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“De aquí no me muevo hasta que aparezca mi hijo”

Miriam, Daniela y Angélica son tres relatos entre las numerosas mujeres que continúan en búsqueda de sus seres queridos. A un mes de los dos terremotos, decenas de familiares permanecen junto a las edificaciones colapsadas de La Guaira, pese a las condiciones adversas y la ayuda insuficiente para las labores de búsqueda. El deseo de encontrarles les mantiene allí

Las lágrimas caen una y otra vez. Miriam Villalta intenta articular palabras, pero por momentos no puede. El dolor habla por ella. Hace más de 15 días vive en una carpa a pocos metros del urbanismo Luisa Cacéres de Arismendi, en Playa Grande, estado La Guaira, —antes Vargas—. No sabe nada de su hijo, Greiber Gómez. No tiene certeza de que haya quedado tapiado a raíz del desplome de la torre D, donde vivía Greiber, en el piso 3, apartamento 3-08, pero tampoco hay rastro de él en refugios, hospitales o morgues. “De aquí no me muevo hasta que aparezca mi hijo”.

Madres, hijas, esposas, sobrinas, primas. En La Guaira, la búsqueda de desaparecidos está siendo asumida, en gran medida, por mujeres. Se mantienen en los derrumbes, no solo esperando noticias, aunque la espera también agota. Ellas, además, remueven escombros con sus propias manos, gestionan y organizan la distribución de ayuda y acompañan y contienen a otros familiares. A su vez, son quienes con mayor frecuencia acuden a las morgues para reconocer a sus familiares entre decenas de cadáveres. Esta asignación de tareas no es excepcional. Organismos como ONU Mujeres han documentado que, durante las crisis humanitarias y los desastres, las mujeres suelen asumir una carga desproporcionada de trabajos de cuidados no remunerados, además de las tareas de búsqueda, organización comunitaria y apoyo a las personas afectadas.

Fotografía: Adrián Naranjo

El lunes 1 de julio, Miriam, de 50 años de edad, llegó a Venezuela. Desde hace tres años vive en Perú. Su viaje por carretera tardó siete días. Apenas vio las noticias sobre el doble terremoto, llamó a Greiber. No hubo respuesta. En ese momento supo que debía volver. Ahora está en busca de su hijo, un joven de 31 años de edad, 1,60 cm de estatura, delgado, piel trigueña y cabello corto y oscuro. “Son tres años viendo a mi hijo por videollamada”.

En La Guaira hay dolor, pero también fe. Un mes después de los terremotos del 24 de junio, aún hay familiares que se aferran a un “milagro”. Es el caso de Miriam, su instinto le dice que Greiber no está allí. Piensa que puede estar herido y que fue trasladado a algún hospital del interior. Sin embargo, los parientes y amistades que la están ayudando a buscar no han encontrado nada. El conjunto residencial Luisa Cacéres de Arismendi, una construcción gubernamental de la Misión Vivienda, estaba compuesto de cuatro torres, la C fue la única que se desplomó por completo. De allí han rescatado más de 200 cuerpos, según un conteo extraoficial de familiares. 

Fotografía: Ivanna Laura

Miriam, su hijo mayor y su hermana empiezan los días sin desayunar. “Aquí la ayuda llega cuando ya es de noche”, cuenta Miriam. Con el paso de las semanas, la cantidad de donaciones ha ido disminuyendo, incluidas las comidas. “Pero, aquí estamos guerreando por nuestros seres queridos”, insiste. Greiber Gómez es sargento segundo de la Armada, destacado en el Hospital Naval de Catia La Mar. “Aquí los que han hecho acto de presencia son sus amigos, no sus superiores. Para acá han venido los compañeros de bomberos, de enfermeras, de policías, todos han venido a ayudar a sacar a su gente, pero por mi hijo, nadie”.

Los datos (22 de julio), que a diario actualiza el gobierno de Delcy Rodríguez, hablan de más de 5300 personas fallecidas, 16.740 heridos y 17.907 personas que perdieron sus viviendas. No obstante, omiten hablar sobre la cifra de desaparecidos, un dato que podría dar mayor contexto sobre la magnitud de la catástrofe. Naciones Unidas habló, en principio, de un estimado de 50.000 personas extraviadas, mientras que iniciativas independientes, registran datos de unas 40.000 personas desaparecidas.

“Sé que viva, no, pero de que la tengo que sacar, la tengo que sacar”

Hay un lugar en el que Daniela Castro, de 28 años de edad, ha encontrado tranquilidad, “aunque suene raro”, dice. Se refiere a las ruinas del edificio Opppe-26, en el sector Caribe de Caraballeda, La Guaira, donde transcurren sus días desde el 25 de junio. En la letra I, apartamento 8-05, vivía su madre, Yraima Josefina García Miquilena, de 65 años de edad, contextura delgada, cabello largo negro y raices canosas. Allí también estaban sus sobrinos Breyelis y Breiner Castro, de 13 y 12 años, delgados, piel oscura y cabello rizado. 

Ha pasado un mes y la búsqueda continua. Daniela ha visto rescates en otros pisos y otras torres, pero “de la letra I no han sacado a nadie”, insiste. Al frente está la Opppe-25, una infraestructura que no cedió del todo, pero gran parte de sus paredes están en el piso. Apoyada en una columna y sentada sobre pedazos de cemento, descansa Daniela. “¿Tú te quieres morir?, de ahí siguen cayendo pedazos del edificio, quítate de ahí”, le advierte un rescatista. Daniela se levanta y se queda de pie. Revisa su celular. “Esto lo hicimos viral nosotros”, cuenta. Se trata del video de varios hombres intentando mover una pieza de concreto con una cuerda. A partir de esas imágenes, empezó a llegar mucha más maquinaria a las Opppe de Caribe, según relatan varios familiares. Opppe significa Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales. En La Guaira, se estima que al menos 16 edificios de la Opppe colapsaron y 27 quedaron inhabitables.

Fotografía: Adrián Naranjo


Un día, no recuerda exactamente cuál, Daniela regresó de La Guaira cuando aún era de día. Al llegar a su casa lo primero que hizo fue ducharse. Se preparó algo de cenar y conversó por un rato con su hijo. Desde el 24 de junio, el insomnio ha sido recurrente, así que a las 12:00 a.m., seguía despierta. De repente llegó un mensaje: “Sacaron un cuerpo, creo que es tu mamá”. Daniela se levantó y de inmediato le pidió a su hermano que la llevara. A la 1:00 a.m. llegó a Caraballeda. Aquellos restos no eran los de Yraima. Cuando eran las 3:00 a.m. regresó a La Vega. Logró dormir hasta las 5:00 a.m. y dos horas después, ya era hora de retornar a La Guaira.

Daniela suele llegar a Caraballeda a las 9:00 a.m. Un hermano la lleva de vez en cuando en moto, cuando no, llega en transporte público. El pasaje cuesta el equivalente a un dólar, así que todo depende de a cuánto este la tasa del día. El bus no llega hasta Caribe, así que le toca caminar unos 15 minutos. No hay hora de retorno cuando se busca a un familiar entre toneladas de escombros. Un día puede irse a las 6:00 p. m., como hay días que todo termina a las 11:00 p.m., depende de cómo transcurren las labores. El regreso a Caracas es lo más complicado, quienes no tienen vehículo propio o alguien que los busque, recurren a aventones.

“Me siento en un limbo”, dice Daniela. Levanta la mirada, ahí siguen los pedazos de la Opppe-26 y se esfuma cualquier esperanza de encontrar con vida a Yraima. Teme que, de no poder hallar el cuerpo, se instaure en ella una sensación de que su madre está en algún lado. “Aquí me mantiene el deseo de verla por última vez, sé que viva no la voy a encontrar, pero no voy a estar tranquila si no la saco”, relata.

Fotografía: Adrián Naranjo

El puerto

A un costado de la entrada del puerto de La Guaira, hay tres toldos y unas 100 sillas de plástico, es una sala de espera dispuesta para los familiares que acuden a reconocer los cuerpos rescatados de los escombros. Alrededor de tres días después de los terremotos, este lugar fue convertido en un depósito improvisado de cadáveres, debido al colapso de la morgue del principal hospital del estado. Al poco tiempo, surgieron fotos que mostraban a decenas de fallecidos tirados en el piso y denuncias de malos tratos a los familiares. Ahora las rejas lucen cubiertas con bolsas negras y dentro, al parecer, cambiaron las dinámicas.

Con el pasar de las semanas, el volumen de familiares ha ido disminuyendo. En esta oportunidad, no todas las sillas están llenas ni hay cola para entrar al lugar. Allí, Yareny Romero y Magiber Rivas esperan a su prima, Angelica Pérez, quien está adentro. Todas buscan a su primo, Gerard José Millán Gutierrez, de 47 años de edad, quien el 24 de junio, se presume, estaba de visita en Residencias Caribe, en Caraballeda, aunque su familia no tiene certeza de que al momento de los terremotos él siguiera allí. “Era excelente estilista o es, porque no sabemos”, dice Yareny.

A las 2:30 p.m. Angélica sale del puerto. No reconoció a Gerard en ninguna fotografía. “Son muchísimas imágenes”, cuenta. Adentro, —según su relato—, hay varios toldos y abajo hay dos televisores, uno muestra el álbum de fotos de hombres y otro el de mujeres. Desde una tablet, una persona se encarga de ir mostrando las fotografías, una por una, al tiempo que son proyectadas en las pantallas. Otros funcionarios se ocupan de preguntar a los familiares por algunos rasgos distintivos de sus seres queridos. Angelica dio detalles sobre varios tatuajes de Gerard. Luego, estas personas van al área de los cadáveres y buscan si alguno corresponde con estas características.

Durante los primeros días de la tragedia, eran los propios familiares quienes debían buscar entre los cuerpos, incluso sin ningún tipo de acompañamiento, según testimonios documentados por medios nacionales e internacionales. Tampoco había garantía de tapabocas, guantes, ni de agua. 

La luz del mediodía no dejaba que Angélica pudiera distinguir bien las imágenes, tuvo que acercarse lo más que pudo a la pantalla para tratar de visualizar con mayor detalle. “Hay muchos cuerpos que están quemados, es muy difícil reconocer”, cuenta. Entre las fotos, hay al menos 10 que se repiten. Tampoco están clasificadas por lugares. “Solo algunos tienen marcados en alguna parte del cuerpo el nombre de la zona de dónde fueron rescatados”, añade. Sin embargo, cataloga la atención como “buena”. Pudo ir al baño y, cada que un familiar se levantaba, la persona encargada pausaba el reconocimiento fotográfico. Ella llevaba su propia agua.

Ese día, la morgue improvisada del puerto empezó a funcionar a partir de las 11:00 de la mañana A Angélica le dijeron que “el día anterior habían salido muy tarde”.

Fotografía: Adrián Naranjo

Portadas Redsonadoras (6)

Familias de presas políticas protestan contra un encierro que golpea a las cuidadoras y desampara a sus hijos e hijas

Presas políticas venezolanas permanecen en cárceles marcadas por el abandono, la falta de atención médica, el desarraigo forzado y las condiciones indignas de higiene y alimentación. Sus familiares denunciaron frente al INOF que el sistema penitenciario ejerce violencias específicas contra las mujeres, agravadas por su rol como cuidadoras, mientras hijas e hijos enfrentan las consecuencias emocionales y económicas de un encierro que también castiga a quienes quedan afuera

Las rejas de una cárcel no solo encierran un cuerpo, fracturan de raíz el entramado que sostiene la vida afuera. Cuando una mujer entra a prisión en Venezuela, el castigo impacta con doble fuerza debido a su rol histórico como cuidadora y pilar del hogar. Su ausencia desmorona economías familiares enteras, deja infancias a la deriva y traslada la responsabilidad de la resistencia a las madres, hermanas y abuelas que se ven obligadas a asumir la supervivencia en la calle.

Este martes, 26 de mayo, frente al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), en Los Teques, las consignas y los carteles alzados por los familiares no solo exigieron expedientes limpios o celeridad procesal. Sostenían nombres de mujeres que resisten a la enfermedad, relatos de maternidades que se defienden a la distancia y el eco de una dignidad firme que tiene rostro de mujer.

La actividad ocurrió luego de promesas de nuevas liberaciones por parte de Delcy Rodríguez, la presidenta encargada designada luego de la intervención militar de Estados Unidos, un anuncio que reactivó la movilización de los hogares afectados. El pancartazo, convocado por las familiares de las privadas de libertad, expuso cómo el sistema penal se convirtió en una máquina de violencia institucional que busca, sin éxito, quebrar el entorno de las detenidas.

Cuando cuidar se vuelve un peligro

La historia de Yazmín del Carmen Fajardo muestra con precisión cómo la vulnerabilidad de las mujeres se agudizó en el contexto carcelario. El 7 de mayo de 2025, Yazmín no huía de la justicia. Viajaba desde Barinas hasta el centro penitenciario de Yare III, en Miranda.

Acumuló siete meses en ese recorrido extenuante para cumplir con el mandato silencioso que recae sobre las mujeres, que es proveer la “paquetería” —comida, insumos de higiene y medicinas— indispensable para que su esposo sobreviviera al encierro.

En una de esas visitas, el rol de cuidadora se transformó en “trampa”. Una orden de averiguación bastó para que las autoridades la detuvieran y la implicaran en la misma causa judicial que a su pareja, bajo los cargos de “asociación para delinquir y modalidad de transporte”. Su familia insiste en que no existe una sola prueba en su contra.

Yoannis Suárez, madre de Yazmín, acudió a los tribunales y entes pertinentes en busca de respuestas, solo para toparse con la misma pared burocrática de siempre. Hasta la fecha, el juicio no tuvo fecha de apertura. Mientras el proceso legal se congeló, la salud de Yazmín se deterioró de forma alarmante debido a su cuadro de diabetes.

En un entorno donde el agua potable es un lujo y la alimentación es deficiente, la falta de atención médica adecuada convirtió su reclusión en una agresión diaria contra su propio cuerpo. Su madre expresó con impotencia el dolor de esta injusticia al afirmar que “nadie está bien tras las rejas y menos cuando le espera un hijo, viendo que estás pagando por algo que no has hecho”.

Maternidades fragmentadas

El impacto más devastador de esta reclusión recayó sobre una niña de cinco años, la hija de Yazmín, quien requirió atención psicológica para intentar procesar la ausencia de sus padres. Las familias insistieron constantemente en que, en estos escenarios de desamparo institucional, “los niños y niñas sufren”.

Durante una videollamada hecha a Annerys Fajardo, hermana de Yazmín, la niña le preguntó: “Tía, ¿por qué todos mis compañeros y amiguitos tienen a su mamá y yo no tengo a mi mamá? ¿Tú también me vas a abandonar?”.

Las lágrimas de Annerys al recordar la escena revelaron el trauma invisible de una generación de hijos e hijas que crecen con madres bajo custodia del Estado. Son los huérfanos del sistema judicial, cuyas vidas quedaron suspendidas entre la nostalgia y el miedo al olvido.

La carga económica de esta lucha transformó por completo la estructura del hogar. Yoannis Fajardo, la madre de Yasmín, perdió su empleo debido a las gestiones judiciales y a los extenuantes viajes de reclusión. Yasmín y su esposo eran comerciantes independientes en Barinas, pero el negocio familiar desapareció tras las detenciones.

Para subsistir y costear los gastos de su familia tuvo que dedicarse por completo a las ventas de chucherías, bisutería y lo que les diera para pagar “el día a día”.

El INOF y La Crisálida: espejos de la violencia carcelaria femenina

Las cárceles de mujeres en Venezuela padecen un abandono sistemático que se ensaña directamente contra su salud e integridad, pues las necesidades biológicas y de higiene de la población femenina reciben nula atención del Estado.

En el INOF, las internas enfrentan racionamientos severos de agua potable, lo que obliga a las familias a cargar pesados botellones en cada visita. La falta de este recurso elemental sabotea la posibilidad de mantener condiciones mínimas de higiene en las celdas y en las áreas comunes.

Para una mujer, la escasez de agua es un factor de riesgo que detona infecciones urinarias y ginecológicas recurrentes que, en reclusión, rara vez reciben tratamiento médico adecuado.

De acuerdo con las documentaciones de la organización Amnistía Internacional y el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), la gestión de la menstruación tras las rejas se convirtió en una humillación cotidiana. Los registros de estas instituciones confirmaron que el Ministerio para el Servicio Penitenciario no suministra toallas sanitarias a la población reclusa, por lo que cada mes las presas dependen exclusivamente de lo que sus familiares logran introducir en los paquetes.

Provea advirtió que, cuando el cerco económico impidió a las familias costear estos productos, las mujeres se vieron obligadas a recurrir a trapos o retazos de sábanas viejas, una práctica precaria que compromete gravemente su salud reproductiva en medio de la falta de intimidad y el hacinamiento. Y, aunque el informe de la organización data de mayo de 2025, esta realidad se mantiene.

El dolor de Emirlendris y la voz de Melania

La manifestación frente al INOF también trajo a la acera casos de resistencia y dignidad frente al deterioro físico extremo, como el de Emirlendris Benítez, detenida desde agosto de 2018 y sentenciada a 30 años de prisión en un proceso que su defensa denunció como carente de pruebas.

Su hermana, Melania Rosales, ha sido la voz incansable fuera de los muros del penal para relatar cómo las severas secuelas físicas de los maltratos terminaron por confinar a Emirlendris a una silla de ruedas.

Pese a contar con medidas de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2020 y un dictamen del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU que exige su liberación inmediata, las autoridades venezolanas han hecho caso omiso a los llamados. Melania denunció que le han negado sistemáticamente las consultas con los especialistas médicos requeridos para atender sus hernias discales, su cuadro de fibromialgia crónica y los intensos dolores de cabeza cotidianos. 

Lejos de amedrentarse, el reclamo de su hermana sigue firme en el espacio público, exigiendo el derecho básico a la salud y a la justicia.

El desarraigo como política de aislamiento

Los familiares de las mujeres recluidas tanto en el INOF como en el Anexo Femenino de la Comunidad Penitenciaria Crisálida coincidieron en una denuncia estructural durante la jornada. El traslado y confinamiento de las detenidas en estados alejados de sus regiones de origen funcionó como una política de aislamiento, por lo que insistieron en que poner a las mujeres en estados lejanos “también es una forma de tortura”, debido a que esto dificulta el traslado de insumos básicos.

Dejar a una presa sin visitas equivale a dejarla sin alimentos. Por eso, el Comité para la Libertad de Presos Políticos (Clippve) calificó este desarraigo geográfico como una forma de presión psicológica y física. Diego Casanova, vocero de la organización, enfatizó que “quienes hoy encarcelan en Venezuela maltratan a las mujeres, las someten a distintas formas de violencia. Por eso vemos que quienes mantienen a estas personas son capaces de llevarlas hasta la muerte”.

Casanova recordó que la detención se vive como una condena de muerte anticipada debido a que en las cárceles no tienen condiciones de salud ni de higiene, y las internas son sometidas constantemente a tortura psicológica.

Las madres que partieron por la espera

La tragedia de la espera cobró vidas definitivas. El pancartazo funcionó también como un memorial para aquellas madres y familiares cuyos corazones fallaron antes de que se abrieran los candados de los penales.

Los manifestantes recordaron los nombres de Carmen Teresa Navas, Omaira Navas, Yarelys Salas, Carmen Dávila, María Concepción Sánchez y Yenny Barrios. Todas ellas compartieron un mismo destino: fallecieron enfermas, desgastadas por la angustia y la precariedad económica, mientras luchaban por ver a sus hijos e hijas caminar en libertad. Murieron en la acera de la exigencia, lo que dejó un vacío doble en sus hogares.

Según las cifras presentadas por Clippve, todavía más de cien mujeres siguen privadas de libertad en Venezuela por motivos políticos o bajo procesos judiciales viciados por la falta de debido proceso. Datos del Foro Penal Venezolano indican que 34 muejres siguen tras las rejas. Detrás de cada cifra existe un hogar desconfigurado, una abuela que dobló turnos de trabajo, una hermana que respondió preguntas difíciles y una infancia que esperó frente a un teléfono.

A pesar del desgaste evidente en los rostros de las madres, hermanas y abuelas concentradas frente al INOF, la consigna de cierre de la jornada dejó claro que la rendición no es una opción. En unísono, las familias provenientes de distintos estados del país insistieron en que seguirán denunciando y en las calles “hasta que la última sea libre”.

Relatives of they consider political prisoners attend a prayer for freedom, peace and reconciliation close of the Helicoide a detention center in Caracas, Venezuela, Saturday, Feb. 7, 2026. (AP Photo/Ariana Cubillos)

La espera que también mata: ocho madres de presos políticos han muerto esperando justicia

En los últimos seis meses, al menos seis madres de presos políticos que dedicaron sus últimos días a la defensa de los derechos humanos de sus hijos, han fallecido. Dos madres más murieron poco días después de que sus hijos fuesen excarcelados. Sus historias revelan cómo la presión política también atraviesa y desgasta física, emocional y económicamente a las familias, especialmente a las mujeres que sostienen la búsqueda, el cuidado y la denuncia frente a la ausencia de respuestas del Estado

En Venezuela, la prisión política dejó de ser solo una vulneración de derechos fundamentales y una forma de castigar exclusivamente a quienes permanecen tras las rejas. El castigo se extendió hacia sus familias mediante desapariciones, retrasos judiciales, aislamiento, amenazas, traslados arbitrarios y ausencia deliberada de información oficial.

En ese circuito de desgaste e incertidumbre, al menos ocho madres de presos políticos murieron mientras esperaban la liberación de sus hijos, pocos días después de reencontrarse con ellos o sin haber podido despedirse; seis de ellas, fallecieron en los últimos seis meses.

Sus muertes revelan otra dimensión menos visible de la represión venezolana: el impacto físico, psicológico y económico que asumen las mujeres que sostienen la búsqueda, denuncia y supervivencia cotidiana de personas detenidas por razones políticas. 

“El cautiverio político es una forma de violencia estatal que consume la existencia de familias enteras. Las causas de estos decesos, que transitan entre infartos, accidentes cerebrovasculares y complicaciones agudas, son el reflejo clínico de un duelo prolongado, de la vigilia constante ante centros penitenciarios y de la desolación que produce la falta de respuestas oficiales”, asegura la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) en su página web.

Aseguran que la muerte de una madre esperando por la la liberación de su hijo detenido no es un daño colateral sino la prueba de una “falla institucional absoluta”.

Madres, hermanas, hijas, esposas que esperan afuera de las cárceles venezolanas sostienen, día tras día, la búsqueda de justicia de sus presos políticos. Su presencia constante revela el costo humano de la detención prolongada. Fotografía: Gaby Oráa.

Una cadena de muertes atravesadas por la espera

El caso más sonado ha sido el de Carmen Teresa Navas de 81 años, fallecida el 17 de mayo en Caracas, diez días después de enterarse de que su hijo, Víctor Hugo Navas, había muerto meses atrás bajo custodia estatal y había sido sepultado sin notificación familiar en una fosa compartida.

Su hijo fue detenido arbitrariamente a inicios de 2025 y de inmediato fue víctima de desaparición forzosa. Durante 16 meses, Carmen Teresa Navas recorrió instituciones, cárceles, tribunales; exigió respuestas sobre su paradero, pidió una fe de vida y denunció públicamente la desaparición y posterior muerte de su hijo. Su fallecimiento expuso nuevamente el costo extremo de la incertidumbre prolongada y de la carga emocional que deben enfrentar los familiares de personas detenidas por motivos políticos.

El más reciente fallecimiento reportado es el de María Concepción Sánchez, madre del trabajador petrolero y preso político, Joan Enrique Cruz Sánchez, ocurrido el domingo 24 de mayo en San Juan de los Morros, estado Guárico. Diversas organizaciones informaron que la mujer había permanecido hospitalizada tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) el pasado 21 de mayo.

De acuerdo con versiones de su entorno, la crisis de salud se habría desencadenado tres días después de recibir la noticia de que su hijo no fue incluido en una reciente lista de excarcelaciones de trabajadores petroleros, 11 empleados de la refinería de Cardón y otros 16 que trabajaban en Cardón. Fuentes cercanas a la familia indicaron que la información le provocó un fuerte impacto emocional que derivó en el infarto.

Joan Enrique Cruz Sánchez permanece detenido sin sentencia en el marco del caso Pdvsa-Obrero, que agrupa a decenas de trabajadores petroleros desde 2024 y 2025, arrestados en medio de denuncias por supuestas irregularidades y conflictos laborales.

Meses antes, el 27 de enero de 2026, murió también por un accidente cerebrovascular Omaira Navas, madre del periodista Ramón Centeno, apenas 13 días después de su excarcelación.

Centeno permaneció casi cuatro años detenido en una causa cuestionada por organizaciones de derechos humanos y el gremio periodístico. Durante ese tiempo sufrió graves complicaciones de salud, incluida una fractura de cadera no atendida que lo dejó en silla de ruedas al momento de recuperar su libertad.

Su madre se convirtió en una de las voces más activas reclamando medidas humanitarias, atención médica y celeridad judicial. El Colegio Nacional de Periodistas afirmó que Omaira fue la representación de la resiliencia de muchas madres venezolanas que luchan por sus hijos injustamente detenidos. 

También en enero falleció Yarelis Salas, de 39 años, tras sufrir un infarto, sin haber visto en libertad a su hijo Kevin Orozco, de 25 años. Orozco había sido detenido bajo cargos de conspiración y menoscabo a la integridad nacional, delitos señalados por organismos internacionales como herramientas de criminalización contra la disidencia.

Salas dedicó sus últimos meses a exigir justicia y participó en vigilias frente al penal de Tocorón, donde estaba recluido su hijo tras las protestas postelectorales de 2024. Kevin fue liberado cinco días después de su muerte. “Ninguna madre debería morir esperando la libertad de su hijo”, expresó la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP).

Otra historia similar fue la de Carmen Dávila, de 90 años, madre del ginecólogo Jorge Yéspica Dávila, fallecida el 20 de enero de 2026. Su hijo estuvo más de un año detenido en Tocorón por acusaciones de incitación al odio. Durante meses, Dávila participó en protestas y campañas públicas denunciando el deterioro físico, aislamiento y presuntas torturas sufridas por el médico en prisión.

Cuando Yéspica fue excarcelado bajo medidas cautelares, Carmen permanecía hospitalizada tras sufrir una crisis hipertensiva. Él logró llegar al centro médico para verla, pero ya estaba inconsciente y entubada. Ella murió dos días después.

En noviembre de 2025 falleció Yenny Barrios, expresa política y paciente oncológica, mientras su hijo Diego Sierralta seguía detenido. Su muerte ocurrió un día después de que organizaciones exigieran urgentemente la liberación de Diego para que pudiera reencontrarse con ella y acompañarla en su estado crítico.

No hubo respuesta oficial.

Barrios había sido detenida arbitrariamente en septiembre de 2024, atravesó quimioterapias y hospitalizaciones durante su proceso judicial y fue excarcelada en diciembre. Su salud se agravó durante ese período. Un mes después, su hijo Diego fue detenido mientras buscaba medicamentos para su tratamiento, en un caso que organizaciones calificaron como represalia política.

“La separación forzada impuesta por un sistema de persecución hace que esta pérdida sea aún más dolorosa”, denunció JEP. La ONG Provea calificó el caso como un acto de trato cruel, inhumano y degradante contra la familia.

Son ellas quienes sostienen la espera. Frente a la incertidumbre, las madres de presos políticos se convierten en el principal sostén de la búsqueda de justicia en Venezuela. Fotografía: Gaby Oráa.

El duelo y la separación forzada

Aunque la mayoría de los casos documentados corresponden a madres que asumieron un rol activo en la denuncia pública, la búsqueda de información y la exigencia de justicia para sus hijos —recorriendo cárceles, tribunales y organismos del Estado—, al menos dos historias evidencian otra dimensión del daño: la de madres de edad avanzada o con condiciones de salud vulnerables cuyo deterioro se profundizó durante el tiempo de separación forzada.

El 19 de marzo murió Yolly Alviarez, once días después de la excarcelación de su hijo, Henry Alviarez, dirigente de Vente Venezuela.

Henry permaneció dos años detenido en El Helicoide y continúa bajo régimen de presentación quincenal. Antes de morir, Yolly fue mencionada públicamente por su hijo como una de sus principales fuentes de fortaleza. “A menudo me preguntan de dónde saco la fuerza para seguir adelante tras los tiempos difíciles. La respuesta está en ellas. En la mirada sabia de mi madre, que me enseñó que la integridad no se negocia”.

A esto se suma María Cristina Evans, madre del politólogo Nicmer Evans, fallecida siete días después de su liberación de la DGCIM en 2020, tras recibir un indulto presidencial, anunciado para 110 dirigentes de oposición, presos políticos y exiliados. 

Evans estuvo casi tres meses detenido por instigación al odio, luego de publicar un mensaje en redes sociales. Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas y de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar allanaron su vivienda.

Tras conocer la muerte de Carmen Teresa Navas, recordó a su madre:

“Madre patria Carmen Navas, me negué a verte, porque cada vez que te escuchaba recordaba a mi madre María Cristina, que murió 7 días después de mi salida de la DGCIM en el 2020, ella me esperó, como tú esperaste a Victor. Hoy, con el llanto de un hijo huérfano, me dejas el consuelo de saber que has ido al encuentro de por quien tanto luchaste”. 

En estos casos, aunque estas madres no estuvieron necesariamente al frente de protestas o campañas, la angustia prolongada, la incertidumbre sobre el estado de sus hijos y la imposibilidad de compartir con ellos sus últimos meses o años de vida también tuvieron consecuencias devastadoras.

La prisión política no solo interrumpió vínculos familiares esenciales, sino que privó a estas mujeres del acompañamiento, cuidado y cercanía de sus hijos en etapas particularmente frágiles de sus vidas, una pérdida irreparable agravada por decisiones estatales que prolongaron innecesariamente la separación.

Mientras el país sigue su curso, ellas permanecen. Las madres de presos políticos en Venezuela sostienen la espera, el duelo y la exigencia de justicia con una fuerza que no se nombra lo suficiente. Fotografía: Gaby Oráa.

Víctimas secundarias de la prisión política

Según la organización Cepaz, estos casos evidencian el daño acumulativo que enfrentan las mujeres familiares de personas detenidas por motivos políticos.

En Venezuela, madres, esposas, hermanas o hijas suelen asumir la responsabilidad de garantizar alimentación, medicinas, ropa, asistencia legal y seguimiento médico para sus familiares encarcelados, ante la ausencia de garantías básicas dentro de los centros de detención.

Esto, señalan, implica costos profundos: viajes largos, gastos imposibles de sostener, revisiones degradantes, humillaciones, exposición a riesgos y abandono de sus propias rutinas, empleos y cuidados personales.

“El daño que enfrentan es continuo y acumulativo. No es un efecto colateral, sino una extensión directa de la violencia estructural. En un contexto de emergencia humanitaria, esta carga se intensifica”, advierte la organización.

Cepaz identifica a estas mujeres como víctimas secundarias: personas directamente impactadas por la represión estatal, aunque no sean quienes permanecen privadas de libertad. Pero también subraya otro elemento: estas mujeres no solo resisten. Documentan, denuncian, sostienen la memoria y se convierten en actoras fundamentales en la búsqueda de justicia.

“Es por ello que la respuesta debe entender su afectación como víctimas pero también su rol y sus voces en procesos de justicia y transformación”. Organizaciones de derechos humanos han insistido en incorporar atención psicosocial, acompañamiento multidisciplinario y mecanismos de reparación integral para familiares de presos políticos.

El impacto de la prisión política sobre las familias también ha sido estudiado desde el concepto de Sippenhaft, una práctica utilizada por el régimen nazi para perseguir, presionar y castigar a los familiares cercanos de quienes eran considerados opositores.

En el contexto venezolano, esta lógica se ha expresado mediante detenciones de familiares, desapariciones forzadas, amenazas, hostigamiento, aislamiento y torturas psicológicas dirigidas no solo contra quienes son perseguidos políticamente, sino también contra su entorno cercano. Padres, madres, hijos, hermanos, parejas y allegados han sido convertidos en blancos de presión y represalia.

Algunos de los casos más conocidos y documentados de prácticas asociadas al Sippenhaft en Venezuela han sido denunciados por organizaciones como el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU y distintas ONG, al menos, desde las protestas masivas de 2017.

Entre ellos destaca el caso de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, detenida junto a varios miembros de su familia, incluidos su hija, hermanos, exesposo y actual pareja. También el de la periodista Ana Carolina Guaita, arrestada cuando funcionarios no lograron localizar a sus padres; o el de familiares del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa y del dirigente Biagio Pilieri, cuyos allegados también fueron detenidos. Organizaciones han advertido que estas acciones buscan trasladar la presión y el castigo hacia el entorno familiar de personas consideradas opositoras o disidentes.

En vigilia, estas mujeres sostienen la espera por sus familiares presos políticos. Reunidas, convierten la incertidumbre en presencia y la ausencia en una exigencia compartida de justicia. Fotografía: Gaby Oráa.

“Murió de dolor”: el lenguaje colectivo frente a la pérdida

Tras conocerse la muerte de Carmen Teresa Navas, las redes sociales se llenaron de mensajes que repetían una misma idea: “murió de dolor”, “murió de tristeza”, “murió de pena”, “murió con el corazón roto”.

Estas expresiones han sido utilizadas para nombrar el sufrimiento acumulado que han tenido que enfrentar muchas familias de presos políticos en Venezuela, especialmente las mujeres que sostienen la espera, la denuncia y el cuidado cotidiano. Pero también demuestran que hay una percepción colectiva sobre el impacto emocional y físico que puede provocar una búsqueda interminable atravesada por incertidumbre, desgaste y violencia institucional.

Diversos estudios médicos han documentado cómo situaciones de estrés extremo, duelo prolongado e incertidumbre sostenida pueden tener consecuencias físicas severas, especialmente en mujeres mayores o con condiciones de salud preexistentes.

Un aumento repentino y sostenido de hormonas del estrés puede afectar temporalmente el funcionamiento cardíaco y aumentar el riesgo de eventos cardiovasculares, particularmente en mujeres mayores de 50 años, uno de los grupos más vulnerables a esta condición.

Entre estas afecciones se encuentra el llamado síndrome del corazón roto, también conocido como miocardiopatía por estrés o síndrome de Takotsubo: una alteración cardíaca temporal desencadenada frecuentemente por emociones intensas, muerte de un ser querido o pérdidas repentinas, además de situaciones de alta presión psicológica o una discusión acalorada. 

“A menudo, un suceso físico o emocional intenso es el que da paso al síndrome del corazón roto. Todo aquello que cause una reacción emocional fuerte puede desencadenar esta afección”, señala un estudio de MayoClinic. 

En el contexto venezolano, donde madres, esposas e hijas de presos políticos asumen durante meses o años la carga de sostener alimentación, medicinas, asistencia legal y búsqueda de información en condiciones precarias, el impacto del estrés crónico adquiere una dimensión aún más profunda.

Aunque no existe evidencia para confirmar la relación de estos fallecimientos con el “síndrome del corazón roto”, en varios de los casos documentados, las muertes ocurrieron tras meses o años de presión emocional extrema, deterioro físico, incertidumbre judicial y separación forzada de sus hijos. Incluso, varias de estas mujeres murieron tras cuadros cardiovasculares como accidentes cerebrovasculares, crisis hipertensivas o infartos, en contextos atravesados por largos períodos de angustia, separación forzada, incertidumbre judicial y desgaste físico.

Ese patrón ha llevado a organizaciones de derechos humanos y especialistas a insistir en que el impacto de la prisión política también debe analizarse desde sus consecuencias sobre la salud mental y física de los familiares, ya que puede deteriorar progresivamente la salud física de quienes sostienen la espera.

Recordar quienes son los responsables

Las muertes de Carmen Teresa Navas, Omaira Navas, Yarelis Salas, Carmen Dávila, Yenny Barrios, Yolly Alviarez y María Cristina Evans muestran que la prisión política en Venezuela no es un hecho aislado: sino como parte de una crisis que se extiende más allá de las cárceles y alcanza de forma directa la salud y la vida de quienes esperan afuera. También desgasta, enferma y, en algunos casos, mata a quienes esperan del otro lado de las rejas.

Asimismo, reorganiza violentamente la vida doméstica, profundiza las cargas históricas de cuidado asignadas a las mujeres y deteriora su salud física y mental.

En un comunicado, la organización JEP plantea la necesidad de cambiar la estrategia de documentación y exigencia de justicia frente a casos de presos políticos y sus familias, incorporando la idea de “daño extensivo” o impacto en la salud y vida de los familiares como posible responsabilidad del Estado.

Propone que las organizaciones de derechos humanos amplíen sus registros para incluir el deterioro físico y emocional de los núcleos familiares como parte de las violaciones a la integridad personal, vinculándolos a acciones u omisiones de los entes penitenciarios y judiciales.

También plantea la activación de mecanismos internacionales —como la ONU, la CIDH y la Corte Penal Internacional— para que estos casos sean considerados dentro de posibles patrones sistemáticos de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

Finalmente, enfatiza la necesidad de construir expedientes individuales y promover responsabilidades penales contra funcionarios involucrados en detenciones arbitrarias, dilaciones procesales o incumplimiento de medidas internacionales, subrayando que estas prácticas deben tener consecuencias jurídicas a nivel internacional.

“Hacer memoria por ellas es un acto de resistencia absoluta contra la normalización del horror. Sus nombres ya no pertenecen a la crónica del dolor, sino al altar invisible de la dignidad de todo un país”, cierra el comunicado.

La espera también es una forma de resistencia. Las madres, hijas, esposas, hermanas de presos políticos sostienen la exigencia de justicia frente a un sistema que prolonga la incertidumbre y traslada el peso del castigo a las familias. Fotografía: Gaby Oráa.