La desinformación, el temor a la estigmatización y los tabúes culturales son las principales brechas para prevenir y paliar las ETS en la zona indígena fronteriza. Las personas contagiadas que son diagnosticadas con VIH en Colombia, por lo general, no continúan su control médico ni en el país vecino, ni en Venezuela.
Llamémosle Alberto. Iba, en su moto, por la Troncal del Caribe, a las 8:00 de la noche. El tramo estaba oscuro y no vio salir un carro de uno de los vericuetos de Los Filúos, sector comercial de la parroquia Guajira, municipio indígena Guajira del estado Zulia, en Venezuela. El vehículo lo lanzó sobre el pavimento y arrancó a toda velocidad. Como pudo, llamó a sus familiares para que le socorrieran. Lo llevaron al Hospital Binacional de Paraguaipoa, donde no le pudieron atender, porque no había una máquina para hacer rayos X. Tampoco ambulancia.
Entonces, sus parientes lo llevaron al Hospital San José de Maicao, municipio fronterizo del departamento La Guajira, en Colombia. Le ingresaron por ser indígena wayuu, porque solo tiene la cédula de identidad venezolana.
El examen de sangre le arrojó un diagnóstico que no sabía: VIH positivo.
Le curaron las heridas, le trataron las contusiones y le proveyeron el retroviral. Tras darle el alta, Alberto regresó a Paraguaipoa, donde sigue trabajando como mototaxista.
Su gente no sabe que es seropositivo.
Alberto pertenece a una familia indígena wayuu muy tradicional, en la que su tío materno es autoridad, la virilidad es un honor y las Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) las asocian con la homosexualidad.
Su experiencia es como la de tantos otros jóvenes con VIH que viven en el eje fronterizo Guajira colombo-venezolano. Entre 18 y 23 años es la población joven contagiada, según precisó un vocero de la Fundación Waleker, organización binacional reconocida por los ministerios de Salud de Colombia y de Venezuela.
Esta organización tiene 15 años trabajando en Colombia bajo la cobertura de la Superintendencia de Salud y, mediante la Unión Temporal Ka’i, regularizan a personas wayuu con el certificado de la autoridad indígena para la atención de personas seropositivas y, así, garantizarles los retrovirales.
La desinformación y los tabúes
En el estado Zulia, fronterizo con Colombia, acceder a los retrovirales es un desafío. Porque son costosos y porque los gratuitos están regulados por el Estado. La secretaría de Salud, adscrita a la Gobernación del Zulia, tiene activo el Programa Regional de VIH-SIDA y TS que, en articulación con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), realiza jornadas en las que dictan charlas informativas y realizan la prueba rápida.
En diciembre pasado, fue en el Hospital Binacional de Paraguaipoa y el personal médico y paramédico se encontró con que la colectividad desconocía acerca de la jornada; además, quienes llegaron lo hicieron con la intención de hacerse un examen de hematología y, al informarles que era la prueba rápida para VIH, la mayoría se marchó.
Carmen Cambar, directora municipal de salud del municipio Guajira -institución adscrita a la Autoridad Única de Salud del estado Zulia regida por el Ministerio de Salud-, resalta que esto se debe a la desinformación que maneja la población; sino, también, el personal que trabaja en el centro de salud.
«Sabemos que hay muchos pacientes que lo tienen, pero que no se conoce. El VIH es un enemigo silencioso que está acabando con nuestros jóvenes. Debemos decirles que una vez que sientan ese temor, se acerquen a alguna institución que los pueda ayudar. No es fácil llegar a un hospital, a un ambulatorio y decir. ´me quiero hacer una prueba de VIH, de sífilis o de otra ETS´, porque está el temor a que lo estigmaticen. Pero debemos buscar una estrategia para informarnos y mantener la confidencialidad».
Urge la educación sexual
En dos «Círculos de la palabra» -espacios de diálogo, de transmisión e intercambio de saberes propios de la cultura indígena wayuu- se conversó con estudiantes de las escuelas Fe y Alegría Paraguaipoa y Francisco Babbini: sólo dos de cada 10 jóvenes -en cada grupo- sabía qué son las ETS y cómo se contagian, pero desconocían los tratamientos.
Cambar exhorta a las madres, padres, personas a cargo o figuras de autoridad para que orienten a los jóvenes. «Ninguno debe negarse a saber que su hija, por ejemplo, desde que tiene la menarquia ya puede empezar a tener relaciones sexuales, igual en los varones. A los adultos wayuu debemos involucrarles para conversar con ellos. Hemos planteado la necesidad de hacer abordaje con líderes y lideresas de comunidad, voceros; pero, tampoco se logra un control general de la comunidad. Yo creo que en la familia siempre hay alguien, alguna autoridad a quien se le atiende, se le escucha».
Pero en la sociedad wayuu la sexualidad es un tema muy cerrado, asegura la sabedora Neima Paz, quien, también, reconoce que los tabúes causan daños, sobre todo, a las majayut -término, en lengua wayuunaiki, que se le da a la adolescente que ya vio su primera menstruación y que ya está lista, biológicamente, para crear y dar vida-.
En «encierro» -ritual wayuu que practica la abuela con la nieta cuando le viene la primera menstruación- la orientación de la anciana sabedora es vital para la jovencita, pues no sólo es un tiempo de recogimiento, baño y corte de cabello como símbolos de la transición de niña a mujer; sino espacios de aprendizaje para la vida como el autocuidado.
«Hay algo muy lindo que escribe mi papá -el docente, sabedor, investigador y lingüista wayuu, Ramón Paz Ipuana- en su texto, Ale´eya: cuando la muchacha está en el ‘encierro’, hay unas palabras que la abuela le dice a la majayut: ‘Hija mía, quiero que seas buena, juiciosa. Que tengas un corazón limpio, portadora de grandes beneficios’. La limpia, la baña para que su cuerpo no despida malos olores, para que se embellezca. Y dice: ‘para que tu alma aprenda a temer lo malo. Recuérdalo, no lo olvides. Esta agua enfriará el ánimo de los hombres ávidos’. Es decir, purificar a una joven para que no entre en la promiscuidad que trae, como consecuencia, las enfermedades de transmisión sexual».
El contexto
Desde la perspectiva wayuu, ese sería el ideal; pero, la realidad es que la mayoría de las adolescentes y jóvenes que habitan en comunidades del eje fronterizo es distinta, pues la dinámica de la frontera pauta, en gran medida, la cotidianidad de quienes viven en la Guajira: el comercio, la economía, el flujo de personas, el tráfico vehicular, el bullicio y un largo etcétera.
Entre agosto de 2015 y septiembre de 2022, el tránsito de vehículos en la frontera colombo-venezolana estuvo cerrado por decisión de Nicolás Maduro. En este tiempo, el país llegó a una crisis humanitaria compleja por la que más de ocho millones de venezolanos migraron, en su mayoría, en condiciones muy vulnerables, para buscar una mejor calidad de vida para sus familias. Entre ellos muchas mujeres cabeza de hogar y jóvenes indígenas wayuu.
La invisibilidad de las realidades que enfrentan adolescentes y jóvenes indígenas wayuu, porque viven en comunidades aisladas -muchas sin servicios básicos- y expuestos a cualquier tipo de vulneración de derechos: en su mayoría, conviven sólo con la mamá y su pareja que no es el padre, o en entornos de violencia física y sexual por parte de hombres que también son familia -tíos, primos-.
Desde hace dos años y cinco meses que se activó el comercio informal con la reapertura de la frontera, se ha visto que tanto colombianos como venezolanos e indígenas wayuu han construido un comercio ilegal en la Guajira, como locales nocturnos que abren de jueves a sábado, donde adolescentes y jóvenes wayuu son quienes prestan el servicio sexual.
Igual, sucede en Maicao -del lado colombiano-: en el casco central, hay mujeres wayuu y migrantes venezolanas, de 18 a 20 años, contagiadas de VIH, ya que habitan en entornos de explotación sexual como estaderos -bares- o billares, precisó un vocero de la Fundación Waleker. «Pero, no sólo de VIH; sino, también, del Virus del Papiloma Humano (VPH) y herpes».
Hospital II Binacional de Paraguaipoa Dr. José Leonardo Fernández, ubicado en el municipio Guajira.
La fuente, quien por razones de seguridad opta por el anonimato, explicó que en comunidades fronterizas como Paraguaipoa y Guarero hay familias enteras contagiadas de VIH, bien sea por sus parejas que retornaron, por el abuso sexual por parte de algún pariente o por la poligamia que practica el hombre wayuu. Estas personas contagiadas por VIH, por lo general, son diagnosticadas del lado colombiano, bien sea por la Fundación Waleker, el Hospital San José de Maicao o la organización de cooperación internacional AHF; pero, no todas se comprometen con su seguimiento médico y su tratamiento.
«Como ciudadanos binacionales que son los wayuu y que van y vienen de un país a otro, es muy difícil tener el control, porque regresan a sus comunidades en Venezuela y, aquí, no se han hecho control. Está planteado, epidemiológicamente, la necesidad de colocar un punto de atención en la frontera, en Paraguachón del lado nuestro», puntualiza Cambar.
Venciendo las barreras
Debajo de la enramada está un telar, donde la abuelita teje un chinchorro rojo con morado para luego venderlo y tener algo con qué subsistir. Y, ahí, debajo de la sombra también está Juan, sonriente, callado, expectante.
Tiene 15 años y es portador del VIH. Lo absorbió en el canal de parto, pues su mamá también tenía el virus y se dio cuenta, justamente, antes de dar a luz. A ella la contagió su marido, quien lo adquirió, mientras trabajaba en el Oriente venezolano, al otro extremo del país.
Los días de Juan comienzan cuando se asoma el sol y terminan al oscurecer el cielo. Entretanto, anda en su bicicleta por la sabana de su comunidad en la Guajira venezolana. No recuerda la última vez que fue a Paraguaipoa o a Maracaibo. Tampoco ha ido a la escuela: no sabe leer ni escribir, sumar ni restar… Trata sólo a los niños, niñas y adolescentes que viven cerca de su casa de tabla y yotojoro -fibra vegetal wayuu parecida a la palma-.
Sus ojos amarillentos y los párpados hundidos indican que no está del todo bien. Eso refuerza su delgadez por la mala nutrición: a veces, come pescado, yuca o topocho; pero, por lo general, come arroz y toma chicha de maíz, propia del pueblo wayuu.
Juan tiene un año sin recibir el retroviral. «Cuando me tomo la pastillita me siento mejor», asegura. Su abuela cuenta que él está inscrito en un programa en el Hospital de El Moján, ubicado en el municipio Mara perteneciente a la subregión Guajira del estado Zulia, Venezuela. Pero, no tienen los recursos para movilizarse hasta allá.
Ella no le permite salir. Aunque ambos saben que tiene una enfermedad, desconocen su magnitud. «Yo prefiero cuidarlo y que nos quedemos tranquilitos aquí», expresa la señora en su poco español.
En Maicao hay mujeres wayuu y migrantes venezolanas contagiadas de VIH, que se encuentran en entornos de explotación sexual.
Con el apoyo del proyecto Narrar Fronteras y de la Red de Periodistas Venezolanas se articuló con la Fundación Waleker y Juan viajó, a principio de febrero, a Maicao, donde lo regularizaron mediante el Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV) y está a la espera de su Permiso de Protección Temporal (PPT) para ingresarlo en el sistema de salud colombiano y asegurarle su retroviral mensualmente.
Así, como la Fundación Waleker también AHF brinda atención a la población seropositiva que habita en el eje Guajira de la frontera colombo-venezolana. Andrea Molina, representante de AHF Colombia en La Guajira AHF, informó que la organización abrirá un Centro Wellness en Maicao. «Son espacios diseñados para brindar atención inmediata a toda la población en casos de VIH e infecciones de transmisión sexual, pues se ha incrementado la población pendular».
Funcionarán a tiempo completo, de 7:00 a. m. a 6:00 p. m., todos los días. Se proyecta su apertura para el mes de marzo; sin embargo, debido a la situación actual, es posible que haya retrasos. Este Wellness estará ubicado en la Cruz Roja de Maicao, punto estratégico para brindar una atención integral a las personas contagiadas: desde asesoría jurídica hasta atención psicosocial.
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Escucha el podcast realizado por Ana Karolina Mendoza y Ayleen Fernández:
El relato de Fabiana y otras mujeres wayuu revela las dificultades del parto en la frontera entre Colombia y Venezuela, donde enfrentan barreras económicas, legales y culturales para acceder a una atención digna. En su movilidad binacional, deben sortear bloqueos, trochas peligrosas y violencia obstétrica, mientras son tratadas como migrantes irregulares, negándoseles su identidad ancestral.
Cuando Fabiana Pushaina volvió en sí después de desmayarse al parir, sintió que algo estaba mal. El llanto que llenaba la sala no era el de su bebé. Al girar la cabeza, vio a la doctora arrodillada en el suelo, rezando con desesperación a algún dios para que el pequeño diera señales de vida. Su bebé, con el rostro morado, apenas respiraba, luchando por quedarse en este mundo. “¡Despierta y respira, para que el bebé pueda respirar!”, le clamó una voz que retumbó en la sala. En ese instante, el grito de Jesús —como le llamaron al recién nacido convencidas de que su vida era una prueba de fe— se convirtió en un milagro.
A la una de la madrugada del 26 abril de 2020, Fabiana tuvo las primeras contracciones de su segundo parto. Como todas las mujeres wayuu, sabía que debía respirar y aguantar, aguantar hasta estar al borde de dar a luz para correr hacia el hospital. De lo contrario, podría enfrentarse a las trabas burocráticas que vivió con Julio Sebastián, su primer hijo, por ser una mujer migrante, según la considera el Estado colombiano.
Fabiana ingresó al Hospital San Agustín en el municipio Fonseca, en el departamento de La Guajira, a las cinco de la mañana de aquel abril. Tenía nueve centímetros de dilatación. No había tiempo de esperar una ambulancia para trasladarla a otro centro de salud, era una emergencia. Pujó con miedo, pues apenas había transcurrido un año y medio de la cesárea de su primogénito. Pujó hasta que salió su bebé, luego se desmayó.
Llegó a Colombia desde Venezuela en 2016 para trabajar como empleada doméstica. Fabiana y su familia, al igual que los 650 mil wayuu que habitan entre los dos países (380 mil en Colombia y 270 mil en Venezuela), se han movilizado y comunicado entre clanes de ambos lados de la frontera colombo-venezolana. No en vano, los indígenas wayuu se consideran un pueblo binacional, cuyo territorio ancestral trasciende los límites geopolíticos de los dos Estados, determinados de manera definitiva en 1941. Sin embargo, la situación era distinta cuando Fabiana cruzó a suelo colombiano, estaba migrando forzosamente dada la crisis multidimensional (social, económica y política) venezolana.
En la desértica península de La Guajira se encuentra la frontera norte entre Colombia y Venezuela. La línea limítrofe se extiende en medio de grandes dunas de arena y vastas playas, donde cinco siglos atrás la etnia Wayuu estableció su pueblo. Diseño: Camila Sastre.
El nacimiento de Jesús en 2020 no fue el único parto hospitalario lleno de complicaciones en este punto fronterizo. En 2018, durante la víspera del alumbramiento de Julio Sebastián,Fabiana comenzó a expulsar líquido de su vientre. Por la falta de experiencia, no sabía qué hacer. Junto a su esposo esperaron para ver cómo avanzaba. Al día siguiente, el fluido se transformó en sangre, pero recordó la regla: debía soportar los dolores hasta que se intensificaran antes de ir al hospital. Cuando llegó al centro médico, estuvo tres horas en la sala de espera porque no tenía documentos para que la pudieran atender. Verificaron su registro de nacimiento, y solicitaron autorización para los procedimientos al gobernador indígena del resguardo wayuu Mayabangloma, donde reside.
“Me regañaron porque no estuve en controles médicos. Me dijeron que era culpa mía que mi bebé estuviera en problemas. Les expliqué que no tenía plata para pagar 50 mil o 60 mil pesos colombianos (11 y 13 dólares americanos) por día para que me atendieran”, recuerda. Después de los cuestionamientos, los médicos trasladaron a Fabiana al quirófano para practicarle una cesárea. Tras su nacimiento, Julio Sebastián fue llevado a la Unidad de Cuidados Intensivos. Fabiana volvió a ver a su bebé hasta una semana más tarde, cuando al pequeño le dieron de alta. No podía amamantarlo porque al nacer la criatura no fue pegada a su pecho y, en consecuencia, la leche materna se había estancado en sus mamas. La angustia se apoderó de ella y con esta, apareció la depresión posparto.
“No quería hablar con nadie. No había quién me ayudara, y yo tenía la herida de esa cesárea. Pensaba que el culpable era el bebé, pero no era su culpa”, lamenta.
El parto del pequeño Fabián José (centro), de seis meses de edad, ocurrió libre de las violencias que atravesaron las llegadas de sus hermanos Jesús (izq) y Julio Sebastián (der), pero Fabiana (centro) parió a su tercer hijo aun indocumentada. Fotografía: Betsabé Molero.
A pesar de los cierres suscitados en reiteradas ocasiones en el eje fronterizo colombo-venezolano, como el implementado tras la fractura del vínculo diplomático entre Colombia y Venezuela, las mujeres wayuu caminan su amplia nación ancestral de grandes dunas de arena, vastas playas y bosques secos tropicales. Dos razones motivan su movilidad en dirección a Colombia: trabajo y acceso a servicios. Hacen el viaje en motocicletas, autobuses, camiones o a pie, bajo el extenuante sol y los vientos más fuertes de la península.
El anterior es el método elegido por las indígenas de Venezuela para tener controles prenatales e ingresar a las salas de partos en Maicao, u otros municipios colombianos. Al producirse bloqueos en los pasos autorizados en las zonas limítrofes, se ven obligadas a atravesar cualquiera de las más de 200 trochas (caminos ilegales flanqueados por grupos criminales), detectadas entre el estado venezolano de Zulia y La Guajira.
La sociedad wayuu está distribuida en los municipios que rodean la frontera colombo-venezolana, organizada en clanes que administran las mujeres wayuu. Diseño: Camila Sastre.
Si bien pertenecen a un pueblo binacional, las wayuu han enfrentado distintos obstáculos para recibir atención en salud en este corredor fronterizo, en especial para tener partos respetados y asesorías de planificación familiar. Cuando las mujeres wayuu en Colombia ven llegar al hospital a una tawala (hermana wayuu en wayuunaiki) embarazada de Venezuela, no dudan en aconsejarle que debe esperar hasta que el bebé esté por nacer para evitar que retrasen su atención o le practiquen una cesárea.
El principal miedo alrededor de las cesáreas radica en que las heridas que quedan en los cuerpos de las indígenas wayuu al ser sometidas a partos quirúrgicos corren el riesgo de infectarse en medio de los trabajos de cuidado que realizan, o las mujeres intervenidas no saben tratar los cortes porque las cesáreas son ajenas a su medicina tradicional. Si la vida de las mujeres wayuu peligra, también peligra el destino de su pueblo: sobre ellas descansa la misión ancestral de asülüjaa (dar), es decir, de prolongar y transmitir la cultura. Por lo tanto, su bienestar es una promesa de supervivencia para su comunidad.
Siguiendo las simbologías de su pueblo, Annie Montero representa mediante líneas y espirales en su vientre la vida, la descendencia y la interconexión entre el pasado, el presente y el futuro. Fotografía: Betsabé Molero.
—Jumüi tü wayuku tü ishaakaa jümaa tü e´iruku aa´inwaatasuupula jien tü astouutakaa jümawaii taii jiatü wayujierka ipoorka nojorüle saisha´ajaa jerrulüi jule tü seeseeta jununuwa mojusuu e´iruku tü jierka. (Para los wayuu, la carne y la sangre es muy importante porque es nuestro cuerpo donde está la vida, y dar vida lo hace la mujer. No es natural que deban quedar marcas y hacer daño a la carne) —explica sobre las cesáreas Mirian Jaraliyuu Uriana, partera wayuu.
Mirian es una de las pocas parteras wayuu en el resguardo Mayabangloma, ubicado cerca de Caicemapa, en el sur de La Guajira. La médica tradicional de 74 años atiende en su modesta casa de barro y heno, donde el techo de palma apenas ofrece consuelo ante el implacable calor de inicios de diciembre. Hasta su hogar viajan mujeres desde la Alta Guajira, inquietas por el índice creciente de cesáreas en indígenas wayuu que presentan complicaciones durante el parto o tienen la oportunidad de recibir medicina occidental.
La misma angustia sintió Luz Eliannys Fernández, quien estaba convencida hasta su última evaluación prenatal que tendría a su bebé por parto natural, porque el niño estaba en buena posición dentro del útero y el embarazo había evolucionado según lo esperado. El 15 de noviembre de 2024, cuando comenzaron las contracciones, la wayuu de 18 años cruzó la frontera desde la localidad Laguna del Pájaro en Paraguaipoa, en Venezuela, hasta Maicao, en Colombia. Un trayecto de 50 minutos aproximadamente. En el Hospital público San José de Maicao, le aseguraron que le harían una cesárea.
Las mujeres indígenas en Venezuela arriban a Paraguachón, al final de la Troncal del Caribe, para llegar tras un larga travesía hasta Maicao, allí inician en avanzado estado de gestación, incluso a punto de parir, el viacrucis a través de La Guajira colombiana. Diseño: Camila Sastre.
“Nos dijeron que mi bebé se quedó sin líquido (amniótico) y que debía ser cesárea. Mi mamá les preguntó por qué, si en el otro hospital (en Venezuela) afirmaron que tendría parto normal, y entregó los papeles de los controles. Ellos los revisaron y le dijeron que, si me hacían parir, me podía morir. Entonces no comentamos nada más”, cuenta. “Me metieron a un cuarto y no vi a la niña cuando nació. Me la enseñaron dos días después”.
El equipo médico le explicó que no podía sacar a la bebé del centro de salud porque había nacido baja de peso y, posteriormente, una infección en la sangre le provocó fiebre. Por un mes, Luz Eliannys tuvo que caminar dos kilómetros desde su hospedaje en Maicao hasta el hospital para ver y amamantar a su hija, pese a la herida sin cicatrizar y el reposo posparto interrumpido. “Para mí la cesárea ha sido mucho gasto y va ser difícil para los oficios en la casa. Es mejor parir”, reflexiona.
Binacionales, pero sin nación ni salud
La identidad, la migración y el desamparo institucional del pueblo binacional Wayuu se entrelazan en las experiencias de Fabiana y Luz Eliannys para convertir el nacimiento de sus hijos en un calvario. Los wayuu permanecen estancados en un limbo legal, pues el documento de identidad venezolano (cédula) desconoce su pertenencia étnica, y Colombia los etiqueta de migrantes. La intermitencia de las relaciones diplomáticas entre los países vecinos, la crisis en Venezuela, y la transformación de Colombia en el principal país receptor de migrantes venezolanos ha agudizado la violencia en contra de esta comunidad indígena.
El Estado colombiano ha implementado una serie de mecanismos de protección migratoria exclusivos para venezolanos, como el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes (ETPV), creado en 2021, mediante el cual obtienen el Permiso de Protección Temporal (PPT). Con este documento de identificación, los ciudadanos de Venezuela legalizan su estatus migratorio, acceden a programas sociales y derechos, ingresan y salen de Colombia, y tienen un lapso de 10 años para adquirir una visa de residencia.
José David González, coordinador general del Comité de Derechos Humanos de La Guajira, asegura que, si bien estas medidas contribuyen al amparo de la población migrante y refugiada, al enfrentarse con las dinámicas cotidianas de quienes desenvuelven sus vidas entre fronteras, pierden alcance en términos de protección porque acogen a unos grupos, pero excluyen a otros, generalmente más vulnerables.
No existe una versión del manual del ETPV en idioma wayuunaiki, y este estatuto no posee un apartado que contemple las características específicas de los pueblos originarios establecidos en los ejes fronterizos; asimismo, el instrumento legal ignora las barreras idiomáticas, educativas y socioeconómicas que los indígenas pueden encontrar en sus intentos por tramitar el PPT. Por lo tanto, parte importante de la comunidad indígena wayuu “migrante” en Colombia está destinada a la irregularidad migratoria.
“El pueblo Wayuu en realidad necesita que los gobiernos de Venezuela y Colombia tengan voluntad política para diseñar e implementar una serie de acuerdos de carácter binacional, capaces de aliviar la crisis que viven los hermanos indígenas en la zona fronteriza, y garantizar el acceso a derechos fundamentales, siendo la vida, la salud y la legalidad los más álgidos”, sentencia González.
La falta de inclusión de los pueblos originarios en los proyectos de normalización migratoria ha derivado en su incapacidad de afiliarse a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) en Colombia. Aunque con el PPT las personas wayuu podrían acogerse a programas sociales, desconocen cómo funcionan; además, en caso de pretender vincularse a un plan, se encuentran con inconvenientes mayúsculos.
“Mujeres y hombres del pueblo wayuu acudieron al Comité después que las EPS los abordaron en Colombia para ofrecerles sus servicios; cuando les solicitaron un documento de identificación para inscribirse, tenían cédula colombiana y venezolana, pero en Colombia fueron registrados con un nombre, y en Venezuela con otro distinto”, explica Sailyn Fernández, comunicadora indígena y miembro del Comité de Derechos Humanos de La Guajira.
El fenómeno del doble registro civil es una de las consecuencias del vacío legal en el que flota la comunidad wayuu. Como Colombia es el destino final de los embarazos de las mujeres indígenas, las niñas y niños son presentados primero ante la registraduría colombiana y, al regresar a Venezuela, sus nacimientos son asentados por segunda ocasión, esta vez en registros civiles venezolanos.
Los pueblos binacionales poseen un doble vínculo jurídico y político con más de un país. En otras palabras, estas poblaciones deberían gozar de los derechos fundamentales de cada Estado y del reconocimiento de la ciudadanía. Debido al doble registro, las personas pueden ser consideradas apátridas, perder oportunidades laborales, y encontrar obstáculos en el acceso a salud y educación. El fin del problema parece lejano, dado que los efectos del doble registro sobre el sentido de pertenencia y la ciudadanía del pueblo Wayuu se transmiten por generaciones.
González afirma que “los wayuu no somos colombianos, ni somos venezolanos, ni somos migrantes. Somos una gran nación Wayuu. Nuestras vidas, nuestras familias pertenecen históricamente a toda esa franja fronteriza”.
Las viviendas de la comunidad wayuu se distribuyen en rancherías, conjuntos de casas rectangulares que comparten un mismo espacio, construidas con una mezcla de barro, heno o caña seca, como la casa de Mirian. Fotografía: Betsabé Molero.
Embarazos y partos en desesperanza
Los sistemas de salud de Colombia y Venezuela, en particular en la región guajira, lidian con la falta de infraestructura y la escasez de personal capacitado. Las mujeres embarazadas del municipio venezolano de Paraguaipoa, una de las rutas centrales que conducen a la frontera internacional, deben gestionar el embarazo en un contexto singular: un especialista en gineco-obstetricia viaja al Hospital II Binacional Dr. José Leonardo Fernández una vez por mes, y lleva a cabo revisiones superficiales, pues en la entidad hospitalaria no practican ecografías. En muchos casos, las madres vuelven a sus hogares sin certezas sobre su propio bienestar, sin escuchar los latidos de sus bebés. De hecho, “cerca del 50 % de las mujeres en los poblados fronterizos no pueden acceder a servicios de salud sexual y reproductiva”, expone la Red de Mujeres Constructoras de Paz.
En un hospital público en Venezuela el precio de una cesárea ronda los 228 dólares, aproximadamente 65 sueldos mínimos, alerta la red venezolana Médicos por la Salud en la Encuesta Nacional de Hospitales de 2024. Debido al desabastecimiento del sistema sanitario público del país, en las salas de maternidad las mujeres reciben una lista de más de 30 insumos para comprar.
En Colombia, la Superintendencia de Salud ha encontrado irregularidades en dos centros médicos, que atienden a una amplia población wayuu. El Hospital San José de Maicao está bajo la intervención forzosa de la autoridad sanitaria a fin de corregir la administración financiera y la prestación del servicio. En el Hospital San Agustín de Fonseca, el Estado descubrió 56 inconsistencias, que evidencian la inestabilidad generalizada de la entidad, donde “no está garantizada la seguridad de las usuarias/os”.
En medio de la precarizada atención en salud, las mujeres wayuu en Colombia se enfrentan a una forma de vulneración que atraviesa sus cuerpos, pero aún no tiene traducción en su lengua: la violencia obstétrica. En la Sentencia T-576 de 2023, la Corte Constitucional colombiana señala que implica “todos los maltratos y abusos que padecen las mujeres durante la prestación de servicios de salud relacionados con el embarazo, parto y posparto”.
La negligencia médica, la represión de emociones y las amenazas o intimidaciones son las principales causas de esta expresión de la violencia basada en género contra las mujeres, reveló un estudio del Movimiento Nacional por la Salud Sexual y Reproductiva en Colombia (Mnssr). Entre 2022 y 2023, el 39,8 % de los partos fueron por cesárea. De ese porcentaje, el 33,1 % de las madres no recibió información ni dio consentimiento para que el procedimiento fuera practicado, agrega el informe.
Damaris Fernández, de 24 años de edad, quien salió de Venezuela en 2021 y reside en Fonseca, relata que fue a su último control al Hospital San Agustín, donde le aseguraron que su bebé tenía un latido anormal y que debían enviarla a otro centro de atención. Al llegar a la entidad hospitalaria de San Juan del Cesar, tras la revisión médica, le dijeron que estaba bien, pero no le permitieron regresar a su casa. Según el personal de salud, solo faltaban nueve días para el parto.
“Me colocaron una pastilla y ni siquiera me explicaron para qué era”, aclara. Más tarde, Damaris comprendería que el medicamento que le suministraron indujo y aceleró sus contracciones. En la sala de espera, su esposo recibió la noticia de que el parto fue natural porque el bebé estaba en la posición correcta. En realidad, a Damaris le efectuaron una cesárea. Entre el dolor y la confusión, recibió maltratos verbales: “Me dijeron que a las venezolanas les gusta parir mucho”.
Damaris tuvo su primera revisión prenatal hasta el quinto mes de gestación, durante las consultas médicas y el nacimiento de Jaiker Darían nunca le brindaron información en wayuunaiki. Fotografía: Betsabé Molero.
Ni Fabiana, ni Luz Eliannys, ni Damaris sabían cómo identificar las conductas denigrantes propias de la violencia obstétrica. La medicalización sin consentimiento informado previo, junto a los señalamientos recibidos por Damaris y Luz Eliannys son violencia obstétrica; la culpabilización y el abandono experimentados por Fabiana en aquella sala de emergencias cuando se encontraba en labor de parto son también expresiones de la violencia obstétrica. Sus miedos, identidad, costumbres y creencias tampoco fueron tomados en cuenta.
La deshumanización de los alumbramientos guarda una relación directa con el desarrollo de la depresión posparto, señala un estudio del Instituto Tecnológico de Antioquía. De hecho, uno de los síntomas principales de este trastorno es la dificultad para vincularse con el bebé. La ausencia de comunicación efectiva del personal médico con Fabiana, al proporcionarle escasa información sobre el estado de salud de su pequeño, anuló la posibilidad de la mujer wayuu de tener el primer contacto piel a piel con el bebé, un momento decisivo para el inicio de la lactancia.
—Mojulawa si jo’ uuchonkai mapa mochoojoo’u nos napaii si jichirraka jaukai. Mapa ainkaa ayuije aapuuwa cáncer junai jichirraka jaukai aneichi mulojouchii aütüma jüchirra niakai jüpala karchiwai. (Eso es malo, porque después el bebé la desconoce y no quiere recibir la teta. Entonces puede causar enfermedad en los senos de la mamá y el bebé no se cría. Debe ser criado con la leche de su mamá para que crezca con fuerza y rápido) —afirma Mirian.
La relevancia de las palabras de la partera wayuu se refleja en la sentencia T-302 de 2017, mediante la cual la Corte Constitucional de Colombia ordenó medidas para proteger la infancia wayuu, y prevenir las muertes de niños y niñas por malnutrición. Tan solo entre enero y noviembre de 2024, 31 infantes murieron en La Guajira. El máximo tribunal reconoce que la desnutrición materna y la falta de acceso a servicios de salud adecuados afectan directamente el bienestar de las madres y, por ende, el de sus hijos.
La consejera venezolana en lactancia, Leimar Carrero, advierte que la lactancia materna es un asunto colectivo, que involucra el acompañamiento informado y empático del personal de salud.
Mujeres binacionales, pedagogía y partería
Para la activista del Movimiento Feminista Niñas y Mujeres Wayuu, Adriana Pushaina, cualquier cambio en la prestación del cuidado sanitario para madres será insuficiente si la discriminación histórica de las indígenas continua, por su género e identidad, y en el caso de las mujeres wayuu de Venezuela por ser consideradas migrantes. El reconocimiento de la binacionalidad y el acceso efectivo a servicios de salud con enfoque intercultural son requisitos claves para garantizar que mujeres, niñas y adolescentes del pueblo Wayuu ejerzan sus derechos plenamente. La articulación de ambos factores es condición sustancial en la prevención de la violencia obstétrica.
Los partos humanizados, dignos y respetados son un derecho de todas las mujeres, y dependen del acceso a educación en materia de derechos sexuales y reproductivos, pero “el orden patriarcal, las leyes jurídicas propias y el abandono institucional en el que deben sobrevivir las mujeres wayuu, anula sus posibilidades de tener autonomía sobre sus propios cuerpos”, argumenta Adriana. Debido a la carga cultural, y el descuido gubernamental, el uso de anticonceptivos y la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia son derechos prohibidos para una parte significativa de las mujeres de esta comunidad indígena: “obligándolas a hacerlo en clandestinidad”.
Los esfuerzos dedicados a la construcción de un futuro justo para el pueblo Wayuu en la frontera entre Colombia y Venezuela exigen también que los procedimientos legales, administrativos y sanitarios, que lo permitan, valoren su idioma mediante la integración de intérpretes en las oficinas de gestión correspondientes, y la disposición de información en lengua wayuunaiki. Del mismo modo, las políticas públicas que acompañen tal propósito, deben considerar su nivel educativo, en muchas ocasiones limitado por el contexto de exclusión y marginación. Así los Estados atenderán sus necesidades y respetarán su autonomía y tradición.
La organización social wayuu es matrilineal, la herencia y el poder se transmiten a través de las mujeres: Annie, con cuatro meses de embarazo, transferirá a su hija la cultura del pueblo Wayuu, tal como lo han hecho sus tawalayuu y antepasadas. Fotografía: Betsabé Molero.
Annie Montero, de 25 años, procedente de Maracaibo, capital del estado Zulia, es un ejemplo del impacto diferenciado que el acceso a procesos de regularización migratoria puede tener en la población. Después de la vinculación laboral de su mamá con una entidad de salud en La Guajira, Annie obtuvo información para recibir el servicio. “Al principio no entendía el proceso, pero mi mamá me ayudó a conseguir el PPT, el Sisbén y la EPS. Cuando estaba embarazada (de su primer hijo) en Valledupar, me buscaban en casa, me llevaban al hospital y me regresaban”, detalla.
De acuerdo con Mirian, la partera es una figura trascendental en los alumbramientos hospitalarios, su acompañamiento representa una lección de sabiduría ancestral sobre los embarazos y nacimientos. “Una mujer embarazada también puede cuidarse a ella misma. Cuando está con la barriga, debe sobarse, pero siempre es bueno tener ayuda porque puede pasar que se muera el bebé”, afirma. No obstante, el desinterés de las nuevas generaciones y la no remuneración de la partería amenazan la permanencia de esta práctica médica tradicional. “Estos conocimientos se van a perder y nadie les dará valor hasta que ya no existan más. Eso me causa rabia porque quisiera ser recordada por esta gran labor”.
La suerte del pueblo Wayuu está íntimamente enlazada con la protección de sus mujeres. Ante las violencias y el olvido, cada parto es un riesgo, y cada nueva vida un milagro de resistencia. Sin políticas destinadas a su resguardo, sus cuerpos resultan territorios de lucha y dolor. Mientras tanto, las mujeres wayuu siguen caminando entre fronteras para no dejar morir la cultura de su pueblo.
Carta desde La Guajira para las tawalayuu (hermanas) del mundo:
Este contenido fue publicado originalmente enRevista Raya. Es uno de los productos periodísticos del programa de becas “Narrar Fronteras”, organizado y desarrollado por la Red de Periodistas Venezolanas (RDPV).
Las redes sociales nunca han sido perfectas, pero no cabe duda de que, en los últimos meses, se han convertido en una extensión más de la manosfera. Así se le conoce a ese lado oscuro, antes semi-escondido, de la web 2.0 en donde la hostilidad hacia las mujeres y la misoginia son la regla, y depredadores sexuales como Andrew Tate son personajes venerados.
La primera red social en caer en este agujero negro fue X, ante conocida como Twitter, después de que Elon Musk la comprara en 2022 usando (cómo no) tácticas de mercado agresivas y éticamente cuestionables. En uno de sus primeros movimientos como principal accionista de X, el hombre más rico del mundo despidió a casi la mitad de su personal, incluyendo a los equipos responsables de diseñar políticas para proteger los derechos humanos, garantizar la accesibilidad de la plataforma para personas con discapacidad y mitigar los posibles sesgos y daños facilitados por su tecnología. Desde entonces, X se ha convertido en un hervidero de desinformación y mensajes de odio, amplificados por algoritmos supuestamente diseñados para promover la “libertad de expresión” pero claramente impregnados de sesgos que atentan contra los derechos humanos y la democracia.
Más recientemente, Meta le siguió los pasos tras emplear una serie de cambios en sus políticas que abren la puerta para que sus usuarios difundan contenido abiertamente discriminatorio y deshumanizante. Ahora no hay que sorprenderse si usuarios de Facebook, Instagram o Threads comparan a las personas con objetos inanimados, suciedad y enfermedades como el cáncer. Tampoco se molesten en reportar a los usuarios que llamen “enfermos mentales” a homosexuales o personas trans, ni tampoco a quienes consideren a las mujeres como “propiedad”.
Todos los intolerantes y misóginos son bienvenidos en el reino de Mark Zuckerberg, quien no solo ha adoptado una estética que parece un extraño cruce entre tech-bro y rappero gen Z en un intento desesperado por encajar en nuevos paradigmas, sino que ahora también aboga por celebrar la “energía masculina” y la “agresión” en las empresas de tecnología. Como si en Silicon Valley, donde las mujeres siguen siendo una minoría y ganan, en promedio, un 16 % menos que sus colegas hombres, alguna de esas dos cosas estuviera en peligro de extinción.
¿Dónde quedan los feminismos?
No sorprende a nadie que este completo abandono a cualquier pretensión de corrección política ha tenido un impacto especialmente duro contra las mujeres y las causas feministas. Por ejemplo, en un estudio reciente en Estados Unidos, la mayoría de las personas concuerda que el contenido de las redes sociales afecta negativamente más a las mujeres que a los hombres en áreas como la imagen corporal, el estilo de vida y la autoestima.
Por si fuera poco, las plataformas de Meta restringieron recientemente la visibilidad del contenido con etiquetas relacionadas con los derechos de las personas LGBTQ+, medida que afectó especialmente a los adolescentes. El New York Times, también reportó que Instagram y Facebook bloquearon y ocultaron publicaciones de proveedores de píldoras abortivas, una práctica que se intensificó tras la investidura de Donald Trump. Cabe destacar que Zuckerberg, Musk y otros ultra ricos de la tecnología, como Jeff Bezos y Sundar Pichai, estuvieron en primera fila durante la ceremonia inaugural del magnate, después de desembolsar millones de dólares para financiar este pomposo evento.
En Venezuela, el panorama se complica aún más, considerando que algunas de las redes sociales más populares, incluyendo TikTok y X, enfrentan sofisticados bloqueos que no solo restringen la libertad de expresión y el acceso a la información, sino que también imponen barreras adicionales para que activistas feministas y LGBTIQ+ puedan movilizar sus causas, denunciar injusticias e informar a sus comunidades.
Este contexto desalentador parece advertirnos que han quedado atrás los días en que movimientos como #MeToo, #NiUnaMenos y otras campañas feministas y progresistas encontraban en las redes sociales un terreno fértil para crecer y movilizar cambios sociales. Probablemente, Audri Lorde siempre ha tenido razón: Las herramientas del amo difícilmente nos servirán para desmantelar la casa del amo.
¿Aún quedan rincones seguros en Internet para quienes apoyamos las causas progresistas?
Resulta más urgente que nunca preguntarnos si la web 2.0 aún puede ofrecernos espacios seguros donde las personas interesadas en generar cambios podamos reagruparnos, comprender lo que está sucediendo en el mundo, desahogar frustraciones y, sobre todo, encontrar nuevas formas de movilización. Si no existen, entonces también cabe preguntarnos cómo podemos crear estos espacios para que no vengan sesgados por default en nuestra contra.
Por ahora, no parece haber respuestas claras a estas preguntas, pero algunas ventanas están abriéndose en plataformas alternativas, como Bluesky, una red social que nos recuerda a los inicios de Twitter, liderada por la joven Jay Graber. Como actual CEO, Graber desafía las tendencias dominantes al apostar por un modelo abierto y descentralizado que busca devolver a los usuarios el control sobre el contenido que consumen y sus datos personales. Este enfoque contrasta radicalmente con los algoritmos sesgados de las plataformas más populares, que no solo han erosionado el pensamiento crítico de muchos, sino que también han vendido al mejor postor la información privada de los usuarios para manipular sus opiniones políticas y hábitos de consumo (¿alo, Cambridge Analytica?). Aquí hemos encontrado refugio en los últimos meses miles de activistas, periodistas, académicos y personas críticas del status quo y hartas de los excesos de Musk.
Otra opción que poco a poco está creciendo en popularidad entre personas desesperadas por crear comunidad e informarse, lejos de la toxicidad de X, Instagram y Facebook, es Substack. Esta es una plataforma especialmente diseñada para bloggeros y creadores de newsletters que encontraron aquí un sistema para construir nuevas maneras de conectar con audiencias más alineadas a sus intereses y gestionar el contenido a través de suscripciones gratuitas o pagas.
Aunque Substack no está libre de intolerancia y contenido polarizante, aquí los usuarios tienen más poder de decidir qué publicar y cómo hacerlo, sin someterse al yugo de algoritmos que prioricen ciertos temas sobre otros. Lo más atractivo para muchos usuarios es también la posibilidad de construir una comunidad “íntima” y comprometida con los mismos valores y causas. En otras palabras, ofrece la oportunidad de construir pequeños oasis progresistas en medio de un ecosistema mediático cada vez más desalentador.
Sin embargo, aún está por verse si Bluesky, Substack u otras plataformas alternativas podrán darle la vuelta a las tendencias dañinas y reaccionarias que están promoviendo Musk, Zuckerberg y otros desesperados por ser parte de ese patético club de “bad boys”, demasiado ricos para el bien de la humanidad. A veces, me cuesta creer que la Internet podrá cumplir su promesa originaria de ser una herramienta para democratizar el mundo y lograr un futuro utópico. Parece que no podemos tener cosas lindas sin que el capitalismo y el patriarcado vengan a envenenarlo todo.
Tal vez, la respuesta está en hacer un esfuerzo por desvirtualizar nuestras vidas y relaciones, al menos hasta donde se pueda. De apagar el teléfono por un rato para volver a las tertulias en los cafés, los clubes de lectura o la movilización comunitaria. Quizás, en esos espacios, después de compartir un café y un abrazo, podremos volver a entendernos, encontrar puntos comunes y movilizar esfuerzos para resolver los problemas que amenazan la humanidad (la falta de derechos de las mujeres, personas racializadas y LGBTIQ+, el cambio climático, el colonialismo, la desigualdad económica, la violencia y la intolerancia… la lista es larga).
La Red de Periodistas Venezolanas (RDPV) cerró el 2024 con un tejido de iniciativas poderosas que impulsan un periodismo con perspectiva de género. Desde campañas virales en redes sociales hasta participaciones en foros internacionales, la RDPV enfocó sus esfuerzos en promover herramientas para que la perspectiva de género sea un ejercicio periodístico continuo y consciente.
#LasPalabrasImportan: una campaña para erradicar el término “crimen pasional”
En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la RDPV, en alianza con UNFPA, lanzó la campaña #LasPalabrasImportan. Esta iniciativa, que se extendió del 25 de noviembre al 10 de diciembre, buscó sensibilizar a periodistas y medios de comunicación sobre la importancia de utilizar un lenguaje responsable y ético al cubrir casos de violencia de género, especialmente femicidios.
#LasPalabrasImportan se centró en la necesidad de erradicar el término “crimen pasional” del discurso periodístico, ya que este minimiza la gravedad de la violencia de género y la presenta como un acto romántico o impulsivo. La campaña promovió el uso de los términos “femicidio” o “feminicidio” para referirse al asesinato de una mujer por razones de género, y ofreció a los periodistas herramientas y recomendaciones para una cobertura informativa responsable, que evite la revictimización de las víctimas y sus familias.
La Conversa de ARI: un espacio para la reflexión
El 26 de noviembre, María Laura Chang, impulsora de la RPDV, participó en La Conversa de ARI, un espacio de debate sobre la violencia de género y el rol del periodismo. Durante su intervención, Chang enfatizó la importancia de “desaprender formas inadecuadas de abordar la cobertura de la violencia basada en género” y subrayó la necesidad de que los medios de comunicación se deshagan de prejuicios y lugares comunes para lograr un enfoque adecuado en estos temas.
Chang señaló que la violencia de género se manifiesta de diversas formas, desde la violencia doméstica hasta la negación de oportunidades para que las mujeres alcancen posiciones de poder. Asimismo, denunció la falta de investigación y políticas públicas efectivas por parte del Estado para prevenir los femicidios. La participación de Chang en La Conversa de ARI generó un debate enriquecedor sobre el papel del periodismo en la lucha contra la violencia de género y la importancia de un enfoque responsable y ético en la cobertura de estos temas.
Comunicación con causa: género y ambiente en el Festival Cocuyo
El 28 de noviembre, Wendy Racines, impulsora de la RDPV,, participó en el panel “Comunicación con causa: género y ambiente” durante el 5to Festival Cocuyo, realizado en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). En este espacio, Racines compartió su experiencia y reflexiones con otros profesionales de la comunicación, destacando el papel del periodismo en el cambio social y la importancia de abordar temas como género y ambiente con responsabilidad.
El panel contó con la participación de Aimeé Zambrano Ortiz, fundadora de Utopix; Rosmina Suárez, periodista de Efecto Cocuyo y miembro de la Red de Periodistas Venezolanas; y Jhonatan Gutiérrez, coordinador para América Latina de Solutions Journalism Network. Rosmina Suárez, especializada en medio ambiente y cambio climático, desmintió la idea de que el periodismo ambiental “no vende” y resaltó la importancia de profundizar en las fuentes para ofrecer una cobertura completa y rigurosa.
Taller “Narrativas que tejen igualdad” con UNFPA
El mismo 28 de noviembre, Crisleida Porras, impulsora de la Red de Periodistas Venezolanas, participó en el taller “Narrativas que tejen igualdad”, organizado por Género, Medios y Periodismo de Naciones Unidas para la Salud Sexual y Reproductiva (UNFPA). En este espacio, Porras presentó la Red de Periodistas Venezolanas, destacando su labor en la transformación de la práctica periodística hacia una realidad más feminista, inclusiva y democrática.
Porras explicó el origen de la Red, su objetivo principal y los proyectos que ha desarrollado, incluyendo Redsonadoras.com, una comunidad digital que difunde contenidos con perspectiva de género. Señaló la importancia de Redsonadoras como un espacio seguro para informarse y expresarse, especialmente en un contexto en el que medios tradicionales venezolanos aún insisten en cosificar y revictimizar a las mujeres.
Un llamado a la acción en el Foro de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, la Red de Periodistas Venezolanas se unió al llamado a la acción de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género (RIPVG) y la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC).
Ambas redes hicieron un llamado urgente a los Estados, gobiernos y sociedad a tomar acciones concretas para poner fin a la violencia contra las mujeres. En un contexto de crecientes desafíos para la libertad de expresión y el acceso a la información, se enfatizó la importancia de tejer redes y estrategias para proteger a las periodistas, comunicadoras y activistas comprometidas con los derechos humanos.
Tejiendo redes en el encuentro “Periodismo en América Latina: un Pilar de la Democracia”
Del 4 al 6 de diciembre, la Red participó en el encuentro regional “Periodismo en América Latina: un Pilar de la Democracia”, celebrado en Bogotá, Colombia. Este evento reunió a líderes de medios y activistas de Venezuela, Colombia y Centroamérica para analizar los desafíos que enfrenta el periodismo en la región y buscar soluciones conjuntas.
La RDPV tuvo la oportunidad de intercambiar experiencias con otras organizaciones y periodistas, fortaleciendo vínculos con colegas que enfrentan desafíos similares a los de Venezuela. La Red presentó el trabajo realizado hasta ahora y sumó nuevos aliados en la región, fortaleciendo su red de apoyo y colaboración.
El periodismo durante 2024, en Venezuela y el mundo, transitó desafíos entre contextos políticos y sociales cambiantes. En medio de la incertidumbre, la Red de Periodistas Venezolanas se ha mantenido firme en su compromiso con la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. A través de sus iniciativas, la RDPV ha demostrado que las palabras tienen el poder de transformar realidades, de visibilizar injusticias y de generar conciencia.
En 2025, la RDPV seguirá tejiendo redes, abriendo espacios de diálogo y promoviendo un periodismo con perspectiva de género que contribuya a un futuro más esperanzador para todas las mujeres con su fuerza #Redsonadoras.
