Con el salario mínimo congelado en 130 bolívares desde 2022, las manifestantes de distintos sectores denunciaron la pérdida total del poder adquisitivo de salarios y pensiones, además de criticar la dependencia de bonos gubernamentales que, aseguran, no garantizan estabilidad económica ni derechos laborales
Con pancartas y consignas, mujeres trabajadoras, jubiladas y pensionadas se movilizaron este jueves 12 de marzo en Caracas para exigir salarios dignos y denunciar la precariedad económica que enfrentan millones de venezolanos.
Las manifestantes reclamaron un aumento del salario mínimo, que permanece en 130 bolívares mensuales desde marzo de 2022, un monto que hoy equivale a 0,29 centavos de dólar tras la devaluación de la moneda.
La profesora Josefina Guerra relató que su salario quincenal apenas le permite comprar un pan: “Gano 250 bolívares quincenales. Eso hizo Onapre con mi salario. Me alcanza para comprarme un pan canilla, que hoy, 12 de marzo, está en ese precio”, denunció.
Guerra explicó que sobrevive gracias al llamado bono de guerra económica, aunque señala que ese ingreso “se evapora apenas uno lo toca”. También exigió que se cumpla el artículo 91 de la Constitución, que establece el derecho a un salario suficiente para cubrir las necesidades básicas.
“Me movilicé por salarios y pensiones con poder adquisitivo y por la libertad plena de los presos políticos”, añadió.
Profesora Josefina Guerra. Fotos: Luna Perdomo
En la protesta también participó Jazmín Chaparro, trabajadora del Hospital Clínico Universitario, quien aseguró que el ingreso actual no alcanza para cubrir las necesidades básicas.
“Nos movilizamos por un salario digno, por el alto costo de la canasta básica y por nuestros beneficios como trabajadores. Gano Bs 130 y el bono de guerra, que no alcanza para nada, porque lo debo antes de cobrarlo”, aseguró.
Jazmín Chaparro. Foto: Luna Perdomo
Entre las manifestantes también estuvieron jubiladas y pensionadas que denunciaron la precariedad de sus ingresos. La pensionada Aymara Martínez afirmó que el monto mensual no cubre ni lo más elemental.
“Soy jubilada-pensionada y con Bs 130 mensual no me alcanza ni para comer un día. Ni un pan cuesta eso. Eso no alcanza ni para una chupeta”, dijo.
Martínez pidió a las autoridades atender la situación de la población. “Que uno pueda comer lo que uno quiera. No podemos seguir limitados”, reclamó.
Pensionada Aymara Martínez. Foto: Luna Perdomo
Desde el sector educativo, Lorena Ezama, representante de los maestros activos del estado Miranda, señaló que los trabajadores viven endeudados para poder sobrevivir.
“Tenemos tiempo con un salario que no cubre las necesidades básicas. Vivimos pidiendo prestado para poder llegar a la quincena”, afirmó.
Lorena Ezama. Foto: Luna Perdomo
Las jubiladas también alzaron su voz. Mariela Díaz, jubilada de la Alcaldía de Caracas, describió la situación que enfrentan muchos hogares: “Tenemos las ollas vacías en la casa. ¿Qué pasa con esos Bs 130? Queremos un salario digno ya”, dijo durante la movilización.
La exigencia de aumento de pensiones también estuvo presente. Xiomara Contreras aseguró que con el monto actual no se puede cubrir ningún gasto básico.
“Tenemos pensiones de hambre. Con ese monto no podemos cubrir nada. Mínimo deberían ser 200 dólares”, planteó.
Mariela Díaz, jubilada de la Alcaldía de Caracas. Foto: Luna PerdomoXiomara Contreras. Foto: Luna Perdomo
Por su parte, Karen Contreras pidió que todos los venezolanos tengan un salario que permita cubrir las necesidades básicas. “No hay estabilidad económica y los precios varían todos los días”, señaló.
Las manifestantes recordaron que el salario mínimo cumple cuatro años congelado este mes de marzo, mientras el costo de la vida continúa aumentando. Además, criticaron que gran parte de los ingresos de los trabajadores provengan de bonos otorgados por el gobierno, los cuales —afirman— no tienen incidencia salarial ni generan beneficios laborales.
Las mujeres insistieron en que el aumento del salario mínimo es una medida urgente para garantizar condiciones de vida dignas en el país.
Durante demasiado tiempo nos dijeron que el periodismo debía ser neutral.
Pero lo que llamaron objetividad o neutralidad fue, muchas veces, silencio.
Silencio frente a las violencias. Silencio frente a las desigualdades. Silencio frente a las historias que nunca llegaron a convertirse en noticia. Porque eran vistas como complicadas, muy sensibles, profundas, delicadas de contar, incluso exageradas.
Nos dijeron que había temas más “importantes” y temas “de mujeres”. Nos dijeron que había voces autorizadas y otras que debían esperar turno. Durante demasiado tiempo el mundo fue narrado desde los centros del poder. Y el poder casi siempre tuvo las mismas voces.
Mientras tanto, muchas historias quedaron fuera del relato.
Las de las mujeres. Las de quienes habitan los márgenes. Las de las disidencias. Las de quienes sostienen la vida incluso en medio de la crisis.
Aunque las mujeres somos la mitad de la población mundial, sólo representan el 26% de las personas vistas, escuchadas o mencionadas en las noticias impresas o televisivas; 29% si se trata de sitios web, según el Global Monitoring Project 2025.
¿Cómo entendemos el mundo si las historias de la mitad de su población quedan por fuera? Nombrar esa falla también es un acto político.
Por eso nace Redsonadoras.
Nace como una chispa en medio del silencio. Una llama pequeña, pero obstinada, intensa, minuciosa, rebelde, testaruda.
Porque las historias también pueden encender algo: preguntas, memoria, comunidad, reparación. Y hay llamas que, con la energía suficiente, no se apagan.
Por qué existimos
Redsonadoras nace como un espacio de resistencia narrativa en un contexto donde el silencio ha sido impuesto y la neutralidad ha servido de refugio a la injusticia.
Durante años, muchas historias en Venezuela han sido contadas desde miradas que invisibilizan, simplifican, minimizan o distorsionan las experiencias de las mujeres y de muchas otras identidades.
Las violencias se narran como sucesos aislados, sin contexto o mayor explicación. El dolor se convierte en espectáculo, en puro morbo. Las expertAs —que no son pocas— aparecen menos que los expertOs. Las historias de cuidado o resistencia quedan fuera de la agenda pública.
¿El resultado? Un país contado a medias. Y un país contado a medias entiende mal sus problemas y limita sus posibilidades de cambio.
Redsonadoras nace para combatir ese relato.
Porque contar el mundo desde una perspectiva feminista no es un acto simbólico ni un capricho editorial: es una forma de hacer periodismo más honesto, más riguroso y más justo.
Quiénes somos
Redsonadoras es un medio venezolano abiertamente feminista e interseccional. Pensado, creado y parido por periodistas venezolanas quienes por años querían un lugar donde hacer ese periodismo que siempre habían soñado.
Hoy, 8 de marzo, es un hecho.
No entendemos el feminismo como una sección temática, sino como una forma de mirar el poder, sus silencios y sus desigualdades. Creemos en un periodismo que ensancha la democracia y las conversaciones públicas cuando amplía las voces que cuenta y se detiene a escuchar.
Por eso queremos hacer un periodismo que pone a las personas —sobre todo a las mujeres y diversidades— en el centro, que cuestiona las estructuras de poder, que documente desigualdades, amplifica voces históricamente invisibilizadas y construye memoria colectiva. Queremos contar Venezuela desde otros lugares: desde quienes sostienen la vida, desde quienes enfrentan violencias que rara vez ocupan titulares, desde quienes hacen comunidad incluso en las condiciones más difíciles.
En Redsonadoras queremos demostrar que es posible hacer periodismo riguroso sin ser excluyente, crítico sin ser deshumanizado y comprometido sin renunciar a la verdad porque es una forma de construir y defender la democracia.
Queremos que este espacio sea también una llama compartida: un lugar donde las historias, las preguntas y las resistencias de muchas personas puedan encontrarse, encenderse entre sí y seguir propagándose. Venimos de una red de periodistas que entiende que contar historias no es solo describir el mundo: también es disputar su sentido.
Nuestros principios
(8 principios para el 8 de marzo)
1. La empatía es nuestra brújula Rechazamos la frialdad de la “fuente oficial” como verdad absoluta. Las mujeres son fuentes, protagonistas y creadoras de conocimiento. En este medio, la vivencia de la mujer rural, las personas trans y la joven activista tiene tanto peso como la voz académica. La experiencia de quienes viven las injusticias también es conocimiento.
2. El feminismo es nuestra mirada editorial y práctica diaria No es una sección del medio: la perspectiva de género será transversal, permanente y sistemática. Será nuestra forma de analizar el poder, sus silencios y sus desigualdades, una manera de entender cómo se organizan las sociedades. El periodismo feminista no solo debe explicar el mundo que existe, sino abrir preguntas sobre el mundo que queremos construir.
3. El periodismo debe incomodar al poder Cuando las estructuras de poder —políticas, económicas o culturales— producen desigualdades, el periodismo no puede limitarse a repetir discursos oficiales. Queremos contar historias humanas que interpelan a quienes toman decisiones porque los relatos que importan muchas veces están fuera de los centros de poder.
4. Cuidamos las narrativas Nuestro periodismo va a proteger y no revictimizar. Nos negamos a reproducir la pornografía del dolor o a convertir el sufrimiento en espectáculo. Las historias de violencia merecen contexto, dignidad, respeto y responsabilidad.
5. Creemos en la interseccionalidad y diversidad de voces Las mujeres no somos un grupo homogéneo. Las desigualdades que se cruzan con el territorio, la raza, la clase, la sexualidad, la discapacidad y la migración también importan. Queremos nombrar a todas las personas, sin dejar a nadie por fuera. No hay historias simples.
6. Defendemos el rigor como herramienta política Nuestros datos se verifican, nuestras fuentes se contrastan y nuestras historias se sostienen en evidencia. Vamos a llamar las cosas por su nombre porque las palabras importan y construyen realidades. Las violencias de género no son hechos aislados: son problemas estructurales. No son “crímenes pasionales”, son femicidios.
7. Creemos en el poder de la comunidad Así como el feminismo no se construye en soledad, este medio también se va a construir de la misma manera: en red. En escuchar a nuestra audiencia y estar abiertas a la crítica y al cambio constante.
8. Cuidamos a quienes informan No creemos en el sacrificio periodístico que agota la salud mental. Un medio que no protege la salud mental de sus periodistas no puede pretender cuidar las historias de otras personas. Asimismo, tendremos tolerancia cero con las violencias en nuestros espacios de trabajo.
Encendimos esta llama para contar un país que también nos pertenece. Y para que cada historia que se publique en este nuevo medio resuene como parte de un mismo fuego colectivo.
El Día Internacional de la Mujer se convirtió en una jornada de denuncia en Caracas. Feministas, madres, trabajadoras, sindicalistas, activistas, estudiantes defensoras de derechos humanos y familiares de detenidos marcharon en la capital venezolana para exigir la liberación de todas las personas presas por razones políticas y el cierre de centros de detención denunciados por prácticas de tortura.
Aunque la protesta fue pequeña y sin grandes concentraciones, la actividad de este domingo buscó poner en el centro el papel de las mujeres en la lucha por un país democrático y en el que las consignas contra el Gobierno fueron las más entonadas.
La movilización fue una exigencia al Estado: por el cese de la persecución contra mujeres que ejercen sus derechos políticos, que alzan la voz por los derechos laborales, la dignidad y la justicia.
Al grito de “las mujeres se rebelan por la democracia” y “mujeres al poder contra la dictadura”, muchas de las esposas, hermanas, hijas y madres de detenidos, quienes han liderado la lucha de la liberación de los presos políticos en Venezuela y han estado desde hace dos meses en vigilia esperando que sean excarcelados, marcharon desde la Plaza Francia de Altamira hasta la plaza Brión de Chacaíto en Caracas.
“Abajo la dictadura que va a caer, que va a caer. Arriba la democracia que va a vencer, que va a vencer” fue otras de las consignas de resistencia y reclamo democrático que gritaron las mujeres que marcharon durante este 8 de marzo. Recordaron que hay 56 mujeres presas políticas que continúan detenidas arbitrariamente de las más de 500 personas que siguen tras las rejas, según cifras de la organización Foro Penal.
Las activistas y feministas también alzaron la voz en contra de la violencia de género, por la justicia reproductiva y por el fin de cualquier forma de discriminación. “Basta de femicidios” y “Maternidad por elección, no por obligación”, “La democracia es queer” fueron algunas de las frases que llevaban en los carteles este domingo 8 de marzo.
Al ser el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, también recordaron que en Venezuela el sueldo mínimo permanece congelado en 130 bolívares (aproximadamente 0.25$) desde hace cuatro años.
En un país donde el 52% de los hogares dependen económicamente de una mujer, según datos de Encovi 2024, la paradoja es evidente: quienes sostienen a más de la mitad de las familias son también quienes enfrentan mayores niveles de precariedad. A esta realidad se suma que Venezuela tiene una brecha salarial entre hombres y mujeres de 36,7%, la más alta de la región.
El 8 de marzo ha trascendido a lo largo de la historia como el Día Internacional de la Mujer. Una fecha que, lejos de celebrar a las mujeres como seres de amor o como figuras ornamentales a quienes hay que rendir tributo regalando flores, felicitándolas y exaltando la hermosura de su ser, está vinculada a distintos acontecimientos y movimientos de lucha de las mujeres trabajadoras.
Estas luchas no solo buscaron reivindicaciones salariales, sino también irrumpir en los espacios de participación política que les habían sido negados debido a su confinamiento a la vida privada, a lo doméstico, a la sumisión y subordinación masculina.
La lucha por el voto emprendida por las sufragistas implicó no solo el deseo de participar en la vida política, sino también la necesidad de opinar y afirmar que la humanidad debía enrumbarse hacia alternativas que permitieran instaurar la paz en el mundo como un principio inquebrantable.
Un 8 de marzo de 1917, las mujeres del movimiento feminista en Rusia marcharon bajo la consigna “paz y pan” en señal de protesta contra el régimen autocrático que dirigía el país. Hoy, 109 años después, Rusia se enfrenta a una guerra contra Ucrania en un conflicto que, desde cualquier perspectiva, no es más que una lucha masculina por el poder.
Los escenarios bélicos actuales en distintas latitudes son muestra de lo que Rita Segato (2018) ha denominado el mandato de la masculinidad, entendido como el ejercicio de la violencia para dominar lo otro, lo diferente, dentro de un sistema-mundo colonial en el que el poder se utiliza para explotar, someter y exterminar.
Estas son las bases que permiten a las feministas definir la sociedad patriarcal no solo como un sistema creado por los patriarcas (padres y abuelos), sino como una estructura que se sustenta en el género como mecanismo de control y dominación. De él se desprenden opresiones raciales, étnicas, religiosas, económicas, identitarias y sexuales, así como aquellas que castigan la desobediencia de los roles y patrones del “orden” social imperante.
Las mujeres inician una revolución en Rusia bajo la consigna “paz y pan”
La definición de la sociedad patriarcal ha permitido entender que la lucha de las mujeres no se limita a la reivindicación de derechos. Si algo han demostrado las feministas europeas —representantes del feminismo blanco— es que no basta con alcanzar derechos que nos igualen a los hombres; aun así se continúa en desventaja. Ser iguales ante la ley no protege de la violencia.
Este es un problema estructural de un sistema que oprime y castiga con fuerza a quienes son considerados “inferiores”. Tal como afirma Kimberlé Crenshaw (2014), las violencias y opresiones se encuentran en intersecciones que las convierten en experiencias distintas para quienes las sufren. Así, una mujer negra y discapacitada, por ejemplo, sufrirá discriminación sexual y racial, además de enfrentar limitaciones y prejuicios relacionados con su discapacidad. Si a esto se suman la pobreza y una orientación sexual distinta a la heteronormativa, recaerán sobre ella múltiples opresiones que la conducirán a una vida marcada por la exclusión y la violencia social.
Erróneamente, desde algunos espacios se piensa el feminismo como la lucha de las mujeres contra los hombres o como el deseo de alcanzar las estructuras de poder para someterlos. Este planteamiento presenta al movimiento no como la liberación de la mujer, sino como la opresión del hombre. Nada más alejado de la realidad: no se trata de una guerra entre los sexos.
Hoy el feminismo se plantea no solo como un movimiento, sino también como teoría social y filosofía de vida. En primer lugar, busca denunciar libremente las violencias cotidianas y cómo estas recaen sobre las personas más vulnerables, así como sobre el medio ambiente, que en nombre del “progreso” ha sido explotado, modificado y contaminado, exterminando especies necesarias para el equilibrio del ecosistema.
En segundo lugar, procura develar las opresiones de las estructuras sociales que, en nombre del “orden”, terminan excluyendo a quienes deciden no participar de ellas. En tercer lugar, plantea modelos alternativos que ofrezcan la posibilidad de crear espacios para las disidencias.
El feminismo enseña que este mundo creado por los hombres y para los hombres ha terminado por oprimir también al varón. En esta sociedad se le exige cumplir un rol de género que lo obliga a ser agresivo y combatiente, convenciéndolo de que es por “naturaleza violento”.
Desde niños se les enseña a pelear, a disparar y a perseguir al otro para vencerlo, dominarlo o matarlo. El varón juega a la muerte, al exterminio y a la dominación, lo que termina por suprimir sus sensibilidades y deshumanizarlo. Cuando crece, concibe la violencia no como agresión contra el otro, sino como defensa. Está preparado para la guerra, para el combate.
El movimiento sufragista
Entender esto permite alejarnos de la idea de un movimiento que confronta mujeres y hombres y comprender el feminismo como un proyecto liberador para todas, todos y todes. En esa idea de liberación surge la comprensión del cuerpo como territorio, un planteamiento que propone concebir el cuerpo humano —y en especial el de las mujeres— como el primer territorio a liberar.
Esta idea resulta poderosa. En una sociedad compuesta por estructuras que obligan a pertenecer al partido político, la iglesia, la pareja, el centro comercial, el estatus socioeconómico, la estética correcta o la piel que valida la industria del consumo, el planteamiento de la liberación del cuerpo recupera la autonomía individual.
También recupera el derecho a comprendernos como seres capaces de actuar para transformar nuestra realidad. No se trata de despojar al Estado de la responsabilidad de gestionar bienestar, sino de reconectar conscientemente con el ser y convertir este concepto en una herramienta analítica y política. No es casualidad que este concepto haya surgido desde el pensamiento decolonial latinoamericano.
El feminismo en Latinoamérica se vive desde las comunidades, desde prácticas ancestrales indígenas y afroamericanas, recuperando la idea del cuerpo como un espacio vivido en conexión con la naturaleza, la tierra y la memoria originaria.
Se trata de comprender el cuerpo como una propiedad autónoma que debe protegerse de la violencia, del control y de la dominación sistemática, así como de la contaminación provocada por el consumo. Esto se convierte en una práctica de resistencia y lucha. En ese sentido, las voces de las mujeres se alzan para decir lo prohibido y desnudar la lógica patriarcal que presenta la cultura occidental como única.
En este marco, las mujeres racializadas resultan excluidas de los espacios políticos que las invisibilizan y les imponen cánones del “deber ser”. Esto se traduce en la negación y el borrado de lo que son, de su historia y de su memoria.
Tal como lo expresa Delmy Tania Cruz Hernández (2020), “la criminalización de las mujeres tiene tintes específicos, puesto que el foco de la violencia se centra en sus cuerpos y en el amedrentamiento de su ser ‘mujeres’ en las comunidades, donde la actuación moral se pone en duda” (p. 48).
Son ciudadanas de tercera categoría: pierden derechos, se les niega la palabra y el poder de decisión incluso en los espacios que han habitado desde tiempos inmemoriales.
Aun así, las mujeres hoy continuamos con el compromiso de sostener la humanidad: esa humanidad que se gesta en nuestros cuerpos y en la razón femenina del cuidado para la vida. Ya no desde la lógica de la explotación que, justificada en el “amor”, obliga a las mujeres a realizar trabajos de cuidado que supuestamente “por naturaleza les corresponden”, convirtiéndolas en la servidumbre sobre la cual el sistema patriarcal se reproduce. Sino desde el entendimiento de que los cuidados son necesarios y, por tanto, responsabilidad de todos, todas y todes.
El grupo Panteras Negras fue un actor fundamental para la comunidad negra estadounidense en general y para el feminismo negro en particular.
En este sentido surge la comprensión de los cuidados y del autocuidado como práctica humanitaria que rescata el sentir individual y colectivo, pues las, los y les seres humanos tenemos el mismo valor sin importar las diferencias que nos componen.
El reconocimiento de los cuidados como derecho humano constituye un hito en la historia, una conquista impulsada por las feministas quienes, a través de la lucha pacífica y organizada, lograron que en agosto de 2025 la Corte Interamericana de Derechos Humanos declarara que el cuidado constituye una necesidad básica, ineludible y universal, de la cual depende tanto la existencia de la vida humana como el funcionamiento de la vida en sociedad (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2025).
Logros como este evidencian la importancia de dar cabida a las voces femeninas y de generar espacios que permitan ejercitar la inclusión, la paz y la celebración de lo diverso como característica de las sociedades humanas.
Hoy más que nunca estas prácticas se vuelven urgentes. Mientras los líderes políticos hacen apología de la guerra para enriquecer sus bolsillos en nombre del “bienestar colectivo”, las mujeres somos conscientes de que la muerte no plantea solución alguna: solo constituye un negocio que permite a quienes ejercen el poder perpetuarse y enriquecerse.
Las prácticas feministas, por el contrario, implican la construcción de la paz, la inclusión de todas, todos y todes y la celebración de lo diverso. También implican comprender la vida humana más allá del consumo y la acumulación de riquezas como fin último.
Cuando las mujeres recurren al trueque, por ejemplo, no debe verse como una simple idea esnob. Esta práctica constituye una acción política que busca desmantelar la industria del consumo, sobre la cual se explota a las y los trabajadores, se contamina el ambiente y se generan necesidades irreales.
Además, el feminismo también pone el foco en el varón y en la necesidad de construir nuevas masculinidades, no solo para desmantelar el machismo que conduce a las violencias sexuales —cuya expresión más cruel se encuentra en los feminicidios—, sino también para la liberación del propio hombre, sometido a prácticas violentas que lo llevan a reafirmar su masculinidad ante otros hombres (Segato, 2018).
La percepción masculina de un mundo escaso, en el que el otro se convierte en enemigo porque supuestamente desea despojarme de lo que me pertenece, constituye un pensamiento que urge transformar. Esta es una tarea necesaria hoy más que nunca, en un planeta donde la coexistencia de la humanidad se encuentra en peligro.
Todo lo anterior hace que el pensamiento feminista cobre aún más vigencia, pues la humanidad está llegando a límites irreversibles.
Garantizar espacios de expresión y continuar alzando nuestras voces para denunciar aquello que atenta contra la dignidad humana constituye, sin duda, un acto de valentía, resistencia y lucha por la construcción de una humanidad verdaderamente pacífica, en la que todas, todos y todes podamos convivir en armonía y respeto.
Referencias: Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2025). Opinión consultiva OC-31/25: Derecho al cuidado. https://www.corteidh.or.cr/opiniones_consultivas.cfm
Crenshaw, K. (2014). On Intersectionality: Essential Writings. The New Press.
Segato, R. L. (2018). Contra-pedagogías de la crueldad. Prometeo Libros. Cruz Hernández, D. T. (2020). Mujeres, cuerpo y territorios: entre la defensa y la desposesión. En D. T. Cruz Hernández & M. Bayón Jiménez (Coords.), Cuerpos, territorios y feminismos: compilación latinoamericana de teorías, metodologías y prácticas políticas. Ediciones Abya‑Yala.
Aunque la jefatura femenina ocupa más de la mitad de los hogares venezolanos, la brecha salarial entre hombres y mujeres es de 36,7%, la más alta de la región. En el mes de la mujer, desde Redsonadoras impulsamos nuestro especial de marzo #RedsonamosJuntas en el que cada semana abriremos la conversación y hablaremos de un tema que atraviesa la vida de las mujeres.Empezamos hablando sobre dinero
Los datos estadísticos sirven para muchas cosas, entre ellas para dibujar un país. En el caso de Venezuela muestra un rasgo importante: 52% de los hogares dependen de una mujer (Encovi 2024). La paradoja es que este pilar económico que sostiene a más de la mitad de las familias es precisamente quien más vive en precariedad, debido a que el sistema las margina y castiga por sesgos de género, sobre todo por el peso del cuidado que le ha asignado la misma sociedad como obligación exclusiva.
De acuerdo con un estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el mercado laboral venezolano reflejó, en el año 2022, la diferencia en cuanto a remuneraciones laborales más amplia de la región entre hombres y mujeres. La inexistencia de políticas públicas efectivas, aunada a una crisis económica persistente, ha convertido la jefatura de la mujer en un factor de vulnerabilidad: 9 de cada 10 hogares encabezados por mujeres se encuentran hoy en situación de pobreza.
“La división sexista del trabajo establece para los hombres el rol de proveedores, de productores, del manejo de lo público, del liderazgo y de la autoridad, y se reservan las mejores remuneraciones. Para las mujeres siempre se consideró como un tema de apoyo, no como algo de lo que fueran a vivir”, expone Susana Reina, experta en recursos humanos y activista por los derechos de la mujer.
El sistema margina a las mujeres venezolanas que enfrentan la brecha salarial más alta de Latinoamérica, lo que convierte en una contradicción que sean el pilar económico del país.
Según la encuesta Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) 2024, casi 7 de cada 10 hogares en situación de pobreza están liderados por mujeres que no pueden insertarse en el mercado laboral por dedicarse al cuidado del hogar. Ante esto Susana Reina plantea que las mujeres son “pobres de tiempo”, ya que la misma estructura patriarcal reserva para las mujeres las labores de los cuidados.
“Cuando la mitad de la población está sufriendo los embates de una economía que no está diseñada para las situaciones que viven las mujeres, eso no puede ser sostenible en el largo plazo. Eso trae consecuencias de pobreza, más pobreza para las mujeres”, asevera la especialista, también directora de la ONG Feminismo INC. Puntualiza que “la mujer siempre está en situaciones de precariedad, con trabajos a medio tiempo, mal pagados o en la informalidad que a veces se disfraza de emprendimiento y de independencia”.
Pero esta no es una situación aislada; es una problemática global. Según el Foro Económico Mundial, para 2025 el índice de paridad de género alcanzó apenas 68,8%. Lo que quiere decir que sigue existiendo un abismal desbalance de condiciones, impulsado por la percepción errada del rol que juegan el hombre y la mujer en la sociedad.
Venezuela como parte de esta realidad presenta matices de exclusión económica aún más alarmantes.
Techos de cristal y el laberinto del financiamiento
Las mujeres suelen encontrar barreras en el ámbito laboral, basadas en prejuicios y estereotipos de género. Incluso cuando la mujer quiere emprender formalmente se ve en desventaja ante sus pares.
Claudia Valladares, cofundadora y CEO de Impact Hub Caracas, denuncia que “las mujeres reciben una proporción mucho menor de financiamiento, especialmente capital de riesgo e inversiones formales, debido a estereotipos de género, sesgos inconscientes en los procesos de decisión, redes de inversión dominadas por hombres y estructuras de financiamiento que favorecen modelos tradicionales de emprendimiento masculinos”.
Pero la brecha no solo se manifiesta en el acceso a oportunidades, sino en la calidad de la remuneración. Según Encovi, aunque en algunas profesiones el sueldo base parezca equilibrado, la diferencia real se hace evidente al final del mes: en Venezuela los hombres perciben en promedio 36,7% más.
La disparidad salarial se agudiza en la cúspide de la pirámide corporativa. En cargos de dirección o gerencia, un hombre recibe 12,2 dólares más por hora que una mujer. Al respecto, Susana Reina señala que “cuando empiezas a sumarle bonificaciones por horas extras, por comisiones o por beneficios, en los hombres empieza a crecer mucho más esa compensación. Primero, porque están ubicados en posiciones que representan muchísimo poder y las mujeres en roles de recursos humanos, administración, contabilidad o apoyo logístico. Entonces, allí el esquema de incentivos y el pago por realizaciones extraordinarias, en el caso de estas posiciones, son muy bajos o inexistentes”.
Claudia Valladares sostiene que “sólo el 2% de mujeres son CEO de empresas en Venezuela y es un porcentaje que responde a barreras estructurales como menor acceso a redes de poder, roles tradicionales de género que dificultan la continuidad profesional, y sesgos (explícitos e implícitos) que limitan el ascenso a posiciones directivas”.
Reina agrega que mientras el hombre es reforzado por su capacidad negociadora y visto como un “líder”, la mujer que intenta defender su salario suele ser etiquetada como “conflictiva”, lo que congela sus ingresos por años para “no caer mal” en el grupo.
Isabel Bermúdez, psicóloga especialista en el manejo de finanzas, coincide en que existe una presión desmedida sobre el desempeño femenino: “Preferimos estar 100% listas para pedir un aumento salarial y sentimos que tenemos que demostrar cuatro o cinco veces más nuestro esfuerzo sobre el del hombre”.
La condena del sistema por ser mujer
A pesar de décadas de lucha por el reconocimiento de los derechos y las condiciones laborales de la mujer, todavía no basta el talento y la preparación para ascender en el ámbito laboral. Al contrario, se levanta un camino de obstáculos ante cada paso que dan, ya que el sistema penaliza factores biológicos y sociales, transformando la dedicación familiar en un estigma laboral.
Reina plantea que las empresas aún premian el “presentismo”. “Quien puede estar hasta las 8 de la noche en una reunión importante es alguien que no siente que la casa es su responsabilidad; por lo general, los hombres”.
Sumado a esto, a la mujer se le aplica socialmente el “castigo por maternidad” o muro maternal. Susana Reina advierte que “se considera que una mujer que ya tiene un hijo ya no está comprometida, que tiene que sacar tiempo del trabajo para su familia”. Explica también que la misma legislación laboral venezolana, que designa seis meses de permiso pre y postnatal, “se convirtió en la peor herramienta de soporte para las mujeres, ya que crea la percepción de que son un gasto para los empleadores”.
El problema no es el permiso, sino cómo la estructura laboral asigna a las mujeres la responsabilidad principal del cuidado. Cuando el sistema laboral asume que el cuidado del hogar y de los hijos recae casi exclusivamente en las mujeres, la maternidad termina siendo vista como una limitación profesional. Sin políticas que fomenten la corresponsabilidad, este sesgo continúa influyendo en decisiones de contratación, ascenso y salario.
Para Claudia Valladares, el sistema produce una acumulación de ventajas para quienes ya ocupan posiciones de poder y desventajas para quienes no las han tenido históricamente: “En Venezuela la desigualdad se intensifica por la falta de transparencia salarial, escasa regulación y sesgos de género y de clase, escasa regulación y prácticas claras de igualdad de oportunidades”.
Del sesgo estructural a la equidad
Para cerrar la brecha de género no basta con reconocerla, es un esfuerzo que requiere una sinergia entre reformas legislativas y un compromiso real del ecosistema empresarial para implementar mecanismos que garanticen la paridad.
Susana Reina expone que debe haber una ley de paridad salarial y una ley de paridad y de cuotas de género en los espacios de poder. Y coincide con Valladares en una hoja de ruta que prioriza la equidad a través de:
Transparencia salarial obligatoria y auditorías de equidad de género.
Incentivos fiscales para empresas que demuestren una reducción real de sus brechas.
Programas de apoyo financiero (microcréditos y fondos semilla) dirigidos específicamente a mujeres emprendedoras para romper las barreras de acceso al capital.
Sistemas de cuidado infantil y licencias equitativas, que permitan una inserción laboral y profesional plena sin que el peso del hogar recaiga solo en la mujer.
Pero no solo es trabajo del Estado; las empresas tienen la responsabilidad de implementar políticas internas. Sobre esto, Valladares puntualiza que deben:
Realizar diagnósticos internos de brecha salarial y publicar resultados.
Implementar procesos de reclutamiento, promoción y evaluación con sesgo mitigado.
Capacitar en liderazgo a mujeres y mandos medios.
Establecer metas claras de diversidad y objetivos vinculados al desempeño organizacional.
Fomentar cultura de corresponsabilidad de cuidados para equilibrar carga familiar y profesional.
Susana Reina explica al respecto que es imperativo formar al personal en la identificación y mitigación de sesgos de género. “En la toma de decisiones, los baremos no siempre son los mismos. He notado que a la mujer se le exige el doble o el triple de rendimiento. A los hombres se les contrata por su potencial; a las mujeres, por su cumplimiento de metas. No es una pelea igual”, sentencia.
Por otro lado, para Valladares el esfuerzo para cerrar la brecha debe ser transversal con acciones como:
Educación y capacitación temprana para promover carreras con equidad de género, especialmente en áreas técnicas y en ciencia (carreras STEM).
Programas de mentoría y patrocinio para desarrollar liderazgo femenino.
Cultura empresarial que valore el balance trabajo-vida.
Promoción de redes de inversión inclusivas donde mujeres inviertan en mujeres y apoyen emprendimientos diversos
“Para el sector privado, implementar políticas de igualdad permitiría retener un inmenso porcentaje de talento femenino que hoy abandona las empresas al no poder conciliar la vida laboral con la doble jornada doméstica, lo cual sería beneficioso para las empresas y la economía del país”, explica Reina.
Mientras, Valladares argumenta que “cerrar la brecha de género no es solo un tema ético sino estratégico, ya que las empresas se ven directamente beneficiadas al aumentar la diversidad de perspectivas en equipos, se potencia la innovación y se refuerza la reputación corporativa, lo que puede atraer clientes, inversionistas y talento diverso. Y sobre todo organizaciones con liderazgo diverso también tienden a tener mejor desempeño financiero y mayor resiliencia”.
La equidad de género busca justicia para hombres y mujeres según sus condiciones. Actualmente, la brecha salarial responde a un sistema que ignora las realidades de cuidado y desarrollo de las mujeres. Sima Bahous, directora ejecutiva de ONU Mujeres, explica que “en los lugares donde se ha priorizado la igualdad de género, las economías y sociedades han avanzado enormemente”.
Los archivos del caso Epstein revelan un horror que no debería sorprender: las víctimas han hablado y denunciado desde 1996. En Venezuela, las voces de sobrevivientes también siguen sin espacio ni protección. Una historia lejana resuena aquí, porque la indiferencia ante la violencia es global
“Esta chica merece la verdad”. Cuatro voces entre más de mil mujeres que han dedicado décadas a buscar justicia en el caso de Jeffrey Epstein pronunciaron estas palabras ante millones de espectadores durante el Super Bowl. Cada una mostró fotos de su adolescencia, recordatorios de la vida que les fue arrebatada antes de ser engañadas, violadas y sometidas a explotación sexual. La frase es sencilla, pero desgarradora: sí, todas las personas merecen la verdad, y ahora mismo ellas merecen que el mundo entero se alinee para protegerlas y ayudarlas a entender lo que vivieron.
Cada historia conocida es solo un fragmento, un pedazo de un rompecabezas que aún oculta lo que les ocurrió a quienes nunca pudieron hablar, sobrevivir o denunciar. Pero, ¿cómo podemos encontrar la verdad si nombrarla no es suficiente?
Cuando los Epstein Files salieron finalmente a la luz, la atención pública se volcó, una vez más, hacia los nombres famosos, las intrigas políticas y los detalles morbosos que rodearon la vida y la red de Jeffrey Epstein. Pero en medio del ruido mediático, lo más importante volvió a quedar relegado: los testimonios de las víctimas y sobrevivientes, muchos de ellos bajo juramento y respaldados por cientos de relatos similares que describían en detalle las violencias y la forma sistemática en que fueron cometidas. Ellas fueron quienes denunciaron durante años los abusos, quienes empujaron a las autoridades a investigar, quienes presionaron a la prensa y quienes cargan, todavía hoy, con las consecuencias más profundas del caso.
Ellas son las únicas que realmente nos pueden dar descripciones acertadas de lo ocurrido y de su impacto, pero su voz está ahora al fondo de los documentos que el Departamento de Justicia publicó de la forma más confusa y revictimizante posible: exponiéndolas a ellas y no a quienes cometieron los delitos.
Y con ello ciertas preguntas persisten: ¿qué ocurre con las voces de las víctimas? ¿Por qué necesitamos la divulgación de una investigación penal para entender que lo que ocurrió fue real? ¿Estamos realmente escuchándolas o seguimos encontrando maneras, conscientes o no, de silenciarlas? ¿Son el centro o las hemos convertido en ruido de fondo? Si no nos importa lo que las víctimas tienen para decir, ¿entonces qué importa?
Hoy hemos visto cómo sus exigencias han tomado una presencia en el conocimiento colectivo, pero las últimas tres décadas nos han dejado algo claro: nuestra voz sigue siendo, en los mejores casos, un sonido colateral. Gracias a ellas, y no gracias al FBI, el Departamento de Estado y los tribunales encargados, reconocemos al caso de Epstein como lo que es: una de las organizaciones de explotación y violencias sexuales más grandes de la historia moderna, sostenidas por sistemas judiciales y sociales que permitieron que estas prácticas se mantuvieran como secretos a voces desde 1996.
El conocimiento público que hoy tenemos del caso de Jeffrey Epstein se debe, en gran medida, a la voz de Virginia Giuffre. Pero su denuncia no surgió en un vacío: implicó acusar tanto al enigmático financista estadounidense (cuya fortuna nunca ha sido completamente explicada) como al integrante de la familia real británica Prince Andrew Mountbatten-Windsor. Su historia de explotación sexual desde los 17 años es ampliamente conocida, pero no siempre dimensionamos lo decisivo que fue su acto de valentía: gracias a su testimonio se abrió un caso que, con el tiempo, revelaría más de mil víctimas.
Desde entonces, el caso ha atravesado distintas etapas desde su inicio en 2005: primero, la investigación en Palm Beach que derivó en un polémico acuerdo de no procesar cargos federales, resultado de penas risibles y evidentes protecciones judiciales que beneficiaron a Jeffrey Epstein y a quienes lo rodeaban. Décadas después, en 2019 fue arrestado de nuevo por cargos federales de tráfico sexual y murió ese mismo año mientras esperaba juicio. Su asociada, Ghislaine Maxwell, fue detenida en 2020, juzgada y condenada en 2021 a 20 años de prisión por su papel en reclutar y facilitar el abuso de menores.
La sucesión de hechos públicos y las críticas por la falta de transparencia llevaron a que, en 2025, el Congreso aprobara el Epstein Files Transparency Act, una ley destinada a hacer públicas las investigaciones y documentos asociados para que se supiera realmente qué sabía el sistema judicial y qué se había mantenido oculto.
Como tantas otras víctimas de violencia sexual a lo largo del tiempo, las sobrevivientes del caso se encontraron ante la misma maquinaria de desprotección y revictimización. Un sistema judicial que, lejos de garantizar justicia, suele minimizar denuncias fundadas y verificadas, y que incluso muestra un esfuerzo activo por proteger a los agresores, sus acciones y sus identidades.
Al igual que innumerables mujeres antes, las sobrevivientes reclaman con la petición de publicar los archivos un tipo distinto de reparación: la transparencia pública y el conocimiento social de los crímenes, con la esperanza de que eso resulte en investigaciones que realmente señalen a los culpables y su rol.
No es un fenómeno reciente. Las mujeres han hablado durante siglos sobre violencias cotidianas, abusos no tan privados y deshumanizaciones constantes, recurrentes y muchas veces inconscientes. En la era posterior al movimiento Me Too, contar lo vivido se ha vuelto una vía para buscar cierto nivel de reparación. A falta de todo lo demás, siempre queda la opción de decir: esto ocurrió, su impacto fue profundo y merecemos respuestas y consecuencias.
Sin embargo, todavía sorprende cuando una mujer decide hablar, como si al hacerlo desafiara una regla no escrita de silencio pautado para la mitad de la población. Cuando las víctimas hablan, las seguimos considerando valientes, como si tener la capacidad de contar nuestras experiencias vividas no fuese uno de los fundamentos de la naturaleza humana. Para cualquier persona hablar es lo esperado; para las mujeres sigue siendo algo extraordinario.
Las llamamos valientes porque las víctimas continúan enfrentándose a la desconfianza, a la sospecha permanente y a la actitud social que cuestiona por qué se atreven a denunciar, como si exigir investigación, reconocimiento y escucha fuese un gesto desmesurado o inapropiado.
Las consecuencias de hablar públicamente van lejos, como una onda expansiva, que afecta a las víctimas y sus familias, círculos de amistades, trabajo y hasta en organizaciones feministas cuyos valores apuntan a la protección de mujeres, pero solamente si es algo que les conviene hacer.
Nuestro cuerpo, y también nuestra voz y nuestras exigencias, siguen siendo un campo de batalla, donde casi todo vale por encima de lo que hemos vivido y lo que decidimos contar, aún en espacios que nos han dicho que son seguros.
Con el lanzamiento de casi cuatro millones de archivos del caso de Jeffrey Epstein, las redes se han llenado de una atención casi morbosa que ha convertido el tema en un caldero de desinformación y de aparente confirmación de teorías conspirativas: relatos sobre élites omnipotentes que moverían, en secreto, las estructuras del mundo, y que irían tan lejos como a realizar rituales satánicos o incluso canibalizar recién nacidos. Miles de personas han dedicado horas a hurgar entre los documentos buscando retazos que validen sus peores pesadillas y concluyen, sin dudar, que estas teorías son reales.
Nos importa más una interpretación fantasiosa de archivos confusos y crípticos que usar esa evidencia para confirmar lo que no es nuevo. Las sobrevivientes ya habían delineado un retrato claro de los responsables y sus acciones, depredadores sexuales cuyo impacto en la vida y la salud mental de sus víctimas fue devastador. La información ha estado allí desde la década de los noventa. ¿Por qué seguimos creando monstruos fantásticos donde lo que hay, en realidad, son hombres haciendo lo que han hecho por siglos, amparados por una sociedad que finge no saber? ¿Por qué fingimos sorpresa ante lo que siempre se supo, siempre fue evidente, siempre se habló?
En entrevistas recientes, varias víctimas han dicho sentirse reconfortadas por la atención renovada al caso, pero advierten que entre el ruido mediático se ha perdido lo más importante: ser escuchadas y reconocidas como personas, no solo como símbolos de horror.
Por décadas, su mirada no se ha limitado a Jeffrey Epstein, sino que ha abarcado la red de depredadores que lo rodeaba y los sistemas que permitieron que estas violencias persistieran. La perversión real no requiere rituales imaginarios: se evidencia en los detalles más simples y crueles, como los videos que él filmaba de sus víctimas, forzándolas a sonreír mientras sus cuerpos y emociones eran sometidos a humillación y control constante. No nos queda sino imaginar sus rostros, cubiertos por rectángulos negros en los archivos, mientras Epstein las deshumanizaba con acciones grandes y pequeñas.
Hemos visto esto no solo en uno de los peores casos de explotación sexual de la historia moderna, sino también en Venezuela, todos los días, en cientos de casos que llevan años en procesos judiciales interminables, que drenan a las sobrevivientes de dinero, dignidad y salud mental; en las decenas de cuentas anónimas creadas para contar historias que el sistema nunca quiso escuchar; y en las cientos de mujeres que se han acercado a sus amistades, familiares o la prensa buscando apoyo para compartir sus relatos, encontrando -en el mejor de los casos- personas a quienes han tenido que convencer arduamente del valor y urgencia de sus testimonios.
Esto no es raro: según informes de organismos de derechos humanos, la falta de diligencia en procesos relacionados con la violencia de género en Venezuela es el primer obstáculo para el acceso a la justicia de las víctimas, reproduciendo un patrón de desprotección institucional. Sin embargo, la primera pregunta que se le hace a una víctima que ha decidido hablar sigue siendo: ¿Denunciaste? ¿Qué quieres lograr con esto? ¿Por qué quieres que hagamos algo al respecto?
En tanto desorden mediático y comunicacional, la prensa ha ocupado un rol central en la divulgación y el entendimiento de casos de violencias sexuales. La prensa siempre ha sido el lugar donde están las voces de las denuncias y exigencias que le hacemos al Estado, a las instituciones, al mundo. Mucho antes de que las redes explotaran con teorías conspirativas y desinformación, hubo periodistas que se negaron a dejar el caso en silencio. En particular, la periodista investigativa Julie K. Brown, del Miami Herald, desempeñó un papel decisivo: tras años de cobertura superficial y filtrada, ella dedicó meses de investigación para rastrear informes oficiales, entrevistar a sobrevivientes y reconstruir los mecanismos de protección que habían permitido que Epstein eludiera consecuencias reales durante tanto tiempo. Su serie de reportajes de 2018 titulados Perversion of Justice reabrió el caso en lo que muchos consideran el momento clave que llevó a su segundo y definitivo arresto en 2019 y a la presión pública sobre fiscales y autoridades judiciales para enfrentar los fallos del pasado.
A esto nos referimos cuando hablamos de responsabilidad colectiva: como sociedad, debemos activar los mecanismos necesarios para protegernos y proteger a quienes son más vulnerables. Quizás no siempre tengamos jueces dispuestos a velar por la verdad, pero sí podemos contar con periodistas comprometidas con investigar, corroborar y exponer las denuncias; con organizaciones que ofrezcan apoyo y contención en lugar de dudas y desinterés; y con cada una de nosotras que elige poner atención en lo que realmente importa.
Mucho hemos escuchado la frase Créele a las mujeres, pero pocas veces comprendemos realmente lo que significa, y a menudo juzgamos el atrevimiento del eslogan. ¿Creerle a las mujeres? ¿Cómo? ¿Así como así?
La realidad es que esto significa, ante todo, escucharlas, y a partir de ahí, activar los miles de mecanismos que tenemos para documentar, investigar y encontrar la verdad de lo ocurrido. Estos mecanismos no son nuevos: los hemos usado durante décadas en distintas investigaciones, pero cuando se trata de mujeres o personas género diversas, parecen desaparecer; nadie parece saber cómo actuar frente a una historia de violencia. Y eso que contamos termina muchas veces en el olvido, como ruido de fondo, y las víctimas pagan el precio: exponiéndose cada vez más para que entendamos la gravedad de lo vivido, mendigando apoyo en espacios cuya única tarea es prestarlo. Todo esto revela algo profundo: mientras no nos hagamos responsables colectivamente, cada denuncia sigue siendo un acto de valentía que corre riesgo de desaparecer entre la indiferencia y la burocracia.
Hoy tenemos la oportunidad de decidir dónde concentrar nuestra mirada: ¿en las voces de quienes han encontrado la fuerza para contar lo vivido, en la rigurosidad de quienes nos muestran la verdad a través de extensas investigaciones, o en los retazos de información que provienen de las mismas instituciones que históricamente protegieron a los criminales?
La respuesta define no solo cómo entendemos la justicia, sino qué tipo de sociedad queremos ser.
Lo que hoy vemos en nuestros celulares, ese horror mediático convertido en entretenimiento macabro, no está separado de nuestra realidad cotidiana. Es también el día a día de miles de mujeres en Venezuela, donde la violencia de género sigue siendo omnipresente y el acceso a la justicia es profundamente insuficiente y la impunidad ronda cifras alarmantes. Nos mantenemos, como sociedad, apegadas al silencio o a la incredulidad, incluso frente a violencias severas que suceden en nuestros propios entornos, y muchas veces dentro de organizaciones dedicadas a documentar y denunciar estas agresiones.
Cuando escucho a las sobrevivientes decir, con un sosiego que duele y sosteniendo las imágenes de ellas mismas en una adolescencia truncada, que merecen saber la verdad, esa frase resuena en mí, porque muchas de nosotras las hemos pronunciado, esperando ayuda de una sociedad poco dispuesta a entender.
Y aun así, seguimos hablando, incluso cuando la sordera es lo único que parece responder.
El inédito ascenso de mujeres al centro del poder en Venezuela ocurre en el momento de mayor colapso político e institucional. Lejos de representar un avance sostenido hacia la igualdad de género o una conquista feminista, politólogas advierten que estas designaciones responden al fenómeno del “acantilado de cristal”: liderazgos femeninos llamados a gestionar crisis casi irresolubles, con alto costo político y escaso margen de maniobra, mientras las estructuras tradicionales se resguardan del fracaso
El 2026 inició con un giro histórico en el escenario político venezolano: por primera vez en la historia reciente, todos los principales liderazgos del país son encabezados por mujeres. Un marcado contraste con respecto a las elecciones presidenciales del 2024, que no contaron con candidatas mujeres en el tarjetón.
Hoy tenemos al frente a Delcy Rodríguez, figura clave del oficialismo que pasó de la Vicepresidencia Ejecutiva a ejercer la jefatura del Estado, en condición de presidenta encargada, luego de que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenara su asunción tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en una operación militar ocurrida el 3 de enero de 2026, lo que fue interpretado dentro del marco legal como una “falta temporal” que debía ser suplida conforme a la Constitución para garantizar la continuidad administrativa del país. También María Corina Machado continúa como líder principal de la oposición desde su victoria en las primarias de 2022. Incluso Laura Dogu, la nueva encargada de negocios designada por EEUU para atender el caso de Venezuela, es mujer.
Pero este ascenso simultáneo de las mujeres al centro del poder no puede atribuirse completamente a un avance hacia la igualdad de género. Estas designaciones no parecen surgir precisamente como una respuesta de apertura democrática, sino más bien como una forma de respuesta estratégica para la gestión de la crisis. Dicho patrón ha sido estudiado en distintos contextos y recibe el nombre de “acantilado de cristal” en la teoría política y organizacional.
Alicia Montiel, politóloga y consultora política, explicó que el concepto de “acantilado” alude, justamente, al riesgo implícito de esas designaciones.
“Son cargos a los que se llega cuando la posibilidad de fracaso es muy alta, cuando el margen de maniobra es mínimo y el costo político o reputacional está prácticamente garantizado”, explicó la especialista.
Comentó que este patrón también cumple una función simbólica dentro de las dinámicas de poder, porque desplazar el riesgo hacia figuras femeninas permite proteger liderazgos masculinos previamente consolidados. “Cuando ya no hay respuestas y las soluciones parecen agotadas, se abre espacio para que una mujer asuma el mando, incluso como una forma de resguardar trayectorias masculinas y evitar que sean ellas las que carguen con el costo del fracaso”.
La politóloga Carmen Herrera agrega que este escenario no siempre se presenta como una oportunidad visible de promoción, sino como “una trampa política cuidadosamente construida”.
“No se trata de un ascenso real, sino de una oferta que llega cuando el cargo ya está atravesando una crisis prácticamente insolucionable. Muchas mujeres aceptan estos cargos no porque las condiciones sean favorables, sino porque representan la primera, y a veces la única ocasión real de acceder a espacios de poder que históricamente les han sido negados. La alternativa suele ser seguir esperando una oportunidad que nunca llega”, explicó.
La experiencia internacional muestra que el “acantilado de cristal” se ha repetido en distintos países y momentos históricos, destacando el caso de Theresa May como primera ministra del Reino Unido en 2016, quedando a la cabeza de una crisis política y económica inmediatamente posterior al referéndum del Brexit. En Australia, Julia Gillard llegó al gobierno tras la fragmentación interna del Partido Laborista que desencadenó dudas sobre su legitimidad durante todo su periodo. En Finlandia, Sanna Marin encabezó el Ejecutivo durante la pandemia de COVID-19, enfrentando una crisis sanitaria combinada con críticas centradas en su edad, su vida personal y su estilo. Asimismo, Xiomara Castro en Honduras y Dina Boluarte en Perú asumieron la presidencia en contextos de inestabilidad institucional, falta de confianza en los liderazgos masculinos y polarización.
Y en el caso venezolano, no es casualidad que este reordenamiento del poder de la política ocurra luego de la profundización de la crisis por el vacío de poder que dejó la operación del gobierno de Estados Unidos contra Nicolás Maduro y el desgaste de los liderazgos masculinos tradicionales, tanto del oficialismo como de la oposición, que hoy generan desconfianza o apatía.
Los resultados de la encuesta Latam-Wide de AtlasIntel y Bloomberg de enero de 2026 confirman el deterioro de la imagen pública de los principales líderes masculinos opositores que dominaron la escena política venezolana durante la última década. Juan Guaidó presenta apenas 29 % de imagen positiva, frente a 34 % negativa y un elevado nivel de indefinición (37 %. Henrique Capriles, excandidato presidencial y actual diputado registra 15 % de valoración positiva, con 25 % negativa y un 60 % de respuestas “no sabe”, después de haber conseguido el 49,12% de los votos en las elecciones presidenciales del 2013. Leopoldo López aparece aún más rezagado, con solo 16 % de imagen positiva, 24 % negativa y 61 % de indefinición, lo que sugiere una figura de liderazgo ya desdibujada.
Sin mencionar la ausencia de otros liderazgos con legitimidad social y política que deben permanecer fuera del radar público por encontrarse en el exilio, en la clandestinidad como Delsa Solórzano, o privados de libertad como Juan Pablo Guanipa.
Eva Sabariego, politóloga y directora de EmpoderaME, mencionó también que las mujeres asumen la vocería en escenarios de mayor peligro, y el éxito o el fracaso de la estrategia recae absolutamente sobre la figura femenina. “Son ellas quienes asumen el costo personal, legal y reputacional del desenlace, mientras las estructuras de poder tradicionales observan desde lejos”, puntualizó Sabariego.
Liderazgo femenino como última carta
En el ámbito hispanoamericano, autoras como Tània Verge y Silvia Claveria, han analizado el fenómeno al mostrar cómo las mujeres suelen ser llamadas a ocupar cargos de liderazgo para “salvar el día” cuando estallan escándalos protagonizados por hombres, ya sea por corrupción, abuso de poder, violencia o escándalos sexuales.
Alicia Montiel señaló que mientras que los escándalos empresariales suelen resolverse con menor exposición pública, las crisis políticas están inevitablemente sometidas al escrutinio ciudadano. La política, recordó, es un servicio público, y quienes ocupan cargos electos no responden a accionistas, sino a votantes, lo que hace que los costos reputacionales sean mayores y más visibles.
Allí es donde la investigación académica identificó que ciertos estereotipos tradicionalmente asociados a las mujeres son percibidos como especialmente útiles en momentos de crisis y se instrumentalizan para suavizar la imagen de los gobiernos, como la empatía y el rol de cuidadoras.
“Cuando un hombre falla en política, se habla de errores estratégicos, de coyunturas adversas, de sistemas complejos. Cuando falla una mujer, la narrativa cambia: se cuestiona su capacidad, su temple, su liderazgo. El error deja de ser individual y se convierte en colectivo, y refuerza estereotipos históricos en donde las mujeres son “buenas para limpiar crisis”, pero no para gobernar en tiempos normales”, destacó Montiel.
Carmen Herrera explica que, en contextos normales, las cúpulas mayoritariamente masculinas tienden a promover y validar a perfiles similares a los suyos, reproduciendo liderazgos masculinos de forma sostenida. Las mujeres, aunque participan activamente, suelen quedar relegadas a tareas de coordinación comunitaria o trabajo de base —sin acceso a la vocería ni al reconocimiento público— y quien no tiene vocería difícilmente acumula legitimidad. Por eso, incluso cuando las mujeres realizan trabajo sustantivo, los logros suelen ser capitalizados por hombres que ocupan el espacio protagónico.
Cuando sobreviene una crisis porque los liderazgos tradicionales comienzan a “quemarse”, asumir la vocería se vuelve demasiado costoso.
Herrera lo atribuye a que ese acceso ocurre en condiciones profundamente adversas, porque la expectativa social es inmediata, la tolerancia al error es mínima y el castigo político suele ser más severo. “La mujer que asume no solo debe gestionar la crisis, sino también enfrentar una mayor exposición, ataques personalizados y una evaluación constante de su capacidad”.
Gobernar sin margen de maniobra
Desde la teoría del acantilado de cristal, Montiel interpreta la designación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada como un mecanismo de “lavado de cara” del chavismo, en medio de negociaciones de alto nivel que permanecen fuera del conocimiento público.
“Sobre el 3 de enero no tenemos todos los elementos, no sabemos realmente qué pasó ni qué está ocurriendo en este momento, pero circulan múltiples versiones: desde quienes sostienen que Maduro fue entregado, hasta quienes afirman que salió del país por decisión propia. Algún día sabremos todo eso, pero mientras tanto, lo que sí puede afirmarse es que Rodríguez asume un liderazgo profundamente condicionado”, asevera.
Según la especialista, la presidenta encargada se encuentra atrapada entre expectativas contradictorias que hacen extremadamente difícil consolidar respaldo político. “Debe responder a una base chavista, que observa con desconfianza su relación con el gobierno de Estados Unidos, su interlocución con la administración Trump y la recepción de funcionarios estadounidenses; pero debe mantener un discurso público de exigencia por la liberación de Maduro y Cilia Flores de su secuestro”.
En América Latina, se puede identificar el patrón en la gestión de Dilma Rousseff en Brasil, que permitió una recomposición parcial del capital político del Partido de los Trabajadores y facilitó el retorno de Luiz Inácio Lula da Silva al poder.
A su criterio, resulta igualmente improbable que Rodríguez logre generar confianza en la oposición y en una mayoría de venezolanos que rechazan al chavismo. “Está en una posición en la que sólo puede fracasar, justo como lo indica la teoría del acantilado de cristal”, resumió la consultora política.
Reconocimiento tardío
El acantilado también está presente cuando las mujeres acceden al liderazgo tras largos periodos de exclusión. El ejemplo de María Corina Machado en este caso resulta particularmente ilustrativo.
“Durante buena parte del período chavista, Machado intentó posicionarse como una alternativa política sin lograr el reconocimiento que probablemente habría obtenido un dirigente masculino en condiciones similares”, expuso.
La consultora Montiel consideró igualmente que el respaldo masivo a Machado no se produjo sino hasta que otros liderazgos masculinos se agotaron, y cuando se hizo visible la estrategia de custodia de las actas electorales del 28 de julio, que había sido planteada por la dirigente en años anteriores sin encontrar eco. Aún así, pese a haber sostenido una campaña centrada en su figura y al considerable esfuerzo físico y emocional que ello implicó, María Corina Machado no sería quien asumiera la Presidencia, pues debió canalizar ese capital político a través de la candidatura de un hombre, una decisión condicionada por las circunstancias políticas del momento. Recordó además que la primera alternativa femenina, la académica Corina Yoris, fue excluida del proceso, lo que terminó por reforzar la paradoja de un liderazgo femenino ampliamente legitimado que no pudo traducirse en una postulación directa.
Carmen Herrera también alude a que Machado —a pesar de ser una figura con larga trayectoria pública— sólo logró consolidarse como lideresa opositora en el momento más crítico del deterioro democrático, añadiendo presión extrema y una volatilidad alta del respaldo ciudadano. En este escenario, la expectativa de “salvación” suele ser tan elevada que cualquier resultado insuficiente se traduce rápidamente en críticas, por haber asumido en un momento prácticamente irresoluble.
“Durante años fue considerada una outsider, ajena a la cúpula opositora dominada por hombres, cuyos liderazgos se fueron desgastando progresivamente. Machado obtiene reconocimiento precisamente por ese carácter externo al patrón dominante, lo que le permitió ganar las primarias y convertirse en referente. Sin embargo, lo hizo en el peor momento posible: con una crisis profunda y sin condiciones para desarrollar una gestión o un proyecto político a largo plazo. Su liderazgo, en ese contexto, se convierte en una tarea constante de contención y respuesta inmediata”, sostuvo.
Pero no es el único riesgo asociado a la teoría: también existe la posibilidad de que se minimicen los logros reales de las mujeres líderes al presentar sus éxitos únicamente como respuestas excepcionales a dichas situaciones límite.
Los estereotipos de género a su vez continúan influyendo de forma decisiva en la manera en que la opinión pública evalúa a las mujeres que asumen roles de liderazgo. Eva Sabariego advierte que las mujeres no solo enfrentan los desafíos políticos o técnicos del cargo, sino también una carga simbólica adicional asociada a su género, porque una misma conducta puede ser interpretada de manera radicalmente distinta dependiendo de quién la ejerza.
“Si una mujer tiene una actitud firme y decisiva en un contexto de crisis puede ser atacada por ser ‘poco femenina’ o ‘agresiva’, por encajar o no en dinámicas sociales preconcebidas. Si esa misma actitud viene de un hombre, suele asociarse positivamente con control y dominio de la situación”, afirma.
Ese escrutinio diferenciado tiene efectos que van más allá del caso individual. De acuerdo con Sabariego, los errores de una mujer en posiciones de alta visibilidad se maximizan y terminan repercutiendo de forma ejemplarizante sobre otras mujeres.
La politóloga Montiel coincide en que la concepción de que la mujer debe ser primero esposa y madre, mientras que el protagonismo público y político se reserva para el hombre continúa operando como una barrera invisible en la política contemporánea.
Esta resistencia no es exclusiva de países con democracias frágiles o sistemas políticos cerrados. Incluso en contextos considerados consolidados, como Estados Unidos, se han reproducido dinámicas similares. Montiel recordó los casos de Hillary Clinton y Kamala Harris, dos candidatas con amplias credenciales políticas y experiencia institucional, cuya imagen pública fue evaluada bajo estándares distintos a los aplicados a sus contrincantes.
“Aunque el género no puede considerarse la única variable explicativa de esos resultados electorales, es difícil no preguntarse por qué dos mujeres con trayectorias sólidas perdieron frente a un candidato que no tenía experiencia política ni formación en el funcionamiento bipartidista del país”, apuntó la especialista aludiendo a Donald Trump.
En ese sentido, Montiel insistió en que los partidos políticos y las estructuras tradicionales de poder han funcionado históricamente como espacios predominantemente masculinos que han promovido principalmente las carreras de otros hombres dentro de sus propias filas. Como resultado, incluso cuando emergen liderazgos femeninos visibles y con respaldo social, estos enfrentan mayores obstáculos para traducirse en poder institucional efectivo.
Cuando la crisis pasa, ¿el poder retrocede?
Sabariego advierte que el sistema tiende a revertir a sus patrones masculinos tradicionales cuando la crisis pasa, por la falta de mecanismos que aseguren esa permanencia en el poder de las mujeres que ascendieron por coyunturas políticas. “Resulta más fácil responsabilizar al género femenino si la estrategia fracasa y volver a un liderazgo masculino tradicional. Las mujeres aceptan estos puestos como su única vía de escalar, y los hombres la evitan para proteger su carrera o reputación”, refirió.
En Venezuela, esta fragilidad estructural se ve agravada por la ausencia de una normativa robusta que garantice la participación igualitaria de las mujeres en los espacios de poder. El Centro de Justicia y Paz (Cepaz) en 2023 documentó que ni la Ley Orgánica de Procesos Electorales ni la Ley de Partidos Políticos establecen de forma clara y vinculante criterios de paridad y alternabilidad. Lo que ha existido hasta ahora son iniciativas que se han limitado a resoluciones administrativas de carácter temporal, con bajo rango normativo, publicación intempestiva y sin mecanismos eficaces de sanción.
La directora de EmpoderaME reconoce que el debate sobre las leyes de paridad sigue abierto, pero que sin presión legal, la experiencia demuestra que las estructuras de poder no ceden de forma voluntaria.
“El debate sobre la Ley de paridad aún no tiene un consenso definitivo. Por un lado, se presentan como una herramienta necesaria para obligar la participación equitativa en espacios públicos y romper el bloqueo histórico. Por otro lado, existe la crítica de si es beneficioso que esta participación sea impuesta por ley en lugar de ser un proceso espontáneo y voluntario. Quienes cuestionan la ley temen que se perciba como una concesión y no como un reconocimiento al mérito, mientras que sus defensores argumentan que, sin una obligación legal, el sistema nunca cederá espacios voluntariamente”.
La estructura misma de los partidos políticos son otra clave para entender por qué el liderazgo femenino sigue siendo excepcional (y no la norma) en la política venezolana. Estos están históricamente diseñados y dirigidos por hombres, añade la politóloga Carmen Herrera.
“En Venezuela, los partidos políticos han estado mayoritariamente liderados por hombres, no solo en la práctica, sino también en sus reglamentos y en la forma en que están organizados. Esto contrasta con lo que ocurre a nivel comunitario, la organización y la coordinación comunitaria están protagonizadas por mujeres, pero ese trabajo no suele traducirse en visibilidad política ni en vocería pública”.
Este desequilibrio en la legitimidad -donde las personas terminan otorgándole mayor protagonismo a quien hace la vocería y no al que está coordinando y sacando adelante el trabajo de hormiga en las comunidades- responde a patrones tradicionales de ascenso dentro de los partidos, donde no existen procesos democráticos sólidos para la elección interna de liderazgos.
“No hay estructuras democráticas reales de elección; las decisiones suelen tomarse de manera unidireccional, a dedo, por una sola persona. Ese mecanismo facilita que se reproduzcan siempre los mismos perfiles. Quien decide suele reproducir el mismo patrón que lo puso a él en el poder”, apuntó Herrera.
Ahora, para evitar que el acceso de las mujeres a los espacios de decisión quede limitado a contextos de crisis requiere transformaciones estructurales, no soluciones simbólicas ni coyunturales. El primer paso, remarcó Herrera, es un proceso de concientización ciudadana y formación cívica que debe ser sostenido en el tiempo.
“Las personas deben entender que, incluso en medio de una crisis o una emergencia, el liderazgo no puede ni debe recaer en una sola persona. Esta visión permitiría aliviar la carga desproporcionada que suele recaer sobre las mujeres”, prosiguió.
Ese giro implicaría desmontar dos pilares profundamente arraigados en la cultura política venezolana: el mito del salvador y el personalismo. Para la politóloga, se trata de que los ciudadanos entiendan que la resolución de una crisis no depende de que una mujer lo solucione todo, sino de un equipo estratégico más amplio, conformado por ella y por otras personas que influyen de distintas formas en la solución del problema.
En el plano partidista, Herrera fue enfática en la necesidad de democratizar los mecanismos de selección interna. A su juicio, mientras predominen prácticas como el amiguismo o el nepotismo, las desigualdades se seguirán reproduciendo. “Si tú te pareces a mí, si estás más cerca de mí, eres quien asume. Ese patrón es el que hay que romper”, advirtió, porque los partidos políticos son de los principales nichos de participación política de las personas.
En Venezuela, las excarcelaciones de presos políticos avanzan con lentitud, poca transparencia y libertad condicionada. En esa espera —en la calle, ante los penales, frente a la prensa—quienes sostienen la lucha por justicia y reparación son, mayoritariamente, madres, esposas y hermanas
Un piquete de la Policía Nacional Bolivariana custodia un penal con presos políticos y al frente, en el piso, una mujer yace con una cobija rosada sobre su cuerpo. Parece haber logrado conciliar el sueño ante la mirada impasible de los funcionarios. Esa imagen evidencia cómo avanza el proceso de excarcelaciones en Venezuela 14 días después de que el gobierno interino de Delcy Rodríguez anunciara la salida de prisión de “gran número” de personas: con lentitud, escasa transparencia, libertad condicionada y la condena familiar a una eterna espera.
Acostarse en la calle. Denunciar una y otra vez ante la prensa el caso de los suyos. Orar a ver si un milagro se cumple y las puertas se abren. Un ciclo, un bucle. Ser familiar de un preso o de una presa política te convierte en eso: una persona insistente frente a una circunstancia cargada de irregularidades.
Fotografía: @realidadhelicoide
Lo innegable, porque es claro frente a las cámaras y ante cualquier persona que esté cerca, es que esa lucha por la libertad, la justicia y la reparación tiene nombres de mujeres detrás. De mujeres que se mueven diariamente por el reencuentro en un sistema que no solo vulnera los derechos de sus seres queridos, sino también los individuales.
Parecen situaciones tácitas, pero no. Todas revelan una realidad: las detenciones arbitrarias también afectan de forma diferenciada a hombres y mujeres. La desigualdad basada en género sobresale sin importar si ellas están dentro de una celda o a las afueras de un centro de reclusión pidiendo una fe de vida.
Sencillamente: es otra dimensión de la violencia del Estado y el sistema de justicia de Venezuela contra las mujeres.
El Centro de Justicia y Paz (Cepaz), así como otras organizaciones defensoras de derechos humanos, enfatizan que los actos de persecución y criminalización política en Venezuela son generalizados. Es decir, afectan a mujeres y hombres por igual.
Familiares de presos políticos en Venezuela pasan la décima noche esperando información sobre sus seres queridos, a las afueras del Centro de Detención de la Zona 7 de la Policía Nacional en Caracas, Venezuela. Fotografía: REUTERS/Gaby Oraa
Lo que dicen está respaldado con datos: de al menos 1.000 personas detenidas por razones políticas, según registros extraoficiales, 700 u 800 son hombres y el resto mujeres. Sin embargo, cuando la tortura y/o el trato cruel se ejerce sobre ellas, destacan patrones discriminatorios que se generan por motivos de género.
“No hay una política de persecución contra las mujeres, pero el daño que se causa a mujeres detenidas por razones políticas por supuesto que sí tiene unos efectos diferenciados, precisamente por su condición de mujer”, señala Martha Tineo, abogada y activista.Tineo explica que esto ocurre desde el momento de la detención y en los procesos de tortura: “Son sometidas a tratos crueles que tienen que ver con humillarlas y denigrarlas por ser mujeres. Las torturas refieren a razones de género. Sufren ofensas, tocamientos, violencia sexual. Hay un daño diferenciado contra ellas”.
El último informe de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU, publicado en septiembre de 2025 y que documenta la violación de derechos humanos desde el 28 de julio de 2024 hasta agosto pasado, incluyó un apartado de violencia sexual y basada en género porque hay hechos que demuestran esta diferenciación.
En el último año y medio, la Misión registró un aumento de casos de violencia sexual y de género contra mujeres, niñas y adolescentes, así como hombres privados de libertad. Conocieron los casos a través del testimonio de organizaciones, testigos y familiares. Estas personas fueron víctimas de sexo transaccional coercitivo, requisas masivas con desnudez forzada, violencia reproductiva y posibles actos de esclavitud sexual y/o prostitución forzada.
Entre julio de 2024 y agosto de 2025, se documentaron 22 casos de este tipo en seis estados de Venezuela.
Todas las tardes, durante las semanas de septiembre de 2024, las familias se reunían para rezar y cantar alabanzas fuera del penal de Tocuyito, en el estado Carabobo. Todo empezaba con un círculo de oración. La mayoría de sus integrantes eran mujeres: madres, esposas, hijas, nietas, sobrinas o tías. Fotografía: María José Dugarte
“Al menos una mujer y cinco adolescentes (15-17 años) fueron sometidas a explotación sexual a través de actos de sexo transaccional coercitivo. Una mujer que estuvo detenida en una dependencia de la GNB por cuatro meses informó a la Misión que fue testigo de un acto de violencia sexual contra otra mujer privada de libertad. También informó que los sargentos hombres exigían a las mujeres mantener relaciones sexuales a cambio de acceso a llamadas telefónicas”, señala el informe.
Hay diversas situaciones que evidencian la desigualdad sistemática y la violencia que sufren las mujeres en prisión porque requieren otro tipo de atenciones que, normalmente, no son consideradas cuando se trata de un hombre.
Si se nombra lo más sencillo: ellas necesitan acceder a productos de higiene menstrual y servicios de salud sexual con regularidad. Si se complejiza: hay mujeres privadas de libertad con un embarazo en desarrollo o en proceso de lactancia que necesitan condiciones mínimas para culminar estas etapas de su vida, que además es compartida con su hija o hijo.
Aun así, durante la represión postelectoral de 2024, dos mujeres embarazadas fueron arrestadas arbitrariamente y ninguna recibió la atención médica gineco-obstétrica que requerían, según la Misión de la ONU. El reporte detalla que “a una de ellas, con un embarazo de alto riesgo de 11 semanas cuando fue detenida, se le denegó la realización de ecografías y pruebas de control durante la detención. Otra mujer, detenida el 2 de agosto de 2024 por la GNB, fue separada de su bebé lactante y sólo se le permitió amamantarlo ocasionalmente y a discreción de sus custodios. Estos le exigieron favores sexuales (sometimiento a través de la coerción sexual) a cambio de permitirle alimentar regularmente a su bebé”.
Familiares de presos políticos en Venezuela pasan una sexta noche durmiendo en el suelo frente a las cárceles mientras esperan las liberaciones de sus allegados. Fotografía: REUTERS/Gaby Oraa
El informe La violencia en femenino – El Libro Violeta de la represión en Venezuela, elaborado y publicado por Cepaz en noviembre de 2024, recoge el testimonio de una menor de edad que estaba embarazada y sufrió malos tratos durante su detención: “Fue obligada a realizar ejercicios físicos, como saltar y trotar, mientras la amenazaban con forzarla a abortar, «para que no pariera a un guarimbero»”.
La violencia en femenino explica que “los comentarios, amenazas y actos de contenido misógino y sexual, pronunciados en momentos de extrema vulnerabilidad, buscan intimidar y deshumanizar a las mujeres, exacerbando el abuso de poder y la violación de sus derechos fundamentales durante la detención”.
Estos patrones diferenciados de violencia no son nuevos. El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) ha explicado en varios informes que el país “no ha desarrollado políticas penitenciarias acordes a los estándares internacionales para la construcción de espacios para mujeres”.
Solo hay dos espacios medianamente compatibles con la reclusión de mujeres, el INOF y La Crisálida; incluso así, los tratos con perspectiva de género son exiguos, especialmente cuando se trata de presas políticas.
Emirlendris Benítez: cuando la tortura y la violencia detienen tu vida
Martha Tineo recuerda el caso de Emirlendris Benítez, una mujer que fue detenida la madrugada del 5 agosto de 2018 y resultó implicada, sin pruebas, en el magnicidio fallido de Nicolás Maduro, Cilia Flores y el alto mando militar.
Benítez fue sometida a torturas aunque manifestó a los funcionarios que estaba embarazada. El libro Ahora van a conocer el diablo documenta que le martillaron el pulgar del pie derecho. La asfixiaron con una bolsa plástica mientras sumergían su cara en un tobo con agua. La golpearon en la zona abdominal y le aplicaron descargas eléctricas en el estómago, a pesar de conocer esta información.
“Las torturas le produjeron un aborto y le fue practicado un curetaje sin su consentimiento, sin ni siquiera tener conciencia. Todo eso devino a que ahora está en silla de ruedas. No puede caminar por sus propios medios. Entonces, ahí vemos cómo aplicar el mismo tipo de torturas a una mujer, con las condiciones físicas de una mujer, puede tener impactos distintos”, detalla Tineo, quien lleva un registro muy cercano del caso.
Emirlendris Benitez, presa política
Emirlendris es madre de dos hijos, una joven que ahora vive fuera de Venezuela y un niño que está al cuidado de su papá. Ellos también sufrieron una vulneración de sus derechos como menores de edad: la prohibición de ver y estar con su mamá.
A Emirlendris la condenaron a 30 años de prisión, pena máxima en Venezuela. Ella es una de las 16 presas políticas preelectorales. Desde la desaparición forzada que sufrió, su caso lo han visibilizado dos mujeres: Beatriz y Melania Benítez, sus hermanas, quienes también han sido violentadas de múltiples formas.
La carga de cuidado como forma de violencia
Cepaz señala que “las mujeres familiares de los presos políticos, que en definitiva son mayoritariamente hombres, enfrentan una dimensión de violencia poco visibilizada. Estas madres, esposas y hermanas, quienes quedan a cargo no sólo de la búsqueda de justicia, sino del cuidado de sus familiares que el Estado no garantiza, no solo soportan la separación y el sufrimiento por sus seres queridos, sino que también son criminalizadas y perseguidas”.
Enfrentan violencia de género, insultos sexistas, agresiones físicas y sexuales en allanamientos y detenciones de sus familiares, y lo que se ha visto en los últimos días: tratos crueles constantes que se manifiestan con negativas de que su ser querido se encuentra en determinado penal; prohibición de visitas; y el aislamiento.
Familiares de presos políticos esperan afuera de la cárcel de El Rodeo, después de que se anunciara que varios prisioneros serían liberados, en El Rodeo, estado Miranda. Fotografía: REUTERS/Gaby Oraa
“Recientemente, una mujer nos decía que su hermano estuvo en situación de desaparición forzada unos cuantos meses y cuando finalmente logró ubicar el centro de reclusión en el que estaba, y logró ingresar, fue abusada sexualmente. Lo que le dijeron los funcionarios que hicieron esto fue: «Bueno, mira, esto para que no te queden ganas de seguir viniendo para acá»”, indica Martha Tineo, quien coordina también la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP).
Todas son situaciones que profundizan la desesperación y el trauma familiar e individual. Son heridas que cargan las mujeres venezolanas en medio de una crisis humanitaria compleja que persiste.
Hay que tratar de dimensionarlo: si las estimaciones extraoficiales de las ONG señalan que hay más de 1.000 presos políticos en Venezuela, entonces hay mil familias cuyos derechos humanos son violentados a diario.
Como es el caso de Carmen Farfán, una mujer de 56 años, quien desde el 25 de noviembre de 2025 no ha parado de buscar respuestas sobre su hijo, José Gregorio Reyes Farfán, y su nuera Marylin Del Valle Gil. Ambos fueron detenidos de manera arbitraria en Monagas por agentes de la División de Inteligencia Estratégica (DIE) de la PNB.
Carmen cuenta que su nuera fue detenida junto con su nieto de 14 años. Ella no presenció el allanamiento porque se encontraba con su hijo en el hospital por una consulta médica. Ahí lo buscaron y se lo llevaron bajo amenaza.
“Ya perdí la cuenta de a cuántos lugares he ido. Para donde me mandan, voy. Para la persona que quiere a su familiar, esto es fuerte. Pero más que todo para una madre. Si lo tienen detenido y le dan su derecho, que uno pueda visitarlo o llevarle ropa o comida, pero no. Lo tienen prácticamente secuestrado, no preso”, expresa Carmen.
En la mayoría de los casos, estas familias son representadas por mujeres porque son ellas quienes, históricamente, han ejercido las labores de cuidado en Venezuela. Los datos más recientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), publicados en 2024, determinaron que en Venezuela 15,4 millones de personas trabajan en labores de cuidado no remunerado en los hogares y, de este total, 10 millones son mujeres.
Familiares de privados de libertad siguen en los centros de detención y cárceles a la espera de información, fe de vida y la liberación de todos los presos políticos. Fotografía: Rosalí Hernández
Son ellas quienes, incluso con un trabajo formal, atienden a personas dependientes: niños y niñas, adultos mayores, algún familiar con discapacidad y enfermos. Ahora, a esta lista, se puede incluir una categoría más: aquel familiar detenido por razones políticas.
Las mujeres familiares de presos políticos sufren impactos económicos importantes porque, en la mayoría de los casos, quedan a la deriva cuando la persona proveedora o colaboradora termina en prisión.
Casi por defecto, ellas asumen la responsabilidad del hogar y en paralelo inicia una búsqueda de recursos para visitar y proveer alimentos y/o productos esenciales a sus familiares en prisión. Muchas se ven obligadas a viajar horas para verlos y, en muchos casos, si lo logran, son extorsionadas para procurar la supervivencia de sus seres queridos.
En estos procesos, la situación se agrava cuando las mujeres pierden sus empleos. Cuando ya se vuelve imposible asistir a una oficina porque el seguimiento de lo que ocurre prevalece, la comprensión de un jefe o una jefa llega al límite. Y a eso hay que agregar el desarrollo de enfermedades por desgaste físico y mental sin posibilidad de conseguir atención médica inmediata por falta de dinero.
Son situaciones que se repiten en múltiples centros de detención del país, incluyendo penales transitorios o comandancias de la GNB, mientras lees esto.
Fotografía: @clippve
Carmen Farfán, por ejemplo, tuvo que dejar su trabajo como vendedora de pescado en Güiria, donde reside, para atender el caso de su hijo. Además, cuando pudo ver a José Gregorio y Marylin luego de su detención arbitraria, le entregaron a su nieto.
“A él le hace falta su familia, su mamá y su papá. No va al liceo porque estudia en Monagas y su abuela materna, que vive en Caracas, lo cuida. Estamos esperando a ver si los sueltan y puede regresar, o sino toca cambiarlo”, comenta.
En el informe La violencia en femenino, Cepaz resalta que no hay que olvidar el contexto social, político y económico de las víctimas de la reciente represión postelectoral: “La mayor parte de las víctimas (…) fueron hombres de sectores desfavorecidos (…) y la mayoría de las personas que han han asumido la exigencia de justicia (…) y cuidados de estos detenidos son sus familiares mujeres (…) que provienen de sectores económicamente deprimidos, donde imperan los hogares monomaternales”.
Mujeres sosteniéndose en red
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), un grupo conformado por activistas y familiares de detenidos postelectorales, ha contado múltiples veces que muchas de estas cuidadoras no tienen dinero para asistir a las visitas y entre ellas han hecho colectas para apoyarse.
Es la misma colaboración que se ha visto en los últimos días a las afueras de los principales centros de reclusión de presos políticos: mujeres que duermen en carpas y comparten panes, galletas, café, agua, medicamentos o alguna toalla sanitaria.
Son mujeres que han desarrollado un sentido de comunidad y contención que las mantiene activas, incluso cuando su familiar detenido es excarcelado.
Familiares de presos políticos se arrodillan frente a los policías que custodian el centro de detención de la Policía Nacional Bolivariana en la Zona 7 de Caracas, Venezuela. Fotografía: AP/ Ariana Cubillos
Clippve es un ejemplo de eso: algunas defensoras son familiares de expresos políticos, casi todas madres o hermanas, que luego se ofrecen como voluntarias para asesorar sobre procedimientos legales o trámites más sencillos, como enseñar la etapa para realizar una denuncia de manera correcta.
Estas mujeres han hecho red al punto de crear su propio comité: Madres en Defensa de la Verdad. Su cuenta en Instagram se convirtió en un canal que muestra sus esfuerzos por organizarse y denunciar lo que ocurre con los presos políticos en el país.
Estos grupos tienen antecedentes que van más allá de las detenciones o la represión por motivos políticos. Son resultado de una grave crisis de derechos humanos extendida a todos los sectores de la sociedad.
Por ejemplo, Madres Poderosas es una agrupación de mamás que se organizaron para exigir justicia para sus hijos asesinados extrajudicialmente desde 2016. Juntas han logrado conseguir la condena de los funcionarios que asesinaron a sus hijos.
De una forma similar, nació Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) en 2017, una organización creada por Rosa Orozco, madre de Geraldin Moreno, una joven que fue asesinada durante las protestas del año 2014. Su objetivo es claro: acompañar a las familias de víctimas de ejecuciones extrajudiciales en contextos de represión política en la búsqueda de justicia.
Las vulneraciones que sufren han llevado a estas agrupaciones a converger. JEP acompaña a las mujeres familiares de presos políticos y también las capacita para que asuman su propia vocería, para intentar vencer el miedo impuesto por la represión y la coerción de las fuerzas estatales.
Familiares de presos políticos esperan a las afueras el centro de detención de la Policía Nacional Bolivariana en la Zona 7 de Caracas, Venezuela, para saber de sus seres queridos. Fotografía: AP/ Ariana Cubillos
Hablar de estas vulneraciones de los derechos de las mujeres es necesario porque el daño que se produce es transversal a cada aspecto de sus vidas. Son sacrificios que generan sufrimientos que se invisibilizan porque, normalmente, solo se comparten miradas generales sobre las víctimas de la represión en el país.
Cepaz explica que omitir estas realidades suprime la “reconstrucción histórica plena” de la crisis de derechos humanos de Venezuela e invita a “reconocer y dar voz a estas mujeres”.
No basta solo con registrar lo que han sufrido las presas y presos políticos, sino empezar a llevar a la conversación mediática sus nombres y el de sus principales defensoras: las mujeres de su familia.
La espera mata
Las consecuencias por esperar una excarcelación ya se ven a las afueras de los centros de reclusión. Hay madres y esposas, sobre todo aquellas que son adultas mayores, que sufren descompensaciones debido a las condiciones a las que se exponen: sol inclemente, lluvia, desbordamiento emocional y un cansancio profundo ante las idas y venidas obligatorias.
Las patologías previas se agravan, sobre todo cuando la encarcelación se prolonga por meses o años. En el último mes, por ejemplo, tres madres de exdetenidos políticos han fallecido antes de ver a sus hijos fuera de su centro de reclusión.
La muerte más reciente fue la de Omaira Navas, madre del periodista Ramón Centeno, quien falleció el martes 27 de enero tras sufrir un ACV. Un día antes, ella acompañaba a su hijo a la primera audiencia de presentación tras su excarcelación.
Omaira solo disfrutó la presencia de Ramón por 13 días. Fue la primera en abrazarlo luego de que pasara cuatro meses sin visitas. Ella pasó cuatro años exigiendo la liberación de Ramón. Denunció cómo se deterioraba la salud de su hijo durante su encarcelamiento, pues fue detenido en medio de un proceso de recuperación por un accidente de tránsito.
La vitalidad acompañó a Omaira hasta ver a su hijo en casa, pero no resistió una lucha que continúa: alcanzar la libertad plena y verlo andar sin usar silla de ruedas.
Yarelis Salazar tenía 39 años y murió esperando la libertad de su hijo, Kevin Orozco, un detenido postelectoral. Sufrió un infarto a las afueras de la cárcel de Yare, en el estado Miranda, el pasado 21 de enero.
Cuatro días después, la excarcelación se concretó: Kevin volvió a casa, pero el abrazo materno se lo dio su abuela. No pudo despedirse.
Un día después de que reportaran la muerte de Yarelis, falleció Carmén Dávila, madre del médico ginecólogo Jorge Yéspica Dávila. No supo que lo habían excarcelado. Esperó su libertad durante 14 meses.
Para ellas, la espera fue una sentencia, una privación de su derecho a querer y compartir con los suyos. La condena parece extenderse a las que aún resisten a las afueras de los centros de reclusión. Aun así, el deseo de un reencuentro está ahí, imponiéndose a la incertidumbre, al silencio y a la injusticia.
Una cuenta de Instagram, conocida como “fotonarcisista”, decidió exponer las acciones de un periodista venezolano: Iván Ernesto Reyes. En los testimonios se revela cómo se configuró un patrón de abusos y violencias denunciados por las mujeres, entre las que se encuentran la violencia psicológica, sexual y digital
Un grupo de mujeres se unió para crear la cuenta de Instagram @fotonarcisista, un espacio donde comenzaron a visibilizar las experiencias de violencia emocional, digital y sexual que vivieron. En el perfil se encuentran 14 testimonios, nueve de ellos pertenecientes a periodistas.
En las entrevistas recopiladas para este artículo, las víctimas señalan a Iván Ernesto Reyes como el agresor. Reyes es un periodista venezolano conocido por haber trabajado en medios nacionales como Efecto Cocuyo y VivoPlay, además de colaborar con plataformas internacionales como DW, CNN, The Washington Post, Salud con Lupa, Cosecha Roja, The New Humanitarian y El Tiempo, entre otros.
Desde Redsonadoras se intentó establecer comunicación con Reyes para obtener su versión de los hechos, pero no se obtuvo respuesta.
Un hombre que parecía “encantador”
Más allá de haber sido sobrevivientes del mismo agresor, estas mujeres comparten una percepción inicial similar: creían estar frente a un hombre que parecía haber sido “escrito por una mujer”. Lo percibían como alguien “encantador”, “inteligente”, “deconstruido”, “aliado feminista” y, sobre todo, “sensible”. Un hombre que parecía comprender cualquier emoción, por compleja que fuera.
Todas estas características se alinean al concepto de “hombre performativo”, un nuevo arquetipo de la masculinidad en la que ciertos hombres trabajan en su estética, parecen ser fan de la literatura escrita por mujeres e incluso de la poesía, suelen hablar de equidad o igualdad de género y se venden como “aliados” de luchas sociales. El término se ha convertido en tendencia en redes sociales y como reza un artículo de The New York Times: “Son hombres que intentan adaptarse a lo que creen que les gusta a las mujeres feministas”.
Cuando Betty* conoció a Iván pensó –a primera vista– que era extraordinario y diferente a cualquier otro hombre que había conocido. “Validaba mis emociones, era cariñoso, cercano y parecía honesto. Tenía una respuesta serena ante mis dudas y jamás me hizo sentir mal cuando me mostraba insegura”, contó.
Se conocieron en uno de sus viajes de trabajo por Venezuela, a finales de 2024. Describe su conexión como “instantánea” y, casi de inmediato, generó una especie de apego hacia él. Se encargaba de hacerla sentir como “la única” en su vida y que estaban hechos el uno para el otro.
La llenó de tantas atenciones que Betty pensó que era difícil que tuviera otros vínculos similares. Pero la realidad cambió cuando otras mujeres que sostuvieron algún vínculo con él, la contactaron.
Betty afirma que después de conocer otras historias de cómo esta persona usaba información para manipularla, entendió que “No hubo errores de su parte. Fueron actos calculados y una estrategia que se repitió al pie de la letra con todas”.
Según la Organización de las Naciones Unidas para las Mujeres (ONU Mujeres), el abuso emocional es un patrón de comportamiento que utiliza palabras, acciones o gestos para controlar, manipular, humillar y disminuir la autoestima de otra persona. Este abuso no implica violencia física, pero incluye amenazas, intimidaciones, aislamiento, criticismo constante, chantaje emocional y otras tácticas destinadas a infundir miedo y dependencia.
Este patrón era constante en las relaciones que tejía este periodista. Luisa* lo conoció en el ámbito periodístico, en el año 2019 en Caracas. Salieron por unas tres semanas, después ella se dio cuenta de que salía con otra persona y detuvo ese vínculo. Sin embargo, continuaron como colegas, ya que escribían temas similares.
La relación dio un giro en el 2024, cuando nuevamente comenzaron a salir y coincidió con un momento difícil de su vida: “Mi mamá tenía cáncer de pulmón y todo avanzó muy rápido. Al poco tiempo ella dejó de hablar y de caminar. Él me decía que estaba dispuesto a quedarse y que quería estar para mí”.
“El primer mes fue buenísimo, después mi mamá enfermó, murió y, por supuesto, me sentía muy vulnerable. Él no estaba en el país y sentía que todo (la relación ) era muy raro. A pesar de esto, él me decía que yo me sentía así porque mi mamá había muerto. Invalidaba mis emociones”, menciona.
Sus ganas de terminar la relación la superaban, pero él buscaba mecanismos para detenerla apelando a sus emociones: “Me daba vueltas, me convencía y me dejó su gata. Gata que estaba en una condición de negligencia y abandono. Yo me hice cargo de todos los gastos porque él decía que no tenía trabajo, lo que después descubrí que era mentira”.
En los testimonios vinculados con Reyes el patrón de la mentira se repite: mentía sobre su situación laboral, económica y sobre sí mismo. Luisa* lo corroboró cuando decidió hablar con él por última vez. Se vieron en Bogotá, ella había descubierto que tenía otras relaciones y que estaba a punto de irse a vivir con “su novia” de dos años.
“Llevaba más de 12 horas continuas mintiéndome y me obligó a hablar sobre eso, me perseguía por todo el lugar, me abrazaba, no me dejaba tranquila”. En ese instante, Luisa se sintió vulnerada y desprotegida, él actuó y abusó sexualmente de ella. Después de eso, el cuerpo de Luisa se sentía cansado y ella experimentó una mezcla de emociones. Cuando él decidió irse del apartamento, ella le dijo que no quería saber más de él. “Le dije que era un monstruo”, cuenta Luisa y él le contestó: “Me alegra que por fin lo veas”.
De 13 mujeres que mantuvieron un vínculo sexo-afectivo con Reyes, seis de ellas denuncian violencia sexual. De hecho, algunas afirman que fueron manipuladas para no usar preservativo, que hubo contagio de infecciones de transmisión sexual (ITS), como el Virus del Papiloma Humano (VPH). Tres de ellas se sintieron abusadas sexualmente por esta persona.
Declaran que insistieron en el “no” y que él no respetó y las forzó a mantener encuentros íntimos.
De acuerdo a la psicóloga y especialista en casos de violencia de género, Kika Martorell, la violencia sexual se trata de un acto intencionado de naturaleza sexual que es forzado en otra persona sin su consentimiento y puede incluir el uso de la fuerza física, la coerción e intimidación.
Martorell explica que aquellas mujeres que son sobrevivientes de violencia sexual y deciden no denunciar ante instancias legales, ya están sufriendo un gran impacto psicológico: “debido a la violencia sufrida, presentan algunos síntomas como estrés postraumático, ansiedad, ataques de pánico, insomnio, entre otros. A esto se suma el miedo, la vergüenza, o el temor a que no le crean”.
Añade que se puede enumerar una lista de las razones por las cuales las mujeres deciden no denunciar y entre ellas destaca: miedo a ser señalada, a ser juzgada, aunado a la inexistencia de un sistema de justicia que las proteja, y por el contrario, existe una alta impunidad en casos de violencia contra las mujeres, lo que se traduce en revictimización”.
La psicóloga indica que en estos casos, es indispensable que las víctimas tengan algún tipo de validación emocional, ya que puede ser difícil lidiar con lo que significa ser una persona abusada de manera psicológica y sexual.
“La validación emocional y el reconocimiento es primordial en estos casos porque le hace hacer sentir a la mujer que su palabra y la experiencia violenta es válida y real. La hace sentirse acompañada, que no está sola. Esto favorece a la recuperación de su integridad que fue lastimada y dañada producto de la violencia”, dice.
E insiste en que: “Además de que el reconocimiento permite desculpabilizar a la persona víctima de violencia y pone la responsabilidad y culpa en quien la merece, el agresor, el victimario. La contención emocional que le puedan brindar en sus espacios más cercanos es importante”.
Violencia digital
Al igual que Luisa, Helena* también se sintió vulnerada y violentada por Reyes. Cuenta que se conocieron en el verano del año 2021 en Estados Unidos. Él recién estaba llegando al país y expresa que el inicio de su relación fue “intensa, tormentosa y me dejó profundas secuelas psicológicas de las que todavía estoy tratando de deshacerme”.
Describe ese vínculo marcado por el abuso emocional y sexual. Al inicio, “parecía un hombre confiable”, se mostró disponible, dispuesto a escucharla y a entenderla e incluso se presentó como “un hombre feminista” que quería explorar la “no monogamia ética”, pero que después de un tiempo ella describe como “una máscara y una estrategia siniestra para manipular y confundir”.
Sin embargo, lo que comenzó como “una relación abierta”, pronto se convirtió en un vínculo marcado por la manipulación. Helena recuerda que muchas ocasiones se sintió en la posición de pedir disculpas o humillarse para que “él la perdonara”.
“Lloraba constantemente. Me sentía atrapada y al mismo tiempo que no era suficiente. Me comparaba constantemente con otras mujeres en su vida. A la vez, conforme yo iba avanzando profesionalmente -mientras él estaba un poco estancado- me cuestionaba mis logros, minando también ese aspecto de mi vida. La relación con él se sentía como una montaña rusa: un día estaba en la cima y al otro en el hueco más profundo”, reflexiona.
Pero, el punto más abusivo de la relación, según Helena, llegó cuando en momentos de discusiones o peleas se alternaban con encuentros sexuales que en algunos momentos fueron violentos y no se respetaron los límites establecidos. Pese a esto, en los últimos meses de la relación, comenzaron a vivir juntos y durante ese tiempo, no aportó para la renta o ayudaba con los gastos, a pesar de tener trabajo, una acción que configura un patrón de violencia económica.
Insistía que tenía que “reunir dinero” para regresar a Venezuela. Además, expresó que como Helena estaba en una “situación de privilegios” era injusto que él diera una contribución.
Otro tipo de violencia que se evidencia en los testimonios es la violencia digital. Tanto Helena como Luisa aseguran que Reyes tiene material íntimo de ambas que nunca quiso borrar, incluso, una de ellas afirma que grabó varios vídeos sin su consentimiento. Temen que pueda hacer algo con ese material.
La Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en Venezuela sanciona la violencia informática, la cual define como “Cualquier acto que use tecnologías de la información y comunicación para ejercer violencia psicológica, acoso, hostigamiento o violencia mediática contra una mujer”.
La abogada Aslee Pirela, coordinadora de la Red de Mujeres en el estado Zulia, aclara que aunque la ley lo establece, dentro de los organismos del país aún existe un largo camino por recorrer, ya que no existen mecanismos que se consideren eficaces para respaldar a las mujeres en este tipo de denuncia. Aunque insiste que es importante seguir denunciando y visibilizando estos casos.
Pirela también sostiene que al momento de denunciar, las mujeres tienen derecho a mantener la confidencialidad, pero en el caso de la legislación venezolana esto no siempre se cumple. Eso dificulta que las sobrevivientes acudan a las instancias correspondientes. Informa que en caso de violencia sexual, el proceso puede ser más difícil e incluso doloroso.
“A pesar de los esfuerzos realizados para sensibilizar sobre el trato adecuado a las víctimas de violencia de género, estos han provenido principalmente de organizaciones de la sociedad civil. Es necesario capacitar a los funcionarios que reciben las denuncias, para que cuenten con los conocimientos necesarios y puedan brindar a las víctimas la información correcta, ya que muchos no comprenden la legislación venezolana que tipifica los delitos sexuales. A esto se suma que, con frecuencia, las personas que deciden denunciar experimentan una doble victimización. Esta comienza en el momento de la denuncia, se prolonga hasta la divulgación pública del caso —si es que esta ocurre— y, en muchas ocasiones, persiste a lo largo de todo el proceso judicial”, explica.
Helena agrega que para ella ha sido un camino difícil salir de esa relación: “Darme cuenta de que, con el mismo libreto, le hizo daño a otras mujeres, ha sido difícil porque es como sentir los golpes una y otra vez. No sé si él tenga la capacidad de reconocer el daño que inflige en los demás, no creo. Espero que contar nuestra historia públicamente evite que otras caigan y que sirva de algún modo para que lo que me hizo, lo que nos hizo, no se lo lleve el viento”.
Las historias de Betty, Luisa, Helena y más de una docena de mujeres revelan un patrón sostenido de manipulación, violencia emocional, sexual y digital ejercida por Reyes. Ellas decidieron romper el silencio y se unieron a una red de apoyo que trasciende más allá de una denuncia colectiva. La cuenta #fotonarcisista no solo se convierte en un archivo testimonial, también es un acto de resistencia colectiva en un contexto donde las instituciones y la sociedad siguen fallando.
*Las identidades fueron cambiadas a petición de las víctimas.
El lunes 27 de octubre una cuenta en Instagram volvió a abrir la conversación acerca de las violencias que experimentan las mujeres. La cuenta #FotoNarcisista expone los testimonios de 13 mujeres, nueve de ellas periodistas, y señala a un fotoperiodista venezolano sin mencionar el nombre. De las 13 personas que tuvieron un vínculo afectivo con esta persona, siete reportaron efectos “negativos severos” a su salud mental.
Hasta ahora la cuenta @fotonarcisista comparte ocho de 13 testimonios y más que las historias revelan un patrón de conducta con múltiples violencias: nueve de ellas denuncia violencia emocional y psicológica y tres denuncian abuso sexual. En uno de los post las víctimas expresan que: “Intentaron frenar el encuentro al sentirse maltratadas físicamente, pero su negativa no fue respetada y este persistió”.
Asimismo, cinco denuncian violencia psicológica por más de un año, seis reportan “violencia sexual, como manipulaciones para no usar preservativos, contagio de enfermedades de transmisión sexual, grabación de vídeos íntimos sin consentimiento, archivo de material íntimo con consentimiento revocado”. Y cinco reportaron aprovechamiento económico y laboral.
Según la ONU, una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia física o sexual en su vida.
Un día después de la primera publicación, el martes 28 de octubre, las denunciantes informaron que la cuenta desde la cual se difundieron los testimonios fue bloqueada durante unos minutos, “aparentemente debido a denuncias”. “Creemos que esto no es casual: el silencio ha sido el mejor aliado para que el #FotoNarcisista pueda ejercer múltiples violencias contra muchas de nosotras”, sostuvieron en un mensaje difundido a la prensa.
La cuenta #FotoNarcisista volvió a publicar luego de esta breve interrupción y los posts sucesivos ampliaron el mensaje de lo que ha significado para ellas entrar de nuevo en una conversación que hace cuatro años removió cimientos a partir del movimiento #YoTeCreoVzla.
En abril de 2021, un río de denuncias se desparramó por las redes sociales con la etiqueta #YoTeCreoVzla Cientos de mujeres denunciaron a sus agresores por violencia de género, la conversación destapó una herida y también una conversación que había estado sepultada desde siempre.
Durante semanas la conversación no se detuvo, testimonios aparecían y aparecían y en apenas ocho días la plataforma Yo Te Creo Venezuela registró 565 denuncias, de las cuales 86 personas pidieron ayuda psicológica. La mayoría de las historias señalaba a hombres del mundo de las artes, pero también de los medios de comunicación.
Antes del #YoTeCreoVzla -en febrero de 2020- una redacción se solidarizó con una víctima de violencia de género y sentó un precedente: le creyó a la mujer que ponía la denuncia y además tomó acciones. “Una bomba en la redacción” levantó varios testimonios en ese momento, pero la viralidad del movimiento llegó un año después, casi como el #MeToo en Estados Unidos.
El 9 de febrero de 2020 el medio Cinco8 decidió hablar de lo que apenas empezaba a circular en redes sociales, la escritora Andrea Paola Hernández denunciaba a su primer novio por abuso emocional y psicológico, un editor de dicho medio.
“En muy poco tiempo pudimos ver que las denuncias se iban haciendo más y más graves y que eran muy consistentes entre sí (…) A nosotros nos estalló una bomba en nuestra minúscula sala de redacción de menos de diez personas. Había estado siempre ahí pero no la habíamos visto. La vimos porque una mujer habló, y porque la escuchamos”, reza una parte del editorial.
Este editorial sentó un precedente para el resto de los medios de comunicación venezolanos, le creyó a la víctima, lo expuso, y además echó de su equipo al agresor. La violencia de género en este gremio ha quedado plasmada en informes.
Pero la situación empeora para las fotorreporteras, en ese sentido, 100 % de las entrevistadas indicaron haber sufrido más de una situación de acoso, hostigamiento o agresión de carácter sexual en el ámbito laboral y, en la mayor parte de los casos, estas situaciones les ocurrían con frecuencia.
Marcela* (identidad protegida) explica: “Precisamente porque las cosas han cambiado mucho desde 2021 es que decidimos usar otro tipo de estrategia. Creo que aprendimos acerca de la importancia de compartir nuestras experiencias, al mismo tiempo que nos protegemos. Venezuela es un país muy distinto al que tuvimos hace cuatro años, especialmente para periodistas y defensoras de derechos. Ya que la mayoría de las víctimas estamos de alguna u otra forma en situación de riesgo, decidimos que decir menos era decir más y una mejor manera de empezar una conversación que rápidamente se esparció en el gremio periodístico. En ese sentido nuestra intención era que fuese una funa comunitaria, no solo porque nosotras somos ocho personas en la organización, sino porque necesitábamos que nuestra comunidad y gremio nos ayudara a decir lo que nosotras no necesariamente podíamos”.
Algunos de los testimonios que narran parte de estas historias y protegen sus identidades revelan patrones de abuso y violencia de diferentes tipos.
Helena: “Destruyó mi autoestima y me alteró gravemente la percepción de la realidad”.
Marta: “Minimizó constantemente mis logros profesionales, haciéndome sentir insegura incluso al recibir un reconocimiento internacional”.
Vicky: “Mantuvo múltiples relaciones en paralelo sin yo saber, mientras formalizaba una relación conmigo”.
Betty: “Saber que era parte de un patrón de abuso emocional y que había tantas afectadas me destruyó. Hoy no soy capaz de creer en mi propio juicio”.
La cuenta que recoge los testimonios de 13 mujeres una vez más pone la lupa en la violencia machista y se vale de las redes sociales para amplificar un mensaje que muestra: dolor, abusos y silencio. Entre las demandas que hacen las víctimas hay un foco importante: “Las periodistas venezolanas merecen vivir una vida personal y laboral sin violencias constantes”.
Marcela lo resume en una idea que muestra la complejidad en la cual se le exige a las víctimas, lo que nunca se le pide a un agresor: “Creo que las funas son valiosas porque nos obligan a enfrentar cosas con las cuales siempre miramos a otro lado. Es fundamental escuchar a las personas que están sobreviviendo distintos tipos de violencia en Venezuela, y eso incluye a quienes viven violencias psicológicas y sexuales. Sin embargo, no es una experiencia agradable, ni siquiera recomendada. Es realmente una pesadilla que la única forma de que nos escuchen sea a través de la exposición de historias bien delicadas. Con esta campaña quisimos garantizar nuestro bienestar a pesar de la exposición que conlleva hacer públicamente una denuncia de esa gravedad y complejidad”.
