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Liderar al borde del abismo: cuando las mujeres quedan al frente de la política venezolana

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El inédito ascenso de mujeres al centro del poder en Venezuela ocurre en el momento de mayor colapso político e institucional. Lejos de representar un avance sostenido hacia la igualdad de género o una conquista feminista, politólogas advierten que estas designaciones responden al fenómeno del “acantilado de cristal”: liderazgos femeninos llamados a gestionar crisis casi irresolubles, con alto costo político y escaso margen de maniobra, mientras las estructuras tradicionales se resguardan del fracaso

El 2026 inició con un giro histórico en el escenario político venezolano: por primera vez en la historia reciente, todos los principales liderazgos del país son encabezados por mujeres. Un marcado contraste con respecto a las elecciones presidenciales del 2024, que no contaron con candidatas mujeres en el tarjetón. 

Hoy tenemos al frente a Delcy Rodríguez, figura clave del oficialismo que pasó de la Vicepresidencia Ejecutiva a ejercer la jefatura del Estado, en condición de presidenta encargada, luego de que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenara su asunción tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en una operación militar ocurrida el 3 de enero de 2026, lo que fue interpretado dentro del marco legal como una “falta temporal” que debía ser suplida conforme a la Constitución para garantizar la continuidad administrativa del país. También María Corina Machado continúa como líder principal de la oposición desde su victoria en las primarias de 2022. Incluso Laura Dogu, la nueva encargada de negocios designada por EEUU para atender el caso de Venezuela, es mujer. 

Pero este ascenso simultáneo de las mujeres al centro del poder no puede atribuirse completamente a un avance hacia la igualdad de género. Estas designaciones no parecen surgir precisamente como una respuesta de apertura democrática, sino más bien como una forma de respuesta estratégica para la gestión de la crisis. Dicho patrón ha sido estudiado en distintos contextos y recibe el nombre de “acantilado de cristal” en la teoría política y organizacional.

Alicia Montiel, politóloga y consultora política, explicó que el concepto de “acantilado” alude, justamente, al riesgo implícito de esas designaciones.

“Son cargos a los que se llega cuando la posibilidad de fracaso es muy alta, cuando el margen de maniobra es mínimo y el costo político o reputacional está prácticamente garantizado”, explicó la especialista.

Comentó que este patrón también cumple una función simbólica dentro de las dinámicas de poder, porque desplazar el riesgo hacia figuras femeninas permite proteger liderazgos masculinos previamente consolidados. “Cuando ya no hay respuestas y las soluciones parecen agotadas, se abre espacio para que una mujer asuma el mando, incluso como una forma de resguardar trayectorias masculinas y evitar que sean ellas las que carguen con el costo del fracaso”.

La politóloga Carmen Herrera agrega que este escenario no siempre se presenta como una oportunidad visible de promoción, sino como “una trampa política cuidadosamente construida”. 

“No se trata de un ascenso real, sino de una oferta que llega cuando el cargo ya está atravesando una crisis prácticamente insolucionable. Muchas mujeres aceptan estos cargos no porque las condiciones sean favorables, sino porque representan la primera, y a veces la única ocasión real de acceder a espacios de poder que históricamente les han sido negados. La alternativa suele ser seguir esperando una oportunidad que nunca llega”, explicó.

La experiencia internacional muestra que el “acantilado de cristal” se ha repetido en distintos países y momentos históricos, destacando el caso de Theresa May como primera ministra del Reino Unido en 2016, quedando a la cabeza de una crisis política y económica inmediatamente posterior al referéndum del Brexit. En Australia, Julia Gillard llegó al gobierno tras la fragmentación interna del Partido Laborista que desencadenó dudas sobre su legitimidad durante todo su periodo. En Finlandia, Sanna Marin encabezó el Ejecutivo durante la pandemia de COVID-19, enfrentando una crisis sanitaria combinada con críticas centradas en su edad, su vida personal y su estilo. Asimismo, Xiomara Castro en Honduras y Dina Boluarte en Perú asumieron la presidencia en contextos de inestabilidad institucional, falta de confianza en los liderazgos masculinos y polarización. 

Y en el caso venezolano, no es casualidad que este reordenamiento del poder de la política ocurra luego de la profundización de la crisis por el vacío de poder que dejó la operación del gobierno de Estados Unidos contra Nicolás Maduro y el desgaste de los liderazgos masculinos tradicionales, tanto del oficialismo como de la oposición, que hoy generan desconfianza o apatía. 

Los resultados de la encuesta Latam-Wide de AtlasIntel y Bloomberg de enero de 2026 confirman el deterioro de la imagen pública de los principales líderes masculinos opositores que dominaron la escena política venezolana durante la última década. Juan Guaidó presenta apenas 29 % de imagen positiva, frente a 34 % negativa y un elevado nivel de indefinición (37 %. Henrique Capriles, excandidato presidencial y actual diputado registra 15 % de valoración positiva, con 25 % negativa y un 60 % de respuestas “no sabe”, después de  haber conseguido el 49,12% de los votos en las elecciones presidenciales del 2013. Leopoldo López aparece aún más rezagado, con solo 16 % de imagen positiva, 24 % negativa y 61 % de indefinición, lo que sugiere una figura de liderazgo ya desdibujada.

Política

Sin mencionar la ausencia de otros liderazgos con legitimidad social y política que deben permanecer fuera del radar público por encontrarse en el exilio, en la clandestinidad como Delsa Solórzano, o privados de libertad como Juan Pablo Guanipa.

Eva Sabariego, politóloga y directora de EmpoderaME, mencionó también que las mujeres asumen la vocería en escenarios de mayor peligro, y el éxito o el fracaso de la estrategia recae absolutamente sobre la figura femenina. “Son ellas quienes asumen el costo personal, legal y reputacional del desenlace, mientras las estructuras de poder tradicionales observan desde lejos”, puntualizó Sabariego. 

Liderazgo femenino como última carta

En el ámbito hispanoamericano, autoras como Tània Verge y Silvia Claveria, han analizado el fenómeno al mostrar cómo las mujeres suelen ser llamadas a ocupar cargos de liderazgo para “salvar el día” cuando estallan escándalos protagonizados por hombres, ya sea por corrupción, abuso de poder, violencia o escándalos sexuales.

Alicia Montiel señaló que mientras que los escándalos empresariales suelen resolverse con menor exposición pública, las crisis políticas están inevitablemente sometidas al escrutinio ciudadano. La política, recordó, es un servicio público, y quienes ocupan cargos electos no responden a accionistas, sino a votantes, lo que hace que los costos reputacionales sean mayores y más visibles.

Allí es donde la investigación académica identificó que ciertos estereotipos tradicionalmente asociados a las mujeres son percibidos como especialmente útiles en momentos de crisis y se instrumentalizan para suavizar la imagen de los gobiernos, como la empatía y el rol de cuidadoras.

“Cuando un hombre falla en política, se habla de errores estratégicos, de coyunturas adversas, de sistemas complejos. Cuando falla una mujer, la narrativa cambia: se cuestiona su capacidad, su temple, su liderazgo. El error deja de ser individual y se convierte en colectivo, y refuerza estereotipos históricos en donde las mujeres son “buenas para limpiar crisis”, pero no para gobernar en tiempos normales”, destacó Montiel.

Carmen Herrera explica que, en contextos normales, las cúpulas mayoritariamente masculinas tienden a promover y validar a perfiles similares a los suyos, reproduciendo liderazgos masculinos de forma sostenida. Las mujeres, aunque participan activamente, suelen quedar relegadas a tareas de coordinación comunitaria o trabajo de base —sin acceso a la vocería ni al reconocimiento público— y quien no tiene vocería difícilmente acumula legitimidad. Por eso, incluso cuando las mujeres realizan trabajo sustantivo, los logros suelen ser capitalizados por hombres que ocupan el espacio protagónico.

Cuando sobreviene una crisis porque los liderazgos tradicionales comienzan a “quemarse”, asumir la vocería se vuelve demasiado costoso.

Herrera lo atribuye a que ese acceso ocurre en condiciones profundamente adversas, porque la expectativa social es inmediata, la tolerancia al error es mínima y el castigo político suele ser más severo. “La mujer que asume no solo debe gestionar la crisis, sino también enfrentar una mayor exposición, ataques personalizados y una evaluación constante de su capacidad”.

Gobernar sin margen de maniobra

Desde la teoría del acantilado de cristal, Montiel interpreta la designación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada como un mecanismo de “lavado de cara” del chavismo, en medio de negociaciones de alto nivel que permanecen fuera del conocimiento público.

“Sobre el 3 de enero no tenemos todos los elementos, no sabemos realmente qué pasó ni qué está ocurriendo en este momento, pero circulan múltiples versiones: desde quienes sostienen que Maduro fue entregado, hasta quienes afirman que salió del país por decisión propia. Algún día sabremos todo eso, pero mientras tanto, lo que sí puede afirmarse es que Rodríguez asume un liderazgo profundamente condicionado”, asevera.

Según la especialista, la presidenta encargada se encuentra atrapada entre expectativas contradictorias que hacen extremadamente difícil consolidar respaldo político. “Debe responder a una base chavista, que observa con desconfianza su relación con el gobierno de Estados Unidos, su interlocución con la administración Trump y la recepción de funcionarios estadounidenses; pero debe mantener un discurso público de exigencia por la liberación de Maduro y Cilia Flores de su secuestro”.

En América Latina, se puede identificar el patrón en la gestión de Dilma Rousseff en Brasil, que permitió una recomposición parcial del capital político del Partido de los Trabajadores y facilitó el retorno de Luiz Inácio Lula da Silva al poder.

A su criterio, resulta igualmente improbable que Rodríguez logre generar confianza en la oposición y en una mayoría de venezolanos que rechazan al chavismo. “Está en una posición en la que sólo puede fracasar, justo como lo indica la teoría del acantilado de cristal”, resumió la consultora política.

Reconocimiento tardío

El acantilado también está presente cuando las mujeres acceden al liderazgo tras largos periodos de exclusión. El ejemplo de María Corina Machado en este caso resulta particularmente ilustrativo.

“Durante buena parte del período chavista, Machado intentó posicionarse como una alternativa política sin lograr el reconocimiento que probablemente habría obtenido un dirigente masculino en condiciones similares”, expuso. 

La consultora Montiel consideró igualmente que el respaldo masivo a Machado no se produjo sino hasta que otros liderazgos masculinos se agotaron, y cuando se hizo visible la estrategia de custodia de las actas electorales del 28 de julio, que había sido planteada por la dirigente en años anteriores sin encontrar eco. Aún así, pese a haber sostenido una campaña centrada en su figura y al considerable esfuerzo físico y emocional que ello implicó, María Corina Machado no sería quien asumiera la Presidencia, pues debió canalizar ese capital político a través de la candidatura de un hombre, una decisión condicionada por las circunstancias políticas del momento. Recordó además que la primera alternativa femenina, la académica Corina Yoris, fue excluida del proceso, lo que terminó por reforzar la paradoja de un liderazgo femenino ampliamente legitimado que no pudo traducirse en una postulación directa.

Carmen Herrera también alude a que Machado —a pesar de ser una figura con larga trayectoria pública— sólo logró consolidarse como lideresa opositora en el momento más crítico del deterioro democrático, añadiendo presión extrema y una volatilidad alta del respaldo ciudadano. En este escenario, la expectativa de “salvación” suele ser tan elevada que cualquier resultado insuficiente se traduce rápidamente en críticas, por haber asumido en un momento prácticamente irresoluble. 

“Durante años fue considerada una outsider, ajena a la cúpula opositora dominada por hombres, cuyos liderazgos se fueron desgastando progresivamente. Machado obtiene reconocimiento precisamente por ese carácter externo al patrón dominante, lo que le permitió ganar las primarias y convertirse en referente. Sin embargo, lo hizo en el peor momento posible: con una crisis profunda y sin condiciones para desarrollar una gestión o un proyecto político a largo plazo. Su liderazgo, en ese contexto, se convierte en una tarea constante de contención y respuesta inmediata”, sostuvo.

Pero no es el único riesgo asociado a la teoría: también existe la posibilidad de que se minimicen los logros reales de las mujeres líderes al presentar sus éxitos únicamente como respuestas excepcionales a dichas situaciones límite.

Los estereotipos de género a su vez continúan influyendo de forma decisiva en la manera en que la opinión pública evalúa a las mujeres que asumen roles de liderazgo. Eva Sabariego advierte que las mujeres no solo enfrentan los desafíos políticos o técnicos del cargo, sino también una carga simbólica adicional asociada a su género, porque una misma conducta puede ser interpretada de manera radicalmente distinta dependiendo de quién la ejerza. 

“Si una mujer tiene una actitud firme y decisiva en un contexto de crisis puede ser atacada por ser ‘poco femenina’ o ‘agresiva’, por encajar o no en dinámicas sociales preconcebidas. Si esa misma actitud viene de un hombre, suele asociarse positivamente con control y dominio de la situación”, afirma. 

Ese escrutinio diferenciado tiene efectos que van más allá del caso individual. De acuerdo con Sabariego, los errores de una mujer en posiciones de alta visibilidad se maximizan y terminan repercutiendo de forma ejemplarizante sobre otras mujeres.

La politóloga Montiel coincide en que la concepción de que la mujer debe ser primero esposa y madre, mientras que el protagonismo público y político se reserva para el hombre continúa operando como una barrera invisible en la política contemporánea.

Esta resistencia no es exclusiva de países con democracias frágiles o sistemas políticos cerrados. Incluso en contextos considerados consolidados, como Estados Unidos, se han reproducido dinámicas similares. Montiel recordó los casos de Hillary Clinton y Kamala Harris, dos candidatas con amplias credenciales políticas y experiencia institucional, cuya imagen pública fue evaluada bajo estándares distintos a los aplicados a sus contrincantes.

“Aunque el género no puede considerarse la única variable explicativa de esos resultados electorales, es difícil no preguntarse por qué dos mujeres con trayectorias sólidas perdieron frente a un candidato que no tenía experiencia política ni formación en el funcionamiento bipartidista del país”, apuntó la especialista aludiendo a Donald Trump.

En ese sentido, Montiel insistió en que los partidos políticos y las estructuras tradicionales de poder han funcionado históricamente como espacios predominantemente masculinos que han promovido principalmente las carreras de otros hombres dentro de sus propias filas. Como resultado, incluso cuando emergen liderazgos femeninos visibles y con respaldo social, estos enfrentan mayores obstáculos para traducirse en poder institucional efectivo. 

Cuando la crisis pasa, ¿el poder retrocede?

Sabariego advierte que el sistema tiende a revertir a sus patrones masculinos tradicionales cuando la crisis pasa, por la falta de mecanismos que aseguren esa permanencia en el poder de las mujeres que ascendieron por coyunturas políticas. “Resulta más fácil responsabilizar al género femenino si la estrategia fracasa y volver a un liderazgo masculino tradicional. Las mujeres aceptan estos puestos como su única vía de escalar, y los hombres la evitan para proteger su carrera o reputación”, refirió.

En Venezuela, esta fragilidad estructural se ve agravada por la ausencia de una normativa robusta que garantice la participación igualitaria de las mujeres en los espacios de poder. El Centro de Justicia y Paz (Cepaz) en 2023 documentó que ni la Ley Orgánica de Procesos Electorales ni la Ley de Partidos Políticos establecen de forma clara y vinculante criterios de paridad y alternabilidad. Lo que ha existido hasta ahora son iniciativas que se han limitado a resoluciones administrativas de carácter temporal, con bajo rango normativo, publicación intempestiva y sin mecanismos eficaces de sanción.

La directora de EmpoderaME reconoce que el debate sobre las leyes de paridad sigue abierto, pero que sin presión legal, la experiencia demuestra que las estructuras de poder no ceden de forma voluntaria.

“El debate sobre la Ley de paridad aún no tiene un consenso definitivo. Por un lado, se presentan como una herramienta necesaria para obligar la participación equitativa en espacios públicos y romper el bloqueo histórico. Por otro lado, existe la crítica de si es beneficioso que esta participación sea impuesta por ley en lugar de ser un proceso espontáneo y voluntario. Quienes cuestionan la ley temen que se perciba como una concesión y no como un reconocimiento al mérito, mientras que sus defensores argumentan que, sin una obligación legal, el sistema nunca cederá espacios voluntariamente”.

La estructura misma de los partidos políticos son otra clave para entender por qué el liderazgo femenino sigue siendo excepcional (y no la norma) en la política venezolana. Estos están históricamente diseñados y dirigidos por hombres, añade la politóloga Carmen Herrera.

“En Venezuela, los partidos políticos han estado mayoritariamente liderados por hombres, no solo en la práctica, sino también en sus reglamentos y en la forma en que están organizados. Esto contrasta con lo que ocurre a nivel comunitario, la organización y la coordinación comunitaria están protagonizadas por mujeres, pero ese trabajo no suele traducirse en visibilidad política ni en vocería pública”.

Este desequilibrio en la legitimidad -donde las personas terminan otorgándole mayor protagonismo a quien hace la vocería y no al que está coordinando y sacando adelante el trabajo de hormiga en las comunidades- responde a patrones tradicionales de ascenso dentro de los partidos, donde no existen procesos democráticos sólidos para la elección interna de liderazgos. 

“No hay estructuras democráticas reales de elección; las decisiones suelen tomarse de manera unidireccional, a dedo, por una sola persona. Ese mecanismo facilita que se reproduzcan siempre los mismos perfiles. Quien decide suele reproducir el mismo patrón que lo puso a él en el poder”, apuntó Herrera.

Ahora, para evitar que el acceso de las mujeres a los espacios de decisión quede limitado a contextos de crisis requiere transformaciones estructurales, no soluciones simbólicas ni coyunturales. El primer paso, remarcó Herrera, es un proceso de concientización ciudadana y formación cívica que debe ser sostenido en el tiempo.

“Las personas deben entender que, incluso en medio de una crisis o una emergencia, el liderazgo no puede ni debe recaer en una sola persona. Esta visión permitiría aliviar la carga desproporcionada que suele recaer sobre las mujeres”, prosiguió. 

Ese giro implicaría desmontar dos pilares profundamente arraigados en la cultura política venezolana: el mito del salvador y el personalismo. Para la politóloga, se trata de que los ciudadanos entiendan que la resolución de una crisis no depende de que una mujer lo solucione todo, sino de un equipo estratégico más amplio, conformado por ella y por otras personas que influyen de distintas formas en la solución del problema.

En el plano partidista, Herrera fue enfática en la necesidad de democratizar los mecanismos de selección interna. A su juicio, mientras predominen prácticas como el amiguismo o el nepotismo, las desigualdades se seguirán reproduciendo. “Si tú te pareces a mí, si estás más cerca de mí, eres quien asume. Ese patrón es el que hay que romper”, advirtió, porque los partidos políticos son de los principales nichos de participación política de las personas.

Mujeres

La lucha por la libertad de los presos políticos también la sostienen las mujeres

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En Venezuela, las excarcelaciones de presos políticos avanzan con lentitud, poca transparencia y libertad condicionada. En esa espera —en la calle, ante los penales, frente a la prensa— quienes sostienen la lucha por justicia y reparación son, mayoritariamente, madres, esposas y hermanas

Un piquete de la Policía Nacional Bolivariana custodia un penal con presos políticos y al frente, en el piso, una mujer yace con una cobija rosada sobre su cuerpo. Parece haber logrado conciliar el sueño ante la mirada impasible de los funcionarios. Esa imagen evidencia cómo avanza el proceso de excarcelaciones en Venezuela 14 días después de que el gobierno interino de Delcy Rodríguez anunciara la salida de prisión de “gran número” de personas: con lentitud, escasa transparencia, libertad condicionada y la condena familiar a una eterna espera. 

Acostarse en la calle. Denunciar una y otra vez ante la prensa el caso de los suyos. Orar a ver si un milagro se cumple y las puertas se abren. Un ciclo, un bucle. Ser familiar de un preso o de una presa política te convierte en eso: una persona insistente frente a una circunstancia cargada de irregularidades. 

Fotografía: @realidadhelicoide
Fotografía: @realidadhelicoide

Lo innegable, porque es claro frente a las cámaras y ante cualquier persona que esté cerca, es que esa lucha por la libertad, la justicia y la reparación tiene nombres de mujeres detrás. De mujeres que se mueven diariamente por el reencuentro en un sistema que no solo vulnera los derechos de sus seres queridos, sino también los individuales. 

Parecen situaciones tácitas, pero no. Todas revelan una realidad: las detenciones arbitrarias también afectan de forma diferenciada a hombres y mujeres. La desigualdad basada en género sobresale sin importar si ellas están dentro de una celda o a las afueras de un centro de reclusión pidiendo una fe de vida.

Sencillamente: es otra dimensión de la violencia del Estado y el sistema de justicia de Venezuela contra las mujeres.

El Centro de Justicia y Paz (Cepaz), así como otras organizaciones defensoras de derechos humanos, enfatizan que los actos de persecución y criminalización política en Venezuela son generalizados. Es decir, afectan a mujeres y hombres por igual. 

Familiares de presos políticos en Venezuela pasan la décima noche esperando información sobre sus seres queridos, a las afueras del Centro de Detención de la Zona 7 de la Policía Nacional en Caracas, Venezuela. Fotografía: REUTERS/Gaby Oraa

Lo que dicen está respaldado con datos: de al menos 1.000 personas detenidas por razones políticas, según registros extraoficiales, 700 u 800 son hombres y el resto mujeres. Sin embargo, cuando la tortura y/o el trato cruel se ejerce sobre ellas, destacan patrones discriminatorios que se generan por motivos de género.

“No hay una política de persecución contra las mujeres, pero el daño que se causa a mujeres detenidas por razones políticas por supuesto que sí tiene unos efectos diferenciados, precisamente por su condición de mujer”, señala Martha Tineo, abogada y activista.Tineo explica que esto ocurre desde el momento de la detención y en los procesos de tortura: “Son sometidas a tratos crueles que tienen que ver con humillarlas y denigrarlas por ser mujeres. Las torturas refieren a razones de género. Sufren ofensas, tocamientos, violencia sexual. Hay un daño diferenciado contra ellas”.

Entre las 143 excarcelaciones de presos políticos desde el 8 de enero de 2026, según datos del Foro Penal Venezolano, familiares han denunciado que las mujeres han sido minoría.

La vulneración femenina tiene registro

El último informe de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU, publicado en septiembre de 2025 y que documenta la violación de derechos humanos desde el 28 de julio de 2024 hasta agosto pasado, incluyó un apartado de violencia sexual y basada en género porque hay hechos que demuestran esta diferenciación. 

En el último año y medio, la Misión registró un aumento de casos de violencia sexual y de género contra mujeres, niñas y adolescentes, así como hombres privados de libertad. Conocieron los casos a través del testimonio de organizaciones, testigos y familiares. Estas personas fueron víctimas de sexo transaccional coercitivo, requisas masivas con desnudez forzada, violencia reproductiva y posibles actos de esclavitud sexual y/o prostitución forzada. 

Entre julio de 2024 y agosto de 2025, se documentaron 22 casos de este tipo en seis estados de Venezuela. 

Todas las tardes, durante las semanas de septiembre de 2024, las familias se reunían para rezar y cantar alabanzas fuera del penal de Tocuyito, en el estado Carabobo. Todo empezaba con un círculo de oración. La mayoría de sus integrantes eran mujeres: madres, esposas, hijas, nietas, sobrinas o tías. Fotografía: María José Dugarte

“Al menos una mujer y cinco adolescentes (15-17 años) fueron sometidas a explotación sexual a través de actos de sexo transaccional coercitivo. Una mujer que estuvo detenida en una dependencia de la GNB por cuatro meses informó a la Misión que fue testigo de un acto de violencia sexual contra otra mujer privada de libertad. También informó que los sargentos hombres exigían a las mujeres mantener relaciones sexuales a cambio de acceso a llamadas telefónicas”, señala el informe. 

Hay diversas situaciones que evidencian la desigualdad sistemática y la violencia que sufren las mujeres en prisión porque requieren otro tipo de atenciones que, normalmente, no son consideradas cuando se trata de un hombre. 

Si se nombra lo más sencillo: ellas necesitan acceder a productos de higiene menstrual y servicios de salud sexual con regularidad. Si se complejiza: hay mujeres privadas de libertad con un embarazo en desarrollo o en proceso de lactancia que necesitan condiciones mínimas para culminar estas etapas de su vida, que además es compartida con su hija o hijo.

Aun así, durante la represión postelectoral de 2024, dos mujeres embarazadas fueron arrestadas arbitrariamente y ninguna recibió la atención médica gineco-obstétrica que requerían, según la Misión de la ONU. El reporte detalla que “a una de ellas, con un embarazo de alto riesgo de 11 semanas cuando fue detenida, se le denegó la realización de ecografías y pruebas de control durante la detención. Otra mujer, detenida el 2 de agosto de 2024 por la GNB, fue separada de su bebé lactante y sólo se le permitió amamantarlo ocasionalmente y a discreción de sus custodios. Estos le exigieron favores sexuales (sometimiento a través de la coerción sexual) a cambio de permitirle alimentar regularmente a su bebé”.

Familiares de presos políticos en Venezuela pasan una sexta noche durmiendo en el suelo frente a las cárceles mientras esperan las liberaciones de sus allegados. Fotografía: REUTERS/Gaby Oraa

El informe La violencia en femenino –  El Libro Violeta de la represión en Venezuela, elaborado y publicado por Cepaz en noviembre de 2024, recoge el testimonio de una menor de edad que estaba embarazada y sufrió malos tratos durante su detención: “Fue obligada a realizar ejercicios físicos, como saltar y trotar, mientras la amenazaban con forzarla a abortar, «para que no pariera a un guarimbero»”.

La violencia en femenino explica que “los comentarios, amenazas y actos de contenido misógino y sexual, pronunciados en momentos de extrema vulnerabilidad, buscan intimidar y deshumanizar a las mujeres, exacerbando el abuso de poder y la violación de sus derechos fundamentales durante la detención”. 

Estos patrones diferenciados de violencia no son nuevos. El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) ha explicado en varios informes que el país “no ha desarrollado políticas penitenciarias acordes a los estándares internacionales para la construcción de espacios para mujeres”. 

Solo hay dos espacios medianamente compatibles con la reclusión de mujeres, el INOF y La Crisálida; incluso así, los tratos con perspectiva de género son exiguos, especialmente cuando se trata de presas políticas. 

Emirlendris Benítez: cuando la tortura y la violencia detienen tu vida


Martha Tineo recuerda el caso de Emirlendris Benítez, una mujer que fue detenida la madrugada del 5 agosto de 2018 y resultó implicada, sin pruebas, en el magnicidio fallido de Nicolás Maduro, Cilia Flores y el alto mando militar.

Benítez fue sometida a torturas aunque manifestó a los funcionarios que estaba embarazada. El libro Ahora van a conocer el diablo documenta que le martillaron el pulgar del pie derecho. La asfixiaron con una bolsa plástica mientras sumergían su cara en un tobo con agua. La golpearon en la zona abdominal y le aplicaron descargas eléctricas en el estómago, a pesar de conocer esta información.

“Las torturas le produjeron un aborto y le fue practicado un curetaje sin su consentimiento, sin ni siquiera tener conciencia. Todo eso devino a que ahora está en silla de ruedas. No puede caminar por sus propios medios. Entonces, ahí vemos cómo aplicar el mismo tipo de torturas a una mujer, con las condiciones físicas de una mujer, puede tener impactos distintos”, detalla Tineo, quien lleva un registro muy cercano del caso.

Emirlendris Benitez, presa política

Emirlendris es madre de dos hijos, una joven que ahora vive fuera de Venezuela y un niño que está al cuidado de su papá. Ellos también sufrieron una vulneración de sus derechos como menores de edad: la prohibición de ver y estar con su mamá.

A Emirlendris la condenaron a 30 años de prisión, pena máxima en Venezuela. Ella es una de las 16 presas políticas preelectorales. Desde la desaparición forzada que sufrió, su caso lo han visibilizado dos mujeres: Beatriz y Melania Benítez, sus hermanas, quienes también han sido violentadas de múltiples formas.

La carga de cuidado como forma de violencia

Cepaz señala que “las mujeres familiares de los presos políticos, que en definitiva son mayoritariamente hombres, enfrentan una dimensión de violencia poco visibilizada. Estas madres, esposas y hermanas, quienes quedan a cargo no sólo de la búsqueda de justicia, sino del cuidado de sus familiares que el Estado no garantiza, no solo soportan la separación y el sufrimiento por sus seres queridos, sino que también son criminalizadas y perseguidas”.

Enfrentan violencia de género, insultos sexistas, agresiones físicas y sexuales en allanamientos y detenciones de sus familiares, y lo que se ha visto en los últimos días: tratos crueles constantes que se manifiestan con negativas de que su ser querido se encuentra en determinado penal; prohibición de visitas; y el aislamiento. 

Familiares de presos políticos esperan afuera de la cárcel de El Rodeo, después de que se anunciara que varios prisioneros serían liberados, en El Rodeo, estado Miranda. Fotografía: REUTERS/Gaby Oraa

“Recientemente, una mujer nos decía que su hermano estuvo en situación de desaparición forzada unos cuantos meses y cuando finalmente logró ubicar el centro de reclusión en el que estaba, y logró ingresar, fue abusada sexualmente. Lo que le dijeron los funcionarios que hicieron esto fue: «Bueno, mira, esto para que no te queden ganas de seguir viniendo para acá»”, indica Martha Tineo, quien coordina también la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP).

Todas son situaciones que profundizan la desesperación y el trauma familiar e individual. Son heridas que cargan las mujeres venezolanas en medio de una crisis humanitaria compleja que persiste.

Hay que tratar de dimensionarlo: si las estimaciones extraoficiales de las ONG señalan que hay más de 1.000 presos políticos en Venezuela, entonces hay mil familias cuyos derechos humanos son violentados a diario. 

Como es el caso de Carmen Farfán, una mujer de 56 años, quien desde el 25 de noviembre de 2025 no ha parado de buscar respuestas sobre su hijo, José Gregorio Reyes Farfán, y su nuera Marylin Del Valle Gil. Ambos fueron detenidos de manera arbitraria en Monagas por agentes de la División de Inteligencia Estratégica (DIE) de la PNB. 

Carmen cuenta que su nuera fue detenida junto con su nieto de 14 años. Ella no presenció el allanamiento porque se encontraba con su hijo en el hospital por una consulta médica. Ahí lo buscaron y se lo llevaron bajo amenaza.

“Ya perdí la cuenta de a cuántos lugares he ido. Para donde me mandan, voy. Para la persona que quiere a su familiar, esto es fuerte. Pero más que todo para una madre. Si lo tienen detenido y le dan su derecho, que uno pueda visitarlo o llevarle ropa o comida, pero no. Lo tienen prácticamente secuestrado, no preso”, expresa Carmen.

En la mayoría de los casos, estas familias son representadas por mujeres porque son ellas quienes, históricamente, han ejercido las labores de cuidado en Venezuela. Los datos más recientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), publicados en 2024, determinaron que en Venezuela 15,4 millones de personas trabajan en labores de cuidado no remunerado en los hogares y, de este total, 10 millones son mujeres. 

Familiares de privados de libertad siguen en los centros de detención y cárceles a la espera de información, fe de vida y la liberación de todos los presos políticos. Fotografía: Rosalí Hernández

Son ellas quienes, incluso con un trabajo formal, atienden a personas dependientes: niños y niñas, adultos mayores, algún familiar con discapacidad y enfermos. Ahora, a esta lista, se puede incluir una categoría más: aquel familiar detenido por razones políticas.

Las mujeres familiares de presos políticos sufren impactos económicos importantes porque, en la mayoría de los casos, quedan a la deriva cuando la persona proveedora o colaboradora termina en prisión. 

Casi por defecto, ellas asumen la responsabilidad del hogar y en paralelo inicia una búsqueda de recursos para visitar y proveer alimentos y/o productos esenciales a sus familiares en prisión. Muchas se ven obligadas a viajar horas para verlos y, en muchos casos, si lo logran, son extorsionadas para procurar la supervivencia de sus seres queridos.

En estos procesos, la situación se agrava cuando las mujeres pierden sus empleos. Cuando ya se vuelve imposible asistir a una oficina porque el seguimiento de lo que ocurre prevalece, la comprensión de un jefe o una jefa llega al límite. Y a eso hay que agregar el desarrollo de enfermedades por desgaste físico y mental sin posibilidad de conseguir atención médica inmediata por falta de dinero.

Son situaciones que se repiten en múltiples centros de detención del país, incluyendo penales transitorios o comandancias de la GNB, mientras lees esto. 

Fotografía: @clippve

Carmen Farfán, por ejemplo, tuvo que dejar su trabajo como vendedora de pescado en Güiria, donde reside, para atender el caso de su hijo. Además, cuando pudo ver a José Gregorio y Marylin luego de su detención arbitraria, le entregaron a su nieto.

“A él le hace falta su familia, su mamá y su papá. No va al liceo porque estudia en Monagas y su abuela materna, que vive en Caracas, lo cuida. Estamos esperando a ver si los sueltan y puede regresar, o sino toca cambiarlo”, comenta.

En el informe La violencia en femenino, Cepaz resalta que no hay que olvidar el contexto social, político y económico de las víctimas de la reciente represión postelectoral: “La mayor parte de las víctimas (…) fueron hombres de sectores desfavorecidos (…) y la mayoría de las personas que han han asumido la exigencia de justicia (…) y cuidados de estos detenidos son sus familiares mujeres (…) que provienen de sectores económicamente deprimidos, donde imperan los hogares monomaternales”.

Mujeres sosteniéndose en red

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), un grupo conformado por activistas y familiares de detenidos postelectorales, ha contado múltiples veces que muchas de estas cuidadoras no tienen dinero para asistir a las visitas y entre ellas han hecho colectas para apoyarse. 

Es la misma colaboración que se ha visto en los últimos días a las afueras de los principales centros de reclusión de presos políticos: mujeres que duermen en carpas y comparten panes, galletas, café, agua, medicamentos o alguna toalla sanitaria. 

Son mujeres que han desarrollado un sentido de comunidad y contención que las mantiene activas, incluso cuando su familiar detenido es excarcelado. 

Familiares de presos políticos se arrodillan frente a los policías que custodian el centro de detención de la Policía Nacional Bolivariana en la Zona 7 de Caracas, Venezuela. Fotografía: AP/ Ariana Cubillos

Clippve es un ejemplo de eso: algunas defensoras son familiares de expresos políticos, casi todas madres o hermanas, que luego se ofrecen como voluntarias para asesorar sobre procedimientos legales o trámites más sencillos, como enseñar la etapa para realizar una denuncia de manera correcta. 

Estas mujeres han hecho red al punto de crear su propio comité: Madres en Defensa de la Verdad. Su cuenta en Instagram se convirtió en un canal que muestra sus esfuerzos por organizarse y denunciar lo que ocurre con los presos políticos en el país. 

Estos grupos tienen antecedentes que van más allá de las detenciones o la represión por motivos políticos. Son resultado de una grave crisis de derechos humanos extendida a todos los sectores de la sociedad.

Por ejemplo, Madres Poderosas es una agrupación de mamás que se organizaron para exigir justicia para sus hijos asesinados extrajudicialmente desde 2016. Juntas han logrado conseguir la condena de los funcionarios que asesinaron a sus hijos.  

De una forma similar, nació Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) en 2017, una organización creada por Rosa Orozco, madre de Geraldin Moreno, una joven que fue asesinada durante las protestas del año 2014. Su objetivo es claro: acompañar a las familias de víctimas de ejecuciones extrajudiciales en contextos de represión política en la búsqueda de justicia.

Las vulneraciones que sufren han llevado a estas agrupaciones a converger. JEP acompaña a las mujeres familiares de presos políticos y también las capacita para que asuman su propia vocería, para intentar vencer el miedo impuesto por la represión y la coerción de las fuerzas estatales.  

Familiares de presos políticos esperan a las afueras el centro de detención de la Policía Nacional Bolivariana en la Zona 7 de Caracas, Venezuela, para saber de sus seres queridos. Fotografía: AP/ Ariana Cubillos

Hablar de estas vulneraciones de los derechos de las mujeres es necesario porque el daño que se produce es transversal a cada aspecto de sus vidas. Son sacrificios que generan sufrimientos que se invisibilizan porque, normalmente, solo se comparten miradas generales sobre las víctimas de la represión en el país.

Cepaz explica que omitir estas realidades suprime la “reconstrucción histórica plena” de la crisis de derechos humanos de Venezuela e invita a “reconocer y dar voz a estas mujeres”. 

No basta solo con registrar lo que han sufrido las presas y presos políticos, sino empezar a llevar a la conversación mediática sus nombres y el de sus principales defensoras: las mujeres de su familia.

La espera mata

Las consecuencias por esperar una excarcelación ya se ven a las afueras de los centros de reclusión. Hay madres y esposas, sobre todo aquellas que son adultas mayores, que sufren descompensaciones debido a las condiciones a las que se exponen: sol inclemente, lluvia, desbordamiento emocional y un cansancio profundo ante las idas y venidas obligatorias. 

Las patologías previas se agravan, sobre todo cuando la encarcelación se prolonga por meses o años. En el último mes, por ejemplo, tres madres de exdetenidos políticos han fallecido antes de ver a sus hijos fuera de su centro de reclusión.

La muerte más reciente fue la de Omaira Navas, madre del periodista Ramón Centeno, quien falleció el martes 27 de enero tras sufrir un ACV. Un día antes, ella acompañaba a su hijo a la primera audiencia de presentación tras su excarcelación. 

Omaira solo disfrutó la presencia de Ramón por 13 días. Fue la primera en abrazarlo luego de que pasara cuatro meses sin visitas. Ella pasó cuatro años exigiendo la liberación de Ramón. Denunció cómo se deterioraba la salud de su hijo durante su encarcelamiento, pues fue detenido en medio de un proceso de recuperación por un accidente de tránsito. 

La vitalidad acompañó a Omaira hasta ver a su hijo en casa, pero no resistió una lucha que continúa: alcanzar la libertad plena y verlo andar sin usar silla de ruedas.

Yarelis Salazar tenía 39 años y murió esperando la libertad de su hijo, Kevin Orozco, un detenido postelectoral. Sufrió un infarto a las afueras de la cárcel de Yare, en el estado Miranda, el pasado 21 de enero. 

Cuatro días después, la excarcelación se concretó: Kevin volvió a casa, pero el abrazo materno se lo dio su abuela. No pudo despedirse. 

Un día después de que reportaran la muerte de Yarelis, falleció Carmén Dávila, madre del médico ginecólogo Jorge Yéspica Dávila. No supo que lo habían excarcelado. Esperó su libertad durante 14 meses.

Para ellas, la espera fue una sentencia, una privación de su derecho a querer y compartir con los suyos. La condena parece extenderse a las que aún resisten a las afueras de los centros de reclusión. Aun así, el deseo de un reencuentro está ahí, imponiéndose a la incertidumbre, al silencio y a la injusticia. 

Cuidado

Las labores de cuidado se triplican sobre los hombros de las mujeres

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Para poder crecer, alguien tiene que cuidarnos. Sobrevivimos a nuestra infancia y llegamos a la adultez porque alguien nos cuidó en el pasado. Si tenemos alguna condición de salud, podemos sobrellevarla gracias a que alguien nos cuida. Y ese alguien, la mayoría de las veces, es una mujer.

En todo el mundo, 708 millones de mujeres están fuera de la fuerza laboral debido a responsabilidades de cuidado no remuneradas, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En contraste, solo 40 millones de hombres están en una situación similar.

En Venezuela, un análisis publicado en 2024 por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estima que 15,4 millones de personas trabajan en labores de cuidado no remunerado en los hogares del país y, de este total, 10 millones son mujeres. Según el estudio, el 88,7% de las mujeres mayores de 10 años en Venezuela hace trabajo doméstico no remunerado en su hogar o fuera de él. Las mujeres dedican 6 horas y 18 minutos diarios a estas actividades, 75% más tiempo que los hombres.

Quienes ejercen labores de cuidado resuelven las necesidades físicas, psicológicas y emocionales de otras personas. Desde una perspectiva más específica, cuidar implica estar a cargo de otras personas dependientes: niños, niñas, personas con discapacidad, con enfermedades crónicas o personas mayores que no pueden cuidarse por sí mismas, lo que impide que quien cuida pueda trabajar remuneradamente. Las mujeres que se dedican al cuidado contribuyen al desarrollo, pero especialistas destacan que su labor no es reconocida ni recompensada.

Recientemente, el debate sobre el cuidado ha ganado terreno en la agenda global. Aunque ya estaba presente, previamente se referían al cuidado como “trabajo doméstico” o una “doble jornada”, que recaía sobre las mujeres debido a los estereotipos de género y la división sexual del trabajo, asegura Alba Carosio, profesora y coordinadora de la Maestría en Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Para la experta, la pandemia de covid-19 fue el principal evento que potenció el discurso sobre el cuidado al mostrar su relevancia para el sostenimiento de la sociedad.

“Fueron las mujeres en sus casas quienes mantuvieron diversos servicios, tanto los servicios que tienen que ver con la educación, cuando acompañaron a sus hijos con la formación que se hacía online, y luego tomaron muchísimas medidas de salud, de cuidado de la higiene, para minimizar los contagios. El trabajo que se hacía fuera de la casa también entró en la casa, y eso duplicó, triplicó, cuadruplicó el trabajo del hogar, de la limpieza, además de otras medidas más fuertes. Eso hizo evidente la importancia del cuidado en la sociedad. Siempre estuvo ahí, pero con la pandemia se hizo más claro”, explica.

Desde antes de la pandemia, las mujeres en América Latina y el Caribe ya dedicaban el triple de tiempo que los hombres al trabajo de cuidados no remunerado, y la creciente demanda de cuidados agravó su situación, según ONU Mujeres, la entidad de Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer, y Comisión Económica para América Latina (Cepal). Aunque la pandemia impulsó la agenda del cuidado, todavía es una labor invisibilizada. Hacer visibles los cuidados es, precisamente, una de las principales tareas del periodismo y de los medios de comunicación, según Carosio.

“Hay un sinnúmero de tareas que se hacen en una casa, y a veces fuera, porque el cuidado que las mujeres ejercen sobre su familia no es solamente dentro de la casa. Hay un cuidado social que tiene que ver con acompañar al médico, con estar pendiente de todas las indicaciones. Eso se hace tan rutinariamente que no se ve ni se valora. La función de los medios de comunicación es mostrarlo, hacerlo más evidente”, expresa.

Destacar la corresponsabilidad en el cuidado

En el caso de los cuidados directos a personas dependientes en Venezuela, el estudio publicado por el BID indica que el 22,6% de las mujeres provee cuidados directos a niños, personas mayores, personas con discapacidad o enfermedades, una proporción que es casi tres veces mayor a la tasa de participación de los hombres en ese tipo de actividades.

Quienes cuidan a niños, niñas y adolescentes con enfermedades crónicas en el principal hospital pediátrico de Venezuela, el J.M. de los Ríos, son mujeres (98%), según un informe de la organización no gubernamental Prepara Familia publicado en 2023. Ellas se encargan del cuidado físico y emocional de sus hijos, de la higiene, de la gestión de recursos para conseguir medicamentos y muchas veces de sustituir al personal auxiliar de salud, pero no reciben incentivos ni apoyo económico. Tampoco pueden trabajar porque el cuidado absorbe todo su tiempo.

Frente a estas realidades, la labor de los medios va más allá de solo visibilizar las tareas que recaen sobre las mujeres: para la profesora Carosio, también es función del periodismo recordar que el cuidado es un trabajo que debe ser acompañado por toda la sociedad.

“Tiene que haber una corresponsabilidad, tanto de la familia a la que pertenecen el niño o la niña y la mujer, como también de toda la sociedad, porque hay cosas que la sociedad debiera hacer: dar apoyos materiales, hacer más fáciles las tareas. Para eso la humanidad evoluciona, no para que estemos como en una época antigua que había que cargar agua, que había que juntar leña para hacer la comida y los hombres tenían que cazar. Realmente el acompañamiento y el apoyo social son indispensables. Cuando hablamos de corresponsabilidad, hablamos de la familia pero también de la sociedad toda a través de sus instituciones, tanto las públicas como las privadas”, añade la investigadora sobre feminismo e igualdad.

Para la experta, los medios de comunicación pueden mostrar de qué maneras la sociedad puede hacerse corresponsable en las labores de cuidado. Destaca como ejemplo cómo algunos países asignan un ingreso mensual para las mujeres que acompañan a sus hijos, hijas o familiares con enfermedades crónicas y cómo conciben sistemas para aliviar la carga que asumen las mujeres cuidadoras.

“Otro ejemplo es un sistema de apoyo que por lo menos les permita a esas mujeres que están 24 horas al lado de la cama de un niño, o 24 horas llevándolo y trayéndolo del tratamiento, luego encargándose del alimento y de la higiene necesaria para que esos niños sigan viviendo y haciendo diferentes actividades, tener dos o tres veces por semana unos tiempos de descanso, que (quienes son cuidados) quedaran en manos de personas experimentadas que pudieran hacer esa tarea una parte del día para que ellas pudieran descansar”, señala.

Educar desde la perspectiva de género

Hablar de corresponsabilidad significa mostrar cómo los cuidados deben ser compartidos por personas de las familias, las comunidades, las empresas y el Estado: se trata de reconocer, reducir, redistribuir, recompensar y representar el trabajo de cuidados. En el caso del hogar, debe aumentar el trabajo de cuidados por parte de los hombres para que el reparto de las tareas sea equitativo.

“Sin duda también hay que promover la responsabilidad de los padres, porque generalmente quienes cuidan son las mujeres, y muchas de ellas están solas porque ocurre que el padre no se responsabiliza frente a un niño o niña que tiene algún problema. Hay padres que frecuentemente huyen. Socialmente se tiene que entender que eso no es lo correcto y que debe haber alguna sanción moral. Todo eso también es cuestión de educación, y los medios de comunicación son medios que educan. La comunicación tiene también una función educadora”, agrega la profesora Carosio.

Esta función educadora fue reconocida en 1995 con la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, una hoja de ruta acordada por 189 países, durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, para lograr la igualdad de derechos para las mujeres y niñas de todo el mundo. Una de sus áreas de acción trata sobre los medios de difusión, identificados como importantes “medios de educación” capaces de promover una imagen equilibrada y no estereotipada de las mujeres, así como de potenciar su papel en la sociedad.

Para alcanzar ese último objetivo, la Declaración de Beijing exhorta a los medios a introducir la perspectiva de género en todas las cuestiones de interés para la sociedad y a “fomentar la participación en pie de igualdad en las responsabilidades familiares”, mediante campañas que hagan hincapié en la igualdad de género y en la exclusión de los estereotipos basados en el género de los papeles que desempeñan las mujeres y los hombres dentro de la familia.

Treinta años después de la Declaración de Beijing, surgen nuevos desafíos: la violencia en línea contra las mujeres crece mientras la inteligencia artificial generativa populariza estereotipos discriminatorios, según un análisis de ONU Mujeres. Pero los medios siguen teniendo un papel crucial ante viejos y nuevos retos para construir un mundo más justo.

“Si queremos hacer una sociedad más justa, más humana, donde todas y todos cumplamos con nuestras responsabilidades y las compartamos con otros y otras, deben disminuir y desaparecer los estereotipos de género, que hacen que los hombres se comporten de una manera, a veces poco afectiva, y las mujeres al contrario. Cuando no puede cumplir los estándares exigentísimos que la sociedad le impone a una madre o una mujer, ella luego se siente culpable. Hay estándares de belleza y hay estándares de comportamiento. En seguida si un niño se porta mal o tiene problemas, culpan a la madre. Pero hay un cúmulo de personas que educan, no solamente las madres”, afirma la profesora Alba Carosio.

“Hay mucho que los medios de comunicación pueden hacer en materia comunicativa, que en realidad es educativa, porque los medios modelan conductas y pueden incluso, con el tiempo, no de inmediato, cambiarlas, transformarlas. Ojalá sea para mejor, para una sociedad más justa”.

Mujeres periodistas detenidas en Venezuela

Autoridades venezolanas detienen a mujeres periodistas en medio de la represión postelectoral

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“¿Ustedes van a matar a mi hija? ¿Ustedes le van a hacer daño a una muchacha inocente porque no me pudieron agarrar a mí?”. Esas son las palabras de Xiomara Barreto, activista social y dirigente del partido opositor Copei, en una grabación de audio publicada en redes sociales el pasado 25 de agosto de 2024. 

Barreto es la madre de Ana Carolina Guaita Barreto, reportera del portal noticioso en línea La Patilla, a quien detuvieron autoridades venezolanas en las afueras de su casa el 20 de agosto, en el estado La Guaira, en el litoral central de Venezuela. 

Guaita Barreto es la tercera mujer periodista detenida en la ola de protestas que estallaron tras las elecciones presidenciales venezolanas del 28 de julio. También, es una de las 230 mujeres detenidas en el marco de la represión ejecutada por el Estado, según datos de la organización de derechos humanos Foro Penal.

Los familiares de Guaita Barreto dicen que su detención fue una retaliación en contra de sus padres, quienes apoyaron la campaña electoral del opositor venezolano Edmundo González Urrutia.

“Tengo a mi hija de 32 años como rehén del gobernador [José Alejandro Terán]”, continuó Barreto en la grabación de audio. “Les pido que dejen a mi hija en libertad”. 

Ana Carolina Guaita Barreto, reportera del portal noticioso en línea La Patilla, detenida por autoridades venezolanas en las afueras de su casa el 20 de agosto. (Foto: La Patilla)

Mujeres periodistas acusadas de terrorismo sin pruebas

Su hermano, Carlos Guaita, dijo a LatAm Journalism Review (LJR) que sus familiares pudieron visitar a Guaita Barreto en detención después de no saber de su paradero durante ocho días. Compareció ante el Ministerio Público y se le acusó de asociación para delinquir, terrorismo y actos violentos.

Una representante de la Red de Periodistas Venezolanas (RDPV) dijo a LJR sentir una profunda preocupación ante la creciente persecución dirigida contra mujeres periodistas. 

“Han sido objeto de detenciones arbitrarias y acusaciones como terrorismo e instigación al odio”, dijo la vocera de la red, que pidió no ser identificada por temor a represalias. “Estas acciones no solo son injustas, sino que además violan flagrantemente el debido proceso, privando a las detenidas de su derecho a una defensa adecuada”. 

Mujeres periodistas son también víctimas de censura, estigmatizaciones y agresiones físicas y verbales. El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS) registró, entre el 29 de julio y el 4 de agosto, 79 vulneraciones a la libertad de prensa. De estas, 23 fueron contra mujeres.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó, el 27 de agosto, medidas cautelares a favor de Guaita Barreto, diciendo que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable.

Otros casos contra periodistas mujeres

La reportera Deysi Peña también se encuentra en prisión y se le acusa de terrorismo, incitación al odio, resistencia a la autoridad, vandalismo y otros crímenes, de acuerdo con el grupo activista juvenil Sin Mordaza.

Peña fue detenida por tomar y publicar fotos en sus redes sociales sobre una protesta el 30 de julio. En un video publicado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), la hija de Peña dijo que Peña era la cabeza económica del hogar y que sus dos hermanitos menores de 7 años no paran de preguntar dónde está su madre.

“Mis hermanos y yo solo queremos a mi mamá de vuelta a casa porque informar no es un delito”, dijo Bárbara Canino Peña en el video publicado el 6 de agosto. Otra periodista mujer que sufrió detención, luego de la elección, fue la reportera de espectáculos Carmela Longo. 

El 20 de agosto, Longo fue despedida del diario de tendencia oficialista Últimas Noticias. Cinco días después miembros de la policía nacional allanaron su vivienda, se la llevaron detenida, y la acusaron de terrorismo e incitación al odio, según el SNTP.

Preocupación por condiciones de detención

En Venezuela, la vida en la cárcel está marcada por el hacinamiento, la falta de acceso a servicios básicos, y la violencia de género, según ha afirmado el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), una ONG que defiende los derechos de los presos.

De acuerdo a la OVP, las mujeres privadas de libertad en Venezuela corren el riesgo de recibir tortura física y psicológica, e inclusive negación de atención médica adecuada. 

En el caso de Peña, se encuentra recluida en una cárcel de mujeres en Ocumare del Tuy (estado Miranda), a tres horas de su residencia familiar. Esto dificulta y aumenta los costos del traslado de sus familiares al lugar, de acuerdo al SNTP.

Por su parte, Guaita Barreto sigue detenida en la Dirección de Seguridad de la Gobernación de La Guaira en un espacio apartada de la población reclusa.

“Nos dijo que no ha sido agredida ni física ni psicológicamente y que le están dando sus comidas diarias. Dentro de lo malo, ‘está bien’”, dijo su hermano a LJR.

La vocera de la Red de Periodistas Venezolanas dijo que las mujeres periodistas, activistas y políticas detenidas se enfrentan a vulnerabilidades exacerbadas en Venezuela. 

“Hay que sumar los riesgos de violencia sexual y de sufrir de desatención de necesidades básicas relacionadas con la salud menstrual y la salud sexual y reproductiva”, dijo la vocera de la red. “La escalada de violencia y persecución estatal que enfrentamos como periodistas no solo vulnera nuestros derechos como comunicadoras, sino que también tiene un impacto devastador en nuestra salud mental y física”.

Redacción: Katherine Pennacchio.

Foto referencial. Crédito: Sergio Ortiz Barbolla/WOLA.

Nota original publicada en Latam Journalism Review del Centro Knight para el periodismo en las Américas.

presas políticas detenidas

Presas políticas y detenidas: el Estado venezolano criminaliza injustamente a mujeres y también a adolescentes

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Hasta el 13 de agosto de 2024, la ONG Foro Penal contabilizaba 182 mujeres detenidas en el marco de la represión ejecutada por el Estado venezolano después de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Entre las detenidas se encuentran una fotoperiodista con dos hijos pequeños, una adolescente de 16 años estudiante de música y una mujer de origen humilde de 43 años.

“Informar no es un delito”, dice aguantando el llanto Bárbara Canino Peña (17) en un video publicado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) el pasado 6 de agosto y compartido por diversos medios. Lo dice porque su madre, Deysi Peña, reportera gráfica con 20 años de trayectoria, fue detenida y, actualmente, se encuentra recluida en una estación policial, tras la cobertura que hizo de las elecciones presidenciales en la entidad. 

De acuerdo con el testimonio de Canino Peña, a su madre la detuvieron a las 6:00 a.m. en la estación de servicio Los Nuevos Teques, municipio Guaicaipuro, Miranda. Los efectivos no tenían orden de aprehensión y tampoco brindaron información alguna sobre los motivos por los cuales la detenían, o hacia dónde se dirigían con ella. 

Tras seis horas de búsqueda desesperada, dice Bárbara, finalmente la ubicaron en la estación policial del municipio Tomás Lander en Ocumare del Tuy, a más de tres horas de su residencia. 

Además de hacerse cargo de su propia bebé de diez meses, Bárbara está al cuidado de los otros hijos de Deysi, sus hermanos menores de siete años que “no paran de preguntar día y noche” dónde está su mamá. Peña, quien además de reportera es cabeza de hogar, forma parte de las siete personas trabajadoras de la prensa, detenidas en el marco de las recientes protestas y acusadas de “terrorismo”. Es la única mujer de ese grupo. 

Sin embargo, así como ella, hay otras 182 mujeres detenidas por el Estado en el marco de estas protestas, de acuerdo con datos recopilados por el Foro Penal, la ONG que desde hace años ayuda con acompañamiento jurídico a personas privadas de libertad por razones políticas. 

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) alertó a través de una publicación en su sitio web,  preocupantes circunstancias en las que estarían viviendo las mujeres privadas de libertad a raíz de la represión post-electoral. Específicamente se refirieron a unas 70 mujeres que están detenidas en el Centro de Formación para Procesadas Femeninas “La Crisálidas” de Miranda, y que de acuerdo con información suministrada por sus fuentes, son “sometidas a tratos inhumanos que van desde la tortura física y psicológica, hasta la negación de atención médica adecuada”. 

El OVP indicó que “las mujeres estarían siendo recluidas en grupos de diez personas en cada celda, y solo les dan un tobo o balde de agua para que todas puedan satisfacer sus necesidades básicas y de higiene”. 

La organización denuncia que las reclusas carecen de alimentación balanceada y sufren ataques por parte de la directora de le institución, que consisten en baños con agua fría, amenazas, tortura psicológica y constante uso del calificativo “terroristas”. Asimismo, las mujeres visitantes o familiares de las privadas de libertad también son sometidas a “requisas de naturaleza invasiva”, según lo que han confirmado en OVP:  “deben desnudarse y agacharse para que una custodia revise sus partes íntimas”. 

Presas políticas que no ejercen cargos políticos 

Aunque la mayoría de personas que fueron detenidas recientemente tienen alguna vinculación con los partidos políticos opositores, a otras solo se las llevaron por ejercer su legítimo derecho a la protesta, o por estar en el lugar y momento equivocados. 

Es el caso de la adolescente, Victoria. Su madre, Carmen Morillo, aparece en un par de videos suplicando que liberen a su hija en las redes sociales del Foro Penal. Cuenta que Victoria, de 16 años, fue detenida el 29 de julio junto a su prima Eli, de 25 años. Durante días no supo nada de ella, solo que finalmente la recluyeron en un centro para menores de edad. 

“No sé si come, no sé si duerme. Sufre de cólico nefrítico. Temo por la integridad de mi hija”, decía la madre en uno de los videos. Para este 14 de agosto Carmen Morillo confirma en entrevista para este medio que pudo verla y dice que está “bien”,

Victoria debería empezar este año su último grado escolar. Además del colegio, estudia música en la Orquesta Sinfónica local. Le gustan los instrumentos de cuerdas: el cuatro y la guitarra, sobre todo. También le interesa el modelaje y el maquillaje artístico. Así lo dice su hermana en un emotivo video que difundió entre sus amigos y que hoy su madre comparte para seguir presionando por su libertad. 

Tanto en el video, como en las fotos que corren junto a la etiqueta #LiberenaVictoria, se puede ver su rostro inocente. Carmen Morillo califica a Victoria como una chica “tranquila, responsable” y también destaca que tiene “muchos sueños y ambiciones”. Victoria es una adolescente que en sus tiempos libres compone canciones, a quien el Estado venezolano hoy acusa de “terrorismo”. Su madre solo pide que la liberen. “Quiero tener a mi hija en casa”, insiste.

La palabra “libertad” es terrorista

El 1 de agosto, habitantes de los Valles del Tuy eligieron una forma singular para salir a las calles a protestar. Escribir la palabra “Libertad” en la calle, utilizando para ello las harinas que vienen en sus cajas del CLAP. 

CLAP es un programa que desde el 2016 distribuye alimentos a través de comités locales. Ha estado rodeado de varias polémicas no solo de corrupción, sino también por la escasa calidad de los productos, y por ser utilizado como una forma de presión y control social: quien no apoye a Maduro, no recibe alimentos. 

Dioris Zárraga, habitante de un barrio popular en Ocumare del Tuy, fue detenida luego de esa espontánea forma de protesta. Es decir, Dioris fue arrestada por escribir «Libertad» con la harina de la caja Clap en el concreto del suelo.

Las fotos compartidas por los cuerpos de seguridad la muestran de espaldas, esposada como una criminal de peligro. Su arma, un celular.

Las adolescentes y mujeres detenidas en Venezuela enfrentan un riesgo elevado de sufrir abusos sexuales durante su reclusión. Estas situaciones son inaceptables y reflejan la falta de protección y respeto a sus derechos humanos por parte del Estado.

Desde las organizaciones de mujeres se exige que las detenidas tengan un trato digno, que se garantice su acceso a productos de higiene menstrual, y que se respete rigurosamente su debido proceso. Se deberían tomar medidas para asegurar la integridad física y emocional de estas mujeres, y que se reconozca su derecho a una defensa justa y transparente.

La criminalización injusta de mujeres y adolescentes por parte del Estado venezolano, además de la forma en la cual están siendo tratadas durante su detención, no solo vulnera sus derechos fundamentales, sino que también expone las profundas fallas en el sistema de justicia y en la protección de las personas más vulnerables.

Así lo expone la Asociación Cauce en un comunicado que ya lleva más de 180 firmas, donde organizaciones de mujeres y activistas, exigen justicia y cese a la violencia en contra de las mujeres en Venezuela. 

Nota original en Tejiendo Redes: Constructoras de Paz en Venezuela, el sitio web impulsado por IPYS (Instituto Prensa y Sociedad) Venezuela y la Red de Mujeres Constructoras de Paz. Republicada con autorización de su autora, María Laura Chang, en Redsonadoras.com.