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Más allá de la próxima comida: El derecho innegable de las niñas a soñar con el futuro

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En las comunidades donde la subsistencia diaria es una prueba de resistencia y cuesta ver más allá de lo cotidiano, preguntar a una niña o adolescente qué quiere ser de grande no suele encontrar respuestas como “estudiar una carrera universitaria” o “trabajar en una oficina corporativa”; no cuando la incertidumbre es cuál será la siguiente comida.

La pobreza estructural, la falta de referentes, la desigualdad de género y la inestabilidad socioeconómica actúan como inhibidores de expectativas, que acaban con la imaginación y borran cualquier proyecto de vida a largo plazo. Es el resultado de un sistema que aparta el futuro para enfocarse en el presente más inmediato.

Desde el estado Anzoátegui, sin embargo, una asociación civil trabaja para tratar de rescatar esa “chispa”, para que niñas y adolescentes se convenzan de que tienen derecho a anhelar más, y que tienen la capacidad de lograr lo que se propongan. 

La trampa de la supervivencia: cuando el presente acaba con el mañana

El primer gran obstáculo que frena la proyección de las jóvenes en contextos desfavorables es la urgencia de la subsistencia. Cuando el entorno familiar está marcado por la precariedad material, los recursos emocionales de una niña se enfocan directamente en las carencias básicas. Esto no solo limita el desarrollo práctico, sino que impacta profundamente en su mente.

Así lo explica Sandra Briceño, presidenta de la Fundación ConValores —creada en 2011 bajo el lema educar para al vida— tras la experiencia que han acumulado en los últimos años al trabajar de cerca con niñas y adolescentes de la Casa Hogar San José, ubicada en Barcelona estado Anzoátegui. 

“Cuando una niña o adolescente ha crecido en entornos vulnerables o de desprotección, sus recursos emocionales y cognitivos están enfocados en el día a día. A esto se suma la creencia de que su realidad actual o las historias de su entorno inmediato dictan el techo de su destino”, advierte. 

Briceño agrega que a muchas de ellas les faltan herramientas para manejar sus emociones, “lo que genera un temor profundo al fracaso y la idea de que ‘soñar en grande no es para ellas’. Romper la inmediatez para empezar a mirar el futuro requiere, primero que nada, restaurar la certeza de que son valiosas y merecedoras de oportunidades”.

En el ámbito de la salud esta dinámica se conoce como desesperanza aprendida o pobreza mental. Al respecto, la psicóloga egresada de la Universidad Arturo Michelena, Louisiana Rodríguez, explica que en estos contextos existe “una deficiencia, una desesperanza, esa resignación y sobre todo el creerme poco o mucho por un valor material”. 

Advierte que la escasez material mal gestionada en el núcleo familiar, combinada con la falta de educación emocional, determina la manera en que las y los jóvenes perciben su propio valor y sus posibilidades de desarrollo frente al resto de la sociedad.

Cuidado temprano y roles impuestos: el costo de asumir responsabilidades adultas

A esta realidad se suma que la desigualdad de género se manifiesta de forma temprana en los hogares vulnerables, donde las niñas asumen roles de cuidado y apoyo emocional que corresponden a los adultos. Este cambio de funciones altera drásticamente las etapas del desarrollo. 

Rodríguez detalla que “las responsabilidades de cuidado temprano, y los estilos de crianza en familia donde el hijo es consejero de mamá o la hija acompaña a mamá o papá a que la pasen bien o mal, es el estilo donde el niño aprende a que su valor es por todo lo que le da a los demás. Esto hace que de adulto mida su valor por su capacidad de dar”.

Añade que este patrón de conducta convierte a la niña en un sostén emocional a temprana edad, eliminando su derecho a pasar por las etapas de crecimiento desde la seguridad y el juego. Al volverse adultas, cargan con una incapacidad crónica para poner límites, quedándose en relaciones de abuso o resignándose a situaciones de precariedad afectiva y laboral porque aprendieron tempranamente que “aguantar” es la única vía para recibir afecto.

La ausencia de referentes y el impacto en la identidad

No se puede desear lo que no se conoce. En los barrios y comunidades vulnerables del país, la escasez de profesionales o de modelos de éxito académico limita profundamente la capacidad mental de las adolescentes. Si el entorno cotidiano solo ofrece ejemplos de economía informal o de resolución violenta de conflictos, la educación superior se percibe como algo inalcanzable.

Sobre este vacío de referentes, Sandra Briceño de la Fundación ConValores argumenta que “la ausencia de referentes profesionales cercanos genera una brecha en la imaginación de posibilidades, si en su entorno cotidiano los únicos roles visibles están vinculados a la informalidad, estudiar una carrera o crear un emprendimiento lo pueden ver como innecesario o imposible”. 

Sobre la inestabilidad económica, explica que la urgencia de generar ingresos a corto plazo suele sobrepasar los planes educativos a largo plazo: “Por eso, mostrarles modelos de vida distintos y conectarlas con profesionales que compartan sus historias es clave para que entiendan que ese camino también es posible para ellas”.

La psicóloga Louisiana coincide y destaca que el entorno familiar y comunitario impacta de manera directa en la construcción de la identidad y de las vivencias internas que frenan su desarrollo.

“Cuando vamos creciendo queremos cosas diferentes pero tenemos una voz interna que dice ‘no voy a poder por más que lo quiera hacer’… ¿Quién me enseñó a mí a fracasar antes de intentarlo, dónde aprendí que si no lo hacía excelente, no había hecho nada, dónde aprendí que no era suficiente? Mayormente esos conceptos los vi en mi entorno escolar, comunitario o familiar”, revela.

El costo global de apagar los sueños: datos que exigen un cambio

La falta de expectativas profesionales en las niñas no es un caso aislado o una anécdota local, representa una crisis estructural con repercusiones devastadoras. Organismos internacionales han documentado cómo el abandono educativo de las niñas contribuye a la pobreza global.

A nivel mundial, las estadísticas recopiladas por ONU Mujeres señalan que más de 119 millones de niñas siguen sin asistir a la escuela, enfrentándose a barreras sistémicas que van desde la falta de infraestructura escolar segura hasta la discriminación de género. Los informes globales respaldados por agencias de la ONU recuerdan que la falta de oportunidades educativas para las mujeres representa una pérdida billonaria para las economías mundiales, de hecho, los análisis de desarrollo señalan que “por cada dólar invertido en la educación de una niña, la economía global crece tres”.

Por el contrario, la permanencia en el sistema educativo actúa como el método más eficaz contra la vulnerabilidad. El poder económico de cada año escolar demuestra que un solo año adicional de enseñanza secundaria puede aumentar los futuros ingresos de una niña en la edad adulta en hasta un 20 %. A la vez, existe una relación directa con el matrimonio infantil: por cada año adicional que una niña logra permanecer en la escuela secundaria, la probabilidad de que se case o se una tempranamente en la infancia disminuye en un 6 %. La escuela, por lo tanto, no es solo un espacio para transmitir conocimientos, sino el principal escudo protector del plan de vida femenino.

Reconstruir el futuro: estrategias comunitarias y resiliencia

Frente al panorama de la desesperanza, la intervención institucional enfocada en el afecto, la estructura y el empoderamiento emocional demuestra que es posible encender la chispa de la ambición académica en la infancia vulnerable.

Al respecto, Sandra Briceño detalla cómo en Convalores trabajan desde el afecto, el acompañamiento y “la educación basada en valores e inteligencia emocional. No llegamos con respuestas impuestas, sino a construir puentes. A través de dinámicas de juego, arte, talleres de liderazgo, herramientas pedagógicas y jornadas de atención integral, creamos un espacio seguro donde se sienten escuchadas y respetadas”. 

Su enfoque se concentra en dos pilares esenciales: autoestima y propósito. Les brindamos herramientas de comunicación asertiva y resolución de problemas para que reconozcan sus fortalezas internas. Cuando una niña descubre que su voz importa y que sus talentos tienen valor, empieza de forma natural a proyectar un futuro diferente”.

La especialista Louisiana Rodríguez indica que, para fomentar la resiliencia, el trabajo debe centrarse en el autoconocimiento profundo y en la estructuración de la cotidianidad: “No voy a tener una visión al futuro óptima o saludable para mí si no me conozco… fomentar el autoconocimiento es importante porque la mayoría de los pacientes cuando van al psicólogo ni siquiera conocen cómo son sus crisis… Un adolescente tiene que tener horario, rutina, hacer deporte, actividades donde explote su potencial y  tiene que educarse mucho sobre sí mismo para que se logre ubicar”.

La efectividad de este enfoque se comprueba en el ámbito práctico. Sandra Briceño contó sobre las jornadas en las que han invitado a la Casa Hogar San José a mujeres profesionales y voluntarias para que compartan sus testimonios de vida con las niñas.

“En una de esas actividades, al finalizar las dinámicas, una de las niñas se me acercó y me dijo que antes pensaba que al salir de la Casa Hogar solo podría aspirar a trabajos informales, pero que al escuchar a las ponentes entendió que ella también podía estudiar y ser líder. Ver cómo pasa de la duda a decir con firmeza ‘yo quiero ser profesional’ o ‘yo quiero tener mi propio proyecto’ es la confirmación de que la chispa se encendió. Esos instantes hacen que cada esfuerzo valga la pena”, dice.

Garantizar que las niñas y adolescentes de sectores vulnerables puedan soñar con una profesión no es un acto de caridad, sino una exigencia de justicia social y derechos humanos. 

Romper los patrones de la pobreza estructural y de la desigualdad de género exige eliminar la urgencia de la supervivencia cotidiana mediante redes de apoyo, estabilidad socioeconómica y programas de salud mental y liderazgo. Solo cuando la sociedad sea capaz de ofrecerles entornos seguros, referentes cercanos y la certeza de que su voz importa, el futuro dejará de ser un privilegio inaccesible para convertirse en una realidad conseguida.

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Ninguna conquista es un regalo: las mujeres que sostienen la democracia venezolana

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Las mujeres nunca hemos sido meras espectadoras frente a la democracia, por el contrario, hemos sido sus arquitectas y hacedoras. Un ejemplo claro lo encontramos en nuestra propia historia nacional. Al revisar el devenir de Venezuela, se repite con frecuencia que el partido político Acción Democrática otorgó el voto universal, como si este pudiera ser un regalo, dejando fuera del relato oficial la lucha de tantas mujeres organizadas en todo el país que no bajaron los brazos un solo segundo hasta conquistar el derecho al sufragio.

Si algo nos enseña ese capítulo de nuestra historia, es que la construcción y sostenibilidad de la democracia en Venezuela requiere, de manera innegociable, la ocupación y defensa de los espacios de toma de decisión por parte de las mujeres. Con nuestro trabajo, intelecto, y nuestras formas de articulación y de exigencia ciudadana, hemos alcanzado cada uno de los derechos que hoy nos respaldan. Ninguna conquista nos ha sido regalada. Entender esto es clave para comprender que los espacios y derechos que aún nos faltan tampoco serán una concesión: dependen de nosotras, de nuestra capacidad de organizarnos y de seguir construyendo los consensos que el país necesita.

Es así como se hace necesario mencionar a las mujeres que han estado antes, a quienes han recorrido el camino de la construcción de la democracia aplanándolo a su paso para quienes venimos detrás. Ellas nos sirven como referencia, porque tener referentes no implica solo saber cómo se hicieron las cosas en el pasado, sino que nos permite entender lo que nosotras podemos lograr. Mujeres como Lilia Arvelo, María Cristina Parra, Carmen de Grijalva y Mildred Camero nos dan luces de esto: de cómo la lucha sindical y la articulación ciudadana se convierten en hojas de ruta para la transformación legal y social. La experiencia y trayectoria de cada una de estas mujeres nos pueden llevar a cuestionarnos de qué manera encontrar en sus aportes un método para el diálogo, la concertación y la gobernabilidad inclusiva en el presente. 

En el caso de Lilia Arvelo, una mujer combativa y comprometida con la defensa de los derechos de las mujeres, nos ha demostrado con su trayectoria cómo desde la organización gremial se puede construir una lucha transformadora, cómo desde las bases se puede llegar a los espacios de toma de decisión, y que esto se traduzca en una transformación y progreso real. En 1985 se convirtió en la primera mujer en presidir la Junta Directiva Nacional del Colegio de Profesores de Venezuela. Fue diputada por Caracas en el Congreso Nacional y segunda vicepresidenta del mismo; además presidió la Comisión Bicameral de los Derechos de las Mujeres que tuvo logros tan importantes como: establecer por primera vez una cuota mínima de participación para obligar a los partidos políticos a postular mujeres a cargos de elección popular; tipificar y sancionar por primera vez la violencia doméstica e intrafamiliar en Venezuela; sancionar la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, dejando de lado la obsoleta Ley Tutelar de Menores, permitiendo adaptar la legislación nacional a la Convención Internacional de los Derechos del Niño; así como realizar varias reformas del Código Civil en materia de patria potestad y derechos conyugales.

Todos estos logros tienen lugar tras la segunda ola del feminismo en Venezuela, en donde las mujeres ya habiendo alcanzado el derecho al sufragio, amplían la discusión y empiezan a centrarse en el ámbito sociocultural, entendiendo que la opresión de las mujeres no venía solo de las leyes formales (o la falta de éstas), sino que también se sostenía en las estructuras sociales, en lo cultural, en la vida privada, dando lugar a la frase “lo personal es político”. 

Lilia Arvelo

Otro punto relevante del camino de Lilia Arvelo, y que nos da luces en nuestro quehacer actual para la transición a la democracia, fue su experiencia dentro del Congreso, generando alianzas con mujeres de otros partidos políticos. Lilia entendió la importancia del encuentro y el diálogo, por encima de las diferencias, en beneficio de las mujeres. Ella misma ha comentado en distintas entrevistas cómo fue criticada por esto, sin embargo, hoy es un referente para quienes creemos en la democracia y en la posibilidad de construir espacios en donde las diferencias ideológicas ayuden a sumar y no a dividir. 

Lilia también ha mencionado la importancia de hablar de estos temas desde muy temprano en las escuelas, explicando que esta es la verdadera lucha: enseñar a las niñas que su única aspiración no tiene por qué ser la maternidad, ni las tareas del cuidado, sino que también pueden aprender a ser líderes y a aspirar al poder. 

Así mismo, María Cristina Parra, jurista, investigadora, docente universitaria y defensora de derechos humanos, ha sido una de las principales arquitectas de la legislación con perspectiva de género en nuestro país. Uno de sus grandes logros ha sido la Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia, sancionada en 1998, siendo ésta la primera herramienta legal en nuestra historia, que permitió ponerle nombre, tipificar y sancionar la violencia hacia las mujeres, dentro del hogar. No es de extrañarnos que esta ley llevara el apellido “y la familia”, ya que para entonces seguía muy arraigada la idea de que los temas relacionados a la mujer, eran domésticos, tenían que estar ligados siempre a la familia tradicional, al cuidado, a los hijos y el marido. Sin embargo, en el año 2007 participó también de forma activa en las mesas técnicas para la redacción de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Este es un gran logro, ya que se tipificaron 19 tipos de violencia hacia la mujer y se crearon tribunales especializados de género. Esto contribuyó de alguna manera a romper con esa idea de la mujer que solo puede existir dentro del seno familiar y nos permitió avanzar hacia un marco legal enmarcado en los derechos humanos con una verdadera perspectiva de género, adoptando la Convención de Belém do Pará, de la cual también formó parte María Cristina. 

La experiencia trabajando como abogada en oficinas de asistencia jurídica, apoyando a mujeres en situación de vulnerabilidad en sectores populares de Caracas, sin duda le permitió la posibilidad de brindar una visión integral y realista en las discusiones para redactar estas leyes. Además de esto, María Cristina se ha destacado como docente y ha formado a jueces, fiscales y cuerpos policiales en materia de violencia basada en género. 

Esta sin duda es también una enseñanza para quienes hoy nos definimos como activistas feministas y defensoras de derechos humanos. Es fundamental el trabajo en las comunidades, la articulación entre distintos sectores. No es quedarnos solo con la teoría, es compartirla, es hacerla letra viva en los espacios que pueden generar un cambio real para las mujeres. El contexto en el que vivimos, sigue siendo altamente violento para las mujeres y si nuestros derechos, nuestra seguridad, no están garantizados, de qué manera podría entonces construirse una democracia sostenible en Venezuela. 

María Cristina Parra

La violencia en todas sus formas, es uno de los grandes obstáculos para que las mujeres nos podamos desarrollar en los espacios de decisión, para que podamos acceder al poder, que podamos ser parte de las discusiones relevantes de la actualidad. Es imposible hablar de democracia, si no existen las condiciones para que las mujeres seamos parte del debate y de la construcción de la misma. ¿Cómo podría haber una transición real a la democracia si nosotras no podemos ser parte de ella? 

Al examinar también nuestra actualidad, es imprescindible mencionar a Mildred Camero: abogada, exjueza penal y especialista en el combate a la corrupción y el crimen organizado. Reconocida por su independencia de criterio, su ética intachable y su firme defensa de la institucionalidad, siendo un referente en torno al arbitraje y organización ciudadana.

Mildred estuvo al frente de la Comisión Nacional de Primaria entre 2022 y 2023, liderando la construcción de las condiciones técnicas y garantistas para defender el ejercicio democrático en el que la ciudadanía se dispuso a elegir la candidatura unitaria de cara a los comicios presidenciales. Esta experiencia autogestionada no solo demostró el profundo civismo de los venezolanos y la centralidad de la vía electoral en nuestra cultura política, sino también la viabilidad de crear institucionalidad transparente desde la sociedad civil.

Su valentía y determinación, en un contexto de alta tensión y asedio institucional, nos muestran el rol activo de las mujeres en la reconstrucción y defensa de la democracia, una participación que de ninguna manera es pasiva, pero sí pacífica, con la intención real de construir puentes en medio de las diferencias entre diversos sectores políticos y sociales, fomentando siempre el bien común y la participación ciudadana. 

Así como Carmen de Grijalva, quien también desempeñó un papel fundamental en la Comisión Nacional de Primaria. Diplomática de carrera, experta en relaciones internacionales, negociación y mediación política, ha sido una voz clave en torno a los derechos políticos de la diáspora venezolana. Bajo su liderazgo durante el proceso de la elección primaria de la oposición, se permitió el registro y la habilitación del voto de casi 400.000 venezolanos en el exterior, asumiendo la conducción de un proceso de legitimación política en un contexto adverso.

Carmen Grijalva

Estas dos mujeres, Mildred Camero y Carmen de Grijalva, son un ejemplo destacable de cómo el liderazgo femenino ha sostenido los cimientos de la democracia en los momentos más críticos del país. En contextos de severa polarización y desconfianza institucional, cuando las reglas del juego se desdibujan, son ellas, a través de la experiencia, el profesionalismo y la determinación, que restablecen de alguna manera la certeza, generan confianza y hacen viable cualquier proceso de concertación ciudadana.

Si algo nos queda como reflexión del camino recorrido por estas mujeres, es que la democracia no es y no puede ser asunto solo de algunos. Si las mujeres no somos parte de las discusiones fundamentales, si no estamos en los espacios de toma de decisión, entonces eso no es democracia. La transición de la que tanto  hablamos y que tanto intentamos que tenga lugar, empieza aquí: asegurando que las mujeres podamos ocupar los espacios que nos corresponden. 

Para que se dé una transición a la democracia, las mujeres debemos encontrarnos, por encima incluso de nuestras diferencias, unir fuerzas, conocer las iniciativas de otras mujeres y sumar esfuerzos. No caer en las lógicas patriarcales que nos quieren divididas y desarticuladas, dejar de lado las obediencias partidistas que se superponen frente a nuestras necesidades reales, que al final del día son las mismas y que nos deben agrupar frente a un objetivo común: la construcción de una democracia real, que se parezca a nosotras, que responda a nuestras demandas  y nos permita alcanzar los derechos de los que hoy no gozamos. 

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Más liderazgos empresariales femeninos son otra tarea pendiente en Venezuela

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Los estereotipos de género, la cultura de las empresas familiares y la sobrecarga de cuidados todavía limitan el acceso de las mujeres venezolanas a posiciones de decisión en el sector privado. Sin embargo, experiencias como el aumento de mujeres en cargos gerenciales del mercado de valores y la adopción de políticas de igualdad en empresas muestran prácticas que podrían ser aprovechadas y ampliadas en una eventual transición venezolana

Cinco casas de bolsa venezolanas están presididas hoy por mujeres. Estas profesionales tienen la tarea de atraer inversionistas y mantener rentable sus empresas en un mercado de valores pequeño. Sus cargos financieros son una excepción que comenzó durante la pandemia del Covid y que ahora, en la nueva etapa que vive Venezuela, se convierte en un recordatorio del terreno que le falta ganar al liderazgo empresarial femenino en el país.

“Sería interesante estudiar este caso del mercado de valores, porque no es lo usual. Las áreas financieras suelen considerarse como áreas duras y cosas de hombres, al igual que sucede en tecnología. De hecho, es dificilísimo encontrarse con una gerencia de mujer en cargos de finanzas u operaciones, aunque eso sea disonante con los datos de graduación en las universidades”, explicó Rosa Amelia González, investigadora del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA).

La mayoría de las altas gerencias corporativas a cargo de mujeres venezolanas, de hecho, suelen encontrarse en áreas vinculadas con seguros, recursos humanos o asuntos públicos. Mientras que en ámbitos de finanzas o tecnología suelen estar dirigidas por hombres. La brecha de género gerencial es amplia en el país, aunque lo importante parece ser reconocerla ahora, para comenzar a trabajar en el cambio.

La excepción de las casas de bolsa

Stephany Suárez asumió las riendas de la casa de bolsa Interbono en el año 2020. En aquel momento, se convirtió en la única presidenta de una casa de bolsa en Venezuela y también en la profesional más joven con un cargo gerencial de primer nivel en el mercado de valores nacional.

“Hoy, en la junta directiva de Interbono, somos cuatro mujeres y dos hombres. Mi línea gerencial son todas mujeres. Este cambio tiene alrededor de cinco años”, relató Suárez.

Ahora el reto lo comparte con otras cuatro líderes de casas de bolsa. María Emperatriz Salazar preside Mercosur, mientras que Denny Ojeda Leal dirige Acciona. Mayra Bastidas está al frente de World Trading. Aunque el caso más llamativo es el de Adriana Goncalves de Gois, quien es la presidenta ejecutiva de Merinvest, una casa de bolsa fundada en 1987 y cuya labor en la colocación de papeles comerciales ocupó el primer lugar del país en 1995.

María Emperatriz Salazar, por ejemplo, se convirtió en la presidenta de la casa de bolsa Mercosur en 2022. Su ascenso fue un reconocimiento a su entendimiento de un mercado nacional con diversos obstáculos durante la década pasada y también a sus 18 años de permanencia en una empresa con bastantes voces femeninas.

“70 % de la fuerza laboral de Mercosur son mujeres. Si miras los departamentos de atención al cliente, finanzas y negocios, contabilidad o administración verás que la mayoría son mujeres. Pero también estamos en las gerencias y la junta directiva. Quizás el único departamento donde son puros hombres es sistemas”, detalló Salazar.

Este panorama no se reduce a un puñado de casas de bolsas. Una encuesta realizada por la Cámara Nacional de Intermediarios del Mercado de Valores con el apoyo técnico de ONU Mujeres también reveló que, a febrero 2026, más de la mitad de los cargos gerenciales (53 %) en este sector son ocupados por mujeres profesionales y que, al menos, una mujer se encuentra en la junta directiva de la mayoría (63 %) de las casas de bolsa venezolanas.

El liderazgo femenino resalta, además, en la Caja Venezolana de Valores, que es la única organización de custodia de las acciones en el país. En cambio, la directiva de la Bolsa de Valores de Caracas está representada en su totalidad por hombres.

Hay pocas explicaciones sobre por qué las mujeres lograron ampliar su presencia en las gerencias del mercado de valores nacional, aunque vale destacar que un sondeo hecho por el IESA en 2019 encontró un elemento diferenciador. “Las empresas nacionales demandaban honestidad y responsabilidad y, en ese sentido, se reconocía que las mujeres eran más centradas y menos corruptibles. Si las empresas tienen esa conciencia, eso puede llegar a ser una ventana para ellas”, apuntó González.

El peso del contexto venezolano

Fuera del mercado de valores o el sector de los seguros donde las mujeres también ocupan un número importante de altas gerencias, la crisis económica tuvo efectos disímiles en el camino a la promoción de un mayor liderazgo empresarial femenino en Venezuela.

Por un lado, el efecto migratorio de los profesionales con edades entre 25 y 45 años abrió las puertas de acceso a las mujeres para obtener más cargos gerenciales en el país. Mientras, la crisis económica empujó a muchas mujeres con formación técnica y universitaria a dedicarse a las tareas de cuidado de niños y adultos mayores.

“Los 10 años más recientes están caracterizados por dos tendencias: una mayor participación de mujeres como dueñas de empresas y una menor participación de las mujeres en la fuerza laboral en general”, advirtió José Luis Saboin en su investigación “La empresa venezolana: situación actual, retos y oportunidades”.

El análisis de Saboin proviene de una encuesta a compañías venezolanas realizada en conjunto entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el IESA. Un total de 263 empresas con operaciones en Venezuela contestaron a este sondeo entre finales de 2019 y comienzos de 2020. Si bien sus datos no pueden considerarse representativos, sí revelan factores claves para entender lo que debe cambiar de cara a una transición venezolana que también incluya una mayor participación femenina en el más alto nivel de las gerencias corporativas.

“Algo que me impresionó mucho es que las oficinas de recursos humanos no llevaban los datos desagregados por género, cuando les preguntamos. Si no generas los datos, ¿cómo vas a tener una política? Se ve que hay empresas venezolanas que ni siquiera consideran el género en su mindset corporativo”, detalló González, quien participó en otro sondeo con las compañías venezolanas hecho por el IESA.

Si se siguen las estadísticas de las empresas venezolanas que se sumaron a los Principios de Empoderamiento de las Mujeres (WEPS, por sus siglas en inglés) se descubre también lo difícil del camino por un cambio.

Estos principios globales fueron creados por las Naciones Unidas en 2010, para que las empresas apuesten por la igualdad salarial, la tolerancia cero frente al acoso sexual y las buenas prácticas para el avance de las mujeres a más cargos gerenciales.

Diez años después del trabajo de promoción de la oficina de las Naciones Unidas de Venezuela apenas una empresa había suscrito el acuerdo. El giro empezó a darse tras la pandemia del Covid y así se sumaron la firma de auditoría KPMG Venezuela (2020), Nestlé Venezuela (2021) Coca-Cola Femsa Venezuela (2022) y la Universidad Metropolitana (2023).

El listado completo cuenta con 82 empresas firmantes, tanto nacionales como multinacionales con operaciones en el país, a septiembre de 2026. Se incluye a los bancos Banesco, Banplus, Plaza y Nacional de Crédito (BNC), así como las petroleras Chevron y Repsol. Al igual que Arcos Dorados Venezuela, Pepsico Alimentos, Grupo Zoom, Telefónica Venezuela, Ubii Pagos y Venevisión.

Se sabe de la firma de los WEPS por parte de las empresas en el país, pero es difícil encontrar algún análisis sobre los resultados generados a lo interno de estas corporaciones en los seis años más recientes. Lo único que parece claro es que el contexto venezolano obliga a que se busquen soluciones adicionales a promover eventos de conexión entre profesionales o mentorías para las mujeres.

El impulso de los liderazgos empresariales femeninos debe considerar, además, la caída general de los salarios y la inexistencia de programas de cuidado diario para infantes y adultos mayores. En un país donde las profesionales prefieren quedarse en casa a cuidar a sus hijos y sus familiares mayores, antes que movilizarse por un bajo salario tampoco son posibles más ascensos de mujeres. Eso sin considerar el factor cultural.

“Hay un problema adicional en Venezuela, que es la cantidad de tejido de empresas familiares. Estas empresas tienen sus problemas propios a la visión de la familia y a lo que creen que son tareas de sus hijos varones o de sus hijas hembras a la hora de ocuparse de los negocios”, advirtió la investigadora del IESA.

La promoción de una mayor cantidad de liderazgos empresariales femeninos es un reto complejo, al igual que los otros cambios sociales, económicos o institucionales que requiere el nuevo momento político. La clave es no dejar esta tarea por fuera.

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De Barcelona a Las Magnolias: tres mujeres que impulsan el liderazgo femenino en Anzoátegui

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Lisbeth Rojas, Rumelys Rodríguez y Oscarlex Bolívar promueven el liderazgo femenino y la participación comunitaria en sectores populares de Anzoátegui, como una vía para enfrentar la normalización de la crisis venezolana y abrir camino a nuevas voces para el desarrollo nacional

En cada comunidad organizada del estado Anzoátegui, al oriente de Venezuela, hay historias cotidianas de resistencia, empatía y compromiso democrático. Así lo han constatado tres lideresas que, a través de la asociación civil Aprender Haciendo y la Red de Mujeres Constructoras de Paz, han llevado herramientas de formación e impacto social a sectores populares del norte, sur y oeste de la entidad.

El recorrido ha sido impulsado por la licenciada en docencia y psicopedagogía Lisbeth Rojas, directora de Aprender Haciendo, una organización sin fines de lucro que ejecuta programas de carácter social, humanitario y educativo, orientados al desarrollo comunitario y el bienestar de poblaciones en situación de vulnerabilidad. 

El trabajo de Rojas ha sido clave para formar y fortalecer capacidades en las comunidades con el propósito de que las mujeres reconozcan sus derechos y desarrollen su participación social activa, principalmente en las zonas donde hacen vida. 

“Por más de diez años hemos llevado información a las comunidades sobre los derechos de la mujer, violencia de género, participación política y el rol de cada una de ellas en la búsqueda de soluciones para sus comunidades. Realizamos unas cuatro actividades de formación al mes y en cada una de ellas hemos contado con la asistencia de entre 15 y 20 mujeres”, explica.

Además de promover talleres sobre el emprendimiento, su acompañamiento ha guiado a las beneficiarias en la solución directa de sus problemas. Destacan la recuperación de canchas deportivas gestionada por mujeres y hombres de algunas localidades anzoatiguenses como Barrio Razetti de Barcelona, Barrio Obrero en Clarines y Alí Primera en El Tigre.

La directora de Aprender Haciendo destaca que la participación de las mujeres es indispensable para el desarrollo colectivo y recomienda romper con esquemas históricos que limitan su accionar en el país.

Liderazgo femenino

“La mujer debe tener su espacio para la participación y no pensar que su rol principal es atender únicamente sus hogares, pues esa idea le resta el tiempo necesario para involucrarse en las grandes decisiones de su comunidad. No se trata de dejar de atender sus hogares, sino de entender que todo se puede lograr en unión familiar, compartiendo responsabilidades y con una buena organización. Hay que romper con los patrones patriarcales generacionales que han marcado nuestras conductas”, recalca.

A través de la asociación civil, fundada hace 12 años, algunas subcoordinadoras, como Rumelys Rodríguez y Oscarlex Bolívar, han llevado formación a las mujeres de las comunidades indígenas Kariña que hacen vida en los sectores Las Magnolias y Bajo Hondo, ubicados en los municipios Pedro María Freites y Simón Rodríguez de El Tigre, al sur de la entidad.

En estas zonas, afectadas por deficiencias en los servicios públicos como el agua y la electricidad, Rumelys Rodríguez ha visibilizado la fuerza del liderazgo indígena.

“En las comunidades Kariña hemos verificado cómo la participación política y social de las mujeres transforma la realidad. Cuando la mujer indígena reconoce su poder y sus derechos, se pone al frente de las exigencias para lograr agua, luz y dignidad para todo su pueblo. Sus voces son indispensables para reconstruir el tejido social”, sostiene.

Rumelys visita una vez por mes a los habitantes de las comunidades indígenas en la zona sur de la entidad, y revela que lograr la aceptación de las mujeres Kariña no ha sido fácil; sin embargo, han sido los conversatorios sobre violencia de género y derechos constitucionales los que le han permitido ganar la confianza de quienes en ellas habitan.

“En Las Magnolias, por ejemplo, desconocían que se podían dirigir a la alcaldía de Simón Rodríguez y solicitar la instalación de postes de alumbrado público, porque los residentes han limitado sus derechos a su cultura y forma de vivir, lo que les hacía pensar que la única solución para contar con energía eléctrica y alumbrado público era esperar ser tomados en cuenta”, asegura.

La joven activista, quien también es contadora pública, considera que ayudar a la comunidad indígena en el reconocimiento de sus derechos, bajo el enfoque y cultura de paz, ha sido el mayor aporte que ha podido dejar en la zona, donde ha notado como mujeres y hombres se han enfocado en la búsqueda de beneficios para todos, entre ellos; la activación de jornadas para la adquisición de bombonas de gas para quienes lo requieran.

Otro de los objetivos alcanzados por Rumelys en los últimos dos años es lograr el chequeo ginecológico de las mujeres kariña, a través de jornadas médicas que llevan a la localidad.

“Al principio no querían chequearse, pero poco a poco fueron ganando confianza. Incluso se negaban a ser revisadas por ginecólogos hombres y todo eso lo hemos ido trabajando con el fin de que todas puedan recibir atención oportuna”, cuenta. 

Un relevo necesario

Para estas tres activistas, la participación política de la mujer en Venezuela no es solo un derecho, sino un requisito para avanzar hacia la democracia y el crecimiento sostenible nacional.

Frente a la precariedad y la crisis que enfrenta el país, advierten que el mayor riesgo es la resignación, por lo que resulta imprescindible multiplicar el esfuerzo y formar a las nuevas generaciones de relevo que transformaran a la sociedad.

Oscarlex Bolívar es activista política en la zona sur del estado Anzoátegui e integrante de la Red de Mujeres Constructoras de Paz, una alianza entre líderes comunitarias, activistas y periodistas de 16 estados de Venezuela, que tiene como objetivo aportar en el reconocimiento y la visibilización de la desigualdad de género, y también en la sensibilización sobre temas fundamentales relativos a las mujeres.

Destaca que las herramientas facilitadas durante las jornadas de formación comunitarias, sobre el reconocimiento de sus derechos y la participación política de la mujer, han ayudado a visibilizar los avances sociales locales y del país.

“Muchas veces normalizamos la vulneración de nuestros derechos. Tenemos que aprender a defender lo que por ley nos corresponde, pero primero tenemos que conocer cuáles son nuestros derechos y así poder generar criterios propios e identificación real de cada acto violatorio de ellos”, explica. 

Recuerda la labor de sus padres desde el activismo político en la zona sur de Anzoátegui y asegura que desde su adolescencia aprendió a comprender que el liderazgo femenino debe servir como puente para demostrar que la acción pública es compatible con el crecimiento social.

“Es necesario evitar normalizar las carencias y el aislamiento. Como líderes, nuestra tarea es formar a nuevas mujeres para sumar esfuerzos por Venezuela. Al llegar a cada rincón de mi ciudad, le recuerdo a la ciudadanía que quienes hacemos política también tenemos una vida normal llena de retos como el trabajo, la familia y el hogar”, concluye Bolívar.

Su trabajo también alcanzó a mediados de 2026 a las mujeres desplazadas de otras regiones que llegaron al estado Anzoátegui luego del doblete sísmico del 24 de junio en Venezuela. Ambas organizaciones atendieron a esta población con jornadas médico asistenciales y entregas de kits de salud menstrual para mujeres. 

En la actualidad, estas tres mujeres lideresas reconocen el riesgo que han enfrentado tras la defensa de los derechos ciudadanos en sus comunidades. Sin embargo, también agradecen la transformación y el crecimiento social que han podido presenciar luego de las acciones positivas que algunas mujeres en formación han guiado desde sus sectores.

Liderazgo femenino
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Mujeres construyen la transición exigiendo su lugar en la toma de decisiones 

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Mujeres, lideresas comunitarias, activistas, defensoras de derechos humanos y académicas de distintas regiones y sectores se reunieron en el foro “Mujeres Construyendo la Transición” para compartir propuestas sobre democracia, justicia, reconciliación y construcción de paz, y reivindicar su papel en el futuro de Venezuela

Hay espacios donde la palabra deja de ser un simple discurso político para convertirse en un abrazo colectivo, en un refugio cálido donde la resistencia civil adquiere rostros, nombres y memorias compartidas.

La historia reciente de Venezuela no se entiende sin la fuerza de sus mujeres, esas arquitectas invisibles que sostienen el tejido social cuando todo colapsa. En los momentos más oscuros de nuestra geografía, las mujeres han estado ahí sin vacilar, con una valentía inagotable para resguardar la dignidad humana y garantizar el sustento de la vida diaria.

Ese latido femenino recorrió el foro “Mujeres Construyendo la Transición: Sin mujeres no hay democracia”, un encuentro promovido por la Red de Mujeres Constructoras de Paz junto a una coalición de nueve organizaciones: Laboratorio de Paz; Justicia, Encuentro y Perdón; Plataforma Encuentros; Raíces; Alianza de Mujeres Políticas; Instituto Prensa y Sociedad (Ipys Venezuela); Centro de Investigación y de Formación Padre Joaquín de Fe y Alegría; Soy Mujer/ Juntas nos crecieron alas y la Red de Periodistas Venezolanas, espacio que convocó a educadoras, abogadas, periodistas, investigadoras, defensoras de derechos humanos y lideresas comunitarias.

Todas acudieron a la cita del jueves 17 de septiembre, para compartir sus vivencias, visibilizar la realidad de sus regiones y demostrar que la reconstrucción del país posee el sello irrenunciable de su gente.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de María Isabel Párraga e Isabella González, mientras Gabriela Rojas marcó el tono reflexivo de la jornada, concebida para escuchar las voces de quienes han recorrido distintos espacios y las experiencias de su trabajo cotidiano en esas comunidades.

Cuando organizarse también es hacer política

“Allí no hay color político al momento de rescatar el bienestar común”, expresó Gabriela Rojas al explicar cómo las organizaciones de base articulan soluciones frente a los vacíos estatales. Este planteamiento tuvo eco en la voz de Auris Fermín, integrante de la Plataforma Encuentros, al señalar que “si nosotras no cambiamos este tejido social, no se va a recuperar”.

Desde los barrios y las escuelas también participan activamente el Programa de Formación Raíces y la Red de Mujeres Constructoras de Paz, junto al trabajo riguroso de Ipys Venezuela en la documentación de la realidad regional y la defensa de la libertad de expresión a nivel local.

Estas iniciativas territoriales han hecho posible la creación de redes de soporte emocional, comedores comunitarios, talleres de formación y centros de acopio en estados afectados por emergencias sociales. Por eso, cada testimonio coincidió en que la acción comunitaria femenina constituye una propuesta política de transformación desde la base, capaz de reconstruir los lazos de confianza destruidos por la polarización y de ofrecer respuestas efectivas allí donde las instituciones han fallado.

Rosalinda Hernández, desde Ipys Venezuela, mencionó que la organización ha encontrado a mujeres que han trascendido el papel tradicional de fuentes para convertirse en aliadas de periodistas y protagonistas de iniciativas que buscan transformar sus comunidades.

Para ellas, como con otras organizaciones, hablar de transición no ha sido una conversación reciente que solo se haya planteado por la transición. En esos territorios, hacer política también ocurre en lo cotidiano: cuando una mujer se organiza para conseguir respuestas ante las necesidades de su comunidad, exigir derechos o encontrar soluciones frente a la ausencia institucional.

Como impulsora de la Red de Periodistas Venezolanas, Gabriela Rojas cuestionó la idea de que existan asuntos exclusivamente femeninos y planteó que la política, la economía, la salud y las decisiones que atraviesan la vida cotidiana también deben ser contadas desde sus experiencias.

“Todos los temas son de mujeres”, fue una de las premisas planteadas durante el encuentro. Desde esta perspectiva, incorporar sus voces no implica crear una agenda paralela, sino reconocer que las mujeres forman parte de todas las dimensiones de la vida pública.

De la participación cotidiana a los espacios de poder

El encuentro profundizó en las propuestas estratégicas de lideresas pertenecientes a iniciativas como Soy Mujer, Juntas nos crecieron alas y la Alianza de Mujeres Políticas. Representadas por voces firmes como las de Daniela Ropero, Marysabel Centeno y Evelyn Pinto, las ponentes exigieron que la transición política rechace los acuerdos exclusivos de cúpulas para convertirse en un proceso participativo, amplio y descentralizado.

“Ninguna mesa de negociación será legítima si ignora la voz de las mujeres”, manifestaron al recalcar la urgencia de situar a la familia, la educación pública y la protección integral de la infancia en el centro de las decisiones públicas.

Centeno destacó la importancia de crear referentes para las nuevas generaciones de mujeres que aspiran a participar en la vida pública y Pinto puso en duda la percepción de que son pocas las mujeres que participan en política; el problema, dijo, está en cuánto de ese trabajo logra hacerse visible y en la brecha que persiste entre la participación cotidiana de las mujeres y su presencia en los espacios formales de poder.

Una brecha que también se escribe en cifras

No se trata de algo aislado. Este protagonismo local y estratégico contrasta de forma directa con un panorama global adverso para los derechos de las mujeres. Una realidad documentada en el informe anual publicado en septiembre de 2026 por ONU Mujeres, el cual advierte que el planeta experimenta retrocesos graves frente a la igualdad de género y que, bajo el ritmo actual de estancamiento institucional, la paridad plena tardará en alcanzarse hasta el año 2197.

Las cifras de este organismo internacional revelan brechas severas. Aunque el número de mujeres jefas de Estado o de gobierno aumentó de 20 a 28 entre 2020 y enero de 2026, 6 de cada 7 países continúan bajo el liderazgo exclusivo de hombres.

En los parlamentos mundiales, la proporción de legisladoras sufrió caídas en 54 países durante los últimos 5 años, y el número de ministras se redujo un 20% a escala global.

En paralelo, las organizaciones de mujeres atraviesan una crisis severa de financiación debido a recortes en la cooperación internacional, al recibir históricamente menos del 1% de la ayuda oficial al desarrollo.

Esta radiografía internacional resuena con crudeza en Venezuela, donde las mujeres enfrentan un colapso humanitario que las obligó a asumir el cuidado de familias enteras.

La transición también necesita verdad, memoria y justicia

La jornada también adentró sus reflexiones en la reconciliación y la justicia transicional, con los aportes de espacios fundamentales como el Laboratorio de Paz, Justicia, Encuentro y Perdón, y el Centro de Formación e Investigación Padre Joaquín.

A través de las contribuciones de Lexys Rendón, Martha Tineo, Ingrid Lux González, y la educadora Luisa Pernalete, referente y fundadora del programa Madres constructoras de paz desarrollado hace más de una década en las escuelas de Fe y Alegría, el debate profundizó en las condiciones éticas indispensables para sanar las heridas sociales.

Durante este segmento, Lexys Rendón recalcó con firmeza que buscar el reencuentro “no es aceptar impunidad, no es exigir olvido, ni es resignarse a la injusticia”.

Por su parte, Martha Tineo reflexionó sobre la necesidad de transformar el dolor acumulado en puentes de diálogo al afirmar que “reencontrarnos no significa pensar igual, sino tener madurez democrática de abrazar nuestras diferencias y convivir en paz, sin entregar jamás la propia dignidad”, al tiempo que advirtió que la paz “no se edifica sobre la amnesia ni sobre el dolor silenciado de las víctimas”.

La paz también se aprende en casa

Luisa Pernalete del Centro de Formación e Investigación Padre Joaquín, instancia de Fe y Alegría, Pernalete dió una cátedra sobre las razones y condiciones que se necesitan para cambiar el entorno y trabajar desde la enseñanza de la paz como incidencia social desde el hogar, la escuela y las comunidades.

Asimismo, condujo la conversación hacia hacia las familias, uno de los espacios donde también se juega la reconstrucción del país. “La primera escuela para enseñar a convivir es la familia”, sostuvo. Desde allí planteó la prevención de la violencia y la construcción de una convivencia basada en herramientas para relacionarse de otras maneras.

En 2010, luego de un episodio de violencia que afectó a una comunidad educativa en Bolívar, Pernalete impulsó el programa Madres Promotoras de Paz. La experiencia partió de una pregunta sobre cómo prevenir, reducir y erradicar la violencia y de una decisión concreta sobre dónde comenzar: con las madres.

“A mamá todo el mundo le echa la culpa y nadie le tiende la mano”, recordó al explicar el origen de la iniciativa. Para ella, transformar las formas de relacionarse “son un proceso”, que requieren algo más que una simple charla. Ese acompañamiento ha incluido a madres, abuelas, hermanas y otras mujeres que han asumido tareas de crianza, partiendo de la idea de que algunas prácticas de maltrato pueden estar relacionadas con la falta de herramientas para afrontar esas responsabilidades.

La Red de Mujeres Constructoras de paz hizo un reconocimiento a la trayectoria de Luisa Pernalete, por más de 50 años dedicada al trabajo en educación popular para la paz.

Sin mujeres no hay democracia

Las participantes coincidieron en que la verdad, la memoria histórica y la reparación integral son pilares irrenunciables para evitar la repetición de los abusos del pasado y garantizar un futuro democrático.

“Escúchennos, considérennos y caminen junto a nosotras, no como un gesto de cortesía, sino como una condición de viabilidad histórica, porque ninguna transición será sostenible, próspera ni democrática si se diseña a espaldas de las mujeres que han sostenido la vida misma de esta nación”, manifestó Tineo, quien finalizó con un discurso en el que tradujo el sentir colectivo en un mandato directo a las estructuras de poder en el país.

En cada calle, en cada aula y en cada espacio comunitario del país, la convicción de este movimiento permanece intacta. Queda la certeza de que, en los momentos más oscuros, las mujeres han estado ahí, firmes para sostener la vida y convertirse en las verdaderas arquitectas de la paz por venir.

El foro concluyó con la certeza compartida de que “sin justicia no hay futuro, sin verdad no hay reencuentro y sin las mujeres jamás habrá democracia”.

Para quienes deseen revivir el intercambio de ideas o ver la transmisión en diferido, el evento completo se encuentra disponible en YouTube a través del siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=cojT5vDNgSQ

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Las guardianas del voto en Carora: una red de resistencia popular

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Ante un padrón electoral dominado por mujeres en el municipio Torres, vecinas de distintas trayectorias se capacitaron para convertirse en defensoras clave del sufragio y resguardar las actas electorales del 28 de julio

Meses antes de las elecciones presidenciales de 2024 en Venezuela, en la ciudad de Carora, capital del municipio Torres del estado Lara, se tejía una sólida red para defender la voluntad popular que se manifestó a través del voto. Sus protagonistas fueron mujeres que se prepararon para contribuir a la construcción del país con el que sueñan.

Este movimiento nació, originalmente, de un espacio de resistencia gremial, de un grupo de trabajadoras del sector educativo que se reunían para exigir salarios dignos, la restitución de los contratos colectivos y el cese de la política de bonificación del ingreso. Sin embargo, en medio de esos debates, la conversación dio un giro decisivo: para transformar sus condiciones laborales era imprescindible incidir en el poder. 

Así fue como el grupo decidió abrir sus puertas a amas de casa, militantes de organizaciones políticas e integrantes de la sociedad civil en general. Mediante talleres, asambleas y charlas formativas comenzaron a capacitarse en la defensa del derecho al sufragio, aprendiendo que el voto es una herramienta para influir en la toma de decisiones locales, regionales y nacionales.

El objetivo final apuntó a fortalecer la participación política de las mujeres en los 138 centros de votación del municipio Torres, donde 75 % del padrón electoral está conformado por mujeres, según los últimos datos disponibles del Consejo Nacional Electoral (CNE). Buscaban garantizar que sus voces realmente se escucharan en un contexto político complejo.

En estos espacios, mujeres de distintas edades y con diferentes historias consolidaron redes de apoyo, compartieron experiencias, discutieron los retos que enfrentan a diario y planificaron acciones conjuntas. Ahí germinó un sentido de comunidad y solidaridad.

El grupo creció entre colegas educadoras, amigas, familiares, con las que, aún dos años después, comparten como una gran familia. Ahora la red está formada por profesionales en diversas carreras y oficios, pero también por mujeres que no tuvieron acceso a la educación y ahora se sienten escuchadas.

El paso a un liderazgo activo

“Nos preparamos para ser parte de lo que soñamos”, contó Marileyda Rojas, licenciada en educación inicial e integrante del partido político Encuentro Ciudadano, al recordar su experiencia formativa en este movimiento de mujeres.  

La educadora admitió que antes de estos espacios no se sentía  capaz de lograr muchas cosas en su vida, que tenía una actitud más sumisa. “Actualmente me siento una líder; estoy fortalecida porque sé que aporto mi grano de arena para la libertad de este país”.

Para Marlene Pérez, secretaria de la Escuela Bolivariana Priscilo Véliz desde hace 30 años, la motivación de participar en este grupo y por esa causa fue querer el bienestar de sus hijos y de toda su familia. “El padrón electoral lo conformamos en su mayoría mujeres. Nos sentimos identificadas con la necesidad de un cambio y somos responsables al momento de tomar decisiones”, dijo.

Ella se siente protagonista de esas transformaciones que ha habido en el país, particularmente desde el 3 de enero de 2026. Opinó que aunque lentos, son un avance significativo y que sin duda tienen su antecedente en el 28 de julio de 2024: “Fui coordinadora de uno de los centros electorales y al momento de tomar decisiones somos aguerridas. Las mujeres tenemos un control que nadie logra”.

Pérez relató que antes de este evento electoral, la mayoría de mujeres que ahora son parte de la red desconocían sus derechos, y el poder transformador del que ahora son conscientes. “Nos acostumbraron a hacer las tareas del hogar, nos limitaron a cumplir con la casa, la familia, pero no nos dijeron lo que podemos lograr a través de nuestra participación activa en la toma de decisiones de un país”.

Ahora, con una certeza inquebrantable y una fe intacta, se mantiene de pie junto al gran grupo que se ha logrado conformar.

El trabajo de resguardar las actas el 28 de julio

Para muchas de estas mujeres lo que vivieron aquel 28 de julio de 2024 era un trabajo totalmente desconocido. El rol que jugaron durante aquella jornada fue fundamental: resguardaron las actas electorales que luego la oposición venezolana difundió como una prueba del triunfo de Edmundo González Urrutia, aunque el CNE había nombrado a Nicolás Maduro como ganador. 

Sobre aquel día recordaron, por ejemplo, cómo se blindaron. Tenían nombres, fotos y referencias de quiénes irían a los centros de votación para recoger las copias físicas de las actas que imprimían directamente las máquinas de votación. Tenían grupos de WhatsApp donde se comunicaban constantemente y verificaban cada paso del proceso: no hacían la entrega hasta tanto tener la confirmación de que era la persona correcta. 

Todo el trabajo que hicieron, sin embargo, enfrentó una fuerte repercusión apenas horas después de que el Poder Electoral anunciara sus resultados. Ahí comenzó la pesadilla para muchas. Noches de insomnio, desespero y zozobra debido a la persecución que emprendió el Gobierno de Maduro contra la disidencia.

Tras la activación de la llamada “Operación tun-tun”, hombres vestidos de negro que llegaban a las viviendas de las señaladas como “traidoras a la patria”. Las amedrentaban y, en algunos casos, las llevaban detenidas.

“Los días se hicieron largos, el temor de salir a la calle se incrementó con el correr de las horas. La comunicación entre familiares, amigos y la estructura del partido era casi nula, ya que desconocíamos si había alguna interferencia en nuestros equipos celulares”, contó una de las integrantes del grupo.

Otras de las mujeres del movimiento narraron cómo cambiaron sus rutinas. Solo salían a la calle a hacer diligencias puntuales, no confiaban en sus vecinos, temían por su vida y la de sus hijos. La incertidumbre era mayor con el pasar del tiempo.

“Nos comunicábamos con mensajes que se autodestruyen. Yo no dormía. Me mantenía alerta porque las detenciones no paraban”, agregó otra de las entrevistadas. Para protegerse evitaban a toda costa estar en lugares públicos: “Nos enmudecieron por un tiempo, del tema no se hablaba, solo se pensaba porque decirlo se convertía en un arma para que te acusaran de incitación al odio”.

La persecución que dio pie al exilio y la cárcel

Tras las protestas postelectorales que se desataron en varios estados del país, el alcalde opositor de Carora, Javier Oropeza, fue víctima de una fuerte persecución y decidió huir del país junto a su familia. 

Iraida Timaure, quien formaba parte del gabinete de Oropeza, fue nombrada alcaldesa encargada. Sin embargo, el acoso y el asedio por parte del Ejecutivo nacional también la alcanzó e igualmente tuvo que exiliarse. La acusaron, sin pruebas, de una serie de delitos. Además, allanaron su vivienda y el Estado venezolano confiscó sus bienes. 

Otro caso emblemático de esta persecución fue la detención de Yenny Lucía Barrios, militante de Voluntad Popular, defensora de derechos humanos y de los animales, y una mujer destacada en la sociedad caroreña. La lideresa padecía linfoma no Hodgkin y su salud ya estaba comprometida cuando la apresaron el 9 de septiembre de 2024 y la trasladaron a una cárcel en la ciudad de Barquisimeto. 

Su arresto generó consternación entre amigos, familiares y allegados. La acusaron de terrorismo e instigación al odio. Gracias a la lucha de organizaciones defensoras de DDHH nacionales e internacionales, se logró que la excarcelaran el 11 de diciembre, pero con una medida de presentación ante los tribunales.

Poco después la familia recibió otro golpe:  detuvieron al hijo de Yenny, Diego Sierralta, cuando intercambiaba unos medicamentos que su madre no necesitaba por otros que sí. En ese entonces, ella estaba recibiendo un segundo ciclo de quimioterapias. Al joven lo acusaron de tráfico de medicinas.

Yenny murió el 5 de noviembre del año 2025 por complicaciones asociadas al cáncer, muy afectada además por la detención de su hijo. A Diego lo excarcelaron el 6 de noviembre, un día después de la muerte de su madre, para que asistiera a su funeral.

Pese a las heridas de ese duro momento, muchas de las integrantes del movimiento piensan que salieron fortalecidas. Opinaron que incluso Barrios murió con la certeza de que trabajó por la libertad de Venezuela y la defensa del voto de la ciudadanía.

La fuerza, resiliencia y las ganas de darle un giro a la historia democrática de un país, llevó a estas mujeres a ser parte de lo que ahora definen como una “masa inquebrantable”.  Sin embargo, reconocen que la sombra de la persecución sigue al acecho. 

Luego de meses en el exilio, tanto el alcalde Javier Oropeza como Iraida Timaure decidieron regresar a Venezuela con la esperanza de retomar sus espacios; pero la vulnerabilidad a la que aún están expuestos quedó en evidencia este jueves, 17 de septiembre, cuando hombres vestidos de negro a bordo de una camioneta negra se llevaron a Javier Oropeza cuando salía de una entrevista en el diario El Informador en Barquisimeto, según denunciaron testigos. Lo sucedido sacude especialmente a la comunidad larense y demuestra que el asedio contra la disidencia sigue latente, aún viviendo “un nuevo momento político”.

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La encrucijada venezolana y el rol de las mujeres en las transiciones políticas

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Tres figuras femeninas marcan sus ritmos en el proceso político del país, bajo el acompañamiento o presión —dependiendo del espectro donde se esté— de Estados Unidos. La coyuntura a partir del 3 de enero, dicen las expertas María Isabel Puerta y Mireya Rodríguez, debe aprovecharse para forzar una salida a la crisis y avanzar hacia una transición democrática

A partir del 3 de enero, con la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses y el “plan de tres fases” con el que presiona la administración de Donald Trump, el poder del chavismo quedó en manos de Delcy Rodríguez. Con María Corina Machado al frente de la oposición y Dinorah Figuera ungida como figura dialogante por Estados Unidos, una posible transición en Venezuela pasa por el concierto de tres mujeres que deben conciliar intereses nacionales y extranjeros.

Bajo la presión de EE. UU., Delcy Rodríguez ha aceptado y ordenado decisiones que hasta diciembre de 2025 estaban fuera del tablero: una Ley de Amnistía y excarcelaciones recurrentes de presos políticos; cambios en leyes para favorecer inversión extranjera; el restablecimiento de relaciones con Washington y otros gobiernos; además de un diálogo con la Asamblea Nacional (AN) de 2015, que era tachada por el oficialismo como una estructura criminal que bloqueaba el acceso a activos en el exterior.

Los terremotos del 24 de junio también impusieron una presión extra sobre el diálogo, que el 12 de agosto produjo unos primeros acuerdos sobre la atención de los afectados, justamente con los activos que custodiaba la AN 2015, y una primera vía para la recuperación e independencia de las instituciones por medio de un cambio en la composición del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Las politólogas Mireya Rodríguez y María Isabel Puerta coinciden en que bajo este escenario EE. UU. no es un observador discreto o un mediador neutral.

Washington, afirma Rodríguez, actúa como “el árbitro determinante que ejerce un abierto tutelaje sobre la crisis venezolana, administrando los tiempos, las licencias y la legitimidad de cada actor”.

Bajo esa perspectiva, puntualiza, la administración Trump ha manejado tres aspectos: una “ingeniería de interlocutores”, al modelar quiénes se sientan en la mesa de diálogo; el “control de incentivos y supervivencia económica”, al administrar las licencias petroleras, sanciones, protecciones judiciales; y el control de activos en el exterior. El otro punto es la “dosificación del ritmo de transición”.

“Mientras María Corina Machado abandera la urgencia del cambio democrático inmediato respaldado por el apoyo popular, el tutelaje estadounidense busca gestionar un pragmático ‘cambio administrado’ que contenga riesgos geopolíticos, flujos migratorios e inestabilidad energética regional”, apunta la politóloga.

En todo caso, reitera Mireya Rodríguez, la dinámica impuesta evidencia “que el destino del proceso no depende solo de la correlación de fuerzas en las calles de Caracas, sino de los límites y concesiones que fija el tutor externo a cada una de las tres figuras políticas”.

Ellas en el frente

María Isabel Puerta, politóloga y profesora adjunta en el Valencia College, señala que hay una coincidencia en que sean mujeres las que estén al frente de la coyuntura actual en Venezuela. Pareciera haber un elemento común de confianza “en el poder de la mujer”.

“En el caso del régimen político venezolano, el gobierno de los EE. UU. parece tener confianza en Delcy Rodríguez. En el caso de Dinorah Figuera, de igual manera, pareciera que los elementos que están tomando decisiones en la resolución del conflicto tienen confianza en ella”.

Sobre María Corina Machado, refiere la profesora, sigue representando esa voluntad y aspiración de los venezolanos que apostaron por una salida política pacífica. “Lamentablemente esta ha sido una circunstancia donde los venezolanos han quedado por fuera de cualquier tipo de decisión… Sobre todo para quienes están en Venezuela esperando un cambio tangible”.

Afirma que Machado entiende este punto y, además, sabe que hay un costo político “desde el punto de vista de su proyecto y sus aspiraciones de involucrarse en esta fase del proceso que apenas da sus primeros pasos para una reinstitucionalización, ni hablar de una transición democrática en el país”.

Mireya Rodríguez enfatiza en que para entender el papel de Machado, Rodríguez y Figuera es necesario entender que “no estamos ante un diálogo convencional”.

Para la experta en negociación, se está ante “una triangulación de fuerzas en tensión gestionada bajo el tutelaje de EE. UU. Washington actúa como el árbitro que administra los tiempos, las sanciones y la legitimidad, mientras cada lideresa encarna un arquetipo político muy preciso frente a ese poder exterior”.

A juicio de Rodríguez, María Corina Machado encarna un “liderazgo visionario” con autoridad moral, el apoyo de una parte gruesa de la población y, además, ejerce presión “por una transición real sin concesiones de impunidad”.

“Para el tutor estadounidense, el liderazgo visionario es un dilema estructural: es indispensable porque ostenta la fuerza social que convalida cualquier proceso, pero resulta incómodo para la realpolitik diplomática porque se niega a subordinar sus principios éticos a un ‘cambio administrado’”, resalta.

La profesora Rodríguez advierte la mandataria interina ejerce un “liderazgo perverso” al representar la “continuidad del aparato estatal de facto y la contención del cambio estructural”.

Esta líder no busca democratizar el país, “sino asegurar la supervivencia de la cúpula de poder. Su interacción con Washington es puramente transaccional: cede margen operativo o acceso a mercados, a cambio de licencias petroleras y oxigenación económica”.

Mientras que a Dinorah Figuera, la experta la ubica en su plano como “liderazgo negociador” que ostenta no sólo representación legal de la Asamblea Nacional 2015, sino la custodia de activos en el exterior. “Para la administración estadounidense, la lideresa negociadora funciona como la contraparte institucional ideal: un perfil predecible, volcado al trámite legal y dependiente del reconocimiento externo, perfecto para dar encuadre burocrático a los acuerdos sin alterar el balance geopolítico”.

De cara a los actores internacionales y el propio escenario venezolano, dice Mireya Rodríguez, hay tres formas de poder fragmentadas: “la legitimidad popular sin control del Estado (Machado), el control del Estado sin legitimidad popular (Rodríguez) y la legalidad reconocida sin control territorial (Figuera)”.

Mujeres, ¿sinónimo de éxito en las transiciones?

El politólogo John Magdaleno señala varios episodios de democratización donde las mujeres han tomado un rol importante, no sólo en puestos ejecutivos sino en las luchas sociales.

Tal es el caso argentino donde las Abuelas de Plaza de Mayo se organizaron en dos agrupaciones:: las de familiares de desaparecidos y la asociación Mujeres por la Vida, fundado en 1983. En Chile, el movimiento de Mujeres por la Democracia “contribuyó a la unificación de la oposición, que estaba tremendamente fragmentada”.

En Nicaragua, Violeta Barrios de Chamorro fue fundamental dentro de la resistencia a la dictadura Somoza tras el asesinato de su esposo y director del diario La Prensa, Joaquín Chamorro, en 1978. Durante un año integró la junta de reconstrucción nacional, pero luego se distanció del sandinismo y mantuvo fuertes críticas. Alcanzó la presidencia de ese país en 1990.

En Bolivia, a finales de de 1977, cuatro mujeres mineras, junto a sus hijos, iniciaron una huelga de hambre para exigir a la dictadura de Hugo Banzer la libertad de prisioneros políticos, amnistía general, fin del exilio y la reincorporación de mineros despedidos. Al movimiento se sumaron miles de personas, y recibieron apoyo de la Iglesia católica y otros sectores.

La presión obligó a Banzer a decretar la amnistía y propició el adelanto de las elecciones presidenciales. “También influyó en ello la presión del gobierno de Jimmy Carter como consta en documentos desclasificados”, acota Magdaleno.

En Sudáfrica, indica el profesor, la National Women’s Coalition “tuvo un papel muy importante en ciclos de movilización colectiva, incluso exigiendo una representación directa en las negociaciones del fin del apartheid. En Filipinas es inevitable la referencia a Corazón Aquino, quien terminó liderando las protestas de la famosa ‘People Power Revolution’. Las mujeres jugaron un papel importante y la misma Aquino es electa presidenta. En la propia Primavera Árabe, en la cual el único caso exitoso fue Túnez, y lo digo porque ya no es democracia, la Asociación de Mujeres Demócratas insistió y presionó por algunos principios paritarios en la Constitución del año 2012”.

Sin embargo, menciona Magdaleno, también hay casos fallidos de democratización donde se involucró la figura de mujeres tal como en Bielorrusia o Myanmar, este último liderado por Aung San Suu Kyi, quien había sido vista como un referente democrático pero luego fue ampliamente criticada al defender el genocidio de la minoría rohinyá y la persecución de la junta militar, la misma que la acusó de corrupción —entre otros cargos— y mantiene en prisión desde 2021. 

¿Qué esperar del proceso venezolano?

Con un avance visible mediato, luego de que el Parlamento introdujera los cambios para modificar la constitución del Comité de Postulaciones que elige a los magistrados principales y suplentes del TSJ, queda observar si la coalición gobernante seguirá implementando esas medidas “democratizadoras” o se impondrán nuevas tramas que EE. UU. se verá obligado a encauzar.

Justamente, María Isabel Puerta cuestiona que el Gobierno de Trump tenga una verdadera disposición o capacidad “no solamente de impulsar una transición democrática en Venezuela, sino de comprometerse con los valores y principios democráticos que, en la experiencia sabemos, no son rasgos característicos de esta administración”.

Otro punto es la propia estabilidad de Trump, indica la profesora del Valencia College. “No sabemos cuál va a ser el resultado de las elecciones de medio término en EE. UU. por mucho que se diga que los demócratas tienen posibilidades de triunfo. Creo que para el régimen político en Venezuela y para la Casa Blanca, el año 2027 va a ser un año clave porque es el último año efectivamente para poder avanzar, en el caso venezolano con una convocatoria a elecciones”.

Puerta asegura que 2027 va a ser un año “de mucho pulso para la coalición que sobrevive en el chavismo”, debido a lo que puede influir la administración Trump durante su último tramo. “Sabemos que ambos partidos (en EE. UU.) se van a preparar para ese evento que es la elección general del 2028 y eso va a tener incidencia en la capacidad que tenga el Presidente no solamente de influir sobre Delcy Rodríguez, sino de garantizar su permanencia en el poder”.

Sin embargo, la politóloga Puerta comenta que en esta coyuntura —que no identifica si camina hacia una transición democrática o la profundización autoritaria— es vital que la oposición aproveche para forzar una salida política a la crisis en Venezuela.

“Creo que es importante entender que este es un proceso político que, de desaprovecharse, no sé si tendremos otro. Lo peor que puede pasar en Venezuela no es que haya un recrudecimiento dictatorial, eso ya existe. El problema es que no haya una forma de evitar que Venezuela termine siendo un Estado fallido”.

A juicio de Mireya Rodríguez, al evaluar el proceso que ha avanzado durante 2026, se puede esperar “un escenario de transición administrada y de alta tensión estructural” con cuatro dinámicas centrales.

La primera de ellas, dice, es un “modelo de estabilización pragmática impulsado desde el exterior” al tener un tutelaje norteamericano que prioriza “la gobernabilidad energética, la seguridad regional y el control de flujos migratorios sobre la pureza del diseño democrático. Veremos un avance acelerado en acuerdos de exploración, reformas al marco de hidrocarburos y apertura financiera, condicionado al mantenimiento de una paz operativa mínima en el país”.

Como segunda característica, explica la experta, se verá la “coexistencia forzada entre la legalidad procedimental y el poder de facto” al utilizar la figura negociadora de la AN 2015 como “el vehículo jurídico para la convalidación internacional de acuerdos, licencias y protección de activos. Sin embargo, su capacidad de incidir en la política territorial cotidiana continuará siendo limitada frente al aparato ejecutivo que opera en Caracas”.

También se observarán los intentos de “atrincheramiento” por parte del sector gobernante, al camuflarse con excepciones “en el terreno económico, energético y en la liberación dosificada de presos políticos para aliviar la presión internacional, mientras intentará frenar a toda costa una apertura política total que ponga en riesgo su impunidad o su continuidad estructural en el poder”.

Por último, indica Rodríguez, va a persistir un conflicto de legitimidad. “El mayor riesgo de este proceso administrado es pretender sustituir la transición política democrática por una mera normalización económica. Mientras no se atienda el mandato popular de masas que representa el liderazgo visionario (María Corina Machado), cualquier acuerdo de convivencia formal carecerá de anclaje social y sufrirá un déficit permanente de estabilidad a mediano plazo”.

La especialista coincide con Puerta en que aún Venezuela no está en un escenario de restitución plena del orden democrático, aunque sí en “una reconfiguración geopolítica del statu quo. El desenlace definitivo dependerá de si la presión ética y la movilización popular logran transformar este tutelaje pragmático en un verdadero itinerario de democratización e institucionalidad real”.

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El liderazgo femenino se abre paso en las elecciones de la Universidad de Los Andes

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Aunque históricamente Venezuela ha registrado una baja representación política femenina, las actuales planchas de la Universidad de Los Andes reflejan otra realidad. De cara a las elecciones de cogobierno y gobierno universitario, pautadas para el 7 de octubre y el 11 de noviembre de 2026, las estadísticas revelan que, si bien persiste una brecha de participación entre hombres y mujeres, en este nuevo proceso democrático el liderazgo femenino se hace notar.

Los datos de la Comisión Electoral de la ULA sobre las planchas de cogobierno muestran un panorama de contrastes. En los máximos órganos de decisión, la presencia masculina sigue siendo mayor. Por ejemplo, en el Consejo Universitario, de 96 candidaturas inscritas, 68 son hombres y solo 28 son mujeres; es decir, siete de cada diez candidatos son hombres. Esta tendencia se mantiene en los Consejos de Facultad, donde ellos lideran con 133 postulaciones frente a 114 de mujeres.

Sin embargo, en los Consejos de Escuela la balanza se invierte: la presencia femenina asume el liderazgo con 102 candidaturas frente a 97 masculinas. Esto está fuertemente marcado por las áreas de estudio; mientras que en Artes y Educación dominan las candidaturas de mujeres, en Ciencias Económicas y de la Salud existe un balance casi paritario entre ellos y ellas, dejando a las Ingenierías como el espacio donde predominan las postulaciones de hombres.

Esto se agudiza al observar los cargos de gobierno universitario, donde la representación femenina es mínima. De un total de 51 postulaciones para las máximas autoridades, solo 13 corresponden a mujeres frente a 38 hombres. Esta brecha de género se evidencia claramente, pues apenas hay una candidata para el rectorado y dos para el vicerrectorado académico, mientras que las listas para los decanatos de las distintas facultades están dominadas casi en su totalidad por figuras masculinas. 

Los nombres detrás de las cifras

Detrás de los números hay nombres y trayectorias. ULA Mujer conversó con seis mujeres cuyas candidaturas emergen para debatir los espacios de decisión en la Universidad de Los Andes. Por autoridades rectorales y decanales se encuentran Laura Luciani Toro, candidata al Vicerrectorado Administrativo, y Raiza Madriz, quien aspira al Decanato de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas (FACIJUP).

A su vez, la lucha por transformar el cogobierno universitario cuenta con los liderazgos de María Eugenia Noguera (Facultad de Medicina), María Alejandra La Cruz y Maribel Valero (Facultad de Ciencias), todas ellas candidatas al Consejo Universitario. Por su parte, Linda Bustillos, quien busca un puesto en el Consejo de FACIJUP. Juntas dan un panorama sobre las próximas elecciones universitarias.

A pesar de los distintos cargos y facultades, a las seis candidatas las el sentido de pertenencia hacia la ULA. «La universidad siempre ha sido mi hogar», manifiesta Madriz, quien desde el 2001 ha estado en los espacios de la universidad. 

Ese mismo sentido de pertenencia es lo que las impulsó a dar el salto de los pasillos académicos a las planchas electorales. Entienden que el afecto por la institución debe traducirse en gestión y toma de decisiones. Para Linda Bustillos, esta decisión responde a un motivo claro: «Fortalecer la institucionalidad y consolidar espacios para el debate».

Pero el camino no está libre de obstáculos. Noguera, Madriz y Luciani coinciden en que han enfrentado cuestionamientos a sus postulaciones, pero han sabido superarlos con rigor académico. «La política universitaria no está exenta de los sesgos que existen en la sociedad», asegura Noguera. 

«Ser mujer en proceso electoral implica estar expuesta a cualquier cantidad de atropellos y abusos», enfatiza Laura Luciani, quien hace 18 años también fue candidata al vicerrectorado administrativo. 

En la otra cara de la moneda, las candidatas Bustillos, Lacruz y Valero aseguran no haber experimentado dificultades asociadas a su género durante el desarrollo de sus candidaturas. Esto demuestra que los desafíos electorales para las mujeres no son uniformes y pueden variar significativamente dependiendo del entorno o cargo.

Decidir para alcanzar una universidad más inclusiva

Superar los cuestionamientos es apenas el medio para alcanzar un fin mayor: la toma de decisiones institucionales. Las diversas propuestas de las candidatas contemplan la mejora de la Universidad de Los Andes de forma integral, con proyectos diseñados para impactar a todos los ulandinos: estudiantes, profesores, personal administrativo y obreros.

En este sentido, la candidata al Consejo Universitario, Maribel Valero, señala que el eje central de su campaña «es la representación gremial técnica y transparente», otorgando prioridad a la salud, la familia, la carrera docente y las alternativas de financiamiento. Con esta visión de eficiencia coincide María Alejandra Lacruz, cuya propuesta para el mismo Consejo está enfocada en «una construcción de mapas de capacidades para optimizar la infraestructura y el talento humano».

Por otra parte, Laura Luciani destaca que es fundamental gerenciar por y para los universitarios y trabajadores, prestando especial atención a las personas con condiciones especiales y a quienes atraviesan conflictos emocionales. «Desde el Vicerrectorado Administrativo yo puedo contribuir con el desarrollo de la Universidad de Los Andes», expresó Luciani.

Esta necesidad de transformación también se respira en las facultades. Desde su aspiración al Consejo de Facultad en FACIJUP, Linda Bustillos plantea como prioridad el «fortalecimiento, la excelencia académica y la dinamización de la investigación en las tres escuelas que integran la Facultad». En esa misma línea, Raiza Madriz advierte desde su candidatura al Decanato que es urgente un cambio en todos los niveles para actualizar el currículo y devolver a la ULA su sitio como una de las mejores universidades del mundo.

Finalmente, desde la Facultad de Medicina, María Eugenia Noguera resume esta visión, apostando desde el Consejo Universitario por la construcción de una «ULA sostenible, humana e inclusiva».

Si bien cada candidata tiene puntos de vista distintos, todas tienen una meta en común: construir una universidad equitativa y segura. La salud mental y la perspectiva de género ocupan un lugar central en sus candidaturas. En este sentido, coinciden en que se debe prestar especial atención al reforzamiento de los programas de atención psicoterapéutica y a la consolidación del Reglamento Interno de la Universidad de Los Andes para la Prevención y Atención en Casos de Violencia Basada en Género Contra las Mujeres o en Casos de Discriminación.

Comunidad ulandina vuelve a elegir después de 18 años

Tras 18 años sin poder renovar autoridades por impedimentos gubernamentales, se espera que las elecciones del 7 de octubre y el 11 de noviembre transcurran con total tranquilidad. «Estas elecciones representan la oportunidad de consolidar el esfuerzo institucional que ha mantenido en pie a la ULA y dar un paso a la modernización», manifestó Valero. Además, la candidata destacó que la Universidad de Los Andes no está comenzando de cero en este proceso electoral: «Partimos del trabajo, la resistencia y el compromiso con nuestra universidad». 

Las seis candidatas extienden una invitación a la comunidad femenina ulandina para que participe activamente en la vida política universitaria. María Eugenia Noguera afirma que «no hay un momento perfecto. Su voz, su experiencia y su manera de liderar son necesarias hoy en día». A este llamado se suma María Alejandra La Cruz, quien insta a las mujeres a confiar plenamente en sus capacidades para asumir estos espacios. 

Detrás de cada candidata que hoy invita a otras a dar un paso al frente, se encuentran referentes de lucha e inspiración. Asumir el reto de liderar los espacios universitarios requiere de espejos donde mirarse y, al evaluar el camino recorrido, las candidatas afirman que son las estudiantes, investigadoras, profesoras y trabajadoras quienes sostienen día a día la academia y el entramado comunitario, las que motivan la continuidad de este liderazgo transformador.