El impacto de las fallas de electricidad, agua y gas doméstico es mayor para las mujeres, en quienes ya recae, de manera desproporcionada, el trabajo doméstico y de cuidado
A las 2:00 de la madrugada, mientras su familia duerme, Alexandra García, de 51 años, atiende las necesidades del hogar. Lava la ropa, limpia un poco la casa y almacena agua en pipotes plásticos que usarán el resto del día, cuando las tuberías esten secas.
Al terminar, la mujer se recuesta en su cama con la esperanza de descansar un poco antes de volver a levantarse a las 5:00 a.m., preparar algo de comer y salir hacia el consultorio médico donde trabaja como secretaria. Alexandra tiene una hija y también vive con sus padres, que son adultos mayores, por lo que gran parte de las responsabilidades domésticas y de cuidado recaen sobre ella.
Su jornada resume una realidad que se repite en distintos hogares del estado Lara y el resto de Venezuela: las fallas en los servicios públicos alteran significativamente las rutinas de la población, y profundizan la carga del trabajo en casa que recae especialmente sobre las mujeres.
Vidas al servicio de los servicios
Los apagones y la falta de agua obligan a reorganizar los horarios, e incluso a sacrificar el sueño, para hacer actividades tan elementales como cocinar, lavar y limpiar.
Solo entre el 31 de agosto y el 6 de septiembre de 2026, la asociación Activos por la Luz registró 188 cortes de energía y 52 fluctuaciones (bajones) en 44 sectores del estado Lara, para un total acumulado de 853 horas y 16 minutos sin electricidad en una semana.
Esta organización ciudadana —que surgió en la entidad tras el megaapagón nacional de 2019 para documentar las fallas eléctricas, exigir información y respuestas— advirtió que los municipios Iribarren y Palavecino reportaron 137 y 41 cortes de luz respectivamente. Algunas comunidades presentaron interrupciones del servicio durante todos los días de esa semana.
A esta situación se suma otra irregularidad. Una encuesta realizada en 2021 por el Laboratorio de Desarrollo Humano (Ladeshu) a 971 hogares larenses arrojó que, para entonces, 94 % de los hogares tenía algún déficit en el acceso al gas doméstico.
El problema, sin embargo, no afectaba a todos los integrantes de la vivienda por igual. Casi la mitad de los encuestados (49 %) indicó que eran las mujeres quienes cargaban las bombonas desde el lugar de abastecimiento hasta sus casas. El estudio identificó que en la mitad de los hogares consultados, en los nueve municipios de la entidad, la jefatura correspondía a mujeres, quienes debían idear cómo compensar las horas perdidas por la gestión de las fallas en los servicios.
El Ladeshu —organización fundada en 2014 en Barquisimeto para visibilizar vulneraciones de derechos y acompañar a las comunidades— también documentó otros impactos de las fallas de gas. En el municipio Iribarren, 81 % de las familias entrevistadas utilizaba cocinas eléctricas, alternativa que se vuelve falible en un contexto de cortes de electricidad constantes. Mientras, los que empleaban leña dijeron que presentaron problemas respiratorios y lesiones oftalmológicas.
Administrar la incertidumbre
En El Coriano 2, al oeste de Barquisimeto, Doris de Pérez, de 60 años, también ajusta su jornada a la disponibilidad de electricidad. Es manicurista y atiende a clientas en sectores cercanos a su residencia. Algunas veces llega a una vivienda y descubre que se fue la luz, por lo que no puede trabajar.
Para Doris, cada apagón puede representar más que retrasar una tarea doméstica. También puede significar perder dinero, disminuir sus ingresos. Si una clienta le cancela la cita porque no tiene electricidad, debe reorganizar su agenda; al regresar a casa encuentra además los oficios acumulados. Doris vive con su hijo y suele preparar su almuerzo durante la mañana porque sabe que en la noche puede no disponer de electricidad para cocinar.
Mientras, en El Recreo, Luz Marina Maggiolo de 66 años vive con su esposo, de 74. Él tiene hipertensión y ella se encarga de atenderlo. Luz Marina padece artrosis y problemas del túnel carpiano. Debe utilizar una muñequera para evitar que su condición empeore, o tendría que someterse a cirugía, sin embargo, no cuenta con los recursos económicos para adquirirla.
Aunque tiene dos hijos, vive únicamente con su esposo y se dedica a los oficios del hogar porque no ha encontrado trabajo. Para ella, las fallas de los servicios se suman a esa carga doméstica y de cuidado que ya ocupa buena parte de su tiempo. Resolver las necesidades de la casa mientras atiende a su esposo significa administrar no solo la electricidad o el agua disponible, sino también sus propias limitaciones físicas.
Del cansancio físico al desgaste emocional
Otro estudio de Activos por la Luz realizado en septiembre de 2020 ya reportaba otras consecuencias de la crisis del sistema eléctrico que suelen pasar desapercibidas: prolongados sentimientos y manifestaciones de ansiedad, angustia, estrés, depresión, ira e incertidumbre. El documento también advertía sobre efectos en niñas, niños y adolescentes, así como jóvenes y adultos mayores.
En 2026, Susana Romero, coordinadora del Programa Psicosocial y Legal de la Asociación Larense de Planificación Familiar (Alaplaf), observa situaciones similares desde el trabajo comunitario. Entre las mujeres expuestas a la crisis de los servicios públicos identifica manifestaciones asociadas con ansiedad, estrés, alteraciones del sueño y depresión.
La relación no debe entenderse como una causalidad automática: los problemas emocionales pueden tener múltiples causas. Pero la incertidumbre permanente, la pérdida de horas de descanso, la sobrecarga doméstica y la dificultad para conciliar las responsabilidades laborales y familiares añaden factores de presión.
Alaplaf —una organización con décadas de trabajo en Lara vinculada históricamente con la salud sexual y reproductiva— ha ampliado parte de su intervención comunitaria hacia la formación, el acompañamiento psicosocial y la creación de redes.
Durante 2025-2026, reportó 2.476 mujeres sensibilizadas en cinco sectores de Iribarren y Palavecino: Portachuelo, Brisas del Parque, Las Cuibas, Colinas del Trompillo y Brisas del Norte.
El programa de formación de promotoras comunitarias busca fortalecer capacidades para identificar necesidades, gestionar emociones, acompañar a otras mujeres, reconocer recursos disponibles y generar respuestas desde las propias comunidades.
Para Romero, esa formación también permite superar una lógica exclusivamente asistencialista. Las mujeres reciben herramientas para analizar la realidad de sus comunidades, identificar problemas y gestionar soluciones con los recursos disponibles.
La apuesta, explica, es que puedan convertirse en canales de negociación y facilitación ante las instituciones. Es decir, que no solamente reciban respuestas, sino que desarrollen capacidades para plantear necesidades y buscar soluciones colectivas.
Redes de apoyo frente a una crisis que se multiplica
Romero considera que la precariedad de servicios como agua y electricidad puede analizarse también desde una perspectiva de violencia estructural, en la medida en que sus consecuencias se acumulan sobre mujeres, niñas y adolescentes encargadas de tareas de cuidado no remuneradas.
La organización ha encontrado que las dificultades no se limitan a las mujeres adultas. Adolescentes desde los 14 años participan en los espacios comunitarios y algunas enfrentan responsabilidades dentro de sus hogares que interfieren con su continuidad educativa.
Ese aspecto amplía la dimensión del problema. Una joven que debe permanecer en casa para cuidar, buscar agua, atender necesidades familiares o resolver tareas domésticas también puede perder horas destinadas al estudio.
En este escenario, las redes de apoyo funcionan como una forma de respuesta comunitaria. No sustituyen los servicios públicos ni resuelven las fallas estructurales, pero pueden reducir el aislamiento y permitir que las mujeres compartan información y herramientas para enfrentar situaciones que individualmente resultan más difíciles.
La crisis de los servicios públicos, medida en horas sin electricidad, días sin agua o meses con dificultades para conseguir gas, tiene así otra dimensión menos visible: el tiempo que las familias deben invertir para compensar las fallas.
Las historias permiten observar que las mujeres son más vulnerables ante la precariedad de los servicios, mientras las organizaciones buscan fortalecer las capacidades de esta población para gestionar emociones, organizarse y construir respuestas colectivas, tejiendo redes que se convierten en una herramienta para enfrentar la cotidianidad.