado que no pudo traducirse en una postulación directa.
Carmen Herrera también alude a que Machado —a pesar de ser una figura con larga trayectoria pública— sólo logró consolidarse como lideresa opositora en el momento más crítico del deterioro democrático, añadiendo presión extrema y una volatilidad alta del respaldo ciudadano. En este escenario, la expectativa de “salvación” suele ser tan elevada que cualquier resultado insuficiente se traduce rápidamente en críticas, por haber asumido en un momento prácticamente irresoluble.
“Durante años fue considerada una outsider, ajena a la cúpula opositora dominada por hombres, cuyos liderazgos se fueron desgastando progresivamente. Machado obtiene reconocimiento precisamente por ese carácter externo al patrón dominante, lo que le permitió ganar las primarias y convertirse en referente. Sin embargo, lo hizo en el peor momento posible: con una crisis profunda y sin condiciones para desarrollar una gestión o un proyecto político a largo plazo. Su liderazgo, en ese contexto, se convierte en una tarea constante de contención y respuesta inmediata”, sostuvo.
Pero no es el único riesgo asociado a la teoría: también existe la posibilidad de que se minimicen los logros reales de las mujeres líderes al presentar sus éxitos únicamente como respuestas excepcionales a dichas situaciones límite.
Los estereotipos de género a su vez continúan influyendo de forma decisiva en la manera en que la opinión pública evalúa a las mujeres que asumen roles de liderazgo. Eva Sabariego advierte que las mujeres no solo enfrentan los desafíos políticos o técnicos del cargo, sino también una carga simbólica adicional asociada a su género, porque una misma conducta puede ser interpretada de manera radicalmente distinta dependiendo de quién la ejerza.
“Si una mujer tiene una actitud firme y decisiva en un contexto de crisis puede ser atacada por ser ‘poco femenina’ o ‘agresiva’, por encajar o no en dinámicas sociales preconcebidas. Si esa misma actitud viene de un hombre, suele asociarse positivamente con control y dominio de la situación”, afirma.
Ese escrutinio diferenciado tiene efectos que van más allá del caso individual. De acuerdo con Sabariego, los errores de una mujer en posiciones de alta visibilidad se maximizan y terminan repercutiendo de forma ejemplarizante sobre otras mujeres.
La politóloga Montiel coincide en que la concepción de que la mujer debe ser primero esposa y madre, mientras que el protagonismo público y político se reserva para el hombre continúa operando como una barrera invisible en la política contemporánea.
Esta resistencia no es exclusiva de países con democracias frágiles o sistemas políticos cerrados. Incluso en contextos considerados consolidados, como Estados Unidos, se han reproducido dinámicas similares. Montiel recordó los casos de Hillary Clinton y Kamala Harris, dos candidatas con amplias credenciales políticas y experiencia institucional, cuya imagen pública fue evaluada bajo estándares distintos a los aplicados a sus contrincantes.
“Aunque el género no puede considerarse la única variable explicativa de esos resultados electorales, es difícil no preguntarse por qué dos mujeres con trayectorias sólidas perdieron frente a un candidato que no tenía experiencia política ni formación en el funcionamiento bipartidista del país”, apuntó la especialista aludiendo a Donald Trump.
En ese sentido, Montiel insistió en que los partidos políticos y las estructuras tradicionales de poder han funcionado históricamente como espacios predominantemente masculinos que han promovido principalmente las carreras de otros hombres dentro de sus propias filas. Como resultado, incluso cuando emergen liderazgos femeninos visibles y con respaldo social, estos enfrentan mayores obstáculos para traducirse en poder institucional efectivo.
Cuando la crisis pasa, ¿el poder retrocede?
Sabariego advierte que el sistema tiende a revertir a sus patrones masculinos tradicionales cuando la crisis pasa, por la falta de mecanismos que aseguren esa permanencia en el poder de las mujeres que ascendieron por coyunturas políticas. “Resulta más fácil responsabilizar al género femenino si la estrategia fracasa y volver a un liderazgo masculino tradicional. Las mujeres aceptan estos puestos como su única vía de escalar, y los hombres la evitan para proteger su carrera o reputación”, refirió.
En Venezuela, esta fragilidad estructural se ve agravada por la ausencia de una normativa robusta que garantice la participación igualitaria de las mujeres en los espacios de poder. El Centro de Justicia y Paz (Cepaz) en 2023 documentó que ni la Ley Orgánica de Procesos Electorales ni la Ley de Partidos Políticos establecen de forma clara y vinculante criterios de paridad y alternabilidad. Lo que ha existido hasta ahora son iniciativas que se han limitado a resoluciones administrativas de carácter temporal, con bajo rango normativo, publicación intempestiva y sin mecanismos eficaces de sanción.
La directora de EmpoderaME reconoce que el debate sobre las leyes de paridad sigue abierto, pero que sin presión legal, la experiencia demuestra que las estructuras de poder no ceden de forma voluntaria.
“El debate sobre la Ley de paridad aún no tiene un consenso definitivo. Por un lado, se presentan como una herramienta necesaria para obligar la participación equitativa en espacios públicos y romper el bloqueo histórico. Por otro lado, existe la crítica de si es beneficioso que esta participación sea impuesta por ley en lugar de ser un proceso espontáneo y voluntario. Quienes cuestionan la ley temen que se perciba como una concesión y no como un reconocimiento al mérito, mientras que sus defensores argumentan que, sin una obligación legal, el sistema nunca cederá espacios voluntariamente”.
La estructura misma de los partidos políticos son otra clave para entender por qué el liderazgo femenino sigue siendo excepcional (y no la norma) en la política venezolana. Estos están históricamente diseñados y dirigidos por hombres, añade la politóloga Carmen Herrera.
“En Venezuela, los partidos políticos han estado mayoritariamente liderados por hombres, no solo en la práctica, sino también en sus reglamentos y en la forma en que están organizados. Esto contrasta con lo que ocurre a nivel comunitario, la organización y la coordinación comunitaria están protagonizadas por mujeres, pero ese trabajo no suele traducirse en visibilidad política ni en vocería pública”.
Este desequilibrio en la legitimidad -donde las personas terminan otorgándole mayor protagonismo a quien hace la vocería y no al que está coordinando y sacando adelante el trabajo de hormiga en las comunidades- responde a patrones tradicionales de ascenso dentro de los partidos, donde no existen procesos democráticos sólidos para la elección interna de liderazgos.
“No hay estructuras democráticas reales de elección; las decisiones suelen tomarse de manera unidireccional, a dedo, por una sola persona. Ese mecanismo facilita que se reproduzcan siempre los mismos perfiles. Quien decide suele reproducir el mismo patrón que lo puso a él en el poder”, apuntó Herrera.
Ahora, para evitar que el acceso de las mujeres a los espacios de decisión quede limitado a contextos de crisis requiere transformaciones estructurales, no soluciones simbólicas ni coyunturales. El primer paso, remarcó Herrera, es un proceso de concientización ciudadana y formación cívica que debe ser sostenido en el tiempo.
“Las personas deben entender que, incluso en medio de una crisis o una emergencia, el liderazgo no puede ni debe recaer en una sola persona. Esta visión permitiría aliviar la carga desproporcionada que suele recaer sobre las mujeres”, prosiguió.
Ese giro implicaría desmontar dos pilares profundamente arraigados en la cultura política venezolana: el mito del salvador y el personalismo. Para la politóloga, se trata de que los ciudadanos entiendan que la resolución de una crisis no depende de que una mujer lo solucione todo, sino de un equipo estratégico más amplio, conformado por ella y por otras personas que influyen de distintas formas en la solución del problema.
En el plano partidista, Herrera fue enfática en la necesidad de democratizar los mecanismos de selección interna. A su juicio, mientras predominen prácticas como el amiguismo o el nepotismo, las desigualdades se seguirán reproduciendo. “Si tú te pareces a mí, si estás más cerca de mí, eres quien asume. Ese patrón es el que hay que romper”, advirtió, porque los partidos políticos son de los principales nichos de participación política de las personas.
En Venezuela, las excarcelaciones de presos políticos avanzan con lentitud, poca transparencia y libertad condicionada. En esa espera —en la calle, ante los penales, frente a la prensa—quienes sostienen la lucha por justicia y reparación son, mayoritariamente, madres, esposas y hermanas
Un piquete de la Policía Nacional Bolivariana custodia un penal con presos políticos y al frente, en el piso, una mujer yace con una cobija rosada sobre su cuerpo. Parece haber logrado conciliar el sueño ante la mirada impasible de los funcionarios. Esa imagen evidencia cómo avanza el proceso de excarcelaciones en Venezuela 14 días después de que el gobierno interino de Delcy Rodríguez anunciara la salida de prisión de “gran número” de personas: con lentitud, escasa transparencia, libertad condicionada y la condena familiar a una eterna espera.
Acostarse en la calle. Denunciar una y otra vez ante la prensa el caso de los suyos. Orar a ver si un milagro se cumple y las puertas se abren. Un ciclo, un bucle. Ser familiar de un preso o de una presa política te convierte en eso: una persona insistente frente a una circunstancia cargada de irregularidades.
Fotografía: @realidadhelicoide
Lo innegable, porque es claro frente a las cámaras y ante cualquier persona que esté cerca, es que esa lucha por la libertad, la justicia y la reparación tiene nombres de mujeres detrás. De mujeres que se mueven diariamente por el reencuentro en un sistema que no solo vulnera los derechos de sus seres queridos, sino también los individuales.
Parecen situaciones tácitas, pero no. Todas revelan una realidad: las detenciones arbitrarias también afectan de forma diferenciada a hombres y mujeres. La desigualdad basada en género sobresale sin importar si ellas están dentro de una celda o a las afueras de un centro de reclusión pidiendo una fe de vida.
Sencillamente: es otra dimensión de la violencia del Estado y el sistema de justicia de Venezuela contra las mujeres.
El Centro de Justicia y Paz (Cepaz), así como otras organizaciones defensoras de derechos humanos, enfatizan que los actos de persecución y criminalización política en Venezuela son generalizados. Es decir, afectan a mujeres y hombres por igual.
Familiares de presos políticos en Venezuela pasan la décima noche esperando información sobre sus seres queridos, a las afueras del Centro de Detención de la Zona 7 de la Policía Nacional en Caracas, Venezuela. Fotografía: REUTERS/Gaby Oraa
Lo que dicen está respaldado con datos: de al menos 1.000 personas detenidas por razones políticas, según registros extraoficiales, 700 u 800 son hombres y el resto mujeres. Sin embargo, cuando la tortura y/o el trato cruel se ejerce sobre ellas, destacan patrones discriminatorios que se generan por motivos de género.
“No hay una política de persecución contra las mujeres, pero el daño que se causa a mujeres detenidas por razones políticas por supuesto que sí tiene unos efectos diferenciados, precisamente por su condición de mujer”, señala Martha Tineo, abogada y activista.Tineo explica que esto ocurre desde el momento de la detención y en los procesos de tortura: “Son sometidas a tratos crueles que tienen que ver con humillarlas y denigrarlas por ser mujeres. Las torturas refieren a razones de género. Sufren ofensas, tocamientos, violencia sexual. Hay un daño diferenciado contra ellas”.
El último informe de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU, publicado en septiembre de 2025 y que documenta la violación de derechos humanos desde el 28 de julio de 2024 hasta agosto pasado, incluyó un apartado de violencia sexual y basada en género porque hay hechos que demuestran esta diferenciación.
En el último año y medio, la Misión registró un aumento de casos de violencia sexual y de género contra mujeres, niñas y adolescentes, así como hombres privados de libertad. Conocieron los casos a través del testimonio de organizaciones, testigos y familiares. Estas personas fueron víctimas de sexo transaccional coercitivo, requisas masivas con desnudez forzada, violencia reproductiva y posibles actos de esclavitud sexual y/o prostitución forzada.
Entre julio de 2024 y agosto de 2025, se documentaron 22 casos de este tipo en seis estados de Venezuela.
Todas las tardes, durante las semanas de septiembre de 2024, las familias se reunían para rezar y cantar alabanzas fuera del penal de Tocuyito, en el estado Carabobo. Todo empezaba con un círculo de oración. La mayoría de sus integrantes eran mujeres: madres, esposas, hijas, nietas, sobrinas o tías. Fotografía: María José Dugarte
“Al menos una mujer y cinco adolescentes (15-17 años) fueron sometidas a explotación sexual a través de actos de sexo transaccional coercitivo. Una mujer que estuvo detenida en una dependencia de la GNB por cuatro meses informó a la Misión que fue testigo de un acto de violencia sexual contra otra mujer privada de libertad. También informó que los sargentos hombres exigían a las mujeres mantener relaciones sexuales a cambio de acceso a llamadas telefónicas”, señala el informe.
Hay diversas situaciones que evidencian la desigualdad sistemática y la violencia que sufren las mujeres en prisión porque requieren otro tipo de atenciones que, normalmente, no son consideradas cuando se trata de un hombre.
Si se nombra lo más sencillo: ellas necesitan acceder a productos de higiene menstrual y servicios de salud sexual con regularidad. Si se complejiza: hay mujeres privadas de libertad con un embarazo en desarrollo o en proceso de lactancia que necesitan condiciones mínimas para culminar estas etapas de su vida, que además es compartida con su hija o hijo.
Aun así, durante la represión postelectoral de 2024, dos mujeres embarazadas fueron arrestadas arbitrariamente y ninguna recibió la atención médica gineco-obstétrica que requerían, según la Misión de la ONU. El reporte detalla que “a una de ellas, con un embarazo de alto riesgo de 11 semanas cuando fue detenida, se le denegó la realización de ecografías y pruebas de control durante la detención. Otra mujer, detenida el 2 de agosto de 2024 por la GNB, fue separada de su bebé lactante y sólo se le permitió amamantarlo ocasionalmente y a discreción de sus custodios. Estos le exigieron favores sexuales (sometimiento a través de la coerción sexual) a cambio de permitirle alimentar regularmente a su bebé”.
Familiares de presos políticos en Venezuela pasan una sexta noche durmiendo en el suelo frente a las cárceles mientras esperan las liberaciones de sus allegados. Fotografía: REUTERS/Gaby Oraa
El informe La violencia en femenino – El Libro Violeta de la represión en Venezuela, elaborado y publicado por Cepaz en noviembre de 2024, recoge el testimonio de una menor de edad que estaba embarazada y sufrió malos tratos durante su detención: “Fue obligada a realizar ejercicios físicos, como saltar y trotar, mientras la amenazaban con forzarla a abortar, «para que no pariera a un guarimbero»”.
La violencia en femenino explica que “los comentarios, amenazas y actos de contenido misógino y sexual, pronunciados en momentos de extrema vulnerabilidad, buscan intimidar y deshumanizar a las mujeres, exacerbando el abuso de poder y la violación de sus derechos fundamentales durante la detención”.
Estos patrones diferenciados de violencia no son nuevos. El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) ha explicado en varios informes que el país “no ha desarrollado políticas penitenciarias acordes a los estándares internacionales para la construcción de espacios para mujeres”.
Solo hay dos espacios medianamente compatibles con la reclusión de mujeres, el INOF y La Crisálida; incluso así, los tratos con perspectiva de género son exiguos, especialmente cuando se trata de presas políticas.
Emirlendris Benítez: cuando la tortura y la violencia detienen tu vida
Martha Tineo recuerda el caso de Emirlendris Benítez, una mujer que fue detenida la madrugada del 5 agosto de 2018 y resultó implicada, sin pruebas, en el magnicidio fallido de Nicolás Maduro, Cilia Flores y el alto mando militar.
Benítez fue sometida a torturas aunque manifestó a los funcionarios que estaba embarazada. El libro Ahora van a conocer el diablo documenta que le martillaron el pulgar del pie derecho. La asfixiaron con una bolsa plástica mientras sumergían su cara en un tobo con agua. La golpearon en la zona abdominal y le aplicaron descargas eléctricas en el estómago, a pesar de conocer esta información.
“Las torturas le produjeron un aborto y le fue practicado un curetaje sin su consentimiento, sin ni siquiera tener conciencia. Todo eso devino a que ahora está en silla de ruedas. No puede caminar por sus propios medios. Entonces, ahí vemos cómo aplicar el mismo tipo de torturas a una mujer, con las condiciones físicas de una mujer, puede tener impactos distintos”, detalla Tineo, quien lleva un registro muy cercano del caso.
Emirlendris Benitez, presa política
Emirlendris es madre de dos hijos, una joven que ahora vive fuera de Venezuela y un niño que está al cuidado de su papá. Ellos también sufrieron una vulneración de sus derechos como menores de edad: la prohibición de ver y estar con su mamá.
A Emirlendris la condenaron a 30 años de prisión, pena máxima en Venezuela. Ella es una de las 16 presas políticas preelectorales. Desde la desaparición forzada que sufrió, su caso lo han visibilizado dos mujeres: Beatriz y Melania Benítez, sus hermanas, quienes también han sido violentadas de múltiples formas.
La carga de cuidado como forma de violencia
Cepaz señala que “las mujeres familiares de los presos políticos, que en definitiva son mayoritariamente hombres, enfrentan una dimensión de violencia poco visibilizada. Estas madres, esposas y hermanas, quienes quedan a cargo no sólo de la búsqueda de justicia, sino del cuidado de sus familiares que el Estado no garantiza, no solo soportan la separación y el sufrimiento por sus seres queridos, sino que también son criminalizadas y perseguidas”.
Enfrentan violencia de género, insultos sexistas, agresiones físicas y sexuales en allanamientos y detenciones de sus familiares, y lo que se ha visto en los últimos días: tratos crueles constantes que se manifiestan con negativas de que su ser querido se encuentra en determinado penal; prohibición de visitas; y el aislamiento.
Familiares de presos políticos esperan afuera de la cárcel de El Rodeo, después de que se anunciara que varios prisioneros serían liberados, en El Rodeo, estado Miranda. Fotografía: REUTERS/Gaby Oraa
“Recientemente, una mujer nos decía que su hermano estuvo en situación de desaparición forzada unos cuantos meses y cuando finalmente logró ubicar el centro de reclusión en el que estaba, y logró ingresar, fue abusada sexualmente. Lo que le dijeron los funcionarios que hicieron esto fue: «Bueno, mira, esto para que no te queden ganas de seguir viniendo para acá»”, indica Martha Tineo, quien coordina también la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP).
Todas son situaciones que profundizan la desesperación y el trauma familiar e individual. Son heridas que cargan las mujeres venezolanas en medio de una crisis humanitaria compleja que persiste.
Hay que tratar de dimensionarlo: si las estimaciones extraoficiales de las ONG señalan que hay más de 1.000 presos políticos en Venezuela, entonces hay mil familias cuyos derechos humanos son violentados a diario.
Como es el caso de Carmen Farfán, una mujer de 56 años, quien desde el 25 de noviembre de 2025 no ha parado de buscar respuestas sobre su hijo, José Gregorio Reyes Farfán, y su nuera Marylin Del Valle Gil. Ambos fueron detenidos de manera arbitraria en Monagas por agentes de la División de Inteligencia Estratégica (DIE) de la PNB.
Carmen cuenta que su nuera fue detenida junto con su nieto de 14 años. Ella no presenció el allanamiento porque se encontraba con su hijo en el hospital por una consulta médica. Ahí lo buscaron y se lo llevaron bajo amenaza.
“Ya perdí la cuenta de a cuántos lugares he ido. Para donde me mandan, voy. Para la persona que quiere a su familiar, esto es fuerte. Pero más que todo para una madre. Si lo tienen detenido y le dan su derecho, que uno pueda visitarlo o llevarle ropa o comida, pero no. Lo tienen prácticamente secuestrado, no preso”, expresa Carmen.
En la mayoría de los casos, estas familias son representadas por mujeres porque son ellas quienes, históricamente, han ejercido las labores de cuidado en Venezuela. Los datos más recientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), publicados en 2024, determinaron que en Venezuela 15,4 millones de personas trabajan en labores de cuidado no remunerado en los hogares y, de este total, 10 millones son mujeres.
Familiares de privados de libertad siguen en los centros de detención y cárceles a la espera de información, fe de vida y la liberación de todos los presos políticos. Fotografía: Rosalí Hernández
Son ellas quienes, incluso con un trabajo formal, atienden a personas dependientes: niños y niñas, adultos mayores, algún familiar con discapacidad y enfermos. Ahora, a esta lista, se puede incluir una categoría más: aquel familiar detenido por razones políticas.
Las mujeres familiares de presos políticos sufren impactos económicos importantes porque, en la mayoría de los casos, quedan a la deriva cuando la persona proveedora o colaboradora termina en prisión.
Casi por defecto, ellas asumen la responsabilidad del hogar y en paralelo inicia una búsqueda de recursos para visitar y proveer alimentos y/o productos esenciales a sus familiares en prisión. Muchas se ven obligadas a viajar horas para verlos y, en muchos casos, si lo logran, son extorsionadas para procurar la supervivencia de sus seres queridos.
En estos procesos, la situación se agrava cuando las mujeres pierden sus empleos. Cuando ya se vuelve imposible asistir a una oficina porque el seguimiento de lo que ocurre prevalece, la comprensión de un jefe o una jefa llega al límite. Y a eso hay que agregar el desarrollo de enfermedades por desgaste físico y mental sin posibilidad de conseguir atención médica inmediata por falta de dinero.
Son situaciones que se repiten en múltiples centros de detención del país, incluyendo penales transitorios o comandancias de la GNB, mientras lees esto.
Fotografía: @clippve
Carmen Farfán, por ejemplo, tuvo que dejar su trabajo como vendedora de pescado en Güiria, donde reside, para atender el caso de su hijo. Además, cuando pudo ver a José Gregorio y Marylin luego de su detención arbitraria, le entregaron a su nieto.
“A él le hace falta su familia, su mamá y su papá. No va al liceo porque estudia en Monagas y su abuela materna, que vive en Caracas, lo cuida. Estamos esperando a ver si los sueltan y puede regresar, o sino toca cambiarlo”, comenta.
En el informe La violencia en femenino, Cepaz resalta que no hay que olvidar el contexto social, político y económico de las víctimas de la reciente represión postelectoral: “La mayor parte de las víctimas (…) fueron hombres de sectores desfavorecidos (…) y la mayoría de las personas que han han asumido la exigencia de justicia (…) y cuidados de estos detenidos son sus familiares mujeres (…) que provienen de sectores económicamente deprimidos, donde imperan los hogares monomaternales”.
Mujeres sosteniéndose en red
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), un grupo conformado por activistas y familiares de detenidos postelectorales, ha contado múltiples veces que muchas de estas cuidadoras no tienen dinero para asistir a las visitas y entre ellas han hecho colectas para apoyarse.
Es la misma colaboración que se ha visto en los últimos días a las afueras de los principales centros de reclusión de presos políticos: mujeres que duermen en carpas y comparten panes, galletas, café, agua, medicamentos o alguna toalla sanitaria.
Son mujeres que han desarrollado un sentido de comunidad y contención que las mantiene activas, incluso cuando su familiar detenido es excarcelado.
Familiares de presos políticos se arrodillan frente a los policías que custodian el centro de detención de la Policía Nacional Bolivariana en la Zona 7 de Caracas, Venezuela. Fotografía: AP/ Ariana Cubillos
Clippve es un ejemplo de eso: algunas defensoras son familiares de expresos políticos, casi todas madres o hermanas, que luego se ofrecen como voluntarias para asesorar sobre procedimientos legales o trámites más sencillos, como enseñar la etapa para realizar una denuncia de manera correcta.
Estas mujeres han hecho red al punto de crear su propio comité: Madres en Defensa de la Verdad. Su cuenta en Instagram se convirtió en un canal que muestra sus esfuerzos por organizarse y denunciar lo que ocurre con los presos políticos en el país.
Estos grupos tienen antecedentes que van más allá de las detenciones o la represión por motivos políticos. Son resultado de una grave crisis de derechos humanos extendida a todos los sectores de la sociedad.
Por ejemplo, Madres Poderosas es una agrupación de mamás que se organizaron para exigir justicia para sus hijos asesinados extrajudicialmente desde 2016. Juntas han logrado conseguir la condena de los funcionarios que asesinaron a sus hijos.
De una forma similar, nació Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) en 2017, una organización creada por Rosa Orozco, madre de Geraldin Moreno, una joven que fue asesinada durante las protestas del año 2014. Su objetivo es claro: acompañar a las familias de víctimas de ejecuciones extrajudiciales en contextos de represión política en la búsqueda de justicia.
Las vulneraciones que sufren han llevado a estas agrupaciones a converger. JEP acompaña a las mujeres familiares de presos políticos y también las capacita para que asuman su propia vocería, para intentar vencer el miedo impuesto por la represión y la coerción de las fuerzas estatales.
Familiares de presos políticos esperan a las afueras el centro de detención de la Policía Nacional Bolivariana en la Zona 7 de Caracas, Venezuela, para saber de sus seres queridos. Fotografía: AP/ Ariana Cubillos
Hablar de estas vulneraciones de los derechos de las mujeres es necesario porque el daño que se produce es transversal a cada aspecto de sus vidas. Son sacrificios que generan sufrimientos que se invisibilizan porque, normalmente, solo se comparten miradas generales sobre las víctimas de la represión en el país.
Cepaz explica que omitir estas realidades suprime la “reconstrucción histórica plena” de la crisis de derechos humanos de Venezuela e invita a “reconocer y dar voz a estas mujeres”.
No basta solo con registrar lo que han sufrido las presas y presos políticos, sino empezar a llevar a la conversación mediática sus nombres y el de sus principales defensoras: las mujeres de su familia.
La espera mata
Las consecuencias por esperar una excarcelación ya se ven a las afueras de los centros de reclusión. Hay madres y esposas, sobre todo aquellas que son adultas mayores, que sufren descompensaciones debido a las condiciones a las que se exponen: sol inclemente, lluvia, desbordamiento emocional y un cansancio profundo ante las idas y venidas obligatorias.
Las patologías previas se agravan, sobre todo cuando la encarcelación se prolonga por meses o años. En el último mes, por ejemplo, tres madres de exdetenidos políticos han fallecido antes de ver a sus hijos fuera de su centro de reclusión.
La muerte más reciente fue la de Omaira Navas, madre del periodista Ramón Centeno, quien falleció el martes 27 de enero tras sufrir un ACV. Un día antes, ella acompañaba a su hijo a la primera audiencia de presentación tras su excarcelación.
Omaira solo disfrutó la presencia de Ramón por 13 días. Fue la primera en abrazarlo luego de que pasara cuatro meses sin visitas. Ella pasó cuatro años exigiendo la liberación de Ramón. Denunció cómo se deterioraba la salud de su hijo durante su encarcelamiento, pues fue detenido en medio de un proceso de recuperación por un accidente de tránsito.
La vitalidad acompañó a Omaira hasta ver a su hijo en casa, pero no resistió una lucha que continúa: alcanzar la libertad plena y verlo andar sin usar silla de ruedas.
Yarelis Salazar tenía 39 años y murió esperando la libertad de su hijo, Kevin Orozco, un detenido postelectoral. Sufrió un infarto a las afueras de la cárcel de Yare, en el estado Miranda, el pasado 21 de enero.
Cuatro días después, la excarcelación se concretó: Kevin volvió a casa, pero el abrazo materno se lo dio su abuela. No pudo despedirse.
Un día después de que reportaran la muerte de Yarelis, falleció Carmén Dávila, madre del médico ginecólogo Jorge Yéspica Dávila. No supo que lo habían excarcelado. Esperó su libertad durante 14 meses.
Para ellas, la espera fue una sentencia, una privación de su derecho a querer y compartir con los suyos. La condena parece extenderse a las que aún resisten a las afueras de los centros de reclusión. Aun así, el deseo de un reencuentro está ahí, imponiéndose a la incertidumbre, al silencio y a la injusticia.
Para poder crecer, alguien tiene que cuidarnos. Sobrevivimos a nuestra infancia y llegamos a la adultez porque alguien nos cuidó en el pasado. Si tenemos alguna condición de salud, podemos sobrellevarla gracias a que alguien nos cuida. Y ese alguien, la mayoría de las veces, es una mujer.
En todo el mundo, 708 millones de mujeres están fuera de la fuerza laboral debido a responsabilidades de cuidado no remuneradas, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En contraste, solo 40 millones de hombres están en una situación similar.
En Venezuela, un análisis publicado en 2024 por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estima que 15,4 millones de personas trabajan en labores de cuidado no remunerado en los hogares del país y, de este total, 10 millones son mujeres. Según el estudio, el 88,7% de las mujeres mayores de 10 años en Venezuela hace trabajo doméstico no remunerado en su hogar o fuera de él. Las mujeres dedican 6 horas y 18 minutos diarios a estas actividades, 75% más tiempo que los hombres.
Quienes ejercen labores de cuidado resuelven las necesidades físicas, psicológicas y emocionales de otras personas. Desde una perspectiva más específica, cuidar implica estar a cargo de otras personas dependientes: niños, niñas, personas con discapacidad, con enfermedades crónicas o personas mayores que no pueden cuidarse por sí mismas, lo que impide que quien cuida pueda trabajar remuneradamente. Las mujeres que se dedican al cuidado contribuyen al desarrollo, pero especialistas destacan que su labor no es reconocida ni recompensada.
Recientemente, el debate sobre el cuidado ha ganado terreno en la agenda global. Aunque ya estaba presente, previamente se referían al cuidado como “trabajo doméstico” o una “doble jornada”, que recaía sobre las mujeres debido a los estereotipos de género y la división sexual del trabajo, asegura Alba Carosio, profesora y coordinadora de la Maestría en Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Para la experta, la pandemia de covid-19 fue el principal evento que potenció el discurso sobre el cuidado al mostrar su relevancia para el sostenimiento de la sociedad.
“Fueron las mujeres en sus casas quienes mantuvieron diversos servicios, tanto los servicios que tienen que ver con la educación, cuando acompañaron a sus hijos con la formación que se hacía online, y luego tomaron muchísimas medidas de salud, de cuidado de la higiene, para minimizar los contagios. El trabajo que se hacía fuera de la casa también entró en la casa, y eso duplicó, triplicó, cuadruplicó el trabajo del hogar, de la limpieza, además de otras medidas más fuertes. Eso hizo evidente la importancia del cuidado en la sociedad. Siempre estuvo ahí, pero con la pandemia se hizo más claro”, explica.
Desde antes de la pandemia, las mujeres en América Latina y el Caribe ya dedicaban el triple de tiempo que los hombres al trabajo de cuidados no remunerado, y la creciente demanda de cuidados agravó su situación, según ONU Mujeres, la entidad de Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer, y Comisión Económica para América Latina (Cepal). Aunque la pandemia impulsó la agenda del cuidado, todavía es una labor invisibilizada. Hacer visibles los cuidados es, precisamente, una de las principales tareas del periodismo y de los medios de comunicación, según Carosio.
“Hay un sinnúmero de tareas que se hacen en una casa, y a veces fuera, porque el cuidado que las mujeres ejercen sobre su familia no es solamente dentro de la casa. Hay un cuidado social que tiene que ver con acompañar al médico, con estar pendiente de todas las indicaciones. Eso se hace tan rutinariamente que no se ve ni se valora. La función de los medios de comunicación es mostrarlo, hacerlo más evidente”, expresa.
Destacar la corresponsabilidad en el cuidado
En el caso de los cuidados directos a personas dependientes en Venezuela, el estudio publicado por el BID indica que el 22,6% de las mujeres provee cuidados directos a niños, personas mayores, personas con discapacidad o enfermedades, una proporción que es casi tres veces mayor a la tasa de participación de los hombres en ese tipo de actividades.
Quienes cuidan a niños, niñas y adolescentes con enfermedades crónicas en el principal hospital pediátrico de Venezuela, el J.M. de los Ríos, son mujeres (98%), según un informe de la organización no gubernamental Prepara Familia publicado en 2023. Ellas se encargan del cuidado físico y emocional de sus hijos, de la higiene, de la gestión de recursos para conseguir medicamentos y muchas veces de sustituir al personal auxiliar de salud, pero no reciben incentivos ni apoyo económico. Tampoco pueden trabajar porque el cuidado absorbe todo su tiempo.
Frente a estas realidades, la labor de los medios va más allá de solo visibilizar las tareas que recaen sobre las mujeres: para la profesora Carosio, también es función del periodismo recordar que el cuidado es un trabajo que debe ser acompañado por toda la sociedad.
“Tiene que haber una corresponsabilidad, tanto de la familia a la que pertenecen el niño o la niña y la mujer, como también de toda la sociedad, porque hay cosas que la sociedad debiera hacer: dar apoyos materiales, hacer más fáciles las tareas. Para eso la humanidad evoluciona, no para que estemos como en una época antigua que había que cargar agua, que había que juntar leña para hacer la comida y los hombres tenían que cazar. Realmente el acompañamiento y el apoyo social son indispensables. Cuando hablamos de corresponsabilidad, hablamos de la familia pero también de la sociedad toda a través de sus instituciones, tanto las públicas como las privadas”, añade la investigadora sobre feminismo e igualdad.
Para la experta, los medios de comunicación pueden mostrar de qué maneras la sociedad puede hacerse corresponsable en las labores de cuidado. Destaca como ejemplo cómo algunos países asignan un ingreso mensual para las mujeres que acompañan a sus hijos, hijas o familiares con enfermedades crónicas y cómo conciben sistemas para aliviar la carga que asumen las mujeres cuidadoras.
“Otro ejemplo es un sistema de apoyo que por lo menos les permita a esas mujeres que están 24 horas al lado de la cama de un niño, o 24 horas llevándolo y trayéndolo del tratamiento, luego encargándose del alimento y de la higiene necesaria para que esos niños sigan viviendo y haciendo diferentes actividades, tener dos o tres veces por semana unos tiempos de descanso, que (quienes son cuidados) quedaran en manos de personas experimentadas que pudieran hacer esa tarea una parte del día para que ellas pudieran descansar”, señala.
Educar desde la perspectiva de género
Hablar de corresponsabilidad significa mostrar cómo los cuidados deben ser compartidos por personas de las familias, las comunidades, las empresas y el Estado: se trata de reconocer, reducir, redistribuir, recompensar y representar el trabajo de cuidados. En el caso del hogar, debe aumentar el trabajo de cuidados por parte de los hombres para que el reparto de las tareas sea equitativo.
“Sin duda también hay que promover la responsabilidad de los padres, porque generalmente quienes cuidan son las mujeres, y muchas de ellas están solas porque ocurre que el padre no se responsabiliza frente a un niño o niña que tiene algún problema. Hay padres que frecuentemente huyen. Socialmente se tiene que entender que eso no es lo correcto y que debe haber alguna sanción moral. Todo eso también es cuestión de educación, y los medios de comunicación son medios que educan. La comunicación tiene también una función educadora”, agrega la profesora Carosio.
Esta función educadora fue reconocida en 1995 con la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, una hoja de ruta acordada por 189 países, durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, para lograr la igualdad de derechos para las mujeres y niñas de todo el mundo. Una de sus áreas de acción trata sobre los medios de difusión, identificados como importantes “medios de educación” capaces de promover una imagen equilibrada y no estereotipada de las mujeres, así como de potenciar su papel en la sociedad.
Para alcanzar ese último objetivo, la Declaración de Beijing exhorta a los medios a introducir la perspectiva de género en todas las cuestiones de interés para la sociedad y a “fomentar la participación en pie de igualdad en las responsabilidades familiares”, mediante campañas que hagan hincapié en la igualdad de género y en la exclusión de los estereotipos basados en el género de los papeles que desempeñan las mujeres y los hombres dentro de la familia.
Treinta años después de la Declaración de Beijing, surgen nuevos desafíos: la violencia en línea contra las mujeres crece mientras la inteligencia artificial generativa populariza estereotipos discriminatorios, según un análisis de ONU Mujeres. Pero los medios siguen teniendo un papel crucial ante viejos y nuevos retos para construir un mundo más justo.
“Si queremos hacer una sociedad más justa, más humana, donde todas y todos cumplamos con nuestras responsabilidades y las compartamos con otros y otras, deben disminuir y desaparecer los estereotipos de género, que hacen que los hombres se comporten de una manera, a veces poco afectiva, y las mujeres al contrario. Cuando no puede cumplir los estándares exigentísimos que la sociedad le impone a una madre o una mujer, ella luego se siente culpable. Hay estándares de belleza y hay estándares de comportamiento. En seguida si un niño se porta mal o tiene problemas, culpan a la madre. Pero hay un cúmulo de personas que educan, no solamente las madres”, afirma la profesora Alba Carosio.
“Hay mucho que los medios de comunicación pueden hacer en materia comunicativa, que en realidad es educativa, porque los medios modelan conductas y pueden incluso, con el tiempo, no de inmediato, cambiarlas, transformarlas. Ojalá sea para mejor, para una sociedad más justa”.
“¿Ustedes van a matar a mi hija? ¿Ustedes le van a hacer daño a una muchacha inocente porque no me pudieron agarrar a mí?”. Esas son las palabras de Xiomara Barreto, activista social y dirigente del partido opositor Copei, en una grabación de audio publicada en redes sociales el pasado 25 de agosto de 2024.
Barreto es la madre de Ana Carolina Guaita Barreto, reportera del portal noticioso en línea La Patilla, a quien detuvieron autoridades venezolanas en las afueras de su casa el 20 de agosto, en el estado La Guaira, en el litoral central de Venezuela.
Guaita Barreto es la tercera mujer periodista detenida en la ola de protestas que estallaron tras las elecciones presidenciales venezolanas del 28 de julio. También, es una de las 230 mujeres detenidas en el marco de la represión ejecutada por el Estado, según datos de la organización de derechos humanos Foro Penal.
Los familiaresde Guaita Barreto dicen que su detención fue una retaliación en contra de sus padres, quienes apoyaron la campaña electoral del opositor venezolano Edmundo González Urrutia.
“Tengo a mi hija de 32 años como rehén del gobernador [José Alejandro Terán]”, continuó Barreto en la grabación de audio. “Les pido que dejen a mi hija en libertad”.
Ana Carolina Guaita Barreto, reportera del portal noticioso en línea La Patilla, detenida por autoridades venezolanas en las afueras de su casa el 20 de agosto. (Foto: La Patilla)
Mujeres periodistas acusadas de terrorismo sin pruebas
Su hermano, Carlos Guaita, dijo aLatAm Journalism Review (LJR) que sus familiares pudieron visitar a Guaita Barreto en detención después de no saber de su paradero durante ocho días. Compareció ante el Ministerio Público y se le acusó de asociación para delinquir, terrorismo y actos violentos.
Una representante de la Red de Periodistas Venezolanas (RDPV) dijo a LJR sentir una profunda preocupación ante la creciente persecución dirigida contra mujeres periodistas.
“Han sido objeto de detenciones arbitrarias y acusaciones como terrorismo e instigación al odio”, dijo la vocera de la red, que pidió no ser identificada por temor a represalias. “Estas acciones no solo son injustas, sino que además violan flagrantemente el debido proceso, privando a las detenidas de su derecho a una defensa adecuada”.
Mujeres periodistas son también víctimas de censura, estigmatizaciones y agresiones físicas y verbales. El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS) registró, entre el 29 de julio y el 4 de agosto, 79 vulneraciones a la libertad de prensa. De estas, 23 fueron contra mujeres.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó, el 27 de agosto, medidas cautelares a favor de Guaita Barreto, diciendo que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable.
Otros casos contra periodistas mujeres
La reportera Deysi Peña también se encuentra en prisión y se le acusa de terrorismo, incitación al odio, resistencia a la autoridad, vandalismo y otros crímenes, de acuerdo con el grupo activista juvenil Sin Mordaza.
Peña fue detenida por tomar y publicar fotos en sus redes sociales sobre una protesta el 30 de julio. En un video publicado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), la hija de Peña dijo que Peña era la cabeza económica del hogar y que sus dos hermanitos menores de 7 años no paran de preguntar dónde está su madre.
“Mis hermanos y yo solo queremos a mi mamá de vuelta a casa porque informar no es un delito”, dijo Bárbara Canino Peña en el video publicado el 6 de agosto. Otra periodista mujer que sufrió detención, luego de la elección, fue la reportera de espectáculos Carmela Longo.
El 20 de agosto, Longo fue despedida del diario de tendencia oficialista Últimas Noticias. Cinco días después miembros de la policía nacional allanaron su vivienda, se la llevaron detenida, y la acusaron de terrorismo e incitación al odio, según el SNTP.
#ATENCIÓN "Así llega la reportera gráfica Deisy Peña a los tribunales del estado #Miranda para ser imputada por delitos que no cometió", denunció el SNTP. Fue trasladada de Los Teques a Ocumare del Tuy y hoy llevada de nuevo a Los Teques para ser presentada #08Agopic.twitter.com/NGOYqVZviE
En Venezuela, la vida en la cárcel está marcada por el hacinamiento, la falta de acceso a servicios básicos, y la violencia de género, según ha afirmado el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), una ONG que defiende los derechos de los presos.
De acuerdo a la OVP, las mujeres privadas de libertad en Venezuela corren el riesgo de recibir tortura física y psicológica, e inclusive negación de atención médica adecuada.
En el caso de Peña, se encuentra recluida en una cárcel de mujeres en Ocumare del Tuy (estado Miranda), a tres horas de su residencia familiar. Esto dificulta y aumenta los costos del traslado de sus familiares al lugar, de acuerdo al SNTP.
Por su parte, Guaita Barreto sigue detenida en la Dirección de Seguridad de la Gobernación de La Guaira en un espacio apartada de la población reclusa.
“Nos dijo que no ha sido agredida ni física ni psicológicamente y que le están dando sus comidas diarias. Dentro de lo malo, ‘está bien’”, dijo su hermano a LJR.
La vocera de la Red de Periodistas Venezolanas dijo que las mujeres periodistas, activistas y políticas detenidas se enfrentan a vulnerabilidades exacerbadas en Venezuela.
“Hay que sumar los riesgos de violencia sexual y de sufrir de desatención de necesidades básicas relacionadas con la salud menstrual y la salud sexual y reproductiva”, dijo la vocera de la red. “La escalada de violencia y persecución estatal que enfrentamos como periodistas no solo vulnera nuestros derechos como comunicadoras, sino que también tiene un impacto devastador en nuestra salud mental y física”.
