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Hasta el 13 de agosto de 2024, la ONG Foro Penal contabilizaba 182 mujeres detenidas en el marco de la represión ejecutada por el Estado venezolano después de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Entre las detenidas se encuentran una fotoperiodista con dos hijos pequeños, una adolescente de 16 años estudiante de música y una mujer de origen humilde de 43 años.

“Informar no es un delito”, dice aguantando el llanto Bárbara Canino Peña (17) en un video publicado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) el pasado 6 de agosto y compartido por diversos medios. Lo dice porque su madre, Deysi Peña, reportera gráfica con 20 años de trayectoria, fue detenida y, actualmente, se encuentra recluida en una estación policial, tras la cobertura que hizo de las elecciones presidenciales en la entidad. 

De acuerdo con el testimonio de Canino Peña, a su madre la detuvieron a las 6:00 a.m. en la estación de servicio Los Nuevos Teques, municipio Guaicaipuro, Miranda. Los efectivos no tenían orden de aprehensión y tampoco brindaron información alguna sobre los motivos por los cuales la detenían, o hacia dónde se dirigían con ella. 

Tras seis horas de búsqueda desesperada, dice Bárbara, finalmente la ubicaron en la estación policial del municipio Tomás Lander en Ocumare del Tuy, a más de tres horas de su residencia. 

Además de hacerse cargo de su propia bebé de diez meses, Bárbara está al cuidado de los otros hijos de Deysi, sus hermanos menores de siete años que “no paran de preguntar día y noche” dónde está su mamá. Peña, quien además de reportera es cabeza de hogar, forma parte de las siete personas trabajadoras de la prensa, detenidas en el marco de las recientes protestas y acusadas de “terrorismo”. Es la única mujer de ese grupo. 

Sin embargo, así como ella, hay otras 182 mujeres detenidas por el Estado en el marco de estas protestas, de acuerdo con datos recopilados por el Foro Penal, la ONG que desde hace años ayuda con acompañamiento jurídico a personas privadas de libertad por razones políticas. 

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) alertó a través de una publicación en su sitio web,  preocupantes circunstancias en las que estarían viviendo las mujeres privadas de libertad a raíz de la represión post-electoral. Específicamente se refirieron a unas 70 mujeres que están detenidas en el Centro de Formación para Procesadas Femeninas “La Crisálidas” de Miranda, y que de acuerdo con información suministrada por sus fuentes, son “sometidas a tratos inhumanos que van desde la tortura física y psicológica, hasta la negación de atención médica adecuada”. 

El OVP indicó que “las mujeres estarían siendo recluidas en grupos de diez personas en cada celda, y solo les dan un tobo o balde de agua para que todas puedan satisfacer sus necesidades básicas y de higiene”. 

La organización denuncia que las reclusas carecen de alimentación balanceada y sufren ataques por parte de la directora de le institución, que consisten en baños con agua fría, amenazas, tortura psicológica y constante uso del calificativo “terroristas”. Asimismo, las mujeres visitantes o familiares de las privadas de libertad también son sometidas a “requisas de naturaleza invasiva”, según lo que han confirmado en OVP:  “deben desnudarse y agacharse para que una custodia revise sus partes íntimas”. 

Presas políticas que no ejercen cargos políticos 

Aunque la mayoría de personas que fueron detenidas recientemente tienen alguna vinculación con los partidos políticos opositores, a otras solo se las llevaron por ejercer su legítimo derecho a la protesta, o por estar en el lugar y momento equivocados. 

Es el caso de la adolescente, Victoria. Su madre, Carmen Morillo, aparece en un par de videos suplicando que liberen a su hija en las redes sociales del Foro Penal. Cuenta que Victoria, de 16 años, fue detenida el 29 de julio junto a su prima Eli, de 25 años. Durante días no supo nada de ella, solo que finalmente la recluyeron en un centro para menores de edad. 

“No sé si come, no sé si duerme. Sufre de cólico nefrítico. Temo por la integridad de mi hija”, decía la madre en uno de los videos. Para este 14 de agosto Carmen Morillo confirma en entrevista para este medio que pudo verla y dice que está “bien”,

Victoria debería empezar este año su último grado escolar. Además del colegio, estudia música en la Orquesta Sinfónica local. Le gustan los instrumentos de cuerdas: el cuatro y la guitarra, sobre todo. También le interesa el modelaje y el maquillaje artístico. Así lo dice su hermana en un emotivo video que difundió entre sus amigos y que hoy su madre comparte para seguir presionando por su libertad. 

Tanto en el video, como en las fotos que corren junto a la etiqueta #LiberenaVictoria, se puede ver su rostro inocente. Carmen Morillo califica a Victoria como una chica “tranquila, responsable” y también destaca que tiene “muchos sueños y ambiciones”. Victoria es una adolescente que en sus tiempos libres compone canciones, a quien el Estado venezolano hoy acusa de “terrorismo”. Su madre solo pide que la liberen. “Quiero tener a mi hija en casa”, insiste.

La palabra “libertad” es terrorista

El 1 de agosto, habitantes de los Valles del Tuy eligieron una forma singular para salir a las calles a protestar. Escribir la palabra “Libertad” en la calle, utilizando para ello las harinas que vienen en sus cajas del CLAP. 

CLAP es un programa que desde el 2016 distribuye alimentos a través de comités locales. Ha estado rodeado de varias polémicas no solo de corrupción, sino también por la escasa calidad de los productos, y por ser utilizado como una forma de presión y control social: quien no apoye a Maduro, no recibe alimentos. 

Dioris Zárraga, habitante de un barrio popular en Ocumare del Tuy, fue detenida luego de esa espontánea forma de protesta. Es decir, Dioris fue arrestada por escribir «Libertad» con la harina de la caja Clap en el concreto del suelo.

Las fotos compartidas por los cuerpos de seguridad la muestran de espaldas, esposada como una criminal de peligro. Su arma, un celular.

Las adolescentes y mujeres detenidas en Venezuela enfrentan un riesgo elevado de sufrir abusos sexuales durante su reclusión. Estas situaciones son inaceptables y reflejan la falta de protección y respeto a sus derechos humanos por parte del Estado.

Desde las organizaciones de mujeres se exige que las detenidas tengan un trato digno, que se garantice su acceso a productos de higiene menstrual, y que se respete rigurosamente su debido proceso. Se deberían tomar medidas para asegurar la integridad física y emocional de estas mujeres, y que se reconozca su derecho a una defensa justa y transparente.

La criminalización injusta de mujeres y adolescentes por parte del Estado venezolano, además de la forma en la cual están siendo tratadas durante su detención, no solo vulnera sus derechos fundamentales, sino que también expone las profundas fallas en el sistema de justicia y en la protección de las personas más vulnerables.

Así lo expone la Asociación Cauce en un comunicado que ya lleva más de 180 firmas, donde organizaciones de mujeres y activistas, exigen justicia y cese a la violencia en contra de las mujeres en Venezuela. 

Nota original en Tejiendo Redes: Constructoras de Paz en Venezuela, el sitio web impulsado por IPYS (Instituto Prensa y Sociedad) Venezuela y la Red de Mujeres Constructoras de Paz. Republicada con autorización de su autora, María Laura Chang, en Redsonadoras.com.