Activistas e investigadoras en materia de violencia basada en género temen que fenómenos sociales como este continúen siendo relegados aún en una posible transición. Coinciden en que un campo de batalla clave es el comunicacional, por lo que hacen propuestas para combatir la violencia contra las mujeres desde espacios aadémicos como la ULA y desde los medios de comunicación
“He presenciado cómo, al tocar temas de acoso en la facultad, algunos representantes profesorales justifican al agresor y minimizan el testimonio de la denunciante”, cuenta Diomary Escalante, estudiante de Comunicación Social y representante estudiantil ante el Consejo de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de Los Andes (ULA), en Mérida. La frase no describe un hecho aislado, sino una resistencia cultural e institucional que, según cuenta, sigue viva dentro del campus cada vez que se denuncia acoso o violencia.
La situación genera una indignación en parte de la comunidad estudiantil, y en este sentido los liderazgos estudiantiles han discutido sobre la necesidad de una formación obligatoria en perspectiva de género y derechos humanos en todos los ámbitos universitarios, para que la ULA sea, de verdad, un espacio seguro para estudiantes, profesoras y trabajadoras.
Un patrón que se repite fuera del campus
Lo que ocurre en los pasillos de la ULA no está desconectado del país. Mientras la opinión pública se concentra en la reorganización institucional de Venezuela, la violencia basada en género (VBG) queda al margen de la agenda nacional. La escasa formación en la materia y la ausencia de cifras oficiales le abren paso, además, a la desinformación.
El informe Venezuela después del 3 de enero: tres miradas para pensar lo público, de la Fundación Botín, advierte que una posible fase de transición obliga a repensar las prioridades del Estado y la reconstrucción del tejido democrático. Para la criminóloga y activista de derechos humanos Antonella Guerrero, la VBG es uno de los fenómenos que ya venía relegado por la crisis humanitaria y que corre el riesgo de seguir postergándose bajo la lógica de atender “lo urgente” sobre “lo importante”. El debate público, dice, suele polarizarse entre gobernabilidad y economía, dejando espacio a discursos de odio, revictimización y sesgos machistas.
Guerrero apunta directamente al tratamiento mediático: las noticias sensacionalistas y el manejo irresponsable de los relatos funcionan como un freno para las víctimas, alimentan el subregistro de casos y refuerzan la percepción de impunidad. A falta de estadísticas oficiales, un dato muy citado es el de la organización Utopix, que registró un femicidio consumado cada 57 horas durante 2025. Contar con cifras precisas, insiste la criminóloga, permitiría diseñar políticas públicas reales de prevención e intervención. Reclama además que la sensibilización en perspectiva de género deje de ser optativa en la formación de las y los comunicadores sociales.
El liderazgo estudiantil marca la agenda dentro de la ULA
Es justo ese vacío el que Escalante y sus compañeras buscan llenar desde dentro. Aunque reconoce que la ULA es históricamente un bastión de defensa democrática, la estudiante insiste en que eso no basta: hace falta incorporar materias obligatorias que conecten al estudiantado, de forma crítica, con las realidades más vulnerables de la región andina.
Su propuesta tiene un blanco concreto: el Departamento de Comunicación Social. Considera que este debe asumir un enfoque de derechos humanos riguroso, que forme profesionales capaces de ofrecer información veraz y educativa, y que le dé a la ciudadanía herramientas reales para tomar decisiones. Junto a sus compañeras de clase, ha discutido que las aulas deberían convertirse en laboratorios de verificación de datos, para que las narrativas engañosas externas no terminen dictando la cobertura informativa.
La investigación respalda lo que piden las estudiantes
Lo que Escalante plantea desde el activismo estudiantil coincide, en gran medida, con lo que sostiene la investigación académica. Nilsa Gulfo, periodista e investigadora del Observatorio Venezolano de Violencia con diez años estudiando el fenómeno, considera que la respuesta de la academia no puede limitarse a iniciativas aisladas o coyunturales: instituciones como la ULA primero deben reconocer que la VBG es un problema recurrente dentro de sus propias estructuras, y luego aplicar una reestructuración pedagógica profunda.
Para Gulfo, la perspectiva de género debe ser un eje transversal —en los proyectos de servicio comunitario, en las tesis de grado, en las asignaturas de periodismo—, de modo que el pensum funcione como un espacio de concientización donde se aprenda a identificar tempranamente los factores de riesgo. “Preservar la vida y la dignidad de una mujer es defender los derechos humanos en su dimensión más pura”, resume.
Sobre el ejercicio periodístico regional, es igual de directa: el mayor vicio al informar sobre violencia de género es la falta de investigación y de empatía, lo que deriva en notas superficiales o revictimizantes, tratadas como simples crónicas rojas. “Hace falta preparación en la terminología y en la contextualización para que la narrativa sea de calidad. Muchas veces los medios normalizan el tema y lo tratan únicamente como un suceso”, advierte.
La hoja de ruta de las nuevas comunicadoras
Frente a ese ecosistema mediático de coberturas planas y homogéneas, Escalante ve una oportunidad para su generación: narrar con enfoques más humanos y creativos. “En lugar de repetir las mismas voces, podemos diversificar las fuentes y consultar a mujeres especialistas, madres, amas de casa y lideresas comunitarias para reflejar el impacto diferenciador de la crisis”, plantea. “Tenemos el poder de contar historias que se posicionen en la agenda pública nacional y fortalezcan la democracia desde la región andina”.
Para la joven, ese ejercicio profesional debe sostenerse en alianzas y en sororidad gremial. Propone consolidar redes de trabajo entre estudiantes activas y periodistas egresadas de la ULA, que generen espacios de apoyo, mentoría y oportunidades laborales comprometidas con el rigor y la veracidad.
Mientras el país negocia su transición institucional, es el liderazgo estudiantil de la ULA el que insiste en que esa reconstrucción también se escriba con perspectiva de género, sin esperar a que la agenda nacional le haga espacio.
