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Necesidades de las venezolanas no entraron en la agenda de Delcy Rodríguez en la COP31

Aunque Delcy Rodríguez reconoció la emergencia climática y reclamó financiamiento en la COP31, no planteó medidas para atender las consecuencias que enfrentan las venezolanas. El país sigue sin planes de adaptación y de género y cambio climático, mientras las organizaciones comunitarias se tropiezan con barreras para acceder a recursos. Este reportaje se produjo como parte de la COP31 Climate Change Media Partnership, una beca de periodismo organizada por Earth Journalism Network de Internews, Informed Earth y el Stanley Center for Peace and Security

Las mujeres cargan con una parte importante del cambio climático y sufren impactos diferenciados que cuestan entre 16 mil y 17 mil millones de dólares según el desastre natural al que se enfrenten. Los embates de esta crisis se sienten con más fuerza sobre los hogares con jefatura femenina y amenazan incluso con empobrecer a 158 millones de mujeres y niñas y empujar a 232 millones más a la inseguridad alimentaria para 2050.

Venezuela también padece estos impactos, pero no llevó esas demandas a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), celebrada entre el 9 y 20 de noviembre en la ciudad turca Antalya.

Delcy Rodríguez fue una de las ocho mujeres que participaron en las plenarias de alto nivel de la COP31 y encabezó la delegación venezolana, en la que también estuvo la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao. Pero esa presencia no se tradujo en una discusión sobre las condiciones que enfrentan las venezolanas ni en propuestas para asistirlas.

En su intervención, Rodríguez reconoció la emergencia climática, defendió la industria petrolera venezolana y reclamó financiamiento para los países en desarrollo. No mencionó, sin embargo, las dificultades que enfrentan las mujeres ante las sequías, las inundaciones o las altas temperaturas, ni presentó medidas para atenderlas.

En Venezuela, las consecuencias ya se reflejan en las jornadas de trabajo y en los ingresos. Entre 2013 y 2022, la exposición al calor provocó la pérdida anual de 1.500 millones de horas de trabajo, un aumento de 109% frente al período 1991-2000. El impacto representó pérdidas potenciales de ingresos de 6.400 millones de dólares al año, según el informe de Lancet Countdown sobre el país.

A esas pérdidas se suma la precariedad de los servicios públicos. Cuando escasea el agua o se va la luz, las tareas para resolver las necesidades del hogar no desaparecen, sino que recaen con más fuerza sobre quienes ya se encargan de buscar agua, preparar la comida y cuidar a niños, personas mayores o enfermas. Es decir, las mujeres.

El país tampoco cuenta con instrumentos para medir y atender esa situación. La organización Clima21, que promueve los derechos humanos ambientales en Venezuela, ha advertido que el país no cuenta con un plan nacional de adaptación al cambio climático y de un plan de acción de género y cambio climático. Tampoco tiene datos oficiales desagregados que permitan conocer cómo afectan las sequías, las altas temperaturas y otros fenómenos a las mujeres.

La organización ecologista reclama al Estado que elabore esos planes y recopile información sobre los efectos en la seguridad alimentaria, la salud y el acceso al agua. Sin esos registros, las autoridades no pueden saber con precisión cómo están soportando las consecuencias ni tampoco diseñar respuestas adecuadas.

Un conflicto global

En la COP31, la Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, conocida como ONU Mujeres, presentó una ficha informativa en la que desglosó más cifras que dimensionan los daños y costos de la emergencia climática. El listado evidencia, además, la poca presencia femenina en los espacios donde se decide cómo responder.

Esa desigualdad se ve también en la cumbre en curso. Sarah Hendriks, directora de programas, políticas y asuntos intergubernamentales de ONU Mujeres, advirtió que apenas 12% de las carteras ministeriales de energía del mundo están lideradas por mujeres y que las defensoras ambientales enfrentan acoso e incluso la muerte por proteger sus territorios.

“En la COP31, ONU Mujeres hace un llamado a las y los líderes mundiales para que sitúen la igualdad de género y los derechos de las mujeres en el centro de la acción climática, avancen hacia economías que prioricen a las personas y el planeta por encima de los beneficios económicos, generen resiliencia para todas las personas y promuevan la igualdad de género. Esto significa garantizar el derecho de todas las mujeres y niñas a disfrutar de un medio ambiente limpio, sano y sostenible”, dijo Hendriks.

La distribución del poder dentro de la propia cumbre ofreció otra muestra. En la Cumbre de Líderes Mundiales, apenas ocho de los 86 mandatarios participantes eran mujeres, según un conteo de Global Women Leaders Voices, organización que reúne a más de 80 exjefas de Estado y de Gobierno y ex altas funcionarias. En el pabellón de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, por ejemplo, solo una de las ocho personas ponentes era mujer.

Para Xiomara Acevedo, directora de la organización colombiana Barranquilla+20, esa ausencia tiene que ver con la forma en que se han construido las negociaciones. “Este espacio sigue siendo todavía masculinizado, muy patriarcal, muy blanco. Eso nos motivó a empezar el proceso de Mujeres por la Justicia Climática, para darle la vuelta a esa realidad”, explicó.

Acevedo cuestiona que las discusiones internacionales se concentren principalmente en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, mientras dejan en segundo plano cómo se preparan las ciudades, las zonas rurales y las comunidades para enfrentar los cambios que ya están ocurriendo. En esa conversación, sostiene, las experiencias de quienes resuelven problemas cotidianos, que van desde conseguir agua hasta sostener la alimentación y los cuidados, siguen teniendo poco espacio.

“En más de 31 años de negociación no se ha logrado un abordaje que reconozca las contribuciones. No nos sirve que se nos reconozca solamente como víctimas o personas impactadas”, señaló. Para la activista, los conocimientos de las comunidades, sus estrategias para enfrentar las emergencias y las redes que sostienen la vida también deben formar parte de las respuestas y recibir recursos.

El dinero no llega a las organizaciones lideradas por mujeres 

En la COP31 también está sobre la mesa el Plan de Acción de Género de Belém, aprobado para el período 2026-2034 en la COP30, que tomó lugar en Brasil el año pasado. El documento establece 27 actividades y 98 entregables para incorporar las necesidades y contribuciones de las mujeres en las políticas climáticas. Entre sus prioridades figuran la salud, el trabajo de cuidados, la protección de las defensoras ambientales y la adaptación de los ecosistemas.

El acuerdo ofrece una hoja de ruta, pero su aplicación dependerá de que los gobiernos la conviertan en medidas concretas, con presupuesto y mecanismos para evaluar sus resultados. 

En Venezuela, ese trabajo parte de una deuda básica de la que ya se habló previamente y es precisamente que todavía no existen los planes nacionales que permitirían organizar la respuesta articulada específicamente para las mujeres.

A la falta de políticas se suma otro problema: conseguir recursos para llevar adelante proyectos. Acevedo cuestiona que los mecanismos internacionales de financiamiento sean demasiado burocráticos y estén lejos de las capacidades de muchas organizaciones de base.

“La arquitectura climática que se ha estado fortaleciendo es demasiado burocrática. No puedes aplicar directamente, el financiamiento no es accesible ni directo y, a veces, llega en forma de deuda y no de subvenciones”, afirmó.

La activista sostuvo que menos de 1% del financiamiento climático llega a organizaciones lideradas por mujeres o jóvenes, un  número que atribuyó a su experiencia y a las dificultades que enfrentan estos grupos para acceder a los fondos.

Como ejemplo, explicó que en Colombia las organizaciones que buscan recursos del Fondo Verde para el Clima deben presentar sus propuestas a través de la autoridad nacional designada. Necesitan que esa instancia respalde sus proyectos, un requisito que puede convertirse en un obstáculo cuando las instituciones no responden a sus solicitudes. “Es muy difícil que nos presten atención”, dijo.

Las cifras de ONU Mujeres también muestran la distancia entre las necesidades y los recursos disponibles, pues los países en desarrollo reciben menos de un tercio del financiamiento climático que necesitan y apenas 4% de la asistencia oficial para el desarrollo destinada a iniciativas climáticas prioriza la igualdad de género. El organismo señala, además, que con una inversión adecuada las mujeres podrían ocupar hasta 66% de los nuevos empleos verdes, lo que supondría 68 millones de puestos adicionales para 2035.

Para Acevedo, el resultado de una política no debería medirse únicamente por las obras ejecutadas o las emisiones que consigue reducir. También tendría que evaluarse si mejora la vida cotidiana. Una medida para garantizar el acceso al agua, por ejemplo, debería permitir saber si disminuye el tiempo que las mujeres dedican a buscarla y transportarla. “Las políticas climáticas también tienen que tener indicadores y poder decir: a través de esta medida vamos a lograr quitar tanto tiempo de desplazamiento adicional para las mujeres, recolección de agua adicional”, planteó.

Desde Barranquilla+20, la activista también ha impulsado encuentros entre mujeres de Colombia y Venezuela, incluidas migrantes venezolanas y colombianas retornadas. La iniciativa parte de problemas que comparten ambos países, las cuencas del Orinoco y la Amazonía, las aguas transfronterizas y los ecosistemas que, como ella dice, no se detienen en las fronteras. Por eso, la lideresa colombiana considera necesario profundizar el intercambio de conocimientos y la coordinación entre organizaciones de los dos lados.

La cooperación también permitiría discutir problemas que atraviesan a ambos países, como la dependencia de los combustibles fósiles y la degradación de los ecosistemas. Para la activista, ninguna de las dos naciones podrá responder por separado a desafíos que comparten sus territorios. “Tenemos ecosistemas compartidos que desde un lado obviamente impactan al otro”, advirtió.

En esas comunidades ya hay mujeres que organizan respuestas, comparten conocimientos y buscan soluciones para problemas que no reconocen fronteras. La discusión pendiente es cómo hacer que esas iniciativas puedan sostenerse y crecer, en lugar de depender únicamente del esfuerzo de quienes las impulsan.