La presentación de El Eclipse de la Constitución, el más reciente informe de Provea sobre DDHH en Venezuela, estuvo acompañada de un homenaje al Comité de Madres en Defensa de la Verdad y al Comité por la Libertad de los Presos Políticos, en reconocimiento a su incansable lucha por la liberación de sus familiares
“Los eclipses no son permanentes, sino una interposición momentánea de la arbitrariedad”. Así presentó Óscar Murillo, coordinador general de Provea, el más reciente informe de esta organización no gubernamental, sobre la situación de los derechos humanos (DDHH) durante 2025, publicado este jueves, 14 de mayo.
Esta investigación representa una mirada sobre 14 áreas críticas de la vida en Venezuela, entre las que aparece: el colapso de los servicios públicos, la crisis hiperinflacionaria, el deterioro progresivo de la educación y la salud pública, la violencia generalizada, la desprotección de los ecosistemas y los pueblos indígenas y la huella de la minería ilegal, entre otros temas.
“Vemos con preocupación el aumento drástico de las desapariciones forzadas en 2025”, detalló Lissette González, socióloga y coordinadora de Monitoreo, Investigación y Medios de Provea, ya que la organización documentó 160 víctimas de desaparición forzosa en 2025, frente a 54 de 2024.
Algunos de los hallazgos más resaltantes sobre derechos económicos, sociales y ambientales:
- 24,2 % de las mujeres en edad reproductiva presenta anemia.
- El salario mínimo cubrió apenas el 1 % de la Canasta Alimentaria Familiar, cuyo costo llegó a costar 565 dólares en 2025.
- La inflación en alimentos durante 2025 fue de 259,3 % según datos del Banco Central de Venezuela.
- 63 % de los estudiantes no recibieron alimentación escolar durante 2025.
- 77 % de la población no recibe agua por tuberías de manera regular.
- El presupuesto de salud representó apenas 4,24 % del gasto público, con una caída de 28 % respecto a 2024 y tercer año consecutivo de reducción.
- Durante 2025 se registraron derrames petroleros en Falcón, Zulia, Anzoátegui y Monagas.
Sobre los derechos civiles y políticos:
- Al menos 659 denuncias de violaciones al derecho a la integridad personal fueron registradas por PROVEA en 2025: tortura, tratos crueles, amenazas y hostigamiento.
- 596 presuntas violaciones a la libertad personal fueron registradas en 2025: 85,4 % corresponden a detenciones por razones políticas, 75 % de las víctimas fueron hombres; 11 % niños, niñas y adolescentes.
- Las detenciones por razones políticas crecieron 102 % sobre el promedio de los últimos 17 años.
- La ONU mantuvo vigilancia crítica sobre Venezuela durante 2025. El Alto Comisionado, Volker Türk, advirtió que la situación no había mejorado.
Representación de la mujer indígena
Para abordar el tema de la minería ilegal, Liz Hernández, lideresa indígena Pemón del municipio Gran Sabana, en el estado Bolívar, alertó sobre la devastación ambiental causada por esta práctica en la región. No obstante, el informe resalta que la minería ilegal se expandió a casi todo el país.
La lideresa también explicó que se ha profundizado la crisis de inseguridad en la zona, una situación que recientemente se evidenció con un ataque armado al Consejo de Caciques. Además, denunció el aumento de enfermedades como la malaria y las infecciones de transmisión sexual, problemática que —aseguró—, se agrava en medio de la precariedad económica que atraviesan las comunidades indígenas, lo que obliga a que un alto índice de mujeres indígenas se dediquen a esta actividad ilegal.
“Nos reconocen como Patrimonio Natural de la Humanidad, pero cuando nosotros reclamamos nuestros derechos, nos ignoran”.
Con respecto a Ley de Minas, aprobada en abril de este año, que —según el gobierno—, busca regularizar la exploración y explotación de recursos minerales y atraer inversión extranjera, Liz reclamó que los pueblos indígenas no fueron tomados en cuenta al momento de realizar una supuesta consulta previa.
“Ni terroristas ni delincuentes”
Al finalizar la presentación de El Eclipse de la Constitución, Provea honró la lucha inagotable de las mujeres que esperan aún por la liberación de sus seres queridos, a través de un reconocimiento al Comité de Madres en Defensa de la Verdad (Cmdv) y al Comité por la Libertad de los Presos Políticos.
“¡Ni terroristas, ni delincuentes, nuestros muchachos son inocentes!”, gritaron las madres y demás miembros del Cmdv al momento del homenaje.
“No queremos más traslados, no queremos más torturas ¡Exigimos la libertad plena de nuestros hijos! Como madres no aguantamos más”, exclamó Lourdes García, —con la voz entrecortada—. Ella es madre de Renny Gónzalez, detenido tras las elecciones presidenciales de 2024, por su presunta participación en un grupo de WhatsApp.
“Cuando comenzamos lo hicimos desde el dolor”
Más aplausos prosiguieron para honrar a los integrantes del ClippVe, Andreina y Margaret Baduel, hijas del ex militar Raúl Isaias Baduel, fallecido bajo custodia del Estado, y cuyo hermano Josnars Baduel continúa en la cárcel del Rodeo; Sairam Rivas, activista por los DDHH, que estuvo detenida en El Helicoide en 2014, y Hiowanka Ávila, activista y hermana de Henrybert Rivas, acusado de participar en un atentado con drones contra Nicolás Maduro en 2018.
“Cuando comenzamos lo hicimos desde el dolor que significó y sigue significando la detención injusta de un ser querido”, expresó Diego Casanova, miembro del ClippVe y hermano de José Pérez, detenido en 2024 y liberado un año después.
Entre los presentes estuvieron los activistas de DDHH Martha Lía Grajales, detenida en 2025 y posteriormente liberada; Javier Tarazona, quien estuvo más de cuatro años en prisión; Edward Ocariz, privado de libertad por cuatro meses, y Carlos Correa, detenido en enero en 2025 y a quien recientemente se le negó la solicitud de Amnistía.
Quiénes continúan a las afueras de las cárceles
Madres, hermanas, hijas, esposas, novias, sobrinas aún esperan a las afueras de los centros de reclusión por sus seres queridos. Mujeres que desde el 8 de enero, cambiaron sus rutinas tras la promesa incumplida de liberaciones masivas por parte del actual gobierno. Tan solo a las afueras de El Rodeo llegaron a ser más de 120 personas, la mayoría mujeres, entre jóvenes y adultas mayores. Hoy permanecen al menos 30 de ellas.
Una gran cantidad son de bajos recursos económicos, que, además, perdieron sus empleos o dejaron a sus hijas e hijos a cargo de otros familiares por mantenerse en vigilia a las afueras de las cárceles. Otras no tuvieron más opción que regresar a sus hogares, sin ver materializada la anhelada libertad de sus seres queridos.
Datos de la organización independiente Foro Penal estima que 454 personas siguen tras la rejas por motivos políticos: 41 son mujeres y una de ellas, Samantha Hernández, tiene tan solo 16 años de edad.
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