En los últimos seis meses, al menos seis madres de presos políticos que dedicaron sus últimos días a la defensa de los derechos humanos de sus hijos, han fallecido. Dos madres más murieron poco días después de que sus hijos fuesen excarcelados. Sus historias revelan cómo la presión política también atraviesa y desgasta física, emocional y económicamente a las familias, especialmente a las mujeres que sostienen la búsqueda, el cuidado y la denuncia frente a la ausencia de respuestas del Estado
En Venezuela, la prisión política dejó de ser solo una vulneración de derechos fundamentales y una forma de castigar exclusivamente a quienes permanecen tras las rejas. El castigo se extendió hacia sus familias mediante desapariciones, retrasos judiciales, aislamiento, amenazas, traslados arbitrarios y ausencia deliberada de información oficial.
En ese circuito de desgaste e incertidumbre, al menos ocho madres de presos políticos murieron mientras esperaban la liberación de sus hijos, pocos días después de reencontrarse con ellos o sin haber podido despedirse; seis de ellas, fallecieron en los últimos seis meses.
Sus muertes revelan otra dimensión menos visible de la represión venezolana: el impacto físico, psicológico y económico que asumen las mujeres que sostienen la búsqueda, denuncia y supervivencia cotidiana de personas detenidas por razones políticas.
“El cautiverio político es una forma de violencia estatal que consume la existencia de familias enteras. Las causas de estos decesos, que transitan entre infartos, accidentes cerebrovasculares y complicaciones agudas, son el reflejo clínico de un duelo prolongado, de la vigilia constante ante centros penitenciarios y de la desolación que produce la falta de respuestas oficiales”, asegura la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) en su página web.
Aseguran que la muerte de una madre esperando por la la liberación de su hijo detenido no es un daño colateral sino la prueba de una “falla institucional absoluta”.
Una cadena de muertes atravesadas por la espera
El caso más sonado ha sido el de Carmen Teresa Navas de 81 años, fallecida el 17 de mayo en Caracas, diez días después de enterarse de que su hijo, Víctor Hugo Navas, había muerto meses atrás bajo custodia estatal y había sido sepultado sin notificación familiar en una fosa compartida.
Su hijo fue detenido arbitrariamente a inicios de 2025 y de inmediato fue víctima de desaparición forzosa. Durante 16 meses, Carmen Teresa Navas recorrió instituciones, cárceles, tribunales; exigió respuestas sobre su paradero, pidió una fe de vida y denunció públicamente la desaparición y posterior muerte de su hijo. Su fallecimiento expuso nuevamente el costo extremo de la incertidumbre prolongada y de la carga emocional que deben enfrentar los familiares de personas detenidas por motivos políticos.
El más reciente fallecimiento reportado es el de María Concepción Sánchez, madre del trabajador petrolero y preso político, Joan Enrique Cruz Sánchez, ocurrido el domingo 24 de mayo en San Juan de los Morros, estado Guárico. Diversas organizaciones informaron que la mujer había permanecido hospitalizada tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) el pasado 21 de mayo.
De acuerdo con versiones de su entorno, la crisis de salud se habría desencadenado tres días después de recibir la noticia de que su hijo no fue incluido en una reciente lista de excarcelaciones de trabajadores petroleros, 11 empleados de la refinería de Cardón y otros 16 que trabajaban en Cardón. Fuentes cercanas a la familia indicaron que la información le provocó un fuerte impacto emocional que derivó en el infarto.
Joan Enrique Cruz Sánchez permanece detenido sin sentencia en el marco del caso Pdvsa-Obrero, que agrupa a decenas de trabajadores petroleros desde 2024 y 2025, arrestados en medio de denuncias por supuestas irregularidades y conflictos laborales.
Meses antes, el 27 de enero de 2026, murió también por un accidente cerebrovascular Omaira Navas, madre del periodista Ramón Centeno, apenas 13 días después de su excarcelación.
Centeno permaneció casi cuatro años detenido en una causa cuestionada por organizaciones de derechos humanos y el gremio periodístico. Durante ese tiempo sufrió graves complicaciones de salud, incluida una fractura de cadera no atendida que lo dejó en silla de ruedas al momento de recuperar su libertad.
Su madre se convirtió en una de las voces más activas reclamando medidas humanitarias, atención médica y celeridad judicial. El Colegio Nacional de Periodistas afirmó que Omaira fue la representación de la resiliencia de muchas madres venezolanas que luchan por sus hijos injustamente detenidos.
También en enero falleció Yarelis Salas, de 39 años, tras sufrir un infarto, sin haber visto en libertad a su hijo Kevin Orozco, de 25 años. Orozco había sido detenido bajo cargos de conspiración y menoscabo a la integridad nacional, delitos señalados por organismos internacionales como herramientas de criminalización contra la disidencia.
Salas dedicó sus últimos meses a exigir justicia y participó en vigilias frente al penal de Tocorón, donde estaba recluido su hijo tras las protestas postelectorales de 2024. Kevin fue liberado cinco días después de su muerte. “Ninguna madre debería morir esperando la libertad de su hijo”, expresó la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP).
Otra historia similar fue la de Carmen Dávila, de 90 años, madre del ginecólogo Jorge Yéspica Dávila, fallecida el 20 de enero de 2026. Su hijo estuvo más de un año detenido en Tocorón por acusaciones de incitación al odio. Durante meses, Dávila participó en protestas y campañas públicas denunciando el deterioro físico, aislamiento y presuntas torturas sufridas por el médico en prisión.
Cuando Yéspica fue excarcelado bajo medidas cautelares, Carmen permanecía hospitalizada tras sufrir una crisis hipertensiva. Él logró llegar al centro médico para verla, pero ya estaba inconsciente y entubada. Ella murió dos días después.
En noviembre de 2025 falleció Yenny Barrios, expresa política y paciente oncológica, mientras su hijo Diego Sierralta seguía detenido. Su muerte ocurrió un día después de que organizaciones exigieran urgentemente la liberación de Diego para que pudiera reencontrarse con ella y acompañarla en su estado crítico.
No hubo respuesta oficial.
Barrios había sido detenida arbitrariamente en septiembre de 2024, atravesó quimioterapias y hospitalizaciones durante su proceso judicial y fue excarcelada en diciembre. Su salud se agravó durante ese período. Un mes después, su hijo Diego fue detenido mientras buscaba medicamentos para su tratamiento, en un caso que organizaciones calificaron como represalia política.
“La separación forzada impuesta por un sistema de persecución hace que esta pérdida sea aún más dolorosa”, denunció JEP. La ONG Provea calificó el caso como un acto de trato cruel, inhumano y degradante contra la familia.
El duelo y la separación forzada
Aunque la mayoría de los casos documentados corresponden a madres que asumieron un rol activo en la denuncia pública, la búsqueda de información y la exigencia de justicia para sus hijos —recorriendo cárceles, tribunales y organismos del Estado—, al menos dos historias evidencian otra dimensión del daño: la de madres de edad avanzada o con condiciones de salud vulnerables cuyo deterioro se profundizó durante el tiempo de separación forzada.
El 19 de marzo murió Yolly Alviarez, once días después de la excarcelación de su hijo, Henry Alviarez, dirigente de Vente Venezuela.
Henry permaneció dos años detenido en El Helicoide y continúa bajo régimen de presentación quincenal. Antes de morir, Yolly fue mencionada públicamente por su hijo como una de sus principales fuentes de fortaleza. “A menudo me preguntan de dónde saco la fuerza para seguir adelante tras los tiempos difíciles. La respuesta está en ellas. En la mirada sabia de mi madre, que me enseñó que la integridad no se negocia”.
A esto se suma María Cristina Evans, madre del politólogo Nicmer Evans, fallecida siete días después de su liberación de la DGCIM en 2020, tras recibir un indulto presidencial, anunciado para 110 dirigentes de oposición, presos políticos y exiliados.
Evans estuvo casi tres meses detenido por instigación al odio, luego de publicar un mensaje en redes sociales. Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas y de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar allanaron su vivienda.
Tras conocer la muerte de Carmen Teresa Navas, recordó a su madre:
“Madre patria Carmen Navas, me negué a verte, porque cada vez que te escuchaba recordaba a mi madre María Cristina, que murió 7 días después de mi salida de la DGCIM en el 2020, ella me esperó, como tú esperaste a Victor. Hoy, con el llanto de un hijo huérfano, me dejas el consuelo de saber que has ido al encuentro de por quien tanto luchaste”.
En estos casos, aunque estas madres no estuvieron necesariamente al frente de protestas o campañas, la angustia prolongada, la incertidumbre sobre el estado de sus hijos y la imposibilidad de compartir con ellos sus últimos meses o años de vida también tuvieron consecuencias devastadoras.
La prisión política no solo interrumpió vínculos familiares esenciales, sino que privó a estas mujeres del acompañamiento, cuidado y cercanía de sus hijos en etapas particularmente frágiles de sus vidas, una pérdida irreparable agravada por decisiones estatales que prolongaron innecesariamente la separación.
Víctimas secundarias de la prisión política
Según la organización Cepaz, estos casos evidencian el daño acumulativo que enfrentan las mujeres familiares de personas detenidas por motivos políticos.
En Venezuela, madres, esposas, hermanas o hijas suelen asumir la responsabilidad de garantizar alimentación, medicinas, ropa, asistencia legal y seguimiento médico para sus familiares encarcelados, ante la ausencia de garantías básicas dentro de los centros de detención.
Esto, señalan, implica costos profundos: viajes largos, gastos imposibles de sostener, revisiones degradantes, humillaciones, exposición a riesgos y abandono de sus propias rutinas, empleos y cuidados personales.
“El daño que enfrentan es continuo y acumulativo. No es un efecto colateral, sino una extensión directa de la violencia estructural. En un contexto de emergencia humanitaria, esta carga se intensifica”, advierte la organización.
Cepaz identifica a estas mujeres como víctimas secundarias: personas directamente impactadas por la represión estatal, aunque no sean quienes permanecen privadas de libertad. Pero también subraya otro elemento: estas mujeres no solo resisten. Documentan, denuncian, sostienen la memoria y se convierten en actoras fundamentales en la búsqueda de justicia.
“Es por ello que la respuesta debe entender su afectación como víctimas pero también su rol y sus voces en procesos de justicia y transformación”. Organizaciones de derechos humanos han insistido en incorporar atención psicosocial, acompañamiento multidisciplinario y mecanismos de reparación integral para familiares de presos políticos.
El impacto de la prisión política sobre las familias también ha sido estudiado desde el concepto de Sippenhaft, una práctica utilizada por el régimen nazi para perseguir, presionar y castigar a los familiares cercanos de quienes eran considerados opositores.
En el contexto venezolano, esta lógica se ha expresado mediante detenciones de familiares, desapariciones forzadas, amenazas, hostigamiento, aislamiento y torturas psicológicas dirigidas no solo contra quienes son perseguidos políticamente, sino también contra su entorno cercano. Padres, madres, hijos, hermanos, parejas y allegados han sido convertidos en blancos de presión y represalia.
Algunos de los casos más conocidos y documentados de prácticas asociadas al Sippenhaft en Venezuela han sido denunciados por organizaciones como el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU y distintas ONG, al menos, desde las protestas masivas de 2017.
Entre ellos destaca el caso de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, detenida junto a varios miembros de su familia, incluidos su hija, hermanos, exesposo y actual pareja. También el de la periodista Ana Carolina Guaita, arrestada cuando funcionarios no lograron localizar a sus padres; o el de familiares del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa y del dirigente Biagio Pilieri, cuyos allegados también fueron detenidos. Organizaciones han advertido que estas acciones buscan trasladar la presión y el castigo hacia el entorno familiar de personas consideradas opositoras o disidentes.
“Murió de dolor”: el lenguaje colectivo frente a la pérdida
Tras conocerse la muerte de Carmen Teresa Navas, las redes sociales se llenaron de mensajes que repetían una misma idea: “murió de dolor”, “murió de tristeza”, “murió de pena”, “murió con el corazón roto”.
Estas expresiones han sido utilizadas para nombrar el sufrimiento acumulado que han tenido que enfrentar muchas familias de presos políticos en Venezuela, especialmente las mujeres que sostienen la espera, la denuncia y el cuidado cotidiano. Pero también demuestran que hay una percepción colectiva sobre el impacto emocional y físico que puede provocar una búsqueda interminable atravesada por incertidumbre, desgaste y violencia institucional.
Diversos estudios médicos han documentado cómo situaciones de estrés extremo, duelo prolongado e incertidumbre sostenida pueden tener consecuencias físicas severas, especialmente en mujeres mayores o con condiciones de salud preexistentes.
Un aumento repentino y sostenido de hormonas del estrés puede afectar temporalmente el funcionamiento cardíaco y aumentar el riesgo de eventos cardiovasculares, particularmente en mujeres mayores de 50 años, uno de los grupos más vulnerables a esta condición.
Entre estas afecciones se encuentra el llamado síndrome del corazón roto, también conocido como miocardiopatía por estrés o síndrome de Takotsubo: una alteración cardíaca temporal desencadenada frecuentemente por emociones intensas, muerte de un ser querido o pérdidas repentinas, además de situaciones de alta presión psicológica o una discusión acalorada.
“A menudo, un suceso físico o emocional intenso es el que da paso al síndrome del corazón roto. Todo aquello que cause una reacción emocional fuerte puede desencadenar esta afección”, señala un estudio de MayoClinic.
En el contexto venezolano, donde madres, esposas e hijas de presos políticos asumen durante meses o años la carga de sostener alimentación, medicinas, asistencia legal y búsqueda de información en condiciones precarias, el impacto del estrés crónico adquiere una dimensión aún más profunda.
Aunque no existe evidencia para confirmar la relación de estos fallecimientos con el “síndrome del corazón roto”, en varios de los casos documentados, las muertes ocurrieron tras meses o años de presión emocional extrema, deterioro físico, incertidumbre judicial y separación forzada de sus hijos. Incluso, varias de estas mujeres murieron tras cuadros cardiovasculares como accidentes cerebrovasculares, crisis hipertensivas o infartos, en contextos atravesados por largos períodos de angustia, separación forzada, incertidumbre judicial y desgaste físico.
Ese patrón ha llevado a organizaciones de derechos humanos y especialistas a insistir en que el impacto de la prisión política también debe analizarse desde sus consecuencias sobre la salud mental y física de los familiares, ya que puede deteriorar progresivamente la salud física de quienes sostienen la espera.
Recordar quienes son los responsables
Las muertes de Carmen Teresa Navas, Omaira Navas, Yarelis Salas, Carmen Dávila, Yenny Barrios, Yolly Alviarez y María Cristina Evans muestran que la prisión política en Venezuela no es un hecho aislado: sino como parte de una crisis que se extiende más allá de las cárceles y alcanza de forma directa la salud y la vida de quienes esperan afuera. También desgasta, enferma y, en algunos casos, mata a quienes esperan del otro lado de las rejas.
Asimismo, reorganiza violentamente la vida doméstica, profundiza las cargas históricas de cuidado asignadas a las mujeres y deteriora su salud física y mental.
En un comunicado, la organización JEP plantea la necesidad de cambiar la estrategia de documentación y exigencia de justicia frente a casos de presos políticos y sus familias, incorporando la idea de “daño extensivo” o impacto en la salud y vida de los familiares como posible responsabilidad del Estado.
Propone que las organizaciones de derechos humanos amplíen sus registros para incluir el deterioro físico y emocional de los núcleos familiares como parte de las violaciones a la integridad personal, vinculándolos a acciones u omisiones de los entes penitenciarios y judiciales.
También plantea la activación de mecanismos internacionales —como la ONU, la CIDH y la Corte Penal Internacional— para que estos casos sean considerados dentro de posibles patrones sistemáticos de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
Finalmente, enfatiza la necesidad de construir expedientes individuales y promover responsabilidades penales contra funcionarios involucrados en detenciones arbitrarias, dilaciones procesales o incumplimiento de medidas internacionales, subrayando que estas prácticas deben tener consecuencias jurídicas a nivel internacional.
“Hacer memoria por ellas es un acto de resistencia absoluta contra la normalización del horror. Sus nombres ya no pertenecen a la crónica del dolor, sino al altar invisible de la dignidad de todo un país”, cierra el comunicado.
