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Las guardianas del voto en Carora: una red de resistencia popular

Ante un padrón electoral dominado por mujeres en el municipio Torres, vecinas de distintas trayectorias se capacitaron para convertirse en defensoras clave del sufragio y resguardar las actas electorales del 28 de julio

Meses antes de las elecciones presidenciales de 2024 en Venezuela, en la ciudad de Carora, capital del municipio Torres del estado Lara, se tejía una sólida red para defender la voluntad popular que se manifestó a través del voto. Sus protagonistas fueron mujeres que se prepararon para contribuir a la construcción del país con el que sueñan.

Este movimiento nació, originalmente, de un espacio de resistencia gremial, de un grupo de trabajadoras del sector educativo que se reunían para exigir salarios dignos, la restitución de los contratos colectivos y el cese de la política de bonificación del ingreso. Sin embargo, en medio de esos debates, la conversación dio un giro decisivo: para transformar sus condiciones laborales era imprescindible incidir en el poder. 

Así fue como el grupo decidió abrir sus puertas a amas de casa, militantes de organizaciones políticas e integrantes de la sociedad civil en general. Mediante talleres, asambleas y charlas formativas comenzaron a capacitarse en la defensa del derecho al sufragio, aprendiendo que el voto es una herramienta para influir en la toma de decisiones locales, regionales y nacionales.

El objetivo final apuntó a fortalecer la participación política de las mujeres en los 138 centros de votación del municipio Torres, donde 75 % del padrón electoral está conformado por mujeres, según los últimos datos disponibles del Consejo Nacional Electoral (CNE). Buscaban garantizar que sus voces realmente se escucharan en un contexto político complejo.

En estos espacios, mujeres de distintas edades y con diferentes historias consolidaron redes de apoyo, compartieron experiencias, discutieron los retos que enfrentan a diario y planificaron acciones conjuntas. Ahí germinó un sentido de comunidad y solidaridad.

El grupo creció entre colegas educadoras, amigas, familiares, con las que, aún dos años después, comparten como una gran familia. Ahora la red está formada por profesionales en diversas carreras y oficios, pero también por mujeres que no tuvieron acceso a la educación y ahora se sienten escuchadas.

El paso a un liderazgo activo

“Nos preparamos para ser parte de lo que soñamos”, contó Marileyda Rojas, licenciada en educación inicial e integrante del partido político Encuentro Ciudadano, al recordar su experiencia formativa en este movimiento de mujeres.  

La educadora admitió que antes de estos espacios no se sentía  capaz de lograr muchas cosas en su vida, que tenía una actitud más sumisa. “Actualmente me siento una líder; estoy fortalecida porque sé que aporto mi grano de arena para la libertad de este país”.

Para Marlene Pérez, secretaria de la Escuela Bolivariana Priscilo Véliz desde hace 30 años, la motivación de participar en este grupo y por esa causa fue querer el bienestar de sus hijos y de toda su familia. “El padrón electoral lo conformamos en su mayoría mujeres. Nos sentimos identificadas con la necesidad de un cambio y somos responsables al momento de tomar decisiones”, dijo.

Ella se siente protagonista de esas transformaciones que ha habido en el país, particularmente desde el 3 de enero de 2026. Opinó que aunque lentos, son un avance significativo y que sin duda tienen su antecedente en el 28 de julio de 2024: “Fui coordinadora de uno de los centros electorales y al momento de tomar decisiones somos aguerridas. Las mujeres tenemos un control que nadie logra”.

Pérez relató que antes de este evento electoral, la mayoría de mujeres que ahora son parte de la red desconocían sus derechos, y el poder transformador del que ahora son conscientes. “Nos acostumbraron a hacer las tareas del hogar, nos limitaron a cumplir con la casa, la familia, pero no nos dijeron lo que podemos lograr a través de nuestra participación activa en la toma de decisiones de un país”.

Ahora, con una certeza inquebrantable y una fe intacta, se mantiene de pie junto al gran grupo que se ha logrado conformar.

El trabajo de resguardar las actas el 28 de julio

Para muchas de estas mujeres lo que vivieron aquel 28 de julio de 2024 era un trabajo totalmente desconocido. El rol que jugaron durante aquella jornada fue fundamental: resguardaron las actas electorales que luego la oposición venezolana difundió como una prueba del triunfo de Edmundo González Urrutia, aunque el CNE había nombrado a Nicolás Maduro como ganador. 

Sobre aquel día recordaron, por ejemplo, cómo se blindaron. Tenían nombres, fotos y referencias de quiénes irían a los centros de votación para recoger las copias físicas de las actas que imprimían directamente las máquinas de votación. Tenían grupos de WhatsApp donde se comunicaban constantemente y verificaban cada paso del proceso: no hacían la entrega hasta tanto tener la confirmación de que era la persona correcta. 

Todo el trabajo que hicieron, sin embargo, enfrentó una fuerte repercusión apenas horas después de que el Poder Electoral anunciara sus resultados. Ahí comenzó la pesadilla para muchas. Noches de insomnio, desespero y zozobra debido a la persecución que emprendió el Gobierno de Maduro contra la disidencia.

Tras la activación de la llamada “Operación tun-tun”, hombres vestidos de negro que llegaban a las viviendas de las señaladas como “traidoras a la patria”. Las amedrentaban y, en algunos casos, las llevaban detenidas.

“Los días se hicieron largos, el temor de salir a la calle se incrementó con el correr de las horas. La comunicación entre familiares, amigos y la estructura del partido era casi nula, ya que desconocíamos si había alguna interferencia en nuestros equipos celulares”, contó una de las integrantes del grupo.

Otras de las mujeres del movimiento narraron cómo cambiaron sus rutinas. Solo salían a la calle a hacer diligencias puntuales, no confiaban en sus vecinos, temían por su vida y la de sus hijos. La incertidumbre era mayor con el pasar del tiempo.

“Nos comunicábamos con mensajes que se autodestruyen. Yo no dormía. Me mantenía alerta porque las detenciones no paraban”, agregó otra de las entrevistadas. Para protegerse evitaban a toda costa estar en lugares públicos: “Nos enmudecieron por un tiempo, del tema no se hablaba, solo se pensaba porque decirlo se convertía en un arma para que te acusaran de incitación al odio”.

La persecución que dio pie al exilio y la cárcel

Tras las protestas postelectorales que se desataron en varios estados del país, el alcalde opositor de Carora, Javier Oropeza, fue víctima de una fuerte persecución y decidió huir del país junto a su familia. 

Iraida Timaure, quien formaba parte del gabinete de Oropeza, fue nombrada alcaldesa encargada. Sin embargo, el acoso y el asedio por parte del Ejecutivo nacional también la alcanzó e igualmente tuvo que exiliarse. La acusaron, sin pruebas, de una serie de delitos. Además, allanaron su vivienda y el Estado venezolano confiscó sus bienes. 

Otro caso emblemático de esta persecución fue la detención de Yenny Lucía Barrios, militante de Voluntad Popular, defensora de derechos humanos y de los animales, y una mujer destacada en la sociedad caroreña. La lideresa padecía linfoma no Hodgkin y su salud ya estaba comprometida cuando la apresaron el 9 de septiembre de 2024 y la trasladaron a una cárcel en la ciudad de Barquisimeto. 

Su arresto generó consternación entre amigos, familiares y allegados. La acusaron de terrorismo e instigación al odio. Gracias a la lucha de organizaciones defensoras de DDHH nacionales e internacionales, se logró que la excarcelaran el 11 de diciembre, pero con una medida de presentación ante los tribunales.

Poco después la familia recibió otro golpe:  detuvieron al hijo de Yenny, Diego Sierralta, cuando intercambiaba unos medicamentos que su madre no necesitaba por otros que sí. En ese entonces, ella estaba recibiendo un segundo ciclo de quimioterapias. Al joven lo acusaron de tráfico de medicinas.

Yenny murió el 5 de noviembre del año 2025 por complicaciones asociadas al cáncer, muy afectada además por la detención de su hijo. A Diego lo excarcelaron el 6 de noviembre, un día después de la muerte de su madre, para que asistiera a su funeral.

Pese a las heridas de ese duro momento, muchas de las integrantes del movimiento piensan que salieron fortalecidas. Opinaron que incluso Barrios murió con la certeza de que trabajó por la libertad de Venezuela y la defensa del voto de la ciudadanía.

La fuerza, resiliencia y las ganas de darle un giro a la historia democrática de un país, llevó a estas mujeres a ser parte de lo que ahora definen como una “masa inquebrantable”.  Sin embargo, reconocen que la sombra de la persecución sigue al acecho. 

Luego de meses en el exilio, tanto el alcalde Javier Oropeza como Iraida Timaure decidieron regresar a Venezuela con la esperanza de retomar sus espacios; pero la vulnerabilidad a la que aún están expuestos quedó en evidencia este jueves, 17 de septiembre, cuando hombres vestidos de negro a bordo de una camioneta negra se llevaron a Javier Oropeza cuando salía de una entrevista en el diario El Informador en Barquisimeto, según denunciaron testigos. Lo sucedido sacude especialmente a la comunidad larense y demuestra que el asedio contra la disidencia sigue latente, aún viviendo “un nuevo momento político”.

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Sin nosotras no hay transición: sostener al país a pulso no es lo mismo que gobernarlo

La Red de Mujeres Constructoras de Paz e IPYS Venezuela presentaron su cuarto informe anual, un diagnóstico que desarma el mito de la apatía: 69 % de las venezolanas sabe que su rol es vital para una transición democrática, pero apenas 2 % milita en partidos. Entre jornadas de cuidado que consumen más de ocho horas al día, precariedad salarial y miedo a la persecución, el debate en el CIAP-UCAB dejó una exigencia clara: no más cuotas de adorno ni acuerdos cocinados a sus espaldas

Con la presentación de su cuarto informe anual, “Sin nosotras no hay transición: la mujer venezolana y su participación política para la democracia”, la Red de Mujeres Constructoras de Paz y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS Venezuela) abrieron un debate urgente sobre el costo de hacer política en el país. El jueves 3 de septiembre en el CIAP-UCAB, más que un balance estadístico, expusieron la desconexión sistemática entre el trabajo de base que lideran las mujeres en los sectores populares y la resistencia de las cúpulas partidistas a compartir espacios reales de decisión.

La moderación estuvo a cargo de Rosalinda Hernández, de la Red de Mujeres Constructoras de Paz, quien explicó cómo se armó el diagnóstico. No se quedaron solo en la encuesta digital a 1.226 mujeres en todo el país; bajaron al terreno con grupos de discusión en Caracas, Maracaibo y Puerto La Cruz, además de entrevistas a lideresas sociales. Detrás de las estadísticas, Hernández recordó que están las rutinas de amas de casa, maestras, comerciantes informales y profesionales de entre 25 y 60 años.

La premisa de arranque fue directa: hablar de recuperar la democracia o de reconstruir a Venezuela al margen de quienes sostienen el tejido social es un sinsentido.

Marianela Balbi, directora ejecutiva de IPYS Venezuela, le puso cifras al nudo central del informe: 69 % de las venezolanas tiene clarísimo que sin su participación no habrá una transición real, pero apenas 2 % milita activamente en algún partido político. Ese abismo no es apatía; es supervivencia pura y dura. 

En un país donde los ingresos mensuales promedio rondan entre los 117 y 170 dólares y el 62 % de las encuestadas vive en casas con pisos de cemento, el tiempo es un lujo inalcanzable. El 68 % de las madres con hijos pequeños pasa ocho horas o más al día en faenas de cuidado y labores del hogar no remuneradas, frente a un escaso 8 % de los padres. A esa asfixia cotidiana se suma el miedo: tras el 28 de julio de 2024, el costo de alzar la voz se volvió aún más peligroso y empujó a muchas a replegarse para proteger a los suyos.

María Fernanda Rodríguez, corresponsal de IPYS Venezuela, repasó las conclusiones del documento insistiendo en que la presencia femenina en la política no puede seguir tratándose como una cuota de adorno o una concesión moral. Rodríguez planteó que sin medidas concretas (como redes comunitarias de cuidado infantil y atención a adultos mayores) es imposible liberar horas reales para que las mujeres hagan vida pública. También alertó sobre el desencanto de las más jóvenes, donde solo 56 % cree que su papel es determinante, y reclamó paridad efectiva en las boletas electorales, además de castigos claros para la violencia política y el hostigamiento que hoy obligan a tantas a autocensurarse.

El aterrizaje a la realidad cotidiana lo trajo Gabriela Rojas, impulsora de la Red de Periodistas Venezolanas, al desarmar esa división artificial que suele hacerse entre la labor social y la política. 

Rojas hizo hincapié en cómo organizar la cola del gas, cuadrar cuándo llega el agua, coordinar la comida de un comedor popular o gestionar jornadas de salud vecinales equivale a suplir al Estado en tareas públicas fundamentales, solo que de gratis y sin una pizca de poder formal. Advirtió también sobre el efecto expansivo del castigo: meter presa o amenazar a una dirigenta no solo la frena a ella, sino que busca paralizar a su familia y a toda su comunidad por terror.

Por eso, recalcó, el periodismo tiene que dejar de mandar estos temas a las páginas de “sociedad” y entender que la perspectiva de género atraviesa la economía y la política dura.

Mabel Sarmiento, periodista e integrante de la Red, completó el panel mirando hacia los barrios y hacia las generaciones que vienen. En las comunidades populares las mujeres no están esperando que las inviten a participar; ya están resolviendo los problemas a diario, aunque nadie las nombra. Sarmiento insistió en que hay que dirigir la mirada a ver a las jóvenes de los liceos, a las adolescentes que ya organizan a sus grupos y que deberían tener un lugar en la agenda pública. Para ella, el reto de los medios y de las organizaciones es subirle el costo político al machismo institucional y dejar de ver la política únicamente desde lo que ocurre en las cúpulas.

Un detalle que no pasó inadvertido en la sala fue la ausencia total de los hombres convocados, un vacío elocuente sobre las resistencias que todavía imperan en los espacios tradicionales de decisión. Sin embargo, el público compensó esa falta con un intercambio intergeneracional de mucho peso. 

En las filas del auditorio se sentaron y tomaron la palabra pioneras del movimiento de mujeres en el país: Lilian Arvelo, histórica parlamentaria, dirigente sindical y fundadora del Frente Nacional de Mujeres; María Cristina Parra, redactora del proyecto de la Ley sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia e impulsora de la convención CEDAW; la jueza Mildred Camero y la diplomática Carmen de Grijalva, ambas con un papel clave en la Comisión Nacional de Primaria; junto a lideresas como Paola Di Matthia y Mary Mogollón, formadoras de cuadros de base.

Escucharlas arropar a las investigadoras y debatir de tú a tú con las periodistas más jóvenes le dio a la jornada un aire de continuidad histórica: las peleas que dieron las abuelas y madres por las leyes laborales y electorales son el mismo hilo que hoy conecta a quienes reclaman que el cambio político no se cocine a sus espaldas. 

El informe Sin nosotras no hay transición dejó una conclusión tajante: las venezolanas no están pidiendo permiso ni esperando que las salven; el país ya se reconstruye a diario en sus manos. Lo que toca ahora es que esa fuerza de base se traduzca en puestos reales, con voz y poder de voto, en las mesas donde se definirá el rumbo de Venezuela.

El informe completo, con el desglose metodológico, los gráficos por región y los testimonios de las lideresas consultadas, está disponible para lectura y descarga en la web de Tejiendo Redes de IPYS Venezuela.

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La encrucijada venezolana y el rol de las mujeres en las transiciones políticas

Tres figuras femeninas marcan sus ritmos en el proceso político del país, bajo el acompañamiento o presión —dependiendo del espectro donde se esté— de Estados Unidos. La coyuntura a partir del 3 de enero, dicen las expertas María Isabel Puerta y Mireya Rodríguez, debe aprovecharse para forzar una salida a la crisis y avanzar hacia una transición democrática

A partir del 3 de enero, con la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses y el “plan de tres fases” con el que presiona la administración de Donald Trump, el poder del chavismo quedó en manos de Delcy Rodríguez. Con María Corina Machado al frente de la oposición y Dinorah Figuera ungida como figura dialogante por Estados Unidos, una posible transición en Venezuela pasa por el concierto de tres mujeres que deben conciliar intereses nacionales y extranjeros.

Bajo la presión de EE. UU., Delcy Rodríguez ha aceptado y ordenado decisiones que hasta diciembre de 2025 estaban fuera del tablero: una Ley de Amnistía y excarcelaciones recurrentes de presos políticos; cambios en leyes para favorecer inversión extranjera; el restablecimiento de relaciones con Washington y otros gobiernos; además de un diálogo con la Asamblea Nacional (AN) de 2015, que era tachada por el oficialismo como una estructura criminal que bloqueaba el acceso a activos en el exterior.

Los terremotos del 24 de junio también impusieron una presión extra sobre el diálogo, que el 12 de agosto produjo unos primeros acuerdos sobre la atención de los afectados, justamente con los activos que custodiaba la AN 2015, y una primera vía para la recuperación e independencia de las instituciones por medio de un cambio en la composición del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Las politólogas Mireya Rodríguez y María Isabel Puerta coinciden en que bajo este escenario EE. UU. no es un observador discreto o un mediador neutral.

Washington, afirma Rodríguez, actúa como “el árbitro determinante que ejerce un abierto tutelaje sobre la crisis venezolana, administrando los tiempos, las licencias y la legitimidad de cada actor”.

Bajo esa perspectiva, puntualiza, la administración Trump ha manejado tres aspectos: una “ingeniería de interlocutores”, al modelar quiénes se sientan en la mesa de diálogo; el “control de incentivos y supervivencia económica”, al administrar las licencias petroleras, sanciones, protecciones judiciales; y el control de activos en el exterior. El otro punto es la “dosificación del ritmo de transición”.

“Mientras María Corina Machado abandera la urgencia del cambio democrático inmediato respaldado por el apoyo popular, el tutelaje estadounidense busca gestionar un pragmático ‘cambio administrado’ que contenga riesgos geopolíticos, flujos migratorios e inestabilidad energética regional”, apunta la politóloga.

En todo caso, reitera Mireya Rodríguez, la dinámica impuesta evidencia “que el destino del proceso no depende solo de la correlación de fuerzas en las calles de Caracas, sino de los límites y concesiones que fija el tutor externo a cada una de las tres figuras políticas”.

Ellas en el frente

María Isabel Puerta, politóloga y profesora adjunta en el Valencia College, señala que hay una coincidencia en que sean mujeres las que estén al frente de la coyuntura actual en Venezuela. Pareciera haber un elemento común de confianza “en el poder de la mujer”.

“En el caso del régimen político venezolano, el gobierno de los EE. UU. parece tener confianza en Delcy Rodríguez. En el caso de Dinorah Figuera, de igual manera, pareciera que los elementos que están tomando decisiones en la resolución del conflicto tienen confianza en ella”.

Sobre María Corina Machado, refiere la profesora, sigue representando esa voluntad y aspiración de los venezolanos que apostaron por una salida política pacífica. “Lamentablemente esta ha sido una circunstancia donde los venezolanos han quedado por fuera de cualquier tipo de decisión… Sobre todo para quienes están en Venezuela esperando un cambio tangible”.

Afirma que Machado entiende este punto y, además, sabe que hay un costo político “desde el punto de vista de su proyecto y sus aspiraciones de involucrarse en esta fase del proceso que apenas da sus primeros pasos para una reinstitucionalización, ni hablar de una transición democrática en el país”.

Mireya Rodríguez enfatiza en que para entender el papel de Machado, Rodríguez y Figuera es necesario entender que “no estamos ante un diálogo convencional”.

Para la experta en negociación, se está ante “una triangulación de fuerzas en tensión gestionada bajo el tutelaje de EE. UU. Washington actúa como el árbitro que administra los tiempos, las sanciones y la legitimidad, mientras cada lideresa encarna un arquetipo político muy preciso frente a ese poder exterior”.

A juicio de Rodríguez, María Corina Machado encarna un “liderazgo visionario” con autoridad moral, el apoyo de una parte gruesa de la población y, además, ejerce presión “por una transición real sin concesiones de impunidad”.

“Para el tutor estadounidense, el liderazgo visionario es un dilema estructural: es indispensable porque ostenta la fuerza social que convalida cualquier proceso, pero resulta incómodo para la realpolitik diplomática porque se niega a subordinar sus principios éticos a un ‘cambio administrado’”, resalta.

La profesora Rodríguez advierte la mandataria interina ejerce un “liderazgo perverso” al representar la “continuidad del aparato estatal de facto y la contención del cambio estructural”.

Esta líder no busca democratizar el país, “sino asegurar la supervivencia de la cúpula de poder. Su interacción con Washington es puramente transaccional: cede margen operativo o acceso a mercados, a cambio de licencias petroleras y oxigenación económica”.

Mientras que a Dinorah Figuera, la experta la ubica en su plano como “liderazgo negociador” que ostenta no sólo representación legal de la Asamblea Nacional 2015, sino la custodia de activos en el exterior. “Para la administración estadounidense, la lideresa negociadora funciona como la contraparte institucional ideal: un perfil predecible, volcado al trámite legal y dependiente del reconocimiento externo, perfecto para dar encuadre burocrático a los acuerdos sin alterar el balance geopolítico”.

De cara a los actores internacionales y el propio escenario venezolano, dice Mireya Rodríguez, hay tres formas de poder fragmentadas: “la legitimidad popular sin control del Estado (Machado), el control del Estado sin legitimidad popular (Rodríguez) y la legalidad reconocida sin control territorial (Figuera)”.

Mujeres, ¿sinónimo de éxito en las transiciones?

El politólogo John Magdaleno señala varios episodios de democratización donde las mujeres han tomado un rol importante, no sólo en puestos ejecutivos sino en las luchas sociales.

Tal es el caso argentino donde las Abuelas de Plaza de Mayo se organizaron en dos agrupaciones:: las de familiares de desaparecidos y la asociación Mujeres por la Vida, fundado en 1983. En Chile, el movimiento de Mujeres por la Democracia “contribuyó a la unificación de la oposición, que estaba tremendamente fragmentada”.

En Nicaragua, Violeta Barrios de Chamorro fue fundamental dentro de la resistencia a la dictadura Somoza tras el asesinato de su esposo y director del diario La Prensa, Joaquín Chamorro, en 1978. Durante un año integró la junta de reconstrucción nacional, pero luego se distanció del sandinismo y mantuvo fuertes críticas. Alcanzó la presidencia de ese país en 1990.

En Bolivia, a finales de de 1977, cuatro mujeres mineras, junto a sus hijos, iniciaron una huelga de hambre para exigir a la dictadura de Hugo Banzer la libertad de prisioneros políticos, amnistía general, fin del exilio y la reincorporación de mineros despedidos. Al movimiento se sumaron miles de personas, y recibieron apoyo de la Iglesia católica y otros sectores.

La presión obligó a Banzer a decretar la amnistía y propició el adelanto de las elecciones presidenciales. “También influyó en ello la presión del gobierno de Jimmy Carter como consta en documentos desclasificados”, acota Magdaleno.

En Sudáfrica, indica el profesor, la National Women’s Coalition “tuvo un papel muy importante en ciclos de movilización colectiva, incluso exigiendo una representación directa en las negociaciones del fin del apartheid. En Filipinas es inevitable la referencia a Corazón Aquino, quien terminó liderando las protestas de la famosa ‘People Power Revolution’. Las mujeres jugaron un papel importante y la misma Aquino es electa presidenta. En la propia Primavera Árabe, en la cual el único caso exitoso fue Túnez, y lo digo porque ya no es democracia, la Asociación de Mujeres Demócratas insistió y presionó por algunos principios paritarios en la Constitución del año 2012”.

Sin embargo, menciona Magdaleno, también hay casos fallidos de democratización donde se involucró la figura de mujeres tal como en Bielorrusia o Myanmar, este último liderado por Aung San Suu Kyi, quien había sido vista como un referente democrático pero luego fue ampliamente criticada al defender el genocidio de la minoría rohinyá y la persecución de la junta militar, la misma que la acusó de corrupción —entre otros cargos— y mantiene en prisión desde 2021. 

¿Qué esperar del proceso venezolano?

Con un avance visible mediato, luego de que el Parlamento introdujera los cambios para modificar la constitución del Comité de Postulaciones que elige a los magistrados principales y suplentes del TSJ, queda observar si la coalición gobernante seguirá implementando esas medidas “democratizadoras” o se impondrán nuevas tramas que EE. UU. se verá obligado a encauzar.

Justamente, María Isabel Puerta cuestiona que el Gobierno de Trump tenga una verdadera disposición o capacidad “no solamente de impulsar una transición democrática en Venezuela, sino de comprometerse con los valores y principios democráticos que, en la experiencia sabemos, no son rasgos característicos de esta administración”.

Otro punto es la propia estabilidad de Trump, indica la profesora del Valencia College. “No sabemos cuál va a ser el resultado de las elecciones de medio término en EE. UU. por mucho que se diga que los demócratas tienen posibilidades de triunfo. Creo que para el régimen político en Venezuela y para la Casa Blanca, el año 2027 va a ser un año clave porque es el último año efectivamente para poder avanzar, en el caso venezolano con una convocatoria a elecciones”.

Puerta asegura que 2027 va a ser un año “de mucho pulso para la coalición que sobrevive en el chavismo”, debido a lo que puede influir la administración Trump durante su último tramo. “Sabemos que ambos partidos (en EE. UU.) se van a preparar para ese evento que es la elección general del 2028 y eso va a tener incidencia en la capacidad que tenga el Presidente no solamente de influir sobre Delcy Rodríguez, sino de garantizar su permanencia en el poder”.

Sin embargo, la politóloga Puerta comenta que en esta coyuntura —que no identifica si camina hacia una transición democrática o la profundización autoritaria— es vital que la oposición aproveche para forzar una salida política a la crisis en Venezuela.

“Creo que es importante entender que este es un proceso político que, de desaprovecharse, no sé si tendremos otro. Lo peor que puede pasar en Venezuela no es que haya un recrudecimiento dictatorial, eso ya existe. El problema es que no haya una forma de evitar que Venezuela termine siendo un Estado fallido”.

A juicio de Mireya Rodríguez, al evaluar el proceso que ha avanzado durante 2026, se puede esperar “un escenario de transición administrada y de alta tensión estructural” con cuatro dinámicas centrales.

La primera de ellas, dice, es un “modelo de estabilización pragmática impulsado desde el exterior” al tener un tutelaje norteamericano que prioriza “la gobernabilidad energética, la seguridad regional y el control de flujos migratorios sobre la pureza del diseño democrático. Veremos un avance acelerado en acuerdos de exploración, reformas al marco de hidrocarburos y apertura financiera, condicionado al mantenimiento de una paz operativa mínima en el país”.

Como segunda característica, explica la experta, se verá la “coexistencia forzada entre la legalidad procedimental y el poder de facto” al utilizar la figura negociadora de la AN 2015 como “el vehículo jurídico para la convalidación internacional de acuerdos, licencias y protección de activos. Sin embargo, su capacidad de incidir en la política territorial cotidiana continuará siendo limitada frente al aparato ejecutivo que opera en Caracas”.

También se observarán los intentos de “atrincheramiento” por parte del sector gobernante, al camuflarse con excepciones “en el terreno económico, energético y en la liberación dosificada de presos políticos para aliviar la presión internacional, mientras intentará frenar a toda costa una apertura política total que ponga en riesgo su impunidad o su continuidad estructural en el poder”.

Por último, indica Rodríguez, va a persistir un conflicto de legitimidad. “El mayor riesgo de este proceso administrado es pretender sustituir la transición política democrática por una mera normalización económica. Mientras no se atienda el mandato popular de masas que representa el liderazgo visionario (María Corina Machado), cualquier acuerdo de convivencia formal carecerá de anclaje social y sufrirá un déficit permanente de estabilidad a mediano plazo”.

La especialista coincide con Puerta en que aún Venezuela no está en un escenario de restitución plena del orden democrático, aunque sí en “una reconfiguración geopolítica del statu quo. El desenlace definitivo dependerá de si la presión ética y la movilización popular logran transformar este tutelaje pragmático en un verdadero itinerario de democratización e institucionalidad real”.

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Construir autonomía para romper el círculo de violencia

En los espacios del centro cultural La Poeteca, en Caracas, el miércoles 2 de septiembre, un pequeño grupo de mujeres de distintas edades se congregó para hablar sobre autonomía económica. No se conocían entre sí, pero todas habían llegado allí por la misma inquietud: la de lograr su independencia.

Aquella búsqueda parte de una certeza que bien expresó Virginia Woolf en su ensayo Una habitación propia: “Uno no puede pensar bien, amar bien, dormir bien, si no ha comido bien”. 

Cubrir lo material es una necesidad para sostener el cuerpo y la vida. Pero para las mujeres la lucha por la autonomía es una resistencia sostenida frente a una construcción patriarcal fuertemente arraigada. 

A partir de esa premisa, la iniciativa Juntas, de la organización Soy Mujer, propone reflexionar sobre el significado de la autonomía para identificar tanto desafíos como oportunidades y que independizarse deje de ser una lucha y se convierta en una realidad, en un derecho pleno libre de imposiciones.

La trampa de la dependencia 

Las mujeres han estado relegadas al rol del cuidado por una mera función biológica como si este fuese su único propósito de vida. Incluso, hace poco más de un siglo, se las consideraba incapaces de tener participación política y económica, necesitaban siempre una figura masculina que velara por ellas. 

Pensar en ello resulta alarmante y, sin embargo, no estamos tan distantes de esta realidad. 

Así lo expuso Elaine Díaz, estudiante del último año de Estudios Internacionales en la Universidad Central de Venezuela, quien lideró la ponencia de Juntas e hizo énfasis en el ciclo de violencia que esto conlleva: “Existen roles de género muy arraigados en la sociedad latinoamericana donde se asume que la mujer debe permanecer en el hogar y el hombre debe ser el proveedor. Esto perpetúa un ciclo de violencia sustentado en la dependencia financiera”.

Al no poseer recursos propios y depender de un tercero, la mujer no logra ejercer su autonomía.

Además, la facilitadora puntualizó que “si una mujer queda confinada al hogar dedicándose exclusivamente al cuidado no remunerado de terceros (hijos, adultos mayores o pareja), se le priva de la posibilidad de tener una vida política y social activa”.

Para la toma de decisiones sobre su propia vida, la libertad y la capacidad de participar en la sociedad resultan pilares fundamentales.

Autonomía desde un enfoque de género 

Esta fue la pregunta que Elaine le hizo a su audiencia y la mayoría de las asistentes contestaron: “Poder de decisión”. 

Precisamente, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la autonomía es la capacidad y libertad de las mujeres para tomar decisiones propias e informadas sobre su vida en condiciones de igualdad, sin sufrir violencia ni coacciones.

Sobre esto, Elaine explicó que la igualdad de género se sostiene sobre tres dimensiones fundamentales: la autonomía física, la autonomía económica y la autonomía en la toma de decisiones. Ninguna de ellas puede existir de manera aislada. 

Es por eso que la falta de ingresos propios es solo la punta del iceberg, ya que no solo limita la libertad financiera, sino que restringe directamente la capacidad de decidir sobre el propio cuerpo, salir de situaciones de violencia y participar activamente en la sociedad.

Sin embargo, la “capacidad” y la “libertad” —dos pilares fundamentales de la autonomía en los que la ponente enfatizó— se ven reducidas frente a las barreras estructurales de la sociedad: la desigualdad y violencia económica, las brechas salariales, la exclusión laboral, la dependencia financiera y el acceso limitado a recursos y formación. 

El cuidado del hogar como un peso invisible 

Además de este entramado de desigualdades, existe la sobrecarga de trabajo dentro del hogar, un factor que suele invisibilizarse y que sostiene la estructura productiva. 

De acuerdo con la CEPAL, la economía del cuidado representa entre 15,9 % y 27,6 % del Producto Interno Bruto (PIB) en la región. Sin embargo, su distribución es profundamente desigual. Datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) revelan que las mujeres asumen hasta el 72 % del tiempo total dedicado a estas tareas, invirtiendo en promedio 22 horas semanales al trabajo de cuidados no remunerado dentro del hogar, el doble del tiempo aportado por los hombres.

Para ilustrarlo de forma práctica, Elaine solo necesitó una hoja y un lápiz: las mujeres debían escribir todo lo que hacían durante su día y contabilizar las horas. Entre las asistentes se encontraban jóvenes universitarias y madres de mediana edad.

Descubrir el resultado fue un golpe de realidad para todas: la suma de sus rutinas diarias superaba con frecuencia las 24 horas. Pese a la diversidad de edades y circunstancias, el grupo compartía la misma carga invisible. Ninguna se limitaba a estudiar o trabajar; todas asumían las tareas del hogar, el cuidado de familiares —que en el caso de las madres absorbía la mayor parte del día— y, además, gestionaban algún emprendimiento propio. Una muestra clara de cómo, en el contexto socioeconómico venezolano, un solo ingreso ha dejado de ser suficiente para subsistir. 

A esa sobrecarga, muchas veces se le suma la renuncia cotidiana de la cuidadora. Marian, educadora de 54 años de edad, conmovida por la actividad, compartió cómo muchas veces dejó de desayunar para que sus niñas, al despertarse, pudieran hacerlo. 

Frente a esta realidad vivida por las asistentes, Eliannys Vidosa, coordinadora de la iniciativa Juntas, expresa que “las mujeres siempre han sido muy conscientes de sus realidades, aunque quizás no tanto de los entornos que las rodean y estructuran. Muchas reconocen el trabajo que realizan, las horas que dedican y las dificultades que enfrentan”.

Construcción de redes para el cambio

Pero no basta con reconocerlo. En un contexto de crisis económica como el actual, y con tantas barreras estructurales, ¿cómo pueden las mujeres romper ese ciclo de violencia y dependencia? 

Las reflexiones de las asistentes tomaron dos vertientes. Por un lado, las más jóvenes hablaron sobre la importancia de la participación política de la mujer para que exista un verdadero cambio en las políticas públicas para una deconstrucción estructural, y por otro, las madres de mediana edad coincidieron en comenzar a priorizarse a sí mismas por encima de la sobrecarga del cuidado doméstico. 

Ambas visiones son dos caras de la misma moneda: la autonomía femenina y la redistribución de la carga.  

Al respecto, la ponente concluyó que para alcanzar la autonomía económica hay que trabajar en red: “Siempre va a haber otra mujer al lado dispuesta a apoyar. Romper este ciclo parte de reconocernos a nosotras mismas, reconocer nuestros liderazgos y los de las mujeres a nuestro alrededor. A partir de allí podemos organizarnos y crear redes de apoyo que impulsen soluciones para lograr sociedades más inclusivas, justas y sostenibles”. 

Históricamente se ha vendido el discurso de la independencia como un logro individual y esto demuestra que el primer paso para lograr la autonomía es entender que es un esfuerzo colectivo para crear redes de contención, tanto en el ámbito privado como en el público, que impulsen un verdadero cambio social.