Creada por La Red de Periodistas Venezolanas (RDPV) a mediados de 2024, Redsonadoras.com emerge como una comunidad digital dedicada a la difusión de contenidos, historias e iniciativas que resuenen como un grito colectivo para impulsar el periodismo feminista en el país y la región.
Con una línea editorial independiente, este espacio se centra en la promoción del periodismo con perspectiva de género y una visión transversal de la inclusión. Este medio ofrece un espacio seguro donde las mujeres de todas las comunidades y colectivos sociales pueden informarse y expresarse, con contenidos creados con respeto, ética y sensibilidad social.
Desafíos y logros de mujeres y periodistas
Redsonadoras.com se reconoce también como divulgadora del activismo en derechos humanos y defensora de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes. La plataforma publica una variedad de contenidos, incluyendo aprendizajes clave de las formaciones ofrecidas por la RDPV, productos de programas de becas, y artículos de otros medios aliados. Estas notas y reportajes se enfocan en los desafíos y logros de las mujeres y periodistas venezolanas.
Ante un panorama mediático donde muchos medios tradicionales en Venezuela continúan cosificando y descalificando a las mujeres, Redsonadoras.com demuestra que es posible adoptar un periodismo más respetuoso, empático y riguroso en la cobertura de situaciones que afectan a la mitad de la población mundial.
El objetivo a largo plazo de esta plataforma es consolidarse como el principal medio feminista en Venezuela, lograr alcance nacional e internacional y ampliar la resonancia de la labor de las periodistas venezolanas y latinoamericanas al tejer nuevas redes sororas y significativas en la región.
Cuatro fructíferos años de la RDPV
Desde su fundación en junio de 2020, la RDPV ha crecido para incluir a más de 260 mujeres periodistas que trabajan en diversos medios y organizaciones. La Red fue impulsada inicialmente por María Laura Chang y Estefanía Reyes, quienes convocaron a colegas y amigas para crear un espacio de conexión y colaboración en medio de la pandemia.
Entre sus iniciativas más destacadas se encuentra el Informe sobre Acoso Sexual contra periodistas en Venezuela, que visibilizó una problemática silenciada. En sus hallazgos se expuso una realidad conocida por muchas personas de los medios, pero que permanecía en la sombra, queriendo normalizarse para comodidad de los agresores.
El Bootcamp “Género en Foco” fue otro proyecto clave, proporcionando un espacio para el debate y aprendizaje sobre temas urgentes como el antirracismo, las crisis ambientales y los derechos humanos. Este evento presencial en Caracas combinó sesiones in situ y virtuales para maximizar su alcance y efectividad, al incluir a la mayoría de las miembras de la RDPV.
La campaña #LasPalabrasImportan, en colaboración con la Agencia de las Naciones Unidas para la Salud Sexual y Reproductiva en Venezuela y al Fondo para la Población de Naciones Unidas (UNFPA), se dedicó al activismo para erradicar la violencia contra la mujer.
Desarrollada en un marco de 16 días de activismo en redes sociales, esta campaña se enfoca en sensibilizar sobre la importancia del lenguaje y la forma en que se informa sobre la violencia de género.
Programas de Becas “Redsonadoras” y “Narrar Fronteras”
Además, los programas de becas como “Redsonadoras” y “Narrar Fronteras“, con convocatorias abiertas y sesiones de formación, han apoyado la producción de contenidos periodísticos que abordan temas de justicia de género, diversidad e inclusión, así como las complejas realidades de las zonas fronterizas.
Estos programas han proporcionado financiamiento y formación a periodistas y activistas, fortaleciendo la cobertura de temas cruciales en regiones marginalizadas.
La RDPV continúa su compromiso de transformar el periodismo venezolano, mostrando que es posible un enfoque más respetuoso y empático hacia las mujeres en los medios, y aspirando a consolidarse como referencia de periodismo feminista en Venezuela.
Crisleida Porras, periodista y editora de Redsonadoras.com, representó a la RDPV en el curso “Narrativas que tejen igualdad: Género, medios y periodismo” organizado por UNFPA en Venezuela. Tras detallar los objetivos de la Red y los proyectos realizados, resaltó que “este no es solo un recuento de metas alcanzadas. Al presentarles esta iniciativa hoy, queremos invitar a las participantes de este taller a inspirarse y hacer realidad sus proyectos periodísticos”.
Añadió que lograr estas metas implica grandes sacrificios personales y profesionales, así como enfrentar desafíos particulares del contexto que significa hacer periodismo independiente en Venezuela. Pero no por ello es imposible y la RDPV existe como prueba irrefutable.
¿Quién dijo que a todas las pueden salvar? Muchas veces son devueltas en urnas al otro lado de la frontera o las entierran en suelo colombiano en la más absoluta soledad, con sus deudos a cientos de kilómetros resignados o viendo su funeral por una videollamada. Hay otras que simplemente siguen desaparecidas.
A algunas les roban sus niños o los separan institucionalmente de ellas, les quitan sus documentos y son confinadas mientras son explotadas sexualmente día tras día, noche tras noche. Otras son esclavizadas y entregadas a grupos armados en la guerra sin fin, en la Colombia profunda, o traficadas a otros países.
La muerte lenta les llega por VIH u otras infecciones de trasmisión sexual (ITS). Las inducen al consumo de sustancias psicoactivas, como alcohol u otras drogas, adicciones que las sumen en una destructiva vorágine. Un escaso número se reconoce como víctima, pocas se atreven a denunciar, mientras que los ínfimos casos retratados en los medios tradicionales ven luz bajo un enfoque revictimizante para saciar los clics.
La mayoría será parte del subregistro y de la negación y abandono de su Estado de origen, del Estado a donde migraron forzosamente o por donde pasan en tránsito. Las niñas, adolescentes y mujeres migrantes explotadas sexualmente o sometidas a contextos de prostitución llevan las de perder en todo momento.
Pero algo tienen todas en común: siempre hay alguien lucrándose una y otra vez de la venta de sus cuerpos a otros hombres que las demandan como una mercancía más. Mientras exista la demanda, la trata no cesará.
En este panorama, la voz de mujeres que trabajan en condiciones elevadas de riesgo y condiciones adversas para auxiliar y rescatar a víctimas y sobrevivientes se hace vital en el camino de sanar y superar las múltiples violencias que no cesan en medio del contexto migratorio.
Ilustraciones: Ernesto Cáceres
De víctimas a defensoras: un viaje de sanación y activismo
La lucha que libra la abogada Alejandra Vera contra las mafias proxenetas en la frontera colombo-venezolana hace quizá parte de su proceso de transformación: del dolor a la dignidad. Desde niña sufrió el desplazamiento forzado por el conflicto armado colombiano, la violencia brutal de su progenitor y luego ser vendida a una familia venezolana. Ha denunciado con fuerza las múltiples violencias que padecen las mujeres en la zona, que van desde cruentos asesinatos hasta el robo de sus hijos.
Es precisamente en Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela y puerta de entrada de migrantes forzados, el nódulo donde confluyen múltiples actores, que van desde grupos armados, redes de trata y bandas criminales, además de la proliferación de los estudios webcam (recintos destinados a generar contenido pornográfico a costa de la explotación sexual y laboral de niñas y mujeres) donde el trabajo de lideresas como Alejandra Vera, directora de la Corporación Mujer Denuncia y Muévete, cobra una labor vital, pero de altísimo riesgo.
Alejandra relató que en 2024 fue perfilada y expuesta por funcionarios de la alcaldía de Cúcuta y la Policía de Turismo ante los dueños de prostíbulos y proxenetas, después de haber revelado la crisis sanitaria que afectaba a cientos de mujeres víctimas de trata y prostitución.
En su organización, más de 12,000 mujeres migrantes han sido atendidas en los últimos tres años, muchas de ellas embarazadas y víctimas de trata desde niñas. “La violencia sexual y la explotación están normalizadas en algunas comunidades, donde incluso los cuidadores participan en estos abusos”.
Justo en torno a los derechos sexuales de las mujeres y a una vida libre de violencia, el debate entre los modelos para abordar la prostitución se mantiene abierto en Colombia, entre dos visiones: el regulacionismo, que pide su reconocimiento jurídico, la considera un trabajo, exige beneficios laborales, rechaza el punitivismo sobre quienes la ejercen y asegura que éstas lo hacen de manera “voluntaria” (agencia propia).
Por otro lado, el abolicionismo de la prostitución asegura que esta ni es sexo ni trabajo: es violencia sexual y machista, donde las mujeres son consideradas una mercancía u objeto de consumo al servicio de los hombres. En sus ejes está ofrecer una salida, protección a las víctimas y sobrevivientes (atención psicológica, jurídica, sanitaria y laboral), nunca criminalizarlas, perseguir al proxenetismo y sancionar la demanda.
Aunque en Colombia, la prostitución no está prohibida como tal y el debate se vuelve complejo, Vera insiste que se trata de una forma de explotación. Entre 2018 y 2024, la oenegé que lidera identificó a unas 5,000 mujeres en contextos de explotación sexual y víctimas de trata, la mayoría migrantes venezolanas.
En 2023, la organización que Alejandra dirige registró oficialmente cinco mujeres asesinadas en contextos de explotación sexual. La activista detalló que las mujeres son encontradas en costales en los canales u otras son llevadas a la zona del Catatumbo, región de Colombia en la que históricamente han accionado las guerrillas del ELN, las FARC, el EPL y los grupos paramilitares, “a través de formas inimaginables de la violencia, y que han dejado a su paso más de 130,600 víctimas”, como reseña el portal Rutas del Conflicto.
“Es muy duro oírlas llorar, cómo describen la violencia sexual a las que son sometidas, que desean salir de allí o cuando confiesan que han intentado quitarse la vida. Pero también es muy doloroso cuando terminan asesinadas, contactar a sus familias y repatriar sus cuerpos”, denuncia Vera.
Traspasar el dolor para servir
Una pistola en la cabeza cambió la dirección de una vida marcada por la explotación sexual a la que Kate estaba sometida desde que cruzó a Colombia. Fue el punto de giro en el tránsito de víctima a transformarse en un instrumento de auxilio y sanación en las historias de otras.
“Un hombre me amenazó, me quería matar y tuve que salir desnuda corriendo a pedir ayuda. Ese día pensé, ¿quién cuidaría de mi hija si algo me pasa? Eso fue lo que me llevó a decidir que era hora de cambiar”, recuerda esta mujer venezolana de 31 años, aún con dolor, mientras une los retazos del suceso que la llevó a convertirse en defensora de los derechos de mujeres migrantes y colombianas retornadas, desde Cúcuta, Norte de Santander, frontera con Venezuela.
Retrocede y recuerda el viaje emprendido en 2016, cuando llegó desde el estado Lara (a casi 370 km de Caracas) con su hija de 4 años, con la intención de trabajar y enviar dinero para el tratamiento médico de su padre enfermo.
La promesa de trabajo de una “amiga” la llevó a un lugar donde se ejercía la prostitución y durante dos meses estuvo inmersa en un ambiente de drogas, violencia y explotación, sometida por un proxeneta que le exigía pagos diarios a cambio de protección.
Cruzar esa dolorosa línea para Kate fue posible gracias al apoyo que recibió de varias organizaciones, entre ellas la Corporación Feminista Mujer Denuncia y Muévete.
No ha sido fácil el camino, pero el balance hoy en día lo considera positivo. Regresó a los burdeles, pero para extender su mano a otras.
“Todo fue cambiando cuando comencé a trabajar con una organización internacional. Ellos me dieron tarjetas canjeables por mercados y kits de higiene, lo que fue una bendición en ese momento”.
Meses después, la misma organización lanzó un proyecto destinado a ayudar a mujeres y gracias a su experiencia Kate fue seleccionada para unirse a esta iniciativa. Así, comenzó a enseñar a otras mujeres a reconocerse a sí mismas, a pesar de la violencia y el sometimiento que enfrentan, como rigurosos encierros, crueles golpizas y amenazas de muerte.
El proceso de auxiliar a otras también ha implicado poner su vida en riesgo. Durante la activación de una ruta de denuncias, alguien alertó a bandas delictivas que operan en el parque Mercedes Ábrego de Cúcuta (zona de impacto) y hoy Kate enfrenta amenazas por su trabajo como defensora de los derechos de muchas mujeres.
“El año pasado, acompañé a una niña venezolana que fue golpeada por un proxeneta al negarse a vender drogas. Hicimos la denuncia ante la fiscalía y un año después no ha pasado nada. La persona denunciada fue alertada de lo que estábamos haciendo”.
La niña tuvo que regresar a Venezuela debido a amenazas de muerte. No recibió protección de ninguna institución en Colombia. “Esta situación es común cuando se activan las rutas para víctimas de trata, convirtiéndose en un proceso lento en el que muchas mujeres han sido asesinadas”.
Kate conoce bien el pantanoso terreno que pisa y describe cómo las bandas criminales demuestran su control del territorio en los asentamientos de migrantes donde, junto a los proxenetas, imponen un férreo control sobre sus vidas:
“Una vez que alcanzan la pubertad, entre los 13 y 14 años le advierten bajo amenaza de muerte que no deben perder su virginidad sin su permiso, porque las consideran de su propiedad. Las marcan como reses, con tatuajes con los que las identifican como de su propiedad”.
Si una niña intenta escapar o su familia protegerla, no les queda otra salida que huir. Kate, insiste en las fallas de las rutas de protección para las víctimas de trata. “Existen casas de refugio para ellas y sus hijos, pero el tiempo de estancia es limitado y luego deben abandonar el refugio. Incluso, a veces la información sobre su caso se filtra, llega al victimario y agrava el escenario”.
Kate ha sido una voz activa para las mujeres migrantes víctimas de trata y sobrevivientes de violencia sexual en numerosos eventos en Colombia. Ha presentado peticiones de protección a diversas entidades estatales, cuestionando la atención y protección brindada a las víctimas, así como la gestión en procesos de regularización migratoria.
El discurso de la dignidad: sobrevivir para contarla
En agosto de 2018, el más alto estrado de la justicia en Colombia, la Corte Constitucional, se vio sacudido cuando Claudia Quintero se plantó para pronunciar en 13 minutos su emblemático Discurso de la Dignidad. Retumbaba entre la solemnidad de los magistrados, togas y rostros que mudaban de la circunspección al asombro.
“Pienso en cada noche en que pasé frío, los proxenetas me castigaban. Pienso que fue una vida de dolor, ¿voluntariamente elegida por mí? Sí, pero con una pistola simbólica en mi cabeza cargada de desplazamiento forzado en guerra, indiferencia, discriminación, abuso, falta de oportunidades (…) No quiero derechos laborales, quiero derechos humanos y esos no me los garantizó la prostitución”
Frases que llevan a un debate impostergable de cuánta agencia, voluntad propia o consentimiento existe en las mujeres empobrecidas o marginadas que son sometidas a la explotación sexual y a la prostitución. “En el burdel no se te garantiza ningún derecho, solo eres una mercancía (…), ahí te quieren drogada, alcoholizada y operada”, remata esta mujer.
A Claudia, nacida y criada en zona fronteriza colombo venezolana, su trabajo como activista de derechos humanos desde adolescente le costó amenazas, vejaciones por grupos paramilitares y el desplazamiento forzado junto a su familia a causa de la guerra en Colombia. La migración interna a la capital fue dura: con una bebé en brazos, embarazada y el abandono de su pareja, es enviada a un refugio en Bogotá. Allí, más empobrecida, con hambre y desesperada termina empujada a ejercer la prostitución en medio del consumo de sustancias que le permitían aguantar los abusos diarios y extremos. Es casi una década después cuando logra pedir auxilio a la Unidad de Víctimas, para salir de ese contexto y entrar en duros procesos de rehabilitación.
El verbo de Claudia es poderoso y vehemente y es una de las caras más visibles de la lucha contra la explotación sexual y contra la prostitución en Colombia, defensora de la dignidad de niñas ymujeres colombianas y migrantes venezolanas.
Con una convicción inquebrantable, está por graduarse de psicóloga y dirige la Fundación Empodérame con el apoyo de voluntarias, incluyendo a mujeres sobrevivientes. Ha sido pionera en la lucha en las más altas cortes de Colombia para la defensa de las mujeres víctimas de explotación sexual y prostitución: ha ganado cantidad de casos ante la justicia, a favor de colombianas, venezolanas y otras nacionalidades. Su fundación apoya y rescata en promedio a unas 500 mujeres víctimas y sobrevivientes por año.
Sobre la situación en Venezuela, Claudia elige calificarlo como “una tragedia humanitaria”. En particular, resalta que la situación de migración forzada especialmente de mujeres y niñas, las empuja a la explotación sexual en Colombia y en otras partes del mundo. “Es una vergüenza para la humanidad, es un castigo contra ellas por el hecho de ser mujeres y pienso que es un problema a raíz de la política dirigida por hombres”.
Confiesa reconocerse en la tragedia de otras, “me mueve la empatía que me brinda el hecho de haber sido víctima, siento que se repite en ellas mi historia del desplazamiento, de la explotación, del abuso a partir de la situación de movilidad que teníamos las víctimas del conflicto armado y que ahora tienen las migrantes”.
Cruzar para salvarte y salvar a otras
Bajo la batuta de Claudia Quintero, Empodérame sigue impactando innumerables vidas de mujeres locales y migrantes. Entre su equipo de voluntarias está Fany, quien se vio forzada a migrar desde los llanos venezolanos hacia Colombia hace 6 años. Medir 1,70 de estatura y pesar menos de 45 kilos, para ella era lo más cercano a sentir que se extinguía junto a sus dos niños, ambos casi en el umbral de la desnutrición.
En 2018, cuando atravesaba el último río hacia Colombia quedó bajo el fuego cruzado entre grupos armados en el departamento de Norte de Santander. Tirarse al piso, arrastrarse y chocar con una guerra ajena: así entraba y no había vuelta atrás.
Tras vivir en condiciones muy precarias y bajo la promesa de un trabajo como “mesera en un bar” accedió a ser trasladada a una zona rural, pero fue captada bajo engaño previamente por una familiar:
“Nos vendaron y luego de 5 horas por carretera desde Cúcuta nos entregaron a un grupo armado para ser esclavas sexuales junto a otras 20 mujeres venezolanas y colombianas. Las que se negaban, los milicianos las mataban, ahí pasaba un río cerca, ahí las tiraban”.
Fany no fue rescatada y tras huir a Medellín (Antioquia), a casi 700 km de la frontera, dormir en lugares diferentes cada noche por miedo a ser localizada por la red e intentar sobrevivir de varios modos, se vio obligada a ejercer la prostitución durante 4 años en el emblemático Parque Berrío.
Justo en una jornada de caracterización sobre la explotación sexual que hizo Empodérame en la ciudad, las vidas de Claudia y de Fany se cruzaron, tejiendo una historia de solidaridad y apoyo juntas: ambas como sobrevivientes de múltiples violencias, pero empeñadas en ayudar a otras.
En el tiempo que lleva como voluntaria de Empodérame, Fany ha sido enlace clave con mujeres víctimas, tanto de explotación sexual como en el ejercicio de la prostitución. En las jornadas de caracterización ayuda a identificar en éstas los riesgos que atraviesan y sus necesidades más apremiantes, además de ofrecer asesorías jurídicas para que las sobrevivientes entiendan y ejerzan sus derechos.
Justo en los operativos de abordaje otro caso emblemático de auxilio ha sido el de Grecia, migrante forzada con discapacidad cognitiva quien fue detectada en la calle junto a su hijo Matias de 5 años. Había sido víctima de violencia intrafamiliar y de explotación sexual en medio de su desesperada búsqueda de empleo. Captada bajo engaño por una mujer de su entorno, movilizada y entregada en zona rural de Santander a una red de trata, logró escapar del confinamiento y ser auxiliada para luego iniciar una ruta de protección para víctimas de explotación sexual que ha dejado expuestas innumerables fallas
La fundación Empodérame tuvo que trazar a los meses una enérgica estrategia jurídica para que pudiera recuperar a su niño, del cual fue separada cuando estaba a punto de perder el beneficio de refugio otorgado por el Estado colombiano. El accionar de la fundación fue clave para la reunificación de Matías y Grecia, pero la amenaza del desalojo del albergue y que le quiten de nuevo a su niño siguen latentes mientras siga en Colombia por la exigencia de conseguir un trabajo estable pese a no contar con ninguna red de apoyo, por lo que la fundación se mantiene vigilante.
Al día de hoy, las vidas de Grecia y Fany están unidas por la sororidad y la voluntad de una red de mujeres que no se rinde frente a los devastadores daños que deja la explotación sexual y la prostitución forzada en sus pares, reciben la compañía y el auxilio que ha significado un punto de giro en sus vidas.
Fany fue becada en 2023 y logró obtener un diplomado en servicios hoteleros, y aunque como mujer colombo-venezolana, ambos Estados le han fallado, sigue convencida en ayudar y orientar a mujeres que sufren el contexto que ella experimentó. Por su parte, Grecia solo espera impaciente la confirmación del reasentamiento hacia Australia en calidad de refugiada junto a su niño.
Del abuso y la deportación al auxilio de otras
Sororas e Irreverentes es el nombre de la organización que dirige Adriana, quien ha logrado caracterizar a unas 100 mujeres, entre venezolanas y colombianas que se identifican como víctimas de explotación sexual y sobrevivientes de violencia de género en la frontera colombo-venezolana, junto al apoyo de organizaciones como la Corporación Feminista Mujer Denuncia y Muévete Cúcuta.
La fundación que lidera procura ofrecerles a estas mujeres desde opciones para el cuidado de la salud sexual y reproductiva, pruebas de tamizaje, VPH, VIH hasta alternativas de emprendimientos para encontrar una salida segura de la prostitución, considerando que el factor económico es el principal motivo que las mantiene en esta situación.
“Nuestra vida es muy complicada y peligrosa. Desde afuera, parece que estamos aquí porque nos gusta, pero no es así. Las condiciones son extremas, estamos expuestas a enfermedades y, a veces, no podemos seguir los tratamientos porque no tenemos cómo pagarlos”, dice Adriana, quien sigue ejerciendo la prostitución.
Pero en los 42 años de vida de esta mujer, la ocurrencia de múltiples violencias ha sido más que abrumadora. Siendo una niña de apenas siete años sufrió durante un largo tiempo el abuso sexual de su padrastro. Todo empezó en época navideña en Colombia. “Durante la celebración de la Noche de Velitas, me violó. Mi mamá nunca me creyó”, recuerda.
Poner fin al infierno que vivía la empujó a escapar de su casa con quien finalmente fue el padre de sus hijos y quien la golpeaba salvajemente, por lo que fueron obligados a huir por estructuras criminales que ejercen control social en los territorios. Es cuando en 1999, escapa disfrazada de hombre a Venezuela, al estado Portuguesa. Ante la precariedad y la imposibilidad de regularización migratoria fue captada por una red de explotación sexual de la que logró salir y regresar a su país.
Pero en 2002, vuelve a ser víctima del conflicto armado. “En Cúcuta, mataron a mi papá delante de nosotros”, por lo que sufre su segundo desplazamiento forzado y vuelve a Venezuela: sin documentos venezolanos vuelve a estar marginada y opta por la prostitución en Caracas. “Me detuvieron. Yo no quería firmar la deportación, pero me obligaron. Fui violada por funcionarios de seguridad. La Guardia Nacional y oficiales de migración fueron los responsables de esto”, reveló Adriana.
La deportación desde Venezuela a Colombia agudizó su crisis económica y la empuja nuevamente a ejercer la prostitución en Cúcuta, desde donde también fue captada por una “amiga” resultando como víctima de trata en Ecuador.
Al día de hoy, con las represalias latentes, pero con la experiencia que le dan las cruentas batallas libradas, Adriana reta a las autoridades municipales de Cúcuta en busca de mayor protección y respeto a su labor:
“En una reunión con el alcalde, le explicamos que con nuestro cuerpo todos se lucran: el dueño del bar, los clientes y los traficantes de drogas porque inducen bajo amenaza a muchas chicas a ofrecer drogas a los clientes, lo que a veces les cuesta la vida, nos ha tocado repatriar los cuerpos de las venezolanas”.
Sororas e Irreverentes está compuesta por mujeres que como Adriana aun desempeñan la prostitución. “Nos protegemos mutuamente porque siempre hay quienes intentan agredirnos. Si eso ocurre, todas nos defendemos, incluso contra la policía, que a veces nos atropella o envía patrullas para dispersarnos, diciendo que no quieren ver a ninguna prostituta”.
Aves de paso y un ángel en el camino
Herminda Bermúdez ha perdido la cuenta de la cantidad de derechos que se le han negado en su vida. Vivió en situación de apatridia casi seis décadas, tiempo durante el cual el derecho a una nacionalidad, a la pertenencia y arraigo a su patria no lo había podido ejercer. No fue sino hasta los 59 años de edad que logró tener su identidad colombiana, mientras que, como desplazada forzada durante unas cuatro décadas en Venezuela por el conflicto armado, nunca logró tener un estatus migratorio regular, sino que por el contrario, sufrió la deportación en agosto del 2015, en medio del decreto de Estado de Excepción dictado por Nicolás Maduro en la frontera tachirense. Pero tras el retorno forzado a su país traía una misión: salvar las vidas de otras mujeres.
Aves Emigrantes de Paso Somos Uno Solo (FUNDAPASOVES), es el nombre que Herminda decidió darle a la fundación que lidera a través de la cual rescata, apoya y orienta a mujeres venezolanas y colombianas retornadas que han sido víctimas de trata y de violencia basada en género. La casa funciona en medio de un asentamiento irregular (invasión) en el que colombianos y migrantes venezolanos han levantado viviendas precarias. El asedio al que es sometida por grupos armados es constante, pero no detiene su labor en Cúcuta.
“En 2017, intenté rescatar a una mujer que era víctima de violencia intrafamiliar y terminé arrodillada, amenazada con una pistola en la cabeza por el marido de la víctima”, recuerda esta mujer, quien a sus 69 años se ha convertido en un “ángel” para la vida de muchas por medio de intervenciones en terreno, constantemente vive expuesta a contextos violentos y de lucha armada que se libra en esa zona fronteriza.
En agosto de 2024, una joven migrante venezolana que falleció en condiciones adversas en Cúcuta, pudo recibir una sepultura digna a través de las gestiones ejercidas por Herminda. El cuerpo de la joven había permanecido semanas en la morgue del hospital Erasmo Meoz de Cúcuta sin que nadie lo reclamara, pues su madre en Venezuela no contaba con los recursos para repatriarlo ni trasladarse al lugar. Herminda y su equipo gestionaron el entierro con la ayuda de instituciones locales, lo que fue profundamente agradecido por la mamá de la joven en Venezuela.
Gracias al apoyo de organizaciones internacionales como ACNUR y la ONU, así como de la Defensoría del Pueblo, esta lideresa ha logrado gestionar soluciones de emprendimiento para mujeres migrantes y retornadas. Estas iniciativas han permitido que muchas salgan del sometimiento y la violencia a las que viven sometidas. A través de charlas, apoyo psicológico y proyectos como peluquerías, panaderías y otras labores, se les brinda la oportunidad de mejorar sus condiciones de vida y superar la precaria situación en la que se encuentran.
Recompensa al trabajo en contextos de trata
Tiró la puerta, entró borracho, drogado y la golpeó con toda su fuerza, le reventó un ojo y la boca. Fiebre alta y una hemorragia vaginal aparecieron con los días. Como si se tratara de un despojo humano, el proxeneta que la mantenía encerrada se deshizo de ella porque ya no le generaba ganancias. Así inicia María Mercedes el relato de uno de los capítulos más dolorosos de su vida.
Sin embargo, la caridad de un hombre la ayudó a conseguir medicinas y un empleo temporal que sirvió para mantener a flote a esta mujer de 45 años, quien había salido en 2019 desde Maracay (Aragua) hacia Cúcuta, empujada por la precariedad que vivía.
“A mi hija de 7 años no la podía alimentar ni enviar a la escuela con hambre. Por las noches, la distraía para que se durmiera sin pedirme comida. Pero al día siguiente, tampoco tenía nada para darle”.
Justo en este capítulo de la vida de María Mercedes hay un nombre que queda indeleble: Magaly Castañeda, abogada y lideresa de la Fundación Frida Kahlo, quien le brindó apoyo emocional y orientación para un emprendimiento del cual vive actualmente, junto a su esposo y su niña, cuando finalmente se pudieron reunificar.
El 70% de las mujeres atendidas por esta organización desde 2018, han sido migrantes venezolanas, en edades comprendidas entre los 18 y 28 años. Magaly mantiene un trabajo incansable dedicado a salvar y restaurar las vidas de estas mujeres que en su mayoría han sido coaccionadas o engañadas. Trabaja en zonas de impacto de Cúcuta y Villa del Rosario lo que le ha permitido identificar que los casos de trata de personas han aumentado progresivamente: De 5 en 2022 a 56 hasta julio de 2024.
“Desde 2020 la vulnerabilidad de las mujeres migrantes, frente a los tratantes y grupos criminales va en aumento”, resume Castañeda, galardonada en 2022 con el Programa de Liderazgo de Visitantes Internacionales (International Visitor Leadership Program IVLP) del Departamento de Estado de EE. UU., por el impacto de su organización en mujeres víctimas de Violencias Basadas en Género (VBG) y trata de personas.
Casa de segundas oportunidades
La Esperanza es el nombre del Centro de Acogida y Capacitación de las Hermanas Oblatas en Medellín, congregación que hace más de siglo y medio acoge a mujeres prostituidas que eran excluidas y rechazadas en otras instituciones, les brindan formación en oficios diversos y acompañamiento psicosocial
Para las Oblatas, la prostitución, la pornografía y las actividades en los estudios webcams no son trabajos, son la antesala de la trata de mujeres con fines de explotación sexual y están ligadas a la feminización de la pobreza y la desigualdad social creciente, postura que dicen compartir con la Relatora Especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas de la ONU, Reem Alsalem.
“No podemos cruzar los brazos mientras estas mujeres siguen siendo tratadas como objetos”, dice una de sus integrantes quien prefiere mantener su identidad bajo resguardo.
Entre la calidez que se respira en La Esperanza el trabajo en red es incansable. Natalia Marín, psicóloga del centro, documenta y atiende a las que tocan las puertas y que traen consigo secuelas emocionales, conductuales y psicológicas severas. “Muchas presentan trastornos duales, muchas son obligadas a consumir sustancias psicoactivas o alcohol, lo que deriva en trastornos depresivos, de ansiedad e incluso psicóticos”.
Para Natalia, auxiliar a mujeres migrantes es todo un reto, en especial por los duelos que se les suman:
“Pierden su identidad, su autoestima, no encuentran su lugar en el mundo, se sienten propiedad de otro. Tratan de sostener a sus familias a distancia, mientras les toca defenderse y sobrevivir acá”.
Las Oblatas también trabajan de la mano de voluntarias como Jeny, mujer afrocolombiana quien de adolescente fue víctima de explotación sexual, captada en Medellín y trasladada bajo engaño junto a otras adolescentes hasta el departamento del Meta, municipio rural de San Martín (zona de distensión de los paramilitares entre 1998 y 2002) donde fueron encerradas en cuartos bajo cadenas las 24 horas del día.
“Cuando llegamos nos pusieron en fila, arrodilladas, listas para el tiro de gracia, frente al comandante paramilitar. Nos prometieron asesinarnos si alguna intentaba escapar o avisar a la familia”.
Tras su desaparición nadie de su familia la buscó ni avisó a autoridades policiales por miedo. Luego de un mes logró escapar de sus captores y en el intento falleció una de las adolescentes y un integrante de la organización criminal, quien les había abierto los candados de los cuartos donde eran sometidas.
Por muchísimos años Jeny guardó silencio por miedo a ser culpada. La falta de apoyo de su familia y los traumas de la guerra y la explotación la llevaron al consumo de alcohol, un embarazo temprano y a merced de la prostitución. Y aunque logró salir, el apoyo de las Hermanas Oblatas ha sido crucial para ella. Ganó una beca universitaria y se prepara para ser abogada con un propósito de vida irrevocable: asistir a las víctimas de explotación sexual y prostitución colombianas y migrantes.
Misión arriesgada, indetenible y contra todo pronóstico
Mientras el acuerdo internacional más importante en materia de lucha contra la trata de personas, el Protocolo de Palermo, exige a los Estados “desalentar la demanda que propicia cualquier forma de explotación”, especialmente de mujeres, niñas y niños, el Estado colombiano luce ambiguo o parece ir en dirección contraria. Las organizaciones consultadas para este reportaje advierten aún serias fallas para el reconocimiento de las víctimas, para iniciar y permanecer en la ruta de atención y acceder a un proceso de justicia y de reparación. Como si fuera poco, otro agravante lo constituye la ausencia de protección , resguardo y garantías a la integridad para estas mujeres que se mantienen en lucha ayudando a otras, expuestas ante el accionar de redes criminales pero inquebrantables en la denuncia de estos contextos y en el auxilio de sus pares. La falta de capacitación de jueces y fiscales para la tipificación adecuada del delito ya ha sido expuesta también en otras instancias .
En el caso de Venezuela, se suma la opacidad sobre las estadísticas y caracterización de las víctimas de trata, la ausencia de un mecanismo que acoja con dignidad a mujeres víctimas y sobrevivientes, y por ende la ausencia de políticas públicas de protección, incumpliendo tratados internacionales de los que son signatarios, como lo explicó para este informe la ONG Mulier Venezuela.
*Nota:Los nombres de algunas de las víctimas que aportaron sus testimonio para esta investigación fueron cambiados por resguardo a su integridad.
Este contenido fue publicado originalmente en el diario La Nación con el título Mujeres que salvan mujeres: al auxilio de víctimas de explotación sexual entre Venezuela y Colombia. Es uno de los productos periodísticos del programa de becas “Redsonadoras”, organizado y desarrollado por la Red de Periodistas Venezolanas (RDPV).
En la bolsa que tiene Nora en la mano hay otras tres más pequeñas en las que lleva un poco de arroz blanco, dos plátanos verdes cocidos cortados en trozos y dos panes con mantequilla bien aplastados, que es como le gustan a su hijo.
En una fila de 16 mujeres, ella es la tercera. Son las diez de la mañana y está allí desde las siete. Es su rutina cada semana desde hace siete meses, cuando puede llevar algo de comida a su hijo que está detenido en los calabozos del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) en Maracaibo, capital del estado Zulia, uno de los estados más importantes de Venezuela.
Nora llora todos los días desde que su hijo está detenido. “Sé que para cualquier madre el hijo de uno es un santo, así no sea bueno, pero te juro por Dios que mi hijo sí lo es. No es santo, pero es bueno”.
Llora de impotencia por no tener dinero para pagar un abogado que pueda atender esta detención, alguien que le explique qué ocurre con su hijo. Llora por no tener un trabajo fijo que le permita ser consecuente y llevar comida a su muchacho.
“A veces le llevo una bolsa con 10 panes de los que venden en el abasto y un poquito de mantequilla. A veces un pedacito de queso y con eso tiene para estirar la comida hasta que yo le consiga otras cosas”.
La responsabilidad de Nora va más allá del alimento. Debe garantizar agua, lavar la ropa de su hijo, traer calzado o medicinas si se siente enfermo.
A diario, cientos de mujeres hacen fila a las puertas de cárceles del país para llevar comida, agua, medicamentos y ropa a sus familiares presos | El Pitazo
En Venezuela, las mujeres como Nora son las que cubren, a costa de ellas mismas, las necesidades de sus familiares en prisión pese a que es un deber del Estado, según la legislación nacional y tratados internacionales.
Este trabajo de El Pitazo y la iniciativa Redsonadoras de la Red de Periodistas Venezolanas cuenta las historias de ocho mujeres con familiares presos por delitos comunes o políticos en Zulia, Vargas, Miranda, Lara y Falcón. Sus testimonios se asemejan con los de otras madres, hermanas, tías y parejas de detenidos que son forzadas a atender las necesidades básicas de sus familiares en prisión aunque el sistema penitenciario tiene la obligación de cubrirlas, según lo establecen las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos o Reglas Mandela.
“Yo también estoy presa”
Las madres, hermanas y parejas de los reclusos son las que asumen la responsabilidad del Estado, reafirma la psicóloga social y criminóloga Magaly Huggins, coordinadora de investigación de la ONG Una Ventana a la Libertad (UVL).
“Ellas saben que la sobrevivencia, en un centro de detención o en una cárcel, depende de cómo actúe el vínculo de ese privado o privada de libertad con el exterior. Estas mujeres desarrollan habilidades porque deben lidiar con muchos actores y posibles escenarios”. La experta agrega:
“Muchas de ellas son castigadas y humilladas constantemente. Es decir, los funcionarios o custodios y la sociedad en general las tratan como si fueran culpables del error cometido por el familiar que se encuentra detenido”.
Estudios de UVL indican que el maltrato a los reclusos y su familia está institucionalizado en Venezuela.
Además de experimentar rechazo en su entorno, las mujeres asumen la carga económica de sus hijos, esposos, hermanos o sobrinos en prisión. El ingreso de la familia se destina para las compras de comida y artículos de higiene del recluso y los pasajes en transporte público.
UVL estima que se necesitan 300 dólares al mes para visitar, alimentar, mantener sano y trasladar a tribunales a un detenido. El monto es elevado en un país donde el salario mínimo se mantiene en 130 bolívares mensuales, menos de tres dólares al cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV), y los bonos de alimentación y otros incentivos se sitúan en 130 dólares.
El gasto fijo de las familias con algún integrante preso no incluye el pago de honorarios a un abogado privado o las cuotas que los prisioneros pagan a custodios, militares y otros reclusos para tener acceso a algún privilegio en el calabozo.
Eugenia y Carmen, madres de dos prisioneros de la cárcel de Uribana, en Barquisimeto, estado Lara, destinan casi todos sus ingresos semanales en las comidas para sus hijos. Con frecuencia dejan de comprar alimentos para sus otros hijos o nietos.
El esposo de Carmen es el único que trabaja en su casa tras la detención de su hijo porque ella dedica varios días de su semana a la preparación de las comidas para llevárselas desde la vía Acarigua hasta el norte de Barquisimeto. Su pareja cobra entre 25 y 35 dólares semanales trabajando en el campo, pero necesita hasta 40 dólares para cubrir los alimentos de su hijo que ha perdido 20 kilos de peso en Uribana en los últimos cuatro años. Carmen no ve a su hijo preso desde marzo porque en la cárcel hay un código de vestimenta estricto para someterlas a requisas corporales donde las denigran y obligan a saltar y agacharse, indistintamente de su condición física.
Carmen comenta que la mayoría de sus pantalones están rotos y no puede entrar con ellos a la cárcel. Por lo tanto, solo tiene permitido dejar las bolsas de comida para su hijo en la entrada, sin la certeza de que las arepas y panes que le prepara desde la madrugada lleguen a sus manos.
“Me están exigiendo mucho. Ahorita tenemos que traer sandalias bajitas, que no tengan ni trenza. No podemos usar sostenes con alambre, hay que vestirse con ropa interior y camisa de color blanco, pantalón azul oscuro y sin rotos. El que no tenga no pasa, porque aquí han devuelto a muchas mujeres. Por lo menos yo ahorita no entro a visita porque no tengo ni para comprarme el pantalón. ¿Pero cómo hago? Si tengo para traerle comida, no tengo para comprarlo”, comenta.
Las madres y esposas de reclusos en la cárcel de Uribana, en Barquisimeto, usan la mayor parte de sus ingresos para alimentar a sus hijos detenidos | El Pitazo
Huggins señala que dificultades como estas inciden en el estado de ánimo de las mujeres. “Una de las consecuencias psicológicas más fuertes que enfrentan es la de sufrir depresión”, precisa.
Quizás por ello, Carmen en Lara, siente que aunque está en libertad, cumple una condena. Cada vez que puede ir a la cárcel cuenta los días que tiene sin ver a su hijo porque el dinero no le alcanza para comprar la ropa que puede usar en la cárcel.
El mismo dolor de Nora en el Zulia, quien no puede dormir por la detención de su hijo. Por eso llora, cuando piensa que él corre peligro y puede morir en esa celda. “Yo también estoy presa”.
“Hemos cambiado nuestra vida”
Cuando Magda habla de su único hijo, Enrique, se pone las manos en el pecho y su voz se quiebra. Esto le pasa a diario desde el 29 de julio de 2024, el día después de la elección presidencial en Venezuela. Los dos viven en un sector popular de la parroquia Carlos Soublette del estado Vargas, al centro del país.
“El aire me falta desde el 29 de julio. Es un dolor horrible, como si cargaras unas piedras adentro y no te pasara el oxígeno”, dice Magda y vuelve a poner las manos entrelazadas en un intento de contener los latidos de su corazón.
Desde hace cuatro meses Magda usa una franela con el rostro de su hijo preso por participar en una protesta en rechazo a los resultados de la elección presidencial anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
“Él salió el 29 de julio y no regresó. Yo salí a buscarlo y recorrí todos los calabozos que hay en La Guaira. Me decían que allí no estaba. El 2 de agosto me dijeron que estaba en Macuto y lo presentaron [en el tribunal] por terrorismo. Me dijeron que no debía buscar abogados, que le habían asignado una defensora pública. Ella me pidió que me quedara quieta. Me aseguró que en 45 días me lo soltaban porque no había ninguna prueba, pero no fue así”.
A finales de agosto, Magda fue a llevarle alimentos a Enrique al calabozo de Macuto donde tenía casi un mes detenido. El funcionario que la atendió le dijo que si quería dejara la comida, pero se la daría otro preso. A Enrique se lo llevaron a otro lugar y no sabía para dónde.
“Me sentí tan indefensa. Uno de los funcionarios se apiadó y me dijo: ‘Mi vieja a esos se los llevaron para Tocuyito’. Fue como un baño de agua fría. Lo recuerdo y me dan ganas de llorar de nuevo. Se lo llevaron lejos de casa. Es como un castigo no solo para ellos, sino para la familia de cada uno de los detenidos”.
Enrique fue enviado al Internado Judicial de Carabobo, conocido como la cárcel de Tocuyito, a 200 kilómetros de distancia de su ciudad de origen. Ahora, Magda está obligada a viajar a otro estado para saber de su hijo.
Uno de esos viajes fue a comienzos de octubre. Ese día Magda logró ver a Enrique por primera vez desde su detención. No pudo abrazarlo, pero sus ojos vieron a un hombre más delgado, con moretones en sus manos y brazos y una mirada que sintió desesperada.
“Ellos viven su infierno allá adentro. Y nosotras afuera otro. Yo he dormido a la intemperie. A veces en el carro de algún amigo o vecino que me ha hecho el favor de llevarme. También en el carro de otras madres que, como yo, están viviendo este calvario. Hay solidaridad entre las que venimos a Tocuyito. Hemos descubierto que para cargar este dolor hay que hacerlo en compañía. La mayoría somos mujeres. Muchas han perdido el trabajo, otras han renunciado y otras hemos cambiado nuestra vida. ¿Qué no haría una madre, por ver en libertad a su hijo?”, se pregunta en voz alta Magda, mientras las otras mujeres que la rodean, asienten con sus cabezas.
Esas mujeres son esposas, hijas, madres, abuelas, tías, sobrinas o amigas de presos políticos enviados a la cárcel de Tocuyito.
Las mujeres familiares de los ciudadanos detenidos arbitrariamente después de la elección presidencial no solo viajan y tratan de llevar comida a sus seres queridos. También protestan para clamar por su liberación | El Pitazo
Magda y las mujeres allegadas a los 1.958 ciudadanos encarcelados por la represión poselectoral no son las únicas que abandonaron sus trabajos y tienen otras rutinas porque deben llevarle alimentos, agua, medicinas y ropa limpia a sus familiares hasta los calabozos. Esta realidad no distingue entre presos políticos o comunes.
En cada región se conforman redes de apoyo familiar con mujeres que dan la cara por los 52.569 prisioneros repartidos en cárceles y centros de detención preventiva del país, según estimaciones del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) para octubre de 2024.
En Lara, al occidente de Venezuela, la defensora de derechos humanos Nayibe López, creó la fundación Las Mercedes, en 2019. Su nombre hace alusión a la virgen patrona de los presos. La organización acompaña a mujeres con familiares privados de libertad en la misma ciudad o cárceles remotas. Cuando la cárcel de El Dorado permanecía abierta, las mujeres que son parte de esta iniciativa y tenían a sus familiares presos a 1.355 kilómetros de distancia, las voluntarias de esta fundación recaudaban fondos y organizaban el viaje juntas.
“No hay tranquilidad ni un día, soy la esposa del que está preso”
En Venezuela, por norma general, los presos son recluidos sin considerar la cercanía de su núcleo familiar o de los tribunales que llevan sus causas. Como consecuencia de ello, los familiares deben trasladarse fuera de sus ciudades y tomar dos, tres o más autobuses para llegar al centro de reclusión.
El abogado penalista Zair Mundaray, exdirector general de actuación procesal del Ministerio Público, señala que la detención de una persona por delitos comunes o políticos es una condena para la familia entera por diseño.
“Los penales quedan lejos e inclusive, por dejarte en el centro de detención donde te puedan visitar y tengas alguna flexibilidad te cobran los policías. Entonces ahí lo que hay detrás, entre otras cosas, es un gran negocio y se violentan una gran cantidad de derechos”.
A finales de 2023, el gobierno de Venezuela intervino siete cárceles que estaban controladas por pranes, como se conoce a los jefes del crimen organizado, mediante un operativo denominado Gran Cacique Guaicaipuro. Entonces enviaron otras prisiones a 8.234 reclusos procedentes de las cárceles de Tocuyito (Carabobo), Tocorón (Aragua), La Cuarta (Yaracuy), Puente Ayala (Anzoátegui), La Pica (Monagas), Vista Hermosa (Bolívar) y el Internado Judicial de Trujillo (Trujillo).
Esos traslados representan un nuevo obstáculo para las mujeres familiares de los prisioneros comunes. En la mayoría de los casos, las distancias de los centros de detención de sus lugares de origen hace imposible la atención diaria o semanal. En consecuencia, las mujeres se limitan a hacer una visita mensual o cada dos meses porque necesitan reunir más dinero para movilizarse.
“Las personas privadas de libertad son trasladadas a discreción de las autoridades, quienes usan este recurso para amenazar o como forma de castigo. No sólo castigan al privado de libertad, sino a los familiares, especialmente a las mujeres cuidadoras”, precisa Humberto Prado, fundador del OVP.
La familia de José, un hombre de 44 años, oriundo de Cabimas, estado Zulia, enfrenta ese castigo extendido. Su esposa viaja cerca de 3 horas y 44 minutos, alrededor de 263 kilómetros, cada 30 o 60 días, según el dinero del que disponga, para visitarlo en el Centro Penitenciario Santa Ana de Coro, en Falcón, donde está detenido por hurto desde el año 2016.
Anaís tiene 42 años y es peluquera. Para visitar a José en su lugar de detención cruza los límites de un estado a otro, con comida, agua y artículos personales que el Estado no le provee a su esposo. Sin ese viaje mensual, su esposo no podría subsistir.
“Hay que madrugar, pasar las alcabalas. Antes, había transporte público y buses, pero ahora hay que pagar carritos que nos cobran 20 dólares [por persona]. A esto le sumamos los prejuicios y el estigma de la gente que te juzga y no te conoce, de vecinos y amigos que te dieron la espalda, de gente que no te ayudó y de la corrupción en este país, que alcanza todos los niveles, incluso para ingresar comida o medicinas a la cárcel. No hay tranquilidad ni un día porque soy la esposa del que está preso por ladrón”, expresa.
Ella anhela que José resulte beneficiado con un traslado a un centro de detención más cercano, en Maracaibo, pero no lo ha logrado. Dice que no ha tocado las teclas correctas. Pero más allá de las dificultades que sortea, agradece a “las ángeles” que le ayudan. Así se refiere a otras mujeres con familiares presos en Coro y que viven más cerca, que llevan alimentos para sus reclusos y comparten con su esposo. “En los peores lugares también se forjan lazos fuertes”, reitera.
Madres duermen afuera de la cárcel de Tocorón para visitar a sus hijos, presos en el contexto postelectoral y enviados a ese lugar desde otros estados | Cortesía Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP)
De esa hermandad que surge entre las mujeres que tienen un familiar en prisión también saben las madres, hermanas y tías de los 106 detenidos en el contexto poselectoral en el estado Anzoátegui, al oriente de Venezuela. Su primer lugar de detención fue el Centro Agroproductivo de Barcelona, conocido como la cárcel de Puente Ayala. De allí fueron sacados repentinamente hasta la cárcel Yare III, en el estado Miranda, a más de 500 kilómetros de distancia.
“Nos hemos unido para compartir gastos, trasladarnos juntas, hacer un equipo y que nos rinda el poco dinero que tenemos. Nos damos aliento y luchamos por la libertad de nuestros hijos”, cuenta Isabel, una de las madres de este grupo de presos políticos. Ella y otras mujeres han tenido que vender sus muebles, artefactos eléctricos y hasta teléfonos para cubrir los gastos de cada viaje.
“Son las mujeres las que se ocupan de todo”
La sociedad en Venezuela se ha caracterizado por designar a la mujer las mayores responsabilidades en la dinámica familiar y social, consideraba el abogado Carlos Nieto Palma, coordinador de UVL hasta su fallecimiento en agosto de 2024.
El trabajo detalla los obstáculos que enfrentan las familias de los presos venezolanos que dependen en su mayoría de las mujeres pese a estar bajo custodia del Estado a través del Ministerio de Servicio Penitenciario, creado en 2011.
“Aunque no existen estadísticas exactas, a lo largo de los años que tenemos trabajando en Una Ventana a la Libertad, me atrevo a decir que siete de cada diez familiares o amigos que visitan a un privado de libertad, son mujeres”, alertó.
A diario, alrededor de las prisiones y centros de detención, son mujeres de distintas edades las que hacen fila para visitar o llevar comida y agua a sus familiares presos.
El propio Estado impuso la norma. En al menos 14 de los 23 estados del país alguna cárcel o centro de detención preventiva solo se permite que la visita sea hecha por mujeres, de acuerdo con un monitoreo realizado por El Pitazo para este reportaje.
Entre los lugares que limitan la visita solo a mujeres está el Centro de Detención Preventiva de Caraballeda, conocido como el retén de Caraballeda, en Vargas.
“Es una medida absurda. Aquí hay un chamo, adolescente, detenido [en] las protestas después de las elecciones, que solo tiene a su papá. El señor va a visitarlo todos los días. Religiosamente le trae comida y agua, pero no le permiten entrar el día de visita. En tres meses solo lo ha visto una vez porque las demás madres que vamos presionamos para que así fuera. No es justo”, revela María Luisa, madre de un adolescente detenido.
Confirma que las mujeres son mayoría absoluta tanto en la visita como en las diligencias judiciales y la búsqueda de asistencia para los reclusos. Ella misma forma parte del Movimiento de Madres en Defensa de la Verdad, integrada por esposas, madres y hermanas de 57 detenidos en las protestas poselectorales en Caracas y La Guaira.
Isabel es parte de esa mayoría. “Solo hay algo peor que ser mujer y tener un hijo preso. Es ser una mujer pobre con un hijo preso”, expresa.
En las afueras de cualquier cárcel de Venezuela, sea Yare III, Tocorón o Tocuyito, las mujeres lloran y se cuidan unas a otras. Magda suele llegar con un rosario para rezar bajo la sombra de un árbol en los alrededores de la prisión de Tocuyito. Clama por su hijo Enrique y por ella. También por las otras mujeres que acompañan a los privados de libertad. Reza porque es mujer y el sistema la obliga a no rendirse.
*Nota:Los nombres de las mujeres y los prisioneros de este reportaje fueron cambiados a petición de las fuentes consultadas que temen represalias en contra de ellas o sus familiares.
Este contenido fue publicado en El Pitazo con el título Presas de la injusticia: mujeres enfrentan el abandono del Estado en las cárceles de Venezuela. Es uno de los productos periodísticos del programa de becas “Redsonadoras”, organizado y desarrollado por la Red de Periodistas Venezolanas (RDPV).
La Red de Periodistas Venezolanas (RDPV) celebró un evento presencial muy significativo para sus más de 260 miembras que trabajan en medios de comunicación locales, nacionales e internacionales, así como en oenegés y como comunicadoras independientes. En la sede de la Alianza Francesa en La Castellana, Caracas, se realizó la presentación de la nueva imagen de la Red y de su sitio web, Redsonadoras.com.
Transformando el periodismo venezolano
La RDPV nació para valorar y potenciar los saberes y las habilidades de sus integrantes, promoviendo la formación continua y el trabajo colaborativo. En el encuentro, se destacó la misión de la red: ser un terreno fértil donde florecen capacidades, ideas, proyectos y alianzas que aportan una perspectiva feminista y de género a la práctica periodística en Venezuela.
“Queremos transformar la práctica periodística y los medios de comunicación hacia una realidad más feminista, inclusiva y democrática“, dijeron. Asimismo, se reafirmaron que la visión de la red de garantizar que las periodistas venezolanas gocen plenamente de sus derechos humanos y ejerzan un periodismo feminista, libre e independiente.
Impacto significativo y proyectos transformadores
Hasta la fecha, la Red ha formado a más de 350 periodistas y comunicadores en temas de género y diversidad, ha otorgado 18 becas de producción periodística y mentorías, y publicó el primer informe sobre acoso sexual en el entorno de los medios y el periodismo en Venezuela. Su boletín informativo, “Buenas Juntas“, ya casi alcanza las 500 personas.
Entre los proyectos destacados, se mencionaron las capacitaciones en derechos sexuales y reproductivos, periodismo en contextos autoritarios y el abordaje de temas complejos como el aborto. Además, se mencionaron eventos como el bootcamp “Género en foco“, el programa “Semillero Violeta“, y el más reciente: “Narrar Fronteras“. Todos estos eventos que han sido fundamentales para formar a periodistas y comunicadoras con una perspectiva de género.
Nuevo logo y rebranding
Con la presentación del nuevo logo de la Red de Periodistas Venezolanas se da inicio a una etapa de renovación y compromiso continuo con la calidad, inclusión y crecimiento. Este rebranding responde a la evolución interna de la red y a la necesidad de reflejar una identidad que vibra con las nuevas metas y valores de sus miembras.
Sostenibilidad y valoración del trabajo de cuidados
Uno de los aspectos centrales del evento fue el enfoque en la sostenibilidad de la red. Se resaltó la importancia de reconocer y pagar con justicia el trabajo de cuidados no remunerado que, históricamente, ha recaído sobre las mujeres.
La RDPV se compromete a buscar financiamiento sostenible y a rendir cuentas de manera transparente, con el objetivo de convertir el esfuerzo voluntario en uno remunerado, reconociendo así el valor inmenso del trabajo realizado por sus miembras.
Actualización de datos y fortalecimiento de la comunidad
Para seguir creciendo y fortaleciendo la comunidad, se lanzó un formulario de actualización de datos, obligatorio para todas las miembras actuales y abierto a nuevas integrantes. Este proceso busca entender mejor las necesidades y potencialidades de cada una, fortaleciendo los lazos de solidaridad y sororidad que caracterizan a la red.
Lanzamiento del sitio web Redsonadoras
El punto culminante del evento fue el lanzamiento del sitio web Redsonadoras.com. Este nuevo espacio digital es una plataforma para visibilizar y amplificar las voces de las mujeres y personas históricamente invisibilizadas.
Con secciones dedicadas a historias y reportajes, recursos y guías, proyectos e iniciativas, y eventos y noticias, Redsonadoras es la antesala al primer medio feminista venezolano, un espacio que refleja el compromiso de la red con un periodismo transformador.
Celebración y compromiso renovado
El encuentro presencial, que también fue seguido por la transmisión en vivo a través del canal en YouTube de la organización, concluyó con un brindis, celebrando los logros alcanzados y renovando el compromiso con la causa que une a la Red de Periodistas Venezolanas. Las miembras y aliadas presentes reafirmaron su determinación de seguir trabajando juntas por un periodismo más justo, inclusivo y feminista.
Activistas de organizaciones como el Observatorio LGBTIQ, Aya Contigo, periodistas de la iniciativa del semanario Entérate, compartieron durante la velada y mostraron apoyo a la red. Otros importantes aliados en esta velada fueron Franca, Bamvinoy Ovejita, quienes brindaron sus valiosos apoyos para la realización del evento.
Para más información, visita Redsonadoras.com y sigue las redes sociales de la comunidad para estar al tanto de sus últimas novedades y proyectos.
(Junio, 2024) La Red de Periodistas Venezolanas (RDPV) extendió una invitación a sus miembras para postular a las Becas de Producción Periodística Redsonadoras. Esta iniciativa busca fomentar el periodismo con enfoque de género y diversidad en Venezuela.
Gracias al apoyo de Free Press Unlimited, se brindará respaldo a parejas o equipos de periodistas y profesionales de la comunicación. El objetivo principal es impulsar la producción de contenidos periodísticos que aborden de manera integral y sensible los temas de género y diversidad en Venezuela.
A través de la colaboración entre colegas nóveles y expertos, se espera generar un impacto significativo en la visibilidad y comprensión de las realidades que enfrentan las mujeres y personas sexodiversas en nuestra sociedad.
Beneficios de la Beca
Las Becas de Producción Periodística Redsonadoras se otorgaron a cuatro equipos de profesionales venezolanos para la realización de investigaciones periodísticas sobre temas de género y diversidad. Estas incluyen financiamiento para gastos relacionados con la investigación y producción de los contenidos periodísticos, así como el trabajo de quienes participen.
Los equipos seleccionados recibirán igualmente orientación y asesoramiento por parte de mentoras expertas en periodismo con enfoque de género. Estas mentorías se llevarán a cabo de manera individual y grupal, brindando a las participantes la oportunidad de mejorar sus habilidades y enfoques periodísticos.
Asimismo, contarán con apoyo editorial para garantizar la calidad y relevancia de sus propuestas.
Temas de Interés Prioritario
Las propuestas de investigación que se ubican en orden de prioridad para el otorgamiento de las becas deben abordar:
Justicia de género, diversidad e inclusión:
Documentar las relaciones de poder y discriminación de grupos subrepresentados, promover la equidad de género y el acceso igualitario a oportunidades y derechos, y visibilizar los derechos de las mujeres y las personas LGBTIQ+.
Medio ambiente y género:
Investigar el vínculo entre las mujeres y el medio ambiente, así como las implicaciones del cambio climático en la región desde una perspectiva de género.
Salud sexual y reproductiva:
Abordar enfoques novedosos en la cobertura de temas como el aborto, las infecciones de transmisión sexual, la educación sexual integral, el acceso a la salud y el trabajo sexual.
Plazos y Publicación
Cada equipo tendrá tres meses para la realización y publicación de su propuesta. El trabajo realizado producto de esta beca será publicado tanto en el medio de comunicación escogido por el equipo de periodistas como en las distintas plataformas de la RDPV.
Al finalizar el plazo de recepción de propuestas en junio de 2024, se recibieron 15 solicitudes de equipos diversos, ubicados en distintas regiones de Venezuela. Tras evaluarlas, cuatro resultaron las iniciativas seleccionadas. Próximamente se compartirán en medios aliados y en esta web de Redsonadoras.com los trabajos que recibieron en total USD $6.000 para su financiamiento.
